miércoles, 18 de marzo de 2015

San Pedro: la joya del narco

En plenas campañas electorales, el municipio más rico del país es también la plaza más codiciada por los cárteles de la droga. Con el CDG, Los Zetas y los Beltrán Leyva buscando el control, San Pedro Garza García es hoy un territorio minado.

En plena época electoral el municipio más rico de México –San Pedro Garza García- libra una disputa más peligrosa: la de los principales cárteles de la droga que pelean por el territorio sampetrino.

El Cártel del Golfo ha intensificado sus incursiones en San Pedro –plaza controlada históricamente por el grupo de los Beltrán Leyva - con la intención de comenzar a vender su droga en el atractivo mercado sampetrino.

La batalla por San Pedro ocurre no solo en plena campaña donde los candidatos del PAN, PRI y una independiente pelean por la alcaldía, sino que coincide con una sorpresiva ofensiva orquestada por el Gobierno Federal para detener líderes del Cártel de los Zetas que operan en este municipio considerado la joya del panismo nacional.

En los últimos 10 días, la Marina y el Ejército han llevado a cabo en San Pedro Garza García detenciones de capos como Omar Treviño Morales, el “Z-42”, considerado líder de esta organización criminal.

Las autoridades aseguraron residencias de lujo ubicadas en San Pedro presuntamente propiedad del “Z-42” y sus operadores financieros.

En una de ellas, localizada en la colonia Fuentes del Valle, se capturó al “Z-42”, cuando visitaba a su madre que residía en este domicilio.

El “Z-42” es el hermano menor de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, líder histórico de Los Zetas detenido en julio del 2013 en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.

El fin de semana una vez más la Marina –ahora utilizando información del CISEN- capturó en un hotel de Valle Oriente a Daniel Menera Sierra, líder de los Zetas en el municipio de Piedras Negras,  Coahuila.

Las detenciones de los capos en este municipio son un duro golpe para la Policía de San Pedro, que las autoridades municipales presumen como la mejor corporación policiaca de México.

El alcalde de San Pedro, el panista Ugo Ruiz, ha iniciado una investigación interna con la intención de detectar posibles complicidades de los elementos municipales con los integrantes del crimen organizado que operan en este municipio.

San Pedro, ¿zona neutral?

Las últimas detenciones revelan que San Pedro ha dejado de ser un refugio seguro no sólo para los sampetrinos, sino también para los familiares de los capos del narcotráfico.

El municipio de San Pedro -que tiene el mayor ingreso Per Cápita de México- históricamente ha sido “zona segura” para las familias de los narcotraficantes de México.

En este municipio, rodeado por las montañas de la Sierra Madre, reconocido por sus escuelas privadas, restaurantes de lujo y campos de golf, han vivido las familias de los Arellanos Félix. 

Incluso se habló que Joaquín Guzmán “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, también residió en San Pedro junto con Héctor Beltrán Leyva, “El H”, así como Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”.

En este momento –que coincide con la época electoral- el Gobierno Federal, a través de la Marina y el Ejército, se ha propuesto terminar con la estructura que Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva tienen en San Pedro.

Hace dos años Reporte Indigo reveló que Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, utilizaba casas de bolsa ubicadas en San Pedro para lavar dinero para este capo.

Esta información salió a relucir en el juicio que en Estados Unidos se hizo en contra de José Treviño Morales, hermano del “Z-40”.

Todo esto ocurre cuando informes de inteligencia advierten que el Cártel del Golfo –en su alianza con el Cártel de Sinaloa- está preparando una ofensiva para aumentar sus operaciones en el municipio de San Pedro.

Los reportes aseguran que en San Pedro 400, uno de los sectores populares de este municipio, ha comenzado a venderse droga del Cártel del Golfo.

Históricamente, capos del narcotráfico del Cártel de Sinaloa y Cártel de los Beltrán Leyva han vivido en el municipio metropolitano de San Pedro Garza García, ahora el temido Cártel de Los Zetas tiene presencia en esta entidad y el Cártel del Golfo también busca asentarse. 

La fachada perfecta

La capacidad económica de sus residentes se convierte en una fachada perfecta, por lo que es aprovechado por los capos para pasar desapercibidos en esta entidad.

En este municipio viven funcionarios del Consulado de Estados Unidos, políticos e importantes empresarios, así como directivos de primer nivel de universidades privadas.

Y en más de una ocasión capos, hijos de éstos y sus mujeres, han tenido residencia en esta entidad.

Fuentes consultadas por Reporte Indigo revelan que en Texas manejan posibles escenarios, que se podrían suscitar en relación a las detenciones de los líderes zetas.

Motivo por el cual, explican, se deben tomar medidas de seguridad.

Señalan que el Cártel de Golfo y Cártel de Sinaloa intenta operar en San Pedro, éste último ya tuvo presencia en esta entidad en los años 80 o 90.

El blindaje fantasma

Que la Policía de San Pedro no haya podido detectar la operación de estos capos resulta más que sospechoso en un Municipio que tiene cámaras de seguridad por todo el municipio.

En San Pedro se cree que existe un trasfondo político-electoral en las operaciones recientes que han realizado las fuerzas federales para detener a los Zetas sampetrinos.

No es casualidad –de acuerdo a estas fuentes- el manejo informativo que se ha impuesto en las detenciones de los narcotraficantes.

“Convocamos como administración a coadyuvar en estas acciones y no a caer en la tentación de usarlas como instrumento para desprestigiar o descalificar los esfuerzos que en materia de seguridad realiza nuestro municipio”, pidió el lunes en un comunicado la administración que encabeza Ugo Ruiz.


El más perjudicado con esta ofensiva federal es el controvertido candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández.

La operación de Zetas en el municipio de San Pedro pone en duda el famoso blindaje en seguridad que abanderó el empresario panista entre el 2009-2012, años que gobernó este municipio.

El polémico exedil carga con la sospecha de que pactó hace tres años con el Cártel de los Beltrán Leyva para garantizar la seguridad en San Pedro, acusación que Fernández ha rechazado.

Su controvertido Grupo Rudo, que se encargó de cobrar cuotas a los bares sampetrinos, fue desmantelado por la Marina con la detención de sus operadores ligados a este grupo criminal.

En la boleta electoral también estará el empresario Bernardo Bichara, exsecretario de Ayuntamiento de San Pedro, quien estuvo a cargo hasta hace 6 meses de la coordinación en seguridad con las Fuerzas Federales.

Bichara fue postulado por el PRI, que busca arrebatarle al PAN este municipio que gobierna desde hace más de 25 años.

Sin descartar una alianza

Fuentes consultadas por Reporte Indigo revelan que hay una fusión entre el Cártel de Los Beltrán Leyva- Zetas asentada desde hace seis meses.

La captura de Héctor Beltrán Leyva “El H”, en octubre del 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato, a decir del ahora candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, esta entidad se convirtió en una “zona neutra”.

Y codiciada por los carteles de la droga.

