Ayotzinapa: sus propios informes comprometen al Ejército

Un expediente de la Secretaría de la Defensa, entregado a este semanario gracias a la Ley de Transparencia, demuestra que, contra lo dicho ante diputados por el general Salvador Cienfuegos, el Ejército sí conoció de las agresiones de la policía igualteca a los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre y no hizo nada por evitarlas. Pese a que los reportes consultados están llenos de tachaduras y agregados extemporáneos, la historia se cuenta sola.

MÉXICO, D.F: El informe que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, entregó sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos indica:

Aproximadamente 2230 horas arribaron al lugar tres patrullas más a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar qué tipo, aproximadamente 2235 horas los policías que llegaron trataron de bajar a los estudiantes”.

Esta información está contenida en uno de los reportes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a Proceso por vía de la Ley de Transparencia a la solicitud folio 0000700019715.

Del camión que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la mayoría de pasajeros fueron desaparecidos. Personal castrense lo supo esa noche y posiblemente estuvo presente, como quedó asentado en la bitácora.

Los reportes revelan que desde las 23:00 horas del 26 y hasta las 06:00 del 27 hubo dos unidades de la Fuerza de Reacción de ese batallón patrullando las calles; vieron los cadáveres, acudieron a los hospitales donde encontraron a los heridos, supieron de las balaceras y de los ataques.

Durante esa madrugada 43 normalistas fueron desaparecidos. El día 27 los estudiantes buscaban por las calles a sus compañeros desaparecidos y otros declaraban ante el ministerio público, pero el reporte de los patrullajes que hizo ese día personal del 27 batallón culmina con un “sin novedad”.

El expediente entregado tiene huecos. A la serie le faltan 97 folios con reportes de los días 26 y 27 de septiembre, incluye notas extemporáneas dando cuenta tardía de detalles no registrados en los primeros informes, líneas enteras le fueron borradas, las fotos censuradas y eliminados los nombres de los militares participantes (sólo se mencionan dos mandos), contiene croquis mal hechos y errores evidentes en temas clave como los sitios donde ocurrieron los hechos o el número y las marcas de los autobuses implicados.

La información difiere de los testimonios de los normalistas sobrevivientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos, de declaraciones que han dado autoridades sobre ese día y de algunas pruebas documentales.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Denuncian cobro de “derecho de piso” a bares de la Condesa

MÉXICO, D.F: Narcomenudistas cobran “derecho de piso” a bares de la Condesa, denunció el propietario de uno de estos negocios ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Según el diario Reforma, el dueño afirma que siete establecimientos de esa colonia, de Polanco y la Zona Rosa sufren estas extorsiones desde el 2013 pero que no denuncian por temor.

Supuestamente el grupo que se encarga de realizar estas extorsiones es La Unión Insurgentes.

El dueño del negocio aseguró que paga 5 mil pesos semanales a esa organización delictiva.

Además, debe tolerar que vendan droga en su establecimiento, por lo que interpuso una denuncia ante la Fuerza Antisecuestros.


El diario tuvo acceso a la averiguación previa del caso (FAS/T3/34/15-02) que se presentó en febrero e indica que el empresario fue amenazado de muerte desde octubre pasado por Luis Felipe Chávez Cabrera, uno de los líderes del grupo de narcomenudistas y vinculado al cado del bar Heaven.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acompañada de Felipe Calderón, ‘Cocoa’ registra su candidatura en Michoacán

El expresidente mexicana acompañó a su hermana ante el Instituto Nacional Electoral estatal para registrar su candidatura al gobierno de ese estado.

Luisa María Calderón Hinojosa solicitó este domingo su registro como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno estatal ante el Instituto Electoral de Michoacán.

También entregó al órgano electoral su propuesta a fin de que sea supervisada y afirmó que el documento integra todos los planteamientos e inquietudes que ha regido a lo largo de todo el estado durante los últimos meses.

El expresidente Felipe Calderón calificó a su hermana como la mejor candidata y destacó la honestidad, valentía y preparación con que cuenta.

Al registro y posterior mitin asistieron también Gabriel y Juan Luis, los otros dos hermanos de Luisa María. Así como Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva.

Como se recordará Luisa María Calderón contendió durante la elección del 2011 obteniendo el segundo lugar, debajo de Fausto Vallejo Figueroa.

PAN y Morena registran a sus candidatos al gobierno de BCS

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de la Regeneración Nacional (Morena), registraron ante las autoridades electorales locales s sus respectivos candidatos a la gubernatura para los comicios del próximo 7 de junio.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California Sur (IEEBCS), recibió este domingo a los representantes del Partido Acción Nacional, quienes registraron como su candidato al senador con licencia, Carlos Mendoza Davis.

Por su parte, los representantes de Morena presentaron como su candidato al ex alcalde de La Paz y también ex diputado federal, Víctor Manuel Castro Cosío, para que sea su abanderado en los comicios del próximo 7 de junio.

Luego de su respectivo registro, ambos candidatos se dirigieron a sus seguidores para exponer parte de sus proyectos, que desplegarán con toda oportunidad a partir del próximo 5 de abril cuando de manera oficial iniciarán las campañas proselitistas.

Para mañana lunes se tiene previsto el registro de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

El martes, el Instituto Estatal Electoral tiene agendado el registro del candidato que abanderará a la alianza conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.


Los comicios del próximo 7 de junio renovarán la gubernatura de Baja California Sur, sus cinco alcaldías y 21 diputaciones del Congreso local, 16 de ellas electas por mayoría relativa y cinco por el principio de representación proporcional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX

¿Qué provocó el desalojo de jornaleros en Baja California?

La región agrícola de San Quintín era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 personas de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente.

“Todos veíamos normal que suspendieran a gente por tres o cuatro días o que la despidieron sin indemnización por exigir que se respetaran nuestros derechos, por tratar de obligar a los patrones a pagar horas extras o los días que nos tocaba descanso”, comentó José Ignacio García, de 19 años y quien trabaja desde los 12 en los campos del valle de San Quintín, 180 kilómetros al sur de Tijuana y no muy lejos de la frontera con Estados Unidos.

