viernes, 20 de marzo de 2015

El 44 por ciento del territorio de Colima, concesionado a mineras

ZACUALPAN, Col: El proyecto para explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso provocó un conflicto social en esta comunidad indígena nahua, que después de casi año y medio vive en una tensión permanente, que podría desencadenar enfrentamientos con resultados trágicos.

Entre el 1 y el 4 de marzo, una Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan visitó el estado y en dos ocasiones intentó ingresar al pueblo para entrevistarse con las autoridades comunales y miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). No obstante, un grupo de comuneros priistas bloqueó la carretera con piedras y, armado con palos, tubos y machetes, le impidió el acceso.

En su informe final, los observadores –pertenecientes a 18 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México– responsabilizaron al gobernador Mario Anguiano Moreno de “cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho”.

La Misión estuvo integrada, entre otros, por Jennifer Moore, de MiningWatch; María Colín, de Greenpeace; Mario Gálvez, de Peace Action; Miguel Ángel Mijangos, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Alison Wright, de Environmental Defender Law Center; María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados de Jalisco, y personajes como la cineasta Dana Rotberg y el antropólogo Gilberto López y Rivas.

Después de los primeros meses de protestas en contra de la mina —en cuyo contexto la asamblea comunal declaró a Zacualpan como “Territorio libre de minería” y esto fue reconocido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38—, autoridades estatales y federales afirmaron que no se llevaría a cabo el proyecto, pero la Misión Internacional corroboró que hasta la fecha hay dos concesiones vigentes en esa zona, relacionadas con los lotes Heliotropo y Tigrilla.

A juicio del grupo de observadores, el conflicto de Zacualpan en realidad fue originado por una política implementada por el gobierno federal, que “de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras”, sin que los pueblos de todo el país, y del estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.

“Esta política entreguista y de despojo —añadieron en su documento— genera que 44% del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.

Datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía, muestran que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en la entidad, de 113 a 297.

La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, en desarrollo o en plena producción.

La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadunidenses Tara Minerals Corp., Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, así como la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc, y Ternium, de capital italo-argentino.

En entrevista, el antropólogo Gilberto López y Rivas dice que Colima —uno de los estados más pequeños del país— “es un caso paradigmático en cuanto a la entrega de los territorios a la ocupación integral que sufre el país a partir de las llamadas reformas estructurales y el modelo neoliberal, es decir, esta entidad no es más que el espejo de lo que ocurre en toda la República en el tratamiento racista y subordinante contra los pueblos indígenas para que dejen de resistir”.

Con una población de poco más de 2 mil habitantes, Zacualpan es una de las comunidades indígenas más grandes de Colima y, según las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se encuentra en el tercer lugar de las localidades con mayor rezago social en el estado.

A finales de 2013, un amplio grupo de comuneros de este lugar, encabezados por Epitacia Zamora (fallecida recientemente), Jesús Santos, Dilva Peña y Rosalío Martínez, entre otros, se inconformaron contra la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de tratar de imponer un proyecto minero pese al rechazo de la asamblea.

Agrupados en el CIDTZ, pidieron el respaldo y asesoría del grupo ambientalista Bios Iguana, con la preocupación por el riesgo que implicaría la actividad minera para el manantial Ojo de Agua, que además de dar vida a un balneario ecoturístico de la comunidad, la abastece de agua potable a ella y a cerca de 300 mil habitantes de la capital del estado (Proceso 1939).

El movimiento contra la mina logró en febrero de 2014 la destitución de los representantes comunales y el nombramiento de otra mesa directiva, que estuvo en funciones provisionalmente hasta diciembre de ese año, cuando un tribunal ordenó otra elección en la que triunfó de nuevo la corriente cercana al CIDTZ, con Taurino Rincón Lorenzo como presidente de Bienes Comunales.

A lo largo de este periodo se ha vivido un pesado ambiente al interior de la comunidad, con conatos de violencia, luego de que los seguidores del depuesto dirigente comunal Carlos Guzmán —identificados con el PRI— tomaron por la fuerza desde hace varios meses el balneario ecoturístico Ojo de Agua, que representa ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, a pesar de que el TUA 38 determinó que su administración corresponde a las autoridades comunales legalmente constituidas.

De acuerdo con denuncias realizadas por el CIDTZ y por Bios Iguana, el conflicto de Zacualpan ha arrojado un saldo de detenciones temporales, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de integrantes y activistas de estas organizaciones, particularmente Esperanza Salazar Zenil, Jesús Santos Quirino, Dilva Peña Velázquez, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Misael Andrade Simental, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi y Alejandro Bueno Salazar. Los tres últimos se vieron obligados a salir del estado para resguardar su integridad física.

En el informe de su visita, la Misión Internacional denunció que en Colima prevalece un clima de “criminalización, persecución y amenazas” contra defensores de derechos humanos, y exigió al gobierno estatal instrumentar medidas cautelares para la protección de los habitantes de la comunidad y los activistas que se encuentran en riesgo, de manera especial atender en forma inmediata los casos de quienes tuvieron que emigrar del estado.

Aunque en el discurso gubernamental el tema de la mina se considera superado, el grupo de observadores estimó que el asunto se mantiene latente.

Otorgado en octubre de 1995 a nombre del fallecido Adolfo Pineda Martínez, el título de concesión 211872, que afecta el lote minero denominado Heliotropo, abarca un periodo de 50 años.

Después de entrevistarse con funcionarios estatales, federales y municipales, los miembros de la Misión se mostraron sorprendidos, debido a que todos ellos “repitieron de muchas formas y maneras que no hay conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”.

Según los activistas, el 18 de julio de 2014 la Secretaría de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación por parte de la empresa Gabfer SA de CV, “lo que implica que hay un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el expediente 626/2014 de la Secretaría de Economía, ello significa que sí hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero”.

Existen varias evidencias, señalaron los observadores, de que dos concesiones siguen activas en el territorio de Zacualpan, como el hecho de que “cada año alguien está pagando los derechos para que no se les dé de baja”.

Públicamente, el pequeño empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez, propietario de un autolavado en Colima, aparece como representante de la empresa Gabfer, aunque no ha dado a conocer quiénes son los inversionistas.

De acuerdo con indagatorias de la agencia Apro, se pudo conocer que desde noviembre de 2011 la empresa Consultores en Ecología con Visión Integral SA de CV (Corevi) concluyó una Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad general, del proyecto Heliotropo ubicado en el municipio de Comala, Colima, y otro estudio similar fue realizado en torno del proyecto Tigrilla, amparado por la concesión 227572, otorgada en 2006 también en el municipio de Comala.

La empresa que encargó estos estudios, según lo informa Corevi en su sitio web, es la Minera Teck SA de CV, con sede en Guadalajara, y subsidiaria de la compañía canadiense Teck Resources Limited, con oficinas centrales en la ciudad de Vancouver.