“Zan Pedro se escribe con zeta”, decían.

Pero las fuentes explican que Los Zetas-Beltrán Leyva podrían afianzar las operaciones. 

A sólo 10 días de la captura de Omar Treviño Morales, “Z-42”, líder absoluto del Cártel de Los Zetas, refuerzan esta versión.

Y ahora que elementos de la Secretaria de Marina detuvieron al segundo abordo de esta organización, evidencia que San Pedro Garza García está codiciada por los cárteles de la droga. 

Y la presencia zeta es notoria.

Se trata de Daniel Menera Sierra “El Dany Menera”, señalado por autoridades federales como jefe regional de Los Zetas, en Piedras Negras, Coahuila y detenido en un hotel en la zona Valle Oriente de este municipio.

El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido reveló que Menera Sierra era el encargado del trasiego de droga en gran escala y tráfico de migrantes a Estados Unidos.

Sin embargo, en su breve rueda de prensa no informó los motivos de la presencia de “El Dany Menera” en el municipio de San Pedro.

Reporte Indigo consultó expertos norteamericanos en narcotráfico.

Aseguran que “El Dany Menera” quería operar sus acciones de venta de droga, trasiego de la misma y lavado de dinero.

Y tenía pocos días de arribar a San Pedro.

Sector donde fue capturado por los marinos informó Alejandro Rubido.

Sinaloa, otra vez

Fuentes de inteligencia militar explicaron que el Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa habrían realizado una alianza en Tamaulipas, fusión que se habría extendido hasta Nuevo León.

Esto podría significar un reacomodo de estas organizaciones, sobre todo en el codiciado municipio de San Pedro.

La captura de Héctor Beltrán Leyva “El H”, en octubre del 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato, a decir del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, esta entidad se convirtió en una “zona neutra”.

A seis meses de la detención de “El H”, no se tenía bien claro qué organización tenía influencia en este municipio.

Pero aparece en el escenario la captura de Omar Treviño Morales “Z-42” y de su segundo abordo, Daniel Menera Sierra “El Dany Menera”.

Y sorprendió que Los Zetas estuvieran operando en San Pedro, en una aparente alianza con el Cártel de los Beltrán Leyva.

La detención de ambos capos abre el camino para que el Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo inicie operaciones en este municipio.

Estas organizaciones tienen la infraestructura para el trasiego de droga, y la forma de operar se adhiere a la vida cotidiana del sampetrino, uno de los más ricos en el país.

Pasear en autos y vivir en casas de lujo, son la fachada preferida de los capos de esta organización. Acciones que no desentonan con el estilo de vida sampetrino.

Forma de vivir que intentó buscar Omar Treviño Morales “Z-42”, para no ser detectado por las fuerzas federales. 

Pero no lo logró.

Mauricio y Los Beltrán

Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, quien fungía como operador del Cártel de Sinaloa, rompió con ésta organización y conformó junto con sus hermanos, el Cártel de los Beltrán Leyva.

Entre la negociación, Alfredo se quedó con la plaza de San Pedro.

Debilitado en el tráfico de drogas, Alfredo formó una alianza con el grupo de Los Zetas.

Y comenzó el secuestro de familiares de la cúpula empresarial de Monterrey a principio del 2009. 

Exigía rescates de hasta cinco millones de pesos y llegó a realizar hasta tres secuestros por semana.

Fuentes de inteligencia militar revelaron que  Héctor “El Negro” Saldaña, cabeza visible del Cártel de Los Beltrán Leyva  ordenaba los plagios.

Fue hasta la noche del 31 de octubre del 2009 cuando se dio la noticia de su ejecución en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con un mensaje firmado por Alfredo Beltrán, “El Jefe de Jefes”.

“Por secuestradores. Job 38:15. (Job 38:15): Entonces la luz fue quitada a los impíos”.


Minutos antes, el entonces alcalde de San Pedro Garza Garcia,  Mauricio Fernández, en su toma de protesta en 2009 como edil anunció la muerte del capo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA, JESÚS PADILLA

Aristegui no regresará

Un directivo de MVS aseguró que no hay ‘punto de arreglo’ con la periodista y defendió la decisión de la empresa.

El regreso de la periodista mexicana Carmen Aristegui al espacio radial que tenía en MVS Radio no parece viable.

El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, dijo ayer que debido a los “agravios” mutuos no ve ninguna posibilidad de arreglo con Aristegui, despedida el domingo tras una disputa entre la periodista y la empresa por supuestamente utilizar sin permiso el nombre de la compañía.

“Creo que han sido fuertes los agravios, muchas las ofensas y en el momento no vería un punto de arreglo”, señaló el directivo en Radio Fórmula.

Chao defendió la decisión de la empresa y aseguró que no tiene que ver con un ataque a la libertad de expresión, como han asegurado Aristegui, analistas y columnistas.

Algunos también sostienen que detrás del despido estarían presiones del Gobierno federal por las investigaciones que había hecho su equipo, en particular la revelación de que la primera dama de México adquirió una mansión millonaria a un contratista público cercano al presidente Peña Nieto, lo cual sería un conflicto de interés.


El directivo de MVS afirmó que la salida de la periodista no fue a instancias del Gobierno. “No tiene nada que ver con presiones del Gobierno ni mucho menos”, dijo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa llevan su exigencia de justicia a EU

11 padres de los estudiantes se dividirán en tres grupos para recorrer 43 ciudades estadounidenses; buscarán hablar ante las Naciones Unidas.

La voz de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México se escuchó este miércoles 18 de marzo en Nueva York cuando el portavoz de los padres dijo frente al consulado mexicano que el caso no ha quedado en el olvido y que la campaña para conocer la verdad y devolver a los estudiantes a sus casas resuena ahora en Estados Unidos.

“Lo que nos trae a esta parte del mundo es exigir justicia y que los organismos internacionales a los que pertenece nuestro país puedan tener las recomendaciones necesarias para que puedan darnos respuesta a nuestras exigencias y castiguen a los asesinos intelectuales y materiales de este hecho ocurrido el 26 de septiembre”, dijo Felipe de la Cruz, un profesor del instituto del estado de Guerrero donde estudiaban los jóvenes.

De la Cruz se manifestó junto a una veintena de mexicanos que residen en Nueva York frente al grito de “Por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina” y portando carteles con mensajes como “Alto a la masacre de activistas en México”.

El portavoz de las familias, quien dijo además ser padre de un estudiante que sobrevivió la masacre, anunció que unos 11 padres de los desaparecidos han iniciado un viaje por Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer lo ocurrido.

El viaje, denominado “Caravana 43″, se ha dividido en tres rutas por el oeste, el centro y el este del país.

Los tres grupos planean reunirse al final del viaje en Nueva York el 28 de abril e intentarán hablar frente a las Naciones Unidas.

El gobierno mexicano asegura que los 43 estudiantes tuvieron un enfrentamiento con la policía municipal, que los detuvo y los entregó al cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.

