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El narco, “un gran monstruo con tentáculos”; autores de ‘Narcoamérica’

El libro Narcoamérica “tiene ese nombre porque referimos al Estado paralelo que gobierna al continente; donde no llega el Estado, gobierna el narcotráfico”, señaló el periodista Pablo Ferri, uno de los tres autores de la obra.

En entrevista para Aristegui CNN, consideró que el narco “es un gran monstruo con tentáculos, que le está ganando la batalla en muchas cosas al Estado”.

Comentó que en el mundo del narco “hay muchas identidades muy fuertes y no necesariamente respetan las fronteras, a veces están en el mismo país”.

“Hay fenómenos que se repiten, en México, en Tierra Caliente, se están atomizando las viejas bandas en cárteles pequeños, hay una epidemia de crack tremenda. Se van generando problemas”, indicó.

“Narcoamérica es una explicación de: esto somos… y en cada uno de los personajes hemos tratado que estén bien perfilados”, apuntó.

Por su parte la también autora del libro, Alejandra Sánchez Insunza, señaló que “la idea era hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en cada país en cuanto a tráfico de drogas, cómo afecta, cada país tiene un fenómeno distinto. Hay países productores, países de ruta, consumidores”.

Contó que “llegábamos a cada país y fundamentalmente nos nutríamos de entrevistas de gente involucrada, desde autoridades, campesinos, pescadores que habían traficado, entrevistamos a autoridades de todo los países, excepto en los que no cedieron, como Venezuela”.

También se nutrieron con “informes de organizaciones… la documentación varía según el país, tomábamos todo lo que podíamos, y dependía de la situación de cada país. Lo que destaca en el libro, son las entrevistas”.

Aseveró que “Honduras es un país que en este momento está definido por el control de las familias, la anarquía domina, el crimen organizado se ocupa de eso”

En tanto, “Brasil ahora es el segundo consumidor de cocaína y derivados, la mayor parte de las rutas va para allá”.

Y en “Colombia a pesar de que ya no están los grandes cárteles, tiene bandas criminales”.

Sin embargo “un caso que se salva, es Chile, por su geografía y por tener una mayor institucionalidad”.

Reveló que en “la parte final del libro, nos dedicamos a México y a Estados Unidos… en el caso de Ayotzinapa, me costaba mucho trabajo entrevistar a los padres. Era una cuestión ilógica, uno pensando que sus hijos podrían estar muertos, y ellos conservando la esperanza”.

Por su parte, otro autor del libro, José Luis Pardo, contó que “una de las cosas más originales… es que el narcotráfico es un negocio transnacional, que cruza fronteras. Nuestros reporteros igual, han cruzado fronteras, desde Estados Unidos hasta Chile”.

“El narco tiene implicaciones económicas, hay que verlo como un gran negocio, sustenta a muchísima gente en Latinoamérica y sustenta a las economías de los Estados. Perú es un caso muy claro”.

“Vivas en México, en Perú, en Chile, en Brasil, el narco te afecta. Este libro es un libro de viajes, porque es un viaje, y no siempre son bonitos, es entender a otra gente, y es lo que hace Narcoamérica, entender a esa gente”.

“Es algo que pasa a nivel regional, pero las instituciones tienen gran parte de culpa; sin la corrupción el narcotráfico no podría existir”, aseveró.

Pardo dijo también que “hay consecuencias del narco, entorno de autoridades que hay que vigilar mucho, pero también hay consecuencias entre la población”.


Remarcó que “el narco le ha quitado el espacio público a la gente, poder salir es un derecho, y en esos lugares han llegado al extremo de que les han robado la calle”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Debate sobre la protección de datos y el acceso a documentos históricos

Los investigadores asiduos a los archivos públicos (historiadores contemporáneos y periodistas, entre otros) tienen una discusión acerca de la garantía de protección de los datos personales y el acceso directo, libre, sin tachones ni omisiones a documentos histórico confidenciales.

Para Ángeles Magdaleno, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios de Archivos y ex directora de Información de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hay ninguna duda. Opina que las restricciones impuestas a la consulta de dichos documentos son una aberración.

Es que, subraya, si un archivo es histórico, no puede ser al mismo tiempo confidencial.

Antes del actual marco legal Magdaleno pudo obtener, sin omisiones, el perfil del ex presidente del PRI Carlos Madrazo (1915-1969), el expediente de Raúl Salinas Lozano, padre del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, y de la ex candidata del PAN a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, entre otros.

Sin embargo, la consulta total del contenido de los documentos histórico confidenciales hoy día ya no es posible; según la ley actual de archivos, es necesario que transcurran 70 años para tener acceso libre a los expedientes.


Magdaleno subraya que la gravedad radica no sólo en someter a los historiadores a trámites administrativos, sino al propio análisis que los comisionados del Ifai deberán hacer de esos casos, pese a que no son historiadores ni archivistas. Además, el país no tiene especialistas suficientes para revisar y elaborar la versión pública de los documentos.

La ley indica que cuando un archivo es vigente, se le llama de gestión. Al término de su uso ordinario el documento se va al archivo de concentración, también conocido como archivo muerto, y una vez concluidos ambos valores, administrativos y jurídicos, se envía al archivo histórico. Están censurando, limitando la libre circulación de ideas y textos, expuso en entrevista.

Froylán Enciso, especialista en el desarrollo del narcotráfico en Sinaloa, afirma que el principal problema no es la restricción a la versión original de los textos, sino el estado lamentable en que se hallan casi todos los archivos en el país.

El AGN es el paraíso en comparación con los estatales y municipales, entre otros, incluso el de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias que se caracterizan por la ineficiencia, desorden y opacidad.

Es por ello que, en la práctica, buscan el modo de tener acceso a los expedientes que por ley nos habrían sido negados.

En Sinaloa, por ejemplo, “en cierto archivo hay sólo un señor cuidando una bodega de cajas. En otros, la traba no es que haya alguien malévolo impidiendo el acceso a la información, sino ante la falta de recursos e inversión los expedientes se pudren, se caen a pedazos.