No obstante, desde el inicio del conflicto hasta la fecha, funcionarios de los gobiernos estatal y federal han asegurado desconocer la existencia de alguna Manifestación de Impacto Ambiental para proyectos mineros en esa zona.
Gilberto López y Rivas responsabiliza al gobierno de Colima de haber introducido en Zacualpan “un supuesto conflicto intercomunitario” con la finalidad de romper el tejido social de la resistencia a través de la actuación de “un grupúsculo” ligado al PRI que no deja trabajar a las autoridades comunales electas en asamblea.

Se trata, dice el antropólogo, de “un conflicto administrado, dosificado, manipulado y financiado por el gobierno del estado en el que ocultan quién está detrás de las minas, quién está detrás de mantener el Ojo de Agua para los priistas, pero lo que se ve es una alianza de las autoridades con ese grupo para mantener el statu quo”.

Desde el punto de vista de López y Rivas, el objetivo es dejar el territorio libre a las trasnacionales para convertir a Colima en el paraíso de las corporaciones, “como el lugar donde el capital puede hacer y deshacer como quiera”.

Luego de que la noche del pasado lunes 1 el grupo priista bloqueó la carretera e impidió la entrada de la Misión a Zacualpan, al día siguiente los visitantes se entrevistaron con diversos funcionarios, entre ellos el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien, según ellos, les ofreció garantías para el libre tránsito el martes 2, a las 8:30 de la mañana.

Al presentarse por segunda ocasión, la caravana encontró nuevamente cerrado el acceso a la comunidad, mientras a los costados de la carretera había cerca de 30 camionetas de las policías Estatal y de Procuración de Justicia, así como el grupo antimotines y una tanqueta.

Ante la petición de los observadores de que el gobierno estatal garantizara el derecho al libre tránsito, el director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, cabildeó durante casi dos horas con los comuneros priistas, encabezados entre otros por Guadalupe Laureano Quirino y Alicia Aranda Olivares, pero no accedieron a levantar el bloqueo.

Cuando los miembros de la Misión reclamaron al funcionario que no había hecho “su tarea” de negociación desde el día anterior, pese a que existían medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con ese propósito, Peregrina les dijo que se implementaría un operativo para “romper el cerco” y retirar a los inconformes mediante la fuerza pública, lo que fue reprobado por los activistas, quienes abandonaron el lugar porque, dijeron, no estaban dispuestos a avalar un acto de represión, que al final no se consumó.

Posteriormente, en su informe, los observadores denunciaron que el funcionario “de manera burda e incluso ridícula, pretendió montar un escenario ideal para que la Misión fuera una causal para reprimir al grupo que estaba bloqueando el camino”, pero “lo único que logró fue poner en evidencia los verdaderos intereses del gobierno del estado, al estar abonando a la agudización de un conflicto que esperamos no tenga fatales consecuencias”.

El miércoles 4, la Misión informó que en su reunión del lunes con el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, uno de los acuerdos fue establecer un trabajo colegiado con el propósito de cancelar de manera permanente la concesión minera, aun y a pesar de que no es un proyecto consumado de forma legal, pues “ha sido ya la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos, a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a los promoventes de las mineras”.

No obstante, para ese momento ya se había generado una ruptura entre los activistas y el gobierno estatal.

Pese a la intención que tuvo el gobierno estatal de usar la fuerza pública, medida anunciada ante observadores y periodistas presentes en el lugar, Rogelio Rueda descargó esa responsabilidad sobre los miembros de la Misión.
“Quienes pretenden criminalizar la protesta de un grupo de gente de Zacualpan son gente extraña a la comunidad que insiste en que se les consigne por presuntos delitos”, dijo mediante un comunicado de prensa emitido el miércoles 4.

Añadió: “Creemos que encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé, y aunque nos tome más tiempo y aunque nos tome más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden en Zacualpan, esas son las instrucciones que tenemos del gobernador y a eso estamos dedicados”.

Según el funcionario, inicialmente los visitantes expresaron su interés por conocer la situación de la actividad minera en la comunidad, pero “aun cuando se les brindó la información necesaria y les quedó claro que no hay ni habrá una mina en Zacualpan, como manifestaron era su temor, ahora han ampliado sus intereses hacia los temas de derechos humanos, incluso hemos visto que pretenden inmiscuirse en la vida interna de la comunidad de Zacualpan”.

En relación con la demanda de coadyuvar en la cancelación de la concesión, Rueda Sánchez expresó que del gobierno del estado no habrá oposición a este procedimiento, pero “es un tema que se tiene que dirimir con el gobierno federal, quien administra los bienes de la nación, como son los minerales”.

Y sobre las denuncias de amenazas y hostigamiento contra miembros del CIDTZ y de Bios Iguana, el secretario de Gobierno argumentó que ese asunto ya fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 29 de enero pasado “archivó el asunto porque no hay ninguna violación a los derechos humanos de la gente de Bios Iguana o de la gente que estaba involucrada en esta problemática de Zacualpan”.


Ante de irse, los miembros de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan se mostraron preocupados por lo que vieron y concluyeron que en Colima “prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y del federal”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Destituyen a directivo del IPN por desvío de 171.3 mdp

MÉXICO, D.F: Enrique Mata Campanato, director de recursos materiales y servicios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), renunció a su cargo luego de que se diera a conocer que desvió 171 millones 393 mil 561 pesos durante el paro que se registró en esa institución educativa.

El dinero, según publicó el diario Reforma, se utilizó de manera irregular para la compra de mobiliario y bienes informáticos y el gasto se hizo a través de dos procesos de adjudicación directa al Sistema de Tiendas y Farmacias de los Trabajadores al Servicio del Estado (SuperISSSTE).

Dicha adjudicación se hizo en pleno paro del IPN, cuando los estudiantes demandaban la cancelación del plan de estudios y su reglamento interno que, según los estudiantes, iba en demérito de su preparación académica.

Según Reforma la lista de bienes que debía entregar SuperISSSTE al IPN incluyó: anaqueles metálicos, escritorios secretariales, sillas infantiles, periqueras, consolas de audio de 12 canales, grabadoras de voz digital, reproductores de DVD, cámaras fotográficas digitales profesionales, kits de laboratorio de cómputo, kits de equipo dental e incluso plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros productos.

Este jueves, la Coordinación de Comunicación Social del IPN informó que ya solicitó la renuncia a Mata Campanato y que el Órgano Interno de Control (OIC) del IPN realiza el procedimiento legal correspondiente, a fin de “proceder conforme a la normatividad vigente”.


Mata era director de recursos materiales y servicios desde mediados del año pasado y es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del IPN, según el currículum publicado en el portal de internet de la institución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui pide volver, MVS dice no

La periodista pidió a MVS reconsiderar su decisión de despedirla, pero la empresa reiteró que su relación ha terminado.

La periodista Carmen Aristegui pidió anoche a los dueños de la empresa MVS reconsiderar su decisión de rescindir su contrato para que ella pueda regresar al aire con su noticiero.

Sin embargo, MVS rechazó la propuesta de la conductora y reiteró que la relación contractual con ella ha concluido.

