San Quintin BC Tierra de Feudales...

SAN QUINTÍN.- Bloqueos en la Transpeninsular, saqueo de negocios, toma de delegaciones, agresiones hacia automovilistas y autoridades, más de 30 detenidos y varios heridos, culminando con enfrentamientos por el control del Centro de Gobierno en San Quintín, fue parte de la jornada de protestas encabezadas por jornaleros, en demanda de mejores condiciones laborales en los campos agrícolas.

Alrededor de las 22:00 horas, más de 100 unidades de la Policía Ministerial, varios camiones con soldados, unas 40 unidades de la PEP, entre otros, salieron rumbo al Sur del municipio para controlar la revuelta. Aproximadamente a las 15:45 horas, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, había anunciado la presencia de al menos 400 unidades de distintas corporaciones, en diversos convoyes que se dejaron ver por la ciudad, para reforzar la vigilancia en la zona.

Este clima de violencia e inseguridad obligó a los residentes de los distintos poblados a permanecer en sus casas. Las clases fueron suspendidas, los negocios cerraron sus puertas, al igual que centros de salud y hospitales. Todas las actividades se trastornaron.

Miles de jornaleros agrícolas detuvieron el tráfico en distintos puntos de la carretera Transpeninsular desde Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín, para denunciar irregularidades por parte de múltiples empresas agrícolas y solicitar derechos laborales.

Los bloqueos iniciaron desde la madrugada del martes, desde San Quintín hasta Colonet, siendo coordinados por integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

En el caso de San Quintín, instalaron barricadas con piedras, bloques y llantas quemadas, en los ejidos El Papalote, Sánchez Díaz, Nueva Era, Lázaro Cárdenas, Nuevo Mexicali, puente New York y el vado de la entrada.

FRACASÓ PRIMER DIÁLOGO

Alrededor de las 11:00 horas, arribaron al Centro de Gobierno del Estado de San Quintín las unidades con el subsecretario general de gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, el secretario General del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villareal, el director de Protección Civil, Arturo Granados González y otros funcionarios.

Intentando lograr acuerdos, en la sala de juntas realizaron una reunión a puertas cerradas, exponiendo las consecuencias de la movilización y escuchando los avances por parte de las autoridades estatales de San Quintín, en especial de la subprocuraduría del Trabajo y Previsión Social y General de Gobierno.

Durante el ingreso, al mostrar actitud violenta, algunas unidades municipales fueron apedreadas por los manifestantes, siendo necesaria la intervención de la Unidad de Reacción Inmediata, Policía Municipal y Estatal Preventiva para mantenerse al frente en caso de incidentes.

Al enterarse de la presencia de los funcionarios, cientos de jornaleros solicitaron a gritos su intervención, rodeando la parte sur del Centro de Gobierno, molestos al visualizar a los agentes armados.

López Núñez intentó dialogar con los manifestantes, aunque por los gritos no lograban escuchar las peticiones. Algunos líderes presentes divulgaron las declaraciones y acordaron esperar de nuevo en el puente New York.

DESALOJO DEL CENTRO DE GOBIERNO

Poco antes de las 19:00 horas, grupos de inconformes dialogaban con las autoridades estatales en la explanada del centro de gobierno, amenazaban con quemar el edificio. En un momento dado, entre el tumulto alguien arrojó una piedra en contra de Pablo Alejo López Núñez, siendo lesionado en la parte frontal del rostro.

Luego de la agresión, la Policía Estatal empezó a movilizarse en los alrededores, arremetiendo en contra de los agresores, disparando balas de goma, siendo apoyados con el tanque antimotines y personal con escudos. Tanto agresores como curiosos corrieron del centro para huir entre las calles cercanas, siendo perseguidos por los estatales.

Al huir la mayoría de los manifestantes, los agentes se instalaron en el puente New York, recuperando la vialidad, aunque aún recibían piedras por parte de jóvenes delincuentes, culpables del conflicto, que al principio inició de manera pacífica.

Tras el enfrentamiento, de manera extraoficial se supo que dos policías municipales fueron lesionados con piedras mientras intentaban levantar el bloqueo en el área de Centro de Gobierno, así co-mo un agente ministerial.

Se reportaron instalaciones gubernamentales dañadas, disturbios en comercios y personas detenidas, sin precisar el número. Las barricadas sobre la Transpeninsular fueron retiradas, pero los ánimos seguían crispados y había mucha gente a los alrededores.

PUNTA COLONET

En Punta Colonet también hubo bloqueo de la carretera, gente haciendo disturbios, pero sin tomar la delegación municipal. Hasta el cierre de la edición, seguía el bloqueo.

CAMALÚ

Poco antes de las 6:00 horas, al Ejido Díaz Ordaz arribaron 150 personas para cerrar el acceso antes del puente, contando con largas filas de automovilistas y comerciantes.

En Camalú instalaron bloqueos entre el kilómetro 155 y 158, siendo alrededor de 400 manifestantes en la salida del poblado. Aunque al principio iniciaron de manera pacífica, posteriormente reportaron incidentes con algunos comerciantes.

Los manifestantes tomaron las instalaciones de la delegación en Camalú, donde rompieron vidrios, además de saquear negocios, mercados y prenderles fuego.

Los comercios instalados en los alrededores de la carretera Transpeninsular debieron cerrar sus puertas, manteniéndose al margen del conflicto aunque los actos delictivos dañaron algunas estructuras.

Asimismo, en la delegación Camalú, después de los actos delictivos, residentes de la localidad se unieron para detener a los individuos culpables de los disturbios, reabriendo las puertas de la delegación municipal.

El delegado de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros, informó que la ciudadanía tomó acciones para detener los sucesos violentos, logrando ubicar a los culpables para detenerlos e internarlos en las celdas preventivas.

Esta acción ocurrió poco antes de la llegada de la Policía Estatal Preventiva, siendo motivados por la ciudadanía para continuar con su trayectoria hacia la zona sur de Vicente Guerrero y San Quintín.

Habitantes de la zona manifestaron que falleció el dueño del mercado “El Reloj”, el cual sufrió saqueos y fue incendiado momentos después. Según indicaron, el propietario falleció de un infarto al ver lo ocurrido.

Hubo un total de 30 detenidos por los disturbios y daños generados. Además de que se remolcó un vehículo en el que se transportaba la mercancía saqueada. De los detenidos por los saqueos, cuatro fueron asegurados en un camino vecinal de la colonia Tierra Blanca, identificados José Ángel Pacheco, Mario Díaz Ibáñez, Giovani Barba Rodríguez y Abraham Soto Sepúlveda, a quienes se les encontró mucha mercancía.

VICENTE GUERRERO

En la delegación Vicente Guerrero, reportaron múltiples hechos delictivos, solo hasta las 5:00 horas contabilizaron alrededor de mil personas manifestándose, acudiendo más a cada hora. En esta localidad, la manifestación “pacífica” se salió de control, ya que saquearon comercios y gasolineras.

Una multitud de jóvenes tomó las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en la delegación Vicente Guerrero, ocasionando daños a la estructura y amenazando con agredir a los agentes, debiendo retirarse en espera de indicaciones.

El comandante de la localidad, Jorge Argoud Martínez, explicó que momentos atrás vieron a cientos de individuos que se aproximaban a la estación, por lo cual procedieron a retirar las armas y retirarse a bordo de las unidades.

Hasta el cierre de la edición, la situación en la Comandancia permanecía sin novedad, aunque seguían las amenazabas de volverla a tomarla. El bloqueo en la carretera continuaba. 

