MÉXICO, D.F: El pasado martes 10, mientras los senadores designaban a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la red social Twitter rebotaban los temas “Me Pongo Nervioso Cuando”, “Hoy no pude” o “Dios no me hizo guapo”. El tema “Medina Mora” apenas llegó a la quinta posición de los trending topics.
Esta situación no se explica por el desinterés político de los más de 11 millones de usuarios de Twitter en México. Hay otra razón:
“Las cuatro primeras tendencias fueron el producto de bots, cuentas apócrifas y automatizadas, lo revisé ayer”, afirma en entrevista con Apro el activista Alberto Escorcia.
“Es un sistema sofisticado porque silencian la tendencia sin que se note, tú piensas que alguien está detrás de la broma, pero son puros bots”, explica el especialista.
Al sustituir tendencias de Twitter por otras más anecdóticas, los bots permiten el “control de la libertad de expresión”, estima Escorcia. Y sigue: “cuando desapareces una tendencia haces que la gente no se organice, que nos se conozca entre sí”.
Desde hace dos años, Alberto Escorcia rastrea a las redes de bots –a los que denomina los “ciber acarreados”–, utilizadas tanto con fines políticos como comerciales para crear trending topics en Twitter a la velocidad de 150 mensajes por segundo.
Según el activista, existen dos tipos de bots. El “ingeniero” es una cuenta totalmente automatizada, con fotos de personas en general guapas, que reacciona a órdenes simples como enviar un twit. Aislado, un “ingeniero” es totalmente inútil, por lo que sus operadores suelen manejar grupos de entre 100 y 150 cuentas.
El bots “híbrido” lleva un carácter más sutil, según Escorcia. Se trata del perfil de un usuario real, quien “alquila” el acceso a su cuenta a una empresa de mercadotecnia digital. El usuario puede entonces tener una actividad normal en la red social, pero transmitirá los mensajes que le dicta la empresa.
De acuerdo con el entrevistado, estas empresas cobran alrededor de 50 mil pesos por la utilización de un grupo de 150 cuentas “zombis”.
Rastrear e impedir
Desde hace un mes, Alberto Escorcia amplió su proyecto. Ahora quiere crear un programa gratis y accesible en línea que permita seguir en tiempo real y de manera gráfica las tendencias de Twitter para detectar la actividad de los bots y desarticular sus acciones.
Al observar un movimiento de grupos de bots que se convertirá en una tendencia, el activista asegura que podrá prevenir una red de usuarios, los cuales denunciarán los mensajes automatizados y bloquearán la iniciativa maligna antes de que oculte a los demás temas.
El entrevistado apunta hacia la pantalla de su computadora, a lo que parece una cartografía del espacio: un fondo negro y miles de puntos ligados entre sí por hilos de colores, los cuales forman burbujas de color.
Luego explica que en un sistema de conversación normal entre varias personas se forman vínculos directos e indirectos entre ellas. En su pantalla, una conversación de Twitter parece una molécula con el tema de la plática en el centro y en su alrededor gravitan sus participantes como átomos.
Los bots, al contrario, no se relacionan entre sí ni con los demás, por lo que, en la pantalla de Escorcia, adoptan formas muy particulares que traicionan su presencia.
Una parte de ellos forma un círculo lejano del centro de la plática, que se parece a los anillos de Saturno. La otra parte se ensambla en “tumores”, representadas por enormes manchas monocromáticas.
Y los bots “burdos” –que suelen utilizar los gobernadores como el veracruzano Javier Duarte Ochoa o el poblano Rafael Moreno Valle o el Gobierno del Distrito Federal–, salen como espinas de las cuentas oficiales a las que están asociadas, ya que consisten simplemente en repetir los mensajes de los políticos.
“Censura suave”
Al detectar cuentas de Twitter que actuaban de manera extraña durante las elecciones presidenciales de 2012, Alberto Escorcia se percató que la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, utilizaba una red de bots mediante la cual creaba tendencias, desarrollaba su promoción y desprestigiaba a sus rivales en las redes sociales.
Pero en 2012, la técnica apenas iniciaba en México y se refinó con el tiempo, hasta llegar al impresionante despliegue de 56 mil cuentas apócrifas –según los cálculos de Escorcia–, las cuales se activaron para invisibilizar el lema “Ya me cansé”, en referencia al estado físico del exprocurador, Jesús Murillo Karam, al momento de dar por concluida la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Escorcia afirma que la relegación al quinto plano en las redes sociales de un tema relevante como la polémica designación de Eduardo Medina Mora no resulta sorprendente: en la administración de Enrique Peña Nieto, sostiene, los bots actúan prácticamente a diario, aplicando una “censura suave”.
“Hay una invasión de bots en este país. Atacan desde la derecha, el PRI e incluso de Morena”, asegura y subraya que “en general, apoyan y protegen a Peña Nieto”.
El entrevistado cuenta que se sorprendió al descubrir que Morena también utiliza bots. “Lo preocupante es que lo consideren como una opción, porque si alguien utiliza bots es porque no tiene apoyo real”, analizó.
Escorcia se considera como “un activista en la guerra por la información” que se está librando en México. “Estamos viendo una guerra contra la población, contra la información, contra el libre conocimiento. Todo es un combo completo contra lo que es libre”, plantea.
Por último, estima que “en México todo es un sistema autoritario: te imponen la compra de ciertas cosas, te imponen políticas a través de acarreados, de imposición”.
No es raro, dice, que una de las principales y más frecuente víctima de los ataques de bots en México es la periodista Carmen Aristegui.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que MVS emprendiera una campaña en la que, sin mencionarla por su nombre, acusara a la periodista Carmen Aristegui de “abuso de confianza”, esta noche esa empresa emitió un segundo comunicado en el que incluso saluda la puesta en marcha de la plataforma Méxicoleaks.
Por la mañana, la cadena difundió un primer comunicado y realizó anuncios en sus espacios noticiosos para deslindarse de la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks, en la que participa Aristegui.
Sin embargo, más tarde MVS matizó que “la alianza entre algunos medios de comunicación y organismos de la sociedad civil para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks merece todo nuestro respeto. La saludamos, como una iniciativa legítima de la sociedad y le damos la bienvenida como a cualquier otra plataforma”.
No obstante, reiteró, “el que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración, es inaceptable”.
Más aún, advirtió que “las alianzas estratégicas de MVS Radio las decide la administración de la empresa, no sus conductores o colaboradores. El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa.
“Nada más, pero nada menos”, sentenció MVS.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La senadora Luz María Beristaín Navarrete entregó al gobernador Roberto Borge una carta firmada por 10 representantes senatoriales en la que le piden la liberación inmediata de los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de esa localidad, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, acusados de sabotaje.