“Nos acostumbramos a ganar 100 pesos (poco más de seis dólares) por una jornada diaria de más diez horas, pero ahora ya no nos alcanza para lo indispensable, para vivir, para mantener a una familia”.

Esa región agrícola era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, todos distritos del municipio de Ensenada, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

“Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27 años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de sus dos hijos y de su madre.

La huelga derivó en un enfrentamiento el pasado martes, cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano) intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Como consecuencia de la agitación, se cerraron todos los negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000 personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50.000 jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.

El subsecretario del Gobierno de Baja California Pablo Alejo López dijo que se había establecido una mesa de diálogo con los manifestantes, quienes de entrada “pusieron como condicionante que hubiera un representante de las empresas y de los sindicatos y hasta ahora no había sido posible”.

“Sabemos que hay rezagos que hay que atender, hay empresas muy responsables, pero también empresas que se aprovechan de la laxitud de las leyes, de las normas y de las políticas que puedan implementarse y eso hace que se estanque el avance. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar”, dijo López a la AP.

Los rancheros no han querido hablar en público de las protestas, pero el propio gobierno “reconoce que lo que perciben (los jornaleros) no les alcanza” para vivir, según dijo a la AP Moisés Dávalos, delegado de la Secretaría General de Gobierno de San Quintín. Añadió, no obstante, que los manifestantes “están generalizando los maltratos de mayordomos. Hasta ahora no tenemos nombres específicos de maltratos o acoso sexual”.

Aludía a denuncias de que los mayordomos de los ranchos imponen un régimen de trabajo abusivo.

“Nos levantamos a las cuatro de la mañana para esperar el camión que nos lleva a los campos”, relató la jornalera Sierra. “Ahí llegamos a las 6:30 y los mayordomos nos dicen que ya debemos entrar a los surcos pese a que nuestra entrada es a las siete; nunca nos pagan horas extras, nos dicen que debemos cerrar cortes y tienes que trabajar hasta las cuatro o cinco de la tarde, todo el día agachados y a veces sin agua”.

Para algunos especialistas, la manifestación social de esta semana es un alerta roja, una expresión de duras problemáticas históricas que no se han resuelto.

“En los años 90 (del siglo pasado) hubo estallidos de violencia – aunque no con la magnitud de ahora – por las situaciones laborales de ciertos ranchos que cometían diversos abuso. Algunos ranchos no les pagaban a sus trabajadores. Hay que reconocer que se ha mejorado en materia social y laboral, pero falta mucho por hacer”, dijo Vicente Guerrero, de 61 años, pionero de la siembra de ostiones en San Quintín e impulsor de la municipalización del valle. “Tenemos un fallo fuerte en seguridad social y en los contratos colectivos. Además de que la ciudad tiene severos focos de delincuencia, colonias que son asoladas por vándalos y que muchos de ellos estuvieron involucrados en los actos vandálicos que se hicieron durante las protestas”.

Por su parte el economista y catedrático del Colegio de la Frontera Norte Alejandro Díaz Bautista señaló que “hay un rezago económico y social de décadas en San Quintín. Padecen pobreza extrema, hay carencia de infraestructura, servicios básicos, agua y sobre todo carencia de fuente de empleo”.

“Los problemas económicos y sociales que aquejan a los habitantes de la región de San Quintín son la desigualdad social y falta de oportunidades económicas para los indígenas, atención insuficiente de servicios de salud, escasa cobertura económica y deportiva, carencia de áreas de desarrollo cultural, al igual que falta de agua”, apuntó Díaz Bautista.

Cifras oficiales indican que el 46.8% de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo a la AP que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM – CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.

En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad específica de surcos.

La situación se mantiene tensa en la región. La mayoría de los comercios, incluyendo estaciones de gasolina y supermercados, siguen cerrados y a lo largo de la carretera Transpeninsular los manifestantes prenden fogatas.


Las autoridades, por su parte, establecieron retenes policíacos con oficiales armados con rifles, quienes revisan autos al azar, según pudo comprobar la AP.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP

Familias de los 43 normalistas buscan apoyo en Los Ángeles

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizarán caravanas en Estados Unidos. Este domingo está programada una marcha en Los Ángeles para llamar la atención sobre el caso.

Dos sobrevivientes de la emboscada también participarán en la marcha desde la plaza Olvera Street al consulado de México, con la esperanza de que una fuerte muestra de apoyo ayudará a presionar al gobierno para resolver el caso.

"Tan pronto como empezamos a protestar en México, la policía antidisturbios viene y quiere sacarte de allí", dijo Ángel Neri de la Cruz, de 19 años de edad, vistiendo la chaqueta roja de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. "Aquí queremos el apoyo, no sólo de la comunidad latina, también de todas las razas, para que sea una presión para resolver este caso".

El 26 de septiembre de 2014, De la Cruz viajaba en un convoy de autobuses y furgonetas que él y otros estudiantes de la localidad rural de Ayotzinapa Guerrero, tomaron para protestar contra las políticas del gobierno. En la ciudad de Iguala, la policía local abrió fuego. Seis personas murieron y decenas resultaron heridas.

De la Cruz escapó. Pero otros fueron detenidos por la policía y 43 de ellos no se han visto desde entonces.

Las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos fueron entregados a un cártel local de la droga que los mató a todos. Hombres arrestados declararon que descuartizaron y quemaron los cuerpos.

Durante la búsqueda en las laderas alrededor de Iguala fueron encontrados decenas de cadáveres, pero ninguno correspondía a los estudiantes.

En diciembre pasado, los expertos forenses dijeron que encontraron un hueso en un vertedero, el cual, tras las pruebas, fue identificado uno de los normalistas.

Pero los familiares de los estudiantes dicen que no han visto una prueba definitiva de sus muertes, y esperan que estén vivos.

"Continuamos con la búsqueda de nuestros hijos", dijo Estanislao Mendoza Chocalate, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarias, en una conferencia de prensa en la Plaza Olvera el sábado.