LOS MOTIVOS

Los inconformes denuncian irregularidades en contra de múltiples empresas agrícolas, entre las que se encuentran rancho Los Pinos, agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex y Driscolls, incluso mostrándose dispuestos a manifestarse directamente con los productores.

Al exponer sus inconformidades, los jornaleros manifestaron que sufren de largas jornadas de trabajo, sueldos mínimos, maltrato por parte de mayordomos, horas extras sin pagar y despidos injustificados, además de la poca intervención de las autoridades.

Además, explicaron que en Los Pinos, Santa Mónica y Berrimex, al momento de incapacitarse por problemas de salud o accidentes en el trabajo, reciben únicamente 200 pesos por una semana, debiendo cubrir los gastos por su cuenta.

Asimismo, indicaron que en el hospital IMSS 69 y en los centros de salud existe déficit de medicamentos, además de sobresaturación de pacientes, por lo cual deben esperar más de tres horas para recibir consultas y pagar los medicamentos en una farmacia privada.

“Recibimos poco más de cien pesos diarios, lo cual no es suficiente para mantener a la familia, ni siquiera laborando en los campos durante toda la semana. Demandamos respuestas por parte de las autoridades, en caso contrario, continuaremos hasta que sea necesario”, mencionó uno de los líderes.

LAS DEMANDAS

Revocación del contrato colectivo, por violaciones a derechos laborales y humanos. Derecho de antigüedad. Afiliación inmediata al IMSS. Prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos. Horas extras doble y triple. Incapacidad por embarazo antes y después del parto.

Permiso para padres, 5 días con derecho a salario. No más tolerancia al acoso sexual de mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos.

No represalias en contra de los trabajadores que están participando directo o indirectamente en manifestación. Salario de 300 pesos por día. Pago de 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año de 2001 se paga a 10 y 12 pesos la caja.

Domingos y festivos se paguen doble. Se pague a 17 pesos por jarra de mora. Cubetas de tomate se paguen a 8 pesos.

FUENTE: EL MEXICANO

SCJN: independencia vulnerada

MÉXICO, D.F: Uno de los valores más preciados de la reforma constitucional de diciembre de 1994, que marcó el nacimiento de una nueva época para el Poder Judicial, fue el buscar la independencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del titular del Poder Ejecutivo al transferir la designación de los ministros del presidente de la república al Senado.

Más allá de los naturales cuestionamientos a las designaciones realizadas hasta 2012, se había acabado con la perversión de nombrar a integrantes del Poder Ejecutivo como ministros, lamentablemente la práctica se retomó, con la consiguiente pérdida de independencia y autonomía del Poder Judicial.

En noviembre de ese año, en una de las dos ternas que envió al Senado, el entonces presidente Felipe Calderón propuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien entonces era director del Servicio de Administración Tributaria; nombramiento que, aun cuando debía ser ratificado por el mismo Senado, era responsabilidad del Ejecutivo y, por supuesto, tenía una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. Gutiérrez Ortiz Mena había ingresado a dicha instancia en 2003 como administrador general jurídico y, tras fungir como administrador de Grandes Contribuyentes en julio de 2008, fue nombrado director. En general su designación no fue muy cuestionada porque había un reconocimiento a su trayectoria profesional.

El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la vacante que se generó por el fallecimiento de Sergio Valls a fin de proponer al embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, para ocuparla. Sin duda la actuación de Medina Mora como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como secretario de Seguridad Pública y como procurador general de la República es muy cuestionable, pero más lo es que después de 15 años de trabajar en el primer nivel del Poder Ejecutivo pase directamente al máximo nivel del Poder Judicial, en este caso con la agravante de que nadie reconoce sus capacidades como jurista y sí su obediencia acrítica a las indicaciones del Ejecutivo en turno.

De los otros nueve integrantes del pleno, cinco (el actual presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza) tienen una larga trayectoria en el mismo Poder Judicial, donde escalaron puestos a lo largo de los años; José Ramón Cossío llegó directamente de la academia por méritos indiscutibles en dicho campo; Olga Sánchez Cordero, tras ocho años en la Facultad de Derecho de la UNAM, se convirtió en la primera mujer Notaria del Distrito Federal, donde ejerció la abogacía durante nueve años, y posteriormente estuvo dos años como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF, antes de ser nombrada ministra de la Corte.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a la SCJN tras 25 años de ejercer como abogado postulante en materia constitucional, y el nombramiento más cuestionable hasta antes de los dos ya señalados fue el de José Fernando Franco, quien había sido subsecretario de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, y magistrado en dos ocasiones del Tribunal Electoral, antes de que éste pasara a formar parte del Poder Judicial. Sin embargo, su llegada al máximo tribunal del país en diciembre de 2006 estuvo precedida por un paso de poco más de un año por la academia.

Así, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresa la perversa práctica de designar como ministros de la Corte a fieles servidores del presidente, pues aunque la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena la realizó Calderón, fue evidente la intervención de Peña Nieto en la integración de la terna. Desde el primer momento se estableció que era un nombramiento que el PRI impulsaba por el hecho de que el prospecto es nieto de Antonio Ortiz Mena, quien fuera secretario de Hacienda durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; director de Banamex tras su nacionalización, así como prominente y comprometido priista, como quedó claro en aquella cena que organizó en su casa el 23 de febrero de 1993 con los empresarios mexicanos para que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari les solicitara financiamiento para la campaña del candidato tricolor.

Las dos propuestas de ministros de la Corte que ha hecho Peña Nieto, aunque la primera la haya formalizado su predecesor, corresponden a personas que en el momento de ser propuestos dependían del Ejecutivo. Esa relación de dependencia es precisamente la que se buscaba evitar con la designación de los ministros por parte del Senado, y la norma había cumplido su propósito hasta el inicio de este sexenio.

Los candidatos a ministros deben ser juristas reconocidos y probados, sea por haber dedicado su vida al Poder Judicial, a la docencia y la investigación o al ejercicio libre de su profesión, lo cual no se cumple en el caso de Medina Mora. El precedente se vuelve más preocupante porque en noviembre del presente año habrá que designar a otros dos ministros para cubrir las vacantes que dejarán en diciembre los últimos dos ministros de la generación de 1995 (Silva Meza y Sánchez Cordero).

Desde el 2003, al empezar la renovación de los 11 iniciales en 1995, la designación de los ministros de la Corte estuvo sujeta al reparto de las cuotas partidistas, pues se requería el apoyo de dos grupos parlamentarios para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones; pero al menos hasta el inicio de este sexenio se habían guardado las formas y los partidos impulsaban candidaturas de personas ajenas al Ejecutivo en turno y que podían exhibir méritos profesionales suficientes para ser nombrados.


La designación de Medina Mora es una muestra más del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo y un paso hacia la restauración del neopresidencialismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Aristegui-MVS: Censura y agravio a las audiencias

MÉXICO, D.F: “Ambas partes están agraviadas, molestas, y en este momento no veo arreglo alguno”, declaró Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo MVS, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, al dar la posición de la empresa sobre el conflicto con Carmen Aristegui y el despido de Daniel Lizárraga e Irving Huerta.

Chao afirmó que la salida de Aristegui no tiene relación alguna con “presiones del gobierno ni mucho menos” y tampoco “tienen nada qué ver con un atentado a la libertad de expresión”.

