Hay una fuerte corriente de la sociedad civil que pretende rescatar a las instituciones, incluso a veces de sí mismas y de algunos que las conforman, que con su mera presencia aseguran mantenerlas anquilosadas, ineficientes y plagadas de tráfico de influencias. Sería ridículo afirmar que no existen funcionarias y funcionarios públicos honestos en el Poder Judicial, sin duda hay, por desgracia no siempre son quienes tienen la mayor fuerza y contrapeso en sus determinaciones judiciales y sentencias. La oscura mano de los operadores políticos es un lastre monumental que impide que la justicia llegue en términos de la ley y la verdad objetiva. Es difícil demostrar que un juez se ha corrompido, o que defiende intereses inconfesables de políticos o criminales; sin embargo en ciertas ocasiones tenemos claras radiografías de aquellos que, por su paso en las instituciones de administración e impartición de justicia, demostraron ser dañinos para el Estado y las víctimas. Durante su carrera en la Suprema Corte el ahora ministro presidente Juan Silva Meza ha demostrado una clara visión progresista en pro de la integración de los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana, sin embargo no lo tiene fácil. La nueva entrada de Eduardo Medina Mora en la Corte es una clara muestra de cómo la presidencia está dispuesta a debilitar a esa institución con tal de tener a un mayor número de jueces supremos a favor de las muy opacas causas que ha protegido y protege el PRI para mantenerse en el poder. Baste una anécdota para ilustrar la postura de Medina Mora respecto a los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas violentadas. Corría el año 2007, Medina Mora era Procurador General de la República, sus 5 años en el centro de espionaje Cisen le permitieron tener a mano información privilegiada sobre el funcionamiento y alcance de redes de pornografía infantil y trata de personas que operaban en México. Meses antes fui arrestada con artimañas político-judiciales del ex gobernador de Puebla Mario Marín y sus cómplices políticos y empresariales. Mi arresto, tortura, años de juicios fabricados en mi contra y la persecución y amenazas tenían como finalidad forzarme a negar la veracidad de mis investigaciones sobre redes criminales en la que estaban involucrados, de diversas formas, políticos de alto nivel. En esa época fui requerida por PGR en diversas ocasiones; en una de ellas Medina Mora me citó en audiencia privada. Llegué con mi abogado. En la sala de su despacho amablemente me preguntó qué era lo que en realidad yo buscaba con la denuncia penal que había interpuesto en contra de los tratantes, de mis torturadores y de los políticos implicados. Justicia, respondí sorprendida. Sí, pero ¿por qué hace todo esto?, preguntó; porque soy periodista, entrevisté a niñas y niños víctimas, a testigos y especialistas, conseguí videos probatorios de la producción de pornografía infantil, de los vínculos políticos y lavado de dinero, todo está en el expediente. Medina insistió: Sí, pero ¿qué es lo que USTED busca?. Justicia, volví a responder inquieta. Se acercó un poco y me explicó que sólo podría asegurar que el líder pedófilo Jean Succar Kuri se mantuviera en prisión y fuera sentenciado. Eso no le corresponde a usted, sino a un Juez, dije frente a mi nervioso abogado. Medina sin inmutarse, respondió que el juicio político a Marín y el arresto de los políticos y empresarios involucrados no sucedería. Usted es periodista, entiende las complejidades y peligros, dijo dando por terminada la reunión. Lo que en aquél entonces me pidió en procurador de la Nación y hoy Ministro de Justicia, fue que asumiera que había un pacto político, que él estaba al tanto y que no perdiera el tiempo. No lo asumí. Nueve años después seguimos dando batallas judiciales e investigando, y ahora él está en al Corte para votar este 25 de marzo sobre uno de los casos más claros de feminicidio impune sucedido en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, y su procurador ocultaba estratégicamente las cifras de violencia mortal contra mujeres. El caso de Mariana Lima Buendía llegó al máximo tribunal a fin de que éste determine la urgencia de investigar y aplicar justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los sucesos previos de violencia feminicida. El esposo de Mariana, policía judicial del Edomex sigue libre; el expediente demuestra de no ser por las fallas procedimentales el agresor serial habría sido detenido para evitar que ultime la vida de otras mujeres; el fallo positivo podría cambiar la forma en que se investiga la violencia feminicida de acuerdo a la ley existente.
Habrá que mantener la mirada en este caso y en especial en la postura de Medina Mora. Para conocer mejor estos casos le recomiendo leer Las Muertas del Estado de Humberto Padgett. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: LYDIA CACHO.
"Tú Carmen, eres responsable de la soberbia que te llevó a creer que podías desafiar a la administración de MVS Radio para imponer tu voluntad, y nosotros Carmen, somos responsables de no aceptar ni tu desafío, ni tus condiciones", manifiesta la empresa.
La empresa Noticias MVS difundió el domingo un nuevo comunicado en el que dice que “es falso que nosotros hayamos censurado a Carmen Aristegui para que no difundiera a través de MVS el reportaje de la Casa Blanca”. Esto ocurre luego de la entrevista que la periodista ofreció al semanario Proceso. MVS dio una amplia respuesta a Aristegui e incluso se lanzó contra este portal de noticias. La empresa aseguró que “es importante destacar que el reportaje de la Casa Blanca fue elaborado con recursos financieros, humanos y materiales de Noticias MVS. Asimismo, es importante resaltar también que la señora Aristegui decidió desviar estos recursos en beneficio del portal de su propiedad llamado Aristegui Noticias, portal que tuvo durante algunas horas la exclusiva del reportaje de la Casa Blanca”.
También señaló que “nuestros abogados ya revisan este caso en el que el desvío de estos recursos en favor de los intereses patrimoniales de la conductora podría ser ilegal. Será interesante conocer la explicación que Aristegui dé a su propio conflicto de intereses”. Comunicado completo de la empresa MVS: Comunicado MVS Radio by Aristegui Noticias:
De los cuatro estados que el presidente identificó como prioritarios en la estrategia de seguridad, sólo Michoacán registró una baja en asesinatos y plagios en el primer bimestre del 2015.