Brito Piña es además secretaria de Finanzas del comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ambos fueron detenidos el pasado 15 de agosto, acusados de sabotaje tras encabezar protestas por el aumento de tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la zona maya.
Este miércoles, en rueda de prensa, acompañada de Juan Alberto Bermejo Varela, abogado de los activistas, la senadora dio lectura a la carta firmada, entre otros, por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa; la vicepresidenta del grupo parlamentario del PRD, Dolores Padierna y el ahora senador independiente, Alejandro Encinas.
En ella, los senadores, solicitan al gobernador, “de la manera más atenta” que ordene la inmediata libertad de Alfredo Esquivel y Cab y Teresita del Carmen de Atocha Brito Piña, “víctimas de la corrupción del sistema penal mexicano, tristemente”.
En la carta, que fue entregada en la Casa de Gobierno de Chetumal, los senadores no abogan por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, también acusado de sabotaje y quien fue detenido tras divulgar un video en el que critica al gobernador Roberto Borge.
Al dar lectura a la carta, la senadora por Quintana Roo, refirió que Esquivel y Cab y Brito Piña han sufrido violación a sus derechos humanos en un proceso “lleno de irregularidades jurídicas”.
También acusó que en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, se ha deteriorado la integridad física y psicológica de los activistas.
La senadora denunció que a pesar de que el juez Sexto de Distrito, ordenó reponer el proceso y de que no hay elementos de convicción para tipificar el delito de sabotaje, el juez Penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruíz Ortega ratificó el auto de formal prisión contra los activistas.
La Unidad del vocero del Gobierno del estado distribuyó el martes pasado un comunicado y fotos de la reunión entre la senadora y el gobernador, pero no menciona la entrega de la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Cuatro votos pudieron haber cambiado la historia.
Cuatro legisladores de izquierda pudieron evitar que dos terceras partes del Senado levantaran la mano a Eduardo Medina Mora. Pero no fue así. Simplemente porque no estuvieron presentes en la votación decisiva, en el nombramiento más cuestionado en lo que va de la legislatura.
El sistema de asistencia de la Cámara Alta registró la inasistencia de tres senadores en la sesión del martes 10 de marzo: Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Rabindranath Salazar Solorio –los dos últimos han renunciado a su militancia pero permanecen dentro de la bancada perredista–. La Senadora Luz María Beristain sí pasó lista, pero abandonó el salón del pleno a las cuatro de la tarde.
Entrevistados por SinEmbargo senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que no se presentaron a la votación coincidieron en decir que su presencia y su voto no hubiera modificado en nada la designación del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“No creo que hubiera sido definitivo el que nosotros estuviéramos o no estuviéramos”, afirmó la Senadora Luz María Beristain.
Los legisladores coincidieron en que de haber estado presentes habrían votado por una opción diferente a Medina Mora, pero que prácticamente consideraron que la votación estaba perdida desde que el Partido Acción Nacional (PAN) anunció su apoyo al ex Procurador General de la República.
Los senadores Luz María Beristain y Mario Delgado respondieron a la solicitud de entrevista de Sin Embargo. Los senadores Armando Ríos Piter y Rabindranath Salazar, no lo hicieron.
Por otra parte, la Senadora Layda Sansores, del Partido del Trabajo (PT), confirmó a Sin Embargo que rompió su boleta en señal de protesta ante “la farsa” que se estaba consumando en el nombramiento de Medina Mora.
Pero recalcó que su acción no cambió en nada el curso de la historia porque su voto, aunque roto, fue depositado en la urna, por lo que debió ser contabilizado con las otras papeletas.
Agregó que aunque hubieran estado presentes en la sesión los cuatro perredistas ya mencionados, Medina Mora tenía amplias posibilidades de ganar, porque era un acuerdo que ya estaba pactado por priistas y panistas.
“Aunque hubiesen estado presentes los otros cuatro perredistas, aún así hubiese ganado Medina Mora, porque debieron haber estado los 128 para que las dos terceras partes fuera de 85 legisladores, con 123 presentes hubiera necesitado 82 votos, esa es la realidad, saca la cuenta”, explicó.
Lo cierto es que su designación estuvo prácticamente a cuatro votos de ser impedida o, por lo menos, se hubiera obligado a realizar una segunda ronda de votación, a pesar de que los senadores que apoyaron el nombramiento de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmaron que una amplia mayoría de legisladores apoyó la designación.
Aunque no es posible conocer el sentido del voto de los legisladores, porque el acuerdo desde un principio fue depositar el “voto universal y secreto” en una urna transparente.
Al finalizar el recuento de votos depositados en la urna de cristal, la secretaria Lucero Saldaña informó que se habían distribuido 119 cédulas o papeletas.
Anunció que se recibieron un total de 118 votos, porque la Senadora del PT Layda Sansores rompió su boleta y no se contabilizó su voto.
La secretaria agregó se recibieron 16 votos nulos, cuatro votos a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 15 votos a favor de Horacio Armando Hernández Orozco. Y 83 votos a favor de Eduardo Medina Mora.
En otras palabras, 83 a favor de Medina Mora y 35 en contra de su nombramiento, más el voto roto de Sansores.
Con la presencia de cuatro senadores perredistas más el cálculo se habría realizado sobre 123 legisladores, con lo cual Medina Mora hubiera requerido el voto favorable de 82 senadores.
Suponiendo que esos cuatro inasistentes hubieran votado a favor de otro aspirante, habrían sumado 39 votos menos para Medina Mora, más el voto anulado de Sansores, habría dejado en el filo de la navaja el nombramiento de Medina Mora, o por lo menos, hubiera orillado a una segunda ronda de votaciones.
En el artículo 96 de la constitución se establece que en caso de que ninguno de los propuestos en la terna alcance la mayoría dentro de un plazo de 30 días, el presidente deberá poner a consideración del Senado otros tres nombres para la elección.
“En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
SE JUSTIFICAN LUZ MARÍA BERISTAIN
Luz María Beristain es Senadora electa por el principio de primera minoría por el estado de Quintana Roo. La página electrónica del Senado refiere que ella pasó asistencia, incluso votó los primeros dos dictámenes del orden del día, relativo a nombramientos de diplomáticos.
Sin embargo, la Senadora ya no estuvo presente en la votación final sobre la designación del Ministro sustito del Ministro Srgio Valls.
Entrevistada por Sin Embargo, la Senadora Luz María Beristain la senadora confirmó que estuvo presente en la sesión de ayer, pero se salió a las cuatro de la tarde para ir al aeropuerto porque tenía programada una reunión con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a las siete de la noche.