El vocero de MVS reiteró en su interpretación del caso que se trata sólo de “dos partes” y descartó a las audiencias, los principales agraviados y quienes más fuerte han protestado ante la abrupta y desaseada expulsión de Aristegui y de su equipo informativo.

MVS construyó un caso de “agravios”, de “violaciones al uso de la marca”, de “pérdida de confianza” y “uso indebido de nuestros recursos humanos y tecnológicos”, ignorando a sus propias audiencias y su derecho a tener una opción informativa crítica que, por si fuera poco, es la que les dio mayor rating, patrocinadores y credibilidad en una intensa competencia en los noticiarios matutinos.

Sorprende aún más que la familia Vargas –concesionarios de varios años atrás, respetuosos en otras ocasiones de la autonomía editorial de sus periodistas y comentaristas y que se han enfrentado muy duro a los intereses de Grupo Televisa– haya construido un caso como si se tratara de una fábrica de hamburguesas o una maquila de noticias que ahora tendrá métodos soviéticos de control de calidad y de contenidos.

En su argumentación contra Aristegui y su equipo se olvidan que ellos son concesionarios de un bien público de la nación que les permite comercializar el tiempo-aire. A cambio, ofrecen servicios que están amparados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, en especial el derecho a la libre expresión y los derechos de las audiencias. Esta “pequeña” diferencia entre un medio de comunicación masivo y una fábrica de hamburguesas es lo que convierte a sus comunicados y a sus nuevos “lineamientos” en una claudicación.

El menosprecio a sus audiencias es lo que ha llevado a MVS a interpretar este conflicto como si fuera un divorcio o un ring de boxeo sin juez y sin árbitro.

La violación a los derechos de las audiencias –que sólo forman parte del discurso “políticamente correcto” de políticos y empresarios de medios que no los entienden ni los comparten– está claramente documentada por el propio ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, y por los otros defensores de audiencias que el lunes 16 expresaron su preocupación de “estar ante un acto de censura”.

El conflicto con Aristegui constituye apenas la punta del iceberg de un retroceso mayor en la esfera pública. Este caso se suma a la ola de crímenes contra periodistas que han quedado impunes, a las presiones que se ejercen desde el poder político contra medios impresos y electrónicos y a un retroceso mayor desde los crímenes de Tlatlaya y Ayotzinapa. “Un vendaval autoritario”, interpretó Aristegui en su emisión del viernes 13.

Las audiencias no son sólo rating. Las audiencias no son sólo público radioescucha que consume todo lo que le transmitan. Las audiencias no son un público de “jodidos”, como interpretó El Tigre Azcárraga. En el México contemporáneo las audiencias también fiscalizan contenidos, contrastan posiciones, demandan y defienden su derecho a tener espacios informativos verídicos, creíbles, diferentes a la uniformidad prevaleciente en los medios masivos. La censura a estos espacios constituye un agravio mayor contra los ciudadanos.

MVS ignoró, menospreció y humilló a su propio ombudsman en este capítulo que, si algo bueno puede traer a largo plazo, es canalizar la molestia e indignación por la salida de Aristegui y de su equipo en la conformación de nuevos medios electrónicos y cibernéticos informativos.

No es sólo la fama o el innegable prestigio de Carmen Aristegui lo que ha provocado que su defensa sea Trending Tópic en Twitter desde hace una semana o que la plataforma Change.org lleve en menos de siete días más de 200 mil firmas para defender a la periodista. Es la indignación ante el agravio. La orfandad de quienes todos los días la escuchábamos en las mañanas porque su noticiario era el que tenía nuestra atención y credibilidad.

Extraña que una empresa como MVS haya mordido el anzuelo de una orden, de una provocación o de una presión de este tamaño a cambio de algo que no compensará nunca el déficit de credibilidad y desprestigio que está generando este caso, con impacto para otra de sus empresas más importantes como Dish.

Por esto mismo, hay una interpretación muy amplia de que se trata de una orden de censura. Un retorno a la era cavernaria del PRI, como en el golpe a Excélsior que expulsó a Julio Scherer y a su equipo del principal periódico del país en ese momento. Una muestra más del estilo Atlacomulco de cobrárselas a quienes “osen” cuestionar o molestar al presidente de la República y a su esposa, a sus colaboradores y amigos contratistas.

Desde el poder político insisten en afirmar que se trata de un “conflicto entre particulares”, como lo hizo Vicente Fox en el asalto de TV Azteca a Canal 40 y su frase emblemática “y yo por qué”. Sólo ellos no quieren admitir que en el centro del conflicto está el escándalo de la Casa Blanca revelado por el equipo expulsado de MVS.

Muchos ciudadanos saben que es el contragolpe contra Aristegui por haberse atrevido a informar de un claro conflicto de interés y corrupción. Las audiencias movilizadas en la defensa de Carmen en las redes, en sus casas, en las calles también entienden algo: esto constituye un nuevo e imperdonable agravio del gobierno de Peña Nieto.


Este episodio podrá derivar en un mal arreglo, en un pleito prolongado o en la fundación de nuevos medios electrónicos o cibernéticos en México ajenos al monopolio de la opinión pública que pretenden imponer Televisa-TV Azteca y el gobierno. Para eso, nos hacen falta empresarios modernos, periodistas organizados y legislación que haga realidad el respeto al derecho a las audiencias y sancionable la censura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Aristegui: Sin miedo al poder

MÉXICO, D.F: En una amplia entrevista que dio a la revista Gatopardo, publicada en su edición de marzo último, Carmen Aristegui asegura que criticar al poder es “entrar en una zona de riesgo”, por lo que todo periodista debe sustentar muy bien su información. “Si dices algo que afecte al poder, tienes que decirlo con una precisión quirúrgica”.

Y luego aborda dos de las revelaciones periodísticas más importantes dadas a conocer por su equipo de investigación: el de la “Casa Blanca” de Las Lomas, que develó un posible conflicto de intereses del presidente Enrique Peña Nieto al permitir que su esposa recibiera esa residencia de manos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú (consentido de los gobiernos que ha encabezado el mexiquense), y la polémica sobre las versiones acerca del presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, que en 2011 le costó a Aristegui ser despedida temporalmente del grupo MVS.

Entrevistada por Wilbert Torre, Aristegui comenta que la investigación sobre la casa de Las Lomas se gestó en mayo de 2013, cuando el reportero Rafael Cabrera –integrante de su equipo de investigaciones especiales– se topó con un ejemplar de la revista Hola donde se mencionaba esa residencia. Cabrera consideró que podría ser un asunto importante y empezó a indagar.

Aristegui relata que fue una pesquisa de meses. “Había periodos de espera por las solicitudes de información. Esta investigación es producto de la curiosidad de un periodista que se preguntó: ‘¿Esta casa estará declarada en el patrimonio de Peña?’ Con esa pregunta de pertinencia comenzó a jalar una hebra, solicitar información y ver la negativa del poder a colaborar. Fue una investigación de largo alcance. Llegamos al punto donde dijimos: ‘Ya está’. La respuesta de Presidencia (de la República) fue que no contestaría ella, sino Función Pública. Al final la respuesta fue: ‘No vamos a decir nada’”.


Ante esta negativa, prosigue la titular de la Primera Emisión de Noticias MVS, “decidimos publicar el reportaje, que coincidió en el tiempo con la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Lo del tren nos cayó del cielo. La investigación venía muy firme en función de que el dueño legal de la ‘Casa Blanca’ era el contratista de Peña. Pero con el reportaje hecho surgió la información del tren de alta velocidad y a la hora de revisar dijimos: ‘¿Cómo? ¡Es el dueño de la Casa Blanca!’ Si lo hubiéramos publicado 15 días antes, nos perdemos el tren. Lo del tren aceleró el asunto en horas”.



