La Ley de Aguas “institucionaliza la discriminación”: expertos; ignora a los pobres, dicen

Ciudad de México, 20 de marzo: De aprobarse la Ley General de Aguas Nacionales, tal como está el dictamen que analiza el Legislativo, a millones de mexicanos –en su mayoría indígenas– se les arrebatará su derecho humano al agua, sencillamente porque no forman parte de un asentamiento legalmente constituido, aseguraron expertos.

Inclusive, el dictamen aprobado da facultades a los gobiernos para impedir que, por ejemplo, una tribu se establezca cerca de un cauce porque podría “alterar el correcto funcionamiento del régimen hidráulico”.

Además de “institucionalizar la discriminación”, investigadores informaron que en la ley existen diversas irregularidades de fondo y de forma como: no existe un dictamen de costos: no habla de las inversiones ni de las ganancias; no determina cuáles son los proyectos “prioritarios” que requieren agua; no indica acciones para la preservación del recurso; se trata de una iniciativa que lleva dos años de atraso pero que fue votada “rapidísimo” sin consulta pública, demás de no ser trabajada en comisiones ni con ayuda de dependencias y organismos competentes.


Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión, fijado en 2013 para legislar en la materia.

“No hay avances, lo que hace esta iniciativa es reproducir textos internacionales, principios, ejemplos, o fundamentos normativos del derecho humano al agua”, dijo.

Argumentó que incluso la ley acepta que los pequeños poblados no tienen derecho al agua pero ahora, con la ley, muchos pueblos del sector rural legalmente no tendrán derecho al recurso.

En el Artículo 10 de la Ley se establece: “Servicio Público de Agua Potable: Conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable para el uso público urbano en los asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos”. Es decir, excluye por ejemplo, a los pueblos más alejados en la sierra Oaxaqueña o los habitantes de la selva de Chiapas.


Durante el foro “Agua: ¿derecho o privilegio?”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana, la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora de estudios internacionales, expresó que existe falta de información sobre la cantidad de agua que existe en las cuencas, sobre los estudios que se realizaron para evaluar la ley, además que no se saben aún los costos no sólo económicos, sino además culturales, naturales, ecológicos, entre otros.

“No hay información para la sociedad civil. Por ejemplo, en la propuesta se habla mucho de los proyectos que se consideran prioritarios o de interés público, y eso puede generar muchas dudas, porque ni siquiera se establece qué es prioritario o qué es de interés público. Entonces, en los proyectos que son intensivos en uso de agua como el fracking (fractura hidráulica) en algún momento el Estado podría decir que es prioritario o de interés público por beneficios económicos que se van a generar”, aseguró Soto.

La también académica de la Ibero agregó que la iniciativa busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.

“Qué vamos a hacer para preservar el recurso?”, cuestionó. “La Ley no dice cómo se va a mantener el recurso. No vamos a poder garantizar el derecho humano al agua si de entrada no hay recurso”, explicó Gloria Soto.


INTERESES DISFRAZADOS

Por su parte, Javier Riojas, experto en medio ambiente lamentó que se quiera pasar una ley fastrack y sin abrir un debate en el que pueda participar la academia. Puntualizó que el agua es un elemento importante no sólo para el ser humano, sino además para todo el planeta.

“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió.

Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.

Expuso que “si esta ley se aprueba como está, se estaría disfrazando ciertos intereses que violan el derecho al agua”.

Finalmente, los expertos coincidieron que el tema de agua no es prioridad en las agendas de los funcionarios y políticos porque es una problemática que se usa para obtener votos e incluso para control de la población.

Explicaron además que los sectores más desprotegidos son los que pagan hasta 12 por ciento más agua, pues ante la carencia recurren a servicios de pipas que “especulan con el agua”.


Alejandra Rabasa expuso que fuentes de diversas cámaras le han dicho que la ley sí “va a salir y muy pronto”, aunque reconoció que no sabe con qué cambios.

“No sé a qué nivel de profundidad habrá cambios, no sé si habrá un replanteamiento […], pero la van a aprobar”, lamentó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1287116.

Costó violencia en México 3 billones de pesos en 2014

MÉXICO, D.F: El costo de la violencia en 2014 ascendió a 3 billones de pesos, equivalente al 17.3% del Producto Interno Bruto en el país y a la aportación de 24 mil 844 pesos por habitante, según un informe difundido este jueves por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Lo anterior, subrayó la organización, implica que la violencia cuesta a México tres veces más que el presupuesto federal asignado a la salud.

Los homicidios, crímenes violentos, ataques a negocios y crimen organizado contaron por el 85% del impacto económico de la violencia, señaló el informe.

El sistema de justicia, por su parte, costó a México 130 mil millones de pesos en 2014, lo que representó un aumento de 8 mil millones de pesos en comparación con el año anterior. Sin embargo, el IEP se mostró “muy preocupado” ante el decline constante del índice de eficacia de la justicia entre 2006 y 2013.

El IEP otorgó a 14 de los 32 estados de la República la peor calificación en términos de eficacia de la justicia, entre los cuales destacan Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Durango, el Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Morelos.

La organización señaló que en las entidades más afectadas por la violencia, el costo de la violencia se dispara. Así, en Guerrero la violencia cuesta 43 mil 666 pesos por persona, en Morelos se eleva a 41 mil 313 pesos por persona y en Sinaloa asciende a 33 mil 414 pesos.

Como consecuencia de la violencia, una “alta proporción” de los negocios en México implementaron medidas de seguridad, tanto física como electrónica, subrayó el informe, al precisar que el 30% de los negocios cuenta con cámaras de vigilancia o alarmas.

Según las cifras reportadas, en 2013 los negocios sufrieron de prácticamente 600 mil robos, más de 400 mil extorsiones, casi 300 mil actos de corrupción y de fraudes, así como más de 200 mil robos de mercancías en tránsito.

Por lo anterior, las empresas desembolsan en promedio un 4% de sus gastos operativos en seguridad, advirtió el IEP.

Asimismo 5.9% de las empresas afirmaron que dejaron de utilizar ciertas rutas comerciales y 9% dejó de hacer negocios con ciertas empresas a raíz de haber sufrido un crimen, apuntó, al añadir que en los casos más extremos los negocios han tenido que trasladarse hacia Querétaro, el Distrito Federal o en Nuevo León.