Tres caravanas se están moviendo a través de Estados Unidos para conseguir el apoyo de los mexicanoestadunidenses y de otros sectores. Una está en Los Angeles y se moverá por la costa oeste. Otra viaja a través del Medio Oeste, y una más está cubriendo la costa este. Después de 43 días, los familiares planean converger en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

Otra muerta en Juárez: hallan cuerpo semienterrado y con vestimenta escolar

CHIHUAHUA, Chih: El cuerpo sin vida de una joven que vestía uniforme fue encontrado este sábado en el fraccionamiento Parajes de San José, al oriente de Ciudad Juárez.

El hallazgo fue realizado por un joven que pasaba por un lote baldío, donde unos perros habían desenterrado una pierna del cadáver. De inmediato los vecinos dieron aviso a las autoridades.

Alrededor de las 16:30 horas los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer aseguraron el lugar en las calles Fundadores y América, y luego sacaron el cuerpo que tenía vestimenta escolar.

A la zona del hallazgo acudió la madre de Esmeralda Guadalupe Guzmán Guerrero, de 14 años, quien el pasado día 9 desapareció en el mismo fraccionamiento cuando se dirigía de su casa al Cecytec número 11. Sin embargo, las autoridades aún no dan a conocer de manera oficial la identidad de la víctima encontrada.

La Fiscalía Especializada de la Mujer activó la segunda fase del Protocolo Alba el fin de semana pasado junto con el caso de otras dos adolescentes desaparecidas.

Éstas últimas fueron localizadas esta semana cuando robaban en una casa-habitación del fraccionamiento Parajes del Sur. Con ellas se encontraba Índira Dalí Castillo Becerra, de 14 años, aunque ella no tenía reporte de desaparición.

Las adolescentes son Leslie Aimé Erives Torres, de 14 años y Edna Joselín Urías Amaya, de 16, quienes desaparecieron el 10 de marzo de la colonia Riberas del Bravo.

Hasta la fecha Esmeralda Guadalupe no ha aparecido, por lo que se presume que se trata del cuerpo encontrado ayer.


Esmeralda salió de su domicilio a las 7:45 horas rumbo al Cecytec número 11. Vestía pants color azul con rayas color verde y blanco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Aristegui: la censura y el despido, por presión de Los Pinos

Tras ser despedida de su espacio informativo en el Grupo MVS –con un pretexto baladí–, Carmen Aristegui habla con Proceso y da pormenores de las dificultades que enfrentó para difundir el año pasado el famoso reportaje de la Casa Blanca, ese que todos mencionan como la causa de su fulminante cese, pese a que sus exempleadores lo niegan y lo vuelven a negar. En el fondo de su despido, no le cabe duda, está la presión ejercida por la Presidencia.

MÉXICO, D.F: La periodista Carmen Aristegui no duda en torno a ciertos puntos en su reciente ruptura con el Grupo MVS: que “todos los caminos conducen a la Casa Blanca” y que “provino de la Presidencia de la República” la petición a la familia Vargas para que el reportaje sobre la propiedad de esa mansión en las Lomas de Chapultepec no se difundiera en el espacio informativo de la primera emisión de Noticias MVS, el 9 de noviembre de 2014.

“El reportaje original no salió en MVS. Los periodistas en ese momento nos enfrentamos a un dilema y lo resolvimos. El dilema era mantener el espacio en la estación radiofónica y a la vez difundir ese reportaje. No aceptamos la censura, no aceptamos que no saliera a la luz pública”, afirma en entrevista con Proceso.

–¿Hubo un amago de censura por parte de los Vargas?

–Hubo una petición para que ese trabajo no se difundiera en MVS. Hubo una situación muy tensa y compleja entre nosotros. No en un tono impositivo o imperativo, sino de ‘búsqueda de comprensión’ de mi parte. “Se colocó, efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecía”, rememora Aristegui.

Esta petición se hizo días antes de que se difundiera ese reportaje simultáneamente en el portal de internet Aristegui Noticias, en Proceso ( edición 1984), en La Jornada y en varios medios internacionales. Días antes de la publicación, el gobierno federal canceló sorpresivamente la licitación del tren rápido México-Querétaro.

Entre los ganadores de esa licitación estaba el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del primer mandatario y el mismo empresario que detentaba la propiedad original de la residencia de Sierra Gorda 150, a través de su filial Ingeniería Inmobiliaria del Centro.

–¿La petición de censura fue entre líneas?

–No tan entre líneas. Como periodistas analizamos y aquilatamos lo que significaría poder transmitirlo con mucha amplitud en otros lados, cumplir con nuestro cometido y no aceptar la censura. La censura hubiera implicado guardar el reportaje. Y no lo guardamos. La censura hubiera sido olvidarnos del tema y no lo hicimos.

“Teníamos el dilema fundamental para nosotros de perder un espacio valioso y decidimos hacerlo de esta manera. A través del sitio de internet. Y no nos equivocamos. Porque el reportaje se conoció y difundió ampliamente.

“La historia detrás de esa solicitud para que no se transmitiera en Noticias MVS es una historia que los Vargas deberían contar. Quién y cómo les pidió que ese reportaje no saliera en nuestra emisión”, reiteró Aristegui.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

El INE ordena suspender un spot del PRI en Sonora por “mensajes calumniosos” contra de Padrés Elías

El partido tiene seis horas para pedir a los medios retirar el comercial que supuestamente contiene mensajes calumniosos en contra del mandatario local.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión inmediata de un promocional del PRI pautado en radio y televisión en el estado de Sonora, por contravenir la norma electoral y la equidad en la contienda.

Los integrantes de esta comisión determinaron que el promocional contiene mensajes calumniosos en contra del mandatario local, Guillermo Padrés Elías, y del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gándara Magaña.

En sesión extraordinaria urgente celebrada este domingo, los consejeros fijaron un plazo de seis horas, a partir de la notificación formal, para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sustituya la propaganda señalada.

Además, establecieron un periodo de 24 horas, a partir de la notificación correspondiente, para que las concesionarias de radio y televisión que transmiten este material, cancelen su difusión.