Aristegui –tras la cancelación de una conferencia de prensa al mediodía– dio ayer por la tarde su mensaje vía streaming a través de su página Aristegui Noticias. 

Sus palabras fueron principalmente dirigidas hacia la familia Vargas, propietaria de la cadena MVS.

Aristegui propuso abrir un canal de comunicación con los directivos de la empresa y sostener un encuentro el próximo lunes para solucionar el conflicto.

La periodista dijo estar convencida de que detrás de la decisión de la empresa  MVS de rescindir su contrato y despedir a sus colaboradores hay algo más que un tema de autorización de marcas en la plataforma MéxicoLeaks.

Aristegui dejó entrever que en la decisión de MVS de cancelar su contrato hubo intervención del Gobierno, pero aceptó que no tiene las pruebas para afirmarlo.

Según la periodista, su despido tiene que ver con la revelación que hizo en su noticiero del caso de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

La conductora calificó su despido como un “golpe” en contra de la libertad de expresión y pidió a los dueños de MVS no formar parte de él.

“No está México para aceptar prácticas echeverristas”, aseguró.

Un ‘no’ contundente

Después de su mensaje, la empresa MVS, a través de un comunicado, sepultó cualquier posibilidad de llegar a una reconciliación con Aristegui.

“Nuestra relación ha terminado. Te deseamos buena suerte”, concluyó el comunicado firmado por Felipe Chao, director jurídico de MVS.

En la respuesta de MVS, la empresa aclaró que la comunicadora no dio oportunidad de discutir los lineamientos editoriales que reclama y que el diálogo no se atiende imponiendo condiciones.

MVS señaló que el autor del reportaje de la Casa Blanca no fue Aristegui, sino el periodista Rafael Cabrera, que sigue laborando en la empresa.

Sin embargo, el periodista anoche aclaró en su cuenta de Twitter que está despedido desde el 16 de marzo y que no ha firmado porque no está de acuerdo con la liquidación.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: AZANETH CRUZ.

Adolorido, pero de pie

El saldo de la rebelión civil armada le deja a Hipólito Mora dos aprehensiones, la ruina económica, traiciones, y lo peor de todo, un hijo muerto. Aún así, el exautodefensa asegura que seguirá la lucha, ahora como candidato a diputado federal.

El letrero sobre el camino se anticipa a la expectativa: Bienvenidos a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana). Lugar de tierra fértil y gente honesta. 

El hombre personifica el eslogan. No se reserva al hablar, dice lo que piensa. Contesta directo. Habla con franqueza de sus aspiraciones y de la oportunidad que le da la vida de poder alzar la voz representando a los que no se atreven o no pueden hacerlo. Hipólito Mora encarna la honestidad de la que se hace alarde en la zona de Tierra Caliente, Michoacán.

Alejado ya de las armas, pero no de los ideales, Hipólito anuncia la continuación del movimiento de las autodefensas, pero desde la trinchera política. Se nota convencido de que el camino de las armas -aun cuando fue el único que tuvo junto con otros vecinos asediados por Los Caballeros Templarios- no era el más correcto.

Él mismo se dice adolorido por los saldos que le dejó la guerra: dos veces encarcelado, la ruina económica familiar, traicionado por la Federación, y lo peor de todo, un hijo muerto. 

Es la muerte de su hijo Manolo lo que más lo lacera. 

Con nadie habla de sus sentimientos. Solo su confesor, el padre Goyo, conoce las lágrimas de Hipólito Mora. Es el que lo llevó de la mano a refugiarse en Dios, es el que lo hizo entender que “Dios no se equivoca”. 

“Soy un hombre como todos, pero con la gran diferencia de muchos, de no dejarme”, asegura. “Desde niño he sido aguerrido”. 

De eso no hay duda. 

El gobierno estatal de Michoacán puede dar cuenta de lo incomodo que ha sido Hipólito Mora en los últimos dos años, desde que al lado del doctor José Manuel Mireles llamó a la insurgencia ciudadana, y armó a un ejército de civiles para defenderse no solo del crimen organizado, sino del mismo gobierno estatal.

‘No los voy a decepcionar’

Hipólito Mora suelta la risa a la menor provocación. Su gusto por las bromas hace dudar que en ese mínimo hombre, los ciudadanos de la región de La Ruana hayan depositado su confianza al grado de seguirlo hasta la muerte. 

De los casi 600 hombres que lo siguieron desde que se organizó la autodefensa, al menos unos 70 han perdido la vida, defendiendo las barricadas, el último reducto para salvaguardar a sus familias.

Decide hablar para Reporte Indigo. Su amigo, el padre Gregorio López lo acompaña. Se abrazan, bromean. Ignoran la grabadora. El sacerdote le recrimina, con algo de sorna, su ascenso mediático desde que fue nombrado candidato a diputado federal. 

Hipólito responde con una sonrisa franca que le sonroja el rostro. 

“No los voy a decepcionar”.

Más que un diputado aguerrido...

Reporte Indigo: Hay una iniciativa de ley que está congelada en el Senado, que daría la libertad al doctor Mireles, en el caso de que usted llegue a la diputación, ¿haría usted algo para que se le otorgue la libertad?

Hipólito Mora: ¡Sí, cómo no!. Yo estoy interesado en que lo dejen en libertad. Él tiene que estar fuera, es un luchador y como lo acabo de decir, él no es un asesino…

RI: ¿Es su amigo?

HM: Sí. Es mi amigo, no es asesino, no tiene porqué estar en la cárcel, él tiene que estar afuera, lo necesita mucho su familia, y más todos los ciudadanos.

RI: ¿Se cartea con él, tiene comunicación con él?

HM: No yo no tengo ninguna comunicación directa, la única comunicación que tengo con él es a través de su familia: un saludo, dígale que sí, que yo voy a hablar por él, que deseo que esté fuera. Y él creo tenía mucho la esperanza de que yo fuera liberado pronto, porque él sabe bien que la persona que va a hablar siempre por él voy a ser yo.

RI: ¿Pero sí está al pendiente de lo que le está pasando?

HM: Sí, su familia es la que me informa, una hija de él y una hermana, son las que me tienen al tanto.

RI: ¿Con su candidatura se acaba el movimiento armado?

HM: Pues yo me voy a retirar acá, para lo político; pero quiero estar siempre al pendiente de las autodefensas y de mi grupo. Yo no los voy a dejar solos, al contrario, si yo llego a ocupar la diputación, van a tener mi apoyo al 100 todos los autodefensas.

RI: Dice usted que va a ser un diputado aguerrido, ¿Qué es lo que va a exigir al gobierno?

HM: No nada más seré un diputado aguerrido, yo he sido aguerrido desde niño. Donde quiera que esté yo siempre voy a ser así, a veces hasta grosero con algunas personas, pero no me gusta quedarme callado. A lo mejor les doy problemas.

RI: ¿En el seno de su familia como ven su candidatura?

HM: Ellos la ven bien, están tranquilos y dicen que sí, que mejor de esta forma, sin olvidarme de las autodefensas que fueron los que me apoyaron para llevar a cabo esta lucha.