¡Por supuesto, ante el caos, es muy difícil encontrar algún documento de alta relevancia; incluso, si me dieran la versión pública del mismo (con los datos personales omitidos) sería para mí oro molido!, comentó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

A 180 días del caso Ayotzinapa, líderes sociales exigen respeto a la libertad de expresión

MÉXICO, D.F: Académicos, escritores, actrices, cantantes, politólogos y activistas sociales reunidos en la agrupación “Manifiesto 180” llamaron a enfrentar la corrupción a todos los niveles del Estado con acciones como “impedir toda acción, pública o privada, que coarte la libertad de expresión y de prensa, el derecho a informar, disentir y denunciar”.

En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional, agregaron que el compromiso con la legalidad también requiere “asegurar el respeto a la división de poderes y evitar la injerencia del ejecutivo en el legislativo y judicial; obligar a todos los funcionarios a rendir una declaración pública patrimonial, fiscal y de intereses; erradicar la nefasta práctica conocida como ‘los moches’ y garantizar que quienes obtengan un cargo de elección popular no puedan renunciar para buscar otro cargo”.

Según los 192 firmantes, a seis meses de las tragedias de Ayotzinapa y Tlatlaya “que marcaron puntos de no retorno en la vida mexicana, la indignación nacional reclama una respuesta. Nos negamos a aceptar que la impunidad sea el destino manifiesto de los mexicanos”.

Tal quebrantamiento, agregaron, sólo se podrá superar con la defensa y fortalecimiento de la democracia y para lograrlo “es urgente que se adopten formas más directas de participación. Los ciudadanos son y deben ser sujeto de la política”.

Los participantes convocaron a la reflexión y a crear puntos de encuentro “entre las diferentes posiciones políticas propias de la diversidad y libertad democráticas”.

Destacaron la participación de los jóvenes: “No nos corresponde dar recetas sobre su manera de actuar. Sólo insistimos en el valor de su acción organizada y pacífica que les propicie apoyo social”.

Los activistas rechazaron “toda forma de violencia” pues dijeron que los conflictos sociales deben resolverse mediante el diálogo.

Pidieron enfrentar las “enormes desigualdades sociales”, para lo que propusieron trabajar “en el proyecto de un país solidario, plural, justo, igualitario, posible y democrático”.

Los firmantes de Manifiesto 180 concluyeron al decir que el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias “es una muestra más de la falta de tolerancia a la crítica, los reclamos sociales o la disidencia. Las voces de ella y su equipo, constan cada día de más voces a las que sumamos solidariamente las nuestras”.


El desplegado está firmado por personalidades como Adriana Barraza, Ana de la Reguera, Carlos Pellicer, Cecilia Suárez, Clara Jusidman, Damián Alcázar, David Pantoja, Diego Valadéz, Enrique del Val, Enrique Serna, Fernando del Paso, Hugo Gutiérrez de la Vega, Jacqueline Peschard, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, José Woldenberg, Juan Villoro, Lorenzo Meyer, Luis de Tavira, Lydia Cacho, Manuel Peimbert, Mardonio Carballo, Marta Lamas, Miguel Concha, Ofelia Medina, Raúl Trejo, Ricardo Raphael, Roger Bartra, Soledad Loaeza, Tiaré Scanda y Vicente Rojo, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agua sobre la mesa

En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.

En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.

Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema. 

Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.

Llamado a partidos

Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.

Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.


Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Matar a 10 narcos por cada civil inocente caído, advierten ‘autodefensas’ de Tamaulipas

NUEVO LAREDO, Tamps: Un presunto grupo de autodefensas de la ciudad fronteriza de Matamoros amenaza con asesinar a 10 miembros del crimen organizado por cada ciudadano inocente que mate un grupo identificado con el Cártel del Golfo (CDG).

La proclama apareció horas después de que fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada con el tiro de gracia en la colonia San Ángel, al oriente de Matamoros, el pasado 19 de marzo.

“Se les advirtió de antemano, primero Comandantes, seguimos con Punteros y Halcones, toda la gente ke trabaje para Angel Prado Rodríguez alias El Orejón o Ciclón-7 serán asesinados, el pueblo de Matamoros exige su sangre” con la cual la han bañado pero de gente inocente, siguele matando gente de bien Ángel Prado y nosotros te mataremos diez por cada inocente, indica el texto que comenzó a circular en redes sociales que advierten sobre la violencia que registra la frontera de Tamaulipas.

El supuesto grupo de autodefensa asegura que ya asesinó a dos hombre del Ciclón 7 identificados como “Memo” y “Bogar”.

“Autodefensas Matamoros unidos y vamos por ti joto ya te ubicamos en tu suburban azul blindada, ni la PFP te hará el paro puto, el pueblo de Matamoros exige tu muerte, ya tus allegados les estamos llegando al precio”, concluye el texto del grupo.

Hasta ahora el único grupo de autodefensa que opera en Tamaulipas es la Columna armada Pedro J. Méndez que surgió en el municipio rural de Hidalgo.


La Columna, la cual la asocia a una facción del CDG, limpió de “zetas” la cabecera municipal y desde hace más de tres años se acabaron las extorsiones, secuestros y otros delitos en el centro de Hidalgo, pero continúan en su zonas aledañas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El caso Camacho Solís

MÉXICO, D.F: En las páginas de Proceso he insistido sobre la salud de los gobernantes. En su momento abordé los casos de Alonso Lujambio, del PAN (Proceso 1870), y de Fausto Vallejo (Proceso 1868), del PRI.

Ahora se trata de Manuel Camacho Solís, senador, integrante de la fracción parlamentaria del PRD. En ninguna de estas ocasiones he tratado el asunto como un tema personal, sino para exponer cómo diversos personajes políticos privilegian su interés personal sobre el bien común. Creo firmemente en la postura editorial de The New York Times: “La sociedad tiene derecho a tener gobernantes sanos”. Veamos.

