¿La reforma energética viola derechos humanos? La CIDH lo investigará

En el periodo 154 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizaciones civiles expondrán cómo esa reforma atenta contra el derecho a la tierra y al desarrollo de los pueblos.

El derecho a la tierra, al territorio, a recursos naturales, a la autodeterminación y al desarrollo de los pueblos se violan con la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso mexicano en agosto pasado, según más de 100 organizaciones civiles que llevarán el debate este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el periodo de sesiones 154 de la CIDH, organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación, Fundar expondrán cómo los principios de esta reforma “que además de privatizar a la industria petrolera declara que toda actividad vinculada es de utilidad pública” atentan contra los derechos de grupos indígenas, ejidatarios o campesinos que no podrán negarse a que sus tierras sean utilizadas para la explotación y exploración de hidrocarburos.

Las leyes secundarias de la reforma indican que al ser una actividad de utilidad pública, la explotación de hidrocarburos tiene prioridad frente a cualquier otro uso que pudiera tener la tierra, lo que obliga a que los dueños de los terrenos tengan que aceptarla en su propiedad a través de la figura “servidumbre legal”.

Las leyes de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica detallan de qué forma las empresas podrán hacer uso de tierras cuando busquen la explotación de petróleo, gas o la instalación de infraestructura eléctrica. Pero entre las opciones no existe la posibilidad de que un propietario se niegue a ceder su terreno.

En las dos leyes se incluyó el capítulo “del Uso y Ocupación Superficial” en el que, tras el debate legislativo, se eliminó la palabra expropiación pero se aprobó el término “ocupación temporal”, que implica la entrega de los terrenos por tiempo limitado cuando no se llegue a un acuerdo de compra-venta. Sin embargo, el tiempo de ocupación dependerá del tiempo en el que el recurso se pueda explotar y sin importar la voluntad del propietario.

Las organizaciones como Fundar o el Centro ProDH participarán y presentarán este viernes el caso ante la CIDH en la audiencia “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que se realizará al mediodía.

El objetivo es hablar del riesgo de que la reforma energética propicie la violación de derechos humanos, entre los que también están el derecho a la no discriminación, a la propiedad, al trabajo en condiciones justas, a la libertad de expresión, de información, de participación, el acceso a la justicia, a un ambiente sano o a una vivienda adecuada.

En México, la presunta violación a derechos a través de esta reforma no ha tenido eco ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos “que consideró que el tema no tenía vínculo con garantías individuales” ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que insistió en que se trata de un “tema de ingresos”.

Según la sociedad civil organizada esperan que la CIDH “haga un llamado al Estado mexicano para que implemente políticas en materia energética acordes a los derechos humanos, en congruencia con sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

Para ello, el Estado debería tener una legislación compatible con el marco de derechos humanos vigente, pues según Fundar y el Centro ProDH la normatividad de la reforma energética actualmente va en contra de diversos convenios y tratados ratificados por México como:

– La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1º, 2º, 21)

– El Protocolo de San Salvador (artículos 1º, 11 y 12)

– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 14, 25, 27)

– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2, 6, 11 y 12)

– El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes (artículos 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15 y 17)

– La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (principios 3, 4, 8, 10, 11, 14 y 15)

– La Observación General No. 15 sobre el Derecho al Agua del Comité de los DESC

– La Resolución 64/292 sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento


– La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1º, 2º fracciones V y VI, 4º, 14, 16, 25, 27 fracción VII y 28, 133).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Muere la exalcaldesa de Michoacán que apareció en un video con ‘la Tuta’

Salma Karrum Cervantes falleció a causa de la complicación de una enfermedad crónica, informaron fuentes de la Produraduría michoacana.

Salma Karrum Cervantes, ex presidenta municipal de Pátzcuaro procesada por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, falleció la madrugada de este viernes 20 de marzo, a los 64 años, a consecuencia de una enfermedad crónica que padecía desde hace varios años, confirmaron fuentes.

De acuerdo con las fuentes, la exalcaldesa sufrió una recaída la tarde de este jueves, por lo que fue trasladada al hospital de “La Luz”, en la capital michoacana, donde murió alrededor de las 03:30 horas de este viernes.

Cabe recordar que Karrum Cervantes se encontraba recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres” por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que en agosto del 2014 se difundiera un video donde negociaba con el exlíder de los Caballeros Templarios recientemente detenido, Servando Gómez ‘la Tuta’.

En el audiovisual, Karrum Cervantes le cuestiona la muerte de su yerno. En ese entonces, la edil admitió que sí sostuvo reuniones con los integrantes de un grupo criminal que operaba en Michoacán, pero argumentó, que acudió “porque fue llamada”.


Formalmente fue acusada de extorsión, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se sabe que la familia de Karrum Cervantes realizaba trámites para que se le concediera la prisión domiciliaria, por los problemas de salud que presentaba.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Grupo México pagó más de 23 mdp por derrame en Sonora: Profepa

México, DF. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la empresa minera Buenavista del Cobre pagó 23 millones 565 mil 938 pesos para cubrir las multas que se le impuso tras derramar sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora, Bacanuchi y en  el arroyo Tinajas.

El importe total de estas multas es independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el gobierno federal a la compañía, para asegurar la remedición de los ríos y los perjuicios causados a la población por la emergencia ambiental en cuestión, agregó la dependencia en un comunicado.

Destacó que las sanciones impuestas por la autoridad ambiental el 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 diversas irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de la solución referida.

La Profepa explicó que la empresa no contaba con la licencia ambiental única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

También informó que el primer pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por la firma, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos que cubre multas impuestas por incurrir  en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.

Los siguientes pagos son por un total de 7 millones 711 mil pesos por las irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada (3 irregularidades);  4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera (9 irregularidades); y 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos (7 irregularidades).

Resaltó que continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. También coadyuvará con la PGR en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

“Cuando me censuren, los primeros que se van a enterar son ustedes”: Brozo

"La decisión de que corran o no (los videos) en Estados Unidos es exclusiva de Univisión", dijo esta mañana.

Brozo, el payaso tenebroso, habló esta mañana en su programa sobre una presunta “censura” a uno de sus comentarios, difundido en Youtube, en Estados Unidos.

Como parte de una de sus obras en la “galería mañanera”, comentó que “muy temprano les he de soltar la verdura”.

Refirió que por ahí “salió una nota escándalo” diciendo que Televisa “me estaba bloqueando” en EU, en específico el comentario que hizo sobre la periodista Carmen Aristegui, a quien le dijo “te voy a ti”.

El también periodista sostuvo que “todo lo que venga etiquetado como Televisa, en Estados Unidos no se ve”.

“La decisión de que corran o no (los videos) en Estados Unidos es exclusiva de Univisión“, afirmó.

