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Imponen el ‘dedazo’ blanquiazul

La designación directa de candidatos a diputados plurinominales locales en el PAN va por la libre en Jalisco. El grupo afín a la dirigencia estatal es el más beneficiado y sólo le falta el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional; militantes inconformes adelantan que agotarán instancias legales contra esa decisión.

La vieja práctica partidista del “dedazo” ha sido concretada en el Partido Acción Nacional en Jalisco.

El Comité Directivo Estatal (CDE) que preside de forma interina Gustavo Macías Zambrano impuso a los panistas que serán sus candidatos a diputados plurinominales locales, siendo el más beneficiado el grupo afín al presidente estatal con licencia, Miguel Ángel Monraz Ibarra.

El miércoles pasado, Reporte Indigo dio cuenta del borrador del listado de los candidatos panistas a ocupar una curul en el Congreso del Estado, por la vía de la representación proporcional.

En “Contra el ‘dedazo’ en el PAN Jalisco”, Reporte Indigo detalló que Monraz Ibarra, y los exdirigentes blanquiazules estatales, Eduardo Rosales Castellanos y Hernán Cortés Berumen, pretendían ocupar los seis primeros lugares de 19 espacios para una diputación plurinominal local, con gente de su más entera confianza.

La lista descrita por este medio de comunicación fue la misma avalada por el CDE en una sesión ordinaria celebrada el mismo miércoles por la tarde. Sólo contó con algunos matices.

La dirigencia panista en Jalisco echó mano del artículo 89, numeral 3, inciso C de los Estatutos Generales del partido, aprobados en la decimséptima Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN.

Tal herramienta partidista es en correlación con el artículo 89 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular que, según informó el CDE panista en un comunicado, le concede facultades para hacer “hasta dos propuestas de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, las cuales deberán ser de género distinto”.

Pero en su comunicado, la dirigencia estatal del PAN omite decir que tales facultades no le son dadas a su Comité Directivo Estatal, sino a la Comisión Permanente Estatal, que es la que debe presentar el par de propuestas.

Aún así, el CDE afín a Monraz Ibarra fue el que designó dos espacios directos: el primero y el segundo de una lista de 19. 

El presidente con licencia del partido en Jalisco, Miguel Ángel Monraz Ibarra ocupa la primera posición. 

En la segunda está María del Pilar Pérez Chavira, exsecretaria general del PAN Jalisco, y panista cercana al exdirigente estatal panista, Eduardo Rosales Castellanos, quien hoy ha sido contratado como “coordinador de estrategia electoral” por el propio CDE.

La designación directa de candidatos a diputados plurinominales locales en el PAN va por la libre en Jalisco. El grupo afín a la dirigencia estatal es el más beneficiado y sólo le falta el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional; militantes inconformes adelantan que agotarán instancias legales contra esa decisión

Los inconformes esperarán a que las instancias en la materia resuelvan los juicios en proceso contra la decisión del CDE para designar de forma directa

El exdiputado Ricardo García Lozano y otros militantes panistas convocaron ayer a los medios para compartir su postura sobre la designación del CDE.

La simulación

En la misma sesión del miércoles 11 de marzo de 2015, el CDE, además de otorgar dos espacios a Monraz y a Rosales, creó “ternas” para contender por los 17 lugares restantes para candidatos a diputados plurinominales locales.

Cada terna fue encabezada, en los sitios del tres al 15, por panistas relacionados con el Comité Directivo Estatal, dejando con poco margen de maniobra al resto de los participantes.

Del lugar tres al seis quedó  tal como lo adelantó Reporte Indigo: Isaías Cortés Berumen, hermano del exdirigente Hernán Cortes, en el tercer puesto; Irma de Anda Licea, vinculada con el CDE, en el cuarto.

José Antonio de la Torre Bravo, también de la dirigencia, en el quinto; y María del Carmen Mendoza, contralora en el sexenio del gobernador Emilio González Márquez, en el sexto.

“De manera clara y tendenciosa, el presidente Gustavo Macías ha privilegiado a sus amigos y compadres, a Miguel Monraz Ibarra, a José Antonio de la Torre, a Isaías Cortés, a la gente propuesta por Eduardo Rosales”, declaró ayer Ricardo García Lozano, exdiputado panista en la Legislatura 59 estatal.

García Lozano se registró en la terna número cinco, para contender por una diputación plurinominal local contra José Antonio de la Torre Bravo.

El panista anunció que él y otros 30 militantes que se registraron por una candidatura a legislador estatal de representación proporcional por su partido renunciaban a ese derecho.

Pero aclaró que esperarán a que las instancias en la materia resuelvan los juicios en proceso contra la decisión del CDE para designar de forma directa.

La semana pasada, Reporte Indigo dio a conocer que al menos una decena de panistas inconformes había presentado un par de juicios: uno ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y otro ante su homólogo estatal, los cuales todavía no concluyen.

Los quejosos han argumentado, con base en el artículo 92 de los Estatutos Generales del PAN, que la Comisión Permanente Estatal debió decidir por la designación como método de elección de sus candidatos a plurinominales y no el CDE, que fue el que lo hizo.

“No vamos a validar este atropello. Por dignidad estamos renunciando a ese derecho de ser candidatos a plurinominales. Nos enteramos hoy que el mismo viernes se estableció ya la lista, y ni siquiera nos informaron a nosotros.

“Una vez más el PAN, en este caso la dirigencia, privilegia a sus amigos y genera una división interna, están optando por el dedazo, el cual creíamos que solo se daba en el PRI (…) La dirigencia quiere administrar la derrota como en 2012”, puntualizó Ricardo García.


Alcaldes, entre narco y futbol

En la sesión de la semana pasada, el CDE panista aprobó las propuestas de sus alcaldes en los municipios en los que irá como coalición con el Partido de la Revolución Democrático (PRD).

En el convenio acordado con el partido de izquierda, el PAN Jalisco propondrá a quien represente a esa alianza en 26 de 35 municipios, entre los que destacan San Pedro Tlaquepaque y El Salto, en la zona metropolitana de Guadalajara, y Lagos de Moreno, en la región Altos del estado.

En San Pedro Tlaquepaque, la mancuerna PAN-PRD irá con la panista Carmen Lucía Pérez Camarena, extitular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) durante el sexenio del exmandatario Emilio González Márquez.

Daniel Osorno, exfutbolista del equipo Atlas, será el que busque la alcaldía de El Salto bajo las siglas del PAN, y representando a la alianza partidista.

Llama la atención la designación del panista Francisco Torres Marmolejo para contender por el municipio de Lagos de Moreno, del que ya fue alcalde en dos ocasiones: entre 2001 y 2003, y en el periodo de 2007 a 2009.

En 2010, Torres Marmolejo, quien entonces era diputado local por su partido, fue señalado de presuntos vínculos con Los Zetas, durante su paso por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, en el trienio 2007-2009.

En mayo de ese año, Juan Manuel Márquez Plascencia, extitular de la Dirección de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, acusó al panista de tener relación con el citado grupo criminal.

La Ley del dedo

El grupo que controla al Comité Directivo Estatal designó directamente a sus candidatos a diputados plurinominales para el Congreso del Estado. Los seis primeros lugares, los más importantes, fueron repartidos entre un pequeño grupo:

> Miguel Ángel Monraz Ibarra
Presidente con licencia del PAN Jalisco va en el primer sitio de la lista; su entrada al Congreso local es un hecho.

> María del Pilar Pérez Chavira
La exsecretaria general del PAN en la entidad ocupa el segundo lugar; es la carta de Eduardo Rosales, expresidente del partido en el estado.