La cita era para presentar una carta firmada por 20 senadores perredistas para abogar por la libertad de presos políticos indígenas mayas, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
La senadora refiere que alrededor de la una de tarde, cuando el PAN anunció su apoyo a Medina Mora, la bancada perredista dio por perdida la batalla, por lo que consideró que su voto no marcaría diferencia en el resultado final.
“Hice la valoración y dije: ‘bueno, si aquí, haga lo que haga, mi voto no va a influir para lo que nosotros queremos, pues voy a salvar a los compañeros que están desde hace siete meses en la cárcel’”, afirmó en entrevista.
Sostuvo que la reunión con el Gobernador estaba pactada con anterioridad y no fue posible aplazar el compromiso, primero porque el gobernador estuvo ausente varios días en viaje de trabajo en Europa y tenían un plazo fatal para promover la liberación de los luchadores sociales detenidos.
“Yo tenía mi vuelo programado desde hace una semana para salir a las 5 en punto de la tarde porque a las 7 en punto de la noche era mi cita con el gobernador, y ayer era un día importantísimo sólo teníamos 72 horas y ya habían corrido 48 horas”, recalcó.
La Senadora recordó que ella participó en las conferencias de prensa para que ciudadanos entregaran miles de firmas en contra del nombramiento de Medina Mora.
Sostuvo que el Senador Miguel Barbosa, su coordinador parlamentario, tenía conocimiento de la cita con el Gobernador Borge, pues el mismo legislador había plasmado su firma.
“Ellos tenían conocimiento porque ellos me dieron su firma, él fue uno de los que me dio su firma, de que yo en cualquier momento yo salía al aeropuerto”, dijo.
Se le cuestionó si consideraba que su voto pudo haber cambiado el rumbo de la historia, a lo que ella respondió:
“El cálculo de nosotros [en el PRD] cuando se salió el PAN [de la negociación contra Medina Mora] es que estaba perdida, la verdad. O sea que con nosotros o sin nosotros ya estaba perdida [la votación]. Y yo siento que como se ellos ya tenían perfectamente planeado el asunto e iba a prosperar”, dijo.
MARIO DELGADO
El Senador Mario Delgado fue uno de los legisladores más activos en la recepción de las firmas recabadas por los académicos, periodistas y académicos en el sitio www.change.org durante la semana previa.
Sin embargo, no estuvo presente en la sesión de este martes 10 de marzo. En su oficina afirman que el legislador tenía un compromiso ineludible contraído semanas antes.
Sin embargo, refieren que Delgado no dejó en vilo su voto pues envió a la Mesa Directiva del Senado una carta dirigida al pueblo de México, donde expresa su rechazo al nombramiento de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Corte, la cual se insertó de forma integra en el diario de los debates en la sesión de ayer.
En la carta titulada “Al pueblo de México” el Senador Mario Delgado sostiene que “La propuesta de terna del Presidente de la República, en la que incluye a Eduardo Medina Mora para ser Ministro de la Suprema Corte, no es solamente inaceptable, sino además constitucionalmente inviable”.
En la misiva le senador critica que Medina Mora haya consentido, por acción o por omisión, el operativo “Rápido y Furioso”, que haya defendido la “guerra” contra las drogas y que haya violando sistemáticamente derechos humanos de varios mexicanos.
LAYDA SANSORES
La Senadora Layda Sansores confirmó a Sin Embargo que rompió su voto en un acto de protesta, porque no pensaba votar a favor de Eduardo Medina Mora, pero tampoco iba a votar a favor de los otros dos aspirantes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco.
Recalcó que la boleta o cedula que entregó el Senado sólo daba posibilidad de votar por alguno de los tres candidatos.
“Aquí forzosamente tenías que votar por cualquiera de los tres, Medina Mora era definitivamente inaceptable, pero para mí tampoco merecían el voto dos candidatos que se prestaron para legitimar este proceso que se montó en el Senado”, dijo.
La legisladora afirmó que su posición siempre fue en contra de la imposición de Medina Mora. Dijo que así quedó demostrado en su intervención en tribuna.
“En mi caso no hay titubeo, fui directa, dura en la tribuna y mi asistencia estaba plasmada, que es lo que contaba”, recalcó.
La legisladora indicó que es falso que su voto hubiera modificado la votación final, porque su asistencia estaba contada y la constitución habla que se cuenta con base en los legisladores presentes y no solo en los legisladores que votan.
Descartó que fuera una votación como otras en las que un voto en contra marca una diferencia, porque la Constitución es clara al decir que las boletas se cuentas sobre las dos terceras partes de la lista de asistencia.
“Pero lo que cuenta es que el voto es que las dos terceras partes sobre los senadores presentes, no de los senadores que votan”.
La legisladora se refirió al artículo 96 constitucional que establece que “La designación [del Ministro] se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días”.
A pregunta expresa dijo que aunque pudiera regresar en el tiempo, actuaría de la misma forma y rompería su boleta.
“No lastimo en nada, mi obsesión es evidenciar las farsas que se monta elección tras elección, sean consejeros del INE o ministros de la Suprema Corte, porque esto no nos sirve de nada”, sostuvo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
El Diputado del Congreso del estado de Chiapas y candidato a la Alcaldía de Tapachula Neftalí del Toro está en el epicentro de la polémica en el país por ofrecer descuentos en bares de esa localidad fronteriza con Guatemala con graves problemas de trata de personas y prostitución.
Una fuente de la Oficina de Gestión de Enlace de Del Toro, perteneciente al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló a Efe las características de la iniciativa, abierta a todos los ciudadanos y que incluye rebajas de tarifas en establecimientos de muy diversa clase.
Los locales incluidos en esas ventajas, materializadas en un bono llamado “Tarjeta de la gente”, van desde una peluquería hasta una tienda de accesorios de telefonía móvil, una clínica veterinaria, un gimnasio, pasando por una panadería.
También hay -y allí radica la controversia- varios bares que venden bebidas alcohólicas en la ciudad, ya de por sí famosa por el elevado consumo de esos productos, sobre todo de cerveza, vinculado a sus elevadas temperaturas pero también a la cantidad de locales de esa índole por su carácter de lugar de paso.
Según estadísticas difundidas por medios de comunicación de Chiapas, Tapachula cuenta con 1.552 bares para sus 320.000 habitantes.
Organizaciones de derechos humanos consideran esa ciudad un foco rojo por ser uno de los principales puntos de paso de la ola migratoria de Centroamérica a Estados Unidos por territorio mexicano.
El inmigrante español Antonio Torregrosa, natural de Alicante, regenta uno de esos bares. Se llama “Hostia, tío” y es famoso en la zona por sus tapas.
