Salieron de su país en busca del sueño americano, pero al llegar a México todo cambió. Las injusticias que sufren los centroamericanos a su paso por territorio nacional, van en aumento. El año pasado, las deportaciones a niños aumentaron 230 por ciento.
Mientras pide limosna en un crucero en el norte de Monterrey, José vigila que no se acerque ninguna patrulla policial, su mayor miedo desde hace tres meses, cuando salió de Escuintla, Guatemala.
“Uno se cuida de la policía, vos ya ves que andan por todos lados, nomás te miran y pos’ ya saben que no eres de acá”, dice el joven, de apenas 17 años.
“A un amigo le quitaron todo su dinero, lo amenazaron con que lo iban a meter a la cárcel y que lo iban a mandar otra vez pa’ Guatemala”.
Al igual que miles de centroamericanos, José ha visto cómo su “sueño americano” se ha vuelto una “pesadilla mexicana”.
“Uno no tiene apoyo de nadie, uno está aquí solo, uno nada más recibe el apoyo de vos y de todos los que quieran darme algo para comer”, cuenta José.
“La policía no te ayuda y las autoridades lo único que van a hacer es mandarte de regreso allá y la violencia está igual que allá, está muy mal”.
Aunque admite que es peligroso quedarse en México, José está decidido a cruzar a Estados Unidos (EU) en cuanto obtenga el dinero necesario.
“Todos tenemos la misma intención de cruzar para allá, porque pos ¿qué nos queda? ¿quedarnos acá en México teniendo miedo, con hambre, sin casa? ¿regresar a Guatemala, donde nos pueden matar? Pos no, hay que intentarlo”.
Pero las condiciones para que José cruce son ahora más difíciles que nunca.
Ante la presión política de EU, México rompió el año pasado su récord del mayor número de deportaciones de mujeres y niños, de origen centroamericano.
Cifras de la Unidad Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) revelan que, en el 2014, más de 24 mil mujeres sufrieron la deportación, el doble que en 2013.
Asimismo, se detuvieron a cerca de 23 mil niños, un aumento del 230 por ciento con relación al año anterior.
Del total de chicos aprehendidos, 9 mil 661 eran de Honduras, 7 mil 973 de Guatemala y 4 mil 885 de El Salvador.
Estas estadísticas también incluyen el arresto de alrededor de 11 mil menores no acompañados, de los que mil 853 tenían menos de 11 años.
Activistas entrevistados por Reporte Indigo atribuyen el fenómeno a la coacción de Washington sobre México y a la subsecuente implementación del plan Frontera Sur, con el que las autoridades nacionales prometieron proteger a los migrantes.
EU vivió una crisis política y humanitaria el año pasado, cuando más de 62 mil niños no acompañados llegaron a la frontera, lo que causó que políticos conservadores demandaran al presidente Barack Obama controlar el flujo migratorio.
Sin rumbo
Nora Hinojo, representante del Colectivo Vía Migrante, critica en entrevista que la política migratoria nacional carezca de objetivos definidos y que sea resultado de los intereses estadounidenses.
“La idea es que no lleguen a Estados Unidos, lo que nos habla claramente de una política migratoria muy dependiente de una economía.
“Solo está respondiendo a un interés que viene desde EU porque sus políticos ya no quieren que haya más migrantes centroamericanos”, expresa.
Hinojo señala que es preocupante que haya un incremento en el número de expulsiones de mujeres y niños, un sector demográfico que es más vulnerable.
“Hay una política migratoria en México que carece principalmente de una perspectiva de derechos humanos y eso hace vulnerables a todos.
“El hecho que exista este número tan grande de deportaciones nos habla perfectamente cómo el gobierno mexicano está olvidando la responsabilidad de construir una política migratoria enfocada a este sector de la población”, indica.
La activista también acusa que las autoridades encargadas del proceso de la deportación carecen de capacitación adecuada y a veces representan una amenaza mayor para los menores de edad que el viaje en sí.
“Son niños que en la deportación sufren más violaciones de las que podrían esperar cruzando el país o llegando a EU, entonces hablamos de una violación a los derechos humanos más fuerte en la deportación que en el propio tránsito migratorio”.
Son niños que en la deportación sufren más violaciones de las que podrían esperar cruzando el país o llegando a EU, entonces hablamos de una violación a los derechos humanos más fuerte en la deportación que en el propio tránsito migratorio”
Viven de la caridad
Mauricio Martínez Garza, quien hizo una investigación en la Facultad Libre de Derecho sobre los migrantes en Monterrey, explica que a los centroamericanos que quedan atrapados en el país no les queda más remedio que vivir de la caridad.
“Es una situación muy triste la que viven los migrantes, ellos son personas que no tienen otra opción más que huir de sus países”, lamenta Martínez Garza.
Pese a los grupos de apoyo que existen, el también activista narra que hay migrantes que sufren del abuso de las autoridades locales e incluso de albergues clandestinos.
“En una casa de migrantes en el centro (de Monterrey) hubo algunos migrantes que decían que había un señor que en las noches iba y los acosaba sexualmente”.
“Los migrantes sufren violaciones de parte de policías federales, como municipales, maltratos por parte de (funcionarios de migración)”, refiere.
Aun así, Martínez Garza duda que estas experiencias y el reforzamiento de las fronteras de Estados Unidos impida que los migrantes se arriesguen a cruzar, pues la situación que viven en sus países de origen suele ser más peligrosa.
“No creo que eso los vaya a detener, ellos ya están arriesgando su vida y lo van a seguir haciendo”, dijo Martínez García.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
Tras mínimos históricos de 15.66 pesos por dólar, la Comisión de Cambios anunció una subasta diaria de 52 millones de dólares para defender a la moneda.
Ayer la moneda mexicana llegó a tocar mínimos históricos de 15.66 pesos por dólar.
El fortalecimiento generalizado del dólar frente a la mayoría de las divisas globales provocó la reacción de la Comisión de Cambios de México, integrada por tres miembros del Banco de México (Banxico) y tres miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Comisión emitió un comunicado donde anunció que del 11 de marzo al 8 de junio subastará diariamente 52 millones de dólares. La medida busca contrarrestar la tendencia de depreciación del peso. El comunicado agrega que al final del periodo se evaluará la continuidad del mecanismo.
La nueva disposición complementa la medida anunciada el 8 de diciembre del año pasado de intervenir en el mercado con subastas diarias de 200 millones de dólares en caso de que el peso sufra fuertes depreciaciones. El mecanismo se ha utilizado dos veces desde entonces.
En lo que va del año el peso ha perdido casi el 5 por ciento de su valor frente a la moneda estadounidense, continuando una tendencia a la baja iniciada en agosto del 2014. El año pasado la depreciación del peso en relación al dólar superó el 15 por ciento.
La defensa del peso se realiza a costa de las reservas internacionales de Banxico, que rondan los 194 mil millones de dólares más una línea de crédito de 70 mil millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional.
Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y miembro de la Comisión de Cambios, declaró que la implementación del nuevo mecanismo podría llevar al banco central a vender 3 mil 126 millones de dólares de sus reservas.
La cotización FIX de la divisa nacional, publicada por Banxico, registró un tipo de cambio de 15.44 pesos por dólar al mediodía de ayer, después del anuncio del nuevo mecanismo de intervención.
No es el único
El peso no es la única moneda que está perdiendo valor contra el dólar. Bloomberg reporta que el dólar está en su mayor nivel en más de una década en relación a una canasta de divisas globales. Desde junio, la apreciación de la moneda americana frente a esta canasta ha sido de 24 por ciento.
Analistas coinciden en que la expectativa de alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, está repatriando capitales hacia Estados Unidos desde todo el mundo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: RODRIGO CARBAJAL.
MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos de la infancia exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con los acuerdos internacionales y leyes de protección para menores trabajadores, sobre todo de aquellos en situación de alta vulnerabilidad.
Durante el foro “Los rostros del trabajo infantil en México”, Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reveló que de 2007 a 2015, 39 menores de entre 11 meses y 17 años han muerto en campos agrícolas de México sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias.
De esos menores fallecidos, dijo, 16 casos ocurrieron en los campos de Sinaloa, lo que refleja que a pesar de las reformas laborales y la legislación a favor de la infancia, “el Estado mexicano no ha generado las condiciones necesarias para que las familias que cada año migran a los estados del norte y del bajío a trabajar como jornaleros agrícolas, tengan condiciones dignas para ellos y sus hijos”.
El resto de los decesos ocurrió en Sonora, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.
La investigadora del Centro Tlachinollan apuntó que los casos documentados por esa organización representan “sólo los de menores de la Montaña de Guerrero”.
Añadió: No sabemos cuántos niños más de otros estados han muerto en condiciones no esclarecidas, muchos de ellos en momentos en que trabajaban en los campos agrícolas, sin que se les reconozca su condición laboral por parte de los dueños de los campos, muchas veces protegidos por las autoridades locales”.
Las principales causas de muerte de los menores detectadas en los campos agrícolas son por atropellamiento por tractores o camiones recolectores, picaduras de animales pozoñosos, accidentes vehiculares y negligencia médica.
De acuerdo con la defensora, los indígenas de la Montaña guerrerense migran cada año a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihauhua, Nayarit, Jalisco, Morelos, Estado de México, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y la región de Tierra Caliente, entre Michoacán y Guerrero.
Nasheli Ramírez, directora de Reriki Intervención Social, y Alfonso Poirè, de Save the Children, coincidieron en que una de las causas de desatención a la población infantil trabajadora es la incapacidad institucional para generar estadìsticas confiables para dimensionar el problema.
Consideraron que hay subregistros para tratar el trabajo infantil, así como el involucramiento de los menores en actividades ilícitas o en la trata con fines de explotación laboral o sexual comercial.
Ramírez destacó que el Módulo de Trabajo Infantil Establecido en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) calculó en 2013 que en México existen poco más de 2 millones y medio de niños trabajadores, pero “la crisis económica ha derivado en que por lo menos un millón más esté trabajando en la informalidad y no está siendo considerado”.
Destacó que en las ciudades “el trabajo infantil lo vemos en las calles, y es producto de la crisis. Lo que vemos es a familias enteras sin opciones, volcadas en las calles. Ahí vemos a niños de la primera infancia trabajando, y eso no está considerado en las estadísticas”.
Alertó, asimismo, que oficialmente tampoco se está considerando la “trata de niñas que son sacadas de sus pueblos para que realicen trabajo doméstico”, y ni qué decir de las cifras negras de la trata con fines de explotación sexual.
En términos de la incorporación de menores en actividades delictivas, Alfonso Poiré agregó que “los números de niños y niñas incorporados al crimen organizado ronda en los 30 mil”, cifra que no tiene sustento porque “no hay un cruce de la información que se deriva de procesos iniciados contra niños o niñas en conflicto con la ley, contra las estadísticas de incidencia criminales de ciertas regiones”.
Luego de indicar que urge un esfuerzo institucional para precisar la cifra, consideró que “es que es mayor el número de niños y niñas involucrados en el crimen organizado, porque la incidencia regional y la conformación de las organizaciones tiene una cobertura nacional muy alta”.
Al cálculo de los 30 mil menores involucrados en el crimen organizado, Nashieli Ramírez apuntó que también existe una cifra negra relacionada con los “jóvenes que son levantados para ser forzados a realizar actividades ilícitas o son involucrados en conflictos armados, como se ha documentado en Sinaloa y en Michoacán, donde las autodefensas levantaban a adolescentes”.
Ante tal panorama, los activistas integrantes de la Mesa Social contra la explotaciòn de niñas, niños y adolescentes demandaron al Estado mexicano la aplicación de políticas públicas “desde un enfoque de derechos humanos” para atender a la población infantil trabajadora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
XALAPA, Ver. (apro).- El panista Omar Cruz Reyes, alcalde con licencia de Medellín, no se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos por el juicio político de procedencia que se le sigue en el Congreso local, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo incriminara por ser artífice intelectual del homicidio del reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” por un comando el 2 de enero y asesinado el mismo día.
En su lugar, el edil envió a sus apoderados legales, el exdiputado federal panista Sergio Vaca Betancourt y al abogado penalista Sergio Vaca Archer, quienes insistieron en la inocencia de Omar Cruz y en la participación de la delincuencia organizada en el homicidio de Moisés Sánchez.
Durante 90 minutos y a puerta cerrada, la Comisión Instructora, el fiscal general Luis Ángel Bravo; el director jurídico de la FGE, Ariel Robinson, y la defensa del edil, integrada por Sergio Vaca y su hijo, desahogaron “pruebas confrontadas” en el móvil del homicidio del onceavo periodista en lo que va de la administración del priista Javier Duarte.
Sergio Vaca insistió en que las pruebas que presenta la Fiscalía siguen siendo de “oídas” y carecen de sustento jurídico y reviró que el próximo lunes 30 Martín López Meneses (subdirector de la Policía Municipal y escolta del edil de Medellín) tendrá una audiencia relativa a su juicio y ahí se podría “caer” la tesis de la FGE.
Vaca agregó que hace unos días, la PGR tomó cartas en el asunto y acudió a tomar declaraciones de los ahora incriminados: un asesino confeso, el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez, el subdirector de la Policía Punicipal, Martín López y dos motopatrulleros de la extinta corporación.
En entrevista, al concluir la audiencia, el fiscal general Luis Ángel Bravo señaló que las pruebas que se han presentado por “el mismo hecho” (secuestro y homicidio de Moisés Sánchez) no dejan lugar a dudas que el dictamen del Legislativo tendrá que salir positivo para otorgar el desafuero del edil panista.
“La declaración del asesino confeso Clemente Noé ya fue ratificada, incluso pide perdón al gremio periodístico, pues Noé dice que de haber sabido que era periodista, no lo hubiera asesinado. López Meneses (subdirector de la Policía Municipal) ratificó su denuncia. Yo no tengo duda de que el dictamen será positivo para proceder al desafuero del alcalde”, acotó.
Bravo Contreras admitió que hasta el momento, de los seis expolicías intermunicipales que participaron en el homicidio de Moisés Sánchez, sólo se tiene la detención de un asesino confeso: “No aún no (no hay más detenidos), estamos en eso, pronto vamos a tener novedades”.
El presidente de la Comisión Instructora, Juan Manuel Velázquez, expresó que será el próximo martes 17 cuando se tenga el “dictamen final” para aplicar o no el desafuero al edil Omar Cruz.
Hugo Fernández, diputado panista e integrante de la Comisión Instructora, declaró que persisten los “puntos débiles” en la tesis de la FGE, como son las pruebas de “oídas”.
“El despacho de abogados Vaca Betancourt aporta que el difunto (sic) presidía un comité de obras, lo que deja por descontado la enemistad del alcalde con Moisés Sánchez. Hay otros frentes de investigación que hay que agotar, como la participación de la delincuencia organizada”, argumentó.
Fue el pasado 2 de enero cuando policías ministeriales hallaron el cuerpo sin vida del reportero de “La Unión” en un paraje solitario del punto limítrofe de Manlio Fabio Altamirano y Medellín.
“El cuerpo estaba muy lastimado, fue encontrado en una bolsa negra, cercenado e irreconocible, y se pudo hallar una vez que uno de sus presuntos asesinos confesó ante un ministerio público el delito”, dijo Luis Ángel Bravo el día que confirmó el deceso del comunicador.
En la investigación ministerial 01/E/2015 de la FGE, se remarca que Moisés Sánchez fue asesinado por un “encargo” del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del panista Omar Cruz Reyes.
“Clemente Noé Rodríguez confesó haber participado, junto con otras cinco personas, en estos hechos. Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes”, se destaca en la investigación ministerial 01/E/2015.
Al día de hoy, continúan prófugos otros expolicías intermunicipales a quienes sólo se les conoce por los apodos de “El Harry”, “El Chelo”, “El Moy”, “El Piolín” y “El Olmos”, y cuyo paradero no ha podido ser detectado ni por la Fiscalía ni por la Fuerza Civil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) postulará a 120 candidatos “ciudadanos” a diputados y alcaldes, entre ellos a la boxeadora Jacqueline Nava Mouett La princesa azteca, el exfutbolista Daniel Osorno, la foxista Xóchitl Gálvez y el experredista Zeferino Torreblanca.
La candidatura “ciudadana” del PAN más relevante es la de Jacqueline Nava Mouett, la primera mujer campeona del Consejo Mundial de Boxeo y arquitecta de profesión, postulada como candidata a diputada federal por el distrito 8 de Tijuana, Baja California.
Por su parte, Daniel Osorno, exfutbolista profesional del Atlas de Guadalajara, será candidato a la presidencia municipal de El Salto, Jalisco, por una coalición integrada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Xóchitl Gálvez, mientras tanto, fue designada por la cúpula del PAN como candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, luego de que desistió de buscar la candidatura a diputada federal en el estado de Hidalgo, por una supuesta división interna.
En medio de inconformidades con su designación, Gálvez se reunió hoy en la sede nacional del PAN con “liderazgos panistas” de esa demarcación capitalina, informó un comunicado de ese partido, aunque omitió que no asistieron dos de los principales aspirantes: Los diputados locales Gabriela Salido y César González Madruga.
Ante ellos, allegados a Santiago Creel, la responsable de atender a los pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox prometió como primera acción de campaña hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses.
Acompañada del secretario general del PAN, José Isabel Trejo, con quien terminó mal cuando fue delegado en Hidalgo en la elección en la que ella fue candidata a gobernadora, en 2010, Gálvez dialogó con los liderazgos panistas y ofreció que en su campaña y en su gobierno no aceptará “ni rateros ni huevones ni pendejos”.
Conocida más por su lenguaje desparpajado que por sus propuestas, la panista afirmó: “Para mí todas las personas valen igual, necesitamos que todos los panistas salgamos unidos a ganar. […] Voy a convencer a México de que hay otra forma de hacer política: podré ser grosera, pero no ratera”.
Otro prospecto de candidato “ciudadano” del PAN es Zeferino Torreblanca, exgobernador de Guerrero por el PRD, a quien la cúpula panista le ofrece la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco, que también ya gobernó.
Aunque no se ha oficializado, es inminente la postulación de este peculiar empresario que supuestamente está bajo investigación por los asentamientos inmobiliarios que autorizó como alcalde y que formaron parte del desastre de las tormentas tropicales “Manuel” e “ingrid”, en septiembre de 2013.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Un gran número de candidatos independientes no pasaron los filtros del INE; los partidos políticos aprovechan para insistir que en el municipio de Cherán, Michoacán deben postularse aspirantes partidistas.
El temor de los partidos políticos al desplazamiento por las candidaturas ciudadanas se traduce en nerviosismo.
Lo anterior se evidencia en el alto número de recursos de apelación que han llegado a las salas de los tribunales electorales locales y de la federación.
De los 56 candidatos ciudadanos que lograron superar los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos 18 de ellos se encuentran impugnados.
Fueron 67 los candidatos independientes que no pudieron pasar los filtros establecidos por el INE, de los que al menos siete acudieron a recursos de apelación en la instancia judicial y siguen a la espera de que se avale su participación electoral.
De los aspirantes ciudadanos que el INE no aceptó 60 optaron desistir. Abandonaron su proyecto, toda vez que -por ley- ya no pueden ser candidatos de algún partido político.
A la lista de impugnaciones de candidatos independientes por parte de los partidos políticos, también se suma el caso del municipio indígena de Cherán, que se declaró independiente el 15 de abril del 2011. Allí, insiste el PRI en sus reclamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debe haber candidatos partidistas. La comunidad ha rechazado la presencia de los partidos en la forma de elegir a sus gobernantes.
Las primeras sentencias de desahogo de impugnaciones ante el TEPJF apuntan a la polarización social, pues mientras por un lado se inhabilita las candidaturas ciudadanas, como es el caso del independiente Alfonso Martínez Alcázar -que aspira a la alcaldía de Morelia-, en otros, como en el de Cherán, se deja abierta la posibilidad del regreso fortalecido de los partidos políticos.
La sentencia emitida por el TEPJF sobre el caso del municipio indígena de Cherán, disminuye la autonomía de la Asamblea General Comunitaria, al obligarle a revisar la posibilidad de permitir candidatos políticos a cargos de elección popular, luego de así solicitarlo algunos ciudadanos afiliados al PRI. La federación ha ordenado que juntos, el consejo de Cherán y el instituto electoral revisen la posibilidad del regreso de los partidos políticos a esa localidad.
A menos de cuatro años de haber prescrito el régimen de partidos políticos, en Cherán se registra un orden de gobierno que no se observa en ninguna otra parte de Michoacán, en donde el mayor éxito es la erradicación de la inseguridad pública, el uso de los recursos naturales en forma comunitaria y el establecimiento de un gobierno ciudadano.
Revés a las candidaturas independientes
Por inconformidad del Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un fuerte revés a las candidaturas ciudadanas, al revocar la postulación independiente de Alfonso Martínez Alcázar como aspirante a la alcaldía de Morelia.
El dictamen judicial podría no tener mayor significado si Martínez Alcázar no hubiera roto antes con Luisa María Calderón Hinojosa, aspirante del PAN a la gubernatura de Michoacán.
Tras el rompimiento, Martínez Alcázar dejó las filas del PAN y junto con él varias decenas de miles de panistas michoacanos se alejaron de la posibilidad de apoyo a la hermana de Felipe Calderón.
Por instrucción de la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Alfonso Martínez apenas logró la candidatura para contender en forma independiente, pero el comité estatal del PAN impugnó la postulación ciudadana que ya había sido avalada por el Tribunal Electoral del Estados de Michoacán (TEEM).
En el caso de Alfonso Martínez Alcázar, el TEPJF determinó que no puede contender –y por lo tanto no puede ser el contrapeso electoral que le representaría al PAN en la elección en Michoacán- “porque ejerció un cargo de dirigente partidario estatal del PAN, como Presidente de la bancada, y no renunció al partido un año antes de la jornada electoral”.
El reclamo del comité directivo estatal del PAN fue escuchado puntualmente por el TEPJF, el que emitió la sentencia para prohibir al único candidato ciudadano a la alcaldía de Morelia su participación en las próximas elecciones.
Éste podría no ser el único caso de candidatos independientes anulados desde el tribunal electoral de la federación.
Apenas salió, y ya lo buscan
Luis Antonio Torres “El Americano”, el autodefensa antagonista de Hipólito Mora Chávez que también recién obtuvo su libertad de parte de un magistrado, podría encontrarse con su enemigo en un campo de batalla distinto al de los llanos de la Tierra Caliente: como candidato a diputado federal y verse en el Congreso del país.
Fuentes del comité directivo estatal del Partido Humanista aseguraron que en esa institución existe interés en ofrecerle una candidatura al que se le reconoce también el liderazgo entre algunos sectores poblacionales de las comunidades de La Ruana y Buena Vista Tomatlán.
“El Americano” apenas salió de la cárcel, ya es buscado por funcionarios del comité estatal del Partido Humanista, a fin de establecer una mesa de diálogo para llevarlo como candidato al congreso federal, lo que evidentemente le aportaría una elevada votación.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano, en aras de explotar la rentabilidad política de los grupos de autodefensa y ante la imposibilidad de llevar como candidato al mismo doctor José Manuel Mireles Valverde –que sigue recluido en una cárcel federal-, oficializó la candidatura de la hermana del fundador de los grupos de autodefensa.
En un comunicado de prensa, el comité directivo estatal del Movimiento Ciudadano anunció que Virginia Mireles Valverde, fue electa como candidata a la diputación federal por el Distrito de Hidalgo. La protesta a la candidata que enarbola las simpatías de miles de michoacanos fue tomada por el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado Rannauro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS
El diputado del PRD y hoy aspirante a la alcaldía de Cárdenas, Rafael Acosta León, contrató a su hermana para que trabajara con él.
En complicidad con el Congreso de Tabasco, el legislador del PRD, Rafael Acosta León, incurrió en nepotismo al meter a su hermana a la nómina legislativa.
El hoy candidato del PRD al Municipio de Cárdenas, contrató a su hermana para su equipo de trabajo, lo que supone una violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tabasco.
Más grave fue que el caso de nepotismo de Acosta León fue ocultado por el Congreso de Tabasco, que con argucias legales rechazó confirmar el parentesco entre el legislador y su hermana.
Reporte Indigo tuvo acceso a las solicitudes de información y respuestas que contestó el Congreso tabasqueño sobre la situación en la que incurrió el legislador perredista.
El Congreso confirmó en sus respuestas que el diputado había solicitado la contratación de Eusebia Acosta León para el cargo de secretaria parlamentaria.
Sin embargo, el Legislativo, a través de la Dirección de Administración, rechazó confirmar la relación de consanguinidad que existe entre Rafael y Eusebia Acosta León alegando que no estaba entre sus obligaciones.
A las actas de nacimiento de los hermanos Acosta León que entregó el Congreso se les suprimió toda la información adicional para evitar confirmar el parentesco.
No solo eso. En su respuesta el Congreso se extralimitó al amenazar al solicitante de los riesgos legales que implicaba suponer si existía un parentesco entre el legislador y su trabajadora que llevan los mismos apellidos, nacieron en el mismo lugar y comparten los mismos padres.
‘Pudiese tratarse de una homónima’
Guillermo Enrique Salazar Montoya, director de Administración del Congreso tabasqueño, en su respuesta advierte que si bien es cierto que los apellidos del legislador local del PRD y su empleada coinciden “quizás se trate de una persona homónima”.
“Finalmente si bien es cierto que los apellidos de las personas objeto de la solicitud de información que nos ocupa coinciden, cierto es también que pudiese tratarse de una homónima”, escribe Salazar Montoya en su respuesta a la solicitud de información.
Y luego, el funcionario Salazar Montoya amenaza sobre posibles consecuencias legales en caso de que se haga un pronunciamiento en ese sentido.
“Se insiste que más allá de existir un impedimento legal para hacer algún pronunciamiento al respecto de un presunto grado de parentesco, el mismo sería igualmente temerario e incluso al no contar con elementos de prueba alguno, hasta podría ser constitutivo de delito”.
Para al director de Administración las únicas autoridades que pueden confirmar el parentesco entre el legislador y su hermana –y en su caso el delito de nepotismo- son las judiciales y se requiere forzosamente un juicio de parentesco y hasta pruebas de ADN.
Hoy Acosta León es precandidato del PRD a la alcaldía de Cárdenas, el segundo municipio de Tabasco más importante después de Centro (Villahermosa).
El legislador tabasqueño realizó campaña electoral sin renunciar a su cargo de diputado local.
El delito de nepotismo en el que incurrió el legislador está previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tabasco.
La legislación obligaba a Acosta León a abstenerse de intervenir en el proceso de contratación de un servidor público cuando exista interés personal, familiar o de negocios que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él y sus familiares.
No es el único
El de Acosta León no es el único caso de nepostimo que se ha registrado en el Congreso de Tabasco.
Al inicio de la actual Legislatura, Jovita Segovia, diputada ahora independiente del Municipio de Cárdenas, contrató a dos nietos.
Cuando se ventiló la denuncia, los familiares de la legisladora fueron removidos de sus cargos, a diferencia del caso de Acosta León cuya hermana sigue cobrando en el Congreso de Tabasco.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CESÁR CEPEDA.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó su respuesta al reclamo de Irinea Buendía Cortez, quien exige que el asesinato de su hija Mariana Lima Buendía –presuntamente cometido por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas–, no quede impune.
Este miércoles se tenía previsto que la instancia resolviera en una audiencia pública el amparo 554/2013, que obligaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a reabrir el caso de Lima Buendía, a fin de corregir la investigación aplicando los más altos estándares en materia de muertes violentas de mujeres.
No obstante, luego de tres horas de espera, el proyecto se enlistó para ser discutido en otra sesión sin precisar alguna fecha.
Poco antes de las 11 de la mañana, Irinea Buendía llegó a la SCJN con la esperanza de que los ministros finalmente abrieran el tantas veces bloqueado camino a la justicia.
Con ella iban su esposo, Lauro Ignacio Lima Cervantes –de 85 años– y Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género, y abogado responsable –junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– de que el caso del asesinato de Mariana Lima llegara hasta la máxima instancia de justicia del país.
Entre el silencio y la esperanza de la mujer de 62 años, estaban otros integrantes del OCNF, académicas como Lucía Melgar y Cynthia Galicia; defensoras de Derechos Humanos como Norma Andrade; representantes ciudadanos como Fernando Solís, y familiares de otras víctimas de feminicidio como Viviana Muciño, hermana de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004, y Conrado Sánchez, padre de Karen Joana Sánchez Gochi, ejecutada en 2012.
Todos hicieron suyas las escaleras y la estancia que anteceden a las salas de la SCJN.
Al paso del tiempo compartían el nerviosismo que mostraban las manos de Irinea, pues confiaban en que la eventual resolución de hoy pudiera abrir brecha para todas las mujeres, especialmente las mexiquenses, que desde hace años han sido víctimas de la violencia machista y torturadas por la impunidad.
Justicia que no llega
Entre los murales de José Clemente Orozco, Irinea Buendía Cortez–originaria del estado de Morelos– fingía no sentir el paso del tiempo. Daba abrazos a quienes llegaban y les decía que éste podría ser el gran día para las víctimas de feminicidio. Era la primera vez que los ministros de la Corte abordarían el tema.
“Lo único que espero de la SCJN es justicia y justicia, nada más”, dijo la madre de Mariana a esta agencia. Recordó que su lucha empezó la mañana del 28 de junio de 2010 cuando “Ballinas” –el presunto feminicida– le dijo por teléfono que la joven “se había suicidado”.
En un primer momento, ella no creyó lo que escuchaba porque en dos ocasiones previas su yerno le había hablado para decirle que iba a matar a Mariana, quien finalmente perdió la vida a los 25 años de edad; sólo dos años después de haberse convertido en licenciada en Derecho.
Tras esa fatídica llamada, Irinea se trasladó al municipio mexiquense de Chimalhuacán, donde encontró el cuerpo de su hija en la cama. Tenía rasguños en el cuello y golpes en la frente, la sien, el pómulo, el muslo derecho y de las rodillas para abajo; la mandíbula estaba como fuera de su lugar y tenía marcas en los tobillos “como si los hubiera tenido amarrados”.
La mujer también vio dentro de la casa dos maletas de “La Flaquita” –como le decía de cariño a su hija– con su ropa y libros. En el comedor había otra con ropa. Un día antes, Mariana estuvo en su casa y le dijo que estaba decidida a abandonar a su esposo, harta de la violencia doméstica que sufría.
Julio César Hernández Ballinas dijo a las autoridades judiciales que su esposa se había quitado la vida, que él retiró el cuerpo de donde se había colgado y lo colocó en la cama. Antes, agregó, le tomó fotografías para que la policía observara el cuerpo que pendía de una “armellita”, sujetado con un hilo de macramé de cinco milímetros de ancho.
Agentes de la PGJEM concluyeron la inspección ocular en 10 minutos. No acordonaron el lugar ni preservaron la evidencia; tampoco tomaron fotografías de toda la casa. En el colmo, durante las pesquisas nunca consideraron la violencia previa sufrida y denunciada por Mariana.
En todo momento, las autoridades creyeron la versión del judicial mexiquense, quien nunca fue detenido y, por el contrario, fue ascendido de rango dos años después del asesinato.
En septiembre de 2011, el Ministerio Público cerró el caso al concluir que no contaba con elementos para determinar la intervención de terceras personas en la muerte de la víctima.
Sin embargo, férrea en su lucha, se aprendió el expediente de su hija, acudió a todas las dependencias mexiquenses encargadas de procurar y administrar justicia, pero ninguna la ayudó.
El auxilio llegó –como en casi todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos– de las organizaciones civiles. Fue así que pudo presentar todos los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas diligencias que la misma PGJEM había omitido desde el inicio de la investigación.
En febrero de 2013, solicitaron a la SCJN la atracción del asunto y hasta septiembre del mismo año la Primera Sala admitió el caso por reunir los “requisitos necesarios de interés y trascendencia”.
Desde entonces, Irinea esperó con ansia este día. Pocos minutos después de las dos de la tarde, ella, su esposo y sus representantes legales entraron a la Primera Sala.
El corazón de la mujer que ahora se dedica a defender los derechos humanos se detenía por segundos al escuchar el número de proyecto que sería votado por los ministros. Finalmente el amparo 554/2013 fue turnado como “proyecto enlistado”, es decir, pospuesto.
Al principio sus ojos se entristecieron. No entendían lo que implicaba el término jurídico de “enlistado”. Su abogado, Rodolfo Domínguez, le explicó que la SCJN decidió resolver el amparo en otra sesión, aunque sin precisar fecha.
La madre salió al pasillo, a donde ya la esperaban –además de sus compañeras de lucha–, representantes de los medios de comunicación.
“No estoy triste, ni desilusionada, sigo esperando dos cosas de la SCJN: justicia y justicia”, dijo ante las cámaras y grabadoras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: El exlíder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, quedó formalmente preso en el penal federal de El Altiplano, localizado en el municipio mexiquense de Almoloya, acusado de delincuencia organizada.
Conocido también como “El Profe”, quien fuera además fundador del cártel criminal la Familia Michoacana, fue declarado formalmente preso por el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México.
Detenido el 27 de febrero pasado por la Policía Federal en Morelia, Michoacán, “La Tuta” está acusado dentro de la causa penal 19/2014 por su probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada en las modalidades contra la salud y secuestro.
Como uno de los jefes del narcotráfico en la entidad, sostuvo una confrontación armada permanente con el gobierno de Felipe Calderón y en especial con la PF.
Originario del municipio de Arteaga, donde fue profesor rural, Servando Gómez participó en la creación de la Familia Michoacana, luego de que ese grupo se separa de Los Zetas.
Según el portal morelia.com, su hija Alejandra Sayonara Martínez Patiño está en la nómina de la Secretaría de Educación de Michoacán como profesora en Arteaga.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, solicitó a Alfredo Hernández García su separación de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), debido a que fue acusado de entregar contratos por más de 70 millones de pesos para la compra e instalación de luminarias a la empresa donde trabaja su esposa.
Alfredo Hernández García es el segundo integrante del gabinete de Mancera Espinosa que sale por acusaciones por corrupción y conflicto de intereses; el primero fue Édgar Armando González Rojas, quien en octubre de 2014 fue separado de la Oficialía Mayor.
Ayer por la noche, a través de un comunicado, Mancera Espinosa informó que su decisión es “para facilitar las indagatorias que ya iniciaron la Contraloría General y la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos (de la Procuraduría General de Justicia del DF) por un caso de presunto conflicto de interés”.
Mancera Espinosa agregó que la separación del cargo del también exdirector de Tránsito de la policía capitalina tiene el propósito de que las indagatorias “sobre un contrato de luminarias que realizó la Secretaría se lleven a cabo con total transparencia y apegadas a derecho para deslindar las responsabilidades correspondientes al caso”.
Al final del comunicado, el titular del GDF aseguró que con estas acciones “refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública”.
Ayer miércoles, el periódico El Financiero publicó una nota en la que asegura que Alfredo Hernández García otorgó dos contratos millonarios a Planet Ingeniería, empresa donde la esposa del funcionario, Erika Molina Barragán, es directora comercial.
Según la publicación, bajo los expedientes EO-909005994-N28-2014 y EO-909005994-N29-2014, el 20 de octubre de 2014 Planet Ingeniería recibió dos contratos: uno por 30 millones 847 mil 254 pesos, y otro por 40 millones 483 mil 631 pesos.
Agrega que, “de acuerdo con la página de Transparencia del GDF (artículo 14, fracción 27), ambos contratos se firmaron para que la empresa realizara trabajos de ‘renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte (en el segundo contrato son las nueve de la zona sur; es decir, la totalidad de las demarcaciones) en el marco del Programa Decisiones por Colonia 2014; consistente en el retiro de luminaria existente, la instalación de luminaria tipo oval con lámpara y balastro de última generación y todos los trabajos necesarios’”.
La nota asegura que en los dos contratos se establece como fecha de inicio el 21 de octubre y, como fecha de terminación, el 20 de diciembre, ambos de 2014.
Por último, señala que en su página de Transparencia, la Sobse justifica la elección de la empresa donde labora su esposa, argumentando que “reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas en las bases de la invitación”.
Además del servicio de las luminarias para las 16 delegaciones, Alfredo Hernández García era el encargado de dar seguimiento al programa de rehabilitación de la Línea 12, que justo cumple un año del cierre de 11 de sus 20 estaciones y, con ello, la afectación diaria de más de 450 mil pasajeros.
El funcionario operó el contrato de más de 50 millones de pesos para que la empresa francesa Systra evaluara los daños en vías y trenes y el programa de trabajo para que, según el calendario, se ponga en operación en noviembre próximo.
Además, Hernández García era encargado de la construcción del doble túnel de Mixcoac, obra que desde su reciente inicio recibió el rechazo de los vecinos de la zona, quienes cuestionan su utilidad y beneficio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
La precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, fue encontrada muerta ayer. La corriente de Nueva Izquierda condenó el asesinato y pidió que no se descarte ninguna línea de investigación, incluso el narcotráfico.
En octubre de 2012, Francisco Quiñones Nava -hijo de Francisco Quiñones Ramírez, quien era alcalde de Ahuacuotzingo, Guerrero, y de Aidé Nava González- fue secuestrado.
En un video que circuló por Youtube, el muchacho pide a sus padres que paguen 300 mil pesos a un grupo de individuos que lo tienen raptado.
Ahí, Quiñones Nava asegura que fue secuestrado el 12 de octubre del 2012 y que lleva 121 días en poder de sus plagiarios.
Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Dos años después, el 29 de junio del 2014, un grupo armado emboscó y ejecutó al exalcalde perredista.
Quiñones Ramírez viajaba junto con su esposa a bordo de una camioneta Ford Lobo. La Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) indicó que se dirigían de Chilapa a Ahuacuotzingo y que Nava González recibió impactos de bala.
El exalcalde, gravemente lesionado, fue trasladado al hospital de Chilapa y luego al hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, donde finalmente falleció.
En aquella ocasión Nava González señaló al alcalde priista de su municipio, Daniel Hernández Casarrubias, como uno de los presuntos responsable del asesinato de su esposo.
El 10 de marzo de este año, Aidé Nava González -virtual candidata del PRD para alcaldía Ahuacuotzingo- fue secuestrada por un grupo armado, mientras circulaba en una camioneta Lobo de color blanco de Chilapa a la cabecera municipal en compañía de un grupo de sus colaboradores.
Ayer, fue encontrada muerta. Estaba decapitada y presentaba huellas de tortura.
El hallazgo se registró sobre un camino de terracería que conduce al poblado de Oxtotitlán, de acuerdo al reporte oficial.
Proceso refirió que el cadáver fue cubierto con una manta y junto a él, un mensaje:
“Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chaqueteros. Atte. Puro Rojo ZNS”.
Ahuacuotzingo está a menos de 50 kilómetros de Chilapa, territorio dominado por el grupo delictivo de Los Rojos, cártel rival de los Guerreros Unidos con el cual fueron vinculados el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos presos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Nava González pertenece al grupo Nueva Izquierda y se registró el sábado pasado para contender como candidata del PRD.
La cúpula de Nueva Izquierda en Guerrero anunció ayer que realizarán una caravana hacia la cabecera municipal de Ahuacuotzingo para acompañar el sepelio de su precandidata.
Sebastián de la Rosa Peláez, diputado federal y líder de Nueva Izquierda en Guerrero, condenó el asesinato de Nava González y pidió que no se descarte ninguna línea de investigación, incluso el narcotráfico.
De la Rosa Peláez recordó la acusación que la perredista hizo hace nueve meses cuando su marido fue asesinado.
“Si yo fuera el fiscal y la acusación consta en autos de la averiguación (contra Daniel Hernández Casarrubias) del asesinato de Quiñones yo inmediatamente estaría tomando eso como una línea... Pero reitero, las autoridades son las que determinan, no voy a sugerir ninguna línea, exijo que no descarten ninguna línea”, dijo.
Garantizan elecciones
La Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó el asesinato de la precandidata perredista, Aidé Nava González, pero garantizó las condiciones para el desarrollo del proceso electoral del 7 de junio.
El delegado en Guerrero de la Segob, Erick Castro Ibarra, indicó que hay condiciones para que el proceso electoral se desarrolle de manera transparente y ordenada.
“(La Segob) está abierta a que nos soliciten seguridad, el Gobierno Federal siempre está sumado a apoyar y coadyuvar, siempre y cuando haya una petición formal y debe de ser en pleno acuerdo entre los órganos electorales y los propios partidos políticos”, señaló Castro Ibarra.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Por primera vez, los aspirantes independientes a una diputación contarán con financiamiento público para gastos de campaña.
La posibilidad de que un candidato independiente se convierta en diputado es cada vez más real.
El Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que se determinan las cifras de financiamiento público para gastos de campaña y de las franquicias postales de los candidatos independientes para contender al cargo de diputado federal por la vía de mayoría relativa.
En sesión extraordinaria, se avaló por unanimidad que el monto de financiamiento público para los candidatos independientes a diputados federales para el proceso electoral 2014-2015 sea de 23 millones 457 mil 274 pesos.
Esta cifra equivale al financiamiento público para gastos de campaña que correspondería a un partido político de nueva creación y se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos independientes que en su momento obtengan su registro.
Además, estableció que ningún candidato independiente podrá recibir financiamiento público para gastos de campaña por una cantidad mayor al tope máximo para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, que es un millón 260 mil 038 pesos.
Proceso eficaz
El INE instruyó a que al día siguiente de que los candidatos independientes reciban su registro se hagan las gestiones necesarias para que se les ministre el financiamiento por concepto de gastos de campaña que les corresponda, así como los derivados de la franquicia postal.
La consejera San Martín Ríos y Valles aclaró que por primera vez en un proceso electoral federal se otorgará financiamiento público para candidaturas independientes.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El pasado martes 10, mientras los senadores designaban a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la red social Twitter rebotaban los temas “Me Pongo Nervioso Cuando”, “Hoy no pude” o “Dios no me hizo guapo”. El tema “Medina Mora” apenas llegó a la quinta posición de los trending topics.
Esta situación no se explica por el desinterés político de los más de 11 millones de usuarios de Twitter en México. Hay otra razón:
“Las cuatro primeras tendencias fueron el producto de bots, cuentas apócrifas y automatizadas, lo revisé ayer”, afirma en entrevista con Apro el activista Alberto Escorcia.
“Es un sistema sofisticado porque silencian la tendencia sin que se note, tú piensas que alguien está detrás de la broma, pero son puros bots”, explica el especialista.
Al sustituir tendencias de Twitter por otras más anecdóticas, los bots permiten el “control de la libertad de expresión”, estima Escorcia. Y sigue: “cuando desapareces una tendencia haces que la gente no se organice, que nos se conozca entre sí”.
Desde hace dos años, Alberto Escorcia rastrea a las redes de bots –a los que denomina los “ciber acarreados”–, utilizadas tanto con fines políticos como comerciales para crear trending topics en Twitter a la velocidad de 150 mensajes por segundo.
Según el activista, existen dos tipos de bots. El “ingeniero” es una cuenta totalmente automatizada, con fotos de personas en general guapas, que reacciona a órdenes simples como enviar un twit. Aislado, un “ingeniero” es totalmente inútil, por lo que sus operadores suelen manejar grupos de entre 100 y 150 cuentas.
El bots “híbrido” lleva un carácter más sutil, según Escorcia. Se trata del perfil de un usuario real, quien “alquila” el acceso a su cuenta a una empresa de mercadotecnia digital. El usuario puede entonces tener una actividad normal en la red social, pero transmitirá los mensajes que le dicta la empresa.
De acuerdo con el entrevistado, estas empresas cobran alrededor de 50 mil pesos por la utilización de un grupo de 150 cuentas “zombis”.
Rastrear e impedir
Desde hace un mes, Alberto Escorcia amplió su proyecto. Ahora quiere crear un programa gratis y accesible en línea que permita seguir en tiempo real y de manera gráfica las tendencias de Twitter para detectar la actividad de los bots y desarticular sus acciones.
Al observar un movimiento de grupos de bots que se convertirá en una tendencia, el activista asegura que podrá prevenir una red de usuarios, los cuales denunciarán los mensajes automatizados y bloquearán la iniciativa maligna antes de que oculte a los demás temas.
El entrevistado apunta hacia la pantalla de su computadora, a lo que parece una cartografía del espacio: un fondo negro y miles de puntos ligados entre sí por hilos de colores, los cuales forman burbujas de color.
Luego explica que en un sistema de conversación normal entre varias personas se forman vínculos directos e indirectos entre ellas. En su pantalla, una conversación de Twitter parece una molécula con el tema de la plática en el centro y en su alrededor gravitan sus participantes como átomos.
Los bots, al contrario, no se relacionan entre sí ni con los demás, por lo que, en la pantalla de Escorcia, adoptan formas muy particulares que traicionan su presencia.
Una parte de ellos forma un círculo lejano del centro de la plática, que se parece a los anillos de Saturno. La otra parte se ensambla en “tumores”, representadas por enormes manchas monocromáticas.
Y los bots “burdos” –que suelen utilizar los gobernadores como el veracruzano Javier Duarte Ochoa o el poblano Rafael Moreno Valle o el Gobierno del Distrito Federal–, salen como espinas de las cuentas oficiales a las que están asociadas, ya que consisten simplemente en repetir los mensajes de los políticos.
“Censura suave”
Al detectar cuentas de Twitter que actuaban de manera extraña durante las elecciones presidenciales de 2012, Alberto Escorcia se percató que la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, utilizaba una red de bots mediante la cual creaba tendencias, desarrollaba su promoción y desprestigiaba a sus rivales en las redes sociales.
Pero en 2012, la técnica apenas iniciaba en México y se refinó con el tiempo, hasta llegar al impresionante despliegue de 56 mil cuentas apócrifas –según los cálculos de Escorcia–, las cuales se activaron para invisibilizar el lema “Ya me cansé”, en referencia al estado físico del exprocurador, Jesús Murillo Karam, al momento de dar por concluida la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Escorcia afirma que la relegación al quinto plano en las redes sociales de un tema relevante como la polémica designación de Eduardo Medina Mora no resulta sorprendente: en la administración de Enrique Peña Nieto, sostiene, los bots actúan prácticamente a diario, aplicando una “censura suave”.
“Hay una invasión de bots en este país. Atacan desde la derecha, el PRI e incluso de Morena”, asegura y subraya que “en general, apoyan y protegen a Peña Nieto”.
El entrevistado cuenta que se sorprendió al descubrir que Morena también utiliza bots. “Lo preocupante es que lo consideren como una opción, porque si alguien utiliza bots es porque no tiene apoyo real”, analizó.
Escorcia se considera como “un activista en la guerra por la información” que se está librando en México. “Estamos viendo una guerra contra la población, contra la información, contra el libre conocimiento. Todo es un combo completo contra lo que es libre”, plantea.
Por último, estima que “en México todo es un sistema autoritario: te imponen la compra de ciertas cosas, te imponen políticas a través de acarreados, de imposición”.
No es raro, dice, que una de las principales y más frecuente víctima de los ataques de bots en México es la periodista Carmen Aristegui.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que MVS emprendiera una campaña en la que, sin mencionarla por su nombre, acusara a la periodista Carmen Aristegui de “abuso de confianza”, esta noche esa empresa emitió un segundo comunicado en el que incluso saluda la puesta en marcha de la plataforma Méxicoleaks.
Por la mañana, la cadena difundió un primer comunicado y realizó anuncios en sus espacios noticiosos para deslindarse de la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks, en la que participa Aristegui.
Sin embargo, más tarde MVS matizó que “la alianza entre algunos medios de comunicación y organismos de la sociedad civil para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks merece todo nuestro respeto. La saludamos, como una iniciativa legítima de la sociedad y le damos la bienvenida como a cualquier otra plataforma”.
No obstante, reiteró, “el que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración, es inaceptable”.
Más aún, advirtió que “las alianzas estratégicas de MVS Radio las decide la administración de la empresa, no sus conductores o colaboradores. El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa.
“Nada más, pero nada menos”, sentenció MVS.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La senadora Luz María Beristaín Navarrete entregó al gobernador Roberto Borge una carta firmada por 10 representantes senatoriales en la que le piden la liberación inmediata de los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de esa localidad, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, acusados de sabotaje.
Brito Piña es además secretaria de Finanzas del comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ambos fueron detenidos el pasado 15 de agosto, acusados de sabotaje tras encabezar protestas por el aumento de tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la zona maya.
Este miércoles, en rueda de prensa, acompañada de Juan Alberto Bermejo Varela, abogado de los activistas, la senadora dio lectura a la carta firmada, entre otros, por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa; la vicepresidenta del grupo parlamentario del PRD, Dolores Padierna y el ahora senador independiente, Alejandro Encinas.
En ella, los senadores, solicitan al gobernador, “de la manera más atenta” que ordene la inmediata libertad de Alfredo Esquivel y Cab y Teresita del Carmen de Atocha Brito Piña, “víctimas de la corrupción del sistema penal mexicano, tristemente”.
En la carta, que fue entregada en la Casa de Gobierno de Chetumal, los senadores no abogan por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, también acusado de sabotaje y quien fue detenido tras divulgar un video en el que critica al gobernador Roberto Borge.
Al dar lectura a la carta, la senadora por Quintana Roo, refirió que Esquivel y Cab y Brito Piña han sufrido violación a sus derechos humanos en un proceso “lleno de irregularidades jurídicas”.
También acusó que en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, se ha deteriorado la integridad física y psicológica de los activistas.
La senadora denunció que a pesar de que el juez Sexto de Distrito, ordenó reponer el proceso y de que no hay elementos de convicción para tipificar el delito de sabotaje, el juez Penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruíz Ortega ratificó el auto de formal prisión contra los activistas.
La Unidad del vocero del Gobierno del estado distribuyó el martes pasado un comunicado y fotos de la reunión entre la senadora y el gobernador, pero no menciona la entrega de la carta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
.jpg)
.jpg)