RI: Emocionalmente, ¿cómo está Hipólito?

HM: Bien. Me siento bien, me siento tranquilo a pesar de lo golpeado que he sido. Yo creo mucho en Dios, y los seres humanos nos podemos equivocar, Dios no. Él sabe por qué hace las cosas.

RI: ¿Resentimientos?

HM: Debería decir que no, pero sí los hay. Pero hay que superarlos.

RI: ¿Qué hace para superarlos?

HM: Yo creo mucho en Dios, y creo que todos los ciudadanos que no se atreven a alzar la voz, a dar la cara, merecen que los que sí nos atrevemos, hablemos y luchemos por ellos.

RI: ¿Piensa que Dios lo está poniendo en la candidatura a diputado federal?

HM: Estoy seguro que sí. Estoy seguro, porque varias mujeres, a veces en la calle me paran y me echan algún rezo aquí en la camisa, y me dicen: si estás allí, es porque Dios vio todas las cualidades en ti para que estés en este lugar y confiamos en ti. Y creo que Dios es el que mueve mi vida.

RI: ¿Hipólito Mora va por el sueldo de diputado?


Suelta la risa. Voltea a todos lados. Se acomoda otra vez los lentes y se recompone:

HM: Estoy amolado, claro que lo necesito –sigue con la risa que no lo deja hablar- si no, cómo me voy a mover, debería decir no lo ocupo, pero cómo le voy a hacer.

RI: ¿La guerra lo acabó económicamente?

HM: No –dice todavía con la sonrisa a flor de labios-. Yo estoy amolado económicamente desde siempre. -Se Recompone, se serena. Habla con tono más serio-. No, no voy por el sueldo, que quede claro, voy por mis ideales, voy por mis principios, pero el sueldo se necesita; gasolina, comida, para todo. Pero no es lo que me esta moviendo, el sueldo. Nunca me ha movido lo económico. Me mueve cuando veo a alguna gente que necesita algo y nadie voltea a ver a esa persona, nadie dice mira pobrecito, como anda de tronado. No tiene para comer esa familia o se está mojando cuando llueve. Eso es lo que me mueve a mí, no lo económico.

RI: ¿Usted buscaría un encuentro con el presidente?

HM: Ah, claro, ¿cómo que no? Tengo mucho pidiendo.

RI: Como legislador, tendrá la investidura para ello…

HM: …y como ciudadano también. Como legislador, como sea, pero a mí me interesa mucho hablar con él.

RI: ¿Y que le plantearía usted en ese momento?

HM: Que le eche ganas, ¡hombre! Que tiene la oportunidad de su vida, de hacer algo donde quede en la historia de México como un buen presidente. Que suelte el dinero que haya, a los ciudadanos, para que se viva mejor, y que la gente diga este presidente si hizo por nosotros y lo queremos, lo vamos a apoyar.

RI: ¿Confía en Peña Nieto?

HM: Sí, ¿cómo no? Sí confío en él. Eso es lo que me ha matado siempre: que confío en todo mundo. Pero si confío en él, y ojalá tenga la oportunidad de platicar con él y le voy a decir bien mi forma de ser, mi forma de pensar. A lo mejor tiene un concepto equivocado de mí, pero ya las personas cuando me tratan, me lo han dicho muchísimas veces: creíamos que era una persona violenta ¡y no!

RI: ¿Le pediría la libertad de Mireles?

HM: Sí. Sin lugar a dudas. Sería lo primero. 

RI: ¿Y la libertad de los otros autodefensas presos, qué?


HM: Son muchos, 300 o 400 creo. También que se dejen en libertad. ¡Pero que se fijen, si algunos andaban disfrazaditos de autodefensa y eran sicarios, esos se tienen que quedar.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Balacera entre policías y sicarios deja 10 muertos en Jalisco

MÉXICO, D.F: Una balacera entre sujetos armados y policías federales dejó diez personas muertas en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Entre las víctimas hay cinco elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal y cinco civiles, dos de los cuales al parecer fueron víctimas del fuego cruzado, precisó la Policía Federal.

El enfrentamiento ocurrió pasadas las 21 horas de ayer jueves en el cruce de Manuel Martínez y Oxnard en la colonia Mascota de ese municipio jalisciense.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, la agresión se registró luego que los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia en el corredor agrícola e industrial Guanajuato-Jalisco.

Además de los fallecidos hubo ocho elementos de la División de Gendarmería lesionados, uno de ellos de gravedad, los cuales fueron enviados a distintos hospitales para su atención médica.

En el sitio fueron aseguradas siete armas largas y cuatro granadas de fragmentación, además de cinco vehículos presuntamente empleados por los agresores.


La Policía Federal lamentó la muerte de los dos civiles quienes según el reporte oficial al parecer eran ajenos al evento y cuyos cuerpos fueron ubicados en la misma dirección de fuego en que fueron agredidos los uniformados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

#MVSMiente, responde “verdadero autor” del reportaje sobre la Casa Blanca

MÉXICO, D.F: Minutos después que el vocero de Grupo MVS, Felipe Chao, afirmó que “el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, sigue y por lo que a nosotros respecta, seguirá trabajando en MVS”, el reportero contestó en su cuenta de Twitter con una serie de aclaraciones y el hashtag #MVSMiente.

“#MVSMiente al decir que sigo empleado. Es mentira. Tengo las fotos de los documentos que prueban mi liquidación”, escribió en la cuenta @raflescabrera.

“Yo, como la mayoría de mis compañeros, no hemos firmado la liquidación debido a que evaluamos la estrategia legal”, abundó en un segundo mensaje.

“#MVSMiente al decir que sigo contratado. Exijo aclaración. En todo momento he estado con mis compañeros de la Primera Emisión y Carmen”, sentenció.

Cabrera formaba parte de la unidad especial de periodismo de investigación, integrada por Daniel Lizárraga e Irving Huerta, a quienes MVS despidió por presunto “abuso de confianza”.


La única respuesta de MVS en su cuenta oficial de Twitter fue la siguiente: “El reportero Rafael Cabrera está en la nómina de MVS, dado de alta en el Seguro Social y es bienvenido a esta casa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Identifican cuatro de los 60 cuerpos abandonados en crematorio de Acapulco

MÉXICO, D.F: La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que fueron identificados al menos cuatro de los 60 cuerpos embalsamados encontrados al interior del crematorio con razón social “Pacífico SA de CV”, en la carretera Cayaco-Puerto Marqués de Acapulco, el pasado 6 de febrero.

En un comunicado, la dependencia explicó que para identificar a los cadáveres se realizaron pruebas de ADN, de medicina legal, dactiloscopia, genética y odontología forense, con lo que se genera “una plena certeza jurídica, basada en pruebas científicas fehacientes”.

Agregó que faltan por identificar 56 cuerpos, pero el proceso se ha retrasado por el estado de descomposición y embalsamamiento en el que fueron hallados los cadáveres.