Casi 350 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses de este año en Tamaulipas y Jalisco, estados donde contrario al balance nacional, los homicidios subieron en comparación con 2014. En Guerrero, los crímenes tuvieron una marginal reducción pero el número de personas secuestradas se duplicó. Se trata de las entidades que junto con Michoacán, fueron identificadas el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto como prioritarias por su nivel de violencia y la debilidad de las instituciones locales de seguridad. Luego de la crisis desatada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el mandatario anunció un decálogo de acciones y reformas para mejorar las condiciones de seguridad en el país y enfrentar de forma más eficiente a los grupos del crimen organizado. El presidente reconoció que era esfuerzo a escala nacional que requeriría de una cantidad importante de recursos y tiempo, por lo que anunció cuatro estados que de acuerdo con la evaluación del gabinete de seguridad serían los primeros en los que se comenzaría a trabajar. “Se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. También he instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de Jalisco y Tamaulipas” dijo Peña Nieto en ese momento. Las cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, parecen darle la razón al presidente en cuanto a la situación crítica en dichos estados que de hecho, persiste en el arranque de 2015. A nivel nacional, en el primer bimestre de este año se iniciaron dos mil 538 averiguaciones previas por homicidio doloso con un total de dos mil 829 personas asesinadas, lo que representa una reducción, aunque mínima, de poco más del 4.5 por ciento respecto al número de denuncias y víctimas en comparación con 2014. En secuestros, el registro fue de 188 casos con 244 plagiados en enero y febrero en todo el país, que es una baja del 24 por ciento en víctimas y del 32.7 por ciento en denuncias iniciadas en las procuradurías estatales.
Sin embargo, en Tamaulipas, Jalisco y Guerrero el balance es contrario. Solamente Michoacán, de los estados señalados como prioritarios, registró caídas contundentes en los asesinatos y secuestros.
Caso Tamaulipas En el primer bimestre de este año 174 personas perdieron la vida de forma violenta en Tamaulipas, un alza de casi el 14 por ciento respecto al mismo periodo del 2014. El número de asesinatos en el estado en febrero, es el más alto desde mayo del año pasado en la entidad. Además, los secuestros también tuvieron un incremento del 3.2 por ciento. La radicalización de los enfrentamientos entre células del crimen organizado, principalmente del Cártel del Golfo, y los choques con fuerzas federales en la región fronteriza del estado, provocaron en gran medida que el número de personas asesinadas prácticamente se duplicara de un mes a otro este año. La jornada de mayor violencia fue la del 3 de febrero, cuando en distintos puntos de la carretera que comunica a los municipios de Matamoros y Reynosa se registraron bloqueos, persecuciones y enfrentamientos. El saldo de esos incidentes fue de ocho personas muertas. El nivel de la violencia alcanzado en ese momento llevó a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, a pedir apoyo del gobierno federal para controlar la situación. El gabinete de seguridad nacional sesionó días más tarde en ese municipio y se acordó reforzar los trabajos de coordinación. Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los grupos conocidos como Los Metros en Matamoros y Los Ciclones en Río Bravo – Reynosa, ambos del Cártel del Golfo, pelean por expandir su dominio en frontera de casi 350 kilómetros que separa Tamaulipas de Texas. Caso Jalisco La crisis de seguridad en la zona de tierra caliente y en norte del país alejó la atención pública de Jalisco, pero las cifras confirman la situación negativa en la entidad. Los homicidios dolosos repuntaron seis por ciento en los primeros dos meses de este año, mientras que los plagios no tuvieron ningún descenso. De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, en una década Jalisco se desplomó del sitio 14 hasta el puesto 25 de las entidades más pacíficas, en gran medida porque la tasa de homicidios dolosos se duplicó. El estado también fue el segundo con el mayor número de denuncias por extorsión en 2014. En el último año Jalisco se ha convertido en uno de los más peligrosos no solo para los ciudadanos sino incluso para las fuerzas federales. El 13 de mayo del 2014, un convoy militar fue emboscado con granadas y armas de alto poder por sicarios en la entrada del municipio de Guachinango. Cuatro soldados murieron y cinco más quedaron heridos. Apenas el pasado 19 de marzo, una caravana de la Policía Federal fue atacada también por civiles fuertemente armados en calles de Ocotlán. Los agentes lograron abatir a cuatro de los sospechosos, pero también murieron cinco elementos de la gendarmería y dos personas que no tenían nada que ver con los hechos. Las investigaciones están en desarrollo pero la primera hipótesis apunta al Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que a diferencia de otros como Los Zetas o Los Templarios, se ha fortalecido en los últimos años. Caso Guerrero Guerrero tiene la mayor tasa de homicidios en el país y en el primer bimestre de este año se registraron 278 asesinatos ese estado, una disminución de apenas el tres por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Lo peor fue que la cantidad de personas secuestradas pasó de 19 víctimas en enero y febrero de 2014 a 38 en el primer bimestre de este año, un alza del 100 por ciento. Además, en los primeros dos meses de este año hubo once casos de secuestro cometidos en Guerrero y denunciados en la PGR, la segunda cifra más alta solo detrás del estado de México, pero que no es posible comparar pues es un dato que el Secretariado Ejecutivo apenas comenzó a reportar en 2015. Aunque en la entidad no hay un cártel dominante, el gobierno tiene identificados a varios grupos del crimen organizado que además de cometer varios delitos, son extremadamente violentos. Entre ellos están Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los normalistas, y sus antagonistas Los Rojos. Ya no hay caída en homicidios, advierte Hope Aunque el número de homicidios en el país fue ligeramente menor en febrero de este año en comparación con el mismo mes del 2014, las cifras confirman que ya no hay una tendencia a la baja y el número de crímenes se estabilizó, advirtió el investigador especializado en temas de drogas y delitos Alejandro Hope. De hecho, señaló que el promedio de 44 denuncias por homicidio al día que arrojó febrero pasado, es el mayor que se registra de los últimos nueve meses. De acuerdo con su análisis, si el promedio del primer bimestre se mantiene a lo largo del 2015, el año podría cerrar con 17 mil 500 homicidios, cifra muy similar o incluso ligeramente superior a la de 2014. “En términos de homicidios no es un buen dato de ninguna manera. Yo creo que ya estamos en un piso de homicidios, es un tema de piso técnico el cual ya no se está pudiendo bajar desde hace nueve meses. Es más o menos el nivel de crímenes en 2009” dijo. Hope destacó en especial el “brinco” que tuvieron los asesinatos en Tamaulipas durante el mes de febrero, mientras que el estado de México, Guerrero y Chihuahua acumulan en mayor número de víctimas.
