MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por incumplimiento de una exhortación que hizo el ombudsman estatal, Arturo Peimbert Calvo, para que se hiciera efectivo un laudo laboral de hace ocho años a favor de dos exempleados municipales a quienes debió reinstalar y pagar diversas prestaciones.
En un comunicado, el organismo precisa que los afectados acudieron a la CNDH para hacer uso de un recurso de impugnación, luego de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 11/2013 dirigida al municipio de Ocotlán de Morelos, instancia que la aceptó, pero no ha dado muestras de cumplimiento.
En dicha recomendación, añade, el defensor estatal ordena dar cumplimiento al laudo emitido el 16 de enero de 2007 por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mismo que condenó al municipio al pago de indemnización constitucional, salarios caídos y retenidos, diferencias salariales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras.
A pesar de tres requerimientos judiciales, el Ayuntamiento no ha pagado las aludidas prestaciones.
Luego de investigar los casos, la CNDH consideró “procedente y fundado el recurso de impugnación al apreciar la existencia de una recomendación aceptada, pero no cumplida, en la que se estimó que hubo violación a los derechos humanos al acceso efectivo a la justicia, a la seguridad jurídica y a los derechos laborales”, dice el texto.
Por ello, en su recomendación 8/2015 la CNDH solicita a los integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán que giren instrucciones para que se cumpla totalmente la recomendación que Peimbert Calvo emitió el 7 de noviembre de 2013.
De igual manera, que se adopten las medidas necesarias para que se diseñe e imparta a los servidores públicos del Ayuntamiento un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, y se colabore con la CNDH en la integración de la queja que promueva ante el Congreso del estado de Oaxaca, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 23 de marzo de 2015
MVS, en “grave retroceso”: el ómbudsman
MÉXICO, D.F: Desde agosto de 2014, con la intromisión a la vida privada del conductor Pedro Ferriz de Con, y en diciembre del mismo año, con la difusión de una campaña pagada en espacios informativos contra la empresa francesa Alstom, Grupo MVS “inició un grave retroceso” en materia de derechos de audiencia y de código de ética periodística, que culminó con los nuevos lineamientos “que sólo tienen un destinatario claro: Carmen Aristegui”.
Así resume el ómbudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, la situación de la empresa en los últimos meses. Y advierte que la reciente ruptura entre el consorcio y Carmen Aristegui “deja una marca bastante negativa. Le están haciendo el caldo gordo a las televisoras, que están felices con lo que sucede en MVS, al tiempo que han perdido radioescuchas y seguidores en redes”.
Sosa Plata afirma que desde la salida de Aristegui y su equipo de la Primera Emisión, nueve de cada 10 llamadas que recibe de la audiencia son críticas a la empresa, 98% de los correos electrónicos que ha recibido son quejas por la salida de la periodista y un silencio absoluto de parte de la empresa.
El domingo 15 Sosa Plata emitió su posición en relación con los nuevos “lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas” que la empresa dio a conocer dos días antes, el viernes 13, tras la última emisión de Aristegui en su espacio matutino.
Ahí Sosa Plata consideró que estos lineamientos “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y el acuerdo” firmado con Aristegui y “no son producto de un acción consensuada”. Consideró que “imponen ciertas condiciones que no estaban consideradas en el acuerdo” con Aristegui y “en ninguna línea se menciona su derecho a la libertad de expresión durante las emisiones…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).
Así resume el ómbudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, la situación de la empresa en los últimos meses. Y advierte que la reciente ruptura entre el consorcio y Carmen Aristegui “deja una marca bastante negativa. Le están haciendo el caldo gordo a las televisoras, que están felices con lo que sucede en MVS, al tiempo que han perdido radioescuchas y seguidores en redes”.
Sosa Plata afirma que desde la salida de Aristegui y su equipo de la Primera Emisión, nueve de cada 10 llamadas que recibe de la audiencia son críticas a la empresa, 98% de los correos electrónicos que ha recibido son quejas por la salida de la periodista y un silencio absoluto de parte de la empresa.
El domingo 15 Sosa Plata emitió su posición en relación con los nuevos “lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas” que la empresa dio a conocer dos días antes, el viernes 13, tras la última emisión de Aristegui en su espacio matutino.
Ahí Sosa Plata consideró que estos lineamientos “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y el acuerdo” firmado con Aristegui y “no son producto de un acción consensuada”. Consideró que “imponen ciertas condiciones que no estaban consideradas en el acuerdo” con Aristegui y “en ninguna línea se menciona su derecho a la libertad de expresión durante las emisiones…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).
Dictan formal prisión a “El Z-42” por secuestro de 34 personas
MÉXICO, D.F: El Juzgado Cuarto de Distrito de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo dictó auto de formal prisión contra el presunto líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales El Z-42, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Treviño Morales del secuestro de 34 personas en Tamaulipas en junio de 2005. El pasado viernes 20, dicho juzgado liberó una orden de captura en seguimiento a la causa penal 183/2015.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó la determinación del mencionado juzgado, a través de una nota informativa.
Luego de su captura el pasado 4 de marzo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Treviño Morales fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El pasado viernes 13 de marzo, El Z-42 recibió un auto de formal prisión por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Omar Treviño ya enfrenta un juicio por lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ambos delitos graves, en el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Federales de Toluca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Treviño Morales del secuestro de 34 personas en Tamaulipas en junio de 2005. El pasado viernes 20, dicho juzgado liberó una orden de captura en seguimiento a la causa penal 183/2015.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó la determinación del mencionado juzgado, a través de una nota informativa.
Luego de su captura el pasado 4 de marzo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Treviño Morales fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El pasado viernes 13 de marzo, El Z-42 recibió un auto de formal prisión por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Omar Treviño ya enfrenta un juicio por lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ambos delitos graves, en el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Federales de Toluca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Grupo armado asesina a un mando policial de Sinaloa
José Guadalupe Guerrero Reyes, director de la policía municipal de Badiraguato, fue atacado a tiros por un comando.
El diario Reforma reportó, citando a fuentes federales, que el director de la policía municipal de Badiraguato, José Guadalupe Guerrero Reyes, murió este domingo 22 de marzo por la noche tras un ataque a tiros por parte de un grupo armado.
De acuerdo con el diario, el ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando fue emboscado por al menos tres vehículos en los que viajaban hombres armados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El diario Reforma reportó, citando a fuentes federales, que el director de la policía municipal de Badiraguato, José Guadalupe Guerrero Reyes, murió este domingo 22 de marzo por la noche tras un ataque a tiros por parte de un grupo armado.
De acuerdo con el diario, el ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando fue emboscado por al menos tres vehículos en los que viajaban hombres armados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Adelita” de AMLO renuncia al PRD; será candidata del PRI-PVEM
MÉXICO, D.F: Conocida por un tiempo como “La Adelita Mayor”, por su activismo a favor de Andrés Manuel López Obrador, la diputada local Polimnia Romana Sierra Bárcenas confirmó su salida del PRD para ser candidata por la alianza PRI-PVEM a la jefatura delegacional de Álvaro Obregón.
“Mi trabajo, mis convicciones, pero sobre todo el proyecto que tengo, no cambian”, argumentó en entrevista con Radio Fórmula, donde agregó que el PRD se ve “desfigurado y descolorido”.
Luego de no lograr la candidatura perredista, partido en el que también milita su esposo, el diputado local Roberto Candia-, la legisladora dijo que el Verde Ecologista fue el que aceptó su proyecto de trabajo.
“Me buscaron porque ellos empezaron a oler esta decepción que tenemos muchos perredistas, sobre todo mujeres muy valiosas (…) Estamos completamente decepcionadas de hacia dónde va el PRD” dijo.
Y argumentó: “Los capitalinos estamos muy conscientes de que las cosas tienen que cambiar y de que los partidos no son un fin, sino son un medio, son un instrumento. Quienes realmente afectan para bien o para mal el curso de la ciudad son las personas que llegan a donde se toman las decisiones”.
En una publicación titulada “Sí, me cambié de partido”, aseguró que la invitación del PVEM es abierta: “mi proyecto continúa sin alteración alguna independientemente de los colores que me abanderen”.
Sierra Bárcenas aseguró que “pese a las mafias” que hay en la delegación Álvaro Obregón, confía en que podrá ganar. De esta manera, enfrentará la contienda ante María Antonieta Hidalgo, candidata del PRD, perteneciente a la corriente de IDN, liderada por René Bejarano.
Bajan a leal de Mancera
Este lunes también se informó que el exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, pieza clave en la propuesta del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, perdió su candidatura a una curul en la Cámara de Diputados por el PRD, debido a que el partido no cubría la cuota de género requerida.
El pasado 11 de marzo, el polémico exjefe de la policía capitalina –quien renunció a su cargo en medio de críticas por la defensa de sus cuestionados operativos de seguridad contra manifestantes— fue seleccionado como candidato al distrito VIII federal, correspondiente a las delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
La decisión de eliminarlo de los candidatos la tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en sesión previa al registro de candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues debió hacer los ajustes a la lista en la que había mayoría de candidatos varones.