“Si este programa pasara por Univisión y hubieran bajado nuestro video de la red, hubiera dicho: oye mano, no me jodas“, agregó.

Sobre su comentario de Carmen Aristegui, expresó que “me siento orgulloso y lo sostengo”.


Y advirtió: “Cuando me censuren, los primeros que se van a enterar, son ustedes”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ocotlán, Jalisco: versiones encontradas sobre “balacera de terror”

Reportes de la 'Revista Zócalo', 'El Informador de Guadalajara', y 'El Universal'.

Se reproduce un fragmento de la crónica que publica la Revista Zócalo:

Guadalajara, Jalisco.- Nadie ofreció indicaciones a los vecinos de la calle Oxnard sobre cómo protegerse después de la balacera. Sabían qué no hacer y aguardaban encajonados en sus casas, las más próximas al sitio del enfrentamiento no tenían ni las luces encendidas. Ocurrió todo muy rápido, en cuestión de segundos las calles sobre las que tres horas antes se instaló una cenaduría y jugaron los niños, estaba sitiada por cinco patrullas en Honorato Barrera, el primer bloqueo, y otras diez en Manuel Martínez, el segundo filtro, ambos cercados por policías estatales y federales que cerraban entre los dos bloques diez oscuros metros limpios de tráfico o peatones. Disponían de la calle, únicamente, el desplazamiento constante de policías uniformados de armas desenfundadas, ambulancias militares custodiadas por camionetas de la Gendarmería Estatal y patrullas que seguían nutriendo el desplegado negro de vehículos oficiales.

La exacta boca del lobo, donde los elementos de seguridad se encontraban a la expectativa de un posible nuevo enfrentamiento no resultaba ni oscura o profunda, más bien reducida a un nicho de oficiales apretujados y tensos parpadeos de azul y rojo. Sólo dos reporteros de Televisa y un camarógrafo pudieron adentrarse para transmitir a nivel nacional el hecho. Bajo su propio riesgo, como advirtió un oficial estatal que acariciaba su arma con elocuencia clara y sin más permisos de acceso, aun pedidos “Por favor”.

(…)

Los dos helicópteros enviados desde las diez de la noche se deslizaban casi planchado los techos de las casas de Ocotlán y el tren pasaba sin dar tregua, rugiendo más fuerte al silencio. Dos mujeres se despidieron de los paramédicos y salieron decepcionadas de las instalaciones de la Cruz Roja rumbo a la clínica del IMSS para seguir buscando, en medio de la noche sitiada, a su padre a quien mencionaban como desaparecido.

(…)

Ahí comenzaron a hacerse más próximos los muertos: Una camioneta del SEMEFO salió con lentitud del hospital. El encargado de seguridad informó que dentro había fallecido una mujer joven, de aproximadamente 22 años, cuyo cuerpo no fue identificado, quien se sumaba a los otros dos civiles muertos y ocho elementos de la Gendarmería lesionados.

Por Avenida Universidad seguían pasando caravanas de patrullas y camionetas militares hechas aire, mientras en la oscuridad de las calles aledañas a la carretera rondaban motociclistas tan expectantes como los oficiales, se detenían ante la presencia de cualquier persona y no desclavaban la mirada hasta que ambos se perdían de vista. “Hay que cuidarse de las motocicletas solitarias” habían estado recomendando previamente.

Las calles quedaron invadidas por sirenas y helicópteros que en su disturbio, advierten con claridad la recomendación de no salir y un desconcierto general de los hechos que desde hoy comienza a modificar algunas vidas de la ciudadanía en Ocotlán.

En tanto, de acuerdo con El Informador de Guadalajara publicó:

“Este ya es un pueblo de dar miedo”, exclamó cabizbajo el ocotlense Javier Rodríguez, uno de los moradores de las calles de la colonia La Mascota, que la noche de este jueves se volvió un campo de batalla protagonizado por grupos de delincuentes y oficiales de la Gendarmería Nacional. 


Al respecto, según El Universal, señala que “elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal fueron emboscados cuando realizaban labores de vigilancia, con saldo de cinco gendarmes muertos, así como tres agresores y dos civiles ajenos al percance“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÑON.

Micrositiados

MÉXICO, D.F: Allí sentada en el Senado, contemplando durante seis horas la farsa que fue la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Allí sentada escuchando las mentiras que llevan a un amigo del presidente a ocupar durante 15 años el Tribunal Supremo de la Nación.

Allí sentada observando cómo un órgano “representativo” dejaba de representar e ignoraba más de 52 mil firmas ciudadanas –reunidas en apenas una semana– contra una candidatura que revelaba las penurias del poder en México. La arrogancia de Enrique Peña Nieto al imponer a alguien no calificado para el puesto. La desvergüenza del PRI que ni siquiera salió a defender la postulación. 

La complicidad del PAN que se prestó al trueque, a cambio de un ministro “suyo” o un certificado de impunidad para el gobernador panista de Sonora. La pusilanimidad de la izquierda dividida, con ausencias, con ambivalencias, con personajes que en el momento clave ni siquiera se presentaron a votar.

Todos exhibiéndose y exhibiendo lo que ocurre con nuestras instituciones de deliberación democrática y cómo se doblegan. O se vuelven comparsas. O promueven la protección política antes que la representación democrática. O permiten que Enrique Peña Nieto se comporte como “un presidente como los de antes”, en palabras de la politóloga Soledad Loaeza. Un presidente que se dice transformador cuando en realidad es restaurador. Un presidente que se rehúsa a cambiar la forma autoritaria de ejercer el poder que caracterizó al PRI en el siglo XX. La que permite colocar amigos, premiar compadres, repartir prebendas, ignorar la protesta o pretender que no existe.

Porque allí estaban los cuestionamientos válidos de Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y Catalina Pérez Correa que impulsaron las 52 mil firmas. Las preguntas a las cuales ni el PAN ni el PRI ni el PVEM dieron respuesta jamás. ¿Por qué colocar en la Corte a alguien cuyo desempeño como funcionario público había sido tan cuestionable? ¿Por qué imponer en una institución que debe vigilar las garantías individuales a una persona que –en numerosas ocasiones– había demostrado su desprecio por ellas? ¿Por qué postular a un puesto jurídico de la mayor importancia a un abogado que había perdido tantos juicios de inconstitucionalidad y bajo cuyo mando 38 funcionarios públicos de Michoacán habían sido liberados por falta de pruebas que la PGR no fue capaz de presentar? ¿Por qué avalar la llegada a la Suprema Corte, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, a alguien que la había violado al permitir el entrenamiento de personal mexicano para apoyar programas de trasiego de armas desde Estados Unidos?