Con la Ronda Cero hay al menos 4 millones de hectáreas comprometidas para la exploración y extracción de hidrocarburos, lo que ya afecta a comunidades de once estados.
Las tierras de al menos 13 pueblos indígenas ya están en riesgo por la reforma energética, pues éstas se encuentran entre los 4 millones 800 mil hectáreas que fueron asignadas en agosto pasado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Con la llamada Ronda Cero: La primera fase de asignación de zonas de extracción que correspondió exclusivamente a Pemex⎯ la nueva empresa productiva del Estado recibió los derechos sobre tierras que involucran a 142 municipios en 11 entidades federativas en las que habitan estos 13 pueblos indígenas, advirtieron el viernes 20 de marzo organizaciones civiles en la sesión “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Stephanie Erin Brewer del Centro Prodh, uno de los representantes de la sociedad civil que acudieron a la sesión. Sólo por lo asignado en la Ronda Cero, el pueblo Chontal de Tabasco ya cuenta con el 85% de su territorio ocupado; pero existen otros casos como el Totonaca con el 38% y el Popoluca con 31%. Pero además, con lo que se prevé asignar en la Ronda Uno, la primera en la que la iniciativa privada podrá obtener derechos sobre ciertos territorios y cuyos resultados se darán a conocer este año son cinco pueblos indígenas más los que podrían ver en riesgo una porción de su territorio. El problema, según la sociedad civil, no sólo es que se atenta contra los derechos a la tierra de los pueblos indígenas sino que no se les consulta sobre la explotación de sus terrenos ni tienen la opción de rechazar las actividades de hidrocarburos. “A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower. Según esas leyes, una vez que las empresas obtengan el permiso para la explotación de la tierra iniciarán una negociación con los dueños, y en caso de que ésta no se concrete, el Estado ordenará una servidumbre legal para iniciar la ocupación y entregar pagos a los propietarios, pese a su negativa de ceder los terrenos. “No establecen mecanismos de consulta previa a las comunidades. Hay un mecanismo de negociación posterior a los permisos entregados, lo que se establece es una negociación de prestaciones pues no se establece la posibilidad a decir que no”, dijo Mario Patrón, subdirector del Centro ProDH. Al respecto, la delegación del Estado mexicano dijo que la reforma energética no establece la expropiación de tierras y que el objetivo es que los propietarios también se beneficien de la explotación. “Desde 1997 no se ha llevado a cabo ni una sola expropiación en México vinculada a hidrocarburos y es del interés del Estado mexicano que siga esta situación. Las comunidades tendrán acceso a beneficio derivados de estos proyectos y no estará la cuestión encaminada exclusivamente al beneficio de las empresas”, dijo Fernando Zendejas de la Secretaría de Energía. La delegación mexicana insistió en que con la figura de la servidumbre legal el territorio sigue siendo de los propietarios y que las empresas están obligadas a devolverlo cuando termine la explotación de los recursos; además de que mientras esté ocupado se entregarán pagos por su uso y afectación. Sin embargo, el argumento de sociedad civil es que técnicamente sí hay una ocupación de territorio que será devuelto cuando la tierra sea inutilizable. Las leyes de la reforma energética indican que la actividad de hidrocarburos y de la industria eléctrica son de utilidad pública, por lo que “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, es decir, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos ya sea población indígena, comunidades equiparables u otras”. La ocupación temporal será para la exploración y extracción de hidrocarburos pero también para la construcción de plantas eléctricas, caminos, almacenamiento de equipo o para construir cualquier otro tipo de infraestructura necesaria para la industria. En esta sesión que se realizó durante el 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera vez que se trató en un contexto de defensa de derechos humanos el tema de la vulneración de garantías por la reforma energética. La CIDH deberá pronunciarse sobre el caso después de haber escuchado los argumentos del Estado y de sociedad civil que busca que haya procedimientos de consulta efectivos a las comunidades afectadas en los que tengan la posibilidad de negar la actividad de hidrocarburos o de la industria eléctrica.
En México, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el tema tiene que ver con ingresos y actividad económica y no con derechos humanos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia, durante la presentación del informe de Artículo 19, titulado "Estado de censura".
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, habló este lunes sobre el caso MVS-Aristegui. De acuerdo con Sin Embargo, Lanza declaró: “El caso de Carmen Aristegui es un caso de disputa”. Consideró que más que un conflicto entre particulares “este caso tiene vicios de censura indirecta que intenta acallar una voz crítica”. “Puede haber allí un mecanismo de censura indirecta (…) podríamos hablar de un atentado contra la libertad de expresión”, abundó. Mencionó que el Estado mexicano se ha mantenido en diálogo con la CIDH en cuanto a libertad de expresión se refiere. “Si nosotros le llamamos el Estado acude a declarar”, explicó Lanza. El relator indicó que no hay garantías para los periodistas dentro de los medios: “No hay mecanismos legales para que un periodista defienda su autonomía”.