Según la versión de las autoridades, los sicarios del cártel asesinaron y quemaron a los estudiantes en un basurero cercano a la localidad de Cocula, a pocos kilómetros de Iguala, y luego arrojaron sus restos a un río.

Portavoces del consulado mexicano no respondieron de forma inmediata una llamada y un correo electrónico enviado por The Associated Press para obtener una reacción a la protesta.

Los familiares de los desaparecidos, intelectuales, organizaciones de derechos humanos y miles de mexicanos han rechazado la versión del gobierno y durante meses han organizado masivas protestas a lo largo de México.

De la Cruz dijo que el viernes tiene previsto reunirse con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y que el sábado planea hablar en la cumbre de Amnistía Internacional que se celebra en esa ciudad para denunciar las violaciones a los derechos humanos en México. Los miembros de “Caravana 43″ también esperan poder reunirse con el presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Los padres de los desaparecidos obtuvieron visas para entrar a Estados Unidos y hacer la travesía y se alojan en casas de mexicanos e hispanos interesados en ayudarlos.


De la Cruz criticó al expresidente mexicano Vicente Fox quien, según varios medios, dijo que los padres de los desaparecidos deben aceptar la realidad. “Sabemos que todos los gobernantes de México, que se amparan en la democracia, son seres insensibles, inhumanos”, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP

“Videgaray reconoce el trabajo de Aristegui”

*Se reproduce de forma íntegra la nota publicada este miércoles por el diario mexicano El Financiero:

El secretario de Hacienda dijo que la periodista siempre le brindó un trato profesional y respetuoso en los espacios que le abrió para entrevistas; el equipo de la periodista investigaba sobre la casa de Malinalco del funcionario y que fue vendida a tasa preferencial de 5.31 por ciento por Grupo Higa.

Luego del “despido” de Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones especiales de MVS, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, reconoció el trabajo de la periodista.

Desde un punto de vista personal quiero “aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo de Carmen y agradecer los espacios que siempre me brindó y el trato profesional y respetuoso que siempre tuve por parte de ella”, dijo luego de participar en la Décima Cumbre Financiera Mexicana.

Previo al despido oficial de Aristegui, el equipo de investigaciones especiales de MVS comandado por Daniel Lizarraga fue destituido de esta empresa.


Fue el equipo que sacó a la luz el caso de la Casa Blanca mexicana, además realizaban investigaciones en torno a la casa de Malinalco de Luis Videgaray vendida a tasa preferencial de 5.31 por ciento por Grupo Higa. También realizaban un reportaje del caso Tlatlaya.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ EL FINANCIERO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Legisladores: Al desnudo, la vulnerabilidad de la PGR

Diputados federales piden revisar la estructura de la Procuraduría General de la República y castigar penalmente a los funcionarios involucrados que trafiquen con el programa de recompensas.

Legisladores federales coincidieron que el caso de los servidores públicos involucrados en el cobro de recompensas muestra la vulnerabilidad que existe al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el manejo de información y la actuación de sus funcionarios. 

En el reportaje “Rapiñan recompensas en la PGR”, Reporte Indigo puso en evidencia ayer el programa de recompensas de la PGR. Una serie de audios en poder de este medio revelan que los montos ofrecidos por la dependencia son cobrados por funcionarios en complicidad con supuestos informantes. Uno de ellos, el director de la SEIDO.

El senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que la revelación del caso es “una evidencia contundente” de que el principal problema en el sistema de justicia del país es la corrupción.

“La PGR tiene que echar a andar más que sus procesos internos porque no solamente es un delito, además implica una gran vulnerabilidad en la forma de actuar de la Procuraduría porque hay fuga de información, porque la información privilegiada que manejan algunos funcionarios se convierte ahora en tráfico de influencias y corrupción.

“Las estructuras de la Procuraduría muestran su enorme debilidad y vulnerabilidad en el manejo de información privilegiada y esto es un asunto de seguridad interior, de cómo operan los órganos de procuración de justicia y las autoridades judiciales en este país”, expuso en entrevista.

El legislador de izquierda sostuvo que es necesario que la PGR aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

“Es absolutamente inadmisible y deberá actuarse con toda firmeza en contra de esta práctica y de quienes están cometiendo este delito”, señaló.

Encinas pidió una revisión del esquema de estímulos y recompensas por la falta de transparencia con la que se ha manejado este programa en las diferentes administraciones gubernamentales.

En el mismo tono se pronunció el diputado panista Guillemo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, quien sostuvo que “ha faltado mucha pulcritud y honradez” en el manejo del programa de recompensas.

“Tiene la procuradora la gran oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que realmente tiene deseos de trabajar por el bien del país y que los malos elementos de la PGR, de cualquier nivel, que sepan que al actuar fuera de la ley como es el caso, significa su salida pero no solo su salida de la institución, sino que se le aplique el procedimiento penal respectivo según sea el caso”, apuntó Anaya.

El legislador aseguró que a raíz de las revelaciones de este caso, pedirá un informe a la PGR sobre la forma en que está operando el sistema de recompensas y la forma en que se procederá contra los funcionarios involucrados.

“Hay que darle una muy buena revisión (al programa) porque pensemos que manejar este sistema no es muy complejo. Lo que sí exige y que no ha sido capaz la PGR de brindarnos a la sociedad es la pulcritud con la que debe actuar, y con la honradez que se deben desempeñar los funcionarios encargados de este tipo de situaciones.

“Hay poca transparencia y no hay un comité ciudadano y de ningún otro tipo, que pueda verificar los dichos, las personas, los expedientes y los montos con los que se está ejerciendo toda esta institución de recompensas”, comentó Anaya.

El legislador insistió en que los testimonios no deben ser la materia prima más importante en una averiguación, y en que antes de otorgar cualquier dinero para el pago de una recompensa, se deben verificar los hechos y la participación de los involucrados.

La PGR, dijo, “ha quedado a deber, por mucho tiempo, en la profesionalización de su personal”.


El diputado panista pidió que se debe revisar la estructura de la PGR y castigar penalmente a los responsables, no solo separarlos de su cargo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Se arman contra mineras

Comuneros de Santa María Ostula reclaman la propiedad de casi mil hectáreas de terrenos ocupados por empresas extranjeras. La mayoría de los terrenos están ocupados por Ternium.

En la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, volvió a brotar el conflicto por las tierras. 

Más de 600 comuneros decidieron seguir por el camino de las armas el reclamo a la propiedad de casi mil hectáreas de terreno, las que actualmente mantienen bajo concesión empresas mineras y turísticas internacionales.

La mayor parte de los predios en reclamo están ocupados por la empresa minera Ternium, de capital argentino-Italiano, a la que se le ha señalado de alentar el conflicto en la zona, mediante la instauración de guardias blancas, integradas con miembros de las células del crimen organizado, que algunas vez estuvieron al servicio de los cárteles de La Familia y Los Caballeros Templarios.