Eduardo Medina Mora intentó –malamente– responder a estas interrogantes mientras sus impulsores guardaron silencio o recurrieron a argumentos pueriles para apuntalarlo. Como escribió Jesús Silva Herzog Márquez: “¿No le darán pena a Medina Mora los argumentos de sus defensores? Es mi amigo, fue mi compañero, es un papá cariñoso…” Esos defensores que no tuvieron argumentos para explicar la descomposición de la justicia entre 2000 y 2009, cuando Medina Mora encabezó organismos clave –Cisen, SSP y PGR– y fueron precisamente las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia las que sufrieron mayor deterioro. No encontraron cómo encarar el hecho de que muchas de las leyes que Medina Mora empujó en aras de la “seguridad nacional” llevaron a una sistemática reducción de los derechos fundamentales de la población. No supieron cómo explicar por qué con Medina Mora aumentó la discrecionalidad abusiva de las instituciones que encabezó.

Y el Senado, en lugar de atender estas preocupaciones legítimas, las desoyó. En lugar de abrir el espacio indispensable para un debate profundo, amplio, serio, participativo, optó por obedecer las órdenes del presidente y sacrificar su autonomía. Sacrificar su papel como contrapeso. Sacrificar su tarea constitucional de vigilar al Poder Ejecutivo y no simplemente hacerle los mandados. El Senado mostró la más absoluta indiferencia ante las violaciones a mujeres por policías bajo el mando de Medina Mora en el caso de Atenco. Cerró los ojos ante el escándalo de que la PGR –cuando él la encabezó– se tardó tres años en presentar conclusiones “no acusatorias” contra tres mujeres indígenas, injustamente presas, que después fueron liberadas. Guardó silencio sobre el uso desmedido del arraigo, que llevó tan sólo a 38 sentencias condenatorias más que su predecesor. No investigó ni escrutó ni sopesó la candidatura de Medina Mora como debió hacerlo.

Y he allí las consecuencias. Un federalismo amenazado por la pérdida de contrapesos al Poder Ejecutivo que debería colocar el Poder Judicial. Un Senado desacreditado por la forma fast track en la cual procesó la postulación de Medina Mora, ante el temor de que la presión pública aumentara y el número de firmas creciera. Un nuevo ministro que fue uno de los principales artífices de la guerra fallida contra el narcotráfico que derivó en tanta sangre, tantos desaparecidos, tantos derechos violados, tantos esfuerzos infructuosos. Una ciudadanía que con 52 mil firmas exigía –al mínimo– un debate más extenso, un escrutinio más honesto, un proceso más transparente y no negociado a priori para que fuera un hecho consumado. Una clase política que sin distinciones ideológicas mina la confianza en las instituciones, en la democracia, en el gobierno, en el país.


Penoso ver al presidente de la Comisión de Justicia del Senado –Roberto Gil Zuarth– afirmando que todo había sido desahogado, y mofándose de quienes habían participado en el esfuerzo ciudadano de firmar para protestar. Penoso presenciar a senadores abyectos, ensalzando un dictamen que ni siquiera habían leído, votando al vapor. Demostrando con su actuación que el capitalismo de cuates va acompañado de la justicia de cuates. Un lugar donde la exigencia de un debate informado con amplia participación de la sociedad civil es antitético y anatema a su comportamiento. Un lugar donde 52 mil firmas son enviadas –como nos informa el senador plurinominal Gil Zuarth – a un “micrositio”. Ese paraje inhóspito donde la clase política nos condena a vivir. Micrositiados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.

Prensa canalla y autoritarismo

MÉXICO, D.F: Apenas se concretó el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias y en la prensa oficiosa el mensaje fue que se trataba de un conflicto laboral, no un caso de libertad de expresión. Al unísono, esa prensa preparó el terreno de la opinión pública para que el gobierno de Enrique Peña Nieto saliera a decir, en defensa propia, que se trataba de un asunto entre particulares.

El objetivo de esa estrategia era desvincular al gobierno de Peña de la supuesta decisión empresarial de la familia Vargas de desconocer el contrato con Aristegui. Alegó sentirse agraviada por el uso sin su permiso de la marca MVS en Méxicoleaks, una innovadora plataforma en la que participan distintos medios -entre ellos la revista Proceso- para la filtración de datos e información que puedan conducir a investigaciones periodísticas.

Fue un mero pretexto, como lo señaló Aristegui el jueves al fijar su posición sobre el conflicto, que en realidad tiene mucho de artificio.

Con la idea del conflicto laboral entre particulares se pretende ocultar la molestia de la Presidencia de la República con la revelación en el espacio de Aristegui en MVS de la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, con la intervención de la omnipresente Televisa y del contratista del peñismo Juan Armando Hinojosa. La noticia tuvo un alto impacto negativo en la imagen internacional de Peña Nieto.

Desde Los Pinos se quiso esconder la mano en la medida represiva de MVS y lanzó a sus periodistas a sembrar la idea del conflicto entre particulares. Contra ese argumento, la audiencia de Aristegui y la opinión pública necesitan conocer la historia en la que la periodista y la empresa aún tienen mucho que explicar. Para empezar, la negativa de MVS de difundir la investigación sobre la “Casa Blanca” más allá del espacio matutino de noticias que tenía Aristegui.

Se ha insistido en que se trata de una regresión al autoritarismo. No es así por la sencilla razón de que no lo hemos superado. La alternancia política no ha sido suficiente para considerarlo como cosa del pasado político. Aristegui lo sufrió en el gobierno panista de Felipe Calderón, también en MVS, por preguntar si el presidente tenía una problema de alcoholismo.

Ese gobierno fue también el que acabó con el espacio radiofónico de José Gutiérrez Vivó, el precursor de las barras de noticias como hoy las tenemos en México. Otro conflicto empresarial, en este caso con Grupo Radio Centro, ahora ganador de una de las dos cadenas nacionales de televisión, fue el motivo de la desaparición de Radio Monitor.

Pero detrás estuvo el chantaje del recién llegado gobierno de Calderón de que Monitor cambiara línea editorial, supuestamente favorable al opositor Andrés Manuel López Obrador, a cambio de facilitar el arreglo con Grupo Radio Centro.

Otra agresión del panismo fue en contra de Proceso, cuando la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a la revista por supuesto daño moral. Después de un largo litigio, el caso se resolvió a favor de la libertad de expresión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El autoritarismo no se ha ido sencillamente porque no hemos evolucionado hacia una sociedad democrática de hecho. Sólo lo somos en el dicho. La prensa oficiosa es responsable de ese estancamiento, convertida es una auténtica rémora para la democracia.

Aun cuando esa prensa insista en que se trata de un conflicto laboral entre particulares, el caso puede derivar en tribunales si no hay arreglo entre Aristegui y MVS. En la dimensión jurídica quedará en claro que se trata de un asunto de libertad de expresión.