En el lugar de Rodríguez Almeida entrará una mujer que será definida por la corriente Vanguardia Progresista, liderada por Héctor Serrano, secretario de Gobierno de la administración de Mancera Espinosa.
Otros eliminados de la lista de candidatos a diputados federales fueron el aspirante al distrito II en Gustavo A. Madero, Andrés Sánchez Osorio, pieza de Víctor Hugo Lobo, uno de los líderes de Nueva Izquierda (NI). No obstante, será éste quien defina a la mujer que peleará por la misma curul.
El asambleísta Alejandro Piña, de la corriente que lidera Julio César Moreno, también fue eliminado de la lista para buscar un asiento en San Lázaro por el distrito federal IX. Sin embargo, el espacio seguirá siendo de la corriente de Moreno quien, se prevé, nombrará a Evelyn Parra, fiel colaboradora e integrante de la dirigencia del PRD-DF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Mi trabajo, mis convicciones, pero sobre todo el proyecto que tengo, no cambian”, argumentó en entrevista con Radio Fórmula, donde agregó que el PRD se ve “desfigurado y descolorido”.
Luego de no lograr la candidatura perredista, partido en el que también milita su esposo, el diputado local Roberto Candia-, la legisladora dijo que el Verde Ecologista fue el que aceptó su proyecto de trabajo.
“Me buscaron porque ellos empezaron a oler esta decepción que tenemos muchos perredistas, sobre todo mujeres muy valiosas (…) Estamos completamente decepcionadas de hacia dónde va el PRD” dijo.
Y argumentó: “Los capitalinos estamos muy conscientes de que las cosas tienen que cambiar y de que los partidos no son un fin, sino son un medio, son un instrumento. Quienes realmente afectan para bien o para mal el curso de la ciudad son las personas que llegan a donde se toman las decisiones”.
En una publicación titulada “Sí, me cambié de partido”, aseguró que la invitación del PVEM es abierta: “mi proyecto continúa sin alteración alguna independientemente de los colores que me abanderen”.
Sierra Bárcenas aseguró que “pese a las mafias” que hay en la delegación Álvaro Obregón, confía en que podrá ganar. De esta manera, enfrentará la contienda ante María Antonieta Hidalgo, candidata del PRD, perteneciente a la corriente de IDN, liderada por René Bejarano.
Bajan a leal de Mancera
Este lunes también se informó que el exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, pieza clave en la propuesta del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, perdió su candidatura a una curul en la Cámara de Diputados por el PRD, debido a que el partido no cubría la cuota de género requerida.
El pasado 11 de marzo, el polémico exjefe de la policía capitalina –quien renunció a su cargo en medio de críticas por la defensa de sus cuestionados operativos de seguridad contra manifestantes— fue seleccionado como candidato al distrito VIII federal, correspondiente a las delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
La decisión de eliminarlo de los candidatos la tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en sesión previa al registro de candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues debió hacer los ajustes a la lista en la que había mayoría de candidatos varones.
En el lugar de Rodríguez Almeida entrará una mujer que será definida por la corriente Vanguardia Progresista, liderada por Héctor Serrano, secretario de Gobierno de la administración de Mancera Espinosa.
Otros eliminados de la lista de candidatos a diputados federales fueron el aspirante al distrito II en Gustavo A. Madero, Andrés Sánchez Osorio, pieza de Víctor Hugo Lobo, uno de los líderes de Nueva Izquierda (NI). No obstante, será éste quien defina a la mujer que peleará por la misma curul.
El asambleísta Alejandro Piña, de la corriente que lidera Julio César Moreno, también fue eliminado de la lista para buscar un asiento en San Lázaro por el distrito federal IX. Sin embargo, el espacio seguirá siendo de la corriente de Moreno quien, se prevé, nombrará a Evelyn Parra, fiel colaboradora e integrante de la dirigencia del PRD-DF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Presenta Arely Gómez a ocho funcionarios; tres ya habían estado en la PGR
MÉXICO, D.F: La procuradora general de la República, Arely Gómez, tomó protesta a ocho funcionarios que a partir de este martes formarán parte de su equipo de trabajo, entre ellos Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, Gilberto Higuera Bernal y César Chávez Flores, quienes ya habían estado en la PGR.
Asimismo, ratificó en su cargo a Tomás Zerón de Lucio como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Eliana García Lagunas como encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Por otra parte, designó a Salvador Sandoval Silva como coordinador de Asesores.
Como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Árely Gómez designó a Gilberto Higuera Bernal, quien ocupó el mismo cargo durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha. También fue procurador general de Justicia del estado de Sinaloa.
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gómez nombró a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien se venía desempeñando como procurador general de Justicia del estado de Aguascalientes. Muñoz Vázquez fue subprocurador de Delitos Federales durante la gestión de Eduardo Medina Mora en la PGR.
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la titular de la PGR designó a Guadalupe Medina Romero, quien además de ser académico de la UNAM, ha ocupado cargos en la institución, como director general de Visitaduría y fiscal especial para el Combate a la Corrupción.
En la Visitaduría General, Gómez designó al abogado César Alejandro Chávez Flores, quien ya había ocupado este encargo con anterioridad durante la gestión de Arturo Chávez Chávez.
En la Oficialía Mayor fue nombrado Samuel Valentín Jiménez Calderón, quien entre otros cargos, fue secretario ejecutivo de Administración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Asimismo, ratificó en su cargo a Tomás Zerón de Lucio como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Eliana García Lagunas como encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Por otra parte, designó a Salvador Sandoval Silva como coordinador de Asesores.
Como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Árely Gómez designó a Gilberto Higuera Bernal, quien ocupó el mismo cargo durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha. También fue procurador general de Justicia del estado de Sinaloa.
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Gómez nombró a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien se venía desempeñando como procurador general de Justicia del estado de Aguascalientes. Muñoz Vázquez fue subprocurador de Delitos Federales durante la gestión de Eduardo Medina Mora en la PGR.
En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la titular de la PGR designó a Guadalupe Medina Romero, quien además de ser académico de la UNAM, ha ocupado cargos en la institución, como director general de Visitaduría y fiscal especial para el Combate a la Corrupción.
En la Visitaduría General, Gómez designó al abogado César Alejandro Chávez Flores, quien ya había ocupado este encargo con anterioridad durante la gestión de Arturo Chávez Chávez.
En la Oficialía Mayor fue nombrado Samuel Valentín Jiménez Calderón, quien entre otros cargos, fue secretario ejecutivo de Administración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Padres de normalistas invitan a manifestación en Mexicali.
Padres de tres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, estuvieron en Tijuana esta mañana para invitar a una manifestación en Mexicali el jueves 26 de marzo, cuando se cumplen seis meses de la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus hijos.
Apoyados por organizaciones civiles de diferentes entidades del país, buscan crear vínculos para acrecentar un movimiento que incluya no solo el reclamo de ellos, sino el de familiares de otras personas desparecidas o asesinadas en Estados como Baja California.
“Queremos hacer un movimiento más grande… el aislamiento nos está haciendo débiles”, comentó uno de ellos.
La manifestación a la que están invitando iniciará a las 4 de la tarde del jueves 26, sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.
Sobre el caso de sus hijos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, refieren que el Gobierno Federal se empeña en dar por cerrado el caso y que la nueva procuradora General de la República, Arely Gómez, no ha mostrado interés por dialogar con ellos.
El apoyo que actualmente están recibiendo, comentan, viene de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quienes han tenido más oportunidad de indagar, incluso que sus abogados.
Los padres de familia insisten en la responsabilidad del Ejército Mexicano, a quienes por cierto, no se les ha iniciado ninguna investigación
“Seis meses sin respuesta del Gobierno, ellos saben dónde están, hemos pasado mucho sufrimiento… como padres no aceptamos porque no hay pruebas suficientes, vamos a seguir luchando”.
FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: SAÚL ALEJANDRO RAMÍREZ.
¿Por qué es necesario un mecanismo trasnacional para migrantes?
Las autoridades mexicanas se comprometieron a desarrollar un mecanismo de investigación que permita a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, “tener un acceso efectivo a la justicia”.
“¿Qué pasaría si alguno de sus hermanos estuviera desaparecido? Yo voy a seguir en la búsqueda para encontrarlo, ya sea vivo o muerto”. Así encaró a funcionarios mexicanos Heidi Orozco, una guatemalteca que busca a su hermano Jesmir Orozco, desaparecido en México en 2010. Su peregrinar sin conseguir una respuesta del gobierno federal, la llevó a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada el viernes 20 de marzo.
Con la voz entre cortada, pero con la rabia de cinco años sin respuesta, exigió la creación de un mecanismo trasnacional de acceso a la justicia y los representantes del gobierno mexicano se comprometieron a hacerlo, aunque no precisaron la fecha.
La directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Rosalinda Salinas, informó que desarrollarán un mecanismo de investigación que permita a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, “tener un acceso efectivo a la justicia”.