La Fiscalía General refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones “hasta llegar al esclarecimiento de tan lamentables hechos y dar con el paradero de los responsables de violentar la tranquilidad de nuestra comunidad”.

Agregó que personal a su cargo se reunió con los familiares de los cuerpos identificados para explicarles los métodos utilizados en el reconocimiento de los mismos y entregarles urnas con las supuestas cenizas reclamadas.


Respecto al dueño del crematorio “Pacífico SA de CV”, Guillermo Estua Zardain, la dependencia informó que continúa prófugo y que se mantiene vigente la orden de localización en colaboración con otras fiscalías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR) pues se le siguen las investigaciones por el delito de fraude.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Ley de Aguas “institucionaliza la discriminación”: expertos; ignora a los pobres, dicen

Ciudad de México, 20 de marzo: De aprobarse la Ley General de Aguas Nacionales, tal como está el dictamen que analiza el Legislativo, a millones de mexicanos –en su mayoría indígenas– se les arrebatará su derecho humano al agua, sencillamente porque no forman parte de un asentamiento legalmente constituido, aseguraron expertos.

Inclusive, el dictamen aprobado da facultades a los gobiernos para impedir que, por ejemplo, una tribu se establezca cerca de un cauce porque podría “alterar el correcto funcionamiento del régimen hidráulico”.

Además de “institucionalizar la discriminación”, investigadores informaron que en la ley existen diversas irregularidades de fondo y de forma como: no existe un dictamen de costos: no habla de las inversiones ni de las ganancias; no determina cuáles son los proyectos “prioritarios” que requieren agua; no indica acciones para la preservación del recurso; se trata de una iniciativa que lleva dos años de atraso pero que fue votada “rapidísimo” sin consulta pública, demás de no ser trabajada en comisiones ni con ayuda de dependencias y organismos competentes.


Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión, fijado en 2013 para legislar en la materia.
“No hay avances, lo que hace esta iniciativa es reproducir textos internacionales, principios, ejemplos, o fundamentos normativos del derecho humano al agua”, dijo.
Argumentó que incluso la ley acepta que los pequeños poblados no tienen derecho al agua pero ahora, con la ley, muchos pueblos del sector rural legalmente no tendrán derecho al recurso.

En el Artículo 10 de la Ley se establece: “Servicio Público de Agua Potable: Conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable para el uso público urbano en los asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos”. Es decir, excluye por ejemplo, a los pueblos más alejados en la sierra Oaxaqueña o los habitantes de la selva de Chiapas.


Durante el foro “Agua: ¿derecho o privilegio?”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana, la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora de estudios internacionales, expresó que existe falta de información sobre la cantidad de agua que existe en las cuencas, sobre los estudios que se realizaron para evaluar la ley, además que no se saben aún los costos no sólo económicos, sino además culturales, naturales, ecológicos, entre otros.
“No hay información para la sociedad civil. Por ejemplo, en la propuesta se habla mucho de los proyectos que se consideran prioritarios o de interés público, y eso puede generar muchas dudas, porque ni siquiera se establece qué es prioritario o qué es de interés público. Entonces, en los proyectos que son intensivos en uso de agua como el fracking (fractura hidráulica) en algún momento el Estado podría decir que es prioritario o de interés público por beneficios económicos que se van a generar”, aseguró Soto.
La también académica de la Ibero agregó que la iniciativa busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.

“Qué vamos a hacer para preservar el recurso?”, cuestionó. “La Ley no dice cómo se va a mantener el recurso. No vamos a poder garantizar el derecho humano al agua si de entrada no hay recurso”, explicó Gloria Soto.


INTERESES DISFRAZADOS

Por su parte, Javier Riojas, experto en medio ambiente lamentó que se quiera pasar una ley fastrack y sin abrir un debate en el que pueda participar la academia. Puntualizó que el agua es un elemento importante no sólo para el ser humano, sino además para todo el planeta.
“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió.
Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.

Expuso que “si esta ley se aprueba como está, se estaría disfrazando ciertos intereses que violan el derecho al agua”.

Finalmente, los expertos coincidieron que el tema de agua no es prioridad en las agendas de los funcionarios y políticos porque es una problemática que se usa para obtener votos e incluso para control de la población.

Explicaron además que los sectores más desprotegidos son los que pagan hasta 12 por ciento más agua, pues ante la carencia recurren a servicios de pipas que “especulan con el agua”.


Alejandra Rabasa expuso que fuentes de diversas cámaras le han dicho que la ley sí “va a salir y muy pronto”, aunque reconoció que no sabe con qué cambios.
“No sé a qué nivel de profundidad habrá cambios, no sé si habrá un replanteamiento […], pero la van a aprobar”, lamentó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1287116.

Costó violencia en México 3 billones de pesos en 2014

MÉXICO, D.F: El costo de la violencia en 2014 ascendió a 3 billones de pesos, equivalente al 17.3% del Producto Interno Bruto en el país y a la aportación de 24 mil 844 pesos por habitante, según un informe difundido este jueves por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Lo anterior, subrayó la organización, implica que la violencia cuesta a México tres veces más que el presupuesto federal asignado a la salud.

Los homicidios, crímenes violentos, ataques a negocios y crimen organizado contaron por el 85% del impacto económico de la violencia, señaló el informe.

El sistema de justicia, por su parte, costó a México 130 mil millones de pesos en 2014, lo que representó un aumento de 8 mil millones de pesos en comparación con el año anterior. Sin embargo, el IEP se mostró “muy preocupado” ante el decline constante del índice de eficacia de la justicia entre 2006 y 2013.

El IEP otorgó a 14 de los 32 estados de la República la peor calificación en términos de eficacia de la justicia, entre los cuales destacan Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Durango, el Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Morelos.

La organización señaló que en las entidades más afectadas por la violencia, el costo de la violencia se dispara. Así, en Guerrero la violencia cuesta 43 mil 666 pesos por persona, en Morelos se eleva a 41 mil 313 pesos por persona y en Sinaloa asciende a 33 mil 414 pesos.

Como consecuencia de la violencia, una “alta proporción” de los negocios en México implementaron medidas de seguridad, tanto física como electrónica, subrayó el informe, al precisar que el 30% de los negocios cuenta con cámaras de vigilancia o alarmas.

Según las cifras reportadas, en 2013 los negocios sufrieron de prácticamente 600 mil robos, más de 400 mil extorsiones, casi 300 mil actos de corrupción y de fraudes, así como más de 200 mil robos de mercancías en tránsito.

Por lo anterior, las empresas desembolsan en promedio un 4% de sus gastos operativos en seguridad, advirtió el IEP.

Asimismo 5.9% de las empresas afirmaron que dejaron de utilizar ciertas rutas comerciales y 9% dejó de hacer negocios con ciertas empresas a raíz de haber sufrido un crimen, apuntó, al añadir que en los casos más extremos los negocios han tenido que trasladarse hacia Querétaro, el Distrito Federal o en Nuevo León.