Violencia “a la baja”

Según los cálculos del IEP, el cual retoma las cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la violencia tiende a reducirse desde el pico que alcanzó en 2011, pero precisó que “el no reporte de crímenes violentos y otras actividades criminales es un problema grave en México”: según la organización, solo 8% de las violaciones y 23% de los asaltos se denuncian.

Según el IEP, los estados de Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche y Tlaxcala son las entidades federativas menos afectadas por la violencia, al contrario de Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, los cuales sufren de los peores indicadores.

Además, las áreas metropolitanas que más padecen de la violencia son Culiacán, Sinaloa, seguida de la capital guerrerense Chilpancingo, de Tecomán, en Colima; La Laguna, en Coahuila y Acapulco, en Guerrero.

La reducción en las cifras de homicidios y de violencia relacionada con los cárteles, reportadas por la SESNSP, “no significan necesariamente que las organizaciones criminales son menos poderosas; pueden haberse vuelto más cuidadosas en sus actividades”, notó el IEP.


Y observó: “Eso refleja una paradoja en México, ya que mientras los indicadores de paz han aumentado mucho en los pasados cuatro años, muchos mexicanos siguen reportando altas percepciones de criminalidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Denuncian que Zambrano dejó en bancarrota al PRD

HERMOSILLO, Son: Integrantes de las corrientes perredistas Movimiento Progresista e Izquierda Mexicana denunciaron que el exdirigente nacional, Jesús Zambrano, dejó una deuda de 300 millones de pesos en el partido.

Además, revelaron que durante su gestión se contrajeron deudas bancarias que no fueron informadas a la militancia y que tampoco existen registros de su ejecución.

“El PRD está en bancarrota, debe más de lo que recibe de prerrogativas, gracias a Zambrano”, acusó el presidente del Consejo Estatal del PRD, Gustavo Rodríguez.

“La sociedad mexicana condena la labor de Zambrano, como dirigente nacional, principalmente, por postular a José Luis Abarca en Iguala, quien es investigado por ser el autor material de la masacre de normalistas, además de pertenecer a grupos de narcotráfico”, dijo.

Los inconformes desconocieron la candidatura de Carlos Navarro López como candidato al gobierno del estado por ser “compadre” y “coyote de la misma loma” de Zambrano.

Navarro López, subrayaron, “negocia” a espaldas de la militancia y los ciudadanos, ya sea con el PRI o el PAN.

“Estamos convencidos que su postulación, impuesta por su compadre Zambrano, es resultado de la negociación de los Chuchos (Nueva Izquierda) para apoyar al PRI en la entidad”, expusieron.

También mostraron evidencias que Zambrano y el actual candidato perredista negociaron con el PRI en las elecciones locales de 1997; en 2003, con el PAN y con el gobernador panista, Guillermo Padrés en 2009.

“Sonora no merece ser gobernada por ninguno de los que hoy han sido postulados por los principales partidos (Claudia Pavlovich, por el PRI; Javier Gándara, por el PAN; Carlos Navarro, por el PRD). Hacemos un llamado a nuestro partido para que cuanto antes sustituya al candidato”, concluyeron.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Nada halagüeño, futuro de economía nacional: Carstens y Videgaray ante banqueros

ACAPULCO, Gro: El futuro inmediato de la economía nacional no luce nada halagüeño, admitieron hoy el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens y Luis Videgaray.

Tanto, que advirtieron sobre la inminencia de una alza en las tasas de interés en el país.

Durante la ceremonia inaugural de la Convención Bancaria número 78, que inició hoy en este centro vacacional guerrerense, ambos compartieron, en discursos por separado, la incertidumbre que se cierne sobre el desempeño económico del país.

Primero al micrófono, Carstens dijo que “sería erróneo” pensar que el futuro está “exento de problemas”.

Y, sin ambages, expuso los factores que hacen de la actual “una coyuntura externa particularmente compleja”, que –sin duda– impacta en la economía mexicana y lo hará en adelante.

En primer término mencionó “la disminución significativa de los precios internacionales del petróleo debido, principalmente, a factores de oferta, con la expectativa de que dichos precios permanezcan en niveles bajos por un periodo relativamente prolongado”.

En segundo lugar, señaló que “después de cerca de ocho años de mantener una política monetaria sumamente laxa y no convencional, se anticipa que Estados Unidos inicie la normalización de su postura durante 2015”, es decir, que aumente sus tasas de interés, que se habían mantenido en prácticamente 0%.

“Para complicar aún más las cosas”, dijo el gobernador del banco central, ese aumento en las tasas de interés “sucedería presumiblemente cuando las posturas monetarias de la Zona del Euro y de Japón estarían yendo en dirección diametralmente opuesta”.

Es decir, que cuando Estados Unidos inicie el aumento de intereses, después de haber inundado de liquidez al mundo, los países de la zona euro y Japón bajarían tasas para estimular sus economías.

Como tercer término, Carstens aseguró que “la actividad económica global continúa mostrando un comportamiento muy débil, aunque diferenciado entre países y regiones.”

Todos esos factores, añadió, son los que han inducido una gran volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Agregó: “Sin duda el que más ha contribuido a dicha volatilidad ha sido la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a aumentar en algún momento de 2015 su tasa de interés de referencia a partir de su nivel actual históricamente bajo”.

Agustín Carstens explicó cómo el Banco de México ha enfrentado esa coyuntura. En primer lugar, dijo, permitiendo que “la absorción de desequilibrios y/o perturbaciones se lleve a cabo principalmente a través de ajustes de mercado tanto en el tipo de cambio como en las tasas de interés”.

Y cuando el tipo de cambio tiene “un comportamiento errático” –es decir, cuando se dispara el precio del dólar por encima de los fundamentos macroeconómicos–, el banco central ha intervenido en el mercado para darle liquidez y limitar un alza irregular del tipo de cambio.

Esto ha sido posible por los niveles récord de las reservas internacionales y la línea flexible del Fondo Monetario Internacional.

Adicionalmente, agregó Carstens, si el nivel del tipo de cambio, –la paridad peso-dólar– empezara a dañar los precios, a impactar en la inflación, se aumentarán las tasas de interés domésticas.