Y es que como Heidi, hay miles de personas a quienes la vida les cambió cuando perdieron el rastro de sus familiares que viajaban a Estados Unidos en busca del sueño americano. Los comités de Centroamérica han documentado en el Salvador 350 desaparecidos, en Honduras 308, en Guatemala 79 y los bancos forenses encabezados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 258 migrantes no localizados en el Salvador, 267 en Honduras, y 86 en Guatemala.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de 20 mil migrantes durante un año y en las masacres de Cadereyta, Nuevo León y San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 300 restos humanos, pero “en las estadísticas mexicanas los migrantes centromericanos no existen”, denunció Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia de México.
¿Cómo conseguir que México investigue y castigue a los responsables de las desapariciones de centroamericanos si los familiares de las víctimas son ignorados en territorio mexicano, como lo son los migrantes? Durante el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones civiles respondieron la interrogante.
Exigieron al Estado Mexicano que, tal como se comprometió el exprocurador, Jesús Murillo Karam, estructure un “mecanismo trasnacional de acceso a la justicia” cuya propuesta se trabajó en conjunto con las víctimas durante un encuentro regional durante diciembre de 2014 en la Procuraduría General de la República.
Se trata de un conjunto de acciones del Estado Mexicano que permita a las familias acceder a la búsqueda de los migrantes, investigación y reparación integral desde sus países de origen.
Las asociaciones de las víctimas proponen que a este mecanismo se unan los bancos forenses iniciados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y pidieron a la Comisión Interamericana acompañe a la PGR en el diseño.
Aunque el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo, Lorena Delgadillo Pérez advirtió que ninguna estrategia podrá funcionar y las prácticas de abuso no podrán erradicarse si no se eliminan las malas prácticas contra los migrantes en su paso por México.
Rosalinda Salinas informó que el nuevo mecanismo, recomendado también por la Comisión Interamericana, dará asistencia e información a las familias respecto a la búsqueda de los migrantes desaparecidos, desde la sede diplomática del Estado Mexicano en Guatemala y con facultades de acción en toda la zona centroamericana y “facilitará el esclarecimiento de los hechos para garantizar tanto la eficacia de las investigaciones como el derecho a la verdad”. Además, asegurará la reparación del daño.
El relator de la CIDH sobre derechos migrantes, Felipe González, consideró que México tiene mecanismos de carácter general para atender a víctimas de violaciones a derechos, pero debe tener iniciativas específicas hacia los migrantes debido a la situación de “extrema precariedad e invisibilidad en la que están”.
Y es que la situación de los migrantes en su paso por México ha sido calificada como una “tragedia” una “emergencia humanitaria” desde hace décadas, pero se ha recrudecido luego de la presencia del crimen organizado en las fronteras del país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
“¿Qué pasaría si alguno de sus hermanos estuviera desaparecido? Yo voy a seguir en la búsqueda para encontrarlo, ya sea vivo o muerto”. Así encaró a funcionarios mexicanos Heidi Orozco, una guatemalteca que busca a su hermano Jesmir Orozco, desaparecido en México en 2010. Su peregrinar sin conseguir una respuesta del gobierno federal, la llevó a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada el viernes 20 de marzo.
Con la voz entre cortada, pero con la rabia de cinco años sin respuesta, exigió la creación de un mecanismo trasnacional de acceso a la justicia y los representantes del gobierno mexicano se comprometieron a hacerlo, aunque no precisaron la fecha.
La directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Rosalinda Salinas, informó que desarrollarán un mecanismo de investigación que permita a los migrantes agraviados y a sus familias, independientemente de su situación migratoria y de donde se encuentren, “tener un acceso efectivo a la justicia”.
Y es que como Heidi, hay miles de personas a quienes la vida les cambió cuando perdieron el rastro de sus familiares que viajaban a Estados Unidos en busca del sueño americano. Los comités de Centroamérica han documentado en el Salvador 350 desaparecidos, en Honduras 308, en Guatemala 79 y los bancos forenses encabezados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 258 migrantes no localizados en el Salvador, 267 en Honduras, y 86 en Guatemala.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el secuestro de 20 mil migrantes durante un año y en las masacres de Cadereyta, Nuevo León y San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 300 restos humanos, pero “en las estadísticas mexicanas los migrantes centromericanos no existen”, denunció Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia de México.
¿Cómo conseguir que México investigue y castigue a los responsables de las desapariciones de centroamericanos si los familiares de las víctimas son ignorados en territorio mexicano, como lo son los migrantes? Durante el 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones civiles respondieron la interrogante.
Exigieron al Estado Mexicano que, tal como se comprometió el exprocurador, Jesús Murillo Karam, estructure un “mecanismo trasnacional de acceso a la justicia” cuya propuesta se trabajó en conjunto con las víctimas durante un encuentro regional durante diciembre de 2014 en la Procuraduría General de la República.
Se trata de un conjunto de acciones del Estado Mexicano que permita a las familias acceder a la búsqueda de los migrantes, investigación y reparación integral desde sus países de origen.
Las asociaciones de las víctimas proponen que a este mecanismo se unan los bancos forenses iniciados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y pidieron a la Comisión Interamericana acompañe a la PGR en el diseño.
Aunque el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo, Lorena Delgadillo Pérez advirtió que ninguna estrategia podrá funcionar y las prácticas de abuso no podrán erradicarse si no se eliminan las malas prácticas contra los migrantes en su paso por México.
Rosalinda Salinas informó que el nuevo mecanismo, recomendado también por la Comisión Interamericana, dará asistencia e información a las familias respecto a la búsqueda de los migrantes desaparecidos, desde la sede diplomática del Estado Mexicano en Guatemala y con facultades de acción en toda la zona centroamericana y “facilitará el esclarecimiento de los hechos para garantizar tanto la eficacia de las investigaciones como el derecho a la verdad”. Además, asegurará la reparación del daño.
El relator de la CIDH sobre derechos migrantes, Felipe González, consideró que México tiene mecanismos de carácter general para atender a víctimas de violaciones a derechos, pero debe tener iniciativas específicas hacia los migrantes debido a la situación de “extrema precariedad e invisibilidad en la que están”.
Y es que la situación de los migrantes en su paso por México ha sido calificada como una “tragedia” una “emergencia humanitaria” desde hace décadas, pero se ha recrudecido luego de la presencia del crimen organizado en las fronteras del país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
“No hay engaño”: dice el candidato a la alcaldía de Monterrey sobre su estancia en Harvard
Iván Garza dijo, a través de un video, que no hubo engaño ni mentira en la información que circuló en un spot, acerca de que estudió en la universidad estadounidense.
A principios de marzo, el candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Acción Nacional (PAN), Iván Garza, comenzó a difundir un spot en el que destacó haber estudiado en Harvard. El promocional le valió críticas en redes sociales, pues el curso al que asistió en la universidad estadounidense sólo duró siete días.
Ahora, el candidato panista lanzó un nuevo anuncio en el que aclara que “no existe mala información, no hay engaño ni mentiras” en el promocional sobre su trayectoria, y que las críticas que surgieron en redes sociales iniciaron por una empresa que maneja cuentas en Twitter y que supuestamente fue pagada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Garza agregó que desde que fue a tomar el curso, en enero de 2014, informó a través de Facebook que éste duraría sólo unos días.”(El curso) tiene como objetivo desarrollar habilidades para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y para la implementación y evaluación de programas que promuevan el desarrollo en los distintos ámbitos”, publicó el panista el 13 de enero del año pasado.
En un video publicado en YouTube el 21 de marzo pasado, Garza también ofreció una disculpa a los regiomontanos que consideren que el “spot no fue claro o se presta a confusión”. Asimismo, cuestionó: ¿Qué prefieres para Monterrey? ¿Un candidato que estudió en Harvard u otro que sólo tuvo 5% de eficiencia en su último cargo?”
La pregunta es en relación con el candidato priista Adrián de la Garza, quien de 2011 a 2015 fue procurador de Justicia de Nuevo León.
VÍDEOS:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A principios de marzo, el candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Acción Nacional (PAN), Iván Garza, comenzó a difundir un spot en el que destacó haber estudiado en Harvard. El promocional le valió críticas en redes sociales, pues el curso al que asistió en la universidad estadounidense sólo duró siete días.
Ahora, el candidato panista lanzó un nuevo anuncio en el que aclara que “no existe mala información, no hay engaño ni mentiras” en el promocional sobre su trayectoria, y que las críticas que surgieron en redes sociales iniciaron por una empresa que maneja cuentas en Twitter y que supuestamente fue pagada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Garza agregó que desde que fue a tomar el curso, en enero de 2014, informó a través de Facebook que éste duraría sólo unos días.”(El curso) tiene como objetivo desarrollar habilidades para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y para la implementación y evaluación de programas que promuevan el desarrollo en los distintos ámbitos”, publicó el panista el 13 de enero del año pasado.
En un video publicado en YouTube el 21 de marzo pasado, Garza también ofreció una disculpa a los regiomontanos que consideren que el “spot no fue claro o se presta a confusión”. Asimismo, cuestionó: ¿Qué prefieres para Monterrey? ¿Un candidato que estudió en Harvard u otro que sólo tuvo 5% de eficiencia en su último cargo?”