Violencia “a la baja”

Según los cálculos del IEP, el cual retoma las cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la violencia tiende a reducirse desde el pico que alcanzó en 2011, pero precisó que “el no reporte de crímenes violentos y otras actividades criminales es un problema grave en México”: según la organización, solo 8% de las violaciones y 23% de los asaltos se denuncian.

Según el IEP, los estados de Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche y Tlaxcala son las entidades federativas menos afectadas por la violencia, al contrario de Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, los cuales sufren de los peores indicadores.

Además, las áreas metropolitanas que más padecen de la violencia son Culiacán, Sinaloa, seguida de la capital guerrerense Chilpancingo, de Tecomán, en Colima; La Laguna, en Coahuila y Acapulco, en Guerrero.

La reducción en las cifras de homicidios y de violencia relacionada con los cárteles, reportadas por la SESNSP, “no significan necesariamente que las organizaciones criminales son menos poderosas; pueden haberse vuelto más cuidadosas en sus actividades”, notó el IEP.


Y observó: “Eso refleja una paradoja en México, ya que mientras los indicadores de paz han aumentado mucho en los pasados cuatro años, muchos mexicanos siguen reportando altas percepciones de criminalidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Denuncian que Zambrano dejó en bancarrota al PRD

HERMOSILLO, Son: Integrantes de las corrientes perredistas Movimiento Progresista e Izquierda Mexicana denunciaron que el exdirigente nacional, Jesús Zambrano, dejó una deuda de 300 millones de pesos en el partido.

Además, revelaron que durante su gestión se contrajeron deudas bancarias que no fueron informadas a la militancia y que tampoco existen registros de su ejecución.

“El PRD está en bancarrota, debe más de lo que recibe de prerrogativas, gracias a Zambrano”, acusó el presidente del Consejo Estatal del PRD, Gustavo Rodríguez.

“La sociedad mexicana condena la labor de Zambrano, como dirigente nacional, principalmente, por postular a José Luis Abarca en Iguala, quien es investigado por ser el autor material de la masacre de normalistas, además de pertenecer a grupos de narcotráfico”, dijo.

Los inconformes desconocieron la candidatura de Carlos Navarro López como candidato al gobierno del estado por ser “compadre” y “coyote de la misma loma” de Zambrano.

Navarro López, subrayaron, “negocia” a espaldas de la militancia y los ciudadanos, ya sea con el PRI o el PAN.

“Estamos convencidos que su postulación, impuesta por su compadre Zambrano, es resultado de la negociación de los Chuchos (Nueva Izquierda) para apoyar al PRI en la entidad”, expusieron.

También mostraron evidencias que Zambrano y el actual candidato perredista negociaron con el PRI en las elecciones locales de 1997; en 2003, con el PAN y con el gobernador panista, Guillermo Padrés en 2009.

“Sonora no merece ser gobernada por ninguno de los que hoy han sido postulados por los principales partidos (Claudia Pavlovich, por el PRI; Javier Gándara, por el PAN; Carlos Navarro, por el PRD). Hacemos un llamado a nuestro partido para que cuanto antes sustituya al candidato”, concluyeron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Nada halagüeño, futuro de economía nacional: Carstens y Videgaray ante banqueros

ACAPULCO, Gro: El futuro inmediato de la economía nacional no luce nada halagüeño, admitieron hoy el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens y Luis Videgaray.

Tanto, que advirtieron sobre la inminencia de una alza en las tasas de interés en el país.

Durante la ceremonia inaugural de la Convención Bancaria número 78, que inició hoy en este centro vacacional guerrerense, ambos compartieron, en discursos por separado, la incertidumbre que se cierne sobre el desempeño económico del país.

Primero al micrófono, Carstens dijo que “sería erróneo” pensar que el futuro está “exento de problemas”.

Y, sin ambages, expuso los factores que hacen de la actual “una coyuntura externa particularmente compleja”, que –sin duda– impacta en la economía mexicana y lo hará en adelante.

En primer término mencionó “la disminución significativa de los precios internacionales del petróleo debido, principalmente, a factores de oferta, con la expectativa de que dichos precios permanezcan en niveles bajos por un periodo relativamente prolongado”.

En segundo lugar, señaló que “después de cerca de ocho años de mantener una política monetaria sumamente laxa y no convencional, se anticipa que Estados Unidos inicie la normalización de su postura durante 2015”, es decir, que aumente sus tasas de interés, que se habían mantenido en prácticamente 0%.

“Para complicar aún más las cosas”, dijo el gobernador del banco central, ese aumento en las tasas de interés “sucedería presumiblemente cuando las posturas monetarias de la Zona del Euro y de Japón estarían yendo en dirección diametralmente opuesta”.

Es decir, que cuando Estados Unidos inicie el aumento de intereses, después de haber inundado de liquidez al mundo, los países de la zona euro y Japón bajarían tasas para estimular sus economías.

Como tercer término, Carstens aseguró que “la actividad económica global continúa mostrando un comportamiento muy débil, aunque diferenciado entre países y regiones.”

Todos esos factores, añadió, son los que han inducido una gran volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Agregó: “Sin duda el que más ha contribuido a dicha volatilidad ha sido la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos comience a aumentar en algún momento de 2015 su tasa de interés de referencia a partir de su nivel actual históricamente bajo”.

Agustín Carstens explicó cómo el Banco de México ha enfrentado esa coyuntura. En primer lugar, dijo, permitiendo que “la absorción de desequilibrios y/o perturbaciones se lleve a cabo principalmente a través de ajustes de mercado tanto en el tipo de cambio como en las tasas de interés”.

Y cuando el tipo de cambio tiene “un comportamiento errático” –es decir, cuando se dispara el precio del dólar por encima de los fundamentos macroeconómicos–, el banco central ha intervenido en el mercado para darle liquidez y limitar un alza irregular del tipo de cambio.

Esto ha sido posible por los niveles récord de las reservas internacionales y la línea flexible del Fondo Monetario Internacional.

Adicionalmente, agregó Carstens, si el nivel del tipo de cambio, –la paridad peso-dólar– empezara a dañar los precios, a impactar en la inflación, se aumentarán las tasas de interés domésticas.

Lo dijo así: “la Junta de Gobierno del Banco de México podría ajustar su postura monetaria mediante aumentos en el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día, en caso de que perciba que está en peligro la consolidación de la convergencia de la inflación a nuestro objetivo permanente de 3%, lo cual podría suceder en caso de que la Reserva Federal inicie la normalización de su política”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a quien le correspondió dar el mensaje final de la ceremonia y declarar inaugurados los trabajos de la convención bancaria, tampoco fue muy optimista sobre lo que viene para el país en materia económica.

Dijo que aunque ya hay signos claros de recuperación económica en el país, “México ha de encarar un entorno externo extraordinariamente complejo”, pues “están ocurriendo al mismo tiempo fenómenos internacionales que representan un reto muy relevante para la conducción de la política económica.”

En primer lugar señaló la “caída en el precio del petróleo, que es una caída abrupta, significativa y, sobre todo, que no será transitoria o de corto plazo por tratarse de una caída fundamentalmente derivada de factores en la oferta de petróleo crudo”.