Lo dijo así: “la Junta de Gobierno del Banco de México podría ajustar su postura monetaria mediante aumentos en el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día, en caso de que perciba que está en peligro la consolidación de la convergencia de la inflación a nuestro objetivo permanente de 3%, lo cual podría suceder en caso de que la Reserva Federal inicie la normalización de su política”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a quien le correspondió dar el mensaje final de la ceremonia y declarar inaugurados los trabajos de la convención bancaria, tampoco fue muy optimista sobre lo que viene para el país en materia económica.

Dijo que aunque ya hay signos claros de recuperación económica en el país, “México ha de encarar un entorno externo extraordinariamente complejo”, pues “están ocurriendo al mismo tiempo fenómenos internacionales que representan un reto muy relevante para la conducción de la política económica.”

En primer lugar señaló la “caída en el precio del petróleo, que es una caída abrupta, significativa y, sobre todo, que no será transitoria o de corto plazo por tratarse de una caída fundamentalmente derivada de factores en la oferta de petróleo crudo”.

También, afirmó, será un reto significativo la normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
“Nadie sabe con precisión cuándo van a subir las tasas en Estados Unidos ni sabe cómo van a subir las tasas en Estados Unidos. De lo que no hay duda es que van a subir y tenemos que estar preparados”, comentó.


Sin embargo, tanto Carstens como Videgaray matizaron su poco optimismo con la idea, en la que coincidieron, de que el fortalecimiento de la economía estadunidense será, como siempre, el salvavidas de la economía mexicana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Empresa ligada a Zetas busca una “adjudicación directa” de la Reforma Energética

Una de las empresas mineras que solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) la adjudicación directa de contratos para la extracción de gas natural fue señalada en 2012 como colaboradora de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo de Los Zetas.

Se trata de Materiales Industrializados, S.A. de C.V, actual propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón mineral y que, según una investigación publicada por el periódico Reforma, habría permitido que presuntos operadores de Los Zetas en la región de Sabinas, Coahuila, explotaran el combustible en los terrenos que amparan sus permisos federales.

La misma empresa, de acuerdo con información entregada por la Sener a SinEmbargo, busca ahora la “adjudicación directa de un contrato para la exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral” que explota desde al menos 2010. La compañía es, también, una de las 22 mineras que en conjunto han presentado ante la Secretaría 322 solicitudes para acceder a este tipo de convenios con el Gobierno federal previstos por la nueva Ley de Hidrocarburos.

La presunta participación de la delincuencia organizada en actividades de extracción en la región Carbonífera de Coahuila –la principal productora de este mineral en el país– fue mencionada por el ex Gobernador y ex dirigente nacional priista, Humberto Moreira Valdéz, en octubre de 2012, días después del homicidio de su hijo José Eduardo, y cuando advirtió que el presunto autor de este crimen, el asesinado líder Zeta Heriberto Lazcano “El Lazca”, se había coludido con empresarios de aquella entidad fronteriza.

Moreira no dio entonces nombres, pero, de acuerdo con lo reportado por los medios, se refirió a empresarios y “opinólogos” que usaban sombreros “Stetson”, en lo que las notas calificaron como una referencia a Armando Guadiana, representante del ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en aquel estado y, también, hermano de José Luis Guadiana, dueño de Materiales Industrializados.

Días después, el periódico Reforma publicó una serie de artículos señalando al dueña de esta empresa como quien facilitaba la extracción del mineral en sus terrenos a presuntos colaboradores del cartel delictivo.

“De acuerdo con información oficial en poder de Grupo Reforma, José Luis Guadiana Tijerina ha permitido en los últimos años la operación de personas vinculadas con el crimen organizado en sus propiedades (…) La información oficial señala que el empresario posee un predio de 439 hectáreas en la microrregión Cloete Sur, donde operaron negocios pertenecientes a José Reynold y Joel Bermea Castilla, cuyas actividades son investigadas por las procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Estado de Coahuila”, publicó el diario el 5 de noviembre de 2012.

Para esta información, SinEmbargo solicitó una entrevista a los representantes de Materiales Industrializados, cuyas oficinas están en Sabinas, Coahuila, pero no hubo respuesta.


En un posicionamiento público hecho ante los señalamientos de Moreira, emitido desde noviembre de 2012, Armando Guadiana defendió la legalidad de las actividades de su hermano y atribuyó las acusaciones a sus críticas contra la corrupción y endeudamiento del ex mandatario.

“Jamás consideré que la reacción de grupos de poder en la Entidad fuera a llegar al exceso de afectar la imagen y tranquilidad de alguno de mis familiares directos, para tratar con ello de desanimar mi postura crítica en contra del Gobierno, por tal razón exijo a los medios de comunicación una postura objetiva en el tema tratado y de las instituciones de administración y procuración de justicia acciones totalmente apegadas a Derecho, es lamentable que mediáticamente se trate a un ciudadano como si fuera culpable cuando jamás ha sido acusado o citado por autoridad alguna que lo investigue por hecho concreto”, dijo Guadiana en un comunicado emitido ese 5 de noviembre.

La misma serie de artículos de Reforma había reportado que las empresas presuntamente investigadas por PGR por narcotráfico habían sido contratadas por el gobierno del estado para que surtieran de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El artífice de tal convenio, reportó el periódico, habría sido Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y detenido por la falsificación de documentos que condujeron al millonario endeudamiento de Coahuila.


Según la información, como jefe de las finanzas del estado, Villarreal controlaba la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), que es la entidad creada por Moreira para mediar entre las empresas locales y la CFE.

“Estas compañías habrían ayudado a que Los Zetas, que se apoderaron de minas clandestinas para extraer carbón de manera ilegal, lavaran unos seis millones de pesos a la semana. Esto lo harían al comprarles el mineral por debajo del precio de mercado y venderlo a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Prodemi, que sirve de intermediaria para que los productores de carbón de baja escala surtan a la CFE”, reportó el periódico.

En enero de 2013, citando palabras de Guadiana, los medios reportaron también que la Procuraduría General de la República había congelado las cuentas bancarias de Materiales Industrializados.