La Comisión de Quejas del INE está integrada por la consejera Beatriz Galindo Favela, como presidenta, y sus homólogos Adriana Margarita Favela Hernández y José Francisco Ruiz Saldaña.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

La PGR sobre el caso Ayotzinapa: no es un delito de lesa humanidad

"Por más aberrantes que resulten, (lo ocurrido a los 43 normalistas) no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad", respondió la dependencia al diario 'La Jornada'.

En su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, uno de los expertos de la CIDH dijo que el exprocurador Jesús Murillo Karam reconoció que lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una desaparición forzada –un delito de lesa humanidad–, pero un juez decidió no tratarlo así. Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arely Gómez, descartó que ese crimen pueda ser tipificado así.

De acuerdo con información publicada este domingo 22 de marzo por La Jornada, la PGR respondió a una solicitud de información hecha por ese diario, e indicó que “por más aberrantes que resulten, (los hechos ocurridos en Iguala) no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad”.

El argumento de la procuraduría: en el hecho ocurrido a los estudiantes la noche del 26 de septiembre del año pasado, cuando fueron atacados a tiros y secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula, no se advierte que esto sea parte de “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados“, reportó La Jornada.

La información publicada por el diario mexicano ocurre tres días después de que tres de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están en el país para investigar el caso consideraran, en sus conclusiones preliminares, que el crimen contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa es de lesa humanidad; es decir, que no prescribe.


En conferencia de presna, el abogado chileno Francisco Cox –parte del grupo de expertos– dijo: “Instamos a que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada”. Agregó que el exprocurador Jesús Murillo Karam les comentó a los expertos que él había intentado reclasificar los delitos como desaparición forzada pero les aseguró que “había sido más bien el juez quien había desestimado esta calificación“.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿La reforma energética viola derechos humanos? La CIDH lo investigará

En el periodo 154 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizaciones civiles expondrán cómo esa reforma atenta contra el derecho a la tierra y al desarrollo de los pueblos.

El derecho a la tierra, al territorio, a recursos naturales, a la autodeterminación y al desarrollo de los pueblos se violan con la reforma energética que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso mexicano en agosto pasado, según más de 100 organizaciones civiles que llevarán el debate este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el periodo de sesiones 154 de la CIDH, organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación, Fundar expondrán cómo los principios de esta reforma “que además de privatizar a la industria petrolera declara que toda actividad vinculada es de utilidad pública” atentan contra los derechos de grupos indígenas, ejidatarios o campesinos que no podrán negarse a que sus tierras sean utilizadas para la explotación y exploración de hidrocarburos.

Las leyes secundarias de la reforma indican que al ser una actividad de utilidad pública, la explotación de hidrocarburos tiene prioridad frente a cualquier otro uso que pudiera tener la tierra, lo que obliga a que los dueños de los terrenos tengan que aceptarla en su propiedad a través de la figura “servidumbre legal”.

Las leyes de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica detallan de qué forma las empresas podrán hacer uso de tierras cuando busquen la explotación de petróleo, gas o la instalación de infraestructura eléctrica. Pero entre las opciones no existe la posibilidad de que un propietario se niegue a ceder su terreno.

En las dos leyes se incluyó el capítulo “del Uso y Ocupación Superficial” en el que, tras el debate legislativo, se eliminó la palabra expropiación pero se aprobó el término “ocupación temporal”, que implica la entrega de los terrenos por tiempo limitado cuando no se llegue a un acuerdo de compra-venta. Sin embargo, el tiempo de ocupación dependerá del tiempo en el que el recurso se pueda explotar y sin importar la voluntad del propietario.

Las organizaciones como Fundar o el Centro ProDH participarán y presentarán este viernes el caso ante la CIDH en la audiencia “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que se realizará al mediodía.

El objetivo es hablar del riesgo de que la reforma energética propicie la violación de derechos humanos, entre los que también están el derecho a la no discriminación, a la propiedad, al trabajo en condiciones justas, a la libertad de expresión, de información, de participación, el acceso a la justicia, a un ambiente sano o a una vivienda adecuada.

En México, la presunta violación a derechos a través de esta reforma no ha tenido eco ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos “que consideró que el tema no tenía vínculo con garantías individuales” ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que insistió en que se trata de un “tema de ingresos”.

Según la sociedad civil organizada esperan que la CIDH “haga un llamado al Estado mexicano para que implemente políticas en materia energética acordes a los derechos humanos, en congruencia con sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

Para ello, el Estado debería tener una legislación compatible con el marco de derechos humanos vigente, pues según Fundar y el Centro ProDH la normatividad de la reforma energética actualmente va en contra de diversos convenios y tratados ratificados por México como:

– La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1º, 2º, 21)

– El Protocolo de San Salvador (artículos 1º, 11 y 12)

– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 14, 25, 27)

– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2, 6, 11 y 12)

– El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes (artículos 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15 y 17)

– La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (principios 3, 4, 8, 10, 11, 14 y 15)

– La Observación General No. 15 sobre el Derecho al Agua del Comité de los DESC

– La Resolución 64/292 sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento


– La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1º, 2º fracciones V y VI, 4º, 14, 16, 25, 27 fracción VII y 28, 133).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Muere la exalcaldesa de Michoacán que apareció en un video con ‘la Tuta’

Salma Karrum Cervantes falleció a causa de la complicación de una enfermedad crónica, informaron fuentes de la Produraduría michoacana.

Salma Karrum Cervantes, ex presidenta municipal de Pátzcuaro procesada por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, falleció la madrugada de este viernes 20 de marzo, a los 64 años, a consecuencia de una enfermedad crónica que padecía desde hace varios años, confirmaron fuentes.

De acuerdo con las fuentes, la exalcaldesa sufrió una recaída la tarde de este jueves, por lo que fue trasladada al hospital de “La Luz”, en la capital michoacana, donde murió alrededor de las 03:30 horas de este viernes.

Cabe recordar que Karrum Cervantes se encontraba recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres” por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que en agosto del 2014 se difundiera un video donde negociaba con el exlíder de los Caballeros Templarios recientemente detenido, Servando Gómez ‘la Tuta’.

En el audiovisual, Karrum Cervantes le cuestiona la muerte de su yerno. En ese entonces, la edil admitió que sí sostuvo reuniones con los integrantes de un grupo criminal que operaba en Michoacán, pero argumentó, que acudió “porque fue llamada”.