Cuenta Aristegui que cuatro días antes de difundir la historia se reunió con corresponsales extranjeros y con los directivos de La Jornada, Reforma y Proceso, a quienes propuso dar a conocer conjuntamente el explosivo asunto. Todos aceptaron.

Respecto del presunto alcoholismo de Felipe Calderón, la también conductora de CNN en Español señala que abordó el caso a raíz de que, el 3 de febrero de 2011, se exhibió una manta en la Cámara de Diputados donde se leía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”

Otros medios también dieron a conocer esa información, pero sólo Aristegui sufrió las represalias de Calderón, quien logró que la despidieran temporalmente.

“El caso de Calderón tomó una dimensión extraordinaria por tratarse de una reacción desmedida del poder presidencial frente a una interrogante que no fue afirmación de una periodista que consideró y sigue considerando pertinente preguntar”, rememora.

Ése fue un “hecho específico con una dimensión pequeña”, pero se convirtió en “un gran conflicto entre la Presidencia y un grupo empresarial. Se me pedía una disculpa que no estaba dispuesta a dar, porque no debía disculparme por algo que sigo considerando pertinente, que es preguntarle al poder lo que sea”.


Este, dice, fue “un caso donde el poder político, disgustado con la periodista, exigió algo inadmisible, que era que se arrodillara para satisfacer el enojo presidencial”.

En la entrevista con Gatopardo –titulada “Aristegui: sin miedo al poder”– la periodista radiofónica comenta que su “principal aspiración son los contrastes, que se vean todos los lados. Espero lograrlo. Si tenemos un reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, hay que buscarlo. Si tenemos un reportaje como el de la “Casa Blanca”, que alude al presidente, hay que buscar a la Presidencia. Ya es otra cosa si te contestan o no”.

Y asevera que no está arrepentida de su actitud crítica frente a los poderosos:


“Sobre lo sucedido con el expresidente Calderón y una investigación cabal como la de la “Casa Blanca”, yo diría que ambos (casos) tienen su peso y significado y de ninguno me arrepiento. En ambos me sostengo en lo dicho y en lo hecho.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA (REPORTAJE ESPECIAL).

Movimiento Ciudadano se ‘autodefiende’

El dirigente del partido en Michoacán asegura que con la postulación de Hipólito Mora y Virginia Mireles, buscan integrar en la vida política a quienes se rebelaron contra el gobierno.

Mientras algunos partidos apuestan a colocar en sus listas de candidatos a actrices de la época de las ficheras o exfutbolistas prestigiados, en Michoacán el Movimiento Ciudadano va con perfiles de una visión social distinta, como el exautodefensa Hipólito Mora Chávez y la doctora Virginia Mireles Valverde, hermana del ahora preso lídeer de las autodefensas, José Manuel.

Con estas candidaturas el partido busca superar el rezago político heredado del PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con Daniel Moncada Sánchez, dirigente estatal de ese organismo político, Movimiento Ciudadano va con candidaturas selectas, perfiles probados, con gente de la sociedad civil que ha dado pelea desde las trincheras. 

“Porque para nosotros es más importante la probidad social a que el candidato salga bonito en el espectacular, como le apuesta el PRI, el PAN o el PRD”, asegura.

Esa, a decir del dirigente, es la mejor forma de superar la tragedia de Michoacán, donde se ha gobernado “a base de ocurrencias”.

“Quiero decirte que si revisas los reportes periodísticos te das cuenta que es la misma clase política en los mismos cargos en 20 o 30 años, ellos piensan que Michoacán es de su propiedad, siguen viendo al estado como si fuera su negocio personal o de grupo”, detalla Mocada Sánchez.

Por eso Movimiento Ciudadano, dice, le ha apostado en esta elección a candidaturas con trayectoria social, con las que se pueda integrar “un verdadero plan de gobierno ciudadano a 30 años”, que finalmente pueda remontar el atraso y abandono en el que se encuentra el estado.

Michoacán, refiere, viene de una narco elección en el 2011 y afronta el peor panorama de desarrollo social, donde el PRD ha sido un actor importante para la desgracia.

“Del PRD fueron diez años gobierno, en 2002 llegó la alternancia a Michoacán, pero con ello no llegó el cambio. En esos diez años se perdió el control de la rectoría del estado en el tema educativo, se perdió el control en el tema financiero. 

“Hoy somos uno de los cinco estados con mayor índice de deuda pública, el último gobierno del PRD, el de Leonel Godoy, dejó una deuda más menos de 25 mil millones de pesos. Prácticamente el estado de Michoacán está entre los cinco estados más endeudados del país, pero aquí no hay obra, no hay infraestructura, no hay nada.

“No tenemos explicación todavía de quienes fueron los responsables del endeudamiento, no tenemos castigo de los responsables del quebranto financiero, y lo más importante: que en estos diez años de perredismo se perdió el control del tema que nos duele, que es el de la seguridad publica pública”, reflexiona.  

Para el líder de MC, Michoacán es hoy uno de los estados más violentos del país.

“Contrario a lo que se diga por parte de Salvador Jara. Las cifras oficiales del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Michoacán es uno de los estados con mayor índice de delitos del fuero común, y los delitos de alto impacto no se han podido reducir”, detalla.

El PRD -que sería el partido a vencer, de acuerdo a Moncada Sánchez- llega a esta elección sin legitimidad ni credibilidad.

“Su candidato pactó con todos, a costa de lo que sea, con el propio Peña Nieto del que se rumora es su candidato a cambio de sacar adelante las reformas planteadas cuando Silvano Aureoles fue coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, y después presidente de la mesa directiva”.

En la misma condición de descrédito se encuentra el PRI, dice, el que es cuestionado desde el momento en que tiene que recurrir “a artimañas de acarreados”.


“Eso demuestra que no tienen las estructuras que dicen tener. Eso demuestra que en Michoacán se terminaron los mal llamados partidos grandes”, asegura.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Investigará red que trafica recompensas

Mediante una carta enviada a este medio, la PGR aseguró que inició un expediente de investigación con la finalidad de esclarecer el presunto delito.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció anoche que investigará la red de funcionarios e informantes que trafica con el programa de recompensas y que fue denunciada por Reporte Indigo.

La PGR, ahora encabezada por la procuradora Arely Gómez, informó que será la Visitaduría General la que lleve a cabo la investigación de esta denuncia que involucra a Abraham Eslava Arvizu, que estaba como encargado de la SEIDO.

“Sobre los probables actos indebidos en la operación del programa de Recompensas, la Procuraduría General de la República, a través de la Visitaduría General, inició un expediente de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos informados”, señala la carta enviada a Reporte Indigo.

El comunicado está firmado por Eduardo Zerón García, encargado del despacho de la Oficina de Comunicación Social de la PGR.

El día de ayer Reporte Indigo difundió audios que pusieron al descubierto la operación de una red de informantes y funcionarios de la PGR que trafican con el programa de recompensas de la dependencia federal.

En los audios uno de los supuestos informantes –propietario de giros negros en la Ciudad de México-involucra a Abraham Eslava Arvizu, quien desde la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR hace dos semanas se desempeña como responsable de la SEIDO.