Edison Lanza agregó que quienes regulan el sistema de medios normalmente no tienen autonomía. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El libro Narcoamérica “tiene ese nombre porque referimos al Estado paralelo que gobierna al continente; donde no llega el Estado, gobierna el narcotráfico”, señaló el periodista Pablo Ferri, uno de los tres autores de la obra. En entrevista para Aristegui CNN, consideró que el narco “es un gran monstruo con tentáculos, que le está ganando la batalla en muchas cosas al Estado”. Comentó que en el mundo del narco “hay muchas identidades muy fuertes y no necesariamente respetan las fronteras, a veces están en el mismo país”. “Hay fenómenos que se repiten, en México, en Tierra Caliente, se están atomizando las viejas bandas en cárteles pequeños, hay una epidemia de crack tremenda. Se van generando problemas”, indicó. “Narcoamérica es una explicación de: esto somos… y en cada uno de los personajes hemos tratado que estén bien perfilados”, apuntó. Por su parte la también autora del libro, Alejandra Sánchez Insunza, señaló que “la idea era hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en cada país en cuanto a tráfico de drogas, cómo afecta, cada país tiene un fenómeno distinto. Hay países productores, países de ruta, consumidores”. Contó que “llegábamos a cada país y fundamentalmente nos nutríamos de entrevistas de gente involucrada, desde autoridades, campesinos, pescadores que habían traficado, entrevistamos a autoridades de todo los países, excepto en los que no cedieron, como Venezuela”. También se nutrieron con “informes de organizaciones… la documentación varía según el país, tomábamos todo lo que podíamos, y dependía de la situación de cada país. Lo que destaca en el libro, son las entrevistas”. Aseveró que “Honduras es un país que en este momento está definido por el control de las familias, la anarquía domina, el crimen organizado se ocupa de eso” En tanto, “Brasil ahora es el segundo consumidor de cocaína y derivados, la mayor parte de las rutas va para allá”. Y en “Colombia a pesar de que ya no están los grandes cárteles, tiene bandas criminales”. Sin embargo “un caso que se salva, es Chile, por su geografía y por tener una mayor institucionalidad”. Reveló que en “la parte final del libro, nos dedicamos a México y a Estados Unidos… en el caso de Ayotzinapa, me costaba mucho trabajo entrevistar a los padres. Era una cuestión ilógica, uno pensando que sus hijos podrían estar muertos, y ellos conservando la esperanza”. Por su parte, otro autor del libro, José Luis Pardo, contó que “una de las cosas más originales… es que el narcotráfico es un negocio transnacional, que cruza fronteras. Nuestros reporteros igual, han cruzado fronteras, desde Estados Unidos hasta Chile”. “El narco tiene implicaciones económicas, hay que verlo como un gran negocio, sustenta a muchísima gente en Latinoamérica y sustenta a las economías de los Estados. Perú es un caso muy claro”. “Vivas en México, en Perú, en Chile, en Brasil, el narco te afecta. Este libro es un libro de viajes, porque es un viaje, y no siempre son bonitos, es entender a otra gente, y es lo que hace Narcoamérica, entender a esa gente”. “Es algo que pasa a nivel regional, pero las instituciones tienen gran parte de culpa; sin la corrupción el narcotráfico no podría existir”, aseveró. Pardo dijo también que “hay consecuencias del narco, entorno de autoridades que hay que vigilar mucho, pero también hay consecuencias entre la población”.
Remarcó que “el narco le ha quitado el espacio público a la gente, poder salir es un derecho, y en esos lugares han llegado al extremo de que les han robado la calle”. VÍDEO:
Los investigadores asiduos a los archivos públicos (historiadores contemporáneos y periodistas, entre otros) tienen una discusión acerca de la garantía de protección de los datos personales y el acceso directo, libre, sin tachones ni omisiones a documentos histórico confidenciales. Para Ángeles Magdaleno, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios de Archivos y ex directora de Información de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hay ninguna duda. Opina que las restricciones impuestas a la consulta de dichos documentos son una aberración. Es que, subraya, si un archivo es histórico, no puede ser al mismo tiempo confidencial. Antes del actual marco legal Magdaleno pudo obtener, sin omisiones, el perfil del ex presidente del PRI Carlos Madrazo (1915-1969), el expediente de Raúl Salinas Lozano, padre del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, y de la ex candidata del PAN a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, entre otros. Sin embargo, la consulta total del contenido de los documentos histórico confidenciales hoy día ya no es posible; según la ley actual de archivos, es necesario que transcurran 70 años para tener acceso libre a los expedientes.
Magdaleno subraya que la gravedad radica no sólo en someter a los historiadores a trámites administrativos, sino al propio análisis que los comisionados del Ifai deberán hacer de esos casos, pese a que no son historiadores ni archivistas. Además, el país no tiene especialistas suficientes para revisar y elaborar la versión pública de los documentos. La ley indica que cuando un archivo es vigente, se le llama de gestión. Al término de su uso ordinario el documento se va al archivo de concentración, también conocido como archivo muerto, y una vez concluidos ambos valores, administrativos y jurídicos, se envía al archivo histórico. Están censurando, limitando la libre circulación de ideas y textos, expuso en entrevista. Froylán Enciso, especialista en el desarrollo del narcotráfico en Sinaloa, afirma que el principal problema no es la restricción a la versión original de los textos, sino el estado lamentable en que se hallan casi todos los archivos en el país. El AGN es el paraíso en comparación con los estatales y municipales, entre otros, incluso el de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias que se caracterizan por la ineficiencia, desorden y opacidad. Es por ello que, en la práctica, buscan el modo de tener acceso a los expedientes que por ley nos habrían sido negados. En Sinaloa, por ejemplo, “en cierto archivo hay sólo un señor cuidando una bodega de cajas. En otros, la traba no es que haya alguien malévolo impidiendo el acceso a la información, sino ante la falta de recursos e inversión los expedientes se pudren, se caen a pedazos.