La pregunta es en relación con el candidato priista Adrián de la Garza, quien de 2011 a 2015 fue procurador de Justicia de Nuevo León.
VÍDEOS:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El polémico acueducto Monterrey VI no tiene ni predio
El proyecto consta de 386 kilómetros de largo y el objetivo es que transporte agua desde los límites de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas hasta la Presa Cerro Prieto, en Nuevo León.
El proyecto del acueducto Monterrey VI no se va a cancelar, afirmó hace un mes, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; sin embargo, este lunes el diario Reforma publica que no tienen ni el predio para dicha obra multimillonaria.
De acuerdo al periódico, la construcción no ha iniciado, y no se tienen asegurados los terrenos correspondientes para que se lleve a cabo.
También recopilaron el testimonio de algunos habitantes del lugar, que afirman que sólo han recibido una parte del dinero por su propiedad, pero no todo.
Cabe recordar que organizaciones e integrantes de la sociedad civil se han manifestado contra la obra, por las afectaciones ambientales que podría provocar, pero las autoridades han insistido en que no hay marcha atrás.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El proyecto del acueducto Monterrey VI no se va a cancelar, afirmó hace un mes, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; sin embargo, este lunes el diario Reforma publica que no tienen ni el predio para dicha obra multimillonaria.
De acuerdo al periódico, la construcción no ha iniciado, y no se tienen asegurados los terrenos correspondientes para que se lleve a cabo.
También recopilaron el testimonio de algunos habitantes del lugar, que afirman que sólo han recibido una parte del dinero por su propiedad, pero no todo.
Cabe recordar que organizaciones e integrantes de la sociedad civil se han manifestado contra la obra, por las afectaciones ambientales que podría provocar, pero las autoridades han insistido en que no hay marcha atrás.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
“El peligro en la Corte”
Hay una fuerte corriente de la sociedad civil que pretende rescatar a las instituciones, incluso a veces de sí mismas y de algunos que las conforman, que con su mera presencia aseguran mantenerlas anquilosadas, ineficientes y plagadas de tráfico de influencias.
Sería ridículo afirmar que no existen funcionarias y funcionarios públicos honestos en el Poder Judicial, sin duda hay, por desgracia no siempre son quienes tienen la mayor fuerza y contrapeso en sus determinaciones judiciales y sentencias. La oscura mano de los operadores políticos es un lastre monumental que impide que la justicia llegue en términos de la ley y la verdad objetiva.
Es difícil demostrar que un juez se ha corrompido, o que defiende intereses inconfesables de políticos o criminales; sin embargo en ciertas ocasiones tenemos claras radiografías de aquellos que, por su paso en las instituciones de administración e impartición de justicia, demostraron ser dañinos para el Estado y las víctimas.
Durante su carrera en la Suprema Corte el ahora ministro presidente Juan Silva Meza ha demostrado una clara visión progresista en pro de la integración de los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana, sin embargo no lo tiene fácil. La nueva entrada de Eduardo Medina Mora en la Corte es una clara muestra de cómo la presidencia está dispuesta a debilitar a esa institución con tal de tener a un mayor número de jueces supremos a favor de las muy opacas causas que ha protegido y protege el PRI para mantenerse en el poder. Baste una anécdota para ilustrar la postura de Medina Mora respecto a los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas violentadas.
Corría el año 2007, Medina Mora era Procurador General de la República, sus 5 años en el centro de espionaje Cisen le permitieron tener a mano información privilegiada sobre el funcionamiento y alcance de redes de pornografía infantil y trata de personas que operaban en México.
Meses antes fui arrestada con artimañas político-judiciales del ex gobernador de Puebla Mario Marín y sus cómplices políticos y empresariales. Mi arresto, tortura, años de juicios fabricados en mi contra y la persecución y amenazas tenían como finalidad forzarme a negar la veracidad de mis investigaciones sobre redes criminales en la que estaban involucrados, de diversas formas, políticos de alto nivel.
En esa época fui requerida por PGR en diversas ocasiones; en una de ellas Medina Mora me citó en audiencia privada. Llegué con mi abogado.
En la sala de su despacho amablemente me preguntó qué era lo que en realidad yo buscaba con la denuncia penal que había interpuesto en contra de los tratantes, de mis torturadores y de los políticos implicados. Justicia, respondí sorprendida. Sí, pero ¿por qué hace todo esto?, preguntó; porque soy periodista, entrevisté a niñas y niños víctimas, a testigos y especialistas, conseguí videos probatorios de la producción de pornografía infantil, de los vínculos políticos y lavado de dinero, todo está en el expediente. Medina insistió: Sí, pero ¿qué es lo que USTED busca?. Justicia, volví a responder inquieta. Se acercó un poco y me explicó que sólo podría asegurar que el líder pedófilo Jean Succar Kuri se mantuviera en prisión y fuera sentenciado. Eso no le corresponde a usted, sino a un Juez, dije frente a mi nervioso abogado. Medina sin inmutarse, respondió que el juicio político a Marín y el arresto de los políticos y empresarios involucrados no sucedería. Usted es periodista, entiende las complejidades y peligros, dijo dando por terminada la reunión.
Lo que en aquél entonces me pidió en procurador de la Nación y hoy Ministro de Justicia, fue que asumiera que había un pacto político, que él estaba al tanto y que no perdiera el tiempo. No lo asumí. Nueve años después seguimos dando batallas judiciales e investigando, y ahora él está en al Corte para votar este 25 de marzo sobre uno de los casos más claros de feminicidio impune sucedido en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, y su procurador ocultaba estratégicamente las cifras de violencia mortal contra mujeres. El caso de Mariana Lima Buendía llegó al máximo tribunal a fin de que éste determine la urgencia de investigar y aplicar justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los sucesos previos de violencia feminicida. El esposo de Mariana, policía judicial del Edomex sigue libre; el expediente demuestra de no ser por las fallas procedimentales el agresor serial habría sido detenido para evitar que ultime la vida de otras mujeres; el fallo positivo podría cambiar la forma en que se investiga la violencia feminicida de acuerdo a la ley existente.
Habrá que mantener la mirada en este caso y en especial en la postura de Medina Mora. Para conocer mejor estos casos le recomiendo leer Las Muertas del Estado de Humberto Padgett.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
Sería ridículo afirmar que no existen funcionarias y funcionarios públicos honestos en el Poder Judicial, sin duda hay, por desgracia no siempre son quienes tienen la mayor fuerza y contrapeso en sus determinaciones judiciales y sentencias. La oscura mano de los operadores políticos es un lastre monumental que impide que la justicia llegue en términos de la ley y la verdad objetiva.
Es difícil demostrar que un juez se ha corrompido, o que defiende intereses inconfesables de políticos o criminales; sin embargo en ciertas ocasiones tenemos claras radiografías de aquellos que, por su paso en las instituciones de administración e impartición de justicia, demostraron ser dañinos para el Estado y las víctimas.
Durante su carrera en la Suprema Corte el ahora ministro presidente Juan Silva Meza ha demostrado una clara visión progresista en pro de la integración de los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana, sin embargo no lo tiene fácil. La nueva entrada de Eduardo Medina Mora en la Corte es una clara muestra de cómo la presidencia está dispuesta a debilitar a esa institución con tal de tener a un mayor número de jueces supremos a favor de las muy opacas causas que ha protegido y protege el PRI para mantenerse en el poder. Baste una anécdota para ilustrar la postura de Medina Mora respecto a los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas violentadas.
Corría el año 2007, Medina Mora era Procurador General de la República, sus 5 años en el centro de espionaje Cisen le permitieron tener a mano información privilegiada sobre el funcionamiento y alcance de redes de pornografía infantil y trata de personas que operaban en México.
Meses antes fui arrestada con artimañas político-judiciales del ex gobernador de Puebla Mario Marín y sus cómplices políticos y empresariales. Mi arresto, tortura, años de juicios fabricados en mi contra y la persecución y amenazas tenían como finalidad forzarme a negar la veracidad de mis investigaciones sobre redes criminales en la que estaban involucrados, de diversas formas, políticos de alto nivel.
En esa época fui requerida por PGR en diversas ocasiones; en una de ellas Medina Mora me citó en audiencia privada. Llegué con mi abogado.
En la sala de su despacho amablemente me preguntó qué era lo que en realidad yo buscaba con la denuncia penal que había interpuesto en contra de los tratantes, de mis torturadores y de los políticos implicados. Justicia, respondí sorprendida. Sí, pero ¿por qué hace todo esto?, preguntó; porque soy periodista, entrevisté a niñas y niños víctimas, a testigos y especialistas, conseguí videos probatorios de la producción de pornografía infantil, de los vínculos políticos y lavado de dinero, todo está en el expediente. Medina insistió: Sí, pero ¿qué es lo que USTED busca?. Justicia, volví a responder inquieta. Se acercó un poco y me explicó que sólo podría asegurar que el líder pedófilo Jean Succar Kuri se mantuviera en prisión y fuera sentenciado. Eso no le corresponde a usted, sino a un Juez, dije frente a mi nervioso abogado. Medina sin inmutarse, respondió que el juicio político a Marín y el arresto de los políticos y empresarios involucrados no sucedería. Usted es periodista, entiende las complejidades y peligros, dijo dando por terminada la reunión.