Las grabaciones telefónicas –a las que tuvo acceso este periódico- ponen en evidencia que las gratificaciones que paga la PGR a cambio de información que ayude a detener criminales son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia federal.En uno de los audios un presunto informante de la PGR, identificado como Luis Heredia Rojas -empresario de giros negros de la Ciudad de México- pone al tanto a uno de sus socios sobre un “bisnes” de un millón de pesos.

El negocio del que hablan es el cobro de una recompensa.

“Ya hablé a PGR, a Abraham… Eslava, y ya me dijo que vamos a meter eso”, se escucha decir en el audio a Heredia Rojas, propietario de antros y centros nocturnos en la zona exclusiva de Polanco.

“Ya te mandé la conversación y le dije: jálate y la chingada... te pongo en mi antro un ‘bisnesito’ y ya sabes… haciéndole la coba. Me dijo mañana veo qué onda y la chingada. Yo mañana le voy a insistir, güey, y en la tarde le voy a decir: qué pasó, mi Abraham y la chingada”.

Un día después de la llamada, Rafael Montiel Lira, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR, solicitó autorizar la cantidad de un millón de pesos a Heredia Rojas por el supuesto trabajo de información.

Perfilan a Marín Colín

El día de ayer trascendió que la procuradora Arely Gómez perfilaba para titular de la SEIDO a Martín Marín Colín, en sustitución de  Abraham Eslava Arvizu.

Marín Colín, la propuesta de la procuradora para sustituir a Eslava Arvizu, se venía desempeñando como coordinador general de la SEIDO.

Marín Colín es uno de los funcionarios de la PGR que fueron denunciados por Miguel Ángel Colorado, excoordinador de la entonces SIEDO, quien fue acusado por delincuencia organizada como parte de la Operación Limpieza.

Este operativo implementado  en el sexenio de Felipe Calderón que intentó terminar con las redes de protección federal que tenían los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Un juez absolvió de los cargos a Colorado González.


Marín Colín también se ha desempeñado como encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA

Grupo México denuncia a damnificados por daños, robos y despojo

CANANEA, Son. (apro).- La empresa Grupo México interpuso una denuncia penal contra los damnificados de los ríos Sonora y Bacanuchi, y mineros de la Sección 65, por los delitos de daños, robos y despojo.

Una fuente al interior de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informó que el representante del consorcio interpuso la denuncia luego de que los inconformes tomaron e inhabilitaron el centro de abastecimiento de agua a la mina Buenavista del Cobre.

“La demanda se integró ayer (lunes) unas horas después de los acontecimientos y ahí mismo fue ratificada porque se entregó la queja por escrito”, puntualizó.

En las próximas horas, dijo, agentes investigadores realizarán las diligencias correspondientes para integrar la averiguación previa y establecer quiénes son los responsables.

De acuerdo con el delegado nacional del sindicato minero de la Sección 65, Heriberto Verdugo, el cierre de la principal fuente de agua a la mina provoca a Grupo México pérdidas diarias superiores a los 4 millones de dólares.

Luego soltó: “Los sonorenses estamos hartos que pisoteen nuestra dignidad; Grupo México actúa con ganas de desaparecernos”.

A 24 horas de la inhabilitación del centro de abastecimiento hídrico “Los Patos”, que tiene una capacidad de bombeo de mil 200 metros por segundo, los inconformes sólo han dialogado con el delegado estatal de la Policía Federal Preventiva (PFP), quien promovió un acuerdo con los directivos de la mina, pero la propuesta no prosperó.

Cerca de la 1 de la tarde de este martes, los integrantes del llamado “Frente ciudadano contra Grupo México” bloquearon por 120 minutos el kilómetro 6 de la carretera Cananea-Agua Prieta, a fin de ejercer presión para entablar una mesa de diálogo con representantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los afectados por el derrame de más de 40 millones de litros de cobre, en agosto pasado, exigen la creación de pozos, atención médica especializada y pago inmediato de indemnizaciones.


En tanto, los mineros demandan respetar el contrato colectivo de trabajo, reconocimiento oficial de los integrantes de la sección 65 y una mesa de diálogo para resolver los conflictos laborales que iniciaron con el estallido de huelga, el 28 de julio de 2007.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Juez federal niega amparo al ‘Z-42’

MÉXICO, D.F. (apro).- Un juez federal rechazó este martes el amparo que solicitó el líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales, Z-42, detenido el pasado miércoles 4 en Nuevo León.

El viernes 13, la defensa del capo logró una suspensión provisional para que el gobierno federal no use su imagen, nombre, ni alias en los portales web y cualquier publicidad respecto de su captura.

No obstante, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia de Amparo Penal, con residencia en el Distrito Federal, resolvió negarle la suspensión definitiva y revocar el resguardo temporal que tenían sus datos generales e identidad.

La suspensión provisional fue solicitada debido a que presuntamente el gobierno federal violó los derechos humanos de Omar Treviño, por afectar su presunta inocencia, dijo la procuradora general de la República, Arely Gómez.


Omar Treviño Morales se encuentra internado en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, sujeto a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen acciones de Televisa después de que el IFT la declaró dominante en tv de paga

MÉXICO, D.F: Las acciones de la empresa Televisa cayeron un 3.23 por ciento después del que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concluyera que la compañía es dominante en el servicio de televisión de paga.

Esta es la peor caída de Televisa desde el pasado dos de marzo, perdió 2.2 puntos porcentuales a $103.4.

Ayer, el IFT determinó que Televisa tiene un poder sustancial en 2 mil 124 zonas del país, “cuenta con la mayor participación en dichos mercados, controla contenidos que resultan relevantes de incluir en la oferta comercial de sus rivales”.

Televisa está integrado por Cablevisión, Grupo Televisa, Televisión Internacional, Cable TV e Innova.


“Se determinó la existencia de barreras a la entrada significativas en los mercados relevantes y existen pocos competidores en los mercados, los cuales no ejercen presión competitiva suficiente frente al grupo”, concluyó el dictamen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

OEM, Televisa, Azteca y El Libro Vaquero recibieron millones por promover 3 reformas

En 2013, el Gobierno federal gastó 982 millones 216 mil 728 pesos en la promoción de tres reformas: la Energética, la Educativa y la Hacendaria.

La Organización Editorial Mexicana (OEM) resultó el medio de comunicación más beneficiado, con un pago total de 229 millones 530 mil 530 pesos, seguido de Televisa, que recibió contratos por 149 millones 24 mil 389 pesos, revelan los datos de las solicitudes de información realizadas por SinEmbargo vía Infomex a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Energía (Sener).

Tv Azteca, a través de sus Estudios Churubusco Azteca, está también entre las empresas que reportan las cifras más altas, a pesar de que sólo ofreció sus servicios para las reformas Hacendaria y Educativa. Por contratos de diseño y servicios publicitarios y desarrollo estratégico y operativo recibió 163 millones 898 mil 276 pesos. Además, por la realización de dos entrevistas sobre los beneficios de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, Estudios Churubusco Azteca recibió 5 millones 760 mil 309 pesos.


A partir de estas solicitudes de información se concluye que la campaña más costosa corrió a cargo de la Secretaría de Energía para promover los beneficios de la Reforma Energética: el gasto total fue de 410 millones 411 mil 720 pesos en contratos celebrados en diciembre de 2013 y también entre febrero y abril de 2014, con 22 empresas de medios.



El pago más alto que realizó la Sener fue de 219 millones 477 mil pesos para la OEM, propiedad del recién fallecido empresario Mario Vázquez Raña. Este grupo cuenta con periódicos como La Prensa, Esto y otros conocidos como “los Soles”, que tienen presencia en todo el país.