¡Por supuesto, ante el caos, es muy difícil encontrar algún documento de alta relevancia; incluso, si me dieran la versión pública del mismo (con los datos personales omitidos) sería para mí oro molido!, comentó. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: Académicos, escritores, actrices, cantantes, politólogos y activistas sociales reunidos en la agrupación “Manifiesto 180” llamaron a enfrentar la corrupción a todos los niveles del Estado con acciones como “impedir toda acción, pública o privada, que coarte la libertad de expresión y de prensa, el derecho a informar, disentir y denunciar”. En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional, agregaron que el compromiso con la legalidad también requiere “asegurar el respeto a la división de poderes y evitar la injerencia del ejecutivo en el legislativo y judicial; obligar a todos los funcionarios a rendir una declaración pública patrimonial, fiscal y de intereses; erradicar la nefasta práctica conocida como ‘los moches’ y garantizar que quienes obtengan un cargo de elección popular no puedan renunciar para buscar otro cargo”. Según los 192 firmantes, a seis meses de las tragedias de Ayotzinapa y Tlatlaya “que marcaron puntos de no retorno en la vida mexicana, la indignación nacional reclama una respuesta. Nos negamos a aceptar que la impunidad sea el destino manifiesto de los mexicanos”. Tal quebrantamiento, agregaron, sólo se podrá superar con la defensa y fortalecimiento de la democracia y para lograrlo “es urgente que se adopten formas más directas de participación. Los ciudadanos son y deben ser sujeto de la política”. Los participantes convocaron a la reflexión y a crear puntos de encuentro “entre las diferentes posiciones políticas propias de la diversidad y libertad democráticas”. Destacaron la participación de los jóvenes: “No nos corresponde dar recetas sobre su manera de actuar. Sólo insistimos en el valor de su acción organizada y pacífica que les propicie apoyo social”. Los activistas rechazaron “toda forma de violencia” pues dijeron que los conflictos sociales deben resolverse mediante el diálogo. Pidieron enfrentar las “enormes desigualdades sociales”, para lo que propusieron trabajar “en el proyecto de un país solidario, plural, justo, igualitario, posible y democrático”. Los firmantes de Manifiesto 180 concluyeron al decir que el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias “es una muestra más de la falta de tolerancia a la crítica, los reclamos sociales o la disidencia. Las voces de ella y su equipo, constan cada día de más voces a las que sumamos solidariamente las nuestras”.
El desplegado está firmado por personalidades como Adriana Barraza, Ana de la Reguera, Carlos Pellicer, Cecilia Suárez, Clara Jusidman, Damián Alcázar, David Pantoja, Diego Valadéz, Enrique del Val, Enrique Serna, Fernando del Paso, Hugo Gutiérrez de la Vega, Jacqueline Peschard, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, José Woldenberg, Juan Villoro, Lorenzo Meyer, Luis de Tavira, Lydia Cacho, Manuel Peimbert, Mardonio Carballo, Marta Lamas, Miguel Concha, Ofelia Medina, Raúl Trejo, Ricardo Raphael, Roger Bartra, Soledad Loaeza, Tiaré Scanda y Vicente Rojo, entre otros. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.
En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira. Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos. En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema. Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia. Llamado a partidos Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua. Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.
Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
NUEVO LAREDO, Tamps: Un presunto grupo de autodefensas de la ciudad fronteriza de Matamoros amenaza con asesinar a 10 miembros del crimen organizado por cada ciudadano inocente que mate un grupo identificado con el Cártel del Golfo (CDG). La proclama apareció horas después de que fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada con el tiro de gracia en la colonia San Ángel, al oriente de Matamoros, el pasado 19 de marzo. “Se les advirtió de antemano, primero Comandantes, seguimos con Punteros y Halcones, toda la gente ke trabaje para Angel Prado Rodríguez alias El Orejón o Ciclón-7 serán asesinados, el pueblo de Matamoros exige su sangre” con la cual la han bañado pero de gente inocente, siguele matando gente de bien Ángel Prado y nosotros te mataremos diez por cada inocente, indica el texto que comenzó a circular en redes sociales que advierten sobre la violencia que registra la frontera de Tamaulipas. El supuesto grupo de autodefensa asegura que ya asesinó a dos hombre del Ciclón 7 identificados como “Memo” y “Bogar”. “Autodefensas Matamoros unidos y vamos por ti joto ya te ubicamos en tu suburban azul blindada, ni la PFP te hará el paro puto, el pueblo de Matamoros exige tu muerte, ya tus allegados les estamos llegando al precio”, concluye el texto del grupo. Hasta ahora el único grupo de autodefensa que opera en Tamaulipas es la Columna armada Pedro J. Méndez que surgió en el municipio rural de Hidalgo.
La Columna, la cual la asocia a una facción del CDG, limpió de “zetas” la cabecera municipal y desde hace más de tres años se acabaron las extorsiones, secuestros y otros delitos en el centro de Hidalgo, pero continúan en su zonas aledañas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: En las páginas de Proceso he insistido sobre la salud de los gobernantes. En su momento abordé los casos de Alonso Lujambio, del PAN (Proceso 1870), y de Fausto Vallejo (Proceso 1868), del PRI. Ahora se trata de Manuel Camacho Solís, senador, integrante de la fracción parlamentaria del PRD. En ninguna de estas ocasiones he tratado el asunto como un tema personal, sino para exponer cómo diversos personajes políticos privilegian su interés personal sobre el bien común. Creo firmemente en la postura editorial de The New York Times: “La sociedad tiene derecho a tener gobernantes sanos”. Veamos. Primero. Hay consenso doctrinal en que un servidor público que llega a su cargo por el voto de los ciudadanos debe tener, además de la deseable idoneidad, que es sólo deseable, con un estado de salud razonable que por lo menos le permita ejercer sus atribuciones, como lo esperan los representados. Manuel Camacho Solís ha sido un servidor público prácticamente su vida entera. En sus encargos ha cumplido, al menos presencialmente, sus deberes frente al despacho de los asuntos que ha tenido ante sí. Hoy las cosas para él han cambiado. Manuel Camacho Solís está enfermo de un tumor o cáncer cerebral que lo ha dejado imposibilitado para ejercer sus labores de representación en el Senado de la República desde junio de 2014. Por esta razón ha salido de todas las comisiones de las que formaba parte. A fineals de enero de este año, en un mundo surrealista, “en reconocimiento a su larga trayectoria política de más de tres décadas, el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Manuel Camacho Solís fue homenajeado en el marco de la VI Reunión Plenaria de la fracción parlamentaria de los legisladores de ese instituto político” (La Crónica, 30/01/15). Es decir, se premió la irresponsabilidad, la falta de probidad y la ausencia de todo mínimo