Formalmente fue acusada de extorsión, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se sabe que la familia de Karrum Cervantes realizaba trámites para que se le concediera la prisión domiciliaria, por los problemas de salud que presentaba.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Grupo México pagó más de 23 mdp por derrame en Sonora: Profepa

México, DF. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la empresa minera Buenavista del Cobre pagó 23 millones 565 mil 938 pesos para cubrir las multas que se le impuso tras derramar sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora, Bacanuchi y en  el arroyo Tinajas.

El importe total de estas multas es independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el gobierno federal a la compañía, para asegurar la remedición de los ríos y los perjuicios causados a la población por la emergencia ambiental en cuestión, agregó la dependencia en un comunicado.

Destacó que las sanciones impuestas por la autoridad ambiental el 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 diversas irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de la solución referida.

La Profepa explicó que la empresa no contaba con la licencia ambiental única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

También informó que el primer pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por la firma, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos que cubre multas impuestas por incurrir  en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.

Los siguientes pagos son por un total de 7 millones 711 mil pesos por las irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada (3 irregularidades);  4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera (9 irregularidades); y 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos (7 irregularidades).

Resaltó que continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. También coadyuvará con la PGR en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

“Cuando me censuren, los primeros que se van a enterar son ustedes”: Brozo

"La decisión de que corran o no (los videos) en Estados Unidos es exclusiva de Univisión", dijo esta mañana.

Brozo, el payaso tenebroso, habló esta mañana en su programa sobre una presunta “censura” a uno de sus comentarios, difundido en Youtube, en Estados Unidos.

Como parte de una de sus obras en la “galería mañanera”, comentó que “muy temprano les he de soltar la verdura”.

Refirió que por ahí “salió una nota escándalo” diciendo que Televisa “me estaba bloqueando” en EU, en específico el comentario que hizo sobre la periodista Carmen Aristegui, a quien le dijo “te voy a ti”.

El también periodista sostuvo que “todo lo que venga etiquetado como Televisa, en Estados Unidos no se ve”.

“La decisión de que corran o no (los videos) en Estados Unidos es exclusiva de Univisión“, afirmó.

“Si este programa pasara por Univisión y hubieran bajado nuestro video de la red, hubiera dicho: oye mano, no me jodas“, agregó.

Sobre su comentario de Carmen Aristegui, expresó que “me siento orgulloso y lo sostengo”.


Y advirtió: “Cuando me censuren, los primeros que se van a enterar, son ustedes”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ocotlán, Jalisco: versiones encontradas sobre “balacera de terror”

Reportes de la 'Revista Zócalo', 'El Informador de Guadalajara', y 'El Universal'.

Se reproduce un fragmento de la crónica que publica la Revista Zócalo:

Guadalajara, Jalisco.- Nadie ofreció indicaciones a los vecinos de la calle Oxnard sobre cómo protegerse después de la balacera. Sabían qué no hacer y aguardaban encajonados en sus casas, las más próximas al sitio del enfrentamiento no tenían ni las luces encendidas. Ocurrió todo muy rápido, en cuestión de segundos las calles sobre las que tres horas antes se instaló una cenaduría y jugaron los niños, estaba sitiada por cinco patrullas en Honorato Barrera, el primer bloqueo, y otras diez en Manuel Martínez, el segundo filtro, ambos cercados por policías estatales y federales que cerraban entre los dos bloques diez oscuros metros limpios de tráfico o peatones. Disponían de la calle, únicamente, el desplazamiento constante de policías uniformados de armas desenfundadas, ambulancias militares custodiadas por camionetas de la Gendarmería Estatal y patrullas que seguían nutriendo el desplegado negro de vehículos oficiales.

La exacta boca del lobo, donde los elementos de seguridad se encontraban a la expectativa de un posible nuevo enfrentamiento no resultaba ni oscura o profunda, más bien reducida a un nicho de oficiales apretujados y tensos parpadeos de azul y rojo. Sólo dos reporteros de Televisa y un camarógrafo pudieron adentrarse para transmitir a nivel nacional el hecho. Bajo su propio riesgo, como advirtió un oficial estatal que acariciaba su arma con elocuencia clara y sin más permisos de acceso, aun pedidos “Por favor”.

(…)

Los dos helicópteros enviados desde las diez de la noche se deslizaban casi planchado los techos de las casas de Ocotlán y el tren pasaba sin dar tregua, rugiendo más fuerte al silencio. Dos mujeres se despidieron de los paramédicos y salieron decepcionadas de las instalaciones de la Cruz Roja rumbo a la clínica del IMSS para seguir buscando, en medio de la noche sitiada, a su padre a quien mencionaban como desaparecido.

(…)

Ahí comenzaron a hacerse más próximos los muertos: Una camioneta del SEMEFO salió con lentitud del hospital. El encargado de seguridad informó que dentro había fallecido una mujer joven, de aproximadamente 22 años, cuyo cuerpo no fue identificado, quien se sumaba a los otros dos civiles muertos y ocho elementos de la Gendarmería lesionados.

Por Avenida Universidad seguían pasando caravanas de patrullas y camionetas militares hechas aire, mientras en la oscuridad de las calles aledañas a la carretera rondaban motociclistas tan expectantes como los oficiales, se detenían ante la presencia de cualquier persona y no desclavaban la mirada hasta que ambos se perdían de vista. “Hay que cuidarse de las motocicletas solitarias” habían estado recomendando previamente.

Las calles quedaron invadidas por sirenas y helicópteros que en su disturbio, advierten con claridad la recomendación de no salir y un desconcierto general de los hechos que desde hoy comienza a modificar algunas vidas de la ciudadanía en Ocotlán.

En tanto, de acuerdo con El Informador de Guadalajara publicó:

“Este ya es un pueblo de dar miedo”, exclamó cabizbajo el ocotlense Javier Rodríguez, uno de los moradores de las calles de la colonia La Mascota, que la noche de este jueves se volvió un campo de batalla protagonizado por grupos de delincuentes y oficiales de la Gendarmería Nacional. 


