“Defiende tu agua, defiende tu vida”, piden artistas mexicanos en video

Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.

Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar "el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía".

A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.

“uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa y a tres de cada diez le llega poca agua y de pésima calidad”, expone Rafael Inclán. Del agua potable, 70 por ciento sigue contaminándose.

A cuadro, otros actores como Eduardo España y María Aura advierten sobre el problema generado por las presas. Éstas han provocado el desplazamiento de 18 mil mexicanos y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. Debido a ello, algunos países han decidido liberar sus ríos y derribar las presas, pero en México se siguen construyendo.

En el 2012, se reconoció en la Constitución Mexicana el derecho humano al acceso, almacenamiento y disposición del agua, y ahora se requiere de una nueva ley de agua que lo garantice.

El 5 de marzo, sin embargo, se aprobó el dictamen de la nueva ley, que lejos de ser garante del derecho al agua pretende “dar nuestra agua a empresas privadas para su administración”, advierten los artistas, entre quienes también se encuentran Alfonso Herrera, Giovanna Zacarías, Humberto Busto y Rubén Albarrán, músico de Café Tacvba.

En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, se implementó el esquema de inversión privada para el servicio de suministro de agua, “pero hasta que se dieron cuenta de que estas empresas sólo buscaban su beneficio propio, ganancias económicas” fue que el agua volvió a ser de control público, indican.

La exigencia de los actores es “una ley que proteja nuestros ríos, bosques y campos”, que controle y disminuya la contaminación, procure el saneamiento del líquido, garantice una buena calidad y cantidad de agua, así como que en su manejo se incluya a la ciudadanía desde su planeación, así como que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil.

El video fue publicado en el portal www.aguasconelagua.mx/#, en el que se convoca a los mexicanos a firmar una petición para proteger el agua en México, que se encuentra en el link http://bit.ly/peticionagua.

Asimismo, se llama a enviar tuits a los líderes parlamentarios que decidirán la votación de la Ley: @MFBeltrones, @RicardoAnayaC, @AlonsoRaya_ y @ArturoEsc.

De igual modo, se remite a diversas direcciones web de organizaciones y movimientos de la sociedad para conocer más acerca del tema, tales como:

http://www.comda.org.mx/

http://www.imdec.net/

http://www.fanmexico.net/

http://www.blueplanetproject.net/

http://nofrackingmexico.org

http://www.mapder.lunasexta.org/

http://aguaparatodos.org.mx/

VÍDEO:

FUENTE: LA JORNADA.

Congela Congreso decálogo de seguridad

Las iniciativas propuestas por Enrique Peña Nieto en noviembre pasado como respuesta a las protestas por la desaparición de los 43 normalistas están sin avance. Los legisladores no han vuelto a hablar del Mando Único o del número de emergencia.

En noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo de medidas para combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia. 

Hoy, ese plan está en un impasse.

Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”, dijo Peña Nieto el 27 de noviembre del 2014.

Casi cuatro meses después, las iniciativas más controvertidas enviadas por el presidente de la República se encuentran en el Senado, donde han permanecido sin avance en las comisiones.

El final del periodo ordinario de sesiones se acerca, por lo que al PRI le urge sacar las iniciativas del estado del coma en que se encuentran… aunque tengan que hacerles cambios profundos.

En la Cámara Alta, hay quienes consideran que las medidas propuestas en las iniciativas que crean el Mando Único policial y regulan la intervención en los municipios son intransitables. 

Otros se pronuncian por su matización.

Algunas otras medidas anunciadas en el decálogo, como el establecimiento de una línea telefónica de emergencias, la creación de una cédula de identidad o el envío de otras iniciativas en materia de desaparición forzada o tortura, aún se encuentran pendientes.

Las polémicas iniciativas

Dentro del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto, las primeras medidas que se anunciaron fueron una serie de iniciativas para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Otra más para redefinir la competencia de las autoridades frente a los delitos; y una para crear las Policías Estatales Únicas.

Las iniciativas fueron enviadas al Senado de la República y, en un primer momento, se intentó darles un tratamiento especial para que fueran aprobadas a la brevedad.

Sin embargo, la oposición del PAN y el PRD frenaron lo que parecía una aprobación fast track.

El paquete de iniciativas presidenciales contempla la modificación de siete artículos constitucionales.

En el caso de la creación del Mando Único Policial Estatal, la iniciativa señala que la seguridad pública será una función de la Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no policial.

Con ello, desaparecerían las policías municipales y la responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los gobernadores. Las unidades estatales estarán bajo el mando de las federales.

Con este modelo se buscará  que se homologue la remuneración mínima de los policías en todo el país, así como sus protocolos de actuación, operación y equipamiento.

Un segundo capítulo de estas reformas se refiere a la definición de competencias en materia de justicia, para que se definan los tipos penales y sus sanciones y qué le corresponde a cada uno de los ámbitos de justicia.

Se explora dar al Congreso la facultad de publicar la legislación única de justicia penal para adolescentes y una ley general para la investigación, persecución y sanción de los delitos sin importar su fuero.

Y, sin duda, la medida más polémica es que se busca facultar al Congreso para emitir una Ley contra la infiltración del crimen en los municipios, en la que se debe establecer, señala el Ejecutivo, la facultad de intervenir a las localidades donde haya presunción de haber sido infiltradas por criminales.

“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.

En esta propuesta se señala que la seguridad en los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados y los municipios deberán realizar aportaciones a las entidades para realizar esta función.

Este paquete de iniciativas conforman los tres primeros puntos del decálogo propuesto por el presidente Peña Nieto y sus propuestas han levantado polvo desde el día de su presentación.

A pesar de que el Ejecutivo instruyó a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Gamboa, los líderes de las bancadas del PRI en el Congreso, que aceleraran la aprobación de estas reformas, los priistas no han podido vencer la oposición a estas medidas.

Ahora, el tricolor trabaja en la matización de estas iniciativas para buscar el voto aprobatorio del PAN y el PRD en el Senado.