“Estamos solicitando la suspensión provisional y luego definitiva, para que vuelvan a la base en que estaban las cuentas en base a la argumentación que estamos dando y que espero que la autoridad resuelva de manera favorable y de acuerdo a la ley”, reportó El Diario de Coahuila el 9 de enero de 2013.

El 31 de octubre de 2014, José Reynold Bermea Castilla fue asesinado con disparos de arma de fuego en el exterior de su casa, en el municipio de Sabinas. Los reportes apuntaron a la presencia de dos tiradores ya que se encontraron casquillos de pistolas 9 y 45 milímetros.

MINERAS BUSCAN CONTRATOS

El 9 de marzo pasado, la Sener entregó a SinEmbargo una lista con 32 nombres de empresas que habían ingresado solicitudes para obtener contratos para la exploración y extracción previstos en la nueva Ley de Hidrocarburos, creada en el marco de la reforma energética.

De las 32 compañías, agregó la Secretaría de Energía, nueve buscan “migrar asignaciones a contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, y el resto, las mineras, buscan la “asignación directa de contratos para la exploración y extracción del gas natural asociado al carbón mineral”.

Estas adjudicaciones directas están previstas por el artículo 27 de la citada Ley, la cual indica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar a las actuales concesionarias mineras para la extracción de gas natural “siempre y cuando los concesionarios mineros acrediten, ante la Secretaría de Energía con opinión técnica favorable de la propia Comisión, que cuentan con solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera necesarias para llevar a cabo las actividades de Exploración y Extracción del Gas Natural producido y contenido en la veta del carbón mineral”.


Según la lista de la Sener, otras mineras son compañías como Alpha Prime Mining; Carbón Mexicano; Minera Ameca; Minera Huajicari; Minera Zapaliname; Gonzalva Mining; Gupa de Sabinas; Impulsora Especializada en Desarrollos Carboníferos e Integración Minera.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1285910.

‘Radio silenciada’, artículo de The Economist sobre el caso MVS-Aristegui

La salida de Aristegui "se dio días después de que Eduardo Sánchez, exabogado de MVS, asumió el área de comunicación social del gobierno federal", señala el semanario.

Detrás del despido de la periodista Carmen Aristegui  están problemas sistemáticos que socavan el periodismo en México, donde los medios de comunicación “han sido durante mucho tiempo dominados por el poder político”, publica este jueves The Economist

En su artículo “Radio silenciada” el semanario británico resaltó que la salida de la periodista, a quien definió como “una presentadora de radio casi de culto, especialmente entre los oyentes de izquierda”, se dio a pesar de que la emisión era una de las más populares del horario matutino, que atraía anunciantes y dio las primicias que escandalizaron al país.

La influyente publicación señaló que Aristegui se situó como la antítesis de ese sistema, provocando revelaciones periodísticas respaldadas por “impresionantes investigaciones”, como el escándalo de la “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica Rivera; o la red de prostitución encabezada por el exlíder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

MVS convirtió a Aristegui en una mártir de la libertad de prensa, ya que pocos creen que su despido se deba a un problema por “Méxicoleaks”, pues dos días antes la empresa emitió lineamientos “que restringen la autonomía editorial y su capacidad de realizar proyectos de investigación, que parece tener poco que ver con “’Méxicoleaks’”.

Señala que la sospecha es que el gobierno ha ejercido presión sobre MVS, ya que el despido de Aristegui se dio días después de que Eduardo Sánchez, exabogado de la empresa, asumió el área de comunicación social del gobierno federal. Sin embargo, “MVS Radio niega enfáticamente cualquier vínculo”.


El gobierno dice que espera que ambas partes resuelvan sus diferencias. Pero ningún gobierno mexicano ha resistido a la tentación de utilizar la publicidad y otras formas de influencia sobre la prensa, sea cual sea el número de víctimas de la libertad de expresión”, comenta el rotativo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

No investigar a altos mandos militares, omisión de la PGR en Tlatlaya: Amnistía

La mejor forma de cuidar y salvaguardar la imagen del Ejército Mexicano es que casos como el de Tlatlaya, Estado de México, se aclaren plenamente: Miguel Alonso Raya.

La organización Amnistía Internacional (AI) señaló la omisión de la Procuraduría General de la República en investigar a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el caso de la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Perseo Quiroz, representante de AI en México, afirmó ante diputados que en la investigación a los militares involucrados no hay nadie de los altos mandos.

“Vemos que el hilo en México siempre revienta por lo más delgado. Si bien es cierto que hay 7 militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer, por lo menos, que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso”, sostuvo.

Quiroz comentó que los militares de alto mando posiblemente no jalaron el gatillo, pero sí encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en un presunto operativo contra el crimen organizado.

“Ahí tenemos que ser muy claros en que la PGR debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando y esto no sólo lo dice Amnistía Internacional, sino que está en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo en su intervención durante una reunión con diputados del grupo de trabajo que da seguimiento al caso.

Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, afirmó que la mejor forma de cuidar y salvaguardar la imagen del Ejército Mexicano es que casos como el de Tlatlaya, Estado de México, se aclaren plenamente y se deslinden las responsabilidades.

Al Ejército Mexicano corresponde “aislar a elementos que cometieron excesos y actos extrajudiciales en ese caso”, indicó durante una reunión del Grupo de Trabajo Plural para Coadyuvar en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En esta reunión de trabajo se llevó a cabo una audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia.

Alonso Raya destacó que en la medida en que la Sedena, la PGR y la PGJE  del Estado de México (PGJEM), aclaren lo que pasó, “podremos logar que lo acontecido en Tlatlaya no vuelva a suceder”.

Ello también, aseveró, permitirá establecer cambios legislativos que contribuyan a fortalecer la legalidad y la lucha contra la inseguridad.

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), enfatizó la necesidad de “tipificar el delito de ejecución extrajudicial”, para evitar hechos como los de Ayotzinapa, Guerrero, en referencia a la desaparición y, de acuerdo con las autoridades, asesinato de 43 estudiantes normalistas.

Manifestó su confianza de que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez González, contribuya al esclarecimiento pleno del caso Tlatlaya.

En su participación, los representantes de las organizaciones sociales coincidieron en señalar la necesidad de que las autoridades encargadas de investigar lo que sucedió en ese municipio, donde murieron 22 civiles, varios ejecutados, ofrezcan toda la información solicitada por los legisladores.