Analistas del sector de las telecomunicaciones han señalado en diferentes ocasiones que la línea editorial de los periódicos de Vázquez Raña siempre ha sido apegada al priismo. En mayo de 2012, sus periódicos calificaron la visita de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, a la Universidad Iberoamericana como “todo un triunfo”, haciendo caso omiso de las protestas que los estudiantes realizaron aquel día y que desencadenarían en el surgimiento del movimiento #YoSoy132.

De acuerdo con el académico Raúl Trejo Delarbre, el periodismo de ”los Soles” está devaluado, es opaco y carece de trabajo de investigación. “Es monocromático en términos políticos. No sé si piden credencial del PRI para escribir en ‘los Soles’; sólo gente que respalda a este partido ocupa espacios en las ediciones de El Sol de México en todo el país”, expuso.

Diversas organizaciones han realizado investigaciones sobre los gastos de publicidad gubernamental y señalan que, por lo regular, la distribución del gasto en publicidad oficial privilegia el tiempo en televisión. Sin embargo, el Gobierno federal dio prioridad a la inversión en el grupo de Vázquez Raña.


También en 2012, el entonces candidato Peña Nieto adelantó lo que serían sus primeras iniciativas de gobierno, en las que se incluía la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar los contratos de medios de comunicación con la publicidad oficial.

“El Gobierno debe establecer una relación con los medios de comunicación acorde con una cultura democrática. Como Presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Solo un país bien informado garantiza una cultura democrática”, prometió el priista mexiquense.

En entrevista para SinEmbargo, Justine Dupuy, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que no se conoce el mecanismo a partir del cual se reparte la publicidad oficial, “al final hay una ausencia de criterios claros, objetivos, transparentes y equitativos […] nosotros hemos denunciado que la publicidad oficial se asigna de manera discrecional, discriminatoria y bajo criterios de amiguismos. Esa es una práctica común en todos los gobiernos del país”, comentó.

“Que grupos allegados a Presidencia tengan preferencia en este campo, refleja la ausencia de lineamientos claros en la asignación de la publicidad oficial […] Normalmente la publicidad debería asignarse bajo criterios que tengan público objetivo, rating, equidad entre pares, no se debe favorecer a uno más que otro, eso ya tendría implicaciones sobre el mercado mediático”, agregó.

LOS GASTOS DE EPN EN PUBLICIDAD

Según información obtenida por Fundar, a partir de los datos publicados en el Sistema de Comunicación Social (Comsoc), en 2012, el primer año de administración de Enrique Peña, se gastaron 4 mil 195 millones de pesos en publicidad oficial.

La organización estima que si la tendencia de uso de publicidad aumenta bajo la misma variable, para 2018 los gastos estarían entre los 6 mil 292 millones y 7 mil 383 millones de pesos.


Según el mismo informe, los sectores gubernamentales que más gastan en comunicación social son la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Hacienda y la Sener.


INCONSISTENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS

A finales de 2014, SinEmbargo envió solicitudes de información a la Secretaría de Gobernación y a cada una de las dependencias que impulsaron cada una de las llamadas reformas estructurales.

En cuanto a las reformas Educativa y Hacendaria se recibió triple documentación: una de la Segob, otra de la SEP y una más de la SHCP.

Las información contenida en las listas fue la misma, colocada de forma distinta, alguna resumida y otra con datos más desagregados. Al momento de cotejar las cifras finales, las cuentas no salieron.

La SEP reportó gastos por 180 millones 796 mil 922 pesos para las tres etapas de la campaña que lanzó a todo el país; Segob reportó 182 millones 906 mil 941 pesos, esto es 2 millones 110 mil 19 pesos más.

En esta campaña el pago más elevado fue para Estudios Churubusco Azteca. De las cantidades emitidas únicamente por Segob, la cifra total es de 67 millones 847 mil 400 pesos; sin embargo, con gastos que aparecen en la lista de la SEP, el pago podría ascender a los 123 millones 820 mil 723 pesos.

Televisa recibió 27 millones de pesos y Estudios Azteca casi 21 millones.


Sólo la campaña “Beneficios de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias” tuvo un costo de 92 millones 416 mil 622 pesos y fue difundida del 26 de diciembre al 29 de enero. Cada uno de los días de esa campaña costó 2 millones 640 mil 474 pesos.




Los gastos de la Reforma Hacendaria tampoco encajaron: el costo total de la campaña que duró 108 días, de acuerdo con la respuesta de la SHCP, fue de 344 millones 873 mil 630 pesos (3 millones 193 mil 274 pesos por día).

Sin embargo, la Segob reportó una cifra que rebasa la cantidad de Hacienda por poco más de 44 millones de pesos, lo que tendría un costo por día mayor a los 3.5 millones de pesos.

De acuerdo también con la misma información de Segob, los contratos por 388 millones 898 mil 19 pesos se concretaron el 13 de septiembre de 2013, el mismo día que en el Zócalo de la Ciudad de México, elementos de la Policía Fedeal desalojaban a maestros de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE) que realizaban un plantón contra la Reforma Educativa.


Los medios de comunicación que más dinero recibieron por esta reforma promovida por la SHCP fueron Televisa (117 millones 805 mil 469 pesos), Estudios Azteca (68 millones 48 mil pesos), Estudios Churubusco Azteca (28 millones 548 mil pesos), la OEM (7 millones 764 mil pesos) y el Libro Vaquero (1 millón 89 mil pesos).



Finalmente, en lo que respecta a la Reforma en Telecomunicaciones y a la Reforma Laboral, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respectivamente, declararon que no se ha erogado monto alguno para la promoción y difusión de éstas. Por su parte, la Segob respondió con declaración de inexistencia.

LOS TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la promulgación de la Reforma en Telecomunicaciones, los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social.


De acuerdo con esa Reforma, los tiempos de transmisión serán administrados por Gobernación, quien previamente atenderá al concesionario (quienes no pagan impuestos por este servicio) y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

La investigadora Justine Dupuy planteó que el uso de este tiempo del que dispone el Gobierno tiene un uso opaco y que de acuerdo a los lineamientos de publicidad oficial, las dependencias deben acoplarse primero a estos y después determinar si es necesario comprar más, por lo que es necesaria la rendición de cuentas en materia. “Debe evaluarse si esta práctica se está cumpliendo, hay una documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que muestra casos donde dependencias no piden los tiempos gratuitos a su disposición antes de comprarlos, entonces es un problema” dijo.

De acuerdo con el Informe 2013-2014 de Presidencia, los tiempos oficiales fueron utilizados durante febrero y junio de 2014 para la difusión de 10 campañas de prevención del delito y denuncia ciudadana al 088, para lo cual se emplearon mil 889 horas de transmisión en televisión y 6 mil 883 horas en radio.

“De estas campañas, cuatro tuvieron una cobertura nacional, tres en televisión con un total de 163 mil 794 impactos (transmisión de spot): Prevención del Delito (Versión 1), Prevención del Delito (Todos Queremos lo Mismo) y Prevención del Delito (Etapa 3) y una en radio, Prevención del Delito (Versión 1), con 148 mil 491 impactos.

“De las seis campañas restantes, dos fueron en televisión: Prevención del Delito (Abre Los Ojos) y Prevención del Delito Etapa 3 (Detrás de tu denuncia) con 51 mil 989 impactos y cobertura en el Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México,

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas con 141 mil 797 impactos. Mientras que el resto, Prevención del Delito (Todos queremos lo mismo) y Campaña 088 (Etapa 3) tuvieron cobertura en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con 375 mil 013 impactos”.