La matización de las reformas

Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a tres comisiones en el Senado: Puntos Constitucionales, presidida por el priista Enrique Burgos; Justicia, a cargo del panista Roberto Gil; y Estudios Legislativos Segunda, a cargo del senador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas.

Hace unas semanas, se convocó a foros de expertos y autoridades para conocer su punto de vista sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la discusión en las comisiones feneció. No ha habido una sola reunión de esos órganos para determinar la forma en que se podrá avanzar en su aprobación.


Enrique Burgos, senador del PRI, reconoció que habrá un proceso de modificación del paquete de iniciativas presidenciales a fin de lograr un consenso y poder aprobarlas antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que termina también con la LXII Legislatura.

“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas urgentes”, afirmó Burgos.

En el caso del Mando Único, por ejemplo, el PRI impulsará que se establezca un esquema diferenciado para saber cuáles son las policías locales que podrán prevalecer y continuar con sus labores.

Por ejemplo, podrían dejar en funciones a los cuerpos policiacos de grandes ciudades que sí sean funcionales, como Monterrey, Guadalajara o Querétaro, para auxiliar en las tareas cotidianas de la ciudad.

En contraparte, se buscará también que en los municipios donde no hay policía o la corporación sea de muy pocos elementos, haya labores de capacitación y de revisión de los salarios que perciban.

El tema más polémico, comentó Burgos, es la intervención de la Federación en los municipios; sin embargo, es necesario establecer mecanismos para librar a las localidades de los criminales que quieren dominarlas.

“Ya ha habido algunos casos en donde la delincuencia quiere dominar, por ejemplo, la basura, el manejo de la basura. Parecería algo sin importancia, pero de ahí sacan el cristal, el plástico y muchísimas cosas. Entonces hay factores que indican que hay amago de penetración ahí, por lo que se faculta a la Federación a intervenir”, expuso.

Para Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, algunos puntos de la iniciativa presidencial son intransitables, ya que atentan directamente contra el federalismo.

“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos que permitan su fortalecimiento. Las medidas propuestas del Ejecutivo profundizarán su debilitamiento”, sentenció Encinas.

Para el legislador, es imposible que los municipios apoyen a los legisladores en una iniciativa de este calado, pues se trata del desmantelamiento de los gobiernos locales y de la concentración de poder en un solo cuerpo policiaco que podrá ser fácilmente corrompible.

“Es el caso de la inefable gestión de Arturo Durazo y la hermandad en la policía capitalina, quien concentró tal nivel de poder en el control de la policía que acabó administrando al crimen.

“Al igual que sucedió con el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, que se constituyó en un aparato represivo contra la lucha social, cuyo poder se colocó por encima de la autoridad municipal”, rememoró Encinas.

Fueron los alcaldes panistas quienes pidieron un alto a los legisladores federales encargados de la discusión de estas reformas.

Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, fue el receptor de las quejas de los presidentes municipales del albiazul, anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa presidencial.

“Es una iniciativa que parte de la falsa idea de que los problemas de seguridad del país son fundamentalmente de delincuencia organizada y que se generalizan en todos los municipios del país y eso no se corresponde con la realidad.

“El problema de nuestro país es que no solamente hay delitos de alto impacto, sino que hay delitos de alta frecuencia, que es la que corresponde combatir y prevenir a los municipios”, ha dicho Gil.

Con estas posiciones, el PRI buscará impulsar la transformación de estas iniciativas para que puedan pasar los filtros de los partidos de oposición.

Los otros pendientes

El decálogo del presidente Peña Nieto no se limita solamente a la discusión de estos cambios legales, sino que quedan algunos temas pendientes.

Como parte de las medidas, el Gobierno federal se comprometió a impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia.

Sin embargo, mientras estaban en discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, el PRI mantuvo su oposición a ciertos temas que provocaron polémica, como la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real o la apertura de información relacionada con violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, el tricolor cedió y tuvo que aceptar los condicionamientos de la oposición para poder aprobar esas leyes, que están ahora en revisión en sus contrapartes.

Aunque se prevé que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe una iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Congreso ya comenzarán a discutir las más de 30 que ya fueron presentadas por los partidos.

Las iniciativas de justicia cotidiana, relacionadas con temas de la vida diaria, como un divorcio, una multa, un despido injustificado, un conflicto vecinal, por mencionar algunos, se encuentran en proceso en instituciones educativas como el CIDE, que han realizado diversos foros al respecto.

La instalación del número de emergencia 911 requerirá de un sistema que opere en todo el país y se prevé que esté en operación hasta el 2016.


El primer mandatario dio también el banderazo al proceso de creación de la Clave Única de Identidad en enero pasado y, para su instrumentación, el primer paso es la sistematización de todos los datos contenidos en el Registro Civil de todos los municipios para establecer los números únicos de cada ciudadano.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

A Cuauhtémoc Gutiérrez no se le ha comprobado ningún delito: Camacho

MÉXICO, D.F: El líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, justificó la decisión de ese partido de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez, ya que no se le ha comprobado delito alguno.

El pasado viernes la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor determinó mantener a Gutiérrez en las filas de su partido, aunque suspendió de manera indefinida los derechos políticos del expresidente de este instituto político en el DF.

Gutiérrez es acusado de encabezar una red de prostitución en el Comité de ese partido en el Distrito Federal.

Camacho dijo que la Comisión de Justicia del PRI sustentó con documentos y testimonios la sanción contra el hijo del Rey de la Basura.

Indicó que en el PRI no se hace justicia por consigna, ni exoneración ni inculpación por determinación de nadie.

Camacho agregó que el PRI acatará la determinación de la autoridad judicial, pues una decisión así no depende de la voluntad del priismo.


“El futuro de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no depende del PRI”, destacó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rebelión en San Quintín

Una semana agitada vivió el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el norte de Baja California. Un paro de jornaleros agrícolas derivó el martes 17 en bloqueos carreteros y saqueos. Las autoridades respondieron la madrugada del miércoles 18 con detenciones masivas y –en algunos casos– arbitrarias. Y la situación llegó a un punto muerto, con una mesa de diálogo que no ha dado resultados. Los trabajadores exigen  respeto a sus derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones. Proceso publica la cobertura noticiosa realizada por el semanario Zeta de Tijuana.

VALLE DE SAN QUINTÍN, BC: La desesperación y la ira de los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California –cuyas denuncias de explotación en los campos agrícolas han sido ignoradas desde hace años– estallaron el martes 17.

Ese día los trabajadores del campo bloquearon en varios puntos la carretera transpeninsular y algunos de los jornaleros incluso saquearon comercios.

La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus) convocó a la paralización de toda actividad comercial y de servicios básicos a partir de las 03:00 horas del martes 17, llamado al cual respondió casi la mitad de los más de 70 mil jornaleros que contabiliza ese frente.

Previamente hubo dos frustradas mesas de diálogo –una el 15 de octubre de 2014 y otra el pasado 22 de enero–, en las cuales los jornaleros organizados consideraron que no se tomó con seriedad su pliego petitorio, pues no estuvieron presentes los principales actores: Juana Laura Pérez Floriano, secretaria bajacaliforniana del Trabajo, representantes sindicales ni la parte patronal. En cambio llegaron funcionarios menores a darles “más atole con el dedo”.

No estaba “ninguna de las autoridades que tenía que estar, así que nosotros también abandonamos esas mesas de trabajo, porque ellos no fueron capaces de llamar a los representantes de los agricultores o a los apoderados legales de las empresas, ni a los representantes de los sindicatos”, dijo a Zeta uno de los líderes de la Aonemjus, Fermín Salazar, el lunes 16.

El conflicto estalló el martes 17. A las 03:00 horas empezó la movilización para bloquear puntos estratégicos de la carretera transpeninsular –principalmente en zonas aledañas a los ranchos agrícolas señalados por los jornaleros como centros de vejación y excesos–, ahora con la demanda de la presencia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y del secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las mesas de diálogo.

Los jornaleros advirtieron: “Responsabilizamos al gobierno de cualquier acción que pueda tomar en contra de esta organización, en contra de los dirigentes, porque se les dio suficiente tiempo para platicar con ellos, y como no lo hicieron, la gente ya está cansada… son miles de trabajadores”.

Y una vez más enviaron su pliego petitorio con copia al presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se incluyen, como puntos básicos, el respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas, revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y la CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de ley, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos al día, respeto a los derechos de las madres trabajadoras y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones.

Señalaron a 12 empresas que les dan trato de esclavos y violan los más elementales derechos humanos y laborales; los dueños de algunas de esas compañías tienen ligas con funcionarios y políticos del PRI y del PAN.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ.

El gobierno de Calderón acordó con el de Obama el tráfico ilegal de armas

Los operativos de Washington para introducir armas a México, con el propósito de desmantelar a las organizaciones encargadas de traficarlas, eran del conocimiento y tenían la colaboración de la administración calderonista. No obstante, los fusiles siempre acababan en manos de la delincuencia organizada mexicana, sin afectar sus redes de trasiego. Una investigación en Estados Unidos apunta a la complicidad de varios altos funcionarios del sexenio pasado en esa actividad ilícita –dos de ellos ahora son ministros de la Corte: Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–, de modo que no es posible creer que Felipe Calderón desconociera los hechos.

MÉXICO, D.F: Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, el gobierno de Felipe Calderón concertó con la administración de Barack Obama la introducción ilegal de aquéllas a México, destinadas a la delincuencia organizada. El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para la introducción de los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.

Conforme avanzan en el Congreso estadunidense las investigaciones del operativo Rápido y Furioso se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón. El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República el sexenio anterior.

Pero no es el único exfuncionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadunidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los otros implicados son los extitulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de la de Seguridad Pública (SSP), de la de Relaciones Exteriores (SRE) así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.

La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México. A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y “posiblemente participaron” en distintos operativos del gobierno estadunidense.

“Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadunidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral”, dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Aguilar Zinser.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Aristegui dice que le pidieron no difundir el reportaje de la Casa Blanca en MVS; “falso”, responde la empresa

La periodista mexicana contó cómo la empresa informativa le pidió a ella y a su equipo no publicar el reporte sobre la casa propiedad de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera.

Luego de pedir a Noticias MVS su reincorporación –junto con su equipo– a su espacio radiofónico, la periodista Carmen Aristegui dio una entrevista a la revista Proceso, en la que contó que la empresa informativa le pidió no publicar a través de Primera Emisión el reportaje sobre la Casa Blanca, el cual reveló que Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, compró a Grupo Higa –una empresa beneficiada con la entrega de licitaciones– una mansión en Lomas de Chapultepec.

“Hubo una petición para que ese trabajo no se difundiera en MVS. Hubo una situación muy tensa y compleja entre nosotros. No en un tono impositivo o imperativo, sino de ‘búsqueda de comprensión’ de mi parte. Se colocó, efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecía“, dijo Aristegui a la revista.

Sin embargo, MVS difundió este domingo 22 de marzo un comunicado en el que califica de falsas las declaraciones de Aristegui. 

Los argumentos, de acuerdo con la empresa:

– Desde el 10 de noviembre pasado, el caso ha sido difundido en Noticias MVS.

– Carmen Aristegui habló sobre el reportaje durante más de 120 días, “cientos de horas desde entonces, en las que de manera intensa y contínua, la periodista ha expuesto, re expuesto y vuelto a exponer, a través siempre de nuestros micrófonos, aquel reportaje”.

Asimismo, la empresa detalló que el reportaje fue elaborado con recursos financieros, humanos y materiales de Noticias MVS. “Es importante resaltar también que la señora Aristegui decidió desviar estos recursos en beneficio del portal de su propiedad llamado Aristegui Noticias, portal que tuvo durante algunas horas la exclusiva del reportaje de la Casa Blanca”, agrega el documento.

“Nuestros abogados ya revisan este caso en el que el desvío de estos recursos en favor de los intereses patrimoniales de la conductora podría ser ilegal. Será interesante conocer la explicación que Aristegui dé a su propio conflicto de intereses”, detalla.

“Es de resaltarse que Carmen Aristegui decidió darle la exclusiva del reportaje mencionado a su portal “Aristegui noticias”, durante el domingo 9 de noviembre de 2014 (día en el que su programa en Noticias MVS por ser domingo, no se transmite) y al día siguiente, el lunes 10, más del 50% del tiempo del programa fue dedicado al reportaje de la Casa Blanca. ¿Dónde estuvo entonces la censura?”.

El mensaje íntegro de MVS:

FALSO QUE MVS RADIO HAYA CENSURADO EL REPORTAJE DE LA CASA BLANCA
Durante cuatro meses Carmen Aristegui transmitió en los micrófonos de Noticias MVS, cientos de horas sobre el tema de la Casa Blanca.
¿Qué es lo que la motiva a exigirnos su reinstalación?
En referencia a las declaraciones de la periodista Carmen Aristegui publicadas hoy, MVS Radio, considera oportuno hacer las siguientes precisiones:

Es falso que nosotros hayamos censurado a Carmen  Aristegui para que no difundiera  a través de MVS el reportaje de la Casa Blanca.

Nos sorprende mucho esta afirmación, dado que ha sido público y notorio la amplia difusión que dicho reportaje tuvo precisamente en el espacio informativo de Noticias MVS desde el 10 de Noviembre del año pasado.

Durante más de 120 días, la señora Carmen Aristegui ha utilizado cientos de horas los micrófonos de Noticias MVS, muchas de las cuales ha estado presente, desde un principio, el tema de la Casa Blanca y las distintas derivaciones que la propia señora Aristegui ha hecho sobre el mismo tema. Cientos de horas desde entonces, en las que de manera intensa y contínua, la periodista ha expuesto, re expuesto y vuelto a exponer, a través siempre de nuestros micrófonos, aquel reportaje. Cientos de horas, han transcurrido desde entonces, en las que MVS Radio, no se inmiscuyó, como nunca lo hizo, en la línea editorial de Carmen Aristegui. Cientos de  horas en las que a la par que la señora Aristegui daba vuelo a un reportaje realizado con recursos técnicos, humanos y financieros de MVS Radio, al tiempo que recibía el reconocimiento general por aquel trabajo periodístico.

Han pasado desde entonces cuatro meses, más de 120 días, sin que la señora Carmen Aristegui haya empleado unos cuantos segundos siquiera para denunciar una censura que a todas luces nunca ocurrió. ¿Por qué hasta ahora? Si eso fuera cierto, ¿Por qué entonces dejó pasar tantos días, tantas horas, tantos meses, tanto tiempo para denunciarlo? Peor aún, ¿Por qué razón no dijo nada durante todo este tiempo?

¿Qué es lo que la motiva a exigirnos su reinstalación?

¿Cómo explica la señora Aristegui la censura que ahora denuncia, después de haber transmitido durante cuatro meses ininterrumpidos notas y más notas respecto a la Casa Blanca?

¿Cómo explicará Carmen Aristegui haber trabajado tanto tiempo en una empresa a la que repentinamente acusa de censura?

¿Con qué dignidad llevaba a cabo su trabajo quien siempre se ha ostentado como defensora de la libertad de expresión?

¿Qué fue lo que la mantuvo estos meses en MVS, si de acuerdo con su versión fue censurada? ¿Qué la motivaba entonces a seguir con nosotros? ¿Sería el jugoso ingreso que recibía? ¿Sería la posibilidad de prorratear indebidamente recursos de MVS para subsidiar su portal Aristegui noticias? Como dice la periodista: “estas son preguntas válidas” pero eso lo tendrá que responder la propia Aristegui.

Es importante destacar que el reportaje de la Casa Blanca fue elaborado  con recursos financieros, humanos y materiales de Noticias MVS. Asimismo, es importante resaltar también que la señora Aristegui decidió desviar estos recursos en beneficio del portal de su propiedad llamado Aristegui Noticias, portal que tuvo durante algunas horas la exclusiva del reportaje de la Casa Blanca.

Nuestros abogados ya revisan este caso en el que el desvío de estos recursos en favor de los intereses patrimoniales de la conductora podría ser ilegal. Será interesante conocer la explicación que Aristegui dé a su propio conflicto de intereses.

Ha pasado mucho tiempo-aire por los micrófonos de MVS Noticias, en los que se ha analizado exhaustivamente el reportaje de la Casa Blanca. Si la tesis de la señora Aristegui fuese cierta, en alguno de los más de 120 días que han pasado desde entonces, la empresa pudo haberse deslindado de la conductora y eso no ocurrió. Por el contrario, como lo dimos a conocer, en el mes de Diciembre, pocos días después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca, su contrato fue renovado. Hace quince días se le autorizó cambiar el automóvil de lujo que le proporciona la Empresa, con el doble de valor del establecido en el contrato.

Se renovaron las cortinillas para la difusión de su noticiero en el Canal 52 MX y a la mayoría de la gente de su equipo se les incrementó el sueldo.

Es de resaltarse que Carmen Aristegui decidió darle la exclusiva del reportaje mencionado a su portal “Aristegui noticias”, durante el domingo 9 de noviembre de 2014 (día en el que su programa en Noticias MVS por ser domingo, no se transmite) y al día siguiente, el lunes 10, más del 50% del tiempo del programa fue dedicado al reportaje de la Casa Blanca. ¿Dónde estuvo entonces la censura?

Nuevamente nos encontramos con que Carmen Aristegui ha ignorado algunos detalles en beneficio de su propia causa.

Carmen Aristegui miente y falta a la ética. Nadie Carmen, podrá creer nunca, que tantas horas de difusión del tema de la Casa Blanca, a través de Noticias MVS, pudieran ocurrir si alguien te hubiese censurado. Tu afirmación falta a la verdad y falta a la ética. Está visto Carmen que cada vez que has salido de una empresa, los responsables del hecho son siempre otros, y curiosamente siempre han sido los mismos. Está visto Carmen que tu nivel de autocrítica excluye siempre la posibilidad de reconocer cuando te equivocas.

Como lo hemos informado, el motivo de la terminación del contrato, obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como condición para resolver el problema que enfrentamos la reinstalación de los dos reporteros separados de su cargo, y como empresa no podemos aceptar condicionamientos o ultimátos de nuestros colaboradores. No podemos permitir que nadie pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros. Las actitudes individualistas, no tienen cabida en nuestro proyecto.


Ratificamos que este es el momento en  que cada quien se haga responsable de sus propios actos. Los reporteros separados de su cargo son responsables de haber comprometido una alianza de MVS en la que no fuimos consultados. Tú Carmen, eres responsable de la soberbia que te llevó a creer que podías desafiar a la administración de MVS Radio para imponer tu voluntad, y nosotros Carmen, somos responsables de no aceptar ni tu desafío, ni tus condiciones.

Deja de buscarle cinco pies al gato. MVS Radio se hace responsable de su libertad de empresa y libertad de contratación. Libertades Carmen, tan valiosas y apreciadas como tu libertad de expresión…

Grupo Imagen Multimedia adelanta el pago de concesión para la tercera cadena de TV

La empresa reiteró que no considera la incorporación de ningún socio capitalista en este nuevo proyecto televisivo.

Grupo Empresarial Ángeles determinó adelantar el pago de mil 808 millones de pesos por la contraprestación para obtener el título de concesión con el que operará la tercera cadena de televisión digital abierta nacional.
“El pago adelantado demuestra la solidez financiera y compromiso de Grupo Imagen Multimedia con el proyecto, por lo que, de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación, se espera contar con el título de concesión en un máximo de quince días para iniciar con un modelo vanguardista de televisión abierta”, resaltó en un comunicado.

Al respecto, el director general del Grupo, Olegario Vázquez Aldir, destacó que “no hay tiempo qué perder”.

Resaltó que se trata de una inversión de 10 mil millones de pesos que considera el plan de negocios de la empresa y que la decisión de adelantar el pago de la contraprestación es para ganar un mes de tiempo preoperativo e iniciar transmisiones en enero próximo.

Este pago adelanta los trabajos de inversión en infraestructura, los estudios técnicos, de mercado, y los análisis de factibilidad en las 123 estaciones que se instalarán. Se contempla iniciar transmisiones el 1 de enero próximo en por lo menos 30 de las plazas más importantes del país, subrayó Vázquez Aldir.

Grupo Imagen Multimedia reiteró que no considera la incorporación de ningún socio capitalista en este nuevo proyecto televisivo y que su apuesta será por el gran talento mexicano tanto al frente, como detrás de cámaras.


El 11 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones comunicó que Cadenatres, de Grupo Imagen Multimedia, cumplió con los requisitos económicos y de cobertura requeridos en la licitación para operar, por un plazo de 20 años prorrogables, una cadena de televisión digital abierta nacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX

Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga

Contratista y amigo de Enrique Peña Nieto, Gabino Fraga ofrece asesorías legales a empresas para venderle proyectos al gobierno federal; lo malo es que también es delegado fiduciario de Banobras. Esto hace pensar que no hizo por desconocimiento las presuntas maniobras irregulares que se investigan en España; además, es inevitable recordar que su empresa, el Grupo de Abogacía Profesional, se involucró en el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial priista en 2012, el monexgate.

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña, investigado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco Madrid por más de 400 mil euros, es delegado fiduciario de Banobras.

Esto significa que Fraga Peña es apoderado del banco del gobierno mexicano para representarlo y administrar sus fideicomisos.

Fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa, Grupo de Abogacía Profesional (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex. Fue nombrado delegado fiduciario en 2014, cuando Alfredo del Mazo Maza era titular de Banobras.

Bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, Banobras otorgó a GAP un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inició en enero de 2014 y concluyo en diciembre siguiente.

Fue el primer contrato para Fraga detectado después de la campaña presidencial, pero en su página de internet GAP afirma que elabora estudios jurídicos para el IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

En el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien también forma parte de GAP.

Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto a través de monederos electrónicos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Ayotzinapa: sus propios informes comprometen al Ejército

Un expediente de la Secretaría de la Defensa, entregado a este semanario gracias a la Ley de Transparencia, demuestra que, contra lo dicho ante diputados por el general Salvador Cienfuegos, el Ejército sí conoció de las agresiones de la policía igualteca a los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre y no hizo nada por evitarlas. Pese a que los reportes consultados están llenos de tachaduras y agregados extemporáneos, la historia se cuenta sola.

MÉXICO, D.F: El informe que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, entregó sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos indica:

Aproximadamente 2230 horas arribaron al lugar tres patrullas más a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos, sin especificar qué tipo, aproximadamente 2235 horas los policías que llegaron trataron de bajar a los estudiantes”.

Esta información está contenida en uno de los reportes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a Proceso por vía de la Ley de Transparencia a la solicitud folio 0000700019715.

Del camión que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la mayoría de pasajeros fueron desaparecidos. Personal castrense lo supo esa noche y posiblemente estuvo presente, como quedó asentado en la bitácora.

Los reportes revelan que desde las 23:00 horas del 26 y hasta las 06:00 del 27 hubo dos unidades de la Fuerza de Reacción de ese batallón patrullando las calles; vieron los cadáveres, acudieron a los hospitales donde encontraron a los heridos, supieron de las balaceras y de los ataques.

Durante esa madrugada 43 normalistas fueron desaparecidos. El día 27 los estudiantes buscaban por las calles a sus compañeros desaparecidos y otros declaraban ante el ministerio público, pero el reporte de los patrullajes que hizo ese día personal del 27 batallón culmina con un “sin novedad”.

El expediente entregado tiene huecos. A la serie le faltan 97 folios con reportes de los días 26 y 27 de septiembre, incluye notas extemporáneas dando cuenta tardía de detalles no registrados en los primeros informes, líneas enteras le fueron borradas, las fotos censuradas y eliminados los nombres de los militares participantes (sólo se mencionan dos mandos), contiene croquis mal hechos y errores evidentes en temas clave como los sitios donde ocurrieron los hechos o el número y las marcas de los autobuses implicados.

La información difiere de los testimonios de los normalistas sobrevivientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos, de declaraciones que han dado autoridades sobre ese día y de algunas pruebas documentales.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Denuncian cobro de “derecho de piso” a bares de la Condesa

MÉXICO, D.F: Narcomenudistas cobran “derecho de piso” a bares de la Condesa, denunció el propietario de uno de estos negocios ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Según el diario Reforma, el dueño afirma que siete establecimientos de esa colonia, de Polanco y la Zona Rosa sufren estas extorsiones desde el 2013 pero que no denuncian por temor.

Supuestamente el grupo que se encarga de realizar estas extorsiones es La Unión Insurgentes.

El dueño del negocio aseguró que paga 5 mil pesos semanales a esa organización delictiva.

Además, debe tolerar que vendan droga en su establecimiento, por lo que interpuso una denuncia ante la Fuerza Antisecuestros.


El diario tuvo acceso a la averiguación previa del caso (FAS/T3/34/15-02) que se presentó en febrero e indica que el empresario fue amenazado de muerte desde octubre pasado por Luis Felipe Chávez Cabrera, uno de los líderes del grupo de narcomenudistas y vinculado al cado del bar Heaven.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acompañada de Felipe Calderón, ‘Cocoa’ registra su candidatura en Michoacán

El expresidente mexicana acompañó a su hermana ante el Instituto Nacional Electoral estatal para registrar su candidatura al gobierno de ese estado.

Luisa María Calderón Hinojosa solicitó este domingo su registro como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno estatal ante el Instituto Electoral de Michoacán.

También entregó al órgano electoral su propuesta a fin de que sea supervisada y afirmó que el documento integra todos los planteamientos e inquietudes que ha regido a lo largo de todo el estado durante los últimos meses.

El expresidente Felipe Calderón calificó a su hermana como la mejor candidata y destacó la honestidad, valentía y preparación con que cuenta.

Al registro y posterior mitin asistieron también Gabriel y Juan Luis, los otros dos hermanos de Luisa María. Así como Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva.

Como se recordará Luisa María Calderón contendió durante la elección del 2011 obteniendo el segundo lugar, debajo de Fausto Vallejo Figueroa.

PAN y Morena registran a sus candidatos al gobierno de BCS

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento de la Regeneración Nacional (Morena), registraron ante las autoridades electorales locales s sus respectivos candidatos a la gubernatura para los comicios del próximo 7 de junio.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California Sur (IEEBCS), recibió este domingo a los representantes del Partido Acción Nacional, quienes registraron como su candidato al senador con licencia, Carlos Mendoza Davis.

Por su parte, los representantes de Morena presentaron como su candidato al ex alcalde de La Paz y también ex diputado federal, Víctor Manuel Castro Cosío, para que sea su abanderado en los comicios del próximo 7 de junio.

Luego de su respectivo registro, ambos candidatos se dirigieron a sus seguidores para exponer parte de sus proyectos, que desplegarán con toda oportunidad a partir del próximo 5 de abril cuando de manera oficial iniciarán las campañas proselitistas.

Para mañana lunes se tiene previsto el registro de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

El martes, el Instituto Estatal Electoral tiene agendado el registro del candidato que abanderará a la alianza conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.


Los comicios del próximo 7 de junio renovarán la gubernatura de Baja California Sur, sus cinco alcaldías y 21 diputaciones del Congreso local, 16 de ellas electas por mayoría relativa y cinco por el principio de representación proporcional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX

¿Qué provocó el desalojo de jornaleros en Baja California?

La región agrícola de San Quintín era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 personas de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente.

“Todos veíamos normal que suspendieran a gente por tres o cuatro días o que la despidieron sin indemnización por exigir que se respetaran nuestros derechos, por tratar de obligar a los patrones a pagar horas extras o los días que nos tocaba descanso”, comentó José Ignacio García, de 19 años y quien trabaja desde los 12 en los campos del valle de San Quintín, 180 kilómetros al sur de Tijuana y no muy lejos de la frontera con Estados Unidos.

“Nos acostumbramos a ganar 100 pesos (poco más de seis dólares) por una jornada diaria de más diez horas, pero ahora ya no nos alcanza para lo indispensable, para vivir, para mantener a una familia”.

Esa región agrícola era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, todos distritos del municipio de Ensenada, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

“Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27 años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de sus dos hijos y de su madre.

La huelga derivó en un enfrentamiento el pasado martes, cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano) intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Como consecuencia de la agitación, se cerraron todos los negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000 personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50.000 jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.

El subsecretario del Gobierno de Baja California Pablo Alejo López dijo que se había establecido una mesa de diálogo con los manifestantes, quienes de entrada “pusieron como condicionante que hubiera un representante de las empresas y de los sindicatos y hasta ahora no había sido posible”.

“Sabemos que hay rezagos que hay que atender, hay empresas muy responsables, pero también empresas que se aprovechan de la laxitud de las leyes, de las normas y de las políticas que puedan implementarse y eso hace que se estanque el avance. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar”, dijo López a la AP.

Los rancheros no han querido hablar en público de las protestas, pero el propio gobierno “reconoce que lo que perciben (los jornaleros) no les alcanza” para vivir, según dijo a la AP Moisés Dávalos, delegado de la Secretaría General de Gobierno de San Quintín. Añadió, no obstante, que los manifestantes “están generalizando los maltratos de mayordomos. Hasta ahora no tenemos nombres específicos de maltratos o acoso sexual”.

Aludía a denuncias de que los mayordomos de los ranchos imponen un régimen de trabajo abusivo.

“Nos levantamos a las cuatro de la mañana para esperar el camión que nos lleva a los campos”, relató la jornalera Sierra. “Ahí llegamos a las 6:30 y los mayordomos nos dicen que ya debemos entrar a los surcos pese a que nuestra entrada es a las siete; nunca nos pagan horas extras, nos dicen que debemos cerrar cortes y tienes que trabajar hasta las cuatro o cinco de la tarde, todo el día agachados y a veces sin agua”.

Para algunos especialistas, la manifestación social de esta semana es un alerta roja, una expresión de duras problemáticas históricas que no se han resuelto.

“En los años 90 (del siglo pasado) hubo estallidos de violencia – aunque no con la magnitud de ahora – por las situaciones laborales de ciertos ranchos que cometían diversos abuso. Algunos ranchos no les pagaban a sus trabajadores. Hay que reconocer que se ha mejorado en materia social y laboral, pero falta mucho por hacer”, dijo Vicente Guerrero, de 61 años, pionero de la siembra de ostiones en San Quintín e impulsor de la municipalización del valle. “Tenemos un fallo fuerte en seguridad social y en los contratos colectivos. Además de que la ciudad tiene severos focos de delincuencia, colonias que son asoladas por vándalos y que muchos de ellos estuvieron involucrados en los actos vandálicos que se hicieron durante las protestas”.

Por su parte el economista y catedrático del Colegio de la Frontera Norte Alejandro Díaz Bautista señaló que “hay un rezago económico y social de décadas en San Quintín. Padecen pobreza extrema, hay carencia de infraestructura, servicios básicos, agua y sobre todo carencia de fuente de empleo”.

“Los problemas económicos y sociales que aquejan a los habitantes de la región de San Quintín son la desigualdad social y falta de oportunidades económicas para los indígenas, atención insuficiente de servicios de salud, escasa cobertura económica y deportiva, carencia de áreas de desarrollo cultural, al igual que falta de agua”, apuntó Díaz Bautista.

Cifras oficiales indican que el 46.8% de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo a la AP que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM – CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.

En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad específica de surcos.

La situación se mantiene tensa en la región. La mayoría de los comercios, incluyendo estaciones de gasolina y supermercados, siguen cerrados y a lo largo de la carretera Transpeninsular los manifestantes prenden fogatas.


Las autoridades, por su parte, establecieron retenes policíacos con oficiales armados con rifles, quienes revisan autos al azar, según pudo comprobar la AP.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP

Familias de los 43 normalistas buscan apoyo en Los Ángeles

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizarán caravanas en Estados Unidos. Este domingo está programada una marcha en Los Ángeles para llamar la atención sobre el caso.

Dos sobrevivientes de la emboscada también participarán en la marcha desde la plaza Olvera Street al consulado de México, con la esperanza de que una fuerte muestra de apoyo ayudará a presionar al gobierno para resolver el caso.

"Tan pronto como empezamos a protestar en México, la policía antidisturbios viene y quiere sacarte de allí", dijo Ángel Neri de la Cruz, de 19 años de edad, vistiendo la chaqueta roja de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. "Aquí queremos el apoyo, no sólo de la comunidad latina, también de todas las razas, para que sea una presión para resolver este caso".

El 26 de septiembre de 2014, De la Cruz viajaba en un convoy de autobuses y furgonetas que él y otros estudiantes de la localidad rural de Ayotzinapa Guerrero, tomaron para protestar contra las políticas del gobierno. En la ciudad de Iguala, la policía local abrió fuego. Seis personas murieron y decenas resultaron heridas.

De la Cruz escapó. Pero otros fueron detenidos por la policía y 43 de ellos no se han visto desde entonces.

Las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos fueron entregados a un cártel local de la droga que los mató a todos. Hombres arrestados declararon que descuartizaron y quemaron los cuerpos.

Durante la búsqueda en las laderas alrededor de Iguala fueron encontrados decenas de cadáveres, pero ninguno correspondía a los estudiantes.

En diciembre pasado, los expertos forenses dijeron que encontraron un hueso en un vertedero, el cual, tras las pruebas, fue identificado uno de los normalistas.

Pero los familiares de los estudiantes dicen que no han visto una prueba definitiva de sus muertes, y esperan que estén vivos.

"Continuamos con la búsqueda de nuestros hijos", dijo Estanislao Mendoza Chocalate, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarias, en una conferencia de prensa en la Plaza Olvera el sábado.

Tres caravanas se están moviendo a través de Estados Unidos para conseguir el apoyo de los mexicanoestadunidenses y de otros sectores. Una está en Los Angeles y se moverá por la costa oeste. Otra viaja a través del Medio Oeste, y una más está cubriendo la costa este. Después de 43 días, los familiares planean converger en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: REDACCIÓN.

Otra muerta en Juárez: hallan cuerpo semienterrado y con vestimenta escolar

CHIHUAHUA, Chih: El cuerpo sin vida de una joven que vestía uniforme fue encontrado este sábado en el fraccionamiento Parajes de San José, al oriente de Ciudad Juárez.

El hallazgo fue realizado por un joven que pasaba por un lote baldío, donde unos perros habían desenterrado una pierna del cadáver. De inmediato los vecinos dieron aviso a las autoridades.

Alrededor de las 16:30 horas los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer aseguraron el lugar en las calles Fundadores y América, y luego sacaron el cuerpo que tenía vestimenta escolar.

A la zona del hallazgo acudió la madre de Esmeralda Guadalupe Guzmán Guerrero, de 14 años, quien el pasado día 9 desapareció en el mismo fraccionamiento cuando se dirigía de su casa al Cecytec número 11. Sin embargo, las autoridades aún no dan a conocer de manera oficial la identidad de la víctima encontrada.

La Fiscalía Especializada de la Mujer activó la segunda fase del Protocolo Alba el fin de semana pasado junto con el caso de otras dos adolescentes desaparecidas.

Éstas últimas fueron localizadas esta semana cuando robaban en una casa-habitación del fraccionamiento Parajes del Sur. Con ellas se encontraba Índira Dalí Castillo Becerra, de 14 años, aunque ella no tenía reporte de desaparición.

Las adolescentes son Leslie Aimé Erives Torres, de 14 años y Edna Joselín Urías Amaya, de 16, quienes desaparecieron el 10 de marzo de la colonia Riberas del Bravo.