“Es muy rara la política en este país, usan cualquier pretexto con tal de llegar a la gente”, indicó a Efe sobre la tarjeta Torregrosa, que vive en Tapachula desde hace ocho años y que, sin embargo, considera que “hacía falta algo así” en alusión al proyecto de Del Toro.
Aclaró que no recibe nada a cambio de ofrecer los descuentos y que solo se beneficia porque la “Tarjeta de la gente” es “publicidad para el negocio y un gancho para que venga un poco más de gente”.
En su caso, el descuento en las bebidas llega al 10 por ciento o pasa por el clásico “dos por una” o dar “una jarra de litro de cerveza de regalo”, relató.
A consecuencia del ruido generado por la publicación de la historia este martes en los diarios mexicanos, Del Toro se defendió en su cuenta de la red social Twitter, acusando a los medios de comunicación de propinarle “golpes bajos” con esas críticas.
Recordó que la iniciativa ha logrado “10.000 registrados en una semana” y aseguró que existe desde hace dos años.
“Respeto todas las opiniones de la tarjeta. Yo se la entrego a cada ciudadano y él decide para qué usarla, desde médicos, restaurantes, hoteles”, indicó en Twitter el diputado local, que en ningún momento se planteó la posibilidad de que la iniciativa pudiera verse como una forma de comprar el voto.
Tapachula es uno de los 122 municipios de Chiapas que elegirá alcalde en los comicios del 19 de julio, unas semanas después de las elecciones del 7 de junio en las que se renovarán 1.996 cargos, entre ellos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-03-2015/1278517.
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Abogados alistan demanda penal en contra de los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) por violar la ley al asignarse un salario de más de 94 mil pesos mensuales, casi al doble de lo que ganaban sus antecesores en el cargo.
Los abogados Pedro García Falcón, Sergio Antonio Reyes Ramos y Javier Martínez Ramos denunciaron que de acuerdo con el apartado C, fracción III del artículo 9 de la Constitución Política de Tabasco, la retribución económica que perciban los consejeros electorales, incluyendo su presidente, no será superior, en ningún caso, a la que cobran los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sin embargo, los consejeros se asignaron un salario de 94 mil 242 pesos mensuales, casi el doble de los 56 mil 230 pesos que percibían sus pares que salieron en 2014 y superior a los 67 mil pesos que cobran los magistrados del TSJ.
Los quejosos acusaron que los consejeros incurrieron en el delito de coalición contra el erario y el servicio públicos, tipificado en el artículo 237 del Código Penal del estado y por ello, adelantaron, presentarán demanda penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado, el próximo viernes 13.
Los actuales consejeros son Maday Merino Damián (presidenta), Idamara de la Candelaria Crespo, Claudia Jiménez López, David Cuba Herrera, Jorge Enrique Gómez Hernández, Miguel Ángel Fonz Rodríguez y José Oscar Guzmán García.
Este hecho provocó indignación ciudadana porque los consejeros presuntamente “llevan el mismo camino” que sus antecesores, dos de ellos presos, uno en proceso de desafuero y otros en investigación por la fraudulenta compra del edificio que albergaría las oficinas del organismo electoral.
En enero, los exconsejeros Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado fueron encarcelados como presuntos responsables del delito de ejercicio indebido del servicio público.
El exconsejero Jorge Montaño Ventura, ahora magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), se encuentra en proceso de desafuero en el Congreso por petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), como presunto responsable también de la fraudulenta compra del edificio.
Los otros cuatro exconsejeros se encuentran en investigación.
En 2011 el IEPCT compró el referido edificio en esta capital, a propuesta de la Comisión Especial de Adquisición que integraban los entonces consejeros Jorge Montaño, Héctor Aguilar y Gustavo Rodríguez Castro.
El edificio se compró por 32 millones 600 mil pesos, sin embargo, no se pudo ocupar porque presentaba hundimientos, debido a que se construyó sobre un canal de aguas negras.
En noviembre de 2012, la contraloría interna del IEPCT indagó y determinó que el inmueble fue sobrevaluado en más de 8 millones de pesos y cuatro millones más en otros gastos, por lo que los daños al patrimonio del organismo electoral ascendían a más de 12 millones.
Con esta información, la Cámara de Diputados reprobó la cuenta pública 2011 del IEPCT, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) interpuso demanda penal ante la PGJE en contra de 19 implicados en la compra del edificio, entre ellos los siete exconsejeros electorales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
MÉXICO, D.F. (apro).- El 2 de enero de 2015, tras las 30 rondas de votaciones con empate entre los diez ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia para elegir a su presidente, Joaquín López Dóriga lanzó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:
“Insisto en que el presidente Silva Meza de la Corte debería cambiar el sentido de su voto para romper el empate y dar certidumbre al proceso”.
El mensaje hubiera pasado desapercibido si, en efecto, Silva Meza no hubiera cambiado el sentido de su voto para el desempate. Y si López Dóriga sólo fuera un comentarista más y no el vocero en funciones del tele-gobierno de la República.
Desde ese momento, comenzó a gestarse la operación de presión y “convencimiento” de Grupo Televisa para traer de la embajada de Washington a su viejo aliado y amigo personal del vicepresidente de la empresa, Bernardo Gómez, el verdadero operador de las decisiones en esta empresa.
Medina Mora y Bernardo Gómez tienen una relación de amistad, complicidades y favores mutuos largamente documentada. Basta recordar que en febrero de 2006, cuando Los Cuatro Fantásticos que dirigen Televisa en la era Azcárraga Jean sentaron a los candidatos presidenciales en el hotel Rodavento de Valle de Bravo, también estuvo presente el entonces secretario de Seguridad Pública foxista, Eduardo Medina Mora.
–Eduardo será nuestro próximo vicepresidente –presumió Bernardo Gómez a sus convidados.
Bernardo Gómez se dedicó a explayar el poderío que los juniors directivos de Televisa habían alcanzado en el ensayo fallido de alternancia foxista. Televisa ya no era más un monopolio televisivo. Aspiraba a convertirse en el auténtico árbitro del sistema, con influencia en los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y, en menor medida, en el Poder Judicial.
Febrero de 2006 eran los momentos ríspidos de la aprobación de la Ley Televisa en el Senado. Medina Mora, junto con otros operadores, jugaron un papel fundamental para lograr la mayoría de votos del PRI y del PAN a favor de esas reformas legales que fueron posteriormente echadas abajo por la Suprema Corte de Justicia en la acción de anticonstitucionalidad que impulsaron senadores como Javier Corral, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas y hasta Jesús Ortega, en ese entonces.
¡Qué paradoja! Fue la Suprema Corte de Justicia la que echó abajo una de las operaciones más ambiciosas de los ejecutivos de Televisa la que ahora dará cobijo a su procónsul.