Lo que en aquél entonces me pidió en procurador de la Nación y hoy Ministro de Justicia, fue que asumiera que había un pacto político, que él estaba al tanto y que no perdiera el tiempo. No lo asumí. Nueve años después seguimos dando batallas judiciales e investigando, y ahora él está en al Corte para votar este 25 de marzo sobre uno de los casos más claros de feminicidio impune sucedido en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, y su procurador ocultaba estratégicamente las cifras de violencia mortal contra mujeres. El caso de Mariana Lima Buendía llegó al máximo tribunal a fin de que éste determine la urgencia de investigar y aplicar justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta los sucesos previos de violencia feminicida. El esposo de Mariana, policía judicial del Edomex sigue libre; el expediente demuestra de no ser por las fallas procedimentales el agresor serial habría sido detenido para evitar que ultime la vida de otras mujeres; el fallo positivo podría cambiar la forma en que se investiga la violencia feminicida de acuerdo a la ley existente.
Habrá que mantener la mirada en este caso y en especial en la postura de Medina Mora. Para conocer mejor estos casos le recomiendo leer Las Muertas del Estado de Humberto Padgett.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
MVS a Aristegui: “Deja de buscarle cinco pies al gato”
"Tú Carmen, eres responsable de la soberbia que te llevó a creer que podías desafiar a la administración de MVS Radio para imponer tu voluntad, y nosotros Carmen, somos responsables de no aceptar ni tu desafío, ni tus condiciones", manifiesta la empresa.
La empresa Noticias MVS difundió el domingo un nuevo comunicado en el que dice que “es falso que nosotros hayamos censurado a Carmen Aristegui para que no difundiera a través de MVS el reportaje de la Casa Blanca”.
Esto ocurre luego de la entrevista que la periodista ofreció al semanario Proceso.
MVS dio una amplia respuesta a Aristegui e incluso se lanzó contra este portal de noticias.
La empresa aseguró que “es importante destacar que el reportaje de la Casa Blanca fue elaborado con recursos financieros, humanos y materiales de Noticias MVS. Asimismo, es importante resaltar también que la señora Aristegui decidió desviar estos recursos en beneficio del portal de su propiedad llamado Aristegui Noticias, portal que tuvo durante algunas horas la exclusiva del reportaje de la Casa Blanca”.
También señaló que “nuestros abogados ya revisan este caso en el que el desvío de estos recursos en favor de los intereses patrimoniales de la conductora podría ser ilegal. Será interesante conocer la explicación que Aristegui dé a su propio conflicto de intereses”.
Comunicado completo de la empresa MVS:
Comunicado MVS Radio by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La empresa Noticias MVS difundió el domingo un nuevo comunicado en el que dice que “es falso que nosotros hayamos censurado a Carmen Aristegui para que no difundiera a través de MVS el reportaje de la Casa Blanca”.
Esto ocurre luego de la entrevista que la periodista ofreció al semanario Proceso.
MVS dio una amplia respuesta a Aristegui e incluso se lanzó contra este portal de noticias.
La empresa aseguró que “es importante destacar que el reportaje de la Casa Blanca fue elaborado con recursos financieros, humanos y materiales de Noticias MVS. Asimismo, es importante resaltar también que la señora Aristegui decidió desviar estos recursos en beneficio del portal de su propiedad llamado Aristegui Noticias, portal que tuvo durante algunas horas la exclusiva del reportaje de la Casa Blanca”.
También señaló que “nuestros abogados ya revisan este caso en el que el desvío de estos recursos en favor de los intereses patrimoniales de la conductora podría ser ilegal. Será interesante conocer la explicación que Aristegui dé a su propio conflicto de intereses”.
Comunicado completo de la empresa MVS:
Comunicado MVS Radio by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La violencia no cede: En Tamaulipas y Jalisco suben homicidios, en Guerrero se duplican plagios
De los cuatro estados que el presidente identificó como prioritarios en la estrategia de seguridad, sólo Michoacán registró una baja en asesinatos y plagios en el primer bimestre del 2015.
Casi 350 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses de este año en Tamaulipas y Jalisco, estados donde contrario al balance nacional, los homicidios subieron en comparación con 2014. En Guerrero, los crímenes tuvieron una marginal reducción pero el número de personas secuestradas se duplicó.
Se trata de las entidades que junto con Michoacán, fueron identificadas el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto como prioritarias por su nivel de violencia y la debilidad de las instituciones locales de seguridad.
Luego de la crisis desatada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el mandatario anunció un decálogo de acciones y reformas para mejorar las condiciones de seguridad en el país y enfrentar de forma más eficiente a los grupos del crimen organizado.
El presidente reconoció que era esfuerzo a escala nacional que requeriría de una cantidad importante de recursos y tiempo, por lo que anunció cuatro estados que de acuerdo con la evaluación del gabinete de seguridad serían los primeros en los que se comenzaría a trabajar.
“Se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. También he instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de Jalisco y Tamaulipas” dijo Peña Nieto en ese momento.
Las cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, parecen darle la razón al presidente en cuanto a la situación crítica en dichos estados que de hecho, persiste en el arranque de 2015.
A nivel nacional, en el primer bimestre de este año se iniciaron dos mil 538 averiguaciones previas por homicidio doloso con un total de dos mil 829 personas asesinadas, lo que representa una reducción, aunque mínima, de poco más del 4.5 por ciento respecto al número de denuncias y víctimas en comparación con 2014.
En secuestros, el registro fue de 188 casos con 244 plagiados en enero y febrero en todo el país, que es una baja del 24 por ciento en víctimas y del 32.7 por ciento en denuncias iniciadas en las procuradurías estatales.
Sin embargo, en Tamaulipas, Jalisco y Guerrero el balance es contrario. Solamente Michoacán, de los estados señalados como prioritarios, registró caídas contundentes en los asesinatos y secuestros.
Caso Tamaulipas
En el primer bimestre de este año 174 personas perdieron la vida de forma violenta en Tamaulipas, un alza de casi el 14 por ciento respecto al mismo periodo del 2014. El número de asesinatos en el estado en febrero, es el más alto desde mayo del año pasado en la entidad. Además, los secuestros también tuvieron un incremento del 3.2 por ciento.
La radicalización de los enfrentamientos entre células del crimen organizado, principalmente del Cártel del Golfo, y los choques con fuerzas federales en la región fronteriza del estado, provocaron en gran medida que el número de personas asesinadas prácticamente se duplicara de un mes a otro este año.
La jornada de mayor violencia fue la del 3 de febrero, cuando en distintos puntos de la carretera que comunica a los municipios de Matamoros y Reynosa se registraron bloqueos, persecuciones y enfrentamientos. El saldo de esos incidentes fue de ocho personas muertas.
El nivel de la violencia alcanzado en ese momento llevó a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, a pedir apoyo del gobierno federal para controlar la situación. El gabinete de seguridad nacional sesionó días más tarde en ese municipio y se acordó reforzar los trabajos de coordinación.
Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los grupos conocidos como Los Metros en Matamoros y Los Ciclones en Río Bravo – Reynosa, ambos del Cártel del Golfo, pelean por expandir su dominio en frontera de casi 350 kilómetros que separa Tamaulipas de Texas.
Caso Jalisco
La crisis de seguridad en la zona de tierra caliente y en norte del país alejó la atención pública de Jalisco, pero las cifras confirman la situación negativa en la entidad. Los homicidios dolosos repuntaron seis por ciento en los primeros dos meses de este año, mientras que los plagios no tuvieron ningún descenso.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, en una década Jalisco se desplomó del sitio 14 hasta el puesto 25 de las entidades más pacíficas, en gran medida porque la tasa de homicidios dolosos se duplicó. El estado también fue el segundo con el mayor número de denuncias por extorsión en 2014.
En el último año Jalisco se ha convertido en uno de los más peligrosos no solo para los ciudadanos sino incluso para las fuerzas federales. El 13 de mayo del 2014, un convoy militar fue emboscado con granadas y armas de alto poder por sicarios en la entrada del municipio de Guachinango. Cuatro soldados murieron y cinco más quedaron heridos.
Apenas el pasado 19 de marzo, una caravana de la Policía Federal fue atacada también por civiles fuertemente armados en calles de Ocotlán. Los agentes lograron abatir a cuatro de los sospechosos, pero también murieron cinco elementos de la gendarmería y dos personas que no tenían nada que ver con los hechos.
Las investigaciones están en desarrollo pero la primera hipótesis apunta al Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que a diferencia de otros como Los Zetas o Los Templarios, se ha fortalecido en los últimos años.
Caso Guerrero
Guerrero tiene la mayor tasa de homicidios en el país y en el primer bimestre de este año se registraron 278 asesinatos ese estado, una disminución de apenas el tres por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Lo peor fue que la cantidad de personas secuestradas pasó de 19 víctimas en enero y febrero de 2014 a 38 en el primer bimestre de este año, un alza del 100 por ciento.