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pidió a las autoridades responsables “ofrecer toda la información relacionada con el caso Tlatlaya”.

Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. reconoció que la existencia de este grupo de trabajo de legisladores “es señal de madurez democrática”.

Sin embargo, agregó que “México transita con dificultad en materia de controles democráticos para el uso de la fuerza”.

Comentó que, como en Tlatlaya, “no hay en el país pleno control sobre las acciones de las fuerzas armadas y ese hecho debe ser una palanca de aprendizaje para evitar su repetición”.

Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “sería un gran error considerar que Tlatlaya es un caso aislado”.

Ese asunto, puntualizó, es la “punta de iceberg de enfrentamientos entre fuerzas armadas (Ejército y Marina) y organizaciones de la delincuencia organizada”, donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales.

Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones de ese instituto de la UNAM, de 2008 a 2011 se registraron más de 220 enfrentamientos que involucran a las instancias anteriores, en parte de los cuales “no hubo controles sobre el uso de la fuerza pública”.

Abraham Eslava Arvizu, en representación de la PGR, dijo que para esta institución “es del mayor interés el caso Tlatlaya”.

Mencionó que “se tomó nota de todos los comentarios y las propuestas y que las mismas le llegarán a la procuradora Arely Gómez González”. Estableció el compromiso de “mantenerse muy en contacto con este grupo de trabajo” de legisladores.


En la reunión también participaron las diputadas Loreta Ortiz Ahlf (Morena) y Julisa Mejía Guardado (PRD), quienes coincidieron en la necesidad de que las instancias gubernamentales que investigan el caso Tlatlaya entreguen la información solicitada por el grupo de trabajo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sólo se permitirá el fracking en zonas donde haya agua, asegura Semarnat

“En aquellos lugares donde no haya disponibilidad de agua no se van a otorgar permisos”, aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra.

El “fracking”, la técnica para extraer gas shale, sólo será utilizado en zonas donde haya disponibilidad de agua, aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra.

“En aquellos lugares donde no haya disponibilidad de agua no se van a otorgar permisos”, aseguró el funcionario.

Guerra Abud explicó que “en todos los casos las empresas tendrán que cumplir con las disposiciones ambientales y las disposiciones de seguridad, en base a los estándares que” la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente establezca.


El fracking consiste en hacer perforaciones verticales de hasta cinco kilómetros de profundidad y después otros más en horizontal para inyectar a gran presión agua con arena que se combina con diferentes aditivos químicos, lo que provoca que las rocas de lutita o pizarra se fracturen y liberen gas natural que asciende a la superficie a través de un pozo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

La paz no llega al país: 23 estados son más violentos que hace 12 años

A pesar del despliegue de fuerzas federales y tras la crisis causada por el caso Ayotzinapa, Guerrero se convirtió en el estado peor evaluado en el Índice de Paz 2015, debido a que es la entidad con más homicidios por habitantes y su tasa de homicidios violentos y crimen organizado está por encima de la media nacional.

La “pacificación” en México tras la guerra contra el crimen organizado sufrió un freno en 2014: el nivel de paz en el país mejoró menos de 1%, luego de tres años donde se superó el 15% y de paso, la violencia le costó casi 25 mil pesos en promedio a cada uno de los mexicanos.

Guerrero se convirtió por primera vez en el estado con el menor nivel de paz, seguido de Morelos y Sinaloa. En el otro extremo, Hidalgo fue la entidad más pacífica de todas.

Estos son algunos hallazgos del Índice de Paz México 2015, elaborado por expertos de Institute of Economics and Peace, la ONG internacional responsable de estimar cada año los índices de paz en todo el mundo.

Aunque en los últimos cuatro años índice de paz en el país ha mejorado, la realidad es que hoy 23 estados son aun más violentos que hace doce años, cuando comenzó a realizarse esta medición.

Luego del pico de violencia registrado en el 2011 que los analistas del Instituto atribuyen en gran medida al choque con los cárteles de la droga, México apenas está regresando a niveles 2007 y el reducido avance en el último año despierta dudas sobre lo que parecía una tendencia a la baja sostenida.

Para establecer el índice de paz, el Instituto toma en cuenta siete variables: la tasa de homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, encarcelamiento, tasa de financiamiento de las fuerzas policiales, incidencia de delitos de delincuencia organizada y eficiencia del sistema judicial.


A partir de ahí se hace una ponderación y promedio, y se establece una calificación del 1 al 5, que asciende conforme el índice de paz se ve más deteriorado.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Lo bueno: del 2011 a la fecha el nivel de paz en México mejoró 16 por ciento. Los analistas del Instituto, advierten que esta reducción tiene como principales impulsores una caída del 30 por ciento en la tasa de homicidios, y del 25 por ciento en la tasa de delincuencia organizada.

Un dato importante, es que México también posee uno de los mayores índices en el mundo de lo que el informe llama “Paz Positiva”, superando a naciones como Colombia o Israel. Se trata de factores como instituciones consolidadas, un clima social estable o estructuras ciudadanas que abren la posibilidad de elevar los niveles de paz.

Lo malo: el avance en el nivel de paz se desaceleró dramáticamente el año pasado, llegando apenas a un progreso de 0.7 por ciento. El informe revela que el actual índice de paz en México está 18 por ciento por debajo de lo registrado en el 2003.

En los últimos doce años 23 estados del país sufrieron un deterioro en sus niveles de paz y de ellos hay seis casos en donde la caída es de más del 40 por ciento: Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Coahuila y Colima.

Lo feo: la impunidad ha crecido. El informe revela en su indicador de eficiencia del sistema judicial, que el número de homicidios que se cometen en comparación con las condenas que se dictan se duplicó, al pasar de 1.45 en el 2006 a 3.34 en 2013.

A esto se suma que la tasa de personas sentenciadas a prisión, en general es por delitos graves, cayó de 210 por 100 mil habitantes en 2013 a 104 por 100 mil habitantes en 2014.

Por si fuera poco, en los últimos dos años subieron 11 por ciento los delitos que se cometen con arma de fuego.