> Isaías Cortés Berumen
Hermano de Hernán Cortés Berumen, expresidente panista en Jalisco

> Irma de Anda Licea
Panista vinculada con el Comité Directivo Estatal (CDE)

> osé Antonio de la Torre Bravo
Miembro del CDE

> María del Carmen Mendoza

Exfuncionaria en el sexenio del exgobernador Emilio González Márquez

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER.

Rapiñan recompensas en la PGR

Grabaciones telefónicas en poder de Reporte Indigo ponen en evidencia el programa de recompensas de la PGR. Los audios revelan que los montos ofrecidos por la dependencia son cobrados por funcionarios en complicidad con supuestos informantes. Uno de los involucrados es el director de la SEIDO.

Una serie de audios revela la operación de una red de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y presuntos informantes que trafican con los recursos del programa de recompensas de la propia dependencia.

Las grabaciones telefónicas –a las que tuvo acceso Reporte Indigo- ponen en evidencia que las gratificaciones que paga la PGR a cambio de información que ayude a detener criminales son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia federal.

En los audios se involucra a Abraham Eslava Arvizu, quien desde la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR hace dos semanas se desempeña como responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO.

Un presunto informante de la PGR, identificado como Luis Heredia Rojas -empresario de giros negros de la Ciudad de México- pone al tanto a uno de sus socios sobre un “bisnes” de un millón de pesos.

El negocio del que hablan es el cobro de una recompensa.

“Ya hablé a PGR, a Abraham… Eslava, y ya me dijo que vamos a meter eso”, se escucha decir en el audio a Heredia Rojas, propietario de antros y centros nocturnos en la zona exclusiva de Polanco.

“Ya te mandé la conversación y le dije: jálate y la chingada... te pongo en mi antro un ‘bisnesito’ y ya sabes… haciéndole la coba. Me dijo mañana veo qué onda y la chingada. Yo mañana le voy a insistir, güey, y en la tarde le voy a decir: qué pasó, mi Abraham y la chingada”.

El hombre con el que platica por teléfono Heredia Rojas –identificado solo con el nombre de Mateo y con conexiones dentro de la PGR- le insiste que no se despegue del asunto.

“No; ya estoy directamente con él (Abraham Eslava) que era lo que no había hecho”, le responde.

“Sí; mejor para que él te lo mueva desde arriba”, le contesta Mateo.

En la grabación, el dueño de bares insiste con su plan de conseguir que el ahora titular de la SEIDO le ayude para la liberación del pago de la recompensa.

“Lo invité al viernes a uno de mis antros”, le cuenta Heredia Rojas a su socio. 

“Si sale… te aviso para que caigas luego luego. Para que lo conozcas y también para el paro, güey. Mientras me hago pendejo escuchas lo que hablo con él. A ver qué dice”.

Mateo le confiesa que llegó a pensar que el retraso en el trámite de la recompensa era porque quizás no le había interesado la cantidad de dinero.

“Como andas ocupado en otras cosas, te valga verga eso. Y digo: pinche Luis. A ver si no le va a valer madre esto”.

El supuesto informante le aclara: “¡No, como crees! Es un kilo de pesos. Como crees que me va a valer madres”. 

El informante y sus socios

Luis Heredia Rojas, empresario de giros negros en la Ciudad de México, está registrado como informante de la PGR en una investigación por un caso de lavado de dinero contra un secretario del Poder Judicial de la Federación.

A Heredia Rojas se le vincula con las empresas Operadora de Entretenimiento Linda Vista, S.A. de C.V. y Operadora de Restaurantes Gigash, S.A. de C.V., que administra antros en la delegación Gustavo. A. Madero.

Se le asocia también con Guillermo Escalante Nuño, empresario de medios de comunicación y centros nocturnos en la Ciudad de México.

Y con el manejo del Mitch Club, un local de música electrónica que opera en la zona exclusiva de Polanco.

En una de las llamadas, Heredia Rojas presume que uno de sus socios en los centros nocturnos trabaja para el crimen organizado.

“¿Sí sabes que mi socio sí le pega a la maña?”, le pregunta a Mateo en una de las grabaciones.

“Mi socio, Ricardo, sí le pega a la maña. Ese güey sí mueve y mueve a la grande”, insiste.

La información que habría proporcionado Heredia Rojas habría servido para la detención de dos cómplices del exsecretario del Poder Judicial de la Federación, Esiquio Martínez Hernández, detenido en el 2011 acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Su nombre aparece en la investigación que realizó Rafael Montiel Lira, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, la UEIORPIFAM.

Es precisamente este fiscal federal, quien el pasado 19 de febrero solicitó a la coordinación general de servicios de apoyo de la SEIDO el pago de la recompensa para Heredia Rojas, identificado como denunciante con el número confidencial 001-2013.

“(…) Se emita un cheque nominativo por la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 moneda nacional) a favor de Luis Carlos Heredia Rojas, denunciante con número confidencial 001-2013”, señala el oficio CG1/F2/0181/2015 al que tuvo acesso este periódico.

El pago, según el documento, se programó para el 20 de febrero de 2015, en las oficinas de la UEIORPIFAM, ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma.

La recompensa que reclamó el empresario de antros es la que ofreció la PGR para quien tuviera información que ayudara a la detención de Nehmías Cruz Hernández y José Daniel Martínez Vasconcelos, sospechosos del delito de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A los dos se les buscó por ser cómplices de Esiquio Martínez Hernández.

El acuerdo A/043/12, en el que la PGR ofrece una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que ayude a la captura de estos dos hombres fue firmado el 23 de febrero de 2012 por la entonces procuradora General de la República, Marisela Morales Ibañez.

‘¡Ya chingamos, Mateo!’


En una de las grabaciones telefónicas se registra el momento en que el empresario de antros, Luis Heredia Rojas, le comunica a su socio en esta operación.

>¡Qué onda!
>¿Que pasó, Mateo?
>¡Qué paso, amigo! ¿Te mando un abogado?
>¡Jajaja!
>Tu dime: ¿te mando un abogado o te mando un comando para que te rescate?
>Mándame un pinche comando.
>Más o menos por dónde estás para saber por dónde van a entrar.
>Ya chingamos, Mateo
>¿Qué pasó?
>Ya está el cheque liberado.
>¿Cuándo?
>El viernes.
>¿Eh?
>El viernes. Pero te tengo que ver para decirte las cosas porque no podemos por teléfono, pero ya está.
>Órale. Entonces déjame…ahorita ando ocupadón, déjame me desocupo y te echo...
>¿Estás empiernado?
>Algo así.
>Ok. Son las 7. Como, ¿a qué horas te desenpiernas tu?
>Como en una hora yo creo.
>¿Como a las 9 no?
>Sale.
>Orale, carnal.

El escándalo de Esiquio

Esiquio Martínez Hernández protagonizó uno de los escándalos de corrupción más grandes del Poder Judicial de la Federación. 

Según la denuncia que presentó en su contra el Consejo de la Judicatura Federal, el funcionario realizó operaciones financieras durante 7 años por 432 millones de pesos, recursos procedentes de “moches” pagados por casineros.

La PGR no informó públicamente de la detención de los cómplices de Martínez Hernández, que eran sus familiares.

‘Lo dividimos entre tres’

Para conseguir el cobro de los 2 millones de pesos que la PGR ofrecía de recompensa a quien diera información de los cómplices del secretario del Poder Judicial de la Federación Esiquio Martínez Hernández Luis Heredia Rojas actuó como el denunciante.

Sin embargo, el hombre identificado como Mateo fue el que habría utilizado sus contactos en la dependencia federal para tener acceso a los recursos de la gratificación.