Primero. Hay consenso doctrinal en que un servidor público que llega a su cargo por el voto de los ciudadanos debe tener, además de la deseable idoneidad, que es sólo deseable, con un estado de salud razonable que por lo menos le permita ejercer sus atribuciones, como lo esperan los representados.

Manuel Camacho Solís ha sido un servidor público prácticamente su vida entera. En sus encargos ha cumplido, al menos presencialmente, sus deberes frente al despacho de los asuntos que ha tenido ante sí. Hoy las cosas para él han cambiado.

Manuel Camacho Solís está enfermo de un tumor o cáncer cerebral que lo ha dejado imposibilitado para ejercer sus labores de representación en el Senado de la República desde junio de 2014. Por esta razón ha salido de todas las comisiones de las que formaba parte. A fineals de enero de este año, en un mundo surrealista, “en reconocimiento a su larga trayectoria política de más de tres décadas, el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Manuel Camacho Solís fue homenajeado en el marco de la VI Reunión Plenaria de la fracción parlamentaria de los legisladores de ese instituto político” (La Crónica, 30/01/15). Es decir, se premió la irresponsabilidad, la falta de probidad y la ausencia de todo mínimo de ética pública. Ver para creer.

Segundo. Los senadores del PRD pontificaron en torno a los merecimientos pasados de Manuel Camacho. Nadie ha dicho nada, empero, sobre cómo ha violado la Constitución, toda vez que: a) De junio de 2014 al día de hoy no se ha presentado a trabajar, pero, eso sí, cobra puntualmente su quincena con las prestaciones que implica ser senador de la República; b) No se ha llamado a su suplente para que ocupe el cargo durante el tiempo que se recupera –si esto es posible– de su enfermedad, que la sufre él y le cuesta a la sociedad; c) Camacho Solís no ha tenido la mínima iniciativa personal de solicitar licencia sin goce de sueldo por dignidad y ética política.

La primera hipótesis es que su enfermedad fue de conocimiento de él y del PRD después de que fue elegido como senador por la vía plurinominal; en otras palabras, no con el voto directo, sino con el apoyo indirecto de los electores. No faltará quien diga que alguien no puede anticipar una enfermedad de esa magnitud que le incapacite para realizar su trabajo. En esa hipótesis, lo que hubiera procedido era solicitar licencia y convocar al suplente. Es menester decir que no se trata de una persona asalariada que deja de cumplir su trabajo por una enfermedad superviniente que le puede ocurrir a cualquiera. No. Camacho Solís no es analista C de una empresa privada o burócrata sindicalizado en el gobierno. Es un representante del pueblo ante el Senado de la República para realizar una labor de la mayor magnitud. ¿Qué sucede con esa representación popular? Nada con Manuel Camacho Solís. Se queda un vacío de representación. De esta suerte, el pueblo no paga litros de 800 mililitros, sino litros sin nada.

Podría haber una segunda hipótesis en donde Manuel Camacho Solís supiera de antemano que estaba enfermo y que esa enfermedad podría evolucionar hasta donde se encuentra ahora. En este supuesto, el asunto es peor al dar gato por liebre a la sociedad, ofreciendo el PRD y Manuel Camacho la mentira como sello distintivo de campaña.

Tercero. No faltará quien diga que intervengo en su “vida privada” y que no soy sensible al dolor ajeno. De entrada hay que tener claro que la vida privada es, en efecto, un derecho de las personas como regla general, pero hay excepciones. Es el caso de Manuel Camacho Solís. Si tuviera un callo en el dedo izquierdo o una quemada en la mano derecha, serían temas de su propia incumbencia. No es lo que pasa aquí. La enfermedad de Manuel Camacho es de tal calado que lo ha dejado postrado, incapaz de cumplir sus funciones de representación pública. En este caso, el derecho a saber tiene preeminencia sobre el derecho a la vida privada por tratarse de un tema de claro interés público y por ser un personaje de trascendencia pública. Por supuesto, es lamentable lo que le pasa a él como a muchos otros mexicanos que, por desgracia, en su inmensa mayoría no tienen acceso a los médicos e instalaciones hospitalarias de los que, con cargo al dinero de usted y al mío, dispone Camacho Solís. Paradójicamente, en el propio PRD su coordinador Luis Miguel Barbosa hizo todo lo contrario. Habló a la opinión pública con lujo de detalle sobre las consecuencias de su diabetes mal tratada y su operación que lo puso al borde de la muerte. Todo fue rápido. Y me consta personalmente que su agilidad mental y su sensibilidad humana cambiaron para bien de todos.


Según ciertos perredistas con los que he hablado, el “buen” trato a Camacho Solís se debe a que prácticamente es un prócer de la patria. No he visto ninguna evidencia documental de que se trate de un prohombre, como lo señalan. Pero aceptemos que así sea y que Manuel Camacho está a la altura de Benito Juárez o de José María Morelos. En esa lógica tampoco debería seguir percibiendo un emolumento que no devenga. En todo caso, por sus “grandes méritos a la nación”, el Congreso de la Unión podría aprobar la “Ley Manuel Camacho Solís, primer prócer de la Patria”, y de ahí la Cámara de Diputados podría incorporar un haber en el Presupuesto de Egresos para que tenga una pensión vitalicia razonable, quizá un día nacional en su nombre y un gran monumento para la posteridad acompañado de un museo que permita a los niños y adolescentes conocer cómo gracias a él México ha cambiado profundamente para bien. Pero, en ningún caso, conviene a los intereses de la nación la opacidad y el desprecio por la sociedad de los que hace gala el PRD al tener senadores como Camacho Solís que hieren los cimientos básicos de la democracia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).

Alcalde priista pide a mujeres ver telenovelas en vez de noticias

CHIHUAHUA, Chih: El alcalde priista de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, llamó a las trabajadoras domésticas congregadas en un festejo oficial a que vean las telenovelas y no las noticias “porque no crean que son tan buenas”.

En el marco del Día de la Empleada Doméstica, los gobiernos estatal y municipal regalaron televisiones de plasma.


“(Las pantallas plasma) son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No (vean) las noticias porque no crean que son tan buenas las noticias, vean más bien las novelas y sobre todo las novelas buenas, así es que yo espero que traigan mucha suerte.