Sin ser una casualidad en la coyuntura, la SCJN resolvió este jueves un litigio en relación con la libertad de expresión y un “conflicto entre particulares”.

A falta de una legislación específica, que los dueños de las empresas periodísticas oficiosas han impedido que se construya bajo el argumento de la autoregulación con sus quimeras llamadas códigos de ética, la SCJN ha venido estableciendo en años recientes una serie de criterios siempre en favor de la libertad de expresión.

En su resolución, define ese derecho como la plena libertad que tienen las personas para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, “imprescindible… para ejercer plenamente otros derechos fundamentales y… elemento funcional que determina la calidad de la vida democrática de un país”.

La Primera Sala de la Corte estableció: Si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.


Aun cuando acabara en un litigio, el caso Aristegui-MVS tiene que ver con la calidad de la vida pública de México: cuando un tribunal, resolvió la Corte, decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

AI aplaude liberación de víctima de tortura que estuvo preso 23 años (19 MARZO 2015)

México D.F: Amnistía Internacional (AI) aplaudió la decisión de la Corte de excarcelar a Alfonso Martín del Campo Dodd por violaciones al debido proceso.

El ahora exreo purgaba sentencia de 50 años en prisión por el delito de homicidio en agravio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Sólo había cumplido 23 años.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata al comprobar que fue torturado para inculparse del doble homicidio cometido en 1992.

En un comunicado, la organización reconoció que el fallo de la Corte refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.

Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

De acuerdo con la organización, el caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura.

La excarcelación de Martín del Campo no fue recibida por su sobrina María Fernanda Zamudio. En declaraciones a Radio Fórmula, la joven que presenció el crimen cuando tenía cuatro años de edad lamentó la decisión del tribunal.

“Estoy profundamente triste al ver cómo en este país, aunque hayamos metido muchas pruebas, aunque hicimos muchísimas cosas, no obtuvimos justicia, mis padres quedaron totalmente sin justicia en este país, es muy lamentable que no exista”, dijo.

Añadió que “nosotros en el proceso de reconocimiento de inocencia, metimos tres dictámenes, dos de la Procuraduría General de la República (PGR) y uno de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde concluía que no había tortura y no lo tomaron en cuenta”.

Incluso, subrayó que el documento que tomaron para sostener la tortura fue uno hecho por una organización que lo defendió.

“Entonces un dictamen que su propia defensa aporta, obviamente va a decir que hay tortura y es increíble que no hayan tomado en cuenta lo que nosotros metimos, que sí están en el reconocimiento de inocencia”, indicó María Fernanda.


Y concluyó: “Me da mucha tristeza ver como el crimen de mis padres ha quedado impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Prevén suspensión temporal del PRI a Cuauhtémoc Gutiérrez

México, DF. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI, cuya presidencia se encuentra acéfala, está convocada hoy por la tarde para definir si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (hijo de El rey de la basura), es expulsado de las filas del tricolor.

En el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionarios Institucional, se considera improbable que Gutiérrez de la Torre sea expulsado de ese instituto político, y se prevé que en las próximas horas la sanción que reciba sea la suspensión de derechos por un lapso de seis meses a un año.

El argumento que se barajará entre los integrantes de la Comisión de Justicia de ese partido es que Gutiérrez de la Torre poseé un singular y numeroso arraigo en la capital del país, que no será posible expulsarlo por tal circunstancia. E incluso el listado de las diputaciones plurinominales priístas (que generaron controversia) reflejan la importancia de Gutiérrez de la Torre en materia de votos, para la cúpula de su partido.

Así, en medio de la cuestionada operatividad de la Comisión de Justicia, el hijo de El rey de la basura, implicado -y operador- de una red de prostitución en torno al PRI del Distrito Federal, no será expulsado de las filas priístas. No obstante entre su correligionarias, ligadas al caso persiste el rechazo por la organización criminal que estructuró, en materia de prostitución, Gutiérrez de la Torre. Tal es el caso de Italy Ciani Sotomayor quien hasta hace 10 días fungía como al presidenta de la comisión que habrá de dirimir hoy el resultado del dictamen contra el presunto responsable.

Ella renunció a esa posición por considerar el caso indigno para su condición de mujer. Así, su sustituta, Reyna Araceli Tirado, también decidió abandonar la presidencia de la comisión arguyendo las mismas circunstancias de Italy Ciani, es decir, su condición de mujer, y sus principios éticos y morales.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ROBERTO GARDUÑO.

‘Desaparición forzada’

Expertos de la CIDH que analizan el caso de los 43 normalistas desaparecidos pidieron al Gobierno que no trate el caso solo como secuestro y homicidio.

Al concluir una primera visita de casi tres semanas a México, el grupo selecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los jueces que llevan el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero que lo traten como desaparición forzada y no solo como secuestro y homicidio, como hasta ahora.

Los expertos agregaron que hay “poca claridad” sobre lo que pasó con ellos, por lo que pidieron al Gobierno mexicano mantener su búsqueda.

El abogado chileno Francisco Cox dijo que la importancia de que sea considerado como un caso de desaparición forzada es que se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe.

Agregó que el fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de la investigación les comentó a los expertos que él había intentado reclasificar los delitos como desaparición forzada pero les aseguró que “había sido más bien el juez quien había desestimado esta calificación”.

Nuevos elementos

Los miembros del grupo señalaron que también pidieron a las autoridades mexicanas poder entrevistar al personal del batallón militar de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, para conocer más detalles de lo que sucedió ese día.

El médico español Carlos Beristain añadió que aún deben revisar más documentación y testimonios.


Los expertos adelantaron que han encontrado algunos “elementos” nuevos, pero evitaron dar detalles.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

“Gacelas” de Aguirre custodian a candidata del PRD-PT a la gubernatura de Guerrero

CHILPANCINGO. Gro: Personal del agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Pública conocido como Gacelas, adscrito a la coordinación de Seguridad del Ejecutivo estatal, fue habilitado como escolta personal de la candidata de la coalición PRD-PT a la gubernatura de la entidad, Beatriz Mojica Morga.

Este equipo fue conformado y es dirigido por el jefe de escoltas del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el teniente retirado Felipe Martín Ornelas Rebollo, un personaje siniestro vinculado al narco y que ahora asumió la seguridad de Mojica Morga.

Esta mañana, la candidata perredista realizó un acto de campaña en el mercado municipal de esta capital, donde estuvo resguardada por cuatro Gacelas vestidas de civil, aunque armadas.

El cinturón de seguridad fue completado por al menos cinco policías estatales más, todos vestidos de civil, quienes se mantuvieron al margen del primer círculo de protección.