de ética pública. Ver para creer. Segundo. Los senadores del PRD pontificaron en torno a los merecimientos pasados de Manuel Camacho. Nadie ha dicho nada, empero, sobre cómo ha violado la Constitución, toda vez que: a) De junio de 2014 al día de hoy no se ha presentado a trabajar, pero, eso sí, cobra puntualmente su quincena con las prestaciones que implica ser senador de la República; b) No se ha llamado a su suplente para que ocupe el cargo durante el tiempo que se recupera –si esto es posible– de su enfermedad, que la sufre él y le cuesta a la sociedad; c) Camacho Solís no ha tenido la mínima iniciativa personal de solicitar licencia sin goce de sueldo por dignidad y ética política. La primera hipótesis es que su enfermedad fue de conocimiento de él y del PRD después de que fue elegido como senador por la vía plurinominal; en otras palabras, no con el voto directo, sino con el apoyo indirecto de los electores. No faltará quien diga que alguien no puede anticipar una enfermedad de esa magnitud que le incapacite para realizar su trabajo. En esa hipótesis, lo que hubiera procedido era solicitar licencia y convocar al suplente. Es menester decir que no se trata de una persona asalariada que deja de cumplir su trabajo por una enfermedad superviniente que le puede ocurrir a cualquiera. No. Camacho Solís no es analista C de una empresa privada o burócrata sindicalizado en el gobierno. Es un representante del pueblo ante el Senado de la República para realizar una labor de la mayor magnitud. ¿Qué sucede con esa representación popular? Nada con Manuel Camacho Solís. Se queda un vacío de representación. De esta suerte, el pueblo no paga litros de 800 mililitros, sino litros sin nada. Podría haber una segunda hipótesis en donde Manuel Camacho Solís supiera de antemano que estaba enfermo y que esa enfermedad podría evolucionar hasta donde se encuentra ahora. En este supuesto, el asunto es peor al dar gato por liebre a la sociedad, ofreciendo el PRD y Manuel Camacho la mentira como sello distintivo de campaña. Tercero. No faltará quien diga que intervengo en su “vida privada” y que no soy sensible al dolor ajeno. De entrada hay que tener claro que la vida privada es, en efecto, un derecho de las personas como regla general, pero hay excepciones. Es el caso de Manuel Camacho Solís. Si tuviera un callo en el dedo izquierdo o una quemada en la mano derecha, serían temas de su propia incumbencia. No es lo que pasa aquí. La enfermedad de Manuel Camacho es de tal calado que lo ha dejado postrado, incapaz de cumplir sus funciones de representación pública. En este caso, el derecho a saber tiene preeminencia sobre el derecho a la vida privada por tratarse de un tema de claro interés público y por ser un personaje de trascendencia pública. Por supuesto, es lamentable lo que le pasa a él como a muchos otros mexicanos que, por desgracia, en su inmensa mayoría no tienen acceso a los médicos e instalaciones hospitalarias de los que, con cargo al dinero de usted y al mío, dispone Camacho Solís. Paradójicamente, en el propio PRD su coordinador Luis Miguel Barbosa hizo todo lo contrario. Habló a la opinión pública con lujo de detalle sobre las consecuencias de su diabetes mal tratada y su operación que lo puso al borde de la muerte. Todo fue rápido. Y me consta personalmente que su agilidad mental y su sensibilidad humana cambiaron para bien de todos.
Según ciertos perredistas con los que he hablado, el “buen” trato a Camacho Solís se debe a que prácticamente es un prócer de la patria. No he visto ninguna evidencia documental de que se trate de un prohombre, como lo señalan. Pero aceptemos que así sea y que Manuel Camacho está a la altura de Benito Juárez o de José María Morelos. En esa lógica tampoco debería seguir percibiendo un emolumento que no devenga. En todo caso, por sus “grandes méritos a la nación”, el Congreso de la Unión podría aprobar la “Ley Manuel Camacho Solís, primer prócer de la Patria”, y de ahí la Cámara de Diputados podría incorporar un haber en el Presupuesto de Egresos para que tenga una pensión vitalicia razonable, quizá un día nacional en su nombre y un gran monumento para la posteridad acompañado de un museo que permita a los niños y adolescentes conocer cómo gracias a él México ha cambiado profundamente para bien. Pero, en ningún caso, conviene a los intereses de la nación la opacidad y el desprecio por la sociedad de los que hace gala el PRD al tener senadores como Camacho Solís que hieren los cimientos básicos de la democracia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS).
CHIHUAHUA, Chih: El alcalde priista de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, llamó a las trabajadoras domésticas congregadas en un festejo oficial a que vean las telenovelas y no las noticias “porque no crean que son tan buenas”. En el marco del Día de la Empleada Doméstica, los gobiernos estatal y municipal regalaron televisiones de plasma.
“(Las pantallas plasma) son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No (vean) las noticias porque no crean que son tan buenas las noticias, vean más bien las novelas y sobre todo las novelas buenas, así es que yo espero que traigan mucha suerte. Este evento lo hacemos con mucho esfuerzo el gobierno del estado y el gobierno municipal, para que ustedes tengan un momento de esparcimiento, puedan llevarse un regalo y poderlas apapachar a todas ustedes. Muchas felicidades y que Dios me las bendiga a todas”, fue el mensaje final de Garfio Pacheco. Al finalizar el festejo, el edil aseguró que se trató de “un chascarrillo”, pero el comentario provocó indignación y burla en las redes sociales. Al evento acudió el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien les dijo a las trabajadoras domésticas que “si Televisa conociera la historia de cada una, tendría suficiente material para hacer una novela” y posteriormente se comprometió a afiliarlas al Seguro Popular. El mandatario estatal reconoció que las trabajadoras domésticas trabajan el doble o triple de una jornada porque apoyan el sostenimiento de sus familias. Indicó que su sueldo es bajo y muchas de ellas no cuentan con seguridad social, por lo que deben sacrificar tiempo con sus familias para atender su trabajo. “Les aseguro que esas condiciones laborales cambiarán en unos cinco años, con las reformas estructurales que ha impulsado el gobierno federal, porque contempla su derecho a la seguridad social y a una pensión”, dijo Duarte. Al respecto, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional calificó como denigrante el comentario del alcalde, al considerar que dejó de manifiesto que en la sociedad no hay buenas noticias y que privilegia las telenovelas al derecho de estar bien informados. “Esta actitud además de insultar la inteligencia de los ciudadanos da seguimiento o continuidad a las políticas nacionales establecidas por el presidente Enrique Peña Nieto, al dejar entrever que los gobiernos le apuestan al entretenimiento más que a la educación a la que tienen derecho los mexicanos”, dijo Adriana Díaz Negrete, secretaria general del CDM del PAN. Agregó que el alcalde Garfio reconoce que en Chihuahua no hay avance, no hay ciudadanos capacitados y lo más preocupante es que se inclina a que no haya ciudadanos informados.
