México, D.F. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) señalaron que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados “no es suficiente”, y exigieron que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– sea “desechado”.

Además, pidieron a los legisladores que se debata públicamente y de manera transparente una ley que beneficie no sólo a la sociedad y se respete el derecho humano de acceso al agua, sino también a los ecosistemas, asegurando sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

En conferencia de prensa, Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de dicha organización, que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras.

Dio que aun cuando la recolección de firmas fue solamente vía Internet, esto resultados revelan que la sociedad está preocupada por lo que pretende aprobar los legisladores y demanda participar en una discusión abierta y transparente sobre la ley que habrá de regir la gestión del agua en el país durante los próximos años.

En un posicionamiento, la UCCS –organización surgida en 2006 con académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza superior en el país– expresaron su preocupación por el contenido de la iniciativa de ley.

Luego de su análisis, la UCCS enumeró una larga lista de problemas encontrados en dicho dictamen, de entre los cuales citaron cuatro:

–Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social.

–Promueva el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos.

–Amplia los márgenes para poder contaminar el agua.

–Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.

Ante esta situación, la UCCS se sumó a los objetivos de la iniciativa de ley que presentó desde febrero pasado un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, y en la que se considera fundamentalmente el derecho humano al agua y en la que se tiene una visión de uso y manejo del vital líquido para el futuro inmediato y de largo plazo.

Las medidas preventivas adicionales anunciadas este miércoles por la Comisión de Cambios para proveer de mayor liquidez al mercado cambiario tienen como objetivo fundamental preservar la estabilidad de la economía mexicana, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

“A final de cuentas, de lo que se trata es de proteger la estabilidad y proteger la estabilidad significa proteger la economía de las familias mexicanas, y ese es un bien superior en el cual no escatimaremos decisiones para actuar con oportunidad”, sostuvo en el Informe de Avance de la Reforma Financiera.

Expuso que para asegurar que existan mejores condiciones de liquidez en el mercado cambiario, la Comisión de Cambios anunció hoy una disminución en el ritmo de acumulación de las reservas internacionales y durante los siguientes tres meses se subastarán 52 millones de dólares diarios, sin un precio mínimo.

Estas medidas tomadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México –que encabezan la Comisión de Cambios- buscan asegurar el orden, la liquidez y el buen funcionamiento del mercado cambiario, apuntó.

Videgaray Caso reiteró que la Comisión de Cambios seguirá atenta a la evolución del mercado cambiario, “reconociendo que el entorno internacional representa un reto relevante para la economía mexicana”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Ginebra. El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura reiteró este miércoles en Ginebra su acusación de que "la tortura es una práctica generalizada hoy en México".

"La expresión 'tortura generalizada' es la expresión correcta, no he cambiado de opinión", declaró Juan Méndez durante una rueda de prensa en Ginebra, al margen del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

En mayo del año pasado, Méndez ya había empleado esta expresión en su informe preliminar sobre México. El gobierno mexicano había respondido a Méndez, pero sus explicaciones no convencieron al relator especial. El gobierno mexicano reprocha a Méndez que solo se ha basado en una quincena de testimonios escritos que daban cuenta de torturas ocurridas durante una interpelación de las fuerzas del orden.

"El hecho de que no se puedan presentar centenares de casos no quiere decir que la tortura no esté generalizada", declaró Méndez, que afirmó haber recibido numerosos testimonios, pero no necesariamente escritos, pues "es un proceso complicado".

Méndez señaló además que había visitado unas quince prisiones en México y que había entrevistado a prisioneros. Según él, estos mencionaron que sólo hubo torturas en el momento de su arresto, pero no en el recinto de la prisión. "Existen casos de tortura en todos los niveles del Estado, a nivel federal, regional y local", indicó, añadiendo que se trataría tanto de tortura "física como moral".

El relator especial de la ONU reconoció, sin embargo, que el gobierno mexicano enfrenta "un desafío mayor, el de la lucha contra el crimen organizado"