Mojica Morga arribó a la central de abastos a bordo de una camioneta blanca de la marca Chevrolet modelo Tahoe y que tiene un precio en el mercado de más de medio millón de pesos. Mientras que su equipo de seguridad se desplaza en una camioneta tipo Suv de la marca Mitsubishi modelo Endeavor.

Al preguntarle sobre su equipo de seguridad personal, la candidata perredista dijo que son “sus amigas” y rechazó que el grupo de escoltas estén habilitados como policías estatales.

“No tengo seguridad estatal, no me la han ofrecido”, expresó Mojica, quien recurrió al grupo Gacelas para blindar sus recorridos en esta campaña que se desarrolla en un contexto de inseguridad y violencia que tiene asfixiada a la sociedad de Guerrero.

El grupo femenil de escoltas está encabezado por Maria de Lourdes, una mujer policía adscrita a la coordinación de Seguridad del Ejecutivo estatal, organismo dirigido por el teniente Felipe Martín Ornelas Rebollo durante la administración de Aguirre.

Ornelas Rebollo se desempeñó como jefe de Operaciones de la 27 Zona Militar en 1998 y encabezó la acción castrense en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, donde soldados de Infantería masacraron a once indígenas mixtecos y cinco personas más resultaron heridas, todos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente (ERPI), refieren reportes oficiales consultados por Apro.

Posteriormente, en junio de 2008, policías ministeriales de Chiapas implicaron al teniente retirado en el caso del aseguramiento de una tonelada de cocaína que fue desaparecida bajo el argumento de que “era lactosa”.

En ese entonces, Ornelas Rebollo se desempeñaba como comandante de la Policía Ministerial de aquella entidad del sureste y el director de la corporación era el general Marcos Esteban Juárez Escalera, actual secretario de Seguridad en Acapulco.


Ambos fueron denunciados por su presunta responsabilidad en el decomiso y posterior desaparición de mil 824 paquetes con polvo blanco, que traían etiquetas con la leyenda “Cártel de Sinaloa” y que transportaba un grupo de sujetos armados detenidos en la colonia Patria Nueva.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

El 44 por ciento del territorio de Colima, concesionado a mineras

ZACUALPAN, Col: El proyecto para explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso provocó un conflicto social en esta comunidad indígena nahua, que después de casi año y medio vive en una tensión permanente, que podría desencadenar enfrentamientos con resultados trágicos.

Entre el 1 y el 4 de marzo, una Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el Caso Zacualpan visitó el estado y en dos ocasiones intentó ingresar al pueblo para entrevistarse con las autoridades comunales y miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). No obstante, un grupo de comuneros priistas bloqueó la carretera con piedras y, armado con palos, tubos y machetes, le impidió el acceso.

En su informe final, los observadores –pertenecientes a 18 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México– responsabilizaron al gobernador Mario Anguiano Moreno de “cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho”.

La Misión estuvo integrada, entre otros, por Jennifer Moore, de MiningWatch; María Colín, de Greenpeace; Mario Gálvez, de Peace Action; Miguel Ángel Mijangos, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Alison Wright, de Environmental Defender Law Center; María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados de Jalisco, y personajes como la cineasta Dana Rotberg y el antropólogo Gilberto López y Rivas.

Después de los primeros meses de protestas en contra de la mina —en cuyo contexto la asamblea comunal declaró a Zacualpan como “Territorio libre de minería” y esto fue reconocido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38—, autoridades estatales y federales afirmaron que no se llevaría a cabo el proyecto, pero la Misión Internacional corroboró que hasta la fecha hay dos concesiones vigentes en esa zona, relacionadas con los lotes Heliotropo y Tigrilla.

A juicio del grupo de observadores, el conflicto de Zacualpan en realidad fue originado por una política implementada por el gobierno federal, que “de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras”, sin que los pueblos de todo el país, y del estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.

“Esta política entreguista y de despojo —añadieron en su documento— genera que 44% del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.

Datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía, muestran que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en la entidad, de 113 a 297.

La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, en desarrollo o en plena producción.

La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadunidenses Tara Minerals Corp., Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, así como la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc, y Ternium, de capital italo-argentino.

En entrevista, el antropólogo Gilberto López y Rivas dice que Colima —uno de los estados más pequeños del país— “es un caso paradigmático en cuanto a la entrega de los territorios a la ocupación integral que sufre el país a partir de las llamadas reformas estructurales y el modelo neoliberal, es decir, esta entidad no es más que el espejo de lo que ocurre en toda la República en el tratamiento racista y subordinante contra los pueblos indígenas para que dejen de resistir”.

Con una población de poco más de 2 mil habitantes, Zacualpan es una de las comunidades indígenas más grandes de Colima y, según las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se encuentra en el tercer lugar de las localidades con mayor rezago social en el estado.

A finales de 2013, un amplio grupo de comuneros de este lugar, encabezados por Epitacia Zamora (fallecida recientemente), Jesús Santos, Dilva Peña y Rosalío Martínez, entre otros, se inconformaron contra la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de tratar de imponer un proyecto minero pese al rechazo de la asamblea.

Agrupados en el CIDTZ, pidieron el respaldo y asesoría del grupo ambientalista Bios Iguana, con la preocupación por el riesgo que implicaría la actividad minera para el manantial Ojo de Agua, que además de dar vida a un balneario ecoturístico de la comunidad, la abastece de agua potable a ella y a cerca de 300 mil habitantes de la capital del estado (Proceso 1939).

El movimiento contra la mina logró en febrero de 2014 la destitución de los representantes comunales y el nombramiento de otra mesa directiva, que estuvo en funciones provisionalmente hasta diciembre de ese año, cuando un tribunal ordenó otra elección en la que triunfó de nuevo la corriente cercana al CIDTZ, con Taurino Rincón Lorenzo como presidente de Bienes Comunales.

A lo largo de este periodo se ha vivido un pesado ambiente al interior de la comunidad, con conatos de violencia, luego de que los seguidores del depuesto dirigente comunal Carlos Guzmán —identificados con el PRI— tomaron por la fuerza desde hace varios meses el balneario ecoturístico Ojo de Agua, que representa ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, a pesar de que el TUA 38 determinó que su administración corresponde a las autoridades comunales legalmente constituidas.

De acuerdo con denuncias realizadas por el CIDTZ y por Bios Iguana, el conflicto de Zacualpan ha arrojado un saldo de detenciones temporales, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de integrantes y activistas de estas organizaciones, particularmente Esperanza Salazar Zenil, Jesús Santos Quirino, Dilva Peña Velázquez, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Misael Andrade Simental, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi y Alejandro Bueno Salazar. Los tres últimos se vieron obligados a salir del estado para resguardar su integridad física.