El informe continúa con otra campaña sobre el impulso a la Alerta Amber. Estas fueron las campañas para las que se dispuso el tiempo oficial.

La regulación de la publicidad fue el compromiso número 95 del Pacto por México. Formado el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente, los partidos políticos urgieron a la necesidad de transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad, por lo que, de nueva cuenta, se propuso la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise “la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación […]así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto”, acordaron los firmantes en un documento.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se encuentra congelada esta propuesta lanzada en dos ocasiones en 2012, al igual que una Ley de Propaganda Gubernamental.

De acuerdo con el estudio, “Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013″, realizado por Fundar y Artículo 19 señalaron que los legisladores fallaron a las promesas presidenciales y a sus obligaciones legislativas y “dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial”.


A,bas organizaciones concluyeron que no había señales “serias” de cambios, ni en el marco normativo de uso de a publicidad oficial ni en las prácticas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-03-2015/1269679.

Con la Reforma Energética aprobada, ahora sí, Semarnat alerta de riesgos por fracking

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó una Guía de Criterios Ambientales para regular el fracking en México, en la que reconoce que este proceso puede provocar competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad.

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, dice el documento publicado el 4 de marzo en el punto 1.2 referente al impacto ambiental.

Funcionarios federales mexicanos y hasta medios de comunicación han rechazado que pueda existir un daño por el fracking, una práctica de extracción de gas shale que ha sido rechazada en muchos estados de la Unión Americana.

El 30 de agosto de 2014, en plena discusión sobre el tema, el discurso del Secretario de Semarnat, Juan José Guerra Abud, era otro. Entonces dijo que no se descartaba que la fracturación hidráulica ocasione daños ambientales porque “no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”, pero “las ventajas que traerá el gas natural que se extraerá mediante esa técnica rebasan las consecuencias negativas”.


Y antes, el 28 de mayo pasado, dijo que las advertencias sobre fracking eran falsas y hasta lo alentó:

“Necesitamos hacer el fracking, porque necesitamos gas natural. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a cambiar el combustóleo y cómo dejaremos de usar otros combustibles más contaminantes?”

Ahora, sin embargo, con la Reforma Energética aprobada, la dependencia federal reconoce que sí existe el riesgo de que los mantos acuíferos resulten contaminados por la fractura hidráulica “cuando llega a presentarse un fallo en la estructura del pozo inyector , y éste se encuentra en la proximidad de los acuíferos”.

La Guía refiere además que existen más de 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, entre los cuales algunos se consideran cancerígenos, otros pueden afectar al sistema endócrino, causar daños en el sistema nervioso, o provocar alergias.

“Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de la lutita, como son metales pesados, metaloides, y metano lo que provoca reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos. Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón”, precisa el documento.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dijo que los criterios establecidos en la Guía son “suficientes y necesarios para prevenir, evitar y atenuar los impactos negativos” del fracking “como son la disminución de disponibilidad de agua, la contaminación de acuíferos, suelos y aire”.

Sin embargo, el grupo civil exhortó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a generar un marco regulatorio de la fractura hidráulica que genere certeza jurídica a todos los actores. ”Asimismo, le instamos a que retome el esfuerzo realizado por la Semarnat al haber elaborado esta guía, de manera que convierta los criterios ahí esbozados en requisitos vinculantes, vigile su observancia y sancione su incumplimiento”, refirió el Cemda.


De acuerdo con la Guía elaborada por la Semarnat junto a los riesgos existentes por el uso y contaminación del agua, existe la posibilidad de contaminación por radiactividad de aguas de retorno en los procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura hidráulica.

“La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo, entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como con otras substancias de este estrato geológico, altamente corrosivas o radioactivas, las cuales se mezclan y empiezan a cambiar la conformación de la mezcla inyectada, pudiendo llegar a concentraciones elevadas. Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes, construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que los seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo”, precisa el documento.

Asimismo señala que la explotación del gas y aceite de lutitas puede contribuir a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano, carbón negro y bióxido de carbono, que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.

En cuanto a la pérdida de la biodiversidad, dice que “el desmonte de grandes áreas, la construcción de caminos, el intenso tráfico de vehículos, el polvo, el ruido e intensidad lumínica, pueden afectar a las especies vegetales y animales inhibiendo su capacidad reproductiva, de alimentación, de resistencia a condiciones adversas y a depredadores naturales”.

LA LEY DE AGUAS

En sus Criterios Generales, la Guía redactada por la Semarnat dice que el operador petrolero debe definir la fuente que suministrará el agua para la extracción de los hidrocarburos contenidos en lutitas, consultando la disponibilidad de agua de las cuencas o acuíferos, determinada y publicada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En caso de que la disponibilidad sea nula o insuficiente, podrá optar por la adquisición de derechos, el uso de agua residual o la importación de agua desde cuencas o acuíferos circunvecinos que cuenten con disponibilidad del recurso”, dice el documento.

El pasado 4 de marzo, mismo día en que se dio a conocer la Guía, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la propuesta para la nueva Ley General de Aguas; sin embargo, luego de diversas críticas tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles y ciudadanos en general, los legisladores pospusieron la discusión.

Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunciaron el día de ayer por la organización de un debate amplio, plural e incluyente sobre la iniciativa de la Ley de Aguas.

En un pronunciamiento dirigido a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, comunidad universitaria y opinión pública, los rectores José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, solicitaron que se escuchen las voces de todos los sectores del país, “a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.

Recordaron que los integrantes de las comunidades universitarias han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que, aseguran, “penalizan la realización de proyectos de investigación, favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.

Por su parte, organizaciones como Greenpeace han alertado que la propuesta que se pretende aprobar está “vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital”.

La organización internacional incluso expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.

En la fracción 56 del Artículo 10,  de la Ley se plantea como uso industrial del agua a la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas y para cualquier proceso de transformación.

La sociedad civil ha alertado que dentro la definición del uso del fracking cabe sin problemas la fracturación hidráulica, a pesar de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de esta técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible.

En su Artículo 49 la Ley de Aguas plantea que el derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley: el mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a 50 litros diarios por persona.

Diversas organizaciones y activistas han denunciado que este artículo reduce “a un mal entendido” mínimo vital del agua, cuando de acuerdo con organismos internacional este mínimo por persona debe ser de cien litros diarios.

En el artículo 129 propone que la Conagua pueda otorgar concesiones totales o parciales para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.

Este artículo –han criticado diversas organizaciones– favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios; además alertan que este artículo permitiría concesionar megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades, como es el caso del acueducto Monterrey VI.

Según lo que plantea la fracción 26 del Artículo 267, la Conagua sancionará a quienes realicen “obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”.

En la Guía se señala que para determinar la existencia de acuíferos no identificados por la Conagua, el operador petrolero puede realizar exploración geofísica 3D, realizar registros geofísicos de pozos y caracterizar el subsuelo desde la superficie hasta la profundidad total de la perforación, para conocer la estratigrafía, la litología y la estructura geológica.


“La exploración geofísica permitirá definir el grado de fracturamiento natural de las formaciones comprendidas entre los estratos de lutita y los acuíferos. A fin de evitar controversias con la autoridad, es recomendable proporcionar los resultados de la exploración geofísica a la Conagua, con el fin de identificar los acuíferos y los posibles riesgos de afectación o en su caso la posibilidad de explotación de los mismos para la actividad”, refiere el documento.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-03-2015/1284293.