Además, en los primeros dos meses de este año hubo once casos de secuestro cometidos en Guerrero y denunciados en la PGR, la segunda cifra más alta solo detrás del estado de México, pero que no es posible comparar pues es un dato que el Secretariado Ejecutivo apenas comenzó a reportar en 2015.
Aunque en la entidad no hay un cártel dominante, el gobierno tiene identificados a varios grupos del crimen organizado que además de cometer varios delitos, son extremadamente violentos. Entre ellos están Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los normalistas, y sus antagonistas Los Rojos.
Ya no hay caída en homicidios, advierte Hope
Aunque el número de homicidios en el país fue ligeramente menor en febrero de este año en comparación con el mismo mes del 2014, las cifras confirman que ya no hay una tendencia a la baja y el número de crímenes se estabilizó, advirtió el investigador especializado en temas de drogas y delitos Alejandro Hope.
De hecho, señaló que el promedio de 44 denuncias por homicidio al día que arrojó febrero pasado, es el mayor que se registra de los últimos nueve meses.
De acuerdo con su análisis, si el promedio del primer bimestre se mantiene a lo largo del 2015, el año podría cerrar con 17 mil 500 homicidios, cifra muy similar o incluso ligeramente superior a la de 2014.
“En términos de homicidios no es un buen dato de ninguna manera. Yo creo que ya estamos en un piso de homicidios, es un tema de piso técnico el cual ya no se está pudiendo bajar desde hace nueve meses. Es más o menos el nivel de crímenes en 2009” dijo.
Hope destacó en especial el “brinco” que tuvieron los asesinatos en Tamaulipas durante el mes de febrero, mientras que el estado de México, Guerrero y Chihuahua acumulan en mayor número de víctimas.
Respecto a los secuestros destacó el incremento en cuanto a plagios ocurrido en Guerrero en comparación al mismo periodo del año pasado, pero dijo que el análisis no puede hacerse completo porque no se han revelado oficialmente los plagios denunciados a nivel federal el año pasado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/03/la-violencia-no-cede-en-tamaulipas-y-jalisco-suben-homicidios-en-guerrero-se-duplican-plagios/
Casi 350 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses de este año en Tamaulipas y Jalisco, estados donde contrario al balance nacional, los homicidios subieron en comparación con 2014. En Guerrero, los crímenes tuvieron una marginal reducción pero el número de personas secuestradas se duplicó.
Se trata de las entidades que junto con Michoacán, fueron identificadas el año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto como prioritarias por su nivel de violencia y la debilidad de las instituciones locales de seguridad.
Luego de la crisis desatada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el mandatario anunció un decálogo de acciones y reformas para mejorar las condiciones de seguridad en el país y enfrentar de forma más eficiente a los grupos del crimen organizado.
El presidente reconoció que era esfuerzo a escala nacional que requeriría de una cantidad importante de recursos y tiempo, por lo que anunció cuatro estados que de acuerdo con la evaluación del gabinete de seguridad serían los primeros en los que se comenzaría a trabajar.
“Se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. También he instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de Jalisco y Tamaulipas” dijo Peña Nieto en ese momento.
Las cifras actualizadas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, parecen darle la razón al presidente en cuanto a la situación crítica en dichos estados que de hecho, persiste en el arranque de 2015.
A nivel nacional, en el primer bimestre de este año se iniciaron dos mil 538 averiguaciones previas por homicidio doloso con un total de dos mil 829 personas asesinadas, lo que representa una reducción, aunque mínima, de poco más del 4.5 por ciento respecto al número de denuncias y víctimas en comparación con 2014.
En secuestros, el registro fue de 188 casos con 244 plagiados en enero y febrero en todo el país, que es una baja del 24 por ciento en víctimas y del 32.7 por ciento en denuncias iniciadas en las procuradurías estatales.
Sin embargo, en Tamaulipas, Jalisco y Guerrero el balance es contrario. Solamente Michoacán, de los estados señalados como prioritarios, registró caídas contundentes en los asesinatos y secuestros.
Caso Tamaulipas
En el primer bimestre de este año 174 personas perdieron la vida de forma violenta en Tamaulipas, un alza de casi el 14 por ciento respecto al mismo periodo del 2014. El número de asesinatos en el estado en febrero, es el más alto desde mayo del año pasado en la entidad. Además, los secuestros también tuvieron un incremento del 3.2 por ciento.
La radicalización de los enfrentamientos entre células del crimen organizado, principalmente del Cártel del Golfo, y los choques con fuerzas federales en la región fronteriza del estado, provocaron en gran medida que el número de personas asesinadas prácticamente se duplicara de un mes a otro este año.
La jornada de mayor violencia fue la del 3 de febrero, cuando en distintos puntos de la carretera que comunica a los municipios de Matamoros y Reynosa se registraron bloqueos, persecuciones y enfrentamientos. El saldo de esos incidentes fue de ocho personas muertas.
El nivel de la violencia alcanzado en ese momento llevó a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, a pedir apoyo del gobierno federal para controlar la situación. El gabinete de seguridad nacional sesionó días más tarde en ese municipio y se acordó reforzar los trabajos de coordinación.
Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los grupos conocidos como Los Metros en Matamoros y Los Ciclones en Río Bravo – Reynosa, ambos del Cártel del Golfo, pelean por expandir su dominio en frontera de casi 350 kilómetros que separa Tamaulipas de Texas.
Caso Jalisco
La crisis de seguridad en la zona de tierra caliente y en norte del país alejó la atención pública de Jalisco, pero las cifras confirman la situación negativa en la entidad. Los homicidios dolosos repuntaron seis por ciento en los primeros dos meses de este año, mientras que los plagios no tuvieron ningún descenso.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, en una década Jalisco se desplomó del sitio 14 hasta el puesto 25 de las entidades más pacíficas, en gran medida porque la tasa de homicidios dolosos se duplicó. El estado también fue el segundo con el mayor número de denuncias por extorsión en 2014.
En el último año Jalisco se ha convertido en uno de los más peligrosos no solo para los ciudadanos sino incluso para las fuerzas federales. El 13 de mayo del 2014, un convoy militar fue emboscado con granadas y armas de alto poder por sicarios en la entrada del municipio de Guachinango. Cuatro soldados murieron y cinco más quedaron heridos.
Apenas el pasado 19 de marzo, una caravana de la Policía Federal fue atacada también por civiles fuertemente armados en calles de Ocotlán. Los agentes lograron abatir a cuatro de los sospechosos, pero también murieron cinco elementos de la gendarmería y dos personas que no tenían nada que ver con los hechos.
Las investigaciones están en desarrollo pero la primera hipótesis apunta al Cártel de Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que a diferencia de otros como Los Zetas o Los Templarios, se ha fortalecido en los últimos años.
Caso Guerrero
Guerrero tiene la mayor tasa de homicidios en el país y en el primer bimestre de este año se registraron 278 asesinatos ese estado, una disminución de apenas el tres por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Lo peor fue que la cantidad de personas secuestradas pasó de 19 víctimas en enero y febrero de 2014 a 38 en el primer bimestre de este año, un alza del 100 por ciento.
Además, en los primeros dos meses de este año hubo once casos de secuestro cometidos en Guerrero y denunciados en la PGR, la segunda cifra más alta solo detrás del estado de México, pero que no es posible comparar pues es un dato que el Secretariado Ejecutivo apenas comenzó a reportar en 2015.
Aunque en la entidad no hay un cártel dominante, el gobierno tiene identificados a varios grupos del crimen organizado que además de cometer varios delitos, son extremadamente violentos. Entre ellos están Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los normalistas, y sus antagonistas Los Rojos.
Ya no hay caída en homicidios, advierte Hope
Aunque el número de homicidios en el país fue ligeramente menor en febrero de este año en comparación con el mismo mes del 2014, las cifras confirman que ya no hay una tendencia a la baja y el número de crímenes se estabilizó, advirtió el investigador especializado en temas de drogas y delitos Alejandro Hope.
De hecho, señaló que el promedio de 44 denuncias por homicidio al día que arrojó febrero pasado, es el mayor que se registra de los últimos nueve meses.
De acuerdo con su análisis, si el promedio del primer bimestre se mantiene a lo largo del 2015, el año podría cerrar con 17 mil 500 homicidios, cifra muy similar o incluso ligeramente superior a la de 2014.
“En términos de homicidios no es un buen dato de ninguna manera. Yo creo que ya estamos en un piso de homicidios, es un tema de piso técnico el cual ya no se está pudiendo bajar desde hace nueve meses. Es más o menos el nivel de crímenes en 2009” dijo.
Hope destacó en especial el “brinco” que tuvieron los asesinatos en Tamaulipas durante el mes de febrero, mientras que el estado de México, Guerrero y Chihuahua acumulan en mayor número de víctimas.