Al respecto, según El Universal, señala que “elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal fueron emboscados cuando realizaban labores de vigilancia, con saldo de cinco gendarmes muertos, así como tres agresores y dos civiles ajenos al percance“.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÑON.

Micrositiados

MÉXICO, D.F: Allí sentada en el Senado, contemplando durante seis horas la farsa que fue la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Allí sentada escuchando las mentiras que llevan a un amigo del presidente a ocupar durante 15 años el Tribunal Supremo de la Nación.

Allí sentada observando cómo un órgano “representativo” dejaba de representar e ignoraba más de 52 mil firmas ciudadanas –reunidas en apenas una semana– contra una candidatura que revelaba las penurias del poder en México. La arrogancia de Enrique Peña Nieto al imponer a alguien no calificado para el puesto. La desvergüenza del PRI que ni siquiera salió a defender la postulación. 

La complicidad del PAN que se prestó al trueque, a cambio de un ministro “suyo” o un certificado de impunidad para el gobernador panista de Sonora. La pusilanimidad de la izquierda dividida, con ausencias, con ambivalencias, con personajes que en el momento clave ni siquiera se presentaron a votar.

Todos exhibiéndose y exhibiendo lo que ocurre con nuestras instituciones de deliberación democrática y cómo se doblegan. O se vuelven comparsas. O promueven la protección política antes que la representación democrática. O permiten que Enrique Peña Nieto se comporte como “un presidente como los de antes”, en palabras de la politóloga Soledad Loaeza. Un presidente que se dice transformador cuando en realidad es restaurador. Un presidente que se rehúsa a cambiar la forma autoritaria de ejercer el poder que caracterizó al PRI en el siglo XX. La que permite colocar amigos, premiar compadres, repartir prebendas, ignorar la protesta o pretender que no existe.

Porque allí estaban los cuestionamientos válidos de Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y Catalina Pérez Correa que impulsaron las 52 mil firmas. Las preguntas a las cuales ni el PAN ni el PRI ni el PVEM dieron respuesta jamás. ¿Por qué colocar en la Corte a alguien cuyo desempeño como funcionario público había sido tan cuestionable? ¿Por qué imponer en una institución que debe vigilar las garantías individuales a una persona que –en numerosas ocasiones– había demostrado su desprecio por ellas? ¿Por qué postular a un puesto jurídico de la mayor importancia a un abogado que había perdido tantos juicios de inconstitucionalidad y bajo cuyo mando 38 funcionarios públicos de Michoacán habían sido liberados por falta de pruebas que la PGR no fue capaz de presentar? ¿Por qué avalar la llegada a la Suprema Corte, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, a alguien que la había violado al permitir el entrenamiento de personal mexicano para apoyar programas de trasiego de armas desde Estados Unidos?

Eduardo Medina Mora intentó –malamente– responder a estas interrogantes mientras sus impulsores guardaron silencio o recurrieron a argumentos pueriles para apuntalarlo. Como escribió Jesús Silva Herzog Márquez: “¿No le darán pena a Medina Mora los argumentos de sus defensores? Es mi amigo, fue mi compañero, es un papá cariñoso…” Esos defensores que no tuvieron argumentos para explicar la descomposición de la justicia entre 2000 y 2009, cuando Medina Mora encabezó organismos clave –Cisen, SSP y PGR– y fueron precisamente las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia las que sufrieron mayor deterioro. No encontraron cómo encarar el hecho de que muchas de las leyes que Medina Mora empujó en aras de la “seguridad nacional” llevaron a una sistemática reducción de los derechos fundamentales de la población. No supieron cómo explicar por qué con Medina Mora aumentó la discrecionalidad abusiva de las instituciones que encabezó.

Y el Senado, en lugar de atender estas preocupaciones legítimas, las desoyó. En lugar de abrir el espacio indispensable para un debate profundo, amplio, serio, participativo, optó por obedecer las órdenes del presidente y sacrificar su autonomía. Sacrificar su papel como contrapeso. Sacrificar su tarea constitucional de vigilar al Poder Ejecutivo y no simplemente hacerle los mandados. El Senado mostró la más absoluta indiferencia ante las violaciones a mujeres por policías bajo el mando de Medina Mora en el caso de Atenco. Cerró los ojos ante el escándalo de que la PGR –cuando él la encabezó– se tardó tres años en presentar conclusiones “no acusatorias” contra tres mujeres indígenas, injustamente presas, que después fueron liberadas. Guardó silencio sobre el uso desmedido del arraigo, que llevó tan sólo a 38 sentencias condenatorias más que su predecesor. No investigó ni escrutó ni sopesó la candidatura de Medina Mora como debió hacerlo.

Y he allí las consecuencias. Un federalismo amenazado por la pérdida de contrapesos al Poder Ejecutivo que debería colocar el Poder Judicial. Un Senado desacreditado por la forma fast track en la cual procesó la postulación de Medina Mora, ante el temor de que la presión pública aumentara y el número de firmas creciera. Un nuevo ministro que fue uno de los principales artífices de la guerra fallida contra el narcotráfico que derivó en tanta sangre, tantos desaparecidos, tantos derechos violados, tantos esfuerzos infructuosos. Una ciudadanía que con 52 mil firmas exigía –al mínimo– un debate más extenso, un escrutinio más honesto, un proceso más transparente y no negociado a priori para que fuera un hecho consumado. Una clase política que sin distinciones ideológicas mina la confianza en las instituciones, en la democracia, en el gobierno, en el país.


Penoso ver al presidente de la Comisión de Justicia del Senado –Roberto Gil Zuarth– afirmando que todo había sido desahogado, y mofándose de quienes habían participado en el esfuerzo ciudadano de firmar para protestar. Penoso presenciar a senadores abyectos, ensalzando un dictamen que ni siquiera habían leído, votando al vapor. Demostrando con su actuación que el capitalismo de cuates va acompañado de la justicia de cuates. Un lugar donde la exigencia de un debate informado con amplia participación de la sociedad civil es antitético y anatema a su comportamiento. Un lugar donde 52 mil firmas son enviadas –como nos informa el senador plurinominal Gil Zuarth – a un “micrositio”. Ese paraje inhóspito donde la clase política nos condena a vivir. Micrositiados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.

Prensa canalla y autoritarismo

MÉXICO, D.F: Apenas se concretó el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias y en la prensa oficiosa el mensaje fue que se trataba de un conflicto laboral, no un caso de libertad de expresión. Al unísono, esa prensa preparó el terreno de la opinión pública para que el gobierno de Enrique Peña Nieto saliera a decir, en defensa propia, que se trataba de un asunto entre particulares.

El objetivo de esa estrategia era desvincular al gobierno de Peña de la supuesta decisión empresarial de la familia Vargas de desconocer el contrato con Aristegui. Alegó sentirse agraviada por el uso sin su permiso de la marca MVS en Méxicoleaks, una innovadora plataforma en la que participan distintos medios -entre ellos la revista Proceso- para la filtración de datos e información que puedan conducir a investigaciones periodísticas.

Fue un mero pretexto, como lo señaló Aristegui el jueves al fijar su posición sobre el conflicto, que en realidad tiene mucho de artificio.

Con la idea del conflicto laboral entre particulares se pretende ocultar la molestia de la Presidencia de la República con la revelación en el espacio de Aristegui en MVS de la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, con la intervención de la omnipresente Televisa y del contratista del peñismo Juan Armando Hinojosa. La noticia tuvo un alto impacto negativo en la imagen internacional de Peña Nieto.

Desde Los Pinos se quiso esconder la mano en la medida represiva de MVS y lanzó a sus periodistas a sembrar la idea del conflicto entre particulares. Contra ese argumento, la audiencia de Aristegui y la opinión pública necesitan conocer la historia en la que la periodista y la empresa aún tienen mucho que explicar. Para empezar, la negativa de MVS de difundir la investigación sobre la “Casa Blanca” más allá del espacio matutino de noticias que tenía Aristegui.

Se ha insistido en que se trata de una regresión al autoritarismo. No es así por la sencilla razón de que no lo hemos superado. La alternancia política no ha sido suficiente para considerarlo como cosa del pasado político. Aristegui lo sufrió en el gobierno panista de Felipe Calderón, también en MVS, por preguntar si el presidente tenía una problema de alcoholismo.

Ese gobierno fue también el que acabó con el espacio radiofónico de José Gutiérrez Vivó, el precursor de las barras de noticias como hoy las tenemos en México. Otro conflicto empresarial, en este caso con Grupo Radio Centro, ahora ganador de una de las dos cadenas nacionales de televisión, fue el motivo de la desaparición de Radio Monitor.

Pero detrás estuvo el chantaje del recién llegado gobierno de Calderón de que Monitor cambiara línea editorial, supuestamente favorable al opositor Andrés Manuel López Obrador, a cambio de facilitar el arreglo con Grupo Radio Centro.

Otra agresión del panismo fue en contra de Proceso, cuando la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a la revista por supuesto daño moral. Después de un largo litigio, el caso se resolvió a favor de la libertad de expresión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El autoritarismo no se ha ido sencillamente porque no hemos evolucionado hacia una sociedad democrática de hecho. Sólo lo somos en el dicho. La prensa oficiosa es responsable de ese estancamiento, convertida es una auténtica rémora para la democracia.

Aun cuando esa prensa insista en que se trata de un conflicto laboral entre particulares, el caso puede derivar en tribunales si no hay arreglo entre Aristegui y MVS. En la dimensión jurídica quedará en claro que se trata de un asunto de libertad de expresión.

Sin ser una casualidad en la coyuntura, la SCJN resolvió este jueves un litigio en relación con la libertad de expresión y un “conflicto entre particulares”.

A falta de una legislación específica, que los dueños de las empresas periodísticas oficiosas han impedido que se construya bajo el argumento de la autoregulación con sus quimeras llamadas códigos de ética, la SCJN ha venido estableciendo en años recientes una serie de criterios siempre en favor de la libertad de expresión.

En su resolución, define ese derecho como la plena libertad que tienen las personas para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas, “imprescindible… para ejercer plenamente otros derechos fundamentales y… elemento funcional que determina la calidad de la vida democrática de un país”.

La Primera Sala de la Corte estableció: Si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático.


Aun cuando acabara en un litigio, el caso Aristegui-MVS tiene que ver con la calidad de la vida pública de México: cuando un tribunal, resolvió la Corte, decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

AI aplaude liberación de víctima de tortura que estuvo preso 23 años (19 MARZO 2015)

México D.F: Amnistía Internacional (AI) aplaudió la decisión de la Corte de excarcelar a Alfonso Martín del Campo Dodd por violaciones al debido proceso.

El ahora exreo purgaba sentencia de 50 años en prisión por el delito de homicidio en agravio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Sólo había cumplido 23 años.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata al comprobar que fue torturado para inculparse del doble homicidio cometido en 1992.

En un comunicado, la organización reconoció que el fallo de la Corte refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.

Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

De acuerdo con la organización, el caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura.

La excarcelación de Martín del Campo no fue recibida por su sobrina María Fernanda Zamudio. En declaraciones a Radio Fórmula, la joven que presenció el crimen cuando tenía cuatro años de edad lamentó la decisión del tribunal.

“Estoy profundamente triste al ver cómo en este país, aunque hayamos metido muchas pruebas, aunque hicimos muchísimas cosas, no obtuvimos justicia, mis padres quedaron totalmente sin justicia en este país, es muy lamentable que no exista”, dijo.

Añadió que “nosotros en el proceso de reconocimiento de inocencia, metimos tres dictámenes, dos de la Procuraduría General de la República (PGR) y uno de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde concluía que no había tortura y no lo tomaron en cuenta”.

Incluso, subrayó que el documento que tomaron para sostener la tortura fue uno hecho por una organización que lo defendió.

“Entonces un dictamen que su propia defensa aporta, obviamente va a decir que hay tortura y es increíble que no hayan tomado en cuenta lo que nosotros metimos, que sí están en el reconocimiento de inocencia”, indicó María Fernanda.