El cielo y el infierno

El estado menos pacífico del país en 2014 fue Guerrero, primera vez que ocupa ese sitio. Eso ocurrió, pese que el año pasado llegaron a dicha entidad miles de agentes federales, tras la crisis desatada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Los factores que explican el que Guerrero sea el peor en la medición del índice de paz son claros: su tasa de homicidios, 44 por cien mil habitantes, es la más alta del país, y su tasa de delitos violentos y de delincuencia organizada también están por encima de la media nacional.

Además, el estado concentra dos de las cinco zonas metropolitanas con mayor violencia según el mismo estudio: la de Chilpancingo y Acapulco.

Morelos fue el segundo estado del país con el menor índice de paz, impulsado en gran parte porque tiene la mayor tasa de delitos con violencia de todo México. Le siguieron Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.El Institute of Economics and Peace también hizo una medición del índice de paz en 75 ciudades y zonas conurbadas del país y colocó como la menos pacífica a Culiacán, que a nivel metropolitano tiene la mayor tasa de homicidios: 63.5 por cien mil habitantes. “Es una zona con alto nivel de actividad de los cárteles y violencia relacionada con el tráfico de drogas” indica el estudio.

Le siguen como áreas metropolitanas menos pacíficas Chilpancingo, Tecomán (Colima), la Laguna, y Acapulco. El caso de Tecomán, reconoce el estudio, es sorpresivo ya que su incidencia de delitos con violencia es menor a varias de las ciudades más pacíficas, sin embargo, su tasa de 58 homicidios por cien mil habitantes es la segunda mayor de México.

Por otro lado, el estudio ubica a Hidalgo como el estado más pacífico en 2014. Su índice de paz es prácticamente el mismo que hace doce años, y esto se debe en gran parte a que tiene la cuarta tasa más baja de homicidios, la quinta más baja en delincuencia organizada, y uno de los mayores índices de sentencias por crímenes cometidos.

La región sur y este del país, subrayan los analistas del Instituto, concentran la mayoría de los estados más pacíficos del país. La excepción es Querétaro, ubicado en tercer sitio, que se encuentra en tercer sitio.En cuanto al análisis por zonas metropolitanas, la más pacífica es Orizaba en Veracruz, que tiene la menor tasa de delitos con violencia, y la cuarta menor en homicidios dolosos. Le siguen con los mejores índices de paz Tulancingo en Hidalgo, Campeche en el estado del mismo nombre, Los Cabos en Baja California Sur y Pachuca también en Hidalgo.

El precio es alto

La inseguridad no solo deteriora las condiciones de vida de los mexicanos sino también genera un daño en la economía. De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, el impacto económico por la violencia en 2014 fue de casi tres billones de pesos, que equivalen a 17.3 por ciento del Producto Interno bruto (PIB)

Si se hace el cálculo, es como si cada uno de los mexicanos hubiera pagado cerca de 25 mil pesos el año pasado por este concepto. Eso es, según los analistas, tres veces más que lo se invierte por persona en salud.

El costo de la violencia, señala el estudio, abarca múltiples factores que van desde las pérdidas directas que ocasionan los delitos, como lo que genera un asalto, hasta el gasto indirecto que por ejemplo, se desprende de la actividad económica que ya no puede realizar una persona por resultar lesionada o muerta.

A lo anterior se suma también el dinero que invierte tanto el gobierno como los particulares en medidas de prevención o el combate a los delincuentes, incluyendo el gasto de militares que también participan en tareas de seguridad.

Por supuesto, el costo no es homogéneo en todo el país y de hecho la disparidad se ha incrementado. Del 2003 al 2014, el crecimiento del PIB en los cinco estados más pacíficos fue superior al 37 por ciento, mientras que en los cinco estados menos pacíficos fue de apenas 14 por ciento.


¿Qué significa esto? Que la desaceleración en el crecimiento del PIB que ha generado la violencia en los estados más afectados no existiera, hoy en día la economía en México sería 140 mil millones de pesos.

Estados con el mayor costo per cápita por violencia 2014
Estado	Costo en pesos
Guerrero	$43,666
Morelos	$41,313
Baja California	$36,731
Tamaulipas	$33,482
Sinaloa	$33,414
Promedio nacional	$24,844
Fuente: Índice de Paz México 2015

Hablando de costos directos por la violencia, la delincuencia organizada es la actividad que más daño genera; en 2011 generó pérdidas superiores a los 196 mil 200 millones de pesos, el máximo hasta ahora. En 2014 este delito le costó al país casi 171 mil millones.

Pero en gasto indirecto son los homicidios la principal amenaza: del 2003 a 2014 dicho gastó se elevó más de 170 mil millones de pesos.

El Institute of Economics and Peace hizo énfasis además en el daño que genera la violencia para las empresas en el país, a partir de los resultados de la última Encuesta de Victimización Empresarial del INEGI, dada a conocer en diciembre del 2014, destaca que 1 de cada 5 empresas que fue víctima de un delito canceló planes de crecimiento o inversión, lo que también representa un daño para la economía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Pese a multas, el Verde mantendrá su “campaña intensa”

El Partido Verde Ecologista de México continuará con su campaña. “Nuestro derecho y nuestra obligación es informarle a la ciudadanía de lo que hemos hecho”, afirma el Verde.

En los últimos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto diversas sanciones al Partido Verde por las violaciones que su propagada comete contra la ley electoral. No obstante, “la campaña mediática intensa” del PVEM seguirá porque “es nuestro derecho y obligación informarle a la ciudadanía de lo que hemos hecho”, aseguró el secretario de Comunicación Social del partido, Jesús Sesma.

“No estamos incurriendo en ningún acto ilícito en este tipo de campañas”, dijo Sesma, y aseguró que los argumentos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) carecen de fundamento legal.

Sesma dijo que la campaña de su partido “a muchos no les gusta, lo entendemos, pero a muchos otros sí, y eso lo pueden decir, no yo, sino los que nos pintan hoy las encuestas a nivel federal”.

El 14 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión de propaganda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en revistas de entretenimiento, mensajes SMS y publicidad por internet por “contravenir la norma electoral y el principio de equidad en la contienda”. Además, también le ordenaron cancelar la difusión del “Libro Ecología” digital.