Este evento lo hacemos con mucho esfuerzo el gobierno del estado y el gobierno municipal, para que ustedes tengan un momento de esparcimiento, puedan llevarse un regalo y poderlas apapachar a todas ustedes. Muchas felicidades y que Dios me las bendiga a todas”, fue el mensaje final de Garfio Pacheco.

Al finalizar el festejo, el edil aseguró que se trató de “un chascarrillo”, pero el comentario provocó indignación y burla en las redes sociales.

Al evento acudió el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien les dijo a las trabajadoras domésticas que “si Televisa conociera la historia de cada una, tendría suficiente material para hacer una novela” y posteriormente se comprometió a afiliarlas al Seguro Popular.

El mandatario estatal reconoció que las trabajadoras domésticas trabajan el doble o triple de una jornada porque apoyan el sostenimiento de sus familias.

Indicó que su sueldo es bajo y muchas de ellas no cuentan con seguridad social, por lo que deben sacrificar tiempo con sus familias para atender su trabajo.

“Les aseguro que esas condiciones laborales cambiarán en unos cinco años, con las reformas estructurales que ha impulsado el gobierno federal, porque contempla su derecho a la seguridad social y a una pensión”, dijo Duarte.

Al respecto, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional calificó como denigrante el comentario del alcalde, al considerar que dejó de manifiesto que en la sociedad no hay buenas noticias y que privilegia las telenovelas al derecho de estar bien informados.

“Esta actitud además de insultar la inteligencia de los ciudadanos da seguimiento o continuidad a las políticas nacionales establecidas por el presidente Enrique Peña Nieto, al dejar entrever que los gobiernos le apuestan al entretenimiento más que a la educación a la que tienen derecho los mexicanos”, dijo Adriana Díaz Negrete, secretaria general del CDM del PAN.

Agregó que el alcalde Garfio reconoce que en Chihuahua no hay avance, no hay ciudadanos capacitados y lo más preocupante es que se inclina a que no haya ciudadanos informados.


“Él es quien debe generar buenas noticias para la sociedad porque es quien representa a los chihuahuenses en el gobierno municipal”, indicó Díaz Negrete.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

La sombra de Gutiérrez

Durante la ceremonia del 21 aniversario luctuoso de Colosio, oradores cuestionaron a la dirigencia del partido por su decisión de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez.

El escándalo por la presunta red de prostitución encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la negativa a expulsarlo del PRI alcanzó ayer la conmemoración del 21 aniversario luctuoso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Al participar como oradora invitada, la excandidata presidencial del Partido del Trabajo y amiga del sonorense Cecilia Soto se volcó contra los dirigentes del PRI.

“Preguntémonos si Colosio hubiera permitido que al llegar a un partido político se le pidiera aduana sexual a las mujeres”, cuestionó la expetista desde la tribuna.

“Preguntémonos si él hubiera aceptado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, remató.

Asimismo, minutos antes de arrancar el homenaje en el patio del Claustro de Sor Juana, la expresidenta nacional del PRI, María de los Ángeles Moreno, reprochó la decisión de no expulsar a Gutiérrez de la Torre de las filas del tricolor.

Además, la diputada local condenó la impunidad y denunció que la decisión fue producto de presiones políticas.

Otro del PRI 

En un evento distinto, el priista y miembro del Consejo Nacional, Armando Barajas Ruiz, criticó ayer la decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de las filas del PRI.

En conferencia de prensa, Barajas, quien había solicitado la expulsión del exlíder priista capitalino, consideró que con esa decisión la comisión vilentó el reglamento interno y reprochó que solo le hayan suspendido sus derechos.


Ante ello, Armando Barajas lamentó que el caso ya esté cerrado y que este ahora solo servirá de reflexión para el partido; sin embargo, reiteró su inconformidad con la resolución del tricolor y adelantó que impugnará la resolución del PRI.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Les quitan el freno

La PGR levantó el aseguramiento de 5 de los 25 vehículos de lujo propiedad del socio mayoritario de Ficrea. Abraham Eslava, extitular de la SEIDO e involucrado en la red que trafica con recompensas en la PGR, aparece también en este caso.

La SEIDO retiró el aseguramiento de una parte de los vehículos de lujo embargados al dueño de Ficrea.

Un día después de que un grupo de ahorradores defraudados por esta casa de ahorro presentaron una denuncia contra Rafael Olvera Amezcua ante la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó levantar el aseguramiento de cinco de los vehículos decomisados a este empresario prófugo de la justicia que estaban resguardados -se supone- para garantizar la reparación del daño a los defraudados.

Estos vehículos habían sido asegurados a finales del año pasado por la PGR al socio mayoritario de Ficrea.

Fueron sacados de su colección privada la cual consta  de más de 100 vehículos de lujo.

Extraoficialmente se sabe que la devolución de estos bienes de Olvera Amezcua obedece a deficiencias en el procedimiento de aseguramiento que hizo la SEIDO.

Un proceso en el que estuvo involucrado Abraham Eslava Arvizu, quien se desempeñaba como encargado de la SEIDO hasta la semana pasada que fue removido por la nueva procuradora General de la República, Arely Gómez.

Eslava Arvizu es también el mismo funcionario de la PGR vinculado la semana pasada en los audios que dio a conocer Reporte Indigo sobre una red que trafica con las recompensas que otorga la dependencia federal.

En el audio se revela que uno de los informantes que reclama una recompensa asegura que ya habló con Eslava Arvizu para agilizar la entrega de la gratificación por un millón de pesos.

Luego de la publicación y reproducción de dichos audios, la PGR envió una carta a esta casa editora.

En la misiva, la dependencia federal aseguró que ya había iniciado una investigación interna sobre el programa de recompensas y la posible participación de sus empleados. 

Abraham Eslava Arvizu estuvo relacionado en el presunto tráfico.

Los socios

Los cinco vehículos de lujo propiedad de Olvera Amezcua, que habían sido asegurados pero que la semana pasada regresó la SEIDO, son un Porsche Cayenne modelo 2013; un Porsche Cayman modelo 2014; una camioneta Durango 2014; un BMW 320i y una camioneta Chevrolet Sierra 2013.

Todos los vehículos son considerados de lujo y sus precios rondan entre los 50 y 100 mil dólares.  Los vehículos, según el oficio al que tuvo acceso Reporte Indigo, tuvieron que haberse entregado el viernes al interventor general de Ficrea, designado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La petición la firma Iván Miranda Tamayo, Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SEIDO. La devolución de los vehículos que hizo la SEIDO podrían estar relacionada por un procedimiento jurídico deficiente que realizó la dependencia.

O al menos que el dueño de Ficrea, hoy prófugo de la justicia, haya garantizado la reparación del daño que le hizo a los ahorradores.

La PGR aseguró a finales del año pasado un lote de 25 vehículos de lujo a Olvera Amezcua, principal responsable del fraude en  Ficrea. Además de los vehículos, la PGR embargó propiedades que tenía Olvera Amezcua en el Club Golf Bellavista.

La PGR también congeló sus cuentas bancarias por las investigaciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) El aseguramiento de estos vehículos que hoy regresa la SEIDO se realizaron a instancias de Jorge Hugo Ruiz Reynaud, quien fue removido de la titularidad de la SEIDO el mes pasado cuando se le involucró en unos audios que dejan entrever una supuesta negociación para que el dueño de FICREA no pise la cárcel.

Se sabe que Ruiz Reynaud fue compañero de escuela de la exsubprocuradora Mariana Benitez, quien dejó el cargo el mes pasado por una diputación plurinominal del PRI.

Ruiz Reynaud, cuando hizo los aseguramientos de estos bienes, estaba a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero).

En el audio –que divulgó el periódico El Universal- empresarios cercanos a Olvera Amezcua hablan de dar un soborno de 90 millones de pesos a funcionarios de inteligencia financiera para seguir operando el fraude.

Los socios de Olvera Amezcua se refieren en la grabación a seis personas incluyendo uno que se llama Hugo.

La conexión de Eslava

Cuando fue removido Ruiz, en su lugar en la SEIDO fue nombrado precisamente Eslava Arvizu, un funcionario que comenzó su carrera en la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Eslava Arvizu se venía desempeñando como jefe de la Unidad de Asalto y Robo de Vehículos de la PGR.

La cancelación del aseguramiento de los vehículos ocurre además un día después de que un grupo de ahorradores presentó ante la PGR una nueva denuncia en contra del dueño de FICREA por el delito de fraude.

El martes pasado los abogados de los ahorradores defraudados presentaron la primera denuncia en el fuero federal en contra de Olvera Amezcua.

Los defraudadores se presentaron precisamente con Abraham Eslava, quien se venía desempeñando como encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR.


Esto hasta hace una semana que la nueva procuradora de la República, Arely Gómez, puso como encargado como adelantó Reporte Indigo de la SEIDO a Martín Marín Colín en su sustitución.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Complicidades en Michoacán impidieron captura de “La Tuta” en mi sexenio: Calderón

MÉXICO, D.F: El expresidente Felipe Calderón culpó a “complicidades” de las autoridades de Michoacán con la delincuencia de que durante su gobierno no haya sido capturado Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

El exmandatario destacó que La Tuta y otros criminales superaron con gran impunidad a las administraciones estatales.

“El grado de complicidad de las entonces autoridades estatales permitía a Gómez Martínez y a otros delincuentes operar con gran impunidad”, apuntó Calderón.

Luego matizó: “Qué bueno que las fuerzas federales han logrado significativas capturas de la delincuencia organizada”.


Calderón visitó Morelia este domingo para acompañar a su hermana Luisa María Calderón, quien registró ante el IEM su candidatura al gobierno de Michoacán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Perfilan al panista Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en EU

WASHINGTON: El panista Gerónimo Gutiérrez, exsubsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte durante el sexenio de Vicente Fox, es el candidato favorito y aparentemente el elegido del presidente Enrique Peña Nieto para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos.

“Todo indica que será Gerónimo Gutiérrez el próximo embajador en Washington. Y es posible que en unos días su postulación reciba el beneplácito de parte del gobierno del presidente Barack Obama”, dijo a Apro una fuente diplomática mexicana con amplio conocimiento del proceso de sucesión.

Gutiérrez Fernández, actualmente Director Gerente del Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), con sede en San Antonio, Texas -creado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- tiene una amplia experiencia en las relaciones con Estados Unidos.

De acuerdo con la fuente diplomática, Peña Nieto considera que Gutiérrez Fernández posee la experiencia y capacidad suficiente para hacerse cargo de la relación con Estados Unidos.

El puesto de embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos quedó vacante después de que Eduardo Medina Mora fuera nominado por Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN), pese a la inconformidad de miles de ciudadanos mexicanos, expertos y juristas.

Desde que se anunció la postulación de Medina Mora como ministro de la SCJN se mencionaron a varios candidatos para reemplazarlo, entre ellos a Idelfonso Guajardo, actual Secretario de Economía, quien aparentemente tenía más posibilidades de hacerse cargo de la embajada en Washington.

Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, fue otro de los nombres que se barajaron en algunas columnas de la prensa mexicana como posible reemplazo de Medina Mora.

“El nombre de Gerónimo Gutiérrez siempre estuvo presente en la lista del presidente Peña Nieto”, insistió la fuente diplomática.
De 2003 a 2006, Gutiérrez Fernández fungió como Subsecretario para América del Norte bajo las órdenes de Luis Ernesto Derbez, considerado por algunos especialistas en las relaciones exteriores mexicanas como el por canciller que ha tenido México en toda su historia.

Además de estar a cargo de las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el sexenio de Fox, Gutiérrez Fernández fue también Subsecretario para América Latina y el Caribe, y luego Subsecretario de Gobierno en la Secretaria de Gobernación.