Hasta la fecha Esmeralda Guadalupe no ha aparecido, por lo que se presume que se trata del cuerpo encontrado ayer.


Esmeralda salió de su domicilio a las 7:45 horas rumbo al Cecytec número 11. Vestía pants color azul con rayas color verde y blanco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Aristegui: la censura y el despido, por presión de Los Pinos

Tras ser despedida de su espacio informativo en el Grupo MVS –con un pretexto baladí–, Carmen Aristegui habla con Proceso y da pormenores de las dificultades que enfrentó para difundir el año pasado el famoso reportaje de la Casa Blanca, ese que todos mencionan como la causa de su fulminante cese, pese a que sus exempleadores lo niegan y lo vuelven a negar. En el fondo de su despido, no le cabe duda, está la presión ejercida por la Presidencia.

MÉXICO, D.F: La periodista Carmen Aristegui no duda en torno a ciertos puntos en su reciente ruptura con el Grupo MVS: que “todos los caminos conducen a la Casa Blanca” y que “provino de la Presidencia de la República” la petición a la familia Vargas para que el reportaje sobre la propiedad de esa mansión en las Lomas de Chapultepec no se difundiera en el espacio informativo de la primera emisión de Noticias MVS, el 9 de noviembre de 2014.

“El reportaje original no salió en MVS. Los periodistas en ese momento nos enfrentamos a un dilema y lo resolvimos. El dilema era mantener el espacio en la estación radiofónica y a la vez difundir ese reportaje. No aceptamos la censura, no aceptamos que no saliera a la luz pública”, afirma en entrevista con Proceso.

–¿Hubo un amago de censura por parte de los Vargas?

–Hubo una petición para que ese trabajo no se difundiera en MVS. Hubo una situación muy tensa y compleja entre nosotros. No en un tono impositivo o imperativo, sino de ‘búsqueda de comprensión’ de mi parte. “Se colocó, efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecía”, rememora Aristegui.

Esta petición se hizo días antes de que se difundiera ese reportaje simultáneamente en el portal de internet Aristegui Noticias, en Proceso ( edición 1984), en La Jornada y en varios medios internacionales. Días antes de la publicación, el gobierno federal canceló sorpresivamente la licitación del tren rápido México-Querétaro.

Entre los ganadores de esa licitación estaba el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del primer mandatario y el mismo empresario que detentaba la propiedad original de la residencia de Sierra Gorda 150, a través de su filial Ingeniería Inmobiliaria del Centro.

–¿La petición de censura fue entre líneas?

–No tan entre líneas. Como periodistas analizamos y aquilatamos lo que significaría poder transmitirlo con mucha amplitud en otros lados, cumplir con nuestro cometido y no aceptar la censura. La censura hubiera implicado guardar el reportaje. Y no lo guardamos. La censura hubiera sido olvidarnos del tema y no lo hicimos.

“Teníamos el dilema fundamental para nosotros de perder un espacio valioso y decidimos hacerlo de esta manera. A través del sitio de internet. Y no nos equivocamos. Porque el reportaje se conoció y difundió ampliamente.

“La historia detrás de esa solicitud para que no se transmitiera en Noticias MVS es una historia que los Vargas deberían contar. Quién y cómo les pidió que ese reportaje no saliera en nuestra emisión”, reiteró Aristegui.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

El INE ordena suspender un spot del PRI en Sonora por “mensajes calumniosos” contra de Padrés Elías

El partido tiene seis horas para pedir a los medios retirar el comercial que supuestamente contiene mensajes calumniosos en contra del mandatario local.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión inmediata de un promocional del PRI pautado en radio y televisión en el estado de Sonora, por contravenir la norma electoral y la equidad en la contienda.

Los integrantes de esta comisión determinaron que el promocional contiene mensajes calumniosos en contra del mandatario local, Guillermo Padrés Elías, y del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gándara Magaña.

En sesión extraordinaria urgente celebrada este domingo, los consejeros fijaron un plazo de seis horas, a partir de la notificación formal, para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sustituya la propaganda señalada.

Además, establecieron un periodo de 24 horas, a partir de la notificación correspondiente, para que las concesionarias de radio y televisión que transmiten este material, cancelen su difusión.


La Comisión de Quejas del INE está integrada por la consejera Beatriz Galindo Favela, como presidenta, y sus homólogos Adriana Margarita Favela Hernández y José Francisco Ruiz Saldaña.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

La PGR sobre el caso Ayotzinapa: no es un delito de lesa humanidad

"Por más aberrantes que resulten, (lo ocurrido a los 43 normalistas) no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad", respondió la dependencia al diario 'La Jornada'.

En su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, uno de los expertos de la CIDH dijo que el exprocurador Jesús Murillo Karam reconoció que lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una desaparición forzada –un delito de lesa humanidad–, pero un juez decidió no tratarlo así. Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arely Gómez, descartó que ese crimen pueda ser tipificado así.

De acuerdo con información publicada este domingo 22 de marzo por La Jornada, la PGR respondió a una solicitud de información hecha por ese diario, e indicó que “por más aberrantes que resulten, (los hechos ocurridos en Iguala) no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad”.

El argumento de la procuraduría: en el hecho ocurrido a los estudiantes la noche del 26 de septiembre del año pasado, cuando fueron atacados a tiros y secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula, no se advierte que esto sea parte de “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados“, reportó La Jornada.

La información publicada por el diario mexicano ocurre tres días después de que tres de los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están en el país para investigar el caso consideraran, en sus conclusiones preliminares, que el crimen contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa es de lesa humanidad; es decir, que no prescribe.


En conferencia de presna, el abogado chileno Francisco Cox –parte del grupo de expertos– dijo: “Instamos a que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada”. Agregó que el exprocurador Jesús Murillo Karam les comentó a los expertos que él había intentado reclasificar los delitos como desaparición forzada pero les aseguró que “había sido más bien el juez quien había desestimado esta calificación“.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.