Respecto a los secuestros destacó el incremento en cuanto a plagios ocurrido en Guerrero en comparación al mismo periodo del año pasado, pero dijo que el análisis no puede hacerse completo porque no se han revelado oficialmente los plagios denunciados a nivel federal el año pasado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/03/la-violencia-no-cede-en-tamaulipas-y-jalisco-suben-homicidios-en-guerrero-se-duplican-plagios/
El territorio de 13 pueblos indígenas ya está en riesgo por la reforma energética, advierten organizaciones
Con la Ronda Cero hay al menos 4 millones de hectáreas comprometidas para la exploración y extracción de hidrocarburos, lo que ya afecta a comunidades de once estados.
Las tierras de al menos 13 pueblos indígenas ya están en riesgo por la reforma energética, pues éstas se encuentran entre los 4 millones 800 mil hectáreas que fueron asignadas en agosto pasado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Con la llamada Ronda Cero: La primera fase de asignación de zonas de extracción que correspondió exclusivamente a Pemex⎯ la nueva empresa productiva del Estado recibió los derechos sobre tierras que involucran a 142 municipios en 11 entidades federativas en las que habitan estos 13 pueblos indígenas, advirtieron el viernes 20 de marzo organizaciones civiles en la sesión “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Stephanie Erin Brewer del Centro Prodh, uno de los representantes de la sociedad civil que acudieron a la sesión.
Sólo por lo asignado en la Ronda Cero, el pueblo Chontal de Tabasco ya cuenta con el 85% de su territorio ocupado; pero existen otros casos como el Totonaca con el 38% y el Popoluca con 31%.
Pero además, con lo que se prevé asignar en la Ronda Uno, la primera en la que la iniciativa privada podrá obtener derechos sobre ciertos territorios y cuyos resultados se darán a conocer este año son cinco pueblos indígenas más los que podrían ver en riesgo una porción de su territorio.
El problema, según la sociedad civil, no sólo es que se atenta contra los derechos a la tierra de los pueblos indígenas sino que no se les consulta sobre la explotación de sus terrenos ni tienen la opción de rechazar las actividades de hidrocarburos.
“A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.
Según esas leyes, una vez que las empresas obtengan el permiso para la explotación de la tierra iniciarán una negociación con los dueños, y en caso de que ésta no se concrete, el Estado ordenará una servidumbre legal para iniciar la ocupación y entregar pagos a los propietarios, pese a su negativa de ceder los terrenos.
“No establecen mecanismos de consulta previa a las comunidades. Hay un mecanismo de negociación posterior a los permisos entregados, lo que se establece es una negociación de prestaciones pues no se establece la posibilidad a decir que no”, dijo Mario Patrón, subdirector del Centro ProDH.
Al respecto, la delegación del Estado mexicano dijo que la reforma energética no establece la expropiación de tierras y que el objetivo es que los propietarios también se beneficien de la explotación.
“Desde 1997 no se ha llevado a cabo ni una sola expropiación en México vinculada a hidrocarburos y es del interés del Estado mexicano que siga esta situación. Las comunidades tendrán acceso a beneficio derivados de estos proyectos y no estará la cuestión encaminada exclusivamente al beneficio de las empresas”, dijo Fernando Zendejas de la Secretaría de Energía.
La delegación mexicana insistió en que con la figura de la servidumbre legal el territorio sigue siendo de los propietarios y que las empresas están obligadas a devolverlo cuando termine la explotación de los recursos; además de que mientras esté ocupado se entregarán pagos por su uso y afectación.
Sin embargo, el argumento de sociedad civil es que técnicamente sí hay una ocupación de territorio que será devuelto cuando la tierra sea inutilizable.
Las leyes de la reforma energética indican que la actividad de hidrocarburos y de la industria eléctrica son de utilidad pública, por lo que “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, es decir, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos ya sea población indígena, comunidades equiparables u otras”.
La ocupación temporal será para la exploración y extracción de hidrocarburos pero también para la construcción de plantas eléctricas, caminos, almacenamiento de equipo o para construir cualquier otro tipo de infraestructura necesaria para la industria.
En esta sesión que se realizó durante el 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera vez que se trató en un contexto de defensa de derechos humanos el tema de la vulneración de garantías por la reforma energética.
La CIDH deberá pronunciarse sobre el caso después de haber escuchado los argumentos del Estado y de sociedad civil que busca que haya procedimientos de consulta efectivos a las comunidades afectadas en los que tengan la posibilidad de negar la actividad de hidrocarburos o de la industria eléctrica.
En México, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el tema tiene que ver con ingresos y actividad económica y no con derechos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Las tierras de al menos 13 pueblos indígenas ya están en riesgo por la reforma energética, pues éstas se encuentran entre los 4 millones 800 mil hectáreas que fueron asignadas en agosto pasado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Con la llamada Ronda Cero: La primera fase de asignación de zonas de extracción que correspondió exclusivamente a Pemex⎯ la nueva empresa productiva del Estado recibió los derechos sobre tierras que involucran a 142 municipios en 11 entidades federativas en las que habitan estos 13 pueblos indígenas, advirtieron el viernes 20 de marzo organizaciones civiles en la sesión “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Stephanie Erin Brewer del Centro Prodh, uno de los representantes de la sociedad civil que acudieron a la sesión.
Sólo por lo asignado en la Ronda Cero, el pueblo Chontal de Tabasco ya cuenta con el 85% de su territorio ocupado; pero existen otros casos como el Totonaca con el 38% y el Popoluca con 31%.
Pero además, con lo que se prevé asignar en la Ronda Uno, la primera en la que la iniciativa privada podrá obtener derechos sobre ciertos territorios y cuyos resultados se darán a conocer este año son cinco pueblos indígenas más los que podrían ver en riesgo una porción de su territorio.
El problema, según la sociedad civil, no sólo es que se atenta contra los derechos a la tierra de los pueblos indígenas sino que no se les consulta sobre la explotación de sus terrenos ni tienen la opción de rechazar las actividades de hidrocarburos.
“A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.
Según esas leyes, una vez que las empresas obtengan el permiso para la explotación de la tierra iniciarán una negociación con los dueños, y en caso de que ésta no se concrete, el Estado ordenará una servidumbre legal para iniciar la ocupación y entregar pagos a los propietarios, pese a su negativa de ceder los terrenos.
“No establecen mecanismos de consulta previa a las comunidades. Hay un mecanismo de negociación posterior a los permisos entregados, lo que se establece es una negociación de prestaciones pues no se establece la posibilidad a decir que no”, dijo Mario Patrón, subdirector del Centro ProDH.
Al respecto, la delegación del Estado mexicano dijo que la reforma energética no establece la expropiación de tierras y que el objetivo es que los propietarios también se beneficien de la explotación.
“Desde 1997 no se ha llevado a cabo ni una sola expropiación en México vinculada a hidrocarburos y es del interés del Estado mexicano que siga esta situación. Las comunidades tendrán acceso a beneficio derivados de estos proyectos y no estará la cuestión encaminada exclusivamente al beneficio de las empresas”, dijo Fernando Zendejas de la Secretaría de Energía.
La delegación mexicana insistió en que con la figura de la servidumbre legal el territorio sigue siendo de los propietarios y que las empresas están obligadas a devolverlo cuando termine la explotación de los recursos; además de que mientras esté ocupado se entregarán pagos por su uso y afectación.
Sin embargo, el argumento de sociedad civil es que técnicamente sí hay una ocupación de territorio que será devuelto cuando la tierra sea inutilizable.
Las leyes de la reforma energética indican que la actividad de hidrocarburos y de la industria eléctrica son de utilidad pública, por lo que “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, es decir, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos ya sea población indígena, comunidades equiparables u otras”.
La ocupación temporal será para la exploración y extracción de hidrocarburos pero también para la construcción de plantas eléctricas, caminos, almacenamiento de equipo o para construir cualquier otro tipo de infraestructura necesaria para la industria.
En esta sesión que se realizó durante el 154 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera vez que se trató en un contexto de defensa de derechos humanos el tema de la vulneración de garantías por la reforma energética.
La CIDH deberá pronunciarse sobre el caso después de haber escuchado los argumentos del Estado y de sociedad civil que busca que haya procedimientos de consulta efectivos a las comunidades afectadas en los que tengan la posibilidad de negar la actividad de hidrocarburos o de la industria eléctrica.
En México, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el tema tiene que ver con ingresos y actividad económica y no con derechos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
CIDH sobre MVS-Aristegui: “Este caso tiene vicios de censura indirecta; se intenta acallar una voz crítica”
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia, durante la presentación del informe de Artículo 19, titulado "Estado de censura".
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, habló este lunes sobre el caso MVS-Aristegui.
De acuerdo con Sin Embargo, Lanza declaró: “El caso de Carmen Aristegui es un caso de disputa”. Consideró que más que un conflicto entre particulares “este caso tiene vicios de censura indirecta que intenta acallar una voz crítica”.
“Puede haber allí un mecanismo de censura indirecta (…) podríamos hablar de un atentado contra la libertad de expresión”, abundó.
Mencionó que el Estado mexicano se ha mantenido en diálogo con la CIDH en cuanto a libertad de expresión se refiere. “Si nosotros le llamamos el Estado acude a declarar”, explicó Lanza.