El 11 de marzo, el INE ordenó al partido suspender la entrega de tarjetas de descuento y le anunció que sería sancionado con una reducción de 6 millones 268 mil 362 pesos de su presupuesto mensual porque su campaña relacionada con vales de medicina y lentes de graduación gratuitos “es ilegal”.

A principios de marzo, el INE también ordenó al PVEM pagar 35.7 millones de pesos por desacatar la orden de retirar los cineminutos de Cinépolis y Cinemex. Después aumentó la multa a 67 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Televisa tiene poder sustancial en TV de paga: IFT; la empresa refuta dictamen

Grupo Televisa tiene 20 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga, de acuerdo con el dictamen del IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concluyó que “el grupo de interés económico encabezado por Grupo Televisa tiene poder sustancial en el mercado de TV de paga”, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia este miércoles 18, mismo que  Televisa rechazó, según fuentes de la empresa citadas por La Jornada.

Fuentes de Televisa dijeron a La Jornada que la empresa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga porque no puede fijar precios. Además, señalaron que la investigación del IFT se inició porque estaba ordenada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no por alguna conducta abusiva de Grupo Televisa.

“Los agentes económicos que acrediten tener interés en el asunto podrán manifestar lo que a su derecho convenga”, en el plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación, que ocurrió este miércoles 18.

El dictamen preliminar del IFT concluyó que Grupo Televisa tiene poder sustancial en dos mil 124 mercados relevantes, es decir, en el Distrito Federal y dos mil 123 municipios enlistados en el extracto del dictamen preliminar publicado este miércoles 18 en el Diario Oficial de la Federación.


El grupo de interés económico denominado Grupo Televisa está conformado por “Grupo Televisa S.A.B. y las diversas Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V.; Televisión Internacional S.A. de C.V.; Grupo Cable TV, S.A. de C.V.; Innova, S. De R.L. de C.V.; y Grupo Televisa S.A.B. en su carácter de fusionante de las empresas que conformaban a la diversa Cablemás, S.A. de C.V.”, de acuerdo con el IFT en su dictamen preliminar.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui pide a MVS regresar al aire; “nuestra relación ha terminado”, reitera la empresa

“Si ustedes dicen sí, nosotros estamos dispuestos a regresar”, dijo Aristegui y propuso una reunión con la empresa el próximo lunes 23 de marzo.

En un mensaje transmitido vía internet, la periodista Carmen Aristegui propuso a MVS regresar al aire “en las mismas condiciones en las que estábamos”. “Si ustedes dicen sí, nosotros (ella y su equipo) estamos dispuestos a regresar”, dijo Aristegui y propuso una reunión con la empresa el próximo lunes 23 de marzo.

Media hora después, MVS emitió un posicionamiento para reiterar que la relación con Carmen Aristegui ha terminado y asegurar que “es falso” que el despido de la periodista hubiera sido “fraguado con mucha anticipación” y por la intervención de situaciones “extrañas e inexplicables”.

MVS aseguró que el despido de Aristegui fue por haber puesto un ultimátum y fijar condicionamientos a la empresa “para imponer su voluntad”, y que los reporteros que fueron separados de sus cargos “son responsables de haber comprometido una alianza de MVS en la que no fuimos consultados”.

Durante su mensaje, Aristegui dijo que el tema de la plataforma Méxicoleaks les pareció, desde el primer momento, “un pretexto”.

Primero, la empresa MVS despidió a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta –miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales- por, según su explicación, “haber comprometido el nombre de la empresa, sin contar con facultades para ello y sin haberlo consultado previamente con la administración de la empresa” al unirse a la plataforma Méxicoleaks. Después, la periodista exigió a la compañía la reincorporación de los dos reporteros. MVS rechazó las condiciones que impuso Aristegui y la despidió junto con todo el equipo de la Primera Emisión.

“Algo muy grave debe haber ocurrido para que estos empresarios (los Vargas, dueños de MVS), siempre atentos, se hayan comportado de esta manera, con virulencia y agresividad, con intención de aniquilar a los periodistas”, aseguró Aristegui. “Esto no es otra cosa que un intento de golpe”, dijo la periodista que, sin embargo, aceptó que “no tenemos un papel que nos demuestre que ha habido intervención gubernamental”.

“México no está para aceptar prácticas echeverristas (…) Pedimos a MVS que no permita que se consuma el golpe”, dijo Aristegui. “Si el problema fue participar en Méxicoleaks, pudimos haberlo arreglado de un telefonazo (…) ¿A cambio de qué o por qué los Vargas debían ser parte de un golpe?”

Carmen Aristegui dijo que la plataforma Méxicoleaks le parece una iniciativa que debe prosperar y que “tal vez a algunas partes del poder no les caiga simpática la idea de que los periodistas tengamos” esta plataforma, la cual concentrará documentos (enviados por cualquier persona y de manera anónima) que puedan probar casos de corrupción.

“El hecho de que Gobernación haya sacado un comunicado ya no lo hace un conflicto entre particulares”, aseguró la periodista.

En su mensaje, MVS aseguró que “la realidad de las cosas es que dos de nuestros reporteros llevaron a cabo una alianza utilizando el nombre de MVS sin tener facultades para ello, ni haberlo consultado con la empresa. De hecho, nosotros nos enteramos de esta situación a través del anuncio que la propia Carmen Aristegui hizo por conducto de los micrófonos de MVS Radio. El día anterior a tu anuncio, estuviste con el Presidente de la compañía y no tuviste la atención de informarle siquiera de tu proyecto en el que según el propio reportero despedido, llevaban preparando desde hacía 8 meses. La que faltó a las formas, fuiste tú Carmen. Los desplegados fueron nuestra respuesta.”

Además, MVS aseguró que en diciembre, pocos días después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña nieto, el contrato de Carmen Aristegui fue renovado. “Hace quince días se le autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona la empresa, con el doble de valor del establecido en el contrato. Se renovaron las cortinillas para la difusión de su noticiero en el Canal 52 MX y a la mayoría de la gente de su equipo se les incrementó el sueldo.”


MVS también aseguró que “el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, sigue y por lo que a nosotros respecta, seguirá trabajando en MVS Radio”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo Higa vendió casa de Malinalco a Videgaray sin beneficio comercial: WSJ

La revelación del diario estadounidense fortalece la idea de un posible conflicto de interés entre el contratista gubernamental y el Secretario de Hacienda mexicano.