A Ternium se le atribuye el desplazamiento de los pobladores indígenas mediante la intimidación y el acoso, en las áreas exploradas donde se encuentran reservas probadas de yacimientos de hierro. Esa práctica ya es copiada por la empresa Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, de capital chino, la que también ha entrado a explorar la zona.

Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, al lado de la China Minerals Resources Group son las únicas dos empresas chinas con permisos otorgados por el gobierno federal para la explotación minera de Michoacán, sin embargo, son esos dos corporativos los que mantienen el monopolio en la compra de hierro extraído en esta entidad, la mayoría extraído de los yacimientos propiedad del pueblo de Aquila.

Otra de las empresas contra las que se han alzado los indígenas de Ostula, es la denominada Arcelor Mittal, de capital indú, la que mantiene el predominio en las actividades de transformación acerera en la entidad, al ocupar el 90 por ciento de la actividad minera en la zona de Lázaro Cárdenas. Arcelor Mittal comparte con Ternium las actividades de exploración minera en los yacimientos de Aquila.

La primera empresa en desalojar a los indígenas de los terrenos con yacimientos de hierro fue la denominada Hylsa (Hojalata y Lámina SA), la que inicialmente contaba con una concesión federal para explotar 73 hectáreas de minas, misma concesión que cedió a la empresa Ternium pero ampliada a una superficie de 300 hectáreas. 

La zona rica en yacimientos de hierro, propiedad ancestral del pueblo Nahua de Aquila, fue reconocida y entregada oficialmente a los indígenas de Santa María Ostula por el gobierno federal el 29 de junio de 2009. A partir de ese momento, las guardias blancas de las mineras comenzaron a secuestrar, desaparecer y a matar a los comuneros que no se decidieron a ceder sus predios para intereses transnacionales.

La defensa de su tierra le ha costado al pueblo Nahua de Michoacán más de 130 comuneros asesinados, 25 desaparecidos y una cantidad indeterminada de secuestrados. Los reclamos –para que se ponga freno a la expansión ilegal de las empresas mineras- no han sido escuchados por el gobierno estatal ni federal.

Al revivir el conflicto por el reclamo de sus tierras, el pueblo indígena de Ostula, en Aquila, Michoacán, denunció la presencia de nuevos grupos de exploración de diversas empresas mineras internacionales en esa región, lo que ya es visto como el preludio de una nueva oleada de familias expulsadas de sus terrenos.

Plantón permanente

Al mantener su postura de cierre permanente de la carretera costera más importante del pacifico sur mexicano, los comuneros de Ostula reclamaron una mesa de diálogo con el Gobierno Federal, a fin de revisar las condiciones de operación de las mineras internacionales en la zona, pero no hubo respuesta.

En la manifestación, las autodefensas que resurgieron aprovecharon para pedir que se suspenda la persecución a los grupos de civiles armados en esa región, “que no tienen otra intención, más que salvaguardar sus propiedades y sus vidas”. Pidieron públicamente que las Fuerzas Federales se replieguen y dejen la seguridad en manos de los autodefensas.

Tras anunciar el bloqueo indefinido a esa carretera, los grupos de autodefensa que apoyan a los comuneros de Ostula, pidieron el respeto y reconocimiento de la policía comunitaria de la zona Costa Sierra Nahua, los que se integraron para frenar la presencia de los Caballeros Templarios.

Fox y sus amigos

La empresa Fabricación y Colocación de Pavimento S.A., propiedad el empresario guanajuatense Cosme Mares Hernández, fue señalada en su momento, cuando se adjudicó 235 hectáreas de la bahía conocida como El Tamarindillo, en Aquila, de ser prestanombres del expresidente Vicente Fox.

A Mares Hernández no lo olvidan los comuneros de Ostula. Todos lo recuerdan por la forma en que se apropió -a precio de oferta- de los terrenos de El Tamarindillo, en donde se han proyectado al menos 12 residencias de descanso, en donde se encuentra como beneficiado –aseguran algunos comuneros de Ostula- el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Otros beneficiados, serían Florencio Salazar Adame, exsecretario de la Reforma Agraria en el gobierno de Fox, así como José Luis Luege Tamargo, en su momento secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se suman autodefensas

El conflicto que se creía superado –al menos olvidado por el gobierno estatal- volvió a brotar el pasado fin de semana, cuando cerca de 200 comuneros decidieron cerrar la carretera costera que comunica a Michoacán con el estado de Colima. Al bloqueo indígena se sumaron grupos de autodefensa que anunciaron el renacimiento de su movimiento en la zona.


Los grupos de autodefensa que volvieron al escenario en esa parte del estado, se manifestaron en contra del desarme generalizado que se ha intensificado por parte de las Fuerzas Federales. La dirigencia de los civiles armados anunció su renuencia al desarme “porque el crimen organizado sigue actuando en la zona”.

La alianza entre comuneros que reclaman sus tierras y autodefensas que encaran a células del crimen organizado, fue apoyada por grupos de autodefensas de Coalcomán, Chinicuila y Aguililla, quienes también intervinieron en el bloque de la carretera que une a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Aun cuando el Gobierno Federal no reconoce el rebrote de la insurgencia civil, a la fecha –luego de haber sido oficialmente desarticulado el cartel de Los Caballeros Templarios- se han levantado 9 regiones, con igual número de comandancias que han tomado bajo su control la seguridad ciudadana. 

Desarrolladores turísticos

Los comuneros de Santa María Ostula también denunciaron la operación de diversas empresas desarrolladoras que están comercializando la reserva protegida de la zona Costa Sierra Nahua.


Denunciaron los comuneros que al menos cinco empresas de capital internacional, entre ellas Desarrolladora Ilse del Sur S.A. de C.V., Proyectos Turísticos de Aquila S. A., Casas Grandes Proyectos Turísticos S. A. de C.V. y Fabricación y Colocación de Pavimento S.A. (Facopsa), son las que están negociando con el gobierno federal a fin de lograr la adjudicación de predios hasta ahora de reserva natural.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESUS LEMUS.

San Quintin BC Tierra de Feudales...

SAN QUINTÍN.- Bloqueos en la Transpeninsular, saqueo de negocios, toma de delegaciones, agresiones hacia automovilistas y autoridades, más de 30 detenidos y varios heridos, culminando con enfrentamientos por el control del Centro de Gobierno en San Quintín, fue parte de la jornada de protestas encabezadas por jornaleros, en demanda de mejores condiciones laborales en los campos agrícolas.