El relator indicó que no hay garantías para los periodistas dentro de los medios: “No hay mecanismos legales para que un periodista defienda su autonomía”.
Edison Lanza agregó que quienes regulan el sistema de medios normalmente no tienen autonomía.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, habló este lunes sobre el caso MVS-Aristegui.
De acuerdo con Sin Embargo, Lanza declaró: “El caso de Carmen Aristegui es un caso de disputa”. Consideró que más que un conflicto entre particulares “este caso tiene vicios de censura indirecta que intenta acallar una voz crítica”.
“Puede haber allí un mecanismo de censura indirecta (…) podríamos hablar de un atentado contra la libertad de expresión”, abundó.
Mencionó que el Estado mexicano se ha mantenido en diálogo con la CIDH en cuanto a libertad de expresión se refiere. “Si nosotros le llamamos el Estado acude a declarar”, explicó Lanza.
El relator indicó que no hay garantías para los periodistas dentro de los medios: “No hay mecanismos legales para que un periodista defienda su autonomía”.
Edison Lanza agregó que quienes regulan el sistema de medios normalmente no tienen autonomía.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El narco, “un gran monstruo con tentáculos”; autores de ‘Narcoamérica’
El libro Narcoamérica “tiene ese nombre porque referimos al Estado paralelo que gobierna al continente; donde no llega el Estado, gobierna el narcotráfico”, señaló el periodista Pablo Ferri, uno de los tres autores de la obra.
En entrevista para Aristegui CNN, consideró que el narco “es un gran monstruo con tentáculos, que le está ganando la batalla en muchas cosas al Estado”.
Comentó que en el mundo del narco “hay muchas identidades muy fuertes y no necesariamente respetan las fronteras, a veces están en el mismo país”.
“Hay fenómenos que se repiten, en México, en Tierra Caliente, se están atomizando las viejas bandas en cárteles pequeños, hay una epidemia de crack tremenda. Se van generando problemas”, indicó.
“Narcoamérica es una explicación de: esto somos… y en cada uno de los personajes hemos tratado que estén bien perfilados”, apuntó.
Por su parte la también autora del libro, Alejandra Sánchez Insunza, señaló que “la idea era hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en cada país en cuanto a tráfico de drogas, cómo afecta, cada país tiene un fenómeno distinto. Hay países productores, países de ruta, consumidores”.
Contó que “llegábamos a cada país y fundamentalmente nos nutríamos de entrevistas de gente involucrada, desde autoridades, campesinos, pescadores que habían traficado, entrevistamos a autoridades de todo los países, excepto en los que no cedieron, como Venezuela”.
También se nutrieron con “informes de organizaciones… la documentación varía según el país, tomábamos todo lo que podíamos, y dependía de la situación de cada país. Lo que destaca en el libro, son las entrevistas”.
Aseveró que “Honduras es un país que en este momento está definido por el control de las familias, la anarquía domina, el crimen organizado se ocupa de eso”
En tanto, “Brasil ahora es el segundo consumidor de cocaína y derivados, la mayor parte de las rutas va para allá”.
Y en “Colombia a pesar de que ya no están los grandes cárteles, tiene bandas criminales”.
Sin embargo “un caso que se salva, es Chile, por su geografía y por tener una mayor institucionalidad”.
Reveló que en “la parte final del libro, nos dedicamos a México y a Estados Unidos… en el caso de Ayotzinapa, me costaba mucho trabajo entrevistar a los padres. Era una cuestión ilógica, uno pensando que sus hijos podrían estar muertos, y ellos conservando la esperanza”.
Por su parte, otro autor del libro, José Luis Pardo, contó que “una de las cosas más originales… es que el narcotráfico es un negocio transnacional, que cruza fronteras. Nuestros reporteros igual, han cruzado fronteras, desde Estados Unidos hasta Chile”.
“El narco tiene implicaciones económicas, hay que verlo como un gran negocio, sustenta a muchísima gente en Latinoamérica y sustenta a las economías de los Estados. Perú es un caso muy claro”.
“Vivas en México, en Perú, en Chile, en Brasil, el narco te afecta. Este libro es un libro de viajes, porque es un viaje, y no siempre son bonitos, es entender a otra gente, y es lo que hace Narcoamérica, entender a esa gente”.
“Es algo que pasa a nivel regional, pero las instituciones tienen gran parte de culpa; sin la corrupción el narcotráfico no podría existir”, aseveró.
Pardo dijo también que “hay consecuencias del narco, entorno de autoridades que hay que vigilar mucho, pero también hay consecuencias entre la población”.
Remarcó que “el narco le ha quitado el espacio público a la gente, poder salir es un derecho, y en esos lugares han llegado al extremo de que les han robado la calle”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevista para Aristegui CNN, consideró que el narco “es un gran monstruo con tentáculos, que le está ganando la batalla en muchas cosas al Estado”.
Comentó que en el mundo del narco “hay muchas identidades muy fuertes y no necesariamente respetan las fronteras, a veces están en el mismo país”.
“Hay fenómenos que se repiten, en México, en Tierra Caliente, se están atomizando las viejas bandas en cárteles pequeños, hay una epidemia de crack tremenda. Se van generando problemas”, indicó.
“Narcoamérica es una explicación de: esto somos… y en cada uno de los personajes hemos tratado que estén bien perfilados”, apuntó.
Por su parte la también autora del libro, Alejandra Sánchez Insunza, señaló que “la idea era hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en cada país en cuanto a tráfico de drogas, cómo afecta, cada país tiene un fenómeno distinto. Hay países productores, países de ruta, consumidores”.
Contó que “llegábamos a cada país y fundamentalmente nos nutríamos de entrevistas de gente involucrada, desde autoridades, campesinos, pescadores que habían traficado, entrevistamos a autoridades de todo los países, excepto en los que no cedieron, como Venezuela”.
También se nutrieron con “informes de organizaciones… la documentación varía según el país, tomábamos todo lo que podíamos, y dependía de la situación de cada país. Lo que destaca en el libro, son las entrevistas”.
Aseveró que “Honduras es un país que en este momento está definido por el control de las familias, la anarquía domina, el crimen organizado se ocupa de eso”
En tanto, “Brasil ahora es el segundo consumidor de cocaína y derivados, la mayor parte de las rutas va para allá”.
Y en “Colombia a pesar de que ya no están los grandes cárteles, tiene bandas criminales”.
Sin embargo “un caso que se salva, es Chile, por su geografía y por tener una mayor institucionalidad”.
Reveló que en “la parte final del libro, nos dedicamos a México y a Estados Unidos… en el caso de Ayotzinapa, me costaba mucho trabajo entrevistar a los padres. Era una cuestión ilógica, uno pensando que sus hijos podrían estar muertos, y ellos conservando la esperanza”.
Por su parte, otro autor del libro, José Luis Pardo, contó que “una de las cosas más originales… es que el narcotráfico es un negocio transnacional, que cruza fronteras. Nuestros reporteros igual, han cruzado fronteras, desde Estados Unidos hasta Chile”.
“El narco tiene implicaciones económicas, hay que verlo como un gran negocio, sustenta a muchísima gente en Latinoamérica y sustenta a las economías de los Estados. Perú es un caso muy claro”.
“Vivas en México, en Perú, en Chile, en Brasil, el narco te afecta. Este libro es un libro de viajes, porque es un viaje, y no siempre son bonitos, es entender a otra gente, y es lo que hace Narcoamérica, entender a esa gente”.
“Es algo que pasa a nivel regional, pero las instituciones tienen gran parte de culpa; sin la corrupción el narcotráfico no podría existir”, aseveró.
Pardo dijo también que “hay consecuencias del narco, entorno de autoridades que hay que vigilar mucho, pero también hay consecuencias entre la población”.
Remarcó que “el narco le ha quitado el espacio público a la gente, poder salir es un derecho, y en esos lugares han llegado al extremo de que les han robado la calle”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Debate sobre la protección de datos y el acceso a documentos históricos
Los investigadores asiduos a los archivos públicos (historiadores contemporáneos y periodistas, entre otros) tienen una discusión acerca de la garantía de protección de los datos personales y el acceso directo, libre, sin tachones ni omisiones a documentos histórico confidenciales.
Para Ángeles Magdaleno, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios de Archivos y ex directora de Información de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hay ninguna duda. Opina que las restricciones impuestas a la consulta de dichos documentos son una aberración.
Es que, subraya, si un archivo es histórico, no puede ser al mismo tiempo confidencial.
Antes del actual marco legal Magdaleno pudo obtener, sin omisiones, el perfil del ex presidente del PRI Carlos Madrazo (1915-1969), el expediente de Raúl Salinas Lozano, padre del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, y de la ex candidata del PAN a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, entre otros.
Sin embargo, la consulta total del contenido de los documentos histórico confidenciales hoy día ya no es posible; según la ley actual de archivos, es necesario que transcurran 70 años para tener acceso libre a los expedientes.
Magdaleno subraya que la gravedad radica no sólo en someter a los historiadores a trámites administrativos, sino al propio análisis que los comisionados del Ifai deberán hacer de esos casos, pese a que no son historiