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Detienen a 7 federales por otro secuestro en Matamoros; van 21 en marzo

Los secuestradores pedían 2 millones de pesos por el rescate de un exfuncionario municipal.

Siete elementos de la Policía Federal (PF) fueron detenidos en un operativo la tarde de este jueves 12 de marzo por su presunta participación en el secuestro y extorsión del exdirector de Protección Civil de Matamoros, Tamaulipas, Saúl Hernández Bautista.

Esto ocurre a menos de una semana de que militares detuvieran en el mismo municipio fronterizo a catorce policías federales que secuestraron al empresario mexicano Rafael Gómez Garza, que identificó a los autores del plagio que exigieron 2 millones de dólares por el rescate. Los elementos detenidos formaban parte de un equipo de apoyo en operativos de seguridad por la violencia de la zona.

En el caso del exdirector de Protección Civil de Matamoros, los presuntos criminales lo detuvieron la noche del pasado martes 10 de marzo y lo obligaron a bajar de su camioneta para después subirlo a una patrulla con el número de unidad 17229. Le quitaron el auto y la cartera. Le pidieron la contraseña de la tarjeta bancaria que portaba para realizar un retiro en un cajero automático, según informa el diario Reforma.

Antes de liberarlo, los secuestradores lo mantuvieron privado de su libertad durante dos horas frente a una escuela de nivel medio superior ubicada al norte de la ciudad tamaulipeca. El acuerdo para dejarlo libre consistió en que Hernández Bautista tendría que entregarles esa misma semana 50 mil pesos en efectivo, si no lo volverían a detener.

La entrega se acordó en el Aeropuerto Internacional Servando Canales, donde elementos de la Dirección de Asuntos Internos e Investigación de la Policía Federal, antes alertados por la víctima, desarrollaron un operativo donde detuvieron a los agentes federales para entregarlos a las autoridades de la Procuraduría General de República (PGR) para que rindieran sus primeras declaraciones.


Saúl Hernández Bautista estuvo en funciones durante la administración del exalcade priista, Erick Silva Santos, de 2008 a 2010.ç

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

En ocho años la PGR sólo consignó uno de cada 100 casos de tortura

Sólo en el 33% de las averiguaciones se aplicó el Protocolo de Estambul para identificar el maltrato.


En ocho años, la Procuraduría General de la República (PGR) apenas consignó 1 de cada 100 casos de presunta tortura y solo en la tercera parte de las averiguaciones realizó el peritaje que marcan los estándares internacionales.

Según cifras de la PGR reveladas vía transparencia, de 2006 a 2013 se iniciaron mil 319 averiguaciones previas por casos de presunta tortura cometida por autoridades federales, ya sean soldados, marinos, policías o agentes del Ministerio Público. No obstante, sólo 12 se consignaron ante un juez, es decir, el 0.9% del total o 1 de cada 100 denuncias. Además, aunque la PGR no precisa en cuáles, algunas de estas consignaciones fueron sin personas detenidas.

Cifras incluidas en la solicitud de información 0001700136214 revelan que sólo en 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR reportó el inicio de mil 064 averiguaciones previas por presunta tortura, mientras que en los siete años anteriores sólo se registraron 255 en total.


Sin embargo, las mismas cifras muestran que este incremento en casos abiertos por presunta tortura no se vio reflejado en los resultados. En 2013 se consignaron únicamente 4 averiguaciones, la misma cantidad que en 2010, año en el que se realizaron sólo 18 averiguaciones previas.


El 22 de  noviembre del 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam reconoció en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación que existía un desorden en el mecanismo de apertura de las denuncias, incluso con supuestos casos duplicados,  situación que en lugar de agilizar las investigaciones las entorpecía.

Este lunes 9 de marzo se dio a conocer el informe final del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, el cual advirtió que la tortura, además de ser una práctica generalizada en el país, ocurre “en un contexto de impunidad”, situación que es “un aliciente para su repetición y agravamiento”.

¿Y el protocolo para acreditar tortura?

En otra solicitud de información, folio 0001700000614, la PGR reportó a través de su Coordinación General de Servicios Periciales que de 2006 a 2013 aplicó el dictamen médico y psicológico que marca el  Protocolo de Estambul,  herramienta vital para reconocer si una persona fue torturada, en un total de 447 casos.

Si se cruza esta cifra con las mil 319 averiguaciones previas abiertas, se advierte  que aun cuando se considere que por cada expediente hubo un peritaje, dos de cada tres casos se quedaron sin el procedimiento del Protocolo de Estambul.

Una memoria documental dada a conocer por la misma PGR en noviembre del 2012 bajo el título Dictamen Médico /Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, presumía que México adoptó desde el 2003 el protocolo y que su aplicación era obligatoria.


“México fue el primer país en el mundo en llevar a cabo el proceso de contextualización del Protocolo de Estambul, mediante su adopción en agosto de 2003, a través del Acuerdo A/057/03 que vuelve obligatoria la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico en las investigaciones federales a cargo de la Procuraduría General de la República” dice el documento.
Esto significa que en cualquier averiguación previa iniciada a nivel federal, como las mil 319 abiertas en ocho años, debieron aplicarse los peritajes que marca el protocolo.
Dos problemas: la ley y los que investigan


El combate a la tortura en México tiene dos obstáculos: una ley incompleta y obsoleta y falta de independencia en las investigaciones, según el análisis de la experta en Derecho Penal y consultora de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE), Isabel Martínez Álvarez.

La especialista recordó que en México existe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, pero esta data de 1991 y su última reforma fue en el 94. Dicha ley no incluye todos los estándares marcados por la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, y menos lo dictado en tratados más recientes.

Por ejemplo, el artículo 3 de la ley en México dice textual:

 “Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión”.

Esta definición trae una condicionante de “gravedad” que no existe en la definición de tortura marcada en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,  el cual  sanciona cualquier tipo de maltrato. “¿Quién define qué es grave o no? Resulta que la misma autoridad”, señaló Martínez Álvarez.

Otro obstáculo en México es que existen 31 códigos o leyes distintas para sancionar la tortura, las de los estados, con definiciones que  no están homologadas.  El peor caso es el de Guerrero donde el delito no está ni tipificado.

El otro tema es el de la investigación.  De acuerdo con el informe del relator de Naciones Unidas, en México existe tolerancia o complicidad de los funcionarios para no resolver los casos.

Martínez Álvarez subrayó que dicho problema radica desde el mismo diseño  del sistema de justicia, pues  en la mayoría de los casos los peritos y agentes ministeriales que investigan son de la dependencia acusada.  Es decir, se convierten en juez y parte.


“Por ejemplo, el problema con el protocolo de Estambul es que lo hacen peritos del Estado. Le estás diciendo a la misma persona que trabaja para la institución torturadora que te haga un peritaje y de hecho las convenciones lo que te hablan es que el perito tiene que ser imparcial”, dijo la especialista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/03/en-ocho-anos-la-pgr-consigno-1-de-cada-100-casos-de-tortura/.

Procuradores deben garantizar los derechos humanos, asegura Arely Gómez

México, DF. La procuradora general de la República, Arely Gómez González, afirmó que los procuradores de justicia del país tienen un “renovado compromiso de cumplir el delicado objetivo de investigar y perseguir el delito con toda firmeza y al mismo tiempo ser los primeros garantes de los derechos humanos puesto que nuestra delicada labor debe sustentarse en escuchar, representar y proteger a las personas con la finalidad de hacer justicia”.

Al inaugurar los trabajos de la primera sesión regional del centro del país de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, se dijo “convencida de que la transparencia y la rendición de cuentas deben de ser el eje rector de la política institucional que guíe nuestros trabajos; ellas no sólo son exigencias ciudadanas a las que debemos responder sino que son las bases para generar legitimidad y confianza sobre nuestro desempeño que permitan una nueva era de colaboración ciudadana con la institución”.

Resaltó que “las instituciones de seguridad pública pero específicamente las que tenemos el objetivo de investigar y perseguir el delito nos enfrentamos al desafío que supone la puesta en operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

Apuntó que los encargados de procurar justicia darán “respuesta al legítimo reclamo social de mejorar la investigación ministerial en los casos de desaparición forzada y de tortura, se trata también del cumplimiento al mandato que emitió en diciembre pasado el Consejo Nacional de Seguridad Pública a través del cual la Conferencia de Procuradores deberá aprobar un protocolo para la investigación ministerial, policial y pericial de desaparición forzada y otro en los mismos términos para el caso de tortura”.

Y mencionó que ambos instrumentos serán aprobados en su reunión plenaria, y mencionó que la PGR se ocupará de “dar seguimiento a los compromisos que en materia de búsquedas de personas nos hemos dado tales y como la implementación de bases de datos AM-PM y la participación de las instituciones del Ministerio Público en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas y asimismo otro tema de interés nacional como lo es el robo de hidrocarburos y delitos relacionados para cuyo combate eficaz es necesario acordar los mejores parámetros de colaboración”.

Gómez González indicó que los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia buscarán “mejores formas de colaboración” para atender problemas como la trata de personas, integrar las brigadas de prevención del delito y llevar a cabo programas de promoción de la denuncia ciudadana.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

Cadena Tres y Radio Centro tendrán televisión: IFT

Las empresas ganadoras obtienen cada una 123 zonas de cobertura con alcance a mas de 106 millones de personas.

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió el fallo por el que declaró ganadores a Grupo Radio Centro y Cadena Tres en la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital.

El presidente del órgano regulador, Gabriel Contreras, precisó que de acuerdo con el fallo, que calificó de inédito y transparente, las empresas ganadoras obtienen cada una 123 zonas de cobertura, que conforman en cada caso una cadena nacional.

Grupo Radio Centro presentó una oferta económica por una cadena nacional de televisión abierta digital por tres mil 58 millones de pesos, y una propuesta de cobertura de población a servir sin traslapes de 106 millones 302 mil 186 personas.


Por su parte, Cadena Tres presentó ante el Ifetel una propuesta económica de mil 808 millones de pesos, y una oferta de cobertura nacional de 106 millones 302 mil 186 habitantes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘El sistema hegemónico volvió con el PRI’: Arturo Rodríguez

El periodista habla en entrevista sobre su libro, ‘El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis’.

El PRI cambió de indumentaria pero en esencia sigue siendo el mismo de siempre. Bajo este planteamiento, Arturo Rodríguez García, desarrolla una investigación donde expone los primeros años de Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia. A través de El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis (Grijalbo), el reportero del semanario Proceso analiza el regreso del partido tricolor al poder.

Al margen de la investigación, su libro pareciera que se escribió con la nota diaria. 

Como periodista procuramos mantenernos actualizados. Algunos temas nos alcanzaron en el cierre, uno de ellos fue la situación en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. Lo incorporamos con una visión de largo aliento porque entonces no teníamos la claridad de ahora. A final de cuentas pudimos establecer unas líneas generales que nos permiten ubicar en un contexto histórico el regreso del PRI y la reedición de una serie de mecanismos como el autoritarismo.

Durante la presentación de su libro en la FIL de Minería, declaró que no le gustaba el uso de la palabra ‘autoritarismo’ en el título. 

Cuando el editor me propuso el título, me resultaba difícil aceptarlo. Los reporteros tratamos de evitar los adjetivos sobre todo en la cabeza, pero conforme revisamos el contenido descubrí que el concepto resume la realidad del país. Las decisiones se toman en las cúpulas del poder sin pensar en el consentimiento de los ciudadanos; se ejerce el derecho a mandar mediante recursos coercitivos. El Pacto por México fue un acuerdo entre cúpulas. El Congreso se comportó como una oficialía de partes. Cuando los ciudadanos protestan contra las reformas son reprimidos con la fuerza pública. Este tipo de factores validan del uso del término ‘autoritarismo’.

Sin embargo, al principio el gobierno vendía la idea del Pacto por México y las reformas, como ejemplares negociaciones políticas. 

En el libro planteo la hipótesis de que en el pasado hablábamos de un sistema hegemónico cuando existía la simbiosis entre partido y gobierno. Hoy la hegemonía volvió con diversidad de siglas. El Pacto por México es el ejemplo más claro. La vieja nomenclatura se reagrupó en las distintas fuerzas políticas. La mayoría de los gobernadores de oposición son de extracción priísta. A final de cuentas son los mismos desperdigados en distintas fuerzas políticas.

¿Esto no es también responsabilidad de la oposición?

Lo que sucede es que no hay oposición. Forman parte de las mismas élites de poder, son redes familiares de negocios y amistad. En los velorios o bodas convergen PRI, PAN y PRD, todos son parte de la misma red.

¿Podemos hablar de una modernización del PRI, se adaptó a los tiempos?

Hay una gran capacidad de adaptación entre los priístas. En el 2000 perdieron la presidencia y para 2006, eran la tercera fuerza. Sin embargo para la elección intermedia de 2009, regresaron al primer lugar. Una explicación reposa en el hecho de que si bien perdieron poder a nivel federal, en los estados lo mantuvieron.  Su momento más crítico fue por ahí de 2004 cuando dejaron diez gubernaturas. Al tener gobiernos estatales conservaron su fortaleza presupuestal. Otra razón es la descentralización educativa porque los gobernadores controlaban la estructura magisterial. Gracias al consenso de los grupos políticos y económicos desarrollados al amparo del poder fue posible la candidatura de Enrique Peña Nieto. Esta serie de factores posibilitaron su regreso.

¿Pero qué pasó con la sociedad en este periodo?

Uno de los aspectos que logramos documentar desde hace años es que a la mayor parte de la sociedad no le interesa la política. La percibe como un ámbito lejano. En los procesos de mayor participación encontraremos que el cincuenta por ciento sale a votar, de estos habría que ver cuántos forman parte de la maquinaria clientelar. En este contexto, hablar de la sociedad es complicado porque no participa activamente. Sin duda esto facilita que las clases gobernantes mantengan la dinámica política a su antojo. Pero todavía es más responsable el sistema político porque no facilita las cosas para que la sociedad participe. Históricamente la participación ciudadana es reprimida, así lo hemos visto desde la Revolución hasta los normalistas de Ayotzinapa.

En el libro plantea la forma en que se ha endurecido de manera paulatina el gobierno de Peña Nieto. ¿La llegada de Medina Mora a la Suprema Corte es parte de esta tendencia?

El endurecimiento es muy contundente y por supuesto tenemos que incluir lo de Medina Mora. Sin embargo, es necesario ir más atrás. En la vorágine reformista nos metieron goles sin que nos diéramos cuenta. Se asumió la convicción de que los gobernadores eran desmedidos y corruptos, entonces les quitaron el sector educativo y la capacidad de decisión local sobre organismos autónomos como el electoral o el de medios de comunicación. Efectivamente se les restaron margen para ejercer el autoritarismo pero a cambio el poder se concentró una vez más en el centro del país y en la figura presidencial. Con las reformas sucedió lo mismo, la reforma de telecomunicaciones le da un poder desmedido al presidente de la república. Hoy se reedita la capacidad de poder quitar gobernadores, algo que no veíamos desde el 95 o 96.

¿Cómo llega el PRI a las elecciones intermedias de junio?


No sé, aún no tengo los elementos para hacer una prospectiva. Lo que sí veo es que ya hay carros completos para el PRI, pienso en Coahuila o Colima. Independientemente de a quién favorezca el resultado electoral, vivimos tiempos en los que participamos de una mascarada democrática. El resultado electoral no importa porque son los mismos. Nos creímos demasiado la transición democrática, pensamos que era en serio pero la realidad es que los mecanismos se perfeccionaron para darnos una idea de democracia que no corresponde con la realidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La reforma laboral no ha incentivado el empleo, admite Navarrete Prida

México, D.F. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló hoy que no va a poder haber recuperación de los salarios por otra vía, que no sea la productividad y sostuvo que esto no se dará pronto.

Al presentar el informe de resultados de la Reforma Laboral, el funcionario aseguró además que las modificaciones que se llevaron a cabo a la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales se flexibilizó las formar de contratación, “no precarizó el empleo”, aunque tampoco ha incentivado la generación de trabajo para segmentos de población como los jóvenes.

Navarrete Prida dijo que no se trata de dar un discurso “triunfalista” en materia laboral, porque falta aún mucho por hacer en este tema ya que sigue estando un 57 por ciento de la población en la economía informal; se mantiene el reto de reducir el número de los 2.5 millones de niños que laboran en el país y un 45 por ciento de los trabajadores no están capacitados suficientemente para cubrir sus actividades.

En cuanto a justicia laboral expuso que tan solo en lo que va del presente año, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha recuperado 300 millones de pesos de las Afores para los trabajadores.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ.

“Pareciera que es toda una estrategia publicitaria” del PVEM, razona el TEPJF

Anuncia una nueva sanción al PVEM por la difusión reiterada y sistemática de promocionales del Verde.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la Sala Regional Especializada deberá emitir una nueva sanción al PVEM por la difusión reiterada y sistemática de promocionales identificados como “Verde sí cumple”.

El pleno del tribunal revocó, por mayoría, la amonestación pública impuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el órgano jurisdiccional, al considerar que no existe congruencia entre la falta cometida, la cual violentó el modelo de comunicación política previsto en la Constitución, y la sanción aplicada.

El magistrado Manuel González Oropeza dijo que no se debe analizar aisladamente la conducta del partido, ya que es público y notorio que desde septiembre de 2014 sus promocionales, aunque con distintos legisladores, fueron usados para emitir los mismos mensajes.

“Esto evidentemente impacta el ánimo de cualquier votante, dada la periodicidad, lo sistemático, pareciera que es toda una estrategia publicitaria”, señaló, según un comunicado emitido por el Tribunal Electoral federal.

En tanto los magistrados Pedro Esteban Penagos López y José Alejandro Luna Ramos, presidente del tribunal, estimaron que la sentencia de la Sala Especializada no fue congruente en sus consideraciones y la sanción impuesta al PVEM debió ser una multa.

Por ello coincidieron en regresar el expediente a ese órgano para que, en uso de sus facultades, aplique la pena correspondiente a la calificación que recibe la falta cometida.

Para los magistrados María del Carmen Alanis y Salvador Nava Gomar la falta cometida por el partido fue muy grave, ya que se generó una sobrexposición de ese instituto político en los medios de comunicación, por lo que consideraron se debe reindividualizar la sanción.

El magistrado ponente, Constancio Carrasco Daza, tampoco coincidió con la calificación de la falta y con la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada, al señalar que la conducta denunciada fue contraria al modelo de comunicación política prevista en la Constitución.

Detalló que en el periodo del 18 de septiembre al 9 de diciembre de 2014, el Verde Ecologista de México difundió 109 mil 257 spots de informes de diputados federales y 130 mil 29 de los senadores de la República, lo que da un total de 239 mil 286.

En contraparte el magistrado Flavio Galván Rivera se pronunció por confirmar la sentencia de la Sala Regional Especializada, al coincidir con el criterio de ésta en el sentido de que la difusión de los promocionales en sí misma no constituye violación a la legislación.

Sin embargo expuso que lo que constituye la infracción es la difusión reiterada, permanente y continua de los mensajes, conducta ilícita que se propuso sancionar.

Por mayoría, el pleno del TEPJF rechazó la propuesta de Galván Rivera para confirmar la resolución de la Sala Regional Especializada, por la qUENTEue se determinó amonestar públicamente al Partido Verde por incumplir con su responsabilidad de vigilar la conducta de uno de sus militantes.

Alanis Figueroa argumentó que se debe considerar la conducta denunciada como grave, toda vez que se acredita una violación al modelo de comunicación política, previsto en el Artículo 41 de la Constitución.


Destacó que dicha falta debe ser considerada como grave en atención a la maquinación y la forma sistemática en que se realizó, y solicitó que se diera el mismo tratamiento que al SUP-REP3/2015 y acumulados, que se refieren a la campaña “Verde sí cumple”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El PRD autoriza aliarse con el Panal en el DF

MÉXICO, D.F: El Comité Ejecutivo Nacional del PRD autorizó que este instituto político se alíe en el Distrito Federal con el Partido Nueva Alianza (Panal), creado por la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo.

Así, el PRD competirá en el Distrito Federal en coalición con el PT y el Panal, frente a su principal adversario en la capital: el Movimiento de Regeneración Nacional.

El periódico El Universal publicó el pasado dos de marzo que las intenciones del PRD en el Distrito Federal se desplomaron del 29.1 al 15.3 por ciento en los últimos meses.

De acuerdo con dicho estudio, el segundo lugar en las preferencias electorales para la renovación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el Movimiento Regeneración Nacional, con 6.7 por ciento.

Los últimos meses se ha desatado una renuncia masiva de militantes perredistas que denunciaron a la dirección del partido de ser un aliado del gobierno federal; entre las salidas más destacadas se encuentran las de Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Encinas y María Rojo.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

#EnDefensaDeAristegui. Cibernautas defienden a Aristegui; no entraré a “pleito artificial”, advierte la periodista

MÉXICO, D.F: La reacción en apoyo a la conductora y periodista Carmen Aristegui en redes sociales generó que el hashtag #EnDefensaDeAristegui se convirtiera en el principal Trending Topic entre la tarde del 11 de marzo y la mañana de este jueves 12 de marzo. Más de 140 mil mensajes se emitieron con esta frase.

Entre los mensajes de solidaridad, de apoyo y condena a un posible caso de censura, #EnDefensaDeAristegui también expresó la preocupación de las audiencias por la “mordaza”, la censura o las violaciones al derecho a la información.

En contraste, Grupo MVS emitió un comunicado a las 23 horas del 11 de marzo y publicó nuevamente inserciones pagadas en medios impresos para aclarar que “la plataforma Mexicoleaks no es el problema” sino el “disponer, sin autorización, de nuestros recursos y marca”, así como “comprometer a una empresa, sin tener facultades para ello”.

El sorpresivo diferendo entre Aristegui, la periodista con mayor índice de audiencia en Grupo MVS y en los noticiarios matutinos, y la empresa de Joaquín Vargas se destapó después que se diera a conocer la alianza con Mexicoleaks y al día siguiente de la cobertura crítica del noticiario matutino sobre la elección de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de las más de 55 mil firmas de ciudadanos en su contra.

Los rumores sobre una salida de Aristegui de MVS circularon en las redes durante toda el 11 de marzo. No era para menos. Es la segunda vez en los últimos siete años que surge una diferencia de este sentido con la conductora.

En su emisión de este 12 de marzo, Aristegui y su equipo de información estuvieron al aire, junto con las inserciones de MVS donde ratifican que “las alianzas estratégicas de MVS Radio las decide la administración de la empresa, no sus conductores o colaboradores. El problema, obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa”.

“Seguimos haciendo nuestro trabajo”, afirmó Aristegui. Y sentenció: “Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí no cuenten con nosotros, nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia”.

Sobre la diferencia en relación con Méxicoleaks y el supuesto “abuso de confianza”, Aristegui explicó que “este tema, evidentemente, tendrá que esclarecerse en algún momento. Nosotros seguimos con las preguntas abiertas ya formuladas y haciendo nuestro trabajo esta mañana”.

“Este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana y lo que a continuación se va a escuchar abre varias preguntas que ya formulamos ayer y hoy”, señaló Aristegui al filo de las 9:30 am, poco antes de que entrara la inserción y el mensaje de MVS.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Despide MVS a colaboradores de Aristegui que descubrieron la Casa Blanca

MÉXICO D.F: El Grupo MVS inició esta mañana el despido de los responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial y del reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el líder priísta que operaba desde la sede de ese partido en el Distrito Federal una red de prostitución y pederastia.

Al término del noticiero matutino, fueron despedidos Daniel Lizárraga, coordinador de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, junto con el reportero Irving Huerta.

MVS acusó ayer miércoles a Carmen Aristegui de “abuso de confianza”, en desplegados publicados en diarios y en los propios espacios de la barra comercial del noticiero. El motivo: participar con la marca “Noticias MVS” en una alianza de medios para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks “sin la autorización expresa de los propietarios”.

Y hoy, en un nuevo desplegado y pautas radiofónicas, MVS calificó de “inadmisible” disponer, “sin autorización, de nuestros recursos y marcas”, aclarando que la plataforma Méxicoleaks “no es el problema”.

Por su lado, Aristegui declaró en su noticiero: “Seguimos haciendo nuestro trabajo. Si alguien quiere crear un pleito artificial aquí no cuenten con nosotros, nosotros apostamos porque este espacio se mantenga abierto, libre, independiente y haciendo periodismo para la audiencia”.

Sobre la diferencia en relación con Méxicoleaks y el supuesto “abuso de confianza”, Aristegui explicó que “este tema, evidentemente, tendrá que esclarecerse en algún momento. Nosotros seguimos con las preguntas abiertas ya formuladas y haciendo nuestro trabajo esta mañana”.


Y concluyó: “Este espacio está con la apuesta de mantenerse trabajando mañana tras mañana”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La pesadilla mexicana

Salieron de su país en busca del sueño americano, pero al llegar a México todo cambió. Las injusticias que sufren los centroamericanos a su paso por territorio nacional, van en aumento. El año pasado, las deportaciones a niños aumentaron 230 por ciento.

Mientras pide limosna en un crucero en el norte de Monterrey, José vigila que no se acerque ninguna patrulla policial, su mayor miedo desde hace tres meses, cuando salió de Escuintla, Guatemala.

“Uno se cuida de la policía, vos ya ves que andan por todos lados, nomás te miran y pos’ ya saben que no eres de acá”, dice el joven, de apenas 17 años.  

“A un amigo le quitaron todo su dinero, lo amenazaron con que lo iban a meter a la cárcel y que lo iban a mandar otra vez pa’ Guatemala”.

Al igual que miles de centroamericanos, José ha visto cómo su “sueño americano” se ha vuelto una “pesadilla mexicana”.  

“Uno no tiene apoyo de nadie, uno está aquí solo, uno nada más recibe el apoyo de vos y de todos los que quieran darme algo para comer”, cuenta José.

 “La policía no te ayuda y las autoridades lo único que van a hacer es mandarte de regreso allá y la violencia está igual que allá, está muy mal”.

Aunque admite que es peligroso quedarse en México, José está decidido a cruzar a Estados Unidos (EU) en cuanto obtenga el dinero necesario. 

“Todos tenemos la misma intención de cruzar para allá, porque pos ¿qué nos queda? ¿quedarnos acá en México teniendo miedo, con hambre, sin casa? ¿regresar a Guatemala, donde nos pueden matar? Pos no, hay que intentarlo”. 

Pero las condiciones para que José cruce son ahora más difíciles que nunca.

Ante la presión política de EU, México rompió el año pasado su récord del mayor número de deportaciones de mujeres y niños, de origen centroamericano.

Cifras de la Unidad Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) revelan que, en el 2014, más de 24 mil mujeres sufrieron la deportación, el doble que en 2013.

Asimismo, se detuvieron a cerca de 23 mil niños, un aumento del 230 por ciento con relación al año anterior.

Del total de chicos aprehendidos, 9 mil 661 eran de Honduras, 7 mil 973 de Guatemala y 4 mil 885 de El Salvador. 

Estas estadísticas también incluyen el arresto de alrededor de 11 mil menores no acompañados, de los que mil 853 tenían menos de 11 años. 

Activistas entrevistados por Reporte Indigo atribuyen el fenómeno a la coacción de Washington sobre México y a la subsecuente implementación del plan Frontera Sur, con el que las autoridades nacionales prometieron proteger a los migrantes.

EU vivió una crisis política y humanitaria el año pasado, cuando más de 62 mil niños no acompañados llegaron a la frontera, lo que causó que políticos conservadores demandaran al presidente Barack Obama controlar el flujo migratorio. 

Sin rumbo

Nora Hinojo, representante del Colectivo Vía Migrante, critica en entrevista que la política migratoria nacional carezca de objetivos definidos y que sea resultado de los intereses estadounidenses. 

“La idea es que no lleguen a Estados Unidos, lo que nos habla claramente de una política migratoria muy dependiente de una economía.

“Solo está respondiendo a un interés que viene desde EU porque sus políticos ya no quieren que haya más migrantes centroamericanos”, expresa. 

Hinojo señala que es preocupante que haya un incremento en el número de expulsiones de mujeres y niños, un sector demográfico que es más vulnerable.

“Hay una política migratoria en México que carece principalmente de una perspectiva de derechos humanos y eso hace vulnerables a todos.

“El hecho que exista este número tan grande de deportaciones nos habla perfectamente cómo el gobierno mexicano está olvidando la responsabilidad de construir una política migratoria enfocada a este sector de la población”, indica.

La activista también acusa que las autoridades encargadas del proceso de la deportación carecen de capacitación adecuada y a veces representan una amenaza mayor para los menores de edad que el viaje en sí. 

“Son niños que en la deportación sufren más violaciones de las que podrían esperar cruzando el país o llegando a EU, entonces hablamos de una violación a los derechos humanos más fuerte en la deportación que en el propio tránsito migratorio”.

Son niños que en la deportación sufren más violaciones de las que podrían esperar cruzando el país o llegando a EU, entonces hablamos de una violación a los derechos humanos más fuerte en la deportación que en el propio tránsito migratorio”

Viven de la caridad

Mauricio Martínez Garza, quien hizo una investigación en la Facultad Libre de Derecho sobre los migrantes en Monterrey, explica que a los centroamericanos que quedan atrapados en el país no les queda más remedio que vivir de la caridad. 

“Es una situación muy triste la que viven los migrantes, ellos son personas que no tienen otra opción más que huir de sus países”, lamenta Martínez Garza.

Pese a los grupos de apoyo que existen, el también activista narra que hay migrantes que sufren del abuso de las autoridades locales e incluso de albergues clandestinos.

“En una casa de migrantes en el centro (de Monterrey) hubo algunos migrantes que decían que había un señor que en las noches iba y los acosaba sexualmente”.

“Los migrantes sufren violaciones de parte de policías federales, como municipales, maltratos por parte de (funcionarios de migración)”, refiere. 

Aun así, Martínez Garza duda que estas experiencias y el reforzamiento de las fronteras de Estados Unidos  impida que los migrantes se arriesguen a cruzar, pues la situación que viven en sus países de origen suele ser más peligrosa.


“No creo que eso los vaya a detener, ellos ya están arriesgando su vida y lo van a seguir haciendo”, dijo Martínez García.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.

Al rescate del peso

Tras mínimos históricos de 15.66 pesos por dólar, la Comisión de Cambios anunció una subasta diaria de 52 millones de dólares para defender a la moneda.

Ayer la moneda mexicana llegó a tocar mínimos históricos de 15.66 pesos por dólar. 

El fortalecimiento generalizado del dólar frente a la mayoría de las divisas globales provocó la reacción de la Comisión de Cambios de México, integrada por tres miembros del Banco de México (Banxico) y tres miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Comisión emitió un comunicado donde anunció que del 11 de marzo al 8 de junio subastará diariamente 52 millones de dólares.  La medida busca contrarrestar la tendencia de depreciación del peso. El comunicado agrega que al final del periodo se evaluará la continuidad del mecanismo.

La nueva disposición complementa la medida anunciada el 8 de diciembre del año pasado de intervenir en el mercado con subastas diarias de 200 millones de dólares en caso de que el peso sufra fuertes depreciaciones. El mecanismo se ha utilizado dos veces desde entonces. 

En lo que va del año el peso ha perdido casi el 5 por ciento de su valor frente a la moneda estadounidense, continuando una tendencia a la baja iniciada en agosto del 2014. El año pasado la depreciación del peso en relación al dólar superó el 15 por ciento.

La defensa del peso se realiza a costa de las reservas internacionales de Banxico, que rondan los 194 mil millones de dólares más una línea de crédito de 70 mil millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional. 

Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y miembro de la Comisión de Cambios, declaró que la implementación del nuevo mecanismo podría llevar al banco central a vender 3 mil 126 millones de dólares de sus reservas.

La cotización FIX de la divisa nacional, publicada por Banxico, registró un tipo de cambio de 15.44 pesos por dólar al mediodía de ayer, después del anuncio del nuevo mecanismo de intervención.

No es el único

El peso no es la única moneda que está perdiendo valor contra el dólar. Bloomberg reporta que el dólar está en su mayor nivel en más de una década en relación a una canasta de divisas globales. Desde junio, la apreciación de la moneda americana frente a esta canasta ha sido de 24 por ciento.


Analistas coinciden en que la expectativa de alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, está repatriando capitales hacia Estados Unidos desde todo el mundo.













FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: RODRIGO CARBAJAL.

Exigen a Peña cumplir con protección a niños trabajadores

MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos de la infancia exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que cumpla con los acuerdos internacionales y leyes de protección para menores trabajadores, sobre todo de aquellos en situación de alta vulnerabilidad.

Durante el foro “Los rostros del trabajo infantil en México”, Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reveló que de 2007 a 2015, 39 menores de entre 11 meses y 17 años han muerto en campos agrícolas de México sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias.

De esos menores fallecidos, dijo, 16 casos ocurrieron en los campos de Sinaloa, lo que refleja que a pesar de las reformas laborales y la legislación a favor de la infancia, “el Estado mexicano no ha generado las condiciones necesarias para que las familias que cada año migran a los estados del norte y del bajío a trabajar como jornaleros agrícolas, tengan condiciones dignas para ellos y sus hijos”.

El resto de los decesos ocurrió en Sonora, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.

La investigadora del Centro Tlachinollan apuntó que los casos documentados por esa organización representan “sólo los de menores de la Montaña de Guerrero”.

Añadió:  No sabemos cuántos niños más de otros estados han muerto en condiciones no esclarecidas, muchos de ellos en momentos en que trabajaban en los campos agrícolas, sin que se les reconozca su condición laboral por parte de los dueños de los campos, muchas veces protegidos por las autoridades locales”.

Las principales causas de muerte de los menores detectadas en los campos agrícolas son por atropellamiento por tractores o camiones recolectores, picaduras de animales pozoñosos, accidentes vehiculares y negligencia médica.

De acuerdo con la defensora, los indígenas de la Montaña guerrerense migran cada año a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihauhua, Nayarit, Jalisco, Morelos, Estado de México, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y la región de Tierra Caliente, entre Michoacán y Guerrero.

Nasheli Ramírez, directora de Reriki Intervención Social, y Alfonso Poirè, de Save the Children, coincidieron en que una de las causas de desatención a la población infantil trabajadora es la incapacidad institucional para generar estadìsticas confiables para dimensionar el problema.

Consideraron que hay subregistros para tratar el trabajo infantil, así como el involucramiento de los menores en actividades ilícitas o en la trata con fines de explotación laboral o sexual comercial.

Ramírez destacó que el Módulo de Trabajo Infantil Establecido en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) calculó en 2013 que en México existen poco más de 2 millones y medio de niños trabajadores, pero “la crisis económica ha derivado en que por lo menos un millón más esté trabajando en la informalidad y no está siendo considerado”.

Destacó que en las ciudades “el trabajo infantil lo vemos en las calles, y es producto de la crisis. Lo que vemos es a familias enteras sin opciones, volcadas en las calles. Ahí vemos a niños de la primera infancia trabajando, y eso no está considerado en las estadísticas”.

Alertó, asimismo, que oficialmente tampoco se está considerando la “trata de niñas que son sacadas de sus pueblos para que realicen trabajo doméstico”, y ni qué decir de las cifras negras de la trata con fines de explotación sexual.

En términos de la incorporación de menores en actividades delictivas, Alfonso Poiré agregó que “los números de niños y niñas incorporados al crimen organizado ronda en los 30 mil”, cifra que no tiene sustento porque “no hay un cruce de la información que se deriva de procesos iniciados contra niños o niñas en conflicto con la ley, contra las estadísticas de incidencia criminales de ciertas regiones”.

Luego de indicar que  urge un esfuerzo institucional para precisar la cifra, consideró que “es que es mayor el número de niños y niñas involucrados en el crimen organizado, porque la incidencia regional y la conformación de las organizaciones tiene una cobertura nacional muy alta”.

Al cálculo de los 30 mil menores involucrados en el crimen organizado, Nashieli Ramírez apuntó que también existe una cifra negra relacionada con los “jóvenes que son levantados para ser forzados a realizar actividades ilícitas o son involucrados en conflictos armados, como se ha documentado en Sinaloa y en Michoacán, donde las autodefensas levantaban a adolescentes”.


Ante tal panorama, los activistas integrantes de la Mesa Social contra la explotaciòn de niñas, niños y adolescentes demandaron al Estado mexicano la aplicación de políticas públicas “desde un enfoque de derechos humanos” para atender a la población infantil trabajadora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Desaira audiencia alcalde implicado en asesinato del periodista Moisés Sánchez

XALAPA, Ver. (apro).- El panista Omar Cruz Reyes, alcalde con licencia de Medellín, no se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos por el juicio político de procedencia que se le sigue en el Congreso local, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo incriminara por ser artífice intelectual del homicidio del reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” por un comando el 2 de enero y asesinado el mismo día.

En su lugar, el edil envió a sus apoderados legales, el exdiputado federal panista Sergio Vaca Betancourt y al abogado penalista Sergio Vaca Archer, quienes insistieron en la inocencia de Omar Cruz y en la participación de la delincuencia organizada en el homicidio de Moisés Sánchez.

Durante 90 minutos y a puerta cerrada, la Comisión Instructora, el fiscal general Luis Ángel Bravo; el director jurídico de la FGE, Ariel Robinson, y la defensa del edil, integrada por Sergio Vaca y su hijo, desahogaron “pruebas confrontadas” en el móvil del homicidio del onceavo periodista en lo que va de la administración del priista Javier Duarte.

Sergio Vaca insistió en que las pruebas que presenta la Fiscalía siguen siendo de “oídas” y carecen de sustento jurídico y reviró que el próximo lunes 30 Martín López Meneses (subdirector de la Policía Municipal y escolta del edil de Medellín) tendrá una audiencia relativa a su juicio y ahí se podría “caer” la tesis de la FGE.

Vaca agregó que hace unos días, la PGR tomó cartas en el asunto y acudió a tomar declaraciones de los ahora incriminados: un asesino confeso, el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez, el subdirector de la Policía Punicipal, Martín López y dos motopatrulleros de la extinta corporación.

En entrevista, al concluir la audiencia, el fiscal general Luis Ángel Bravo señaló que las pruebas que se han presentado por “el mismo hecho” (secuestro y homicidio de Moisés Sánchez) no dejan lugar a dudas que el dictamen del Legislativo tendrá que salir positivo para otorgar el desafuero del edil panista.

“La declaración del asesino confeso Clemente Noé ya fue ratificada, incluso pide perdón al gremio periodístico, pues Noé dice que de haber sabido que era periodista, no lo hubiera asesinado. López Meneses (subdirector de la Policía Municipal) ratificó su denuncia. Yo no tengo duda de que el dictamen será positivo para proceder al desafuero del alcalde”, acotó.

Bravo Contreras admitió que hasta el momento, de los seis expolicías intermunicipales que participaron en el homicidio de Moisés Sánchez, sólo se tiene la detención de un asesino confeso: “No aún no (no hay más detenidos), estamos en eso, pronto vamos a tener novedades”.

El presidente de la Comisión Instructora, Juan Manuel Velázquez, expresó que será el próximo martes 17 cuando se tenga el “dictamen final” para aplicar o no el desafuero al edil Omar Cruz.

Hugo Fernández, diputado panista e integrante de la Comisión Instructora, declaró que persisten los “puntos débiles” en la tesis de la FGE, como son las pruebas de “oídas”.

“El despacho de abogados Vaca Betancourt aporta que el difunto (sic) presidía un comité de obras, lo que deja por descontado la enemistad del alcalde con Moisés Sánchez. Hay otros frentes de investigación que hay que agotar, como la participación de la delincuencia organizada”, argumentó.

Fue el pasado 2 de enero cuando policías ministeriales hallaron el cuerpo sin vida del reportero de “La Unión” en un paraje solitario del punto limítrofe de Manlio Fabio Altamirano y Medellín.

“El cuerpo estaba muy lastimado, fue encontrado en una bolsa negra, cercenado e irreconocible, y se pudo hallar una vez que uno de sus presuntos asesinos confesó ante un ministerio público el delito”, dijo Luis Ángel Bravo el día que confirmó el deceso del comunicador.

En la investigación ministerial 01/E/2015 de la FGE, se remarca que Moisés Sánchez fue asesinado por un “encargo” del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del panista Omar Cruz Reyes.

“Clemente Noé Rodríguez confesó haber participado, junto con otras cinco personas, en estos hechos. Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes”, se destaca en la investigación ministerial 01/E/2015.


Al día de hoy, continúan prófugos otros expolicías intermunicipales a quienes sólo se les conoce por los apodos de “El Harry”, “El Chelo”, “El Moy”, “El Piolín” y “El Olmos”, y cuyo paradero no ha podido ser detectado ni por la Fiscalía ni por la Fuerza Civil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Una boxeadora y un exfutbolista, los candidatos “ciudadanos” del PAN

MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) postulará a 120 candidatos “ciudadanos” a diputados y alcaldes, entre ellos a la boxeadora Jacqueline Nava Mouett La princesa azteca, el exfutbolista Daniel Osorno, la foxista Xóchitl Gálvez y el experredista Zeferino Torreblanca.

La candidatura “ciudadana” del PAN más relevante es la de Jacqueline Nava Mouett, la primera mujer campeona del Consejo Mundial de Boxeo y arquitecta de profesión, postulada como candidata a diputada federal por el distrito 8 de Tijuana, Baja California.

Por su parte, Daniel Osorno, exfutbolista profesional del Atlas de Guadalajara, será candidato a la presidencia municipal de El Salto, Jalisco, por una coalición integrada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Xóchitl Gálvez, mientras tanto, fue designada por la cúpula del PAN como candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, luego de que desistió de buscar la candidatura a diputada federal en el estado de Hidalgo, por una supuesta división interna.

En medio de inconformidades con su designación, Gálvez se reunió hoy en la sede nacional del PAN con “liderazgos panistas” de esa demarcación capitalina, informó un comunicado de ese partido, aunque omitió que no asistieron dos de los principales aspirantes: Los diputados locales Gabriela Salido y César González Madruga.

Ante ellos, allegados a Santiago Creel, la responsable de atender a los pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox prometió como primera acción de campaña hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Acompañada del secretario general del PAN, José Isabel Trejo, con quien terminó mal cuando fue delegado en Hidalgo en la elección en la que ella fue candidata a gobernadora, en 2010, Gálvez dialogó con los liderazgos panistas y ofreció que en su campaña y en su gobierno no aceptará “ni rateros ni huevones ni pendejos”.

Conocida más por su lenguaje desparpajado que por sus propuestas, la panista afirmó: “Para mí todas las personas valen igual, necesitamos que todos los panistas salgamos unidos a ganar. […] Voy a convencer a México de que hay otra forma de hacer política: podré ser grosera, pero no ratera”.

Otro prospecto de candidato “ciudadano” del PAN es Zeferino Torreblanca, exgobernador de Guerrero por el PRD, a quien la cúpula panista le ofrece la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco, que también ya gobernó.


Aunque no se ha oficializado, es inminente la postulación de este peculiar empresario que supuestamente está bajo investigación por los asentamientos inmobiliarios que autorizó como alcalde y que formaron parte del desastre de las tormentas tropicales “Manuel” e “ingrid”, en septiembre de 2013.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Autonomía impugnada

Un gran número de candidatos independientes no pasaron los filtros del INE; los partidos políticos aprovechan para insistir que en el municipio de Cherán, Michoacán deben postularse aspirantes partidistas.

El temor de los partidos políticos al desplazamiento por las candidaturas ciudadanas se traduce en nerviosismo.

Lo anterior se evidencia en el alto número de recursos de apelación que han llegado a las salas de los tribunales electorales locales y de la federación. 

De los 56 candidatos ciudadanos que lograron superar los requisitos del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos 18 de ellos se encuentran impugnados.

Fueron 67 los candidatos independientes que no pudieron pasar los filtros establecidos por el INE, de los que al menos siete acudieron a recursos de apelación en la instancia judicial y siguen a la espera de que se avale su participación electoral. 

De los aspirantes ciudadanos que el INE no aceptó 60 optaron desistir. Abandonaron su proyecto, toda vez que -por ley- ya no pueden ser candidatos de algún partido político.

A la lista de impugnaciones de candidatos independientes por parte de los partidos políticos, también se suma el caso del municipio indígena de Cherán, que se declaró independiente el 15 de abril del 2011. Allí, insiste el PRI en sus reclamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debe haber candidatos partidistas. La comunidad ha rechazado la presencia de los partidos en la forma de elegir a sus gobernantes.

Las primeras sentencias de desahogo de impugnaciones ante el TEPJF apuntan a la polarización social, pues mientras por un lado se inhabilita las candidaturas ciudadanas, como es el caso del independiente Alfonso Martínez Alcázar -que aspira a la alcaldía de Morelia-, en otros, como en el de Cherán, se deja abierta la posibilidad del regreso fortalecido de los partidos políticos.

La sentencia emitida por el TEPJF sobre el caso del municipio indígena de Cherán, disminuye la autonomía de la Asamblea General Comunitaria, al obligarle a revisar la posibilidad de permitir candidatos políticos a cargos de elección popular, luego de así solicitarlo algunos ciudadanos afiliados al PRI. La federación ha ordenado que juntos, el consejo de Cherán y el instituto electoral revisen la posibilidad del regreso de los partidos políticos a esa localidad.

A menos de cuatro años de haber prescrito el régimen de partidos políticos, en Cherán se registra un orden de gobierno que no se observa en ninguna otra parte de Michoacán, en donde el mayor éxito es la erradicación de la inseguridad pública, el uso de los recursos naturales en forma comunitaria y el establecimiento de un gobierno ciudadano.

Revés a las candidaturas independientes

Por inconformidad del Partido Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un fuerte revés a las candidaturas ciudadanas, al revocar la postulación independiente de Alfonso Martínez Alcázar como aspirante a la alcaldía de Morelia.

El dictamen judicial podría no tener mayor significado si Martínez Alcázar no hubiera roto antes con Luisa María Calderón Hinojosa, aspirante del PAN a la gubernatura de Michoacán. 

Tras el rompimiento, Martínez Alcázar dejó las filas del PAN y junto con él varias decenas de miles de panistas michoacanos se alejaron de la posibilidad de apoyo a la hermana de Felipe Calderón.

Por instrucción de la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Alfonso Martínez apenas logró la candidatura para contender en forma independiente, pero el comité estatal del PAN impugnó la postulación ciudadana que ya había sido avalada por el Tribunal Electoral del Estados de Michoacán (TEEM). 

En el caso de Alfonso Martínez Alcázar, el TEPJF determinó que no puede contender –y por lo tanto no puede ser el contrapeso electoral que le representaría al PAN en la elección en Michoacán- “porque ejerció un cargo de dirigente partidario estatal del PAN, como Presidente de la bancada, y no renunció al partido un año antes de la jornada electoral”.

El reclamo del comité directivo estatal del PAN fue escuchado puntualmente por el TEPJF, el que emitió la sentencia para prohibir al único candidato ciudadano a la alcaldía de Morelia su participación en las próximas elecciones. 

Éste podría no ser el único caso de candidatos independientes anulados desde el tribunal electoral de la federación.

Apenas salió, y ya lo buscan

Luis Antonio Torres “El Americano”, el autodefensa antagonista de Hipólito Mora Chávez que también recién obtuvo su libertad de parte de un magistrado, podría encontrarse con su enemigo en un campo de batalla distinto al de los llanos de la Tierra Caliente: como candidato a diputado federal y verse en el Congreso del país.

Fuentes del comité directivo estatal del Partido Humanista aseguraron que en esa institución existe interés en ofrecerle una candidatura al que se le reconoce también el liderazgo entre algunos sectores poblacionales de las comunidades de La Ruana y Buena Vista Tomatlán.

“El Americano” apenas salió de la cárcel, ya es buscado por funcionarios del comité estatal del Partido Humanista, a fin de establecer una mesa de diálogo para llevarlo como candidato al congreso federal, lo que evidentemente le aportaría una elevada votación.

Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano, en aras de explotar la rentabilidad política de los grupos de autodefensa y ante la imposibilidad de llevar como candidato al mismo doctor José Manuel Mireles Valverde –que sigue recluido en una cárcel federal-, oficializó la candidatura de la hermana del fundador de los grupos de autodefensa.


En un comunicado de prensa, el comité directivo estatal del Movimiento Ciudadano anunció que Virginia Mireles Valverde, fue electa como candidata a la diputación federal por el Distrito de Hidalgo. La protesta a la candidata que enarbola las simpatías de miles de michoacanos fue tomada por el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado Rannauro.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS

Congreso oculta nepotismo

El diputado del PRD y hoy aspirante a la alcaldía de Cárdenas, Rafael Acosta León, contrató a su hermana para que trabajara con él.

En complicidad con el Congreso de Tabasco, el legislador del PRD, Rafael Acosta León, incurrió en nepotismo al meter a su hermana a la nómina legislativa.

El hoy candidato del PRD al Municipio de Cárdenas, contrató a su hermana para su equipo de trabajo, lo que supone una violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tabasco.

Más grave fue que el caso de nepotismo de Acosta León fue ocultado por el Congreso de Tabasco, que con argucias legales rechazó confirmar el parentesco entre el legislador y su hermana.

Reporte Indigo tuvo acceso a las solicitudes de información y respuestas que contestó el Congreso tabasqueño sobre la situación en la que incurrió el legislador perredista.

El Congreso confirmó en sus respuestas que el diputado había solicitado la contratación de Eusebia Acosta León para el cargo de secretaria parlamentaria.

Sin embargo, el Legislativo, a través de la Dirección de Administración, rechazó confirmar la relación de consanguinidad que existe entre Rafael y Eusebia Acosta León alegando que no estaba entre sus obligaciones.

A las actas de nacimiento de los hermanos Acosta León que entregó el Congreso se les suprimió toda la información adicional para evitar confirmar el parentesco.

No solo eso. En su respuesta el Congreso se extralimitó al amenazar al solicitante de los riesgos legales que implicaba suponer si existía un parentesco entre el legislador y su trabajadora que llevan los mismos apellidos,  nacieron en el mismo lugar y comparten los mismos padres.

‘Pudiese tratarse de una homónima’

Guillermo Enrique Salazar Montoya, director de Administración del Congreso tabasqueño, en su respuesta advierte que si bien es cierto que los apellidos del legislador local del PRD y su empleada coinciden “quizás se trate de una persona homónima”.

“Finalmente si bien es cierto que los apellidos de las personas objeto de la solicitud de información que nos ocupa coinciden, cierto es también que pudiese tratarse de una homónima”, escribe Salazar Montoya en su respuesta a la solicitud de información.

Y luego, el funcionario Salazar Montoya amenaza sobre posibles consecuencias legales en caso de que se haga un pronunciamiento en ese sentido.

“Se insiste que más allá de existir un impedimento legal para hacer algún pronunciamiento al respecto de un presunto grado de parentesco, el mismo sería igualmente temerario e incluso al no contar con elementos de prueba alguno, hasta podría ser constitutivo de delito”.

Para al director de Administración las únicas autoridades que pueden  confirmar el parentesco entre el legislador y su hermana –y en su caso el delito de nepotismo- son las judiciales y se requiere forzosamente un juicio de parentesco y hasta pruebas de ADN.

Hoy Acosta León es precandidato del PRD a la alcaldía de Cárdenas, el segundo municipio de Tabasco más importante después de Centro (Villahermosa).

El legislador tabasqueño realizó campaña electoral sin renunciar a su cargo de diputado local.

El delito de nepotismo en el que incurrió el legislador está previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tabasco.

La legislación obligaba a Acosta León a abstenerse de intervenir en el proceso de contratación de un servidor público cuando exista interés personal, familiar o de negocios que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él y sus familiares.

No es el único

El de Acosta León no es el único caso de nepostimo que se ha registrado en el Congreso de Tabasco.

Al inicio de la actual Legislatura, Jovita Segovia, diputada ahora independiente del Municipio de Cárdenas, contrató a dos nietos. 


Cuando se ventiló la denuncia, los familiares de la legisladora fueron removidos de sus cargos, a diferencia del caso de Acosta León cuya hermana sigue cobrando en el Congreso de Tabasco.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CESÁR CEPEDA.