De 1992 a 1994, fue Director de la Coordinación de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y asesor en Banobras.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene el grado de maestro en administración pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Cuauhtémoc Gutiérrez exige a la PGJDF resolver su caso

MÉXICO, D.F: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) esclarecer si existe una imputación en su contra.

“Que ya determine si me van a procesar o no, si hay elementos para que un juez conozca del caso o en su caso el no ejercicio de la acción penal” exigió Gutiérrez de la Torre.

En entrevista con Grupo Fórmula, el priista aseveró que no existen pruebas que demuestren que lideraba una red de prostitución: “No hay nada en el expediente, todos son voces anónimas, no hay una declaración de una imputación de manera directa”.

El viernes pasado, el PRI determinó no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de sus filas, aunque sus derechos políticos permanecen suspendidos.

En respuesta, Gutiérrez de la Torre lamentó: “Por este invento, este montaje de otra radiodifusora, desde hace un año que no ejerzo ningún cargo y no he hecho aparición en ninguna asamblea de mi partido, no estoy dentro del consejo político nacional porque era el presidente y esa era mi calidad”.

El 2 de abril del año pasado, el noticiero que conducía la periodista Carmen Aristegui en MVS dio a conocer el testimonio de una reportera infiltrada que logró entrar hasta las oficinas de Gutiérrez de la Torre obteniendo audios que exhibían cómo ofrecía plazas en el PRI a jovencitas a cambio de servicios sexuales.


En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió un expediente y comenzó a citar a los involucrados en el caso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Defiende tu agua, defiende tu vida”, piden artistas mexicanos en video

Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.

Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar "el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía".

A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.

“uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa y a tres de cada diez le llega poca agua y de pésima calidad”, expone Rafael Inclán. Del agua potable, 70 por ciento sigue contaminándose.

A cuadro, otros actores como Eduardo España y María Aura advierten sobre el problema generado por las presas. Éstas han provocado el desplazamiento de 18 mil mexicanos y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. Debido a ello, algunos países han decidido liberar sus ríos y derribar las presas, pero en México se siguen construyendo.

En el 2012, se reconoció en la Constitución Mexicana el derecho humano al acceso, almacenamiento y disposición del agua, y ahora se requiere de una nueva ley de agua que lo garantice.

El 5 de marzo, sin embargo, se aprobó el dictamen de la nueva ley, que lejos de ser garante del derecho al agua pretende “dar nuestra agua a empresas privadas para su administración”, advierten los artistas, entre quienes también se encuentran Alfonso Herrera, Giovanna Zacarías, Humberto Busto y Rubén Albarrán, músico de Café Tacvba.

En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, se implementó el esquema de inversión privada para el servicio de suministro de agua, “pero hasta que se dieron cuenta de que estas empresas sólo buscaban su beneficio propio, ganancias económicas” fue que el agua volvió a ser de control público, indican.

La exigencia de los actores es “una ley que proteja nuestros ríos, bosques y campos”, que controle y disminuya la contaminación, procure el saneamiento del líquido, garantice una buena calidad y cantidad de agua, así como que en su manejo se incluya a la ciudadanía desde su planeación, así como que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil.

El video fue publicado en el portal www.aguasconelagua.mx/#, en el que se convoca a los mexicanos a firmar una petición para proteger el agua en México, que se encuentra en el link http://bit.ly/peticionagua.

Asimismo, se llama a enviar tuits a los líderes parlamentarios que decidirán la votación de la Ley: @MFBeltrones, @RicardoAnayaC, @AlonsoRaya_ y @ArturoEsc.

De igual modo, se remite a diversas direcciones web de organizaciones y movimientos de la sociedad para conocer más acerca del tema, tales como:


VÍDEO:


FUENTE: LA JORNADA.

Congela Congreso decálogo de seguridad

Las iniciativas propuestas por Enrique Peña Nieto en noviembre pasado como respuesta a las protestas por la desaparición de los 43 normalistas están sin avance. Los legisladores no han vuelto a hablar del Mando Único o del número de emergencia.

En noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo de medidas para combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia. 

Hoy, ese plan está en un impasse.

Los 10 puntos de su plan eran la respuesta a las protestas masivas que se registraban por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México”, dijo Peña Nieto el 27 de noviembre del 2014.

Casi cuatro meses después, las iniciativas más controvertidas enviadas por el presidente de la República se encuentran en el Senado, donde han permanecido sin avance en las comisiones.

El final del periodo ordinario de sesiones se acerca, por lo que al PRI le urge sacar las iniciativas del estado del coma en que se encuentran… aunque tengan que hacerles cambios profundos.

En la Cámara Alta, hay quienes consideran que las medidas propuestas en las iniciativas que crean el Mando Único policial y regulan la intervención en los municipios son intransitables. 

Otros se pronuncian por su matización.

Algunas otras medidas anunciadas en el decálogo, como el establecimiento de una línea telefónica de emergencias, la creación de una cédula de identidad o el envío de otras iniciativas en materia de desaparición forzada o tortura, aún se encuentran pendientes.

Las polémicas iniciativas

Dentro del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto, las primeras medidas que se anunciaron fueron una serie de iniciativas para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Otra más para redefinir la competencia de las autoridades frente a los delitos; y una para crear las Policías Estatales Únicas.

Las iniciativas fueron enviadas al Senado de la República y, en un primer momento, se intentó darles un tratamiento especial para que fueran aprobadas a la brevedad.

Sin embargo, la oposición del PAN y el PRD frenaron lo que parecía una aprobación fast track.

El paquete de iniciativas presidenciales contempla la modificación de siete artículos constitucionales.

En el caso de la creación del Mando Único Policial Estatal, la iniciativa señala que la seguridad pública será una función de la Federación y los estados; los municipios solamente participarán en el diseño de políticas de prevención del delito pero desde un enfoque no policial.

Con ello, desaparecerían las policías municipales y la responsabilidad de las tareas de seguridad recaería directamente en los gobernadores. Las unidades estatales estarán bajo el mando de las federales.

Con este modelo se buscará  que se homologue la remuneración mínima de los policías en todo el país, así como sus protocolos de actuación, operación y equipamiento.