“Él es quien debe generar buenas noticias para la sociedad porque es quien representa a los chihuahuenses en el gobierno municipal”, indicó Díaz Negrete.
Durante la ceremonia del 21 aniversario luctuoso de Colosio, oradores cuestionaron a la dirigencia del partido por su decisión de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez.
El escándalo por la presunta red de prostitución encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la negativa a expulsarlo del PRI alcanzó ayer la conmemoración del 21 aniversario luctuoso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Al participar como oradora invitada, la excandidata presidencial del Partido del Trabajo y amiga del sonorense Cecilia Soto se volcó contra los dirigentes del PRI. “Preguntémonos si Colosio hubiera permitido que al llegar a un partido político se le pidiera aduana sexual a las mujeres”, cuestionó la expetista desde la tribuna. “Preguntémonos si él hubiera aceptado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, remató. Asimismo, minutos antes de arrancar el homenaje en el patio del Claustro de Sor Juana, la expresidenta nacional del PRI, María de los Ángeles Moreno, reprochó la decisión de no expulsar a Gutiérrez de la Torre de las filas del tricolor. Además, la diputada local condenó la impunidad y denunció que la decisión fue producto de presiones políticas. Otro del PRI En un evento distinto, el priista y miembro del Consejo Nacional, Armando Barajas Ruiz, criticó ayer la decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de las filas del PRI. En conferencia de prensa, Barajas, quien había solicitado la expulsión del exlíder priista capitalino, consideró que con esa decisión la comisión vilentó el reglamento interno y reprochó que solo le hayan suspendido sus derechos.
Ante ello, Armando Barajas lamentó que el caso ya esté cerrado y que este ahora solo servirá de reflexión para el partido; sin embargo, reiteró su inconformidad con la resolución del tricolor y adelantó que impugnará la resolución del PRI. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
La PGR levantó el aseguramiento de 5 de los 25 vehículos de lujo propiedad del socio mayoritario de Ficrea. Abraham Eslava, extitular de la SEIDO e involucrado en la red que trafica con recompensas en la PGR, aparece también en este caso.
La SEIDO retiró el aseguramiento de una parte de los vehículos de lujo embargados al dueño de Ficrea. Un día después de que un grupo de ahorradores defraudados por esta casa de ahorro presentaron una denuncia contra Rafael Olvera Amezcua ante la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó levantar el aseguramiento de cinco de los vehículos decomisados a este empresario prófugo de la justicia que estaban resguardados -se supone- para garantizar la reparación del daño a los defraudados. Estos vehículos habían sido asegurados a finales del año pasado por la PGR al socio mayoritario de Ficrea. Fueron sacados de su colección privada la cual consta de más de 100 vehículos de lujo. Extraoficialmente se sabe que la devolución de estos bienes de Olvera Amezcua obedece a deficiencias en el procedimiento de aseguramiento que hizo la SEIDO. Un proceso en el que estuvo involucrado Abraham Eslava Arvizu, quien se desempeñaba como encargado de la SEIDO hasta la semana pasada que fue removido por la nueva procuradora General de la República, Arely Gómez. Eslava Arvizu es también el mismo funcionario de la PGR vinculado la semana pasada en los audios que dio a conocer Reporte Indigo sobre una red que trafica con las recompensas que otorga la dependencia federal. En el audio se revela que uno de los informantes que reclama una recompensa asegura que ya habló con Eslava Arvizu para agilizar la entrega de la gratificación por un millón de pesos. Luego de la publicación y reproducción de dichos audios, la PGR envió una carta a esta casa editora. En la misiva, la dependencia federal aseguró que ya había iniciado una investigación interna sobre el programa de recompensas y la posible participación de sus empleados. Abraham Eslava Arvizu estuvo relacionado en el presunto tráfico. Los socios Los cinco vehículos de lujo propiedad de Olvera Amezcua, que habían sido asegurados pero que la semana pasada regresó la SEIDO, son un Porsche Cayenne modelo 2013; un Porsche Cayman modelo 2014; una camioneta Durango 2014; un BMW 320i y una camioneta Chevrolet Sierra 2013. Todos los vehículos son considerados de lujo y sus precios rondan entre los 50 y 100 mil dólares. Los vehículos, según el oficio al que tuvo acceso Reporte Indigo, tuvieron que haberse entregado el viernes al interventor general de Ficrea, designado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La petición la firma Iván Miranda Tamayo, Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SEIDO. La devolución de los vehículos que hizo la SEIDO podrían estar relacionada por un procedimiento jurídico deficiente que realizó la dependencia. O al menos que el dueño de Ficrea, hoy prófugo de la justicia, haya garantizado la reparación del daño que le hizo a los ahorradores. La PGR aseguró a finales del año pasado un lote de 25 vehículos de lujo a Olvera Amezcua, principal responsable del fraude en Ficrea. Además de los vehículos, la PGR embargó propiedades que tenía Olvera Amezcua en el Club Golf Bellavista. La PGR también congeló sus cuentas bancarias por las investigaciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) El aseguramiento de estos vehículos que hoy regresa la SEIDO se realizaron a instancias de Jorge Hugo Ruiz Reynaud, quien fue removido de la titularidad de la SEIDO el mes pasado cuando se le involucró en unos audios que dejan entrever una supuesta negociación para que el dueño de FICREA no pise la cárcel. Se sabe que Ruiz Reynaud fue compañero de escuela de la exsubprocuradora Mariana Benitez, quien dejó el cargo el mes pasado por una diputación plurinominal del PRI. Ruiz Reynaud, cuando hizo los aseguramientos de estos bienes, estaba a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero). En el audio –que divulgó el periódico El Universal- empresarios cercanos a Olvera Amezcua hablan de dar un soborno de 90 millones de pesos a funcionarios de inteligencia financiera para seguir operando el fraude. Los socios de Olvera Amezcua se refieren en la grabación a seis personas incluyendo uno que se llama Hugo. La conexión de Eslava Cuando fue removido Ruiz, en su lugar en la SEIDO fue nombrado precisamente Eslava Arvizu, un funcionario que comenzó su carrera en la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Eslava Arvizu se venía desempeñando como jefe de la Unidad de Asalto y Robo de Vehículos de la PGR. La cancelación del aseguramiento de los vehículos ocurre además un día después de que un grupo de ahorradores presentó ante la PGR una nueva denuncia en contra del dueño de FICREA por el delito de fraude. El martes pasado los abogados de los ahorradores defraudados presentaron la primera denuncia en el fuero federal en contra de Olvera Amezcua. Los defraudadores se presentaron precisamente con Abraham Eslava, quien se venía desempeñando como encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR.