Alrededor de las 22:00 horas, más de 100 unidades de la Policía Ministerial, varios camiones con soldados, unas 40 unidades de la PEP, entre otros, salieron rumbo al Sur del municipio para controlar la revuelta. Aproximadamente a las 15:45 horas, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, había anunciado la presencia de al menos 400 unidades de distintas corporaciones, en diversos convoyes que se dejaron ver por la ciudad, para reforzar la vigilancia en la zona.
Este clima de violencia e inseguridad obligó a los residentes de los distintos poblados a permanecer en sus casas. Las clases fueron suspendidas, los negocios cerraron sus puertas, al igual que centros de salud y hospitales. Todas las actividades se trastornaron.
Miles de jornaleros agrícolas detuvieron el tráfico en distintos puntos de la carretera Transpeninsular desde Punta Colonet, Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín, para denunciar irregularidades por parte de múltiples empresas agrícolas y solicitar derechos laborales.
Los bloqueos iniciaron desde la madrugada del martes, desde San Quintín hasta Colonet, siendo coordinados por integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
En el caso de San Quintín, instalaron barricadas con piedras, bloques y llantas quemadas, en los ejidos El Papalote, Sánchez Díaz, Nueva Era, Lázaro Cárdenas, Nuevo Mexicali, puente New York y el vado de la entrada.
FRACASÓ PRIMER DIÁLOGO
Alrededor de las 11:00 horas, arribaron al Centro de Gobierno del Estado de San Quintín las unidades con el subsecretario general de gobierno en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, el secretario General del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villareal, el director de Protección Civil, Arturo Granados González y otros funcionarios.
Intentando lograr acuerdos, en la sala de juntas realizaron una reunión a puertas cerradas, exponiendo las consecuencias de la movilización y escuchando los avances por parte de las autoridades estatales de San Quintín, en especial de la subprocuraduría del Trabajo y Previsión Social y General de Gobierno.
Durante el ingreso, al mostrar actitud violenta, algunas unidades municipales fueron apedreadas por los manifestantes, siendo necesaria la intervención de la Unidad de Reacción Inmediata, Policía Municipal y Estatal Preventiva para mantenerse al frente en caso de incidentes.
Al enterarse de la presencia de los funcionarios, cientos de jornaleros solicitaron a gritos su intervención, rodeando la parte sur del Centro de Gobierno, molestos al visualizar a los agentes armados.
López Núñez intentó dialogar con los manifestantes, aunque por los gritos no lograban escuchar las peticiones. Algunos líderes presentes divulgaron las declaraciones y acordaron esperar de nuevo en el puente New York.
DESALOJO DEL CENTRO DE GOBIERNO
Poco antes de las 19:00 horas, grupos de inconformes dialogaban con las autoridades estatales en la explanada del centro de gobierno, amenazaban con quemar el edificio. En un momento dado, entre el tumulto alguien arrojó una piedra en contra de Pablo Alejo López Núñez, siendo lesionado en la parte frontal del rostro.
Luego de la agresión, la Policía Estatal empezó a movilizarse en los alrededores, arremetiendo en contra de los agresores, disparando balas de goma, siendo apoyados con el tanque antimotines y personal con escudos. Tanto agresores como curiosos corrieron del centro para huir entre las calles cercanas, siendo perseguidos por los estatales.
Al huir la mayoría de los manifestantes, los agentes se instalaron en el puente New York, recuperando la vialidad, aunque aún recibían piedras por parte de jóvenes delincuentes, culpables del conflicto, que al principio inició de manera pacífica.
Tras el enfrentamiento, de manera extraoficial se supo que dos policías municipales fueron lesionados con piedras mientras intentaban levantar el bloqueo en el área de Centro de Gobierno, así co-mo un agente ministerial.
Se reportaron instalaciones gubernamentales dañadas, disturbios en comercios y personas detenidas, sin precisar el número. Las barricadas sobre la Transpeninsular fueron retiradas, pero los ánimos seguían crispados y había mucha gente a los alrededores.
PUNTA COLONET
En Punta Colonet también hubo bloqueo de la carretera, gente haciendo disturbios, pero sin tomar la delegación municipal. Hasta el cierre de la edición, seguía el bloqueo.
CAMALÚ
Poco antes de las 6:00 horas, al Ejido Díaz Ordaz arribaron 150 personas para cerrar el acceso antes del puente, contando con largas filas de automovilistas y comerciantes.
En Camalú instalaron bloqueos entre el kilómetro 155 y 158, siendo alrededor de 400 manifestantes en la salida del poblado. Aunque al principio iniciaron de manera pacífica, posteriormente reportaron incidentes con algunos comerciantes.
Los manifestantes tomaron las instalaciones de la delegación en Camalú, donde rompieron vidrios, además de saquear negocios, mercados y prenderles fuego.
Los comercios instalados en los alrededores de la carretera Transpeninsular debieron cerrar sus puertas, manteniéndose al margen del conflicto aunque los actos delictivos dañaron algunas estructuras.
Asimismo, en la delegación Camalú, después de los actos delictivos, residentes de la localidad se unieron para detener a los individuos culpables de los disturbios, reabriendo las puertas de la delegación municipal.
El delegado de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros, informó que la ciudadanía tomó acciones para detener los sucesos violentos, logrando ubicar a los culpables para detenerlos e internarlos en las celdas preventivas.
Esta acción ocurrió poco antes de la llegada de la Policía Estatal Preventiva, siendo motivados por la ciudadanía para continuar con su trayectoria hacia la zona sur de Vicente Guerrero y San Quintín.
Habitantes de la zona manifestaron que falleció el dueño del mercado “El Reloj”, el cual sufrió saqueos y fue incendiado momentos después. Según indicaron, el propietario falleció de un infarto al ver lo ocurrido.
Hubo un total de 30 detenidos por los disturbios y daños generados. Además de que se remolcó un vehículo en el que se transportaba la mercancía saqueada. De los detenidos por los saqueos, cuatro fueron asegurados en un camino vecinal de la colonia Tierra Blanca, identificados José Ángel Pacheco, Mario Díaz Ibáñez, Giovani Barba Rodríguez y Abraham Soto Sepúlveda, a quienes se les encontró mucha mercancía.
VICENTE GUERRERO
En la delegación Vicente Guerrero, reportaron múltiples hechos delictivos, solo hasta las 5:00 horas contabilizaron alrededor de mil personas manifestándose, acudiendo más a cada hora. En esta localidad, la manifestación “pacífica” se salió de control, ya que saquearon comercios y gasolineras.
Una multitud de jóvenes tomó las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en la delegación Vicente Guerrero, ocasionando daños a la estructura y amenazando con agredir a los agentes, debiendo retirarse en espera de indicaciones.
El comandante de la localidad, Jorge Argoud Martínez, explicó que momentos atrás vieron a cientos de individuos que se aproximaban a la estación, por lo cual procedieron a retirar las armas y retirarse a bordo de las unidades.
Hasta el cierre de la edición, la situación en la Comandancia permanecía sin novedad, aunque seguían las amenazabas de volverla a tomarla. El bloqueo en la carretera continuaba. 
LOS MOTIVOS
Los inconformes denuncian irregularidades en contra de múltiples empresas agrícolas, entre las que se encuentran rancho Los Pinos, agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex y Driscolls, incluso mostrándose dispuestos a manifestarse directamente con los productores.
Al exponer sus inconformidades, los jornaleros manifestaron que sufren de largas jornadas de trabajo, sueldos mínimos, maltrato por parte de mayordomos, horas extras sin pagar y despidos injustificados, además de la poca intervención de las autoridades.
Además, explicaron que en Los Pinos, Santa Mónica y Berrimex, al momento de incapacitarse por problemas de salud o accidentes en el trabajo, reciben únicamente 200 pesos por una semana, debiendo cubrir los gastos por su cuenta.
Asimismo, indicaron que en el hospital IMSS 69 y en los centros de salud existe déficit de medicamentos, además de sobresaturación de pacientes, por lo cual deben esperar más de tres horas para recibir consultas y pagar los medicamentos en una farmacia privada.
“Recibimos poco más de cien pesos diarios, lo cual no es suficiente para mantener a la familia, ni siquiera laborando en los campos durante toda la semana. Demandamos respuestas por parte de las autoridades, en caso contrario, continuaremos hasta que sea necesario”, mencionó uno de los líderes.
LAS DEMANDAS
Revocación del contrato colectivo, por violaciones a derechos laborales y humanos. Derecho de antigüedad. Afiliación inmediata al IMSS. Prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y festivos. Horas extras doble y triple. Incapacidad por embarazo antes y después del parto.
Permiso para padres, 5 días con derecho a salario. No más tolerancia al acoso sexual de mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales o ingenieros encargados de los ranchos.
No represalias en contra de los trabajadores que están participando directo o indirectamente en manifestación. Salario de 300 pesos por día. Pago de 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año de 2001 se paga a 10 y 12 pesos la caja.
Domingos y festivos se paguen doble. Se pague a 17 pesos por jarra de mora. Cubetas de tomate se paguen a 8 pesos.
FUENTE: EL MEXICANO