En el informe de su visita, la Misión Internacional denunció que en Colima prevalece un clima de “criminalización, persecución y amenazas” contra defensores de derechos humanos, y exigió al gobierno estatal instrumentar medidas cautelares para la protección de los habitantes de la comunidad y los activistas que se encuentran en riesgo, de manera especial atender en forma inmediata los casos de quienes tuvieron que emigrar del estado.

Aunque en el discurso gubernamental el tema de la mina se considera superado, el grupo de observadores estimó que el asunto se mantiene latente.

Otorgado en octubre de 1995 a nombre del fallecido Adolfo Pineda Martínez, el título de concesión 211872, que afecta el lote minero denominado Heliotropo, abarca un periodo de 50 años.

Después de entrevistarse con funcionarios estatales, federales y municipales, los miembros de la Misión se mostraron sorprendidos, debido a que todos ellos “repitieron de muchas formas y maneras que no hay conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”.

Según los activistas, el 18 de julio de 2014 la Secretaría de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación por parte de la empresa Gabfer SA de CV, “lo que implica que hay un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el expediente 626/2014 de la Secretaría de Economía, ello significa que sí hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero”.

Existen varias evidencias, señalaron los observadores, de que dos concesiones siguen activas en el territorio de Zacualpan, como el hecho de que “cada año alguien está pagando los derechos para que no se les dé de baja”.

Públicamente, el pequeño empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez, propietario de un autolavado en Colima, aparece como representante de la empresa Gabfer, aunque no ha dado a conocer quiénes son los inversionistas.

De acuerdo con indagatorias de la agencia Apro, se pudo conocer que desde noviembre de 2011 la empresa Consultores en Ecología con Visión Integral SA de CV (Corevi) concluyó una Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad general, del proyecto Heliotropo ubicado en el municipio de Comala, Colima, y otro estudio similar fue realizado en torno del proyecto Tigrilla, amparado por la concesión 227572, otorgada en 2006 también en el municipio de Comala.

La empresa que encargó estos estudios, según lo informa Corevi en su sitio web, es la Minera Teck SA de CV, con sede en Guadalajara, y subsidiaria de la compañía canadiense Teck Resources Limited, con oficinas centrales en la ciudad de Vancouver.

No obstante, desde el inicio del conflicto hasta la fecha, funcionarios de los gobiernos estatal y federal han asegurado desconocer la existencia de alguna Manifestación de Impacto Ambiental para proyectos mineros en esa zona.
Gilberto López y Rivas responsabiliza al gobierno de Colima de haber introducido en Zacualpan “un supuesto conflicto intercomunitario” con la finalidad de romper el tejido social de la resistencia a través de la actuación de “un grupúsculo” ligado al PRI que no deja trabajar a las autoridades comunales electas en asamblea.

Se trata, dice el antropólogo, de “un conflicto administrado, dosificado, manipulado y financiado por el gobierno del estado en el que ocultan quién está detrás de las minas, quién está detrás de mantener el Ojo de Agua para los priistas, pero lo que se ve es una alianza de las autoridades con ese grupo para mantener el statu quo”.

Desde el punto de vista de López y Rivas, el objetivo es dejar el territorio libre a las trasnacionales para convertir a Colima en el paraíso de las corporaciones, “como el lugar donde el capital puede hacer y deshacer como quiera”.

Luego de que la noche del pasado lunes 1 el grupo priista bloqueó la carretera e impidió la entrada de la Misión a Zacualpan, al día siguiente los visitantes se entrevistaron con diversos funcionarios, entre ellos el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien, según ellos, les ofreció garantías para el libre tránsito el martes 2, a las 8:30 de la mañana.

Al presentarse por segunda ocasión, la caravana encontró nuevamente cerrado el acceso a la comunidad, mientras a los costados de la carretera había cerca de 30 camionetas de las policías Estatal y de Procuración de Justicia, así como el grupo antimotines y una tanqueta.

Ante la petición de los observadores de que el gobierno estatal garantizara el derecho al libre tránsito, el director general de Gobierno, José Alberto Peregrina Sánchez, cabildeó durante casi dos horas con los comuneros priistas, encabezados entre otros por Guadalupe Laureano Quirino y Alicia Aranda Olivares, pero no accedieron a levantar el bloqueo.

Cuando los miembros de la Misión reclamaron al funcionario que no había hecho “su tarea” de negociación desde el día anterior, pese a que existían medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con ese propósito, Peregrina les dijo que se implementaría un operativo para “romper el cerco” y retirar a los inconformes mediante la fuerza pública, lo que fue reprobado por los activistas, quienes abandonaron el lugar porque, dijeron, no estaban dispuestos a avalar un acto de represión, que al final no se consumó.

Posteriormente, en su informe, los observadores denunciaron que el funcionario “de manera burda e incluso ridícula, pretendió montar un escenario ideal para que la Misión fuera una causal para reprimir al grupo que estaba bloqueando el camino”, pero “lo único que logró fue poner en evidencia los verdaderos intereses del gobierno del estado, al estar abonando a la agudización de un conflicto que esperamos no tenga fatales consecuencias”.

El miércoles 4, la Misión informó que en su reunión del lunes con el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, uno de los acuerdos fue establecer un trabajo colegiado con el propósito de cancelar de manera permanente la concesión minera, aun y a pesar de que no es un proyecto consumado de forma legal, pues “ha sido ya la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos, a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a los promoventes de las mineras”.

No obstante, para ese momento ya se había generado una ruptura entre los activistas y el gobierno estatal.

Pese a la intención que tuvo el gobierno estatal de usar la fuerza pública, medida anunciada ante observadores y periodistas presentes en el lugar, Rogelio Rueda descargó esa responsabilidad sobre los miembros de la Misión.
“Quienes pretenden criminalizar la protesta de un grupo de gente de Zacualpan son gente extraña a la comunidad que insiste en que se les consigne por presuntos delitos”, dijo mediante un comunicado de prensa emitido el miércoles 4.

Añadió: “Creemos que encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé, y aunque nos tome más tiempo y aunque nos tome más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden en Zacualpan, esas son las instrucciones que tenemos del gobernador y a eso estamos dedicados”.

Según el funcionario, inicialmente los visitantes expresaron su interés por conocer la situación de la actividad minera en la comunidad, pero “aun cuando se les brindó la información necesaria y les quedó claro que no hay ni habrá una mina en Zacualpan, como manifestaron era su temor, ahora han ampliado sus intereses hacia los temas de derechos humanos, incluso hemos visto que pretenden inmiscuirse en la vida interna de la comunidad de Zacualpan”.

En relación con la demanda de coadyuvar en la cancelación de la concesión, Rueda Sánchez expresó que del gobierno del estado no habrá oposición a este procedimiento, pero “es un tema que se tiene que dirimir con el gobierno federal, quien administra los bienes de la nación, como son los minerales”.