Un segundo capítulo de estas reformas se refiere a la definición de competencias en materia de justicia, para que se definan los tipos penales y sus sanciones y qué le corresponde a cada uno de los ámbitos de justicia.

Se explora dar al Congreso la facultad de publicar la legislación única de justicia penal para adolescentes y una ley general para la investigación, persecución y sanción de los delitos sin importar su fuero.

Y, sin duda, la medida más polémica es que se busca facultar al Congreso para emitir una Ley contra la infiltración del crimen en los municipios, en la que se debe establecer, señala el Ejecutivo, la facultad de intervenir a las localidades donde haya presunción de haber sido infiltradas por criminales.

“Si el Fiscal General de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio”, señala la iniciativa presidencial.

En esta propuesta se señala que la seguridad en los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados y los municipios deberán realizar aportaciones a las entidades para realizar esta función.

Este paquete de iniciativas conforman los tres primeros puntos del decálogo propuesto por el presidente Peña Nieto y sus propuestas han levantado polvo desde el día de su presentación.

A pesar de que el Ejecutivo instruyó a Manlio Fabio Beltrones y a Emilio Gamboa, los líderes de las bancadas del PRI en el Congreso, que aceleraran la aprobación de estas reformas, los priistas no han podido vencer la oposición a estas medidas.

Ahora, el tricolor trabaja en la matización de estas iniciativas para buscar el voto aprobatorio del PAN y el PRD en el Senado.

La matización de las reformas

Las iniciativas presidenciales fueron turnadas a tres comisiones en el Senado: Puntos Constitucionales, presidida por el priista Enrique Burgos; Justicia, a cargo del panista Roberto Gil; y Estudios Legislativos Segunda, a cargo del senador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas.

Hace unas semanas, se convocó a foros de expertos y autoridades para conocer su punto de vista sobre las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la discusión en las comisiones feneció. No ha habido una sola reunión de esos órganos para determinar la forma en que se podrá avanzar en su aprobación.


Enrique Burgos, senador del PRI, reconoció que habrá un proceso de modificación del paquete de iniciativas presidenciales a fin de lograr un consenso y poder aprobarlas antes de que concluya el actual periodo de sesiones, que termina también con la LXII Legislatura.

“El tema no es ni sí ni no puede haber un punto intermedio (…) La intención es que salgan en este periodo porque es la seguridad, son reformas urgentes”, afirmó Burgos.

En el caso del Mando Único, por ejemplo, el PRI impulsará que se establezca un esquema diferenciado para saber cuáles son las policías locales que podrán prevalecer y continuar con sus labores.

Por ejemplo, podrían dejar en funciones a los cuerpos policiacos de grandes ciudades que sí sean funcionales, como Monterrey, Guadalajara o Querétaro, para auxiliar en las tareas cotidianas de la ciudad.

En contraparte, se buscará también que en los municipios donde no hay policía o la corporación sea de muy pocos elementos, haya labores de capacitación y de revisión de los salarios que perciban.

El tema más polémico, comentó Burgos, es la intervención de la Federación en los municipios; sin embargo, es necesario establecer mecanismos para librar a las localidades de los criminales que quieren dominarlas.

“Ya ha habido algunos casos en donde la delincuencia quiere dominar, por ejemplo, la basura, el manejo de la basura. Parecería algo sin importancia, pero de ahí sacan el cristal, el plástico y muchísimas cosas. Entonces hay factores que indican que hay amago de penetración ahí, por lo que se faculta a la Federación a intervenir”, expuso.

Para Alejandro Encinas, senador de la bancada del PRD, algunos puntos de la iniciativa presidencial son intransitables, ya que atentan directamente contra el federalismo.

“El municipio libre ha sido abrogado, y si bien se debe asumir que el actual modelo municipal se ha agotado, es necesario promover cambios que lejos de continuar su desmantelamiento descentralicen los recursos que permitan su fortalecimiento. Las medidas propuestas del Ejecutivo profundizarán su debilitamiento”, sentenció Encinas.

Para el legislador, es imposible que los municipios apoyen a los legisladores en una iniciativa de este calado, pues se trata del desmantelamiento de los gobiernos locales y de la concentración de poder en un solo cuerpo policiaco que podrá ser fácilmente corrompible.

“Es el caso de la inefable gestión de Arturo Durazo y la hermandad en la policía capitalina, quien concentró tal nivel de poder en el control de la policía que acabó administrando al crimen.

“Al igual que sucedió con el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México, que se constituyó en un aparato represivo contra la lucha social, cuyo poder se colocó por encima de la autoridad municipal”, rememoró Encinas.

Fueron los alcaldes panistas quienes pidieron un alto a los legisladores federales encargados de la discusión de estas reformas.

Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, fue el receptor de las quejas de los presidentes municipales del albiazul, anunció hace unas semanas que no acompañarían la iniciativa presidencial.

“Es una iniciativa que parte de la falsa idea de que los problemas de seguridad del país son fundamentalmente de delincuencia organizada y que se generalizan en todos los municipios del país y eso no se corresponde con la realidad.

“El problema de nuestro país es que no solamente hay delitos de alto impacto, sino que hay delitos de alta frecuencia, que es la que corresponde combatir y prevenir a los municipios”, ha dicho Gil.

Con estas posiciones, el PRI buscará impulsar la transformación de estas iniciativas para que puedan pasar los filtros de los partidos de oposición.

Los otros pendientes

El decálogo del presidente Peña Nieto no se limita solamente a la discusión de estos cambios legales, sino que quedan algunos temas pendientes.

Como parte de las medidas, el Gobierno federal se comprometió a impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia.

Sin embargo, mientras estaban en discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, el PRI mantuvo su oposición a ciertos temas que provocaron polémica, como la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real o la apertura de información relacionada con violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, el tricolor cedió y tuvo que aceptar los condicionamientos de la oposición para poder aprobar esas leyes, que están ahora en revisión en sus contrapartes.

Aunque se prevé que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe una iniciativa sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Congreso ya comenzarán a discutir las más de 30 que ya fueron presentadas por los partidos.