SCJN: independencia vulnerada

MÉXICO, D.F: Uno de los valores más preciados de la reforma constitucional de diciembre de 1994, que marcó el nacimiento de una nueva época para el Poder Judicial, fue el buscar la independencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del titular del Poder Ejecutivo al transferir la designación de los ministros del presidente de la república al Senado.

Más allá de los naturales cuestionamientos a las designaciones realizadas hasta 2012, se había acabado con la perversión de nombrar a integrantes del Poder Ejecutivo como ministros, lamentablemente la práctica se retomó, con la consiguiente pérdida de independencia y autonomía del Poder Judicial.

En noviembre de ese año, en una de las dos ternas que envió al Senado, el entonces presidente Felipe Calderón propuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien entonces era director del Servicio de Administración Tributaria; nombramiento que, aun cuando debía ser ratificado por el mismo Senado, era responsabilidad del Ejecutivo y, por supuesto, tenía una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. Gutiérrez Ortiz Mena había ingresado a dicha instancia en 2003 como administrador general jurídico y, tras fungir como administrador de Grandes Contribuyentes en julio de 2008, fue nombrado director. En general su designación no fue muy cuestionada porque había un reconocimiento a su trayectoria profesional.

El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la vacante que se generó por el fallecimiento de Sergio Valls a fin de proponer al embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, para ocuparla. Sin duda la actuación de Medina Mora como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como secretario de Seguridad Pública y como procurador general de la República es muy cuestionable, pero más lo es que después de 15 años de trabajar en el primer nivel del Poder Ejecutivo pase directamente al máximo nivel del Poder Judicial, en este caso con la agravante de que nadie reconoce sus capacidades como jurista y sí su obediencia acrítica a las indicaciones del Ejecutivo en turno.

De los otros nueve integrantes del pleno, cinco (el actual presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza) tienen una larga trayectoria en el mismo Poder Judicial, donde escalaron puestos a lo largo de los años; José Ramón Cossío llegó directamente de la academia por méritos indiscutibles en dicho campo; Olga Sánchez Cordero, tras ocho años en la Facultad de Derecho de la UNAM, se convirtió en la primera mujer Notaria del Distrito Federal, donde ejerció la abogacía durante nueve años, y posteriormente estuvo dos años como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF, antes de ser nombrada ministra de la Corte.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a la SCJN tras 25 años de ejercer como abogado postulante en materia constitucional, y el nombramiento más cuestionable hasta antes de los dos ya señalados fue el de José Fernando Franco, quien había sido subsecretario de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, y magistrado en dos ocasiones del Tribunal Electoral, antes de que éste pasara a formar parte del Poder Judicial. Sin embargo, su llegada al máximo tribunal del país en diciembre de 2006 estuvo precedida por un paso de poco más de un año por la academia.

Así, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresa la perversa práctica de designar como ministros de la Corte a fieles servidores del presidente, pues aunque la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena la realizó Calderón, fue evidente la intervención de Peña Nieto en la integración de la terna. Desde el primer momento se estableció que era un nombramiento que el PRI impulsaba por el hecho de que el prospecto es nieto de Antonio Ortiz Mena, quien fuera secretario de Hacienda durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; director de Banamex tras su nacionalización, así como prominente y comprometido priista, como quedó claro en aquella cena que organizó en su casa el 23 de febrero de 1993 con los empresarios mexicanos para que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari les solicitara financiamiento para la campaña del candidato tricolor.

Las dos propuestas de ministros de la Corte que ha hecho Peña Nieto, aunque la primera la haya formalizado su predecesor, corresponden a personas que en el momento de ser propuestos dependían del Ejecutivo. Esa relación de dependencia es precisamente la que se buscaba evitar con la designación de los ministros por parte del Senado, y la norma había cumplido su propósito hasta el inicio de este sexenio.

Los candidatos a ministros deben ser juristas reconocidos y probados, sea por haber dedicado su vida al Poder Judicial, a la docencia y la investigación o al ejercicio libre de su profesión, lo cual no se cumple en el caso de Medina Mora. El precedente se vuelve más preocupante porque en noviembre del presente año habrá que designar a otros dos ministros para cubrir las vacantes que dejarán en diciembre los últimos dos ministros de la generación de 1995 (Silva Meza y Sánchez Cordero).

Desde el 2003, al empezar la renovación de los 11 iniciales en 1995, la designación de los ministros de la Corte estuvo sujeta al reparto de las cuotas partidistas, pues se requería el apoyo de dos grupos parlamentarios para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones; pero al menos hasta el inicio de este sexenio se habían guardado las formas y los partidos impulsaban candidaturas de personas ajenas al Ejecutivo en turno y que podían exhibir méritos profesionales suficientes para ser nombrados.


La designación de Medina Mora es una muestra más del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo y un paso hacia la restauración del neopresidencialismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Aristegui-MVS: Censura y agravio a las audiencias

MÉXICO, D.F: “Ambas partes están agraviadas, molestas, y en este momento no veo arreglo alguno”, declaró Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo MVS, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, al dar la posición de la empresa sobre el conflicto con Carmen Aristegui y el despido de Daniel Lizárraga e Irving Huerta.