Y sobre las denuncias de amenazas y hostigamiento contra miembros del CIDTZ y de Bios Iguana, el secretario de Gobierno argumentó que ese asunto ya fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el 29 de enero pasado “archivó el asunto porque no hay ninguna violación a los derechos humanos de la gente de Bios Iguana o de la gente que estaba involucrada en esta problemática de Zacualpan”.


Ante de irse, los miembros de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan se mostraron preocupados por lo que vieron y concluyeron que en Colima “prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y del federal”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Destituyen a directivo del IPN por desvío de 171.3 mdp

MÉXICO, D.F: Enrique Mata Campanato, director de recursos materiales y servicios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), renunció a su cargo luego de que se diera a conocer que desvió 171 millones 393 mil 561 pesos durante el paro que se registró en esa institución educativa.

El dinero, según publicó el diario Reforma, se utilizó de manera irregular para la compra de mobiliario y bienes informáticos y el gasto se hizo a través de dos procesos de adjudicación directa al Sistema de Tiendas y Farmacias de los Trabajadores al Servicio del Estado (SuperISSSTE).

Dicha adjudicación se hizo en pleno paro del IPN, cuando los estudiantes demandaban la cancelación del plan de estudios y su reglamento interno que, según los estudiantes, iba en demérito de su preparación académica.

Según Reforma la lista de bienes que debía entregar SuperISSSTE al IPN incluyó: anaqueles metálicos, escritorios secretariales, sillas infantiles, periqueras, consolas de audio de 12 canales, grabadoras de voz digital, reproductores de DVD, cámaras fotográficas digitales profesionales, kits de laboratorio de cómputo, kits de equipo dental e incluso plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros productos.

Este jueves, la Coordinación de Comunicación Social del IPN informó que ya solicitó la renuncia a Mata Campanato y que el Órgano Interno de Control (OIC) del IPN realiza el procedimiento legal correspondiente, a fin de “proceder conforme a la normatividad vigente”.


Mata era director de recursos materiales y servicios desde mediados del año pasado y es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del IPN, según el currículum publicado en el portal de internet de la institución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aristegui pide volver, MVS dice no

La periodista pidió a MVS reconsiderar su decisión de despedirla, pero la empresa reiteró que su relación ha terminado.

La periodista Carmen Aristegui pidió anoche a los dueños de la empresa MVS reconsiderar su decisión de rescindir su contrato para que ella pueda regresar al aire con su noticiero.

Sin embargo, MVS rechazó la propuesta de la conductora y reiteró que la relación contractual con ella ha concluido.

Aristegui –tras la cancelación de una conferencia de prensa al mediodía– dio ayer por la tarde su mensaje vía streaming a través de su página Aristegui Noticias. 

Sus palabras fueron principalmente dirigidas hacia la familia Vargas, propietaria de la cadena MVS.

Aristegui propuso abrir un canal de comunicación con los directivos de la empresa y sostener un encuentro el próximo lunes para solucionar el conflicto.

La periodista dijo estar convencida de que detrás de la decisión de la empresa  MVS de rescindir su contrato y despedir a sus colaboradores hay algo más que un tema de autorización de marcas en la plataforma MéxicoLeaks.

Aristegui dejó entrever que en la decisión de MVS de cancelar su contrato hubo intervención del Gobierno, pero aceptó que no tiene las pruebas para afirmarlo.

Según la periodista, su despido tiene que ver con la revelación que hizo en su noticiero del caso de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

La conductora calificó su despido como un “golpe” en contra de la libertad de expresión y pidió a los dueños de MVS no formar parte de él.

“No está México para aceptar prácticas echeverristas”, aseguró.

Un ‘no’ contundente

Después de su mensaje, la empresa MVS, a través de un comunicado, sepultó cualquier posibilidad de llegar a una reconciliación con Aristegui.

“Nuestra relación ha terminado. Te deseamos buena suerte”, concluyó el comunicado firmado por Felipe Chao, director jurídico de MVS.

En la respuesta de MVS, la empresa aclaró que la comunicadora no dio oportunidad de discutir los lineamientos editoriales que reclama y que el diálogo no se atiende imponiendo condiciones.

MVS señaló que el autor del reportaje de la Casa Blanca no fue Aristegui, sino el periodista Rafael Cabrera, que sigue laborando en la empresa.

Sin embargo, el periodista anoche aclaró en su cuenta de Twitter que está despedido desde el 16 de marzo y que no ha firmado porque no está de acuerdo con la liquidación.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: AZANETH CRUZ.

Adolorido, pero de pie

El saldo de la rebelión civil armada le deja a Hipólito Mora dos aprehensiones, la ruina económica, traiciones, y lo peor de todo, un hijo muerto. Aún así, el exautodefensa asegura que seguirá la lucha, ahora como candidato a diputado federal.

El letrero sobre el camino se anticipa a la expectativa: Bienvenidos a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana). Lugar de tierra fértil y gente honesta. 

El hombre personifica el eslogan. No se reserva al hablar, dice lo que piensa. Contesta directo. Habla con franqueza de sus aspiraciones y de la oportunidad que le da la vida de poder alzar la voz representando a los que no se atreven o no pueden hacerlo. Hipólito Mora encarna la honestidad de la que se hace alarde en la zona de Tierra Caliente, Michoacán.

Alejado ya de las armas, pero no de los ideales, Hipólito anuncia la continuación del movimiento de las autodefensas, pero desde la trinchera política. Se nota convencido de que el camino de las armas -aun cuando fue el único que tuvo junto con otros vecinos asediados por Los Caballeros Templarios- no era el más correcto.

Él mismo se dice adolorido por los saldos que le dejó la guerra: dos veces encarcelado, la ruina económica familiar, traicionado por la Federación, y lo peor de todo, un hijo muerto. 

Es la muerte de su hijo Manolo lo que más lo lacera. 

Con nadie habla de sus sentimientos. Solo su confesor, el padre Goyo, conoce las lágrimas de Hipólito Mora. Es el que lo llevó de la mano a refugiarse en Dios, es el que lo hizo entender que “Dios no se equivoca”. 

“Soy un hombre como todos, pero con la gran diferencia de muchos, de no dejarme”, asegura. “Desde niño he sido aguerrido”. 

De eso no hay duda. 

El gobierno estatal de Michoacán puede dar cuenta de lo incomodo que ha sido Hipólito Mora en los últimos dos años, desde que al lado del doctor José Manuel Mireles llamó a la insurgencia ciudadana, y armó a un ejército de civiles para defenderse no solo del crimen organizado, sino del mismo gobierno estatal.