Esto hasta hace una semana que la nueva procuradora de la República, Arely Gómez, puso como encargado como adelantó Reporte Indigo de la SEIDO a Martín Marín Colín en su sustitución. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
MÉXICO, D.F: El expresidente Felipe Calderón culpó a “complicidades” de las autoridades de Michoacán con la delincuencia de que durante su gobierno no haya sido capturado Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. El exmandatario destacó que La Tuta y otros criminales superaron con gran impunidad a las administraciones estatales. “El grado de complicidad de las entonces autoridades estatales permitía a Gómez Martínez y a otros delincuentes operar con gran impunidad”, apuntó Calderón. Luego matizó: “Qué bueno que las fuerzas federales han logrado significativas capturas de la delincuencia organizada”.
Calderón visitó Morelia este domingo para acompañar a su hermana Luisa María Calderón, quien registró ante el IEM su candidatura al gobierno de Michoacán. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
WASHINGTON: El panista Gerónimo Gutiérrez, exsubsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte durante el sexenio de Vicente Fox, es el candidato favorito y aparentemente el elegido del presidente Enrique Peña Nieto para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos. “Todo indica que será Gerónimo Gutiérrez el próximo embajador en Washington. Y es posible que en unos días su postulación reciba el beneplácito de parte del gobierno del presidente Barack Obama”, dijo a Apro una fuente diplomática mexicana con amplio conocimiento del proceso de sucesión. Gutiérrez Fernández, actualmente Director Gerente del Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), con sede en San Antonio, Texas -creado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- tiene una amplia experiencia en las relaciones con Estados Unidos. De acuerdo con la fuente diplomática, Peña Nieto considera que Gutiérrez Fernández posee la experiencia y capacidad suficiente para hacerse cargo de la relación con Estados Unidos. El puesto de embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos quedó vacante después de que Eduardo Medina Mora fuera nominado por Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN), pese a la inconformidad de miles de ciudadanos mexicanos, expertos y juristas. Desde que se anunció la postulación de Medina Mora como ministro de la SCJN se mencionaron a varios candidatos para reemplazarlo, entre ellos a Idelfonso Guajardo, actual Secretario de Economía, quien aparentemente tenía más posibilidades de hacerse cargo de la embajada en Washington. Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, fue otro de los nombres que se barajaron en algunas columnas de la prensa mexicana como posible reemplazo de Medina Mora. “El nombre de Gerónimo Gutiérrez siempre estuvo presente en la lista del presidente Peña Nieto”, insistió la fuente diplomática. De 2003 a 2006, Gutiérrez Fernández fungió como Subsecretario para América del Norte bajo las órdenes de Luis Ernesto Derbez, considerado por algunos especialistas en las relaciones exteriores mexicanas como el por canciller que ha tenido México en toda su historia. Además de estar a cargo de las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el sexenio de Fox, Gutiérrez Fernández fue también Subsecretario para América Latina y el Caribe, y luego Subsecretario de Gobierno en la Secretaria de Gobernación. De 1992 a 1994, fue Director de la Coordinación de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y asesor en Banobras.
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene el grado de maestro en administración pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
MÉXICO, D.F: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) esclarecer si existe una imputación en su contra. “Que ya determine si me van a procesar o no, si hay elementos para que un juez conozca del caso o en su caso el no ejercicio de la acción penal” exigió Gutiérrez de la Torre. En entrevista con Grupo Fórmula, el priista aseveró que no existen pruebas que demuestren que lideraba una red de prostitución: “No hay nada en el expediente, todos son voces anónimas, no hay una declaración de una imputación de manera directa”. El viernes pasado, el PRI determinó no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de sus filas, aunque sus derechos políticos permanecen suspendidos. En respuesta, Gutiérrez de la Torre lamentó: “Por este invento, este montaje de otra radiodifusora, desde hace un año que no ejerzo ningún cargo y no he hecho aparición en ninguna asamblea de mi partido, no estoy dentro del consejo político nacional porque era el presidente y esa era mi calidad”. El 2 de abril del año pasado, el noticiero que conducía la periodista Carmen Aristegui en MVS dio a conocer el testimonio de una reportera infiltrada que logró entrar hasta las oficinas de Gutiérrez de la Torre obteniendo audios que exhibían cómo ofrecía plazas en el PRI a jovencitas a cambio de servicios sexuales.
En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió un expediente y comenzó a citar a los involucrados en el caso. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
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