También, afirmó, será un reto significativo la normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
“Nadie sabe con precisión cuándo van a subir las tasas en Estados Unidos ni sabe cómo van a subir las tasas en Estados Unidos. De lo que no hay duda es que van a subir y tenemos que estar preparados”, comentó.


Sin embargo, tanto Carstens como Videgaray matizaron su poco optimismo con la idea, en la que coincidieron, de que el fortalecimiento de la economía estadunidense será, como siempre, el salvavidas de la economía mexicana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Empresa ligada a Zetas busca una “adjudicación directa” de la Reforma Energética

Una de las empresas mineras que solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) la adjudicación directa de contratos para la extracción de gas natural fue señalada en 2012 como colaboradora de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo de Los Zetas.

Se trata de Materiales Industrializados, S.A. de C.V, actual propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón mineral y que, según una investigación publicada por el periódico Reforma, habría permitido que presuntos operadores de Los Zetas en la región de Sabinas, Coahuila, explotaran el combustible en los terrenos que amparan sus permisos federales.

La misma empresa, de acuerdo con información entregada por la Sener a SinEmbargo, busca ahora la “adjudicación directa de un contrato para la exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral” que explota desde al menos 2010. La compañía es, también, una de las 22 mineras que en conjunto han presentado ante la Secretaría 322 solicitudes para acceder a este tipo de convenios con el Gobierno federal previstos por la nueva Ley de Hidrocarburos.

La presunta participación de la delincuencia organizada en actividades de extracción en la región Carbonífera de Coahuila –la principal productora de este mineral en el país– fue mencionada por el ex Gobernador y ex dirigente nacional priista, Humberto Moreira Valdéz, en octubre de 2012, días después del homicidio de su hijo José Eduardo, y cuando advirtió que el presunto autor de este crimen, el asesinado líder Zeta Heriberto Lazcano “El Lazca”, se había coludido con empresarios de aquella entidad fronteriza.

Moreira no dio entonces nombres, pero, de acuerdo con lo reportado por los medios, se refirió a empresarios y “opinólogos” que usaban sombreros “Stetson”, en lo que las notas calificaron como una referencia a Armando Guadiana, representante del ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en aquel estado y, también, hermano de José Luis Guadiana, dueño de Materiales Industrializados.

Días después, el periódico Reforma publicó una serie de artículos señalando al dueña de esta empresa como quien facilitaba la extracción del mineral en sus terrenos a presuntos colaboradores del cartel delictivo.

“De acuerdo con información oficial en poder de Grupo Reforma, José Luis Guadiana Tijerina ha permitido en los últimos años la operación de personas vinculadas con el crimen organizado en sus propiedades (…) La información oficial señala que el empresario posee un predio de 439 hectáreas en la microrregión Cloete Sur, donde operaron negocios pertenecientes a José Reynold y Joel Bermea Castilla, cuyas actividades son investigadas por las procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Estado de Coahuila”, publicó el diario el 5 de noviembre de 2012.

Para esta información, SinEmbargo solicitó una entrevista a los representantes de Materiales Industrializados, cuyas oficinas están en Sabinas, Coahuila, pero no hubo respuesta.


En un posicionamiento público hecho ante los señalamientos de Moreira, emitido desde noviembre de 2012, Armando Guadiana defendió la legalidad de las actividades de su hermano y atribuyó las acusaciones a sus críticas contra la corrupción y endeudamiento del ex mandatario.
“Jamás consideré que la reacción de grupos de poder en la Entidad fuera a llegar al exceso de afectar la imagen y tranquilidad de alguno de mis familiares directos, para tratar con ello de desanimar mi postura crítica en contra del Gobierno, por tal razón exijo a los medios de comunicación una postura objetiva en el tema tratado y de las instituciones de administración y procuración de justicia acciones totalmente apegadas a Derecho, es lamentable que mediáticamente se trate a un ciudadano como si fuera culpable cuando jamás ha sido acusado o citado por autoridad alguna que lo investigue por hecho concreto”, dijo Guadiana en un comunicado emitido ese 5 de noviembre.
La misma serie de artículos de Reforma había reportado que las empresas presuntamente investigadas por PGR por narcotráfico habían sido contratadas por el gobierno del estado para que surtieran de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El artífice de tal convenio, reportó el periódico, habría sido Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y detenido por la falsificación de documentos que condujeron al millonario endeudamiento de Coahuila.


Según la información, como jefe de las finanzas del estado, Villarreal controlaba la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), que es la entidad creada por Moreira para mediar entre las empresas locales y la CFE.
“Estas compañías habrían ayudado a que Los Zetas, que se apoderaron de minas clandestinas para extraer carbón de manera ilegal, lavaran unos seis millones de pesos a la semana. Esto lo harían al comprarles el mineral por debajo del precio de mercado y venderlo a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Prodemi, que sirve de intermediaria para que los productores de carbón de baja escala surtan a la CFE”, reportó el periódico.
En enero de 2013, citando palabras de Guadiana, los medios reportaron también que la Procuraduría General de la República había congelado las cuentas bancarias de Materiales Industrializados.

“Estamos solicitando la suspensión provisional y luego definitiva, para que vuelvan a la base en que estaban las cuentas en base a la argumentación que estamos dando y que espero que la autoridad resuelva de manera favorable y de acuerdo a la ley”, reportó El Diario de Coahuila el 9 de enero de 2013.

El 31 de octubre de 2014, José Reynold Bermea Castilla fue asesinado con disparos de arma de fuego en el exterior de su casa, en el municipio de Sabinas. Los reportes apuntaron a la presencia de dos tiradores ya que se encontraron casquillos de pistolas 9 y 45 milímetros.

MINERAS BUSCAN CONTRATOS

El 9 de marzo pasado, la Sener entregó a SinEmbargo una lista con 32 nombres de empresas que habían ingresado solicitudes para obtener contratos para la exploración y extracción previstos en la nueva Ley de Hidrocarburos, creada en el marco de la reforma energética.

De las 32 compañías, agregó la Secretaría de Energía, nueve buscan “migrar asignaciones a contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, y el resto, las mineras, buscan la “asignación directa de contratos para la exploración y extracción del gas natural asociado al carbón mineral”.

Estas adjudicaciones directas están previstas por el artículo 27 de la citada Ley, la cual indica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar a las actuales concesionarias mineras para la extracción de gas natural “siempre y cuando los concesionarios mineros acrediten, ante la Secretaría de Energía con opinión técnica favorable de la propia Comisión, que cuentan con solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera necesarias para llevar a cabo las actividades de Exploración y Extracción del Gas Natural producido y contenido en la veta del carbón mineral”.


Según la lista de la Sener, otras mineras son compañías como Alpha Prime Mining; Carbón Mexicano; Minera Ameca; Minera Huajicari; Minera Zapaliname; Gonzalva Mining; Gupa de Sabinas; Impulsora Especializada en Desarrollos Carboníferos e Integración Minera.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1285910.