‘No los voy a decepcionar’

Hipólito Mora suelta la risa a la menor provocación. Su gusto por las bromas hace dudar que en ese mínimo hombre, los ciudadanos de la región de La Ruana hayan depositado su confianza al grado de seguirlo hasta la muerte. 

De los casi 600 hombres que lo siguieron desde que se organizó la autodefensa, al menos unos 70 han perdido la vida, defendiendo las barricadas, el último reducto para salvaguardar a sus familias.

Decide hablar para Reporte Indigo. Su amigo, el padre Gregorio López lo acompaña. Se abrazan, bromean. Ignoran la grabadora. El sacerdote le recrimina, con algo de sorna, su ascenso mediático desde que fue nombrado candidato a diputado federal. 

Hipólito responde con una sonrisa franca que le sonroja el rostro. 

“No los voy a decepcionar”.

Más que un diputado aguerrido...

Reporte Indigo: Hay una iniciativa de ley que está congelada en el Senado, que daría la libertad al doctor Mireles, en el caso de que usted llegue a la diputación, ¿haría usted algo para que se le otorgue la libertad?

Hipólito Mora: ¡Sí, cómo no!. Yo estoy interesado en que lo dejen en libertad. Él tiene que estar fuera, es un luchador y como lo acabo de decir, él no es un asesino…

RI: ¿Es su amigo?

HM: Sí. Es mi amigo, no es asesino, no tiene porqué estar en la cárcel, él tiene que estar afuera, lo necesita mucho su familia, y más todos los ciudadanos.

RI: ¿Se cartea con él, tiene comunicación con él?

HM: No yo no tengo ninguna comunicación directa, la única comunicación que tengo con él es a través de su familia: un saludo, dígale que sí, que yo voy a hablar por él, que deseo que esté fuera. Y él creo tenía mucho la esperanza de que yo fuera liberado pronto, porque él sabe bien que la persona que va a hablar siempre por él voy a ser yo.

RI: ¿Pero sí está al pendiente de lo que le está pasando?

HM: Sí, su familia es la que me informa, una hija de él y una hermana, son las que me tienen al tanto.

RI: ¿Con su candidatura se acaba el movimiento armado?

HM: Pues yo me voy a retirar acá, para lo político; pero quiero estar siempre al pendiente de las autodefensas y de mi grupo. Yo no los voy a dejar solos, al contrario, si yo llego a ocupar la diputación, van a tener mi apoyo al 100 todos los autodefensas.

RI: Dice usted que va a ser un diputado aguerrido, ¿Qué es lo que va a exigir al gobierno?

HM: No nada más seré un diputado aguerrido, yo he sido aguerrido desde niño. Donde quiera que esté yo siempre voy a ser así, a veces hasta grosero con algunas personas, pero no me gusta quedarme callado. A lo mejor les doy problemas.

RI: ¿En el seno de su familia como ven su candidatura?

HM: Ellos la ven bien, están tranquilos y dicen que sí, que mejor de esta forma, sin olvidarme de las autodefensas que fueron los que me apoyaron para llevar a cabo esta lucha.

RI: Emocionalmente, ¿cómo está Hipólito?

HM: Bien. Me siento bien, me siento tranquilo a pesar de lo golpeado que he sido. Yo creo mucho en Dios, y los seres humanos nos podemos equivocar, Dios no. Él sabe por qué hace las cosas.

RI: ¿Resentimientos?

HM: Debería decir que no, pero sí los hay. Pero hay que superarlos.

RI: ¿Qué hace para superarlos?

HM: Yo creo mucho en Dios, y creo que todos los ciudadanos que no se atreven a alzar la voz, a dar la cara, merecen que los que sí nos atrevemos, hablemos y luchemos por ellos.

RI: ¿Piensa que Dios lo está poniendo en la candidatura a diputado federal?

HM: Estoy seguro que sí. Estoy seguro, porque varias mujeres, a veces en la calle me paran y me echan algún rezo aquí en la camisa, y me dicen: si estás allí, es porque Dios vio todas las cualidades en ti para que estés en este lugar y confiamos en ti. Y creo que Dios es el que mueve mi vida.

RI: ¿Hipólito Mora va por el sueldo de diputado?


Suelta la risa. Voltea a todos lados. Se acomoda otra vez los lentes y se recompone:

HM: Estoy amolado, claro que lo necesito –sigue con la risa que no lo deja hablar- si no, cómo me voy a mover, debería decir no lo ocupo, pero cómo le voy a hacer.

RI: ¿La guerra lo acabó económicamente?

HM: No –dice todavía con la sonrisa a flor de labios-. Yo estoy amolado económicamente desde siempre. -Se Recompone, se serena. Habla con tono más serio-. No, no voy por el sueldo, que quede claro, voy por mis ideales, voy por mis principios, pero el sueldo se necesita; gasolina, comida, para todo. Pero no es lo que me esta moviendo, el sueldo. Nunca me ha movido lo económico. Me mueve cuando veo a alguna gente que necesita algo y nadie voltea a ver a esa persona, nadie dice mira pobrecito, como anda de tronado. No tiene para comer esa familia o se está mojando cuando llueve. Eso es lo que me mueve a mí, no lo económico.

RI: ¿Usted buscaría un encuentro con el presidente?

HM: Ah, claro, ¿cómo que no? Tengo mucho pidiendo.

RI: Como legislador, tendrá la investidura para ello…

HM: …y como ciudadano también. Como legislador, como sea, pero a mí me interesa mucho hablar con él.

RI: ¿Y que le plantearía usted en ese momento?

HM: Que le eche ganas, ¡hombre! Que tiene la oportunidad de su vida, de hacer algo donde quede en la historia de México como un buen presidente. Que suelte el dinero que haya, a los ciudadanos, para que se viva mejor, y que la gente diga este presidente si hizo por nosotros y lo queremos, lo vamos a apoyar.

RI: ¿Confía en Peña Nieto?

HM: Sí, ¿cómo no? Sí confío en él. Eso es lo que me ha matado siempre: que confío en todo mundo. Pero si confío en él, y ojalá tenga la oportunidad de platicar con él y le voy a decir bien mi forma de ser, mi forma de pensar. A lo mejor tiene un concepto equivocado de mí, pero ya las personas cuando me tratan, me lo han dicho muchísimas veces: creíamos que era una persona violenta ¡y no!

RI: ¿Le pediría la libertad de Mireles?

HM: Sí. Sin lugar a dudas. Sería lo primero. 

RI: ¿Y la libertad de los otros autodefensas presos, qué?


HM: Son muchos, 300 o 400 creo. También que se dejen en libertad. ¡Pero que se fijen, si algunos andaban disfrazaditos de autodefensa y eran sicarios, esos se tienen que quedar.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.