De las grabaciones se desprende que Mateo es un exfuncionario federal, lo que según él lo imposibilitaba para intentar cobrar directamente el monto de la recompensa.

Mateo le comunica a uno de sus socios que su nombre está en el sistema de huellas dactilares llamado AFIS.

“Neta, güey, yo no lo hice porque me faltaran huevos”, le aclara a su compañero en esta operación.

“Al fin de cuentas a mí no me conocía, yo me hubiera aventado el pedo, pero la neta, güey, yo estoy en el sistema. Si tú me metes al sistema, güey, de huellas, bota que yo fui, que estuve en esa madre, que fui servidor público y eso no se borra del sistema, se queda.

“Yo busqué otras opciones, pero la neta, güey, no cualquiera se quiso aventar el pedo. Ese güey fue como el tercer güey que yo busqué. 

“Yo también valoro eso, güey. Al chile sí le echó huevos. A la mejor todas las partes fueron importantes, porque igual tú dices, sabes que al chile no, güey, de dónde lo sacas a ese güey, yo no demerito ni tu parte ni la de él ni la mía. Yo fui un enlace, güey. Sin uno de los tres no se hubiera podido hacer nada. Entre tres está bien”.

Es Mateo precisamente quien en esa llamada telefónica avisa que el pago de la recompensa ha sido autorizado ya en la PGR, según se lo hizo saber Luis Heredia Rojas.

Sin embargo, según el diálogo que sostienen, el monto autorizado no son los 2 millones de pesos originales de la recompensa, sino una cantidad inferior al millón de pesos.

>Hoy vi a Luis, que dice que lo citaron. Que ahora sí parece que va a salir. ¿Pero qué crees que me dijo, güey?

>¿Qué?

>Ya vez que esa madre decía que eran 2. 

>Ajá.

>Que eran 2… ¿ya sabes de cuáles?

>Eso habían dicho que seguramente serían 2, pero ahora cuánto.

>Eran 2 pero que eran 2 personas que andaban checando, güey, no sé si te acuerdes de esa madre, que era ese güey y el sobrino…no sé… dice que van a dar sólo la mitad…y que el licenciado de ahí, que va a dar la firma y todo eso, güey, va a haber porque querían dar menos de la mitad…como 8, güey…

>¡Como crees!

>Sí, güey. Yo también me quedé así… no mames… güey”.

El hombre que platica con Mateo le recuerda que la propuesta inicial era 40 por ciento para él y el resto de la recompensa para repartirse entre Mateo y Heredia Rojas.

“Ponle que den los 8, güey, vamos a ser derechos. Entre tres, güey. Es lo que le estoy proponiendo a él (Luis). Yo por esto te hablo, güey, porque ya vez cuánto me habías pedido tu, güey. Pero si te doy eso, nada nos llevamos, güey, qué pedo.

“Yo la neta lo más que me urgía era salir del pedo por ti, güey. Yo de esta madre ni vivo ni nada, güey. Yo también sé que tu no vives de esto, güey. Es la ventaja. Ni Luis. 

“Bueno ya lo que salga, cuentas claras son tanto, aquí está la evidencia y lo dividimos entre tres y ya nada que tú te llevaste más, o yo me llevé más. Es lo que yo estoy proponiendo”.

Mateo le aclara a su interlocutor que Luis Heredia Rojas le dijo que le había pedido la mitad de lo que la PGR entregaría como recompensa.

“Él me peleaba la mitad, pero yo le dije: ¡No mames!, como crees que la mitad, son 400 varos, imagina que te den 8, le voy a dar 2 y yo me quedo con 2. Me va a mentar la madre. Le dije: mínimo entre tres, güey, y ya negocio esa parte con él”.

Mateo le confiesa a su interlocutor que de su parte le tendrá que pagar a su contacto que está adentro de la PGR la cantidad de 50 mil pesos.

 “De todos modos con el güey que está adentro yo sí le voy a dar unos 50 varos. Si me llevo 270 o me llevo 220, es lo mismo, pero le voy a decir que me cheque, güey. Le voy a decir a la neta no fue tanto, güey, pero chécamelo, güey, y él me va a decir sí fue eso o no fue eso”.


Mateo le cuenta que confía en Luis Heredia, sin embargo le pidió una prueba de la cantidad que le iba a entregar en la PGR.

“En estos negocios hay que confiar. Sino confío está cabrón para que te metes en un pedo que no confías. Yo voy a tratar de que todos quedemos a gusto”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Protestan en carretera Transpeninsular contra explotación de tarahumaras

Ensenada, BC. Unos 800 jornaleros agrícolas bloquean cinco puntos de la carretera Transpeninsular, en protesta por las condiciones laborales en que se encontraban indígenas –entre los que hay niños y mujeres– que fueron llevados con engaños a campos agrícolas del municipio de Comondú, en Baja California Sur, y por las condiciones de "esclavitud" que les proporcionaban los mayordomos de 12 agroindustrias de la región de San Quintín.

Los bloqueos son en Colonet, Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario. El primer bloqueo inició alrededor de las 2:00 horas de la madrugada de este martes a la altura de Punta Colonet, los manifestantes colocaron barricadas en la carretera y encendieron una fogata.

Los jornaleros hicieron una fila humana para interrumpir la circulación de camiones y automóviles en esta carretera que une a ciudades y poblados de Baja California.

Ayer, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que fueron rescatados 200 jornaleros agrícolas de la sierra Tarahumara que eran víctimas de explotación y fueron reclutados en el municipio de Creel, Chihuahua, para trabajar para la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANTONIO HERAS.

MVS descarta cualquier arreglo con Aristegui

México, D.F. El regreso de la periodista Carmen Aristegui al espacio que tenía en MVS Radio no parece viable.

El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, dijo el martes que debido a los “agravios” mutuos no ve ninguna posibilidad de arreglo con Aristegui, despedida el domingo tras una disputa entre la periodista y la empresa por supuestamente utilizar sin permiso el nombre de la compañía para la plataforma Méxicoleaks.

“Creo que han sido fuertes los agravios, muchas las ofensas y en el momento no vería un punto de arreglo”, señaló el directivo en entrevista de radio

Chao defendió la decisión de la empresa que aseguró que no tiene que ver un ataque a la libertad de expresión como han asegurado Aristegui, analistas y columnistas. “Carmen ha sido claro ejemplo de la libertad de expresión que se tiene en MVS”, dijo.

Algunos también consideran que detrás del despido estarían presiones del gobierno federal por las investigaciones que había hecho Daniel Lizárraga e Irving Huerta, y en particular la revelación de que Angélica Rivera adquirió una mansión millonaria a un contratista cercano al presidente Enrique Peña Nieto, lo cual para varios sería una muestra de un conflicto de interés.

El directivo de MVS afirmó que la salida de la periodista no fue a instancias del gobierno.

Chao explicó que el viernes pasado, la ex conductora de MVS se reunió con Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio y posteriormente hubo contactos el sábado y domingo, en los cuales, Aristegui no retiró su posición de reinstalar a sus colaboradores por lo que la empresa determinó cesarla de su encargo.

El funcionario de MVS reconoció que en la última etapa la relación laboral entre las partes ya no era la idónea y apuntó que el tema de la incorporación del noticiero de Aristegui a Méxicoleaks, sin conocimiento alguno de la empresa no era aceptable. Rechazó que el despido de los dos reporteros haya sido una determinación para orillarla a renunciar, sino que desde el primer momento, la empresa anuncio que se tomarían medidas relacionadas con el uso indebido de la marca

Mas adelante explicó que tomaran en cuenta las descalificaciones que han recibido y las criticas para tratar de mejorar los servicios informativos en la lógica de la pluralidad y objetividad que ha tenido MVS radio.

Agregó que con la salida de la conductora “perdemos todos”. MVS pierde “a una periodista que merece nuestro respeto” y Carmen pierde “un espacio que habíamos venido consolidando”, expresó.

Ayer la conductora se presentó junto con su equipo –igualmente despedido– a las puertas de la emisora. Ahí dijo que el despido “es algo que tiene todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder’’.

Chao consideró que esas “versiones son, cada una, más descabellada que la otra” y que más allá de una relación desgastada entre Aristegui y la familia Vargas, “el clima laboral no era el idóneo”.

También en entrevista radiofónica, José Antonio Vega, director de noticias de MVS Radio, no cree que exista la posibilidad de reinstalar a Carmen Aristegui y negó presiones políticas.

Dijo que el diálogo por parte de la conductora nunca llegó y juzgó al aire el actuar de la empresa.


Vega refirió que un total de 22 personas salieron de la empresa junto con la periodista.

FUENTE: LA JORNADA.

“¿Qué necesitas?”: carta de Pedro Canché a Aristegui

"Basta con apelar a la buena voluntad de todos los mexicanos, esa minoría. Pero de férrea voluntad que lee y a la que Televisa y Tv Azteca no le han logrado chupar el cerebro y convertirlos en zombies...", escribe el periodista.

Pedro Canché, periodista maya encarcelado por criticar al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, escribió desde su celda una carta a la periodista Carmen Aristegui, a quien MVS pretende rescindir su contrato y evitar su salida al aire. En el escrito, el periodistas cuestiona: ¿cuándo tendremos en México un canal de televisión o cadena de radio nacional exclusivo de periodistas?

“Todos le entramos a la cooperación Carmen Aristegui. Es muy incómodo hacer periodismo desde la palestra de la oligarquía. Bastante incómodo. Como mexicana, y sobretodo como periodista, considéralo.
Aterriza el proyecto ¿dinero? todos le entramos. Todos. Todos los que no queremos ver arder a nuestro México”, señala la misiva.

Aquí el texto completo:

Carta a Carmen Aristegui

A propósito del consumado golpe al equipo de investigación de MVS, en específico a tu equipo de noticias, Carmen Aristegui, ¿cuándo tendremos en México un canal de televisión o cadena de radio nacional exclusivo de periodistas?
¿Qué necesitas?
Si don Julio Scherer demostró con la revista Proceso la independencia del poder plutocrático y oligárquico del periodismo auténtico ahora le toca a una mujer aterrizar un proyecto nacional al estilo Aristegui. Todo nuestro apoyo. Es hora y tiempo de que los nuevos vientos soplen en favor del viejo arte del periodismo honesto.
Toda mi solidaridad con Daniel Lizarraga e Irving Huerta. Pero no basta con ser solidarios y pronunciarse cómodos desde el celular o la computadora ¿Qué necesitas Carmen Aristegui?
Basta con apelar a la buena voluntad de todos los mexicanos, esa minoría. Pero de férrea voluntad que lee y a la que Televisa y Tv Azteca no le han logrado chupar el cerebro y convertirlos en zombies, todo un manjar para la clase política, en especial al PRI. El PRI maldito.

Todos le entramos a la cooperación Carmen Aristegui. Es muy incómodo hacer periodismo desde la palestra de la oligarquía. Bastante incómodo. Como mexicana, y sobretodo como periodista, considéralo.

Aterriza el proyecto ¿dinero? todos le entramos. Todos. Todos los que no queremos ver arder a nuestro México.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen cinco zetas más

Cinco miembros del Cártel de Los Zetas fueron detenidos ayer en el municipio de San Pedro, en Nuevo León, localidad donde residía el recién capturado "Z-42".

Elementos de la Secretaria de Marina capturaron a cinco miembros del Cártel de Los Zetas, entre ellos el jefe regional, en el municipio metropolitano de San Pedro Garza García en Nuevo León.

El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que la detención ocurrió este pasado fin de semana, esto por el seguimiento de la captura de Omar Treviño Morales “Z-42”.

Detalló que Daniel Menera Sierra, identificado como jefe regional de este grupo criminal en Coahuila, fue detenido en San Pedro, uno de los municipios más ricos del país.

“Menera Sierra era considerado jefe regional para ese grupo criminal y mantenía su centro de operaciones en Piedras Negras, Coahuila”, informó el comisionado.

El informe detalla que Menera Sierra estaba encargado del trasiego de droga y tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

La Marina también capturó a Octavio Gómez, aparentemente encargado de traficar droga vía aérea de Colombia a México, así como Ernesto Cervantes y José Javier Alonso Silva. Estos últimos formaban parte de la seguridad personal del encargado del tráfico de droga.

Estas detenciones llevaron a los marinos a la captura al jefe de la plaza del municipio metropolitano de Monterrey, identificado como Ernesto Balderas Medrano.

Reporte Indigo adelantó que la detención del “Z-42 en una residencia de San Pedro confirma que en la entidad, históricamente controlada por el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, operaba el Cártel de Los Zetas. 

Una fuente de alto grado militar informó que Omar Treviño Morales tendría seis meses de haber llegado a Nuevo León con la convicción de apoderarse de esta plaza, incluso entrar a operar en el municipio de San Pedro, residencia de numerosos empresarios y funcionarios nuevoleoneses.

“Quería entrar a San Pedro, pero no lo logró por la detención que realizamos”, presumió la fuente.


Omar, quien se convirtió en el líder absoluto de Los Zetas tras la captura en 2013 de su hermano Miguel Treviño Morales “Z-40”, fue detenido en una vivienda marcada con el número 514 de la calle Vía Collatina, en la colonia Fuentes del Valle.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Habrá ‘zar’ para desaparecidos

El debate sobre desaparición forzada de personas, impulsado por las fracciones del PAN y el PRD en ambas Cámaras del Congreso, busca homologar las leyes que hay en el país respecto a este delito.

Después del debate por la Ley de Transparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso de la Unión entrará a la discusión de una Ley General de Desapariciones Forzadas, que buscará homologar las definiciones y castigos de este delito en todo el país.

En el nuevo borrador para esta legislación, México accederá a las demandas de la ONU a casi seis meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y tras ser blanco de fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

El Gobierno Federal responderá con la creación de un zar con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escala nacional y una nueva ley de mano dura, con penas de casi 50 años de prisión a quien cometa este delito.

Actualmente, el Código Penal Federal contempla una pena de entre cinco y 40 años de cárcel.

A diferencia de la desaparición “simple” de personas, en el delito de desaparición forzada están involucradas autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México hay un total de 25 mil 736 personas en esa condición desde que se comenzaron a documentar, en 2014, hasta febrero de este año. De ellas, 18 mil 467 son hombres y 7 mil 269 son mujeres.

La mayoría de los casos fueron denunciados en el fuero común. Ahí se encuentran radicadas 25 mil 293 denuncias por la desaparición de personas. En el fuero federal son apenas 443 denuncias.

En México, sin embargo, no existe una estadística diferenciada sobre las personas que han sido víctimas de una desaparición forzada y quienes han desaparecido por alguna otra razón.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, revela que existen 32 iniciativas de ley sobre el tema que han sido presentadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y no han sido tratadas en comisiones.

En su estudio “La Desaparición Forzada de Personas”, el IBD señala que esto sucede a pesar de la preocupación que organismos internacionales han expresado sobre la situación de las desapariciones en México.

“La desaparición forzada es recurrente, la legislación ha sido insuficiente y existe impunidad en cuanto a la sanción a los responsables de la comisión de este delito”, expone el estudio.

“La característica más significativa de este delito es que el Estado, las personas o los grupos de personas que actúen con su autorización o su apoyo, no solo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace de forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte (…) sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida”, cita el IBD a Juan José Gómez en un artículo sobre desaparición de personas publicado en la Revista Mexicana de Política Exterior.

Sin embargo, ante la presión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en días recientes afirmaron la urgencia de legislar sobre este delito en México, el Congreso de la Unión apresurará en este periodo el debate sobre las desapariciones forzadas.

El panorama de las desapariciones

La cuarta parte de las personas desaparecidas en el país son menores de edad.

Del total de desapariciones registradas en el país, 25 mil 736 de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, 6 mil 452 corresponden a menores de entre cero y 19 años; esto representa el 25 por ciento del total.

En general, el rango de edad con más prevalencia en las desapariciones es entre los 15 y los 19 años. Un total de 4 mil 149 jóvenes de esa edad han desaparecido en el país.

Entre los 20 y los 29 años hay 6 mil 121 personas desaparecidas; entre los 30 y los 39 años, la cifra alcanza los 4 mil 976 personas.

En el caso de las desapariciones denunciadas en el fuero común, en procuradurías o fiscalías estatales, la estadística recoge los datos del último lugar donde estas personas fueron vistas.

En los cinco primeros lugares de esta estadística se encuentran Tamaulipas, con 5 mil 392; le sigue Jalisco, con 2 mil 235 desaparecidos; el Estado de México, con 2 mil 055; Nuevo León, con 2 mil 009 personas desaparecidas; y Sinaloa, con mil 569.

Los estados con menos desaparecidos, de acuerdo a la estadística del fuero común, son Campeche, con 83; San Luis Potosí, con 53 casos; Baja California Sur, con 19; Tlaxcala, con 13; y Nayarit, con 12.

En el caso del fuero federal, denuncias hechas en la Procuraduría General de la República, los estados donde las personas desaparecidas fueron vistas por última vez están encabezados por Guerrero, con 116 casos; Tamaulipas, con 88; Veracruz, con 66; el Distrito Federal, con 38 casos; y Coahuila y el Estado de México, con 20 casos cada uno.

La urgencia de legislar

A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala y la presión de organismos internacionales para legislar sobre las desapariciones forzadas en México, tanto el Senado como la Cámara de Diputados se preparan para analizar las iniciativas que se han presentado en la materia y otras que podrían darse a conocer en los próximos días.

La nueva legislación buscará homologar las leyes que hay en el país respecto a la desaparición forzada de personas.


La primer reforma en el proceso es el cambio constitucional para otorgar al Congreso el poder de legislar en materia de desapariciones forzadas. Una vez que esto sea aprobado, el Congreso de la Unión podrá trabajar sobre una Ley General en la materia.

Actualmente, el Código Penal Federal establece que si la víctima se libera espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención, la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión. 

Si se libera dentro de los 10 días siguientes a su detención, la pena será de dos a ocho años de prisión. Para modificar estas penas y buscar que haya una sola norma aplicable a los casos denunciados, son al menos 30 las iniciativas que se han presentado sobre este tema en el Congreso.

Una de las iniciativas que se encuentran aún en comisiones del Senado fue enviada por el Ejecutivo en octubre del 2013, y se establecían penas por hasta 50 años de prisión, además de la inhabilitación definitiva para los servidores públicos que participaran de estos delitos.

Iniciativas como la presentada por Silvano Aureoles, hoy candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, sugieren la necesidad de crear una Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias.

Aún pendiente de presentación se encuentra una iniciativa que de Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, quien propone que el delito sea también imputable a particulares y no solo a servidores públicos.

El senador panista propondrá que la pena mayor sea de hasta 70 años de prisión si se oculta o se comete cualquier acción sobre el cadáver de la víctima “que evite o intente evitar su identificación posterior”, señala la iniciativa.

La nueva legislación contempla:

> Colaboración de ciudadanos en las investigaciones
> Castigo a la obstrucción de pesquisas
> La creación de bancos de datos genéticos de cadáveres a nivel federal y estatal
> Reparación de daños a las familias de las víctimas
> Derecho a la verdad

> El destino de hijos menores de personas desaparecidas

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Caso Aristegui: Fue Peña

MÉXICO, D.F: Pocos se enteraron porque Carmen Aristegui no lo denunció, pero la investigación de su equipo sobre la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no se difundió nunca en MVS por una razón de poder: Por censura directa de los dueños de la empresa, sometidos por la Presidencia de la República.

Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, advirtió a Aristegui que si difundía el reportaje de su unidad de investigación, coordinada por Daniel Lizárraga, serían despedidos ella y todo su equipo. Por eso, el domingo 9 de noviembre sólo se publicó en la página de Internet de Aristegui Noticias y en la revista Proceso.

El lunes 10, en la Primera Emisión de MVS Noticias, Aristegui habló de la investigación subrayando que se dio a conocer en esos medios, y así lo discutió su mesa de análisis, pero no la transmitió íntegra, ni siquiera fragmentos. La página de la empresa y sus cuentas de Facebook y Twitter ignoraron el tema, lo mismo que los conductores Luis Cárdenas y Ezra Shabot, que sólo reprodujeron posteriormente las reacciones oficiales.

Esta elocuente omisión de MVS y sus conductores sobre el más documentado caso de corrupción de Peña fue hecha notar por este reportero en su cuenta de Twitter en esos días. Era claro que MVS se deslindaba del caso, pese a que había sido hecho con recursos de la propia empresa.

El presidente y sus funcionarios se enteraron de la investigación del equipo de Aristegui cuando les fue solicitada su opinión sobre el tema y, además de tratar de hacer un control de daños cancelando el tren rápido a Querétaro, de inmediato presionaron a los dueños de MVS, encabezados por Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración, para parar lo que sería –como fue– un golpe al corazón de Peña y su gobierno.

Uno de los operadores de Peña para imponer la censura fue Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno de la República y desde hace diez días coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien fue vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Grupo MVS.

Sánchez Hernández inició el sexenio de Peña como subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación y en su lugar dejó a Andrés Chao Ebergenyi, hermano de Felipe, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa… de MVS.

Otro de los operadores de la censura fue David López, excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia y ahora candidato priista a diputado por Sinaloa, quien intimidó a directivos de algunos medios para que no se sumaran a la difusión de la investigación de la Casa Blanca, con quienes Aristegui había hablado unos minutos antes.

Así, sometida a un espionaje permanente, a mensajes intimidatorios y un sospechoso robo en las instalaciones de su página de Internet –que hasta ahora no ha hecho públicos–, Aristegui logró sortear la censura en la empresa que ya la había corrido una vez, en febrero de 2011, por presiones de Felipe Calderón y su testaferro Javier Lozano –del PAN–, y difundió otros asuntos que incomodaban a Peña y sus secuaces.

La oportunidad de Peña para ajustar cuentas con Aristegui y su equipo llegó cuatro meses después de que detonó el mayor escándalo del sexenio: MVS tomó como pretexto el “abuso de confianza” para que el equipo de la periodista usara su marca en la plataforma MexicoLeaks.

Aunque el revire de Aristegui hubiera sido reconocer que cometió un error, la decisión de liquidarla ya estaba desde que los dueños de MVS censuraron la investigación sobre la Casa Blanca de Peña y sólo esperaron el momento propicio para ejecutarla. Ni siquiera le han dado la cara.

Los Vargas perderán audiencia, profundizarán su desprestigio, pero serán recompensados por ser verdugos de la periodista más incómoda de la radio en México, justo en vísperas de las elecciones y a la mitad del sexenio. La lógica de los corruptos es que todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y pronto sabremos en qué negocios ha sido favorecido ese clan… O si fueron amenazados tienen el deber de decirlo.

Por eso cuando hay quienes dicen, incluidos periodistas como Ciro Gómez y Luis Cárdenas –y otros neojacobos–, que el despido de Aristegui es un tema laboral o comercial, ni ellos lo creen. Es claramente una venganza de Peña tramada en Los Pinos.


Como antes fue una maniobra de Calderón despedirla de W Radio, en enero de 2008, en cuya empresa el cuñado de éste, Juan Ignacio Zavala, era directivo del Grupo Prisa, asociado a Televisa. Los intolerantes de cualquier partido actúan igualito.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).

MVS niega que despido de Aristegui obedezca a presiones del gobierno

MÉXICO, D.F: El Vicepresidente de Relaciones Institucionales de la empresa MVS, Felipe Chao, rechazó que el despido de la periodista Carmen Aristegui esté vinculado a presiones del gobierno federal.

Argumentó que el despido de la periodista y su equipo se debe a que la compañía tiene la intención de “simplemente, de homogeneizar, de perfeccionar, o de tener un poco de orden en todas nuestras emisiones”.

En entrevista con Grupo Fórmula, esta mañana Chao elogió la trayectoria profesional de Carmen Aristegui, aunque insistió que ella y su equipo erraron al utilizar la marca de MVS al presentarse en la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks.

Según Chao, el clima laboral entre el equipo de MVS y Aristegui “no era el idóneo” y esto se exacerbó debido a que la empresa rechazó el ultimátum impuesto por la periodista el viernes pasado para que sus colaboradores Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueran recontratados.

“Carmen y su equipo, que merecen todo nuestro respeto, están agraviados por lo que ellos creen que es un ataque a la libertad de expresión “, insistió Chao.

Aristegui fue despedida de MVS el pasado domingo, por la noche. Antes, durante varios días, la compañía orquestó una campaña contra la periodista para acusarla de abuso de confianza al utilizar el nombre de MVS en la plataforma Méxicoleaks.


La periodista consideró que su despido es una afrenta a la libertad de expresión y anunció que ella y su equipo “vamos a dar la batalla” frente a la salida de su programa de noticias matutino.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Integrantes de Méxicoleaks rechazan despido de Aristegui

MÉXICO, DF: Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil que integran Méxicoleaks, entre ellos Proceso, rechazaron la decisión de la empresa MVS de despedir a la periodista Carmen Aristegui y a su equipo editorial y reiteraron que seguirán adelante en su propósito de servir como una plataforma tecnológica para que las personas envíen de manera segura y anónima información de interés público.

En un comunicado conjunto emitido este martes 17, lamentaron que la decisión de MVS esté basada en la participación del equipo editorial de Aristegui en Méxicoleaks, “como si los valores democráticos que animan a esta plataforma –entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas— incomodaran a esa empresa o afectaran sus intereses”.

“En virtud de ello –señalaron– la alianza Méxicoleaks es la que se deslinda completamente de MVS y sus prácticas”.

Asimismo, expresaron su solidaridad con los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta –integrantes del equipo de investigación de Aristegui y quienes encabezaron la investigación del llamado caso Casa Blanca– despedidos por MVS el pasado jueves 12.

La empresa argumentó que Lizárraga y Huerta habían comprometido los “recursos y marcas” de MVS Radio al presentarse en Méxicoleaks como integrantes de este medio.

El miércoles 11, MVS se deslindó de Méxicoleaks y sostuvo que Aristegui e integrantes de la Unidad de Investigación habían cometido “abuso de confianza” por realizar sin aviso previo una alianza que sólo corresponde realizar a la administración de la empresa. Un día después, el jueves 12, aseguró en otro comunicado que el problema con la periodista nada tenía que ver con la plataforma. “Le damos la bienvenida (a Méxicoleaks) como a cualquier otra plataforma ciudadana, sin embargo, el que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas sin conocimiento y autorización de la administración es inaceptable”, afirmó. Ese mismo día anunció los despidos de Lizárraga y Huerta.

El viernes 13, durante su noticiero matutino, Aristegui pidió la reincorporación de ambos periodistas. La empresa afirmó el domingo 15 que esta petición representaba un “ultimátum” que “no podía aceptar” y procedió “a dar por terminada la relación de trabajo” que tenía con Aristegui.

Los integrantes de Méxicoleaks insistieron en su comunicado que el equipo de Aristegui seguirá formando parte de la plataforma, y sostuvieron que “el cierre de un espacio informativo crítico e independiente atenta contra el ambiente de libertad y pluralidad necesarios en una democracia”.

Enseguida se reproduce el comunicado de Méxicoleaks:

“La alianza de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil integrantes de Méxicoleaks rechaza la decisión de la empresa MVS de dar por terminada la relación laboral con la periodista Carmen Aristegui y su equipo editorial. Tal determinación implica el cierre de un espacio informativo crítico e independiente, que atenta contra el ambiente de libertad y pluralidad necesario en una democracia. El equipo de Aristegui forma y seguirá formando parte de esta plataforma.

“Lamentamos que la decisión de MVS esté basada en la participación del equipo editorial en la alianza Méxicoleaks, como si los valores democráticos que animan a esta plataforma –entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas— incomodaran a esa empresa o afectaran sus intereses. Ninguna marca comercial ha sido usada con propósitos ajenos a las labores periodísticas. En virtud de ello, la alianza Méxicoleaks es la que se deslinda completamente de MVS y sus prácticas.

“Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo pleno a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, cuyo profesionalismo e integridad están fuera de cualquier sospecha.

“Méxicoleaks seguirá adelante en su propósito fundacional de servir como una plataforma tecnológica para que las personas envíen de manera anónima y segura información de interés público. Refrendamos nuestro compromiso con los altos estándares de un periodismo profesional al servicio de la sociedad y con la defensa de los derechos humanos.

“Los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil integrantes de la plataforma Méxicoleaks:


“Animal Político, emeequis, Más de 131, Periodistas de a Pie, PODER, Proceso, – R3D”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Medina Mora: primer asunto en la Corte, primer conflicto de intereses

Hoy asume como ministro; en breve deberá analizar si el arraigo viola derechos.

Eduardo Medina Mora asume hoy el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en tan sólo unos días tendrá que afrontar el primer asunto, de muchos, en el que esté ante un posible conflicto de intereses por su actuación como procurador general de la República de diciembre de 2006 a septiembre de 2009. Por primera vez, el máximo tribunal analizará si el arraigo es una figura jurídica violatoria de los derechos humanos o no.

Los ministros analizarán el proyecto, elaborado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sobre el amparo en revisión que interpuso Jesús Cuauhtémoc Pérez García, quien fue acusado de permitir la fuga de reos del penal de Gómez Palacio, Durango, en marzo de 2009, y que interpuso un amparo en contra del arraigo de 30 días que solicitó el Ministerio Público Federal, siendo titular de la PGR el ahora ministro Medina Mora.

Gutiérrez Ortiz Mena propone validar la constitucionalidad del arraigo federal, aunque deja a salvo la posibilidad de interponer juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva, cuando se impugnen violaciones procesales o pruebas ilegalmente obtenidas durante el tiempo que la persona acusada estuvo bajo arraigo.

También avala la facultad de la Federación para regular el arraigo en un ámbito más amplio que el previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se incluya en casos de delitos graves, y reconoce el arraigo como una figura que no contradice la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

De acuerdo con ministros consultados, Medina Mora tendrá que ser muy cuidadoso en evaluar cada asunto en el que esté en posible conflicto de intereses –es decir, que esté relacionado con el cargo que ostentaba en la administración pública federal–, y en consecuencia, plantear al pleno o a la sala correspondiente si considera que debe declararse impedido o no.

Los entrevistados señalaron que no es posible por el momento estimar en cuántos asuntos Medina Mora tendría que excusarse, pero el ex procurador deberá poner especial atención en el tema.

Siendo procurador general de la República, Medina Mora, quien hoy se integra al máximo tribunal en sesión solemne, impulsó en 2007 –en el gobierno de Felipe Calderón– una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que proponía permitir cateos, arraigos e intervenciones telefónicas sin orden judicial.

Sin embargo, el Senado se opuso a la pretensión del gabinete presidencial –en aquel entonces Calderón propuso a Medina Mora y el Senado ratificó su nombramiento– e introdujeron la obligación de que un juez federal autorizara esas acciones de la autoridad.

El ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam se pronunció en diciembre de 2012 en contra del uso de medidas cautelares como el arraigo, y meses después reconoció que durante el sexenio pasado la PGR incurrió en el abuso de esa figura.

En marzo de 2014, el pleno de la Corte determinó que procede el amparo contra el arraigo, ya que no cesan sus efectos cuando la persona cambia de situación jurídica, sea dejada en libertad o sentenciada. En aquella ocasión, el quejoso era el mismo Jesús Cuauhtémoc Pérez García, ex director del penal duranguense de Gómez Palacio, quien fue arraigado y procesado por la evasión de cinco reos el 8 de marzo de 2009. Demandó por primera vez la inconstitucionalidad del arraigo, pero la Corte se limitó a reconocer su derecho a impugnarlo vía amparo; ahora, el pleno tendrá la oportunidad de discutir este tema a fondo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.

Anticipa una ‘batalla’

El conflicto entre MVS Radio y Aristegui podría escalar. La periodista denunció ayer que la empresa actuó de forma irregular.

La precondición expresada por Carmen Aristegui para establecer un diálogo con MVS Radio sobre el caso MéxicoLeaks no cayó nada bien. 

Tanto que la empresa decidió este fin de semana dar por terminada su relación laboral con la periodista y rechazó “permitir que alguno de nuestros colaboradores pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros y mucho menos que pretenda imponer a la administración condiciones y ultimatos”.

En respuesta, Aristegui declaró ayer que dará batalla a MVS dado que la empresa actuó de forma irregular. “Hemos hablado con nuestros abogados y nuestros abogados nos dicen que no tienen derecho a hacer lo que nos están haciendo”, dijo.

“Nuestros abogados nos dicen que esto es un atropello a la libertad de expresión y que hay un conjunto de irregularidades y de situaciones absolutamente denunciables”, agregó. 

Según alegó MVS en un comunicado, el despido de Aristegui se debe a que la periodista fijó como condición para arreglar las diferencias la reinstalación de dos de sus colaboradores. “El diálogo, no se atiende imponiendo condiciones, sino escuchando a las partes”, manifestó la empresa.

Acusa premeditación

Aristegui se reunió con sus colaboradores ayer por la mañana afuera de las instalaciones de MVS, donde aseguró que su despido y el de sus asociados “tiene los vicios de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder”. 

Aristegui advirtió que “este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión”. 

Da vuelta al mundo

La noticia de la cancelación del contrato de Aristegui ha dado la vuelta al mundo y provocado la condena de los principales medios internacionales. 

La BBC de Londres publicó ayer que el despido de la periodista ha generado comentarios en la sociedad mexicana sobre el cierre de espacios críticos en los medios de comunicación del país, especialmente ante la cercanía de las elecciones intermedias del 7 de junio.

Y la revista Forbes, en una columna de Nathaniel Parish Flannery, comentó que “el despido de la periodista disidente Carmen Aristegui es una mala noticia para México”. 


Por su parte, Reuters, The Associated Press, The Financial Times y Al Jazeera destacaron como parte de la noticia la reciente labor periodística del equipo de Aristegui, el cual expuso el conflicto de interés materializado en la adquisición por parte de la familia presidencial de la ya conocida “Casa Blanca”. La politóloga Denise Dresser renunció a MVS tras el despido de la periodista.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Anonymous hackea portal de Dish; filtrarán documentos por Méxicoleaks

MÉXICO, D.F: El grupo de ciberactivistas Anonymous publicó hoy un posicionamiento respecto a la salida de Carmen Aristegui en el portal de Dish, una de las empresas dirigidas por Joaquín Vargas.

“Condenamos toda clase de actos que opaquen la realidad de lo que sucede, así como la represión y la violencia que esto ha generado, de la misma forma, queremos manifestar el apoyo hacia quienes día con día, a pesar de las condiciones incluso denigrantes, hacen su mayor esfuerzo por mantener la veracidad en cada uno de sus actos y reportajes. Defendemos la libre expresión y seguiremos luchando para que esta se mantenga”, escribieron en el portal de Dish.

La infiltración en las entrañas de Dish fue dada a conocer por el grupo MexicanH Team a través de Twitter:

“En estos momentos tenemos bajo control el blog de @DishMx http://dish.mvsdigital.tv/blog/?p=90”, informó el usuario MexicanH Team.

En el mensaje prometieron difundir correos electrónicos y documentos relacionados con el despido de Aristegui de MVS Radio.

“Queremos hacer del conocimiento que la agencia MVS en este momento ya pertenece a Méxicoleaks de forma involuntaria, ya que sus documentos, correos electrónicos, entre otra información se encontrarán disponibles en esta plataforma”, dice el statement.

El sábado pasado los ciberactivistas tomaron por unos minutos el portal de MVS Noticias y publicaron dos mensajes relacionados con el despido de la conductora.

Los ciberactivistas colocaron un comunicado apócrifo en el portal de MVS donde supuestamente la empresa se arrepentía del despido de Aristegui y dos de sus colaboradores y reconocía que “periodistas, informadores y activistas han sido presionados para claudicar en sus investigaciones, y de manera descarada las noticias reales se han visto nubladas por una serie de mentiras que han obstaculizado el avance y crecimiento del país y de los ciudadanos”.

La empresa confirmó el hecho en su cuenta de Twitter:

“La página de MVS ha sido Hackeada, estamos tomando las precauciones pertinentes”, se leía en la cuenta de la empresa que dejado de ser seguida masivamente desde el anuncio del despido de Daniel Lizárraga e Irving Huerta y posteriormente de Carmen Aristegui.


Sólo este día la cuenta de MVS ha perdido casi siete mil seguidores. Al mediodía tenía 854 mil 959 seguidores y para las 19:00 horas tenía 848 mil 205, es decir seis mil 754 menos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Veracruz: Vivir en el terror…

XALAPA, Ver: En Veracruz la justicia no llega ni para los asesinados, ni para las víctimas de desapariciones forzadas. A un año de su tragedia, la familia Quevedo González de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, vive con miedo, zozobra e incertidumbre.

Hace un año (15 de marzo), Gerson Quevedo González, de 19 años, estudiante de arquitectura y prospecto de jugador de futbol profesional, fue secuestrado en el fraccionamiento Arboledas San Ramón, en el municipio de Medellín. Al día de hoy, su familia no sabe nada de su paradero.

Por el secuestro de Quevedo González, un día después –la madrugada del 16 de marzo del año anterior–, su hermano, Alan Quevedo –exportero de los Tiburones Rojos categoría Sub-17– y su cuñado, Miguel Caldelas fueron acribillados por el mismo comando que secuestró a Gerson. Hoy, Gerson padre reclama justicia para dar con el paradero de su hijo secuestrado y para los homicidas de Alan.

