SAN QUINTÍN.- Bloqueos en la Transpeninsular, saqueo de negocios, toma
de delegaciones, agresiones hacia automovilistas y autoridades, más de
30 detenidos y varios heridos, culminando con enfrentamientos por el
control del Centro de Gobierno en San Quintín, fue parte de la jornada
de protestas encabezadas por jornaleros, en demanda de mejores
condiciones laborales en los campos agrícolas.
Alrededor de las 22:00 horas, más de 100 unidades de la Policía
Ministerial, varios camiones con soldados, unas 40 unidades de la PEP,
entre otros, salieron rumbo al Sur del municipio para controlar la
revuelta. Aproximadamente a las 15:45 horas, el secretario general de
Gobierno, Francisco Rueda, había anunciado la presencia de al menos 400
unidades de distintas corporaciones, en diversos convoyes que se dejaron
ver por la ciudad, para reforzar la vigilancia en la zona.
Este clima de violencia e inseguridad obligó a los residentes de
los distintos poblados a permanecer en sus casas. Las clases fueron
suspendidas, los negocios cerraron sus puertas, al igual que centros de
salud y hospitales. Todas las actividades se trastornaron.
Miles de jornaleros agrícolas detuvieron el tráfico en distintos
puntos de la carretera Transpeninsular desde Punta Colonet, Camalú,
Vicente Guerrero y San Quintín, para denunciar irregularidades por parte
de múltiples empresas agrícolas y solicitar derechos laborales.
Los bloqueos iniciaron desde la madrugada del martes, desde San
Quintín hasta Colonet, siendo coordinados por integrantes de la Alianza
de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
En el caso de San Quintín, instalaron barricadas con piedras,
bloques y llantas quemadas, en los ejidos El Papalote, Sánchez Díaz,
Nueva Era, Lázaro Cárdenas, Nuevo Mexicali, puente New York y el vado de
la entrada.
FRACASÓ PRIMER DIÁLOGO
Alrededor de las 11:00 horas, arribaron al Centro de Gobierno del
Estado de San Quintín las unidades con el subsecretario general de
gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, el secretario General del
Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, el director de Seguridad
Pública Municipal, Enrique Villareal, el director de Protección Civil,
Arturo Granados González y otros funcionarios.
Intentando lograr acuerdos, en la sala de juntas realizaron una
reunión a puertas cerradas, exponiendo las consecuencias de la
movilización y escuchando los avances por parte de las autoridades
estatales de San Quintín, en especial de la subprocuraduría del Trabajo y
Previsión Social y General de Gobierno.
Durante el ingreso, al mostrar actitud violenta, algunas unidades
municipales fueron apedreadas por los manifestantes, siendo necesaria
la intervención de la Unidad de Reacción Inmediata, Policía Municipal y
Estatal Preventiva para mantenerse al frente en caso de incidentes.
Al enterarse de la presencia de los funcionarios, cientos de
jornaleros solicitaron a gritos su intervención, rodeando la parte sur
del Centro de Gobierno, molestos al visualizar a los agentes armados.
López Núñez intentó dialogar con los manifestantes, aunque por
los gritos no lograban escuchar las peticiones. Algunos líderes
presentes divulgaron las declaraciones y acordaron esperar de nuevo en
el puente New York.
DESALOJO DEL CENTRO DE GOBIERNO
Poco antes de las 19:00 horas, grupos de inconformes dialogaban
con las autoridades estatales en la explanada del centro de gobierno,
amenazaban con quemar el edificio. En un momento dado, entre el tumulto
alguien arrojó una piedra en contra de Pablo Alejo López Núñez, siendo
lesionado en la parte frontal del rostro.
Luego de la agresión, la Policía Estatal empezó a movilizarse en
los alrededores, arremetiendo en contra de los agresores, disparando
balas de goma, siendo apoyados con el tanque antimotines y personal con
escudos. Tanto agresores como curiosos corrieron del centro para huir
entre las calles cercanas, siendo perseguidos por los estatales.
Al huir la mayoría de los manifestantes, los agentes se
instalaron en el puente New York, recuperando la vialidad, aunque aún
recibían piedras por parte de jóvenes delincuentes, culpables del
conflicto, que al principio inició de manera pacífica.
Tras el enfrentamiento, de manera extraoficial se supo que dos
policías municipales fueron lesionados con piedras mientras intentaban
levantar el bloqueo en el área de Centro de Gobierno, así co-mo un
agente ministerial.
Se reportaron instalaciones gubernamentales dañadas, disturbios
en comercios y personas detenidas, sin precisar el número. Las
barricadas sobre la Transpeninsular fueron retiradas, pero los ánimos
seguían crispados y había mucha gente a los alrededores.
PUNTA COLONET
En Punta Colonet también hubo bloqueo de la carretera, gente
haciendo disturbios, pero sin tomar la delegación municipal. Hasta el
cierre de la edición, seguía el bloqueo.
CAMALÚ
Poco antes de las 6:00 horas, al Ejido Díaz Ordaz arribaron 150
personas para cerrar el acceso antes del puente, contando con largas
filas de automovilistas y comerciantes.