Las iniciativas de justicia cotidiana, relacionadas con temas de la vida diaria, como un divorcio, una multa, un despido injustificado, un conflicto vecinal, por mencionar algunos, se encuentran en proceso en instituciones educativas como el CIDE, que han realizado diversos foros al respecto.

La instalación del número de emergencia 911 requerirá de un sistema que opere en todo el país y se prevé que esté en operación hasta el 2016.


El primer mandatario dio también el banderazo al proceso de creación de la Clave Única de Identidad en enero pasado y, para su instrumentación, el primer paso es la sistematización de todos los datos contenidos en el Registro Civil de todos los municipios para establecer los números únicos de cada ciudadano.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

A Cuauhtémoc Gutiérrez no se le ha comprobado ningún delito: Camacho

MÉXICO, D.F: El líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, justificó la decisión de ese partido de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez, ya que no se le ha comprobado delito alguno.

El pasado viernes la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor determinó mantener a Gutiérrez en las filas de su partido, aunque suspendió de manera indefinida los derechos políticos del expresidente de este instituto político en el DF.

Gutiérrez es acusado de encabezar una red de prostitución en el Comité de ese partido en el Distrito Federal.

Camacho dijo que la Comisión de Justicia del PRI sustentó con documentos y testimonios la sanción contra el hijo del Rey de la Basura.

Indicó que en el PRI no se hace justicia por consigna, ni exoneración ni inculpación por determinación de nadie.

Camacho agregó que el PRI acatará la determinación de la autoridad judicial, pues una decisión así no depende de la voluntad del priismo.


“El futuro de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no depende del PRI”, destacó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rebelión en San Quintín

Una semana agitada vivió el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el norte de Baja California. Un paro de jornaleros agrícolas derivó el martes 17 en bloqueos carreteros y saqueos. Las autoridades respondieron la madrugada del miércoles 18 con detenciones masivas y –en algunos casos– arbitrarias. Y la situación llegó a un punto muerto, con una mesa de diálogo que no ha dado resultados. Los trabajadores exigen  respeto a sus derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones. Proceso publica la cobertura noticiosa realizada por el semanario Zeta de Tijuana.

VALLE DE SAN QUINTÍN, BC: La desesperación y la ira de los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California –cuyas denuncias de explotación en los campos agrícolas han sido ignoradas desde hace años– estallaron el martes 17.

Ese día los trabajadores del campo bloquearon en varios puntos la carretera transpeninsular y algunos de los jornaleros incluso saquearon comercios.

La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus) convocó a la paralización de toda actividad comercial y de servicios básicos a partir de las 03:00 horas del martes 17, llamado al cual respondió casi la mitad de los más de 70 mil jornaleros que contabiliza ese frente.

Previamente hubo dos frustradas mesas de diálogo –una el 15 de octubre de 2014 y otra el pasado 22 de enero–, en las cuales los jornaleros organizados consideraron que no se tomó con seriedad su pliego petitorio, pues no estuvieron presentes los principales actores: Juana Laura Pérez Floriano, secretaria bajacaliforniana del Trabajo, representantes sindicales ni la parte patronal. En cambio llegaron funcionarios menores a darles “más atole con el dedo”.

No estaba “ninguna de las autoridades que tenía que estar, así que nosotros también abandonamos esas mesas de trabajo, porque ellos no fueron capaces de llamar a los representantes de los agricultores o a los apoderados legales de las empresas, ni a los representantes de los sindicatos”, dijo a Zeta uno de los líderes de la Aonemjus, Fermín Salazar, el lunes 16.

El conflicto estalló el martes 17. A las 03:00 horas empezó la movilización para bloquear puntos estratégicos de la carretera transpeninsular –principalmente en zonas aledañas a los ranchos agrícolas señalados por los jornaleros como centros de vejación y excesos–, ahora con la demanda de la presencia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y del secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las mesas de diálogo.

Los jornaleros advirtieron: “Responsabilizamos al gobierno de cualquier acción que pueda tomar en contra de esta organización, en contra de los dirigentes, porque se les dio suficiente tiempo para platicar con ellos, y como no lo hicieron, la gente ya está cansada… son miles de trabajadores”.

Y una vez más enviaron su pliego petitorio con copia al presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se incluyen, como puntos básicos, el respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas, revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y la CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de ley, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos al día, respeto a los derechos de las madres trabajadoras y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones.

Señalaron a 12 empresas que les dan trato de esclavos y violan los más elementales derechos humanos y laborales; los dueños de algunas de esas compañías tienen ligas con funcionarios y políticos del PRI y del PAN.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ.

El gobierno de Calderón acordó con el de Obama el tráfico ilegal de armas

Los operativos de Washington para introducir armas a México, con el propósito de desmantelar a las organizaciones encargadas de traficarlas, eran del conocimiento y tenían la colaboración de la administración calderonista. No obstante, los fusiles siempre acababan en manos de la delincuencia organizada mexicana, sin afectar sus redes de trasiego. Una investigación en Estados Unidos apunta a la complicidad de varios altos funcionarios del sexenio pasado en esa actividad ilícita –dos de ellos ahora son ministros de la Corte: Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena–, de modo que no es posible creer que Felipe Calderón desconociera los hechos.

MÉXICO, D.F: Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, el gobierno de Felipe Calderón concertó con la administración de Barack Obama la introducción ilegal de aquéllas a México, destinadas a la delincuencia organizada. El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para la introducción de los cargamentos, en el marco de la “guerra al narcotráfico” del entonces presidente.

Conforme avanzan en el Congreso estadunidense las investigaciones del operativo Rápido y Furioso se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón. El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador general de la República el sexenio anterior.

Pero no es el único exfuncionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadunidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los otros implicados son los extitulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de la de Seguridad Pública (SSP), de la de Relaciones Exteriores (SRE) así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.

La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México. A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y “posiblemente participaron” en distintos operativos del gobierno estadunidense.

“Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadunidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral”, dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Aguilar Zinser.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.