Desde entonces, los Cuatro Fantásticos supieron que la Suprema Corte de Justicia era un espacio que no era “una estrella más del canal de las estrellas”. Y se dedicaron a ir cooptando al Poder Judicial.
Medina Mora se integró al gobierno de Felipe Calderón como procurador general de la República, a pesar de que apoyó y estuvo cercano a Santiago Creel, el adversario interno calderonista en la nominación panista.
Como procurador, Medina Mora hizo un amplio servicio a favor de la derecha electrónica, la derecha empresarial, la derecha confesional y la derecha de la mano dura, que no siempre coinciden.
Por si fuera poco, también entabló cercanía con Enrique Peña Nieto, el entonces desconocido gobernador del Estado de México, que ya era perfilado por Televisa y por su arquitecto de planes mediático-políticos, Alejandro Quintero Iñiguez, amigo y exsocio de Medina Mora, como la principal apuesta del consorcio mediático para la Presidencia de la República en 2012.
Bajo las órdenes de Medina Mora en la PGR trabajó Humberto Castillejos Cervantes. Fue su coordinador de asesores. Como tal, Castillejos le sugirió al procurador dejar sin efectos los aseguramientos de las cuentas bancarias abiertas por Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” en Suiza e Inglaterra, tal como publicaron este martes el periódico Reforma y Miguel Badillo en su columna “Oficio de Papel”, en El Universal.
Medina Mora y Castillejos tenían una relación cercana con el salinismo desde el sexenio del Tratado de Libre Comercio. Esta acción a favor de Raúl Salinas de Gortari reforzó esa alianza.
Por esta razón se explica que los astros se alinearan para que tanto Televisa como Salinas y el gobierno de Peña Nieto unieran sus complejos e intrincados intereses para tener “su” ministro de confianza. Y ese personaje es Eduardo Medina Mora.
Algo no calcularon en esta operación. Nunca pensaron que la reacción social contra Medina Mora fuera tan intensa, persistente y airada. Ni el propio Medina Mora –que nunca se había colocado en un proceso electivo– se enfrentó a un rechazo y cuestionamiento social tan fuerte. Ni siquiera los panistas que le entregaron en bandeja de plata el control del Poder Judicial a Peña Nieto y a Televisa el control de la Suprema Corte de Justicia.
Los senadores panistas se pusieron de espaldas a la sociedad. Durante la sesión de este martes 10, el senador Roberto Gil Zuarth, panista y presidente de la Comisión de Justicia, reprochó a los 52 mil ciudadanos que firmaron en la plataforma Change.org la petición “No Hagan Ministro a Medina Mora” que ellos no encarnan “el único progresismo válido”.
¡En lugar de saludar este inédito ejercicio de participación ciudadana en un proceso de elección de ministro de la Corte, el senador Gil Zuarth decide pelearse con estos ciudadanos!
No sólo fuimos 52 mil ciudadanos los que firmamos esta petición. También colegios de abogados, asociaciones de magistrados y jueces y decenas de organizaciones de derechos humanos enviaron decenas de cartas y de mensajes a los senadores para que recapacitaran.
Es una verdadera tragedia lo que sucedió con la elección de Medina Mora. Ni Televisa, ni Peña Nieto y menos Salinas de Gortari salvarán a la Suprema Corte de la crisis sistémica porque estos tres factores y actores de poder carecen de lo que hoy le urge en la justicia mexicana: legitimidad y credibilidad.
Seguramente, ahora tendremos que leer los tuits de López Dóriga para conocer el sentido del voto en la Suprema Corte. Patético.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Horacio Duarte, representante del partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunció que el gobierno del Estado de México comenzó a repartir tarjetas de prepago con la frase “Mover a México” mediante las que promueve programas sociales.
Casualmente, acusó, en el manual de operación que se entrega a los ciudadanos de esta tarjeta, se establecen fechas vinculadas al proceso electoral.
En sesión pública del Consejo General, durante la discusión previa sobre las actividades de los Organismos Públicos Locales (OPLs), Duarte acusó:
“Ahora ya están de moda las tarjetitas (…) El gobierno del Estado de México ha comenzado también a repartir unas tarjetas que traen la frase ‘Mover a México’ y que casualmente en el manual de operación que se entrega a los ciudadanos de esta tarjeta se establecen fechas vinculadas evidentemente al proceso electoral”.
La tarjeta, explicó, sirve para que a los beneficiarios les den más adelante un vale de 130 pesos para compra de útiles escolares.
“Lo que llama la atención es que van a ser entregadas a partir del 8 de junio, es decir, evidentemente programada con el tema electoral.
“Las tarjetas están siendo entregadas de enero a marzo en el gobierno del estado y como es de una coalición PRI-Verde, pues también aquí dan 10 mil establecimientos de descuento. La tarjetita tiene 10 mil establecimientos con descuentos”, abundó.
Por eso, pidió que en el marco del informe que presentan los OPL en el INE, se establezca el criterio de vigilar la calidad de la elección.
“Nos parece que este tema tiene que ver con la calidad de la elección, cómo un gobierno, como es el gobierno del Estado de México, se dedica a operar un programa evidentemente electoral, ya lo decíamos, están las fechas, para efecto de influir en las preferencias electorales.
“Y en ese sentido, nos parece que la obligación de este Instituto Electoral es velar precisamente por la equidad y evitar que cosas como estas sucedan en los estados, como en el Estado de México”, subrayó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión inmediata de promocionales en radio y televisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denominados “Más Verde que nunca”, por contravenir la norma electoral y afectar el principio de equidad en la contienda.
En sesión extraordinaria urgente, los integrantes de la Comisión fijaron un plazo, “que no exceda las 24 horas a partir de la notificación, para que se retire la difusión de los spots mencionados y se abstenga de emitir dentro de sus prerrogativas de acceso a la radio y la televisión el mismo contenido temático alusivo a las frases ‘Cumple lo que promete’, ‘lo que propone lo cumple’, ‘falta mucho por hacer’,'propuesta cumplida’, “leyes aprobadas’, ‘cumplir’, ‘cumplieron’ y ‘las cumple’, que formarían parte de su campaña”, informó el INE en un comunicado.
El acuerdo se hará del conocimiento de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve al cumplimiento de estas las medidas cautelares, a efecto de que deje de transmitir los materiales denunciados.
En el promocional que se transmite en televisión aparece la conductora Andrea Legarreta y el coordinador de los senadores del PVEM, Carlos Puente, en donde la primera comenta: “Muchísima gente no creía que lo iban a cumplir y cumplieron. Fíjate, antes era Verde, pero ahora me siento más verde que nunca”. A lo que el legislador le responde: “Y prepárate porque vienen más propuestas”. La víspera la Comisión de Quejas solicitó al PVEM suspender la entrega de tarjetas de descuento en establecimientos para la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros.