‘Radio silenciada’, artículo de The Economist sobre el caso MVS-Aristegui

La salida de Aristegui "se dio días después de que Eduardo Sánchez, exabogado de MVS, asumió el área de comunicación social del gobierno federal", señala el semanario.

Detrás del despido de la periodista Carmen Aristegui  están problemas sistemáticos que socavan el periodismo en México, donde los medios de comunicación “han sido durante mucho tiempo dominados por el poder político”, publica este jueves The Economist

En su artículo “Radio silenciada” el semanario británico resaltó que la salida de la periodista, a quien definió como “una presentadora de radio casi de culto, especialmente entre los oyentes de izquierda”, se dio a pesar de que la emisión era una de las más populares del horario matutino, que atraía anunciantes y dio las primicias que escandalizaron al país.

La influyente publicación señaló que Aristegui se situó como la antítesis de ese sistema, provocando revelaciones periodísticas respaldadas por “impresionantes investigaciones”, como el escándalo de la “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica Rivera; o la red de prostitución encabezada por el exlíder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

MVS convirtió a Aristegui en una mártir de la libertad de prensa, ya que pocos creen que su despido se deba a un problema por “Méxicoleaks”, pues dos días antes la empresa emitió lineamientos “que restringen la autonomía editorial y su capacidad de realizar proyectos de investigación, que parece tener poco que ver con “’Méxicoleaks’”.

Señala que la sospecha es que el gobierno ha ejercido presión sobre MVS, ya que el despido de Aristegui se dio días después de que Eduardo Sánchez, exabogado de la empresa, asumió el área de comunicación social del gobierno federal. Sin embargo, “MVS Radio niega enfáticamente cualquier vínculo”.


El gobierno dice que espera que ambas partes resuelvan sus diferencias. Pero ningún gobierno mexicano ha resistido a la tentación de utilizar la publicidad y otras formas de influencia sobre la prensa, sea cual sea el número de víctimas de la libertad de expresión”, comenta el rotativo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

No investigar a altos mandos militares, omisión de la PGR en Tlatlaya: Amnistía

La mejor forma de cuidar y salvaguardar la imagen del Ejército Mexicano es que casos como el de Tlatlaya, Estado de México, se aclaren plenamente: Miguel Alonso Raya.

La organización Amnistía Internacional (AI) señaló la omisión de la Procuraduría General de la República en investigar a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el caso de la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Perseo Quiroz, representante de AI en México, afirmó ante diputados que en la investigación a los militares involucrados no hay nadie de los altos mandos.

“Vemos que el hilo en México siempre revienta por lo más delgado. Si bien es cierto que hay 7 militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer, por lo menos, que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso”, sostuvo.

Quiroz comentó que los militares de alto mando posiblemente no jalaron el gatillo, pero sí encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en un presunto operativo contra el crimen organizado.

“Ahí tenemos que ser muy claros en que la PGR debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando y esto no sólo lo dice Amnistía Internacional, sino que está en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo en su intervención durante una reunión con diputados del grupo de trabajo que da seguimiento al caso.

Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, afirmó que la mejor forma de cuidar y salvaguardar la imagen del Ejército Mexicano es que casos como el de Tlatlaya, Estado de México, se aclaren plenamente y se deslinden las responsabilidades.

Al Ejército Mexicano corresponde “aislar a elementos que cometieron excesos y actos extrajudiciales en ese caso”, indicó durante una reunión del Grupo de Trabajo Plural para Coadyuvar en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En esta reunión de trabajo se llevó a cabo una audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia.

Alonso Raya destacó que en la medida en que la Sedena, la PGR y la PGJE  del Estado de México (PGJEM), aclaren lo que pasó, “podremos logar que lo acontecido en Tlatlaya no vuelva a suceder”.

Ello también, aseveró, permitirá establecer cambios legislativos que contribuyan a fortalecer la legalidad y la lucha contra la inseguridad.

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), enfatizó la necesidad de “tipificar el delito de ejecución extrajudicial”, para evitar hechos como los de Ayotzinapa, Guerrero, en referencia a la desaparición y, de acuerdo con las autoridades, asesinato de 43 estudiantes normalistas.

Manifestó su confianza de que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez González, contribuya al esclarecimiento pleno del caso Tlatlaya.

En su participación, los representantes de las organizaciones sociales coincidieron en señalar la necesidad de que las autoridades encargadas de investigar lo que sucedió en ese municipio, donde murieron 22 civiles, varios ejecutados, ofrezcan toda la información solicitada por los legisladores.

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pidió a las autoridades responsables “ofrecer toda la información relacionada con el caso Tlatlaya”.

Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. reconoció que la existencia de este grupo de trabajo de legisladores “es señal de madurez democrática”.

Sin embargo, agregó que “México transita con dificultad en materia de controles democráticos para el uso de la fuerza”.

Comentó que, como en Tlatlaya, “no hay en el país pleno control sobre las acciones de las fuerzas armadas y ese hecho debe ser una palanca de aprendizaje para evitar su repetición”.

Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “sería un gran error considerar que Tlatlaya es un caso aislado”.

Ese asunto, puntualizó, es la “punta de iceberg de enfrentamientos entre fuerzas armadas (Ejército y Marina) y organizaciones de la delincuencia organizada”, donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales.

Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones de ese instituto de la UNAM, de 2008 a 2011 se registraron más de 220 enfrentamientos que involucran a las instancias anteriores, en parte de los cuales “no hubo controles sobre el uso de la fuerza pública”.

Abraham Eslava Arvizu, en representación de la PGR, dijo que para esta institución “es del mayor interés el caso Tlatlaya”.

Mencionó que “se tomó nota de todos los comentarios y las propuestas y que las mismas le llegarán a la procuradora Arely Gómez González”. Estableció el compromiso de “mantenerse muy en contacto con este grupo de trabajo” de legisladores.


En la reunión también participaron las diputadas Loreta Ortiz Ahlf (Morena) y Julisa Mejía Guardado (PRD), quienes coincidieron en la necesidad de que las instancias gubernamentales que investigan el caso Tlatlaya entreguen la información solicitada por el grupo de trabajo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sólo se permitirá el fracking en zonas donde haya agua, asegura Semarnat

“En aquellos lugares donde no haya disponibilidad de agua no se van a otorgar permisos”, aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra.

El “fracking”, la técnica para extraer gas shale, sólo será utilizado en zonas donde haya disponibilidad de agua, aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra.

“En aquellos lugares donde no haya disponibilidad de agua no se van a otorgar permisos”, aseguró el funcionario.

Guerra Abud explicó que “en todos los casos las empresas tendrán que cumplir con las disposiciones ambientales y las disposiciones de seguridad, en base a los estándares que” la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente establezca.


El fracking consiste en hacer perforaciones verticales de hasta cinco kilómetros de profundidad y después otros más en horizontal para inyectar a gran presión agua con arena que se combina con diferentes aditivos químicos, lo que provoca que las rocas de lutita o pizarra se fracturen y liberen gas natural que asciende a la superficie a través de un pozo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.