Y concluyó: “Me da mucha tristeza ver como el crimen de mis padres ha quedado impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Prevén suspensión temporal del PRI a Cuauhtémoc Gutiérrez

México, DF. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI, cuya presidencia se encuentra acéfala, está convocada hoy por la tarde para definir si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (hijo de El rey de la basura), es expulsado de las filas del tricolor.

En el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionarios Institucional, se considera improbable que Gutiérrez de la Torre sea expulsado de ese instituto político, y se prevé que en las próximas horas la sanción que reciba sea la suspensión de derechos por un lapso de seis meses a un año.

El argumento que se barajará entre los integrantes de la Comisión de Justicia de ese partido es que Gutiérrez de la Torre poseé un singular y numeroso arraigo en la capital del país, que no será posible expulsarlo por tal circunstancia. E incluso el listado de las diputaciones plurinominales priístas (que generaron controversia) reflejan la importancia de Gutiérrez de la Torre en materia de votos, para la cúpula de su partido.

Así, en medio de la cuestionada operatividad de la Comisión de Justicia, el hijo de El rey de la basura, implicado -y operador- de una red de prostitución en torno al PRI del Distrito Federal, no será expulsado de las filas priístas. No obstante entre su correligionarias, ligadas al caso persiste el rechazo por la organización criminal que estructuró, en materia de prostitución, Gutiérrez de la Torre. Tal es el caso de Italy Ciani Sotomayor quien hasta hace 10 días fungía como al presidenta de la comisión que habrá de dirimir hoy el resultado del dictamen contra el presunto responsable.

Ella renunció a esa posición por considerar el caso indigno para su condición de mujer. Así, su sustituta, Reyna Araceli Tirado, también decidió abandonar la presidencia de la comisión arguyendo las mismas circunstancias de Italy Ciani, es decir, su condición de mujer, y sus principios éticos y morales.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ROBERTO GARDUÑO.

‘Desaparición forzada’

Expertos de la CIDH que analizan el caso de los 43 normalistas desaparecidos pidieron al Gobierno que no trate el caso solo como secuestro y homicidio.

Al concluir una primera visita de casi tres semanas a México, el grupo selecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los jueces que llevan el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero que lo traten como desaparición forzada y no solo como secuestro y homicidio, como hasta ahora.

Los expertos agregaron que hay “poca claridad” sobre lo que pasó con ellos, por lo que pidieron al Gobierno mexicano mantener su búsqueda.

El abogado chileno Francisco Cox dijo que la importancia de que sea considerado como un caso de desaparición forzada es que se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe.

Agregó que el fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de la investigación les comentó a los expertos que él había intentado reclasificar los delitos como desaparición forzada pero les aseguró que “había sido más bien el juez quien había desestimado esta calificación”.

Nuevos elementos

Los miembros del grupo señalaron que también pidieron a las autoridades mexicanas poder entrevistar al personal del batallón militar de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, para conocer más detalles de lo que sucedió ese día.

El médico español Carlos Beristain añadió que aún deben revisar más documentación y testimonios.


Los expertos adelantaron que han encontrado algunos “elementos” nuevos, pero evitaron dar detalles.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

“Gacelas” de Aguirre custodian a candidata del PRD-PT a la gubernatura de Guerrero

CHILPANCINGO. Gro: Personal del agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Pública conocido como Gacelas, adscrito a la coordinación de Seguridad del Ejecutivo estatal, fue habilitado como escolta personal de la candidata de la coalición PRD-PT a la gubernatura de la entidad, Beatriz Mojica Morga.

Este equipo fue conformado y es dirigido por el jefe de escoltas del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el teniente retirado Felipe Martín Ornelas Rebollo, un personaje siniestro vinculado al narco y que ahora asumió la seguridad de Mojica Morga.

Esta mañana, la candidata perredista realizó un acto de campaña en el mercado municipal de esta capital, donde estuvo resguardada por cuatro Gacelas vestidas de civil, aunque armadas.

El cinturón de seguridad fue completado por al menos cinco policías estatales más, todos vestidos de civil, quienes se mantuvieron al margen del primer círculo de protección.

Mojica Morga arribó a la central de abastos a bordo de una camioneta blanca de la marca Chevrolet modelo Tahoe y que tiene un precio en el mercado de más de medio millón de pesos. Mientras que su equipo de seguridad se desplaza en una camioneta tipo Suv de la marca Mitsubishi modelo Endeavor.

Al preguntarle sobre su equipo de seguridad personal, la candidata perredista dijo que son “sus amigas” y rechazó que el grupo de escoltas estén habilitados como policías estatales.

“No tengo seguridad estatal, no me la han ofrecido”, expresó Mojica, quien recurrió al grupo Gacelas para blindar sus recorridos en esta campaña que se desarrolla en un contexto de inseguridad y violencia que tiene asfixiada a la sociedad de Guerrero.

El grupo femenil de escoltas está encabezado por Maria de Lourdes, una mujer policía adscrita a la coordinación de Seguridad del Ejecutivo estatal, organismo dirigido por el teniente Felipe Martín Ornelas Rebollo durante la administración de Aguirre.

Ornelas Rebollo se desempeñó como jefe de Operaciones de la 27 Zona Militar en 1998 y encabezó la acción castrense en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla, donde soldados de Infantería masacraron a once indígenas mixtecos y cinco personas más resultaron heridas, todos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente (ERPI), refieren reportes oficiales consultados por Apro.

Posteriormente, en junio de 2008, policías ministeriales de Chiapas implicaron al teniente retirado en el caso del aseguramiento de una tonelada de cocaína que fue desaparecida bajo el argumento de que “era lactosa”.

En ese entonces, Ornelas Rebollo se desempeñaba como comandante de la Policía Ministerial de aquella entidad del sureste y el director de la corporación era el general Marcos Esteban Juárez Escalera, actual secretario de Seguridad en Acapulco.


Ambos fueron denunciados por su presunta responsabilidad en el decomiso y posterior desaparición de mil 824 paquetes con polvo blanco, que traían etiquetas con la leyenda “Cártel de Sinaloa” y que transportaba un grupo de sujetos armados detenidos en la colonia Patria Nueva.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.