La comisión encabezada por la consejera Beatriz Galindo Centeno rechazó otorgar prórroga al instituto político para retirar la propaganda fija colocada en varias calles y avenidas, luego de que el plazo para cumplir esa orden cautelar venció el 6 de marzo.
Anteriormente otorgó las medidas cautelares solicitadas por el PRD a fin de que sean retirados del aire los spots del PVEM en el que aparecían los conductores Raúl Araiza y Galilea Montijo. Ello conforme a los criterios que estableció el TEPJF, en el sentido de que se trataba de una campaña continua que ya se había ordenado bajar. Además de Galindo Centeno integran la comisión los consejeros Adriana Margarita Favela Hernández y José Roberto Ruiz Saldaña.
TEPJF EXHIBE VIOLACIONES DEL PVEM
El PVEM cometió graves violaciones a la legislación electoral y afectó severamente el modelo de comunicación política vigente en la Constitución, dijeron magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta instancia judicial perfila revocar la sentencia de la Sala Especializada del mismo tribunal, que había determinado imponer sólo una amonestación pública al PVEM por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos que en realidad constituyeron una sobreexposición indebida del Verde entre los electores.
“Para mí procede revocar las sentencias de la Sala Especializada, para mí la falta es grave porque estamos hablando de la violación del modelo de comunicación política previsto en la Constitución”, sostuvo la Magistrada María del Carmen Alanís.
“Al calificar como grave esta falta necesariamente se tendrían que ordenar a la sala especializada que individualice la sanción tomando en cuenta todo lo que se argumenta”.
Por su parte, el Magistrado Salvador Nava Gomar consideró que se acreditaron los reclamos de los partidos políticos ante la falta de exhaustividad y la incongruencia en la sanción de la Sala Especializada.
Agregó que existió una indebida utilización de tiempos de radio y televisión, una venta indebida de espacios publicitarios por parte de las concesionarias de medios electrónicos.
Lo que no se acreditó, apuntó, fueron actos anticipados de campaña de los legisladores involucrados ni promoción personalizada de dichos servidores públicos.
Los magistrados señalaron que los más de 300 mil impactos de la campaña del Verde en televisión y en salas de cine tendrían un costo de más de 300 millones de pesos y que esa cantidad representa casi la totalidad de las prerrogativas que recibirá el partido como gasto ordinario para 2015.
Estos cálculos, afirmaron, se basan en información hecha pública durante las sesiones del Consejo General del INE.
Por su partem el día de ayer , la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife) aprobó por unanimidad imponer una multa de 6.2 millones 268 mil 362 pesos con 42 centavos en contra del PVEM, también ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó retirar de inmediato la publicidad fija y alertó a los comercios no aceptar sus tarjetas de descuentos.
La sanción del Tribunal considera ilegales las campañas relacionadas con vales de medicina y lentes con graduación gratuitos.
En una sesión pública realizada este martes, el Ministro presidente de la Sala Regional Especializada, Clicerio Coello Garcés, señaló que se acredita la infracción relativa al riesgo en el que se puso el principio de equidad.
“Existe violación a la normativa constitucional y legal electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México por un uso indebido de la pauta al incluir en su propaganda político-electoral la apropiación indebida de la implementación, ejecución y calendarización del programa social, lo que generó una distorsión informativa para la ciudadanía en general”.
Lo anterior se determinó por la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática en diversos estados de la República, así como por la apropiación indebida de un programa social por parte del PVEM.
Por lo tanto, expuso, se actualiza la infracción por la difusión de promocionales de vales de medicinas de la senadora Ninfa Salinas Sada y del senador Carlos Alberto Puente Salas.
Esta multa se suma a los 67 millones 112 mil 123.52 pesos por actos anticipados de campaña con la difusión de “cineminutos” en los complejos de Cinépolis y Cinemex que el Consejo General del INE aprobó el pasado 6 de marzo.
EL INE ALERTA A COMERCIOS
Esta misma noche, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde suspenda la entrega de tarjetas de descuento, dado que transgrede la ley electoral.
La presidenta de esa comisión, Beatriz Galindo Centeno, informó que se determinó ordenar a los establecimientos rechazarlas en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros.
Lo anterior luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó el viernes pasado una queja contra el Verde Ecologista por la entrega de tarjetas Premia Platino.
El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento y una leyenda y holograma que dice Más Descuentos.
Galindo Centeno informó que “quienes tienen la tarjeta y acuden a alguno de los establecimientos que dan los beneficios la orden es que esos establecimientos ya no atiendan dichas tarjetas”, pues quedaron canceladas.
Los integrantes de la Comisión fijaron un plazo que no debe exceder las 24 horas a partir de la notificación, a fin de que el PVEM realice los actos necesarios para cancelar la emisión de estas tarjetas, así como para que se abstenga de contratar o realizar cualquier otra campaña en la que oferte algún beneficio directo o indirecto de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, de la misma manera o similar a la naturaleza mencionada.
En otro asunto los integrantes de la comisión, los consejeros Adriana Margarita Favela y Roberto Ruiz Saldaña, rechazaron por unanimidad otorgar prórroga al PVEM para retirar la propaganda fija colocada en varias entidades, pues el plazo venció el 6 de marzo pasado.
“También por unanimidad de los integrantes de la comisión determinamos que no existe fundamento para otorgar prórroga, dado que va contra las medidas cautelares cuyo objetivo es evitar presuntos daños irreparables”, aseveró.
De tal suerte que “otorgar una prórroga iría en contra, precisamente, del otorgamiento de la misma”, explicó la consejera.
Galindo Centeno detalló que el 3 de marzo se le otorgaron al partido 72 horas para retirar los promocionales, sin embargo incumplió con la medida cautelar al argumentar que la empresa que colocó la propaganda fija señaló que se trata de un tiempo reducido para cumplir la orden.
“En conclusión, se negó esa prórroga”, expresó la consejera electoral, quien dijo que lo que procede en este caso es que el partido político realice lo que esté a su alcance para cumplir con la medida cautelar.
Indicó que de continuar con el incumplimiento se podría abrir un proceso ordinario sancionador contra ese organismo político, ya que ante un mandato de la autoridad electoral la fuerza política debe tomar todas las medidas necesarias para darle cumplimiento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Jesús Rodríguez Almeida, ex Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), que renunció apenas el 5 de diciembre pasado, competirá por una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Rodríguez Almeida es considerado uno de los amigos personales de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El ex Jefe Policiaco fue severamente cuestionado después de que, en distintos operativos, utilizó el exceso de la fuerza pública en contra de manifestantes.