El Grupo Higa vendió sin beneficio comercial alguno la casa en Malinalco, al secretario de Hacienda Luis Videgaray, revela este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

Según el influyente diario estadounidense, esta información debilita la versión de Videgaray en el sentido de que la transacción con el importante contratista gubernamental, Juan Armando Hinojosa Cantú, sólo tuvo un fin comercial.

El WSJ asegura que la casa que Grupo Higa, de Hinojosa Cantú, vendió al secretario de Hacienda por 7.5 millones de pesos, fue adquirida por la firma de bienes raíces al mismo precio, 10 meses antes, según el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, en poder del medio.

El WSJ señala que el índice de precios al consumidor aumentó 3.5 por ciento en el periodo entre las dos ventas. Asimismo, recuerda que entre el último trimestre de 2011 y el último trimestre de 2012, los precios de los bienes raíces en el Estado de México también subieron un 3.5 por ciento en promedio.

El posible conflicto de interés por la compra-venta de la propiedad entre Videgaray y el grupo empresarial es parte de una investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales, de Noticias MVS, entonces coordinada por Daniel Lizárraga, tal y como lo dio a conocer Carmen Aristegui en la última emisión de su noticiario, el viernes 13 de marzo. Anteriormente, la periodista informó que la adquiriente del inmueble fue Bienes Raíces H&G, filial de Grupo Higa.


Por su parte, el diario El Financiero recuerda que el secretario Videgaray, en una carta dirigida a la opinión pública, aseguró que la operación se realizó de manera plenamente legal, cuando no era funcionario público y dentro de parámetros de mercado, por lo que, en su opinión, se descartaba que hubiera conflicto de interés.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui: otra vuelta de tuerca

“El resultado es la pérdida para la sociedad de un espacio radiofónico libre pero la ganancia del gobierno que se libera de una fuente de críticas”, recalca el historiador.

El historiador Lorenzo Meyer, escribe este jueves en el periódico Reforma que en este momento del sexenio, el presidente y su gobierno buscan “ir apretando tuercas en lo mucho que queda de la vieja maquinaria política autoritaria que se fabricó y funcionó en el siglo pasado”.

Por lo que se explica “la desproporcionada reacción de la empresa MVS Radio contra la conductora estrella de sus programas de noticias, Carmen Aristegui, y que desembocó en la cancelación del espacio radiofónico que la periodista y su equipo habían creado”.

Aquí un fragmento de lo que Meyer publicó en Reforma:

A estas alturas del sexenio es obvio que un propósito del gobierno de Enrique Peña Nieto es ir apretando tuercas en lo mucho que queda de la vieja maquinaria política autoritaria que se fabricó y funcionó en el siglo pasado. Y una de las tuercas a apretar es el control sobre las fuentes de información de carácter político.

Ello explica la desproporcionada reacción de la empresa MVS Radio contra la conductora estrella de sus programas de noticias, Carmen Aristegui, y que desembocó en la cancelación del espacio radiofónico que la periodista y su equipo habían creado. La lógica de este incidente no se explica simplemente, como argumenta MVS, porque el equipo de la conductora no consultó antes de asociar su unidad de investigación con la plataforma Méxicoleaks. Es verdad que en ese caso la periodista y sus colaboradores actuaron sin “pedir permiso”, pero se trató de una infracción administrativa menor que pudo arreglarse en privado y no anunciando urbi et orbi que se había cometido un abuso de confianza contra la empresa. El despido de dos de sus principales colaboradores y la aparición de unos “lineamientos” de MVS que limitan la libertad de sus conductores de noticias para determinar los contenidos de sus programas fue, en la práctica, erguir las horcas caudinas que MVS sabía que Aristegui no iba a pasar, por humillantes. El resultado es la pérdida para la sociedad de un espacio radiofónico libre pero la ganancia del gobierno que se libera de una fuente de críticas.


Lo que buscaban Aristegui y su equipo al asociarse con Méxicoleaks era una plataforma digital gratuita cuyo objetivo es absolutamente legítimo: captar información -leaks- de interés público que se encuentra intencionalmente oculta dentro del aparato institucional. México- leaks es una plataforma diseñada en Holanda por Free Press Unlimited, para que cualquiera, en cualquier país, pueda hacer llegar a los periodistas información sobre posibles actos ilícitos de las autoridades, sin que se pueda identificar al denunciante y tomar represalias. Y todo lo que facilite hacer público lo que el poder busca ocultar puede apoyar algo muy democrático: la rendición de cuentas.

(Continúa)

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

“Estoy absolutamente tranquilo”, dice Videgaray al hablar sobre su casa en Malinalco

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que todavía no ha decidido si hará pública su declaración patrimonial completa, puesto que se trata de una decisión que también afecta a su familia.

Después de asegurar que está “absolutamente tranquilo” por la compra de su casa en Malinalco, Estado de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, se manifestó a favor de que se realice una investigación independiente para que se aclare el tema.

“Estoy absolutamente tranquilo, actué correctamente”, señaló Videgaray en entrevista con Milenio Televisión.

“La única forma de resolver el problema es que exista una investigación que atienda el tema. Desde el principio desde el primer día que salió la nota a principios de diciembre esa fue mi posición y esa posición no ha variado. Al día siguiente que salió la primera nota del Wall Street Journal, di entrevistas y contesté todas y cada una de las preguntas que se me hicieron”, expresó el funcionario federal, quien se encuentra en Acapulco, Guerrero, donde se celebra la Convención Nacional Bancaria.

Durante la entrevista, el secretario de Hacienda señaló que la información que publicó el diario estadounidense proviene del Registro Público de la Propiedad. “Es información pública, no es información que se haya filtrado, es el resultado de una transacción inmobiliaria que se realizó, insisto, con honestidad, legalidad y con transparencia”, dijo.


Videgaray aseguró que todavía no decide si hará pública su declaración patrimonial completa, ya que “es una decisión que no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mi familia”; sin embargo, dijo, deberá tomar una decisión en mayo próximo cuando tenga que presentar la declaración ante la Secretaría de la Función Pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.