En Camalú instalaron bloqueos entre el kilómetro 155 y 158,
siendo alrededor de 400 manifestantes en la salida del poblado. Aunque
al principio iniciaron de manera pacífica, posteriormente reportaron
incidentes con algunos comerciantes.
Los manifestantes tomaron las instalaciones de la delegación en
Camalú, donde rompieron vidrios, además de saquear negocios, mercados y
prenderles fuego.
Los comercios instalados en los alrededores de la carretera
Transpeninsular debieron cerrar sus puertas, manteniéndose al margen del
conflicto aunque los actos delictivos dañaron algunas estructuras.
Asimismo, en la delegación Camalú, después de los actos
delictivos, residentes de la localidad se unieron para detener a los
individuos culpables de los disturbios, reabriendo las puertas de la
delegación municipal.
El delegado de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros, informó
que la ciudadanía tomó acciones para detener los sucesos violentos,
logrando ubicar a los culpables para detenerlos e internarlos en las
celdas preventivas.
Esta acción ocurrió poco antes de la llegada de la Policía
Estatal Preventiva, siendo motivados por la ciudadanía para continuar
con su trayectoria hacia la zona sur de Vicente Guerrero y San Quintín.
Habitantes de la zona manifestaron que falleció el dueño del
mercado “El Reloj”, el cual sufrió saqueos y fue incendiado momentos
después. Según indicaron, el propietario falleció de un infarto al ver
lo ocurrido.
Hubo un total de 30 detenidos por los disturbios y daños
generados. Además de que se remolcó un vehículo en el que se
transportaba la mercancía saqueada. De los detenidos por los saqueos,
cuatro fueron asegurados en un camino vecinal de la colonia Tierra
Blanca, identificados José Ángel Pacheco, Mario Díaz Ibáñez, Giovani
Barba Rodríguez y Abraham Soto Sepúlveda, a quienes se les encontró
mucha mercancía.
VICENTE GUERRERO
En la delegación Vicente Guerrero, reportaron múltiples hechos
delictivos, solo hasta las 5:00 horas contabilizaron alrededor de mil
personas manifestándose, acudiendo más a cada hora. En esta localidad,
la manifestación “pacífica” se salió de control, ya que saquearon
comercios y gasolineras.
Una multitud de jóvenes tomó las instalaciones de la Comandancia
de la Policía Municipal en la delegación Vicente Guerrero, ocasionando
daños a la estructura y amenazando con agredir a los agentes, debiendo
retirarse en espera de indicaciones.
El comandante de la localidad, Jorge Argoud Martínez, explicó que
momentos atrás vieron a cientos de individuos que se aproximaban a la
estación, por lo cual procedieron a retirar las armas y retirarse a
bordo de las unidades.
Hasta el cierre de la edición, la situación en la Comandancia
permanecía sin novedad, aunque seguían las amenazabas de volverla a
tomarla. El bloqueo en la carretera continuaba.
LOS MOTIVOS
Los inconformes denuncian irregularidades en contra de múltiples
empresas agrícolas, entre las que se encuentran rancho Los Pinos,
agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex y Driscolls, incluso
mostrándose dispuestos a manifestarse directamente con los productores.
Al exponer sus inconformidades, los jornaleros manifestaron que
sufren de largas jornadas de trabajo, sueldos mínimos, maltrato por
parte de mayordomos, horas extras sin pagar y despidos injustificados,
además de la poca intervención de las autoridades.
Además, explicaron que en Los Pinos, Santa Mónica y Berrimex, al
momento de incapacitarse por problemas de salud o accidentes en el
trabajo, reciben únicamente 200 pesos por una semana, debiendo cubrir
los gastos por su cuenta.
Asimismo, indicaron que en el hospital IMSS 69 y en los centros
de salud existe déficit de medicamentos, además de sobresaturación de
pacientes, por lo cual deben esperar más de tres horas para recibir
consultas y pagar los medicamentos en una farmacia privada.
“Recibimos poco más de cien pesos diarios, lo cual no es
suficiente para mantener a la familia, ni siquiera laborando en los
campos durante toda la semana. Demandamos respuestas por parte de las
autoridades, en caso contrario, continuaremos hasta que sea necesario”,
mencionó uno de los líderes.
LAS DEMANDAS
Revocación del contrato colectivo, por violaciones a derechos
laborales y humanos. Derecho de antigüedad. Afiliación inmediata al
IMSS. Prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos.
Horas extras doble y triple. Incapacidad por embarazo antes y después
del parto.
Permiso para padres, 5 días con derecho a salario. No más
tolerancia al acoso sexual de mayordomos de cuadrilla, o mayordomos
generales o ingenieros encargados de los ranchos.
No represalias en contra de los trabajadores que están
participando directo o indirectamente en manifestación. Salario de 300
pesos por día. Pago de 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año
de 2001 se paga a 10 y 12 pesos la caja.
Domingos y festivos se paguen doble. Se pague a 17 pesos por jarra de mora. Cubetas de tomate se paguen a 8 pesos.
FUENTE: EL MEXICANO