Desde el 5 de diciembre de 2012 hasta su renuncia se le acusó de incluso infiltrar civiles en manifestaciones y provocar zafarranchos en lugar de contener a grupos violentos.
Rodríguez Almeida llegó el 5 de diciembre de 2012 a la Secretaría de Seguridad Pública y fue ratificado por el Presidente Enrique Peña Nieto hasta tres días después.
Antes, fungió como Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para permitir que Mancera Espinosa compitiera por la Jefatura de Gobierno de la capital.
Además fue Subprocurador de averiguaciones previas centrales de la PGJDF en la administración de Mancera.
Rodríguez Almeida vivió distintas crisis, sobre todo en los últimos días de su gestión. Desde el capítulo de los secuestrados en el bar Heaven, activistas y organizaciones civiles habían exigido que se le removiera. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal lo mantuvo.
La policía capitalina a su cargo fue acusada por activistas y ciudadanos por reprimir la protesta, de carecer de protocolos y realizar detenciones arbitrarias.
Durante las manifestaciones del 20 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado, los policías de Rodriguez Almeida protagonizaron enfrentamientos con manifestantes, a quienes acusaron de los desmanes registrados en ese fecha.
Cuestionado sobre la actuación de sus policías en las protestas del 20 de noviembre, Rodríguez Almeida dijo que los elementos de su corporación actuaron con “gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo restablecieron el orden público le guste a quien le guste”.
Esa misma frase fue cuestionada por el mismo Mancera días después. “Yo no estoy de acuerdo con esa respuesta [...]. Cada una de las actuaciones de la policía están sujetas a revisión, entonces no se pueden adelantar juicios. Obviamente habrá que revisar los protocolos porque también hay imágenes muy claras de que hubo ataques directos a la policía con objetos contundentes aptos para agredir a los policías, pero hay que revisar todas las actuaciones”.
Jesús Rodríguez fue electo candidato del PRD a Diputado federal por el Distrito 8 de la Ciudad de México.
En la lista de candidatos a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa también se encuentran ex delegados y militantes que han sido asambleístas, como Laura Velázquez, quien fue Delegada de Azcapotzalco, y Alberto Martínez Urincho, Andrés Sánchez Osorio, e Isaías Villa, los tres últimos diputados locales.
Lo mismo ocurre con Ricardo Ríos Garza, hermano del Procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos, quien quedó inscrito para competir por el Distrito 6, que tiene cabecera en Gustavo A. Madero.
De la lista aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), al menos cinco lugares corresponden a militantes o ex colaboradores cercanos al Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera Espinoza, como es el caso de Rodríguez Almeida.
Por su parte, la corriente de Izquierda Democrática Nacional (IDN) que encabeza René Bejarano se quedó con cinco espacios y el resto de los 27 aprobados se repartieron entre las corrientes hegemónicas Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional (ADN), así como la minoritaria Vanguardia Progresista.
En la relación no se incluyó a Pablo Gómez, actual representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que su nombre fue mencionado como candidato a Diputado federal.
CANDIDATOS
En los Distritos I y II están Alberto Martínez Urincho y Andrés Sánchez Osorio, respectivamente, en el III Laura Velázquez Alzúa y en el IV Efraín Morales López.
El VI es para Ricardo Ríos Garza, el VII para Isaías Villa González, el VIII para Jesús Rodríguez Almeida, el IX para Alejandro Piña Medina, el X para Roberto Evaristo Candia Ortega, el XI para Rafael Hernández Soriano y el XII para Agustín Torres Pérez.
El Distrito XIII corresponde a Daniel Ordóñez Hernández, el XIV a Carlos Hernández Mirón, el XV a Cecilia Olivos Santoyo, el XVI a Martha Laura Almaraz Domínguez, el XVII a Teresa Robles Colín, el XVIII a Arturo Santana Alfaro y el XIX a Alejandro Ojeda Anguiano.
En el Distrito XXI está Gabriel Mejía Delgado, en el XXII Ana Leticia Carrera Hernández, en el XXIII Ariadna Montiel Reyes, en el XXV Angelina Hernández Solís, y en el XXVII Cresencio Morales Ávila.
Se reservaron los Distritos V de Tlalpan, XX de Iztapalapa, XXIV de Coyoacán y XXVI de Magdalena Contreras para el Partido del Trabajo (PT), como parte del acuerdo con el PRD.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-03-2015/1278843.
MÉXICO, D.F: Alejandra Sayonara Gómez Patiño, hija de Servando Gómez Martínez La Tuta, cobra en la nómina de la Secretaría de Educación de Michoacán, informó el titular de esa dependencia, Armando Sepúlveda López.
De acuerdo con el portal mimorelia.com, la hija del exlíder de Los Caballeros Templarios quien fue detenido la semana pasada, se desempeña como docente en el municipio de Arteaga.
Alejandra Sayonara es hija de Ana Patiño López, la primera esposa de La Tuta, con quien procreó otros dos hijos: Luis Servando y Huber.
A finales de octubre de 2014 la hija de Gómez Martínez fue detenida en el Estado de México como parte de una investigación coordinada con la Procuraduría de Justicia de Michoacán y autoridades mexiquenses.
Ese mismo día fue detenida la exesposa de La Tuta, Ana Patiño López, sobre la carretera Morelia-aeropuerto.
Alejandra Sayonara fue presentada ante el Ministerio Público, pero una vez que compareció se retiró de las instalaciones.
La hija del exlíder templario estudió en el Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Arteaga y obtuvo una plaza en el sistema educativo público de Michoacán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro).- Grupos civiles de derechos humanos condenaron la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto frente al informe del relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, y urgieron a instrumentar “mecanismos efectivos para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales”.
En un comunicado, las ONG recordaron que la negación de los señalamientos de ONU “es una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que sustenta” el relator.
Tras avalar el informe de Juan Méndez, los activistas consideraron que la posición del gobierno de Peña Nieto “demuestra una clara contradicción entre el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener”.
También recordaron que hace unas semanas la actual administración reaccionó de forma similar frente a la evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó que ese crimen es “generalizado” en el país.
“Las organizaciones firmantes, consideramos que el Estado mexicano está obligado a modificar esta posición, asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, en ese caso la práctica de la tortura generalizada, que ante esta postura el gobierno mexicano, legitima y da fuerza a que esta práctica se siga realizando”, señala el comunicado.
Luego insistieron en que “atacar y negar lo evidente mediante reacciones que poco abonan a la protección de derechos humanos en nuestro país, solamente expresa una actitud de desinterés ante los hechos y consolida una retórica de ‘respeto a los derechos humanos’ que hasta el día de hoy no se traduce en la realidad”.