Chao afirmó que la salida de Aristegui no tiene relación alguna con “presiones del gobierno ni mucho menos” y tampoco “tienen nada qué ver con un atentado a la libertad de expresión”.

El vocero de MVS reiteró en su interpretación del caso que se trata sólo de “dos partes” y descartó a las audiencias, los principales agraviados y quienes más fuerte han protestado ante la abrupta y desaseada expulsión de Aristegui y de su equipo informativo.

MVS construyó un caso de “agravios”, de “violaciones al uso de la marca”, de “pérdida de confianza” y “uso indebido de nuestros recursos humanos y tecnológicos”, ignorando a sus propias audiencias y su derecho a tener una opción informativa crítica que, por si fuera poco, es la que les dio mayor rating, patrocinadores y credibilidad en una intensa competencia en los noticiarios matutinos.

Sorprende aún más que la familia Vargas –concesionarios de varios años atrás, respetuosos en otras ocasiones de la autonomía editorial de sus periodistas y comentaristas y que se han enfrentado muy duro a los intereses de Grupo Televisa– haya construido un caso como si se tratara de una fábrica de hamburguesas o una maquila de noticias que ahora tendrá métodos soviéticos de control de calidad y de contenidos.

En su argumentación contra Aristegui y su equipo se olvidan que ellos son concesionarios de un bien público de la nación que les permite comercializar el tiempo-aire. A cambio, ofrecen servicios que están amparados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, en especial el derecho a la libre expresión y los derechos de las audiencias. Esta “pequeña” diferencia entre un medio de comunicación masivo y una fábrica de hamburguesas es lo que convierte a sus comunicados y a sus nuevos “lineamientos” en una claudicación.

El menosprecio a sus audiencias es lo que ha llevado a MVS a interpretar este conflicto como si fuera un divorcio o un ring de boxeo sin juez y sin árbitro.

La violación a los derechos de las audiencias –que sólo forman parte del discurso “políticamente correcto” de políticos y empresarios de medios que no los entienden ni los comparten– está claramente documentada por el propio ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, y por los otros defensores de audiencias que el lunes 16 expresaron su preocupación de “estar ante un acto de censura”.

El conflicto con Aristegui constituye apenas la punta del iceberg de un retroceso mayor en la esfera pública. Este caso se suma a la ola de crímenes contra periodistas que han quedado impunes, a las presiones que se ejercen desde el poder político contra medios impresos y electrónicos y a un retroceso mayor desde los crímenes de Tlatlaya y Ayotzinapa. “Un vendaval autoritario”, interpretó Aristegui en su emisión del viernes 13.

Las audiencias no son sólo rating. Las audiencias no son sólo público radioescucha que consume todo lo que le transmitan. Las audiencias no son un público de “jodidos”, como interpretó El Tigre Azcárraga. En el México contemporáneo las audiencias también fiscalizan contenidos, contrastan posiciones, demandan y defienden su derecho a tener espacios informativos verídicos, creíbles, diferentes a la uniformidad prevaleciente en los medios masivos. La censura a estos espacios constituye un agravio mayor contra los ciudadanos.

MVS ignoró, menospreció y humilló a su propio ombudsman en este capítulo que, si algo bueno puede traer a largo plazo, es canalizar la molestia e indignación por la salida de Aristegui y de su equipo en la conformación de nuevos medios electrónicos y cibernéticos informativos.

No es sólo la fama o el innegable prestigio de Carmen Aristegui lo que ha provocado que su defensa sea Trending Tópic en Twitter desde hace una semana o que la plataforma Change.org lleve en menos de siete días más de 200 mil firmas para defender a la periodista. Es la indignación ante el agravio. La orfandad de quienes todos los días la escuchábamos en las mañanas porque su noticiario era el que tenía nuestra atención y credibilidad.

Extraña que una empresa como MVS haya mordido el anzuelo de una orden, de una provocación o de una presión de este tamaño a cambio de algo que no compensará nunca el déficit de credibilidad y desprestigio que está generando este caso, con impacto para otra de sus empresas más importantes como Dish.

Por esto mismo, hay una interpretación muy amplia de que se trata de una orden de censura. Un retorno a la era cavernaria del PRI, como en el golpe a Excélsior que expulsó a Julio Scherer y a su equipo del principal periódico del país en ese momento. Una muestra más del estilo Atlacomulco de cobrárselas a quienes “osen” cuestionar o molestar al presidente de la República y a su esposa, a sus colaboradores y amigos contratistas.

Desde el poder político insisten en afirmar que se trata de un “conflicto entre particulares”, como lo hizo Vicente Fox en el asalto de TV Azteca a Canal 40 y su frase emblemática “y yo por qué”. Sólo ellos no quieren admitir que en el centro del conflicto está el escándalo de la Casa Blanca revelado por el equipo expulsado de MVS.

Muchos ciudadanos saben que es el contragolpe contra Aristegui por haberse atrevido a informar de un claro conflicto de interés y corrupción. Las audiencias movilizadas en la defensa de Carmen en las redes, en sus casas, en las calles también entienden algo: esto constituye un nuevo e imperdonable agravio del gobierno de Peña Nieto.


Este episodio podrá derivar en un mal arreglo, en un pleito prolongado o en la fundación de nuevos medios electrónicos o cibernéticos en México ajenos al monopolio de la opinión pública que pretenden imponer Televisa-TV Azteca y el gobierno. Para eso, nos hacen falta empresarios modernos, periodistas organizados y legislación que haga realidad el respeto al derecho a las audiencias y sancionable la censura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Aristegui: Sin miedo al poder

MÉXICO, D.F: En una amplia entrevista que dio a la revista Gatopardo, publicada en su edición de marzo último, Carmen Aristegui asegura que criticar al poder es “entrar en una zona de riesgo”, por lo que todo periodista debe sustentar muy bien su información. “Si dices algo que afecte al poder, tienes que decirlo con una precisión quirúrgica”.

Y luego aborda dos de las revelaciones periodísticas más importantes dadas a conocer por su equipo de investigación: el de la “Casa Blanca” de Las Lomas, que develó un posible conflicto de intereses del presidente Enrique Peña Nieto al permitir que su esposa recibiera esa residencia de manos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú (consentido de los gobiernos que ha encabezado el mexiquense), y la polémica sobre las versiones acerca del presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, que en 2011 le costó a Aristegui ser despedida temporalmente del grupo MVS.

Entrevistada por Wilbert Torre, Aristegui comenta que la investigación sobre la casa de Las Lomas se gestó en mayo de 2013, cuando el reportero Rafael Cabrera –integrante de su equipo de investigaciones especiales– se topó con un ejemplar de la revista Hola donde se mencionaba esa residencia. Cabrera consideró que podría ser un asunto importante y empezó a indagar.