El doble delito que sacudió a la familia Quevedo ocurrió muy cerca de El Tejar, donde el pasado 2 de enero fue secuestrado y asesinado el reportero de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo. La SSP y el gobierno de Javier Duarte tomaron estrictas medidas apenas el 6 de marzo pasado, cuando en coordinación con el ayuntamiento de Medellín decidieron “liquidar” a la Policía Municipal y dar cabida al Mando Único integrado por elementos de la Fuerza Civil (FC) y fuerzas federales.

El secuestro de una maestra de preescolar en la congregación de Paso del Toro en Medellín y el homicidio doloso de Moisés Sánchez a manos de expolicías intermunicipales, cinco de ellos aún prófugos de la justicia –este último caso convertido en un escándalo internacional– orilló al gobierno de Duarte a tomar medidas radicales.

Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre no han terminado, expone Gerson Quevedo, pues las amenazas telefónicas de un grupo delincuencial sin identificar continúan. En los últimos 12 meses, la familia ha recibido tres llamadas para “exigir un rescate” por regresar al estudiante de arquitectura con vida, pero sin poner al secuestrado al teléfono. Además el celular de la familia ha sonado en distintas ocasiones, sin embargo, los interlocutores sólo se quedan escuchando al otro lado del auricular sin decir nada.

“En una llamada me dijeron que querían más dinero o atentarían contra mi esposa o irían por mis demás hijos”, narra Gerson padre.

Por esas situaciones anormales y por la indiferencia de la FC y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el nulo avance en las investigaciones de la neo Fiscalía General del Estado (FGE), los demás integrantes de la familia Quevedo González han tenido que vivir a “salto de mata” en varias casas de estos tres municipios conurbados, en donde sólo Gerson Quevedo padre da la cara a las autoridades, pues los demás miembros de la familia se mantienen en el anonimato por el temor y la zozobra.

Uno de sus hermanitos muestra su teléfono celular en donde tiene una fotografía de Gerson Quevedo y el siguiente pensamiento: “Te extraño hermanito, tus enojos, tus caras, te necesito”.

Incluso en un reportaje de la cadena Univisión sobre el terror de las desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones en Veracruz, Gerson padre aceptó dar su testimonio pero con la silueta obscurecida en la cámara, el rostro difuminado y la voz distorsionada.

Para la familia Quevedo aún sigue latente el temor de una represalia por parte de la delincuencia organizada, pues Gerson recuerda que uno de los sicarios que secuestró a su hijo y asesinó a Alan fue abatido en el operativo del 16 de marzo, donde policías estatales llegaron minutos después de que Alan Quevedo y Miguel Caldelas fueran acribillados en el interior de su vehículo Mazda color rojo con placas YJX5999; ello, luego de que descubrieran la casa de seguridad donde tenían a Gerson, cuyos captores procedieron a llevárselo con rumbo desconocido en otro automóvil.

“Lo dije la otra vez, en la camioneta donde apareció el sicario muerto, ahí fueron encontrados documentos de Alan: una credencial de estudiante, una papeleta de empeño y otros documentos personales. La clave está ahí, ¿De quién es la camioneta?”.

El padre de Gerson y Alan ha sufrido un auténtico viacrucis para exigir el avance de las investigaciones. En cinco ocasiones han sido citados en Xalapa para declarar en el Ministerio Público y en la nueva Unidad Especial Antisecuestros, hoy adscrita a la FGE. Sin embargo, Quevedo recrimina que los trámites se tienen que hacer desde Xalapa, mientras que el doble homicidio y secuestro ocurrió en Medellín, a 120 kilómetros de distancia.

“No hay avances, no hay resultados. Antes de que desapareciera la Procuraduría General de Justicia (PGJE) nos atendía un tal licenciado Fonseca que no hizo nada, absolutamente nada. Ahora hay uno nuevo a cargo, un tal Pucheta, se mueve más, pareciera que hay avances, pero de mi hijo nada”.

Quevedo rememora que fue hace un año cuando la indiferencia del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando) y del número de emergencias 066 orilló a su familia a negociar con los captores, acordando pagar los 50 mil pesos de rescate que les exigieron y depositarlos en el estacionamiento de Plaza Crystal. Pasaron las horas pero el mayor de los hijos de Gerson Quevedo no volvió a casa. La comunicación con sus plagiarios se cortó.

Horas antes, el folio 56699 de la SSP detalló que cuando la familia Quevedo se quejó por el secuestro de uno de sus hijos, del otro lado de la línea un oficial les respondió: “Seguramente se trata de un secuestro virtual. Mándenle un mensaje al celular de su hijo; díganle que ustedes están bien, que regrese a casa”.

El otro caso que sacudió al municipio de Medellín de Bravo fue el del reportero-editor de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, quien se convirtió en el onceavo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Duarte.

El reportero medillense fue “levantado” por un comando –con la complicidad de la Policía Municipal– el pasado 2 de enero y ese mismo día fue privado de la vida. Veintitrés días después su cuerpo apareció “cercenado” y envuelto en una bolsa negra en un paraje solitario del municipio de Manlio Fabio Altamirano, muy cercano a su lugar de origen.

La investigación ministerial 01/E/2015 reveló que el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez Martínez asesinó a Moisés Sánchez por un “encargo” del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del alcalde panista Omar Cruz Reyes.

El edil Cruz Reyes continúa hoy en libertad, al igual que los otros cinco expolicías intermunicipales que participaron en el homicidio del periodista, aunque el alcalde panista ya carga un juicio político para quitarle el fuero constitucional, situación legislativa que se resolverá el próximo martes 17 de marzo.

Otro caso que se convirtió en escándalo internacional y que continúa impune es el “levantón” y posterior asesinato –salpicado de irregularidades y huecos en la versión oficial– del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz.

Martiz fue secuestrado el 7 de enero. Su cuerpo apareció una semana después. Las investigaciones que realizó por separado su padre, Efraín Martiz, evidenciaron que el localizador GPS de su teléfono móvil da las coordenadas de tres distintas direcciones entre el día de su secuestro y el 12 de enero, fecha en que la extinta PGJ confirmó el hallazgo de los cuerpos de Gibrán y un amigo.

Uno es el lugar donde fueron secuestrados, en la calle Ferrocarril Interoceánico; otro es el conjunto residencial Las Ánimas, donde “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez” –remarca Martiz padre– y el tercero es la Academia de Policía de El Lencero.

Al entregar la copia de los mapas con las coordenadas, que coinciden con las hojas de Telcel, Efraín Martiz señala: “Seguramente a mi hijo lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron”.

En contraste, el pasado 18 de diciembre, los siete policías que participaron en el levantón de su hijo y del menor Sergio Luis Hernández obtuvieron su libertad condicional con una “medida cautelar”. De esa manera, los oficiales que participaron en el “levantón” de Martiz, Felipe López Domínguez, Uriel Pérez, Manuel Ortiz, Luis Pérez, lván Cortes, Mauricio Ramírez y Abel Bravo salieron de la prisión de Pacho Viejo después de que el juez “matizó” los cargos de incumplimiento de un deber legal, coacción y abuso de autoridad, en lugar de juzgarlos por “secuestro” y “homicidio”.


Otro caso del que Proceso ha dado amplio seguimiento es el asesinato de la corresponsal del semanario en Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien el próximo 27 de abril cumplirá tres años de haber sido asesinada de forma violenta en su domicilio, y que al día de hoy, uno de sus presuntos homicidas, Jorge Adrián Hernández Domínguez El Jarocho continúa prófugo de la justicia y el otro victimario, José Antonio Hernández El Silva ya fue sentenciado a 32 años y 8 meses de prisión, tras un proceso penal salpicado de irregularidades, en el que incluso El Silva salió de prisión en agosto del 2013 por “revocación de sentencia”, aunque un año después regresó a la cárcel de Pacho Viejo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.