Por ello urgieron al gobierno de Peña Nieto a “establecer de manera expedita, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, mecanismos efectivos de interlocución que permitan dar cumplimiento integral a las recomendaciones” planteadas por el relator Méndez para combatir la impunidad y erradicar la tortura.
Entre otras organizaciones que se suman al reclamo destacan Amnistía Internacional, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
También se suman al posicionamiento la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- La marca de la casa del PRI de Enrique Peña Nieto en la segunda parte de su administración parece que será la impunidad frente a los actos de corrupción, violación de los derechos humanos, asociación delictuosa, enriquecimiento inexplicable y compra de votos que se avecinan para las próximas elecciones.
¿O cómo entender que se elija como ministro de justicia a Eduardo Medina Mora con antecedentes de corruptela, amiguismo y solapamiento? ¿O cómo entender también el caso del PVEM que viola la ley a su antojo para ganar más espacios en complicidad electoral con el priismo? O también ¿cómo entender que el gobierno federal se lave las manos en la caso de los estudiantes de Ayotzinapa mientras los familiares siguen pidiendo justicia o que se elija como procuradora general de la República a Arely Gómez vinculada con los directivos de Televisa?
Hace apenas unos días, Peña Nieto y 200 invitados viajaron a Inglaterra en una gira que pareció ser más turística que de negocios. La nota fue el despilfarro de la familia del presidente mexicano vistiendo ropa de miles de pesos para visitar a la reina de Inglaterra y asistir a una cena palaciega mientras en México hay 50 millones de pobres.
Con el barco a la deriva en medio de la violencia del crimen organizado que no para en todo el país a pesar de la campaña mediática oficial que festina la detención de los cabecillas mientras el cuerpo de la delincuencia se multiplica, el PRI peñista se empeña en replicar la impunidad dejando libres a los supuestos autodefensas Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano responsables de la muerte de 11 personas en un enfrentamiento con tintes de crimen organizado el pasado mes de diciembre en Michoacán.
Y mientras miles de familiares siguen pidiendo justicia para castigar a quienes asesinaron o desaparecieron a sus seres queridos, –muchos de ellos, autoridades protegidas por la ley-; mientras que organismos internacionales como la ONU afirman que en México la tortura es una práctica generalizada entre las autoridades mexicanas y mientras sigue aumentando el número de periodistas muertos o desaparecidos rebasando el centenar, el gobierno peñista sigue sin atender los 23 mil casos de desaparecidos.
Además, censura la información sobre los muertos por homicidios dolosos, le regresa a Raúl Salinas de Gortari miles de millones de pesos que hurtó de las arcas públicas cuando su hermano Carlos era el que controlaba a su antojo al país, deja libre al líder histórico del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, negocia con Televisa los nuevos canales de televisión, ofrece contratos millonarios con sus amigos empresarios de Higa, intenta privatizar el agua y se prepara para ganar lo suficiente para mantenerse en el poder en las elecciones del 7 de junio ofreciendo dinero, despensas y medicinas medrando con la pobreza con toda impunidad.
La impunidad proveniente del gobierno es la expresión más clara del autoritarismo y eso es lo que el PRI está construyendo desde ahora al debilitar a las instituciones de procuración de justicia, a las que organizan las elecciones, a las que pueden defender los derechos humanos o las que deberían dar seguridad social y al establecer la censura como una política de información.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Esto será hasta que los vecinos “estén perfectamente informados de la reforestación” y de su beneficio, según el jefe de gobierno del GDF, Miguel Ángel Mancera.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que por el momento se frenará la tala de árboles en la zona de Mixcoac hasta que los vecinos “estén perfectamente informados de la reforestación, del beneficio” de la obra.
El domingo 8 de marzo en la madrugada, alrededor de 100 trabajadores de la Operadora y Mantenedora del Circuito Interior –encargada de talar los árboles en esta zona por orden del GDF- llegaron al camellón de Río Mixcoac y derribaron unos 200 árboles. Ese mismo día, vecinos de las colonias Crédito Constructora y San José Insurgentes bloquearon Río Mixcoac a la altura de Barranca del Muerto como protesta por la tala de árboles. La respuesta del GDF fue desplegar granaderos.
Aunque se suspenderá la tala porque “se tiene que analizar el tema de los árboles (…) con los ecologistas”, Mancera confirmó que “la obra tiene un desarrollo en otras etapas”.
Según el jefe de gobierno del DF, la obra “va a traer un beneficio sustancial a la zona tanto en desplazamiento como en evitar que se generen las concentraciones de dióxido de carbono que hoy se tienen por un alto prolongado que implica tres cruces”.
La secretaria del Medio Ambiente de la ciudad de México, Tanya Müller, precisó el lunes 9 de marzo que 855 árboles serían talados en la zona de Mixcoac, donde correrá parte del circuito Bicentenario Mixcoac-Insurgentes, porque 70% “tiene alguna plaga o enfermedad y el 20% son eucalipto, un árbol de riesgo” para la población.
La funcionaria aseguró que todos los árboles serán restituidos con otros ejemplares de unos 4 años de edad, de entre 5 y 6 metros de altura, “adecuados para la zona” y nativos del Valle de México.
La Secretaría de Obras detalló que con la creación del Parque Lineal se restituirán todos los árboles en la zona. Según la dependencia, la obra permitirá recuperar 15 mil metros cuadrados de espacio público, en los que sobresale un parque lineal en el camellón central de Río Mixcoac, con una imagen urbana moderna, nuevas áreas verdes, un andador peatonal, fuentes y áreas de descanso, así como el mejoramiento del alumbrado.
En el cruce de Río Mixcoac e Insurgentes se edificará una glorieta que reordenará el paso vehicular y permitirá el cruce seguro de peatones, ciclistas y personas con discapacidad, al contar con pisos bajos que garanticen la accesibilidad.
Para la dependencia, dicha adecuación vial también permitirá que el transporte público que circula sobre ambas vialidades se desplace en menor tiempo y reducirá notablemente el ruido en la zona y la emisión de contaminantes. Una vez que esos trabajos concluyan se tendrá una vialidad de 34 kilómetros ininterrumpidos, lo que permitirá que los traslados se realicen en menor tiempo, asegura la Secretaría.
Asamblea Legislativa sugiere al GDF: “consulten a los vecinos”
Durante la última sesión de la Diputación Permanente, los legisladores locales exhortaron al gobierno capitalino realizar una consulta y hacer una campaña de información para habitantes de las colonias afectadas y explicar tanto beneficios como afectaciones que tendrán en su entorno.
Los legisladores Santiago Taboada y Christian Damián Von Roehrich, del PAN, y Dinorah Pizano Osorio del PRD, se comprometieron a mantener un diálogo con representantes vecinales y de la Secretaría de Obras.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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