Anuncian PT y PAN querellas por malos manejos contra Duarte; éste remueve a tesorero

XALAPA, Ver: Tras los anuncios que hicieron el PT y el PAN, de solicitar juicio político e interponer una denuncia penal por irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de tres mil millones de pesos, el gobernador Javier Duarte de Ochoa removió de la Tesorería estatal a Mauricio Audirac, el quinto en lo que va de su administración.

Por la mañana, el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, anunció que presentará denuncia formal para llevar a juicio político al gobernador Javier Duarte de Ochoa por el “ataque sistemático” a los recursos públicos.

“Vemos una laceración contundente a los planes, programas y presupuesto, así como a la normativa de la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos”, expresó Robles.

Robles señaló que el gobierno de Duarte cometió omisiones e infracciones a la Constitución Política de Veracruz en lo que al manejo de recursos públicos se refiere.

“No se liberaron recursos del Fonden en todo el sexenio de Duarte. En papeles que tenemos, ellos reconoce cuentas por pagar de más de 98 mil millones de pesos, además ciudadanos de todos los estratos sociales han recurrido a mí, para denunciar omisiones graves a entes públicos, obras mal hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas”, dijo.

Por el “desastroso” sexenio que ha tenido Duarte, abundó, es procedente el juicio en su contra y de sus “desleales colaboradores”, quienes han dado la espalda a los veracruzanos.

“Sabemos que seis titulares han pasado por la tesorería, el estado está en quiebra financiera, entonces la solicitud formal de juicio político la vamos a presentar en el próximo periodo de sesiones”, advirtió.

Por su parte, en rueda de prensa, el grupo parlamentario del PAN y su comité estatal anunciaron que presentaran denuncias penales contra el gobernador Duarte y servidores públicos involucrados en el manejo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH).

También contra funcionarios adscritos a la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pues se detectaron irregularidades por tres mil millones de pesos, entre lo que reporta la Sefiplan por recurso ingresado y lo que se da vista al Órgano de Fiscalización (Orfis), ente local similar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

El diputado local Julen Rementería y el presidente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, señalaron que sólo en el informe de la Cuenta Pública 2013, Sefiplan registró ingresos tributarios por mil 960 millones de pesos ejercidos en ese año, mientras que el Orfis sólo dio cuentas de 669 millones de pesos, es decir con una diferencia de mil 200 millones de pesos.

El diputado panista mostró unas gráficas en las que se aprecia las diferencias entre lo que registra el Orfis y lo que ingresa Tesorería. Los indicadores provienen desde el 2009 –cuando Duarte era el tesorero, en el sexenio de Fidel Herrera– y a la fecha, existen tres mil millones de pesos de diferencia entre un ente y otro.

“Claro que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron, ¿con qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuesto? Y lamentablemente, el Orfis es inepto, obeso y vago.

A mí me ha reclamado Lorenzo Portilla que porque no lo creo que hace bien su trabajo, ya le dije que no quiere creerle, sino que me lo demuestre”, espetó.

La reacción del gobierno no tardó en llegar y unas horas después de estos anuncios, Duarte de Ochoa convocó al gabinete legal y ampliado, así como a la prensa, para anunciar la remoción de Mauricio Audirac –el quinto tesorero en lo que va de su administración– y nombrar al administrador educativo, Antonio Gómez Pelegrin.

Asimismo el político priista aseguró que habrá una “reingeniería” administrativa y financiera para hacer eficiente el gasto público y en la que según Duarte no habrá despidos.

La denuncia anunciada por el PAN ya fue llevada la semana pasada al Congreso Local para exigir las comparecencias del titular de Sefiplan, Mauricio Audirac y del propio titular del Orfis, Lorenzo Portilla. Sin embargo Rementería afirmó que en el gobierno de Duarte aplicaron una de las máximas del expresidente, Carlos Salinas: “Ni los veo, ni los oigo”.


“Hay cinismo, no hay vergüenza, aplican la de aquí no pasa nada, no hay responsabilidad”, criticó el panista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Como en el “monexgate”: denuncian uso irregular de padrones escolares para favorecer al PRI

MÉXICO, D.F. (apro).- El PRD interpondrá mañana una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el posible uso irregular de padrones escolares en poder de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para beneficio y compra del voto en favor del PRI mediante un esquema similar al llamado “monexgate”

De acuerdo con Roberto López Suárez, diputado federal perredista, los plásticos son entregados por el gobierno del Estado de México. La forma de operar del gobernador Eruviel Ávila, a través de la llamada tarjeta “La Efectiva”, consiste en entregar a cada alumno de primaria la cantidad de 130 pesos para ser canjeada por útiles escolares o usarla como tarjeta de descuento en restaurantes, papelerías, cines, farmacias o laboratorios clínicos en la entidad.

“Como en el caso de la elección presidencial donde se utilizaron tarjetas de prepago emitidas por el banco Monex o las de Soriana, que se supone tenían un saldo de cien pesos para ser cobrado un día después de la elección presidencial, el 3 de julio de 2012, ahora se pretende que ‘La Efectiva’ pueda hacerse válida el 8 de junio, un día después de la elección federal de junio próximo”, comentó López Suárez.

Como se recordará, un día después de la elección presidencial, miles de personas acudieron a establecimientos de la tienda departamental Soriana para hacer efectivo el saldo de la tarjeta que el PRI le entregó. Sin embargo, al descubrirse que los monederos electrónicos estaban en ceros, ello se provocó una revuelta entre los poseedores de los mismos, quienes se manifestaron a las afueras de distintos Soriana.

Lo alarmante hoy, denunció el diputado federal, es que la niña a quien le llegó la tarjeta estudia en el Estado de México pero vive en el Distrito Federal. “La pregunta es: ¿cómo es que supieron la dirección de su madre? Y la única respuesta que veo es que la SEP pudiera haber entregado sus padrones al gobernador Eruviel”.

El Estado de México tiene un padrón escolar de primaria de un millón 300 mil, que si se multiplica por los 130 pesos a entregar, significaría que el mandatario mexiquense entregará 169 millones de pesos el 8 de junio de este año, aunque las tarjetas ya empezaron a llegar a los domicilios de los alumnos.

En el testimonio y denuncia que se entregará mañana al INE, la persona del domicilio a donde llegó la tarjeta (se omite el nombre para evitar represalias contra ella o su hijo) detalla que vive en el Distrito Federal y que al llegar a su casa encontró bajo su puerta una tarjeta con la leyenda: “La efectiva te apoya en grande programa de útiles escolares”, e incluye el logotipo “Mover a México”, slogan mediante el cual se distinguen las obras de Enrique Peña Nieto.

“Es un vale de 130 pesos que se hará efectivo a partir del 8 de junio. En el documento venía impreso mi nombre y mi domicilio, mismo que entregué a la representación del Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Nacional Electoral con la única finalidad de que la autoridad competente investigue el mal uso de mis datos personales y manifiesto lo siguiente:

“Que no soy afiliada a ningún programa social del gobierno del Estado de México y que desconozco de dónde pudieron obtener mis datos personales para hacerme llegar la propaganda señalada, por lo que solicito se investigue el mal uso de mis datos confidenciales”, se lee en la carta-denuncia de la madre del joven que estudia en el Estado de México.


En febrero pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al PRI de una posible triangulación de recursos en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través de las tarjetas Monex y de la compra y coacción del voto mediante los monederos de Soriana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.