Aristegui relata que fue una pesquisa de meses. “Había periodos de espera por las solicitudes de información. Esta investigación es producto de la curiosidad de un periodista que se preguntó: ‘¿Esta casa estará declarada en el patrimonio de Peña?’ Con esa pregunta de pertinencia comenzó a jalar una hebra, solicitar información y ver la negativa del poder a colaborar. Fue una investigación de largo alcance. Llegamos al punto donde dijimos: ‘Ya está’. La respuesta de Presidencia (de la República) fue que no contestaría ella, sino Función Pública. Al final la respuesta fue: ‘No vamos a decir nada’”.


Ante esta negativa, prosigue la titular de la Primera Emisión de Noticias MVS, “decidimos publicar el reportaje, que coincidió en el tiempo con la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Lo del tren nos cayó del cielo. La investigación venía muy firme en función de que el dueño legal de la ‘Casa Blanca’ era el contratista de Peña. Pero con el reportaje hecho surgió la información del tren de alta velocidad y a la hora de revisar dijimos: ‘¿Cómo? ¡Es el dueño de la Casa Blanca!’ Si lo hubiéramos publicado 15 días antes, nos perdemos el tren. Lo del tren aceleró el asunto en horas”.



Cuenta Aristegui que cuatro días antes de difundir la historia se reunió con corresponsales extranjeros y con los directivos de La Jornada, Reforma y Proceso, a quienes propuso dar a conocer conjuntamente el explosivo asunto. Todos aceptaron.

Respecto del presunto alcoholismo de Felipe Calderón, la también conductora de CNN en Español señala que abordó el caso a raíz de que, el 3 de febrero de 2011, se exhibió una manta en la Cámara de Diputados donde se leía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”

Otros medios también dieron a conocer esa información, pero sólo Aristegui sufrió las represalias de Calderón, quien logró que la despidieran temporalmente.

“El caso de Calderón tomó una dimensión extraordinaria por tratarse de una reacción desmedida del poder presidencial frente a una interrogante que no fue afirmación de una periodista que consideró y sigue considerando pertinente preguntar”, rememora.

Ése fue un “hecho específico con una dimensión pequeña”, pero se convirtió en “un gran conflicto entre la Presidencia y un grupo empresarial. Se me pedía una disculpa que no estaba dispuesta a dar, porque no debía disculparme por algo que sigo considerando pertinente, que es preguntarle al poder lo que sea”.


Este, dice, fue “un caso donde el poder político, disgustado con la periodista, exigió algo inadmisible, que era que se arrodillara para satisfacer el enojo presidencial”.

En la entrevista con Gatopardo –titulada “Aristegui: sin miedo al poder”– la periodista radiofónica comenta que su “principal aspiración son los contrastes, que se vean todos los lados. Espero lograrlo. Si tenemos un reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, hay que buscarlo. Si tenemos un reportaje como el de la “Casa Blanca”, que alude al presidente, hay que buscar a la Presidencia. Ya es otra cosa si te contestan o no”.

Y asevera que no está arrepentida de su actitud crítica frente a los poderosos:


“Sobre lo sucedido con el expresidente Calderón y una investigación cabal como la de la “Casa Blanca”, yo diría que ambos (casos) tienen su peso y significado y de ninguno me arrepiento. En ambos me sostengo en lo dicho y en lo hecho.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA (REPORTAJE ESPECIAL).

Movimiento Ciudadano se ‘autodefiende’

El dirigente del partido en Michoacán asegura que con la postulación de Hipólito Mora y Virginia Mireles, buscan integrar en la vida política a quienes se rebelaron contra el gobierno.

Mientras algunos partidos apuestan a colocar en sus listas de candidatos a actrices de la época de las ficheras o exfutbolistas prestigiados, en Michoacán el Movimiento Ciudadano va con perfiles de una visión social distinta, como el exautodefensa Hipólito Mora Chávez y la doctora Virginia Mireles Valverde, hermana del ahora preso lídeer de las autodefensas, José Manuel.

Con estas candidaturas el partido busca superar el rezago político heredado del PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con Daniel Moncada Sánchez, dirigente estatal de ese organismo político, Movimiento Ciudadano va con candidaturas selectas, perfiles probados, con gente de la sociedad civil que ha dado pelea desde las trincheras. 

“Porque para nosotros es más importante la probidad social a que el candidato salga bonito en el espectacular, como le apuesta el PRI, el PAN o el PRD”, asegura.

Esa, a decir del dirigente, es la mejor forma de superar la tragedia de Michoacán, donde se ha gobernado “a base de ocurrencias”.

“Quiero decirte que si revisas los reportes periodísticos te das cuenta que es la misma clase política en los mismos cargos en 20 o 30 años, ellos piensan que Michoacán es de su propiedad, siguen viendo al estado como si fuera su negocio personal o de grupo”, detalla Mocada Sánchez.

Por eso Movimiento Ciudadano, dice, le ha apostado en esta elección a candidaturas con trayectoria social, con las que se pueda integrar “un verdadero plan de gobierno ciudadano a 30 años”, que finalmente pueda remontar el atraso y abandono en el que se encuentra el estado.

Michoacán, refiere, viene de una narco elección en el 2011 y afronta el peor panorama de desarrollo social, donde el PRD ha sido un actor importante para la desgracia.

“Del PRD fueron diez años gobierno, en 2002 llegó la alternancia a Michoacán, pero con ello no llegó el cambio. En esos diez años se perdió el control de la rectoría del estado en el tema educativo, se perdió el control en el tema financiero. 

“Hoy somos uno de los cinco estados con mayor índice de deuda pública, el último gobierno del PRD, el de Leonel Godoy, dejó una deuda más menos de 25 mil millones de pesos. Prácticamente el estado de Michoacán está entre los cinco estados más endeudados del país, pero aquí no hay obra, no hay infraestructura, no hay nada.

“No tenemos explicación todavía de quienes fueron los responsables del endeudamiento, no tenemos castigo de los responsables del quebranto financiero, y lo más importante: que en estos diez años de perredismo se perdió el control del tema que nos duele, que es el de la seguridad publica pública”, reflexiona.  

Para el líder de MC, Michoacán es hoy uno de los estados más violentos del país.

“Contrario a lo que se diga por parte de Salvador Jara. Las cifras oficiales del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Michoacán es uno de los estados con mayor índice de delitos del fuero común, y los delitos de alto impacto no se han podido reducir”, detalla.

El PRD -que sería el partido a vencer, de acuerdo a Moncada Sánchez- llega a esta elección sin legitimidad ni credibilidad.

“Su candidato pactó con todos, a costa de lo que sea, con el propio Peña Nieto del que se rumora es su candidato a cambio de sacar adelante las reformas planteadas cuando Silvano Aureoles fue coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, y después presidente de la mesa directiva”.

En la misma condición de descrédito se encuentra el PRI, dice, el que es cuestionado desde el momento en que tiene que recurrir “a artimañas de acarreados”.


“Eso demuestra que no tienen las estructuras que dicen tener. Eso demuestra que en Michoacán se terminaron los mal llamados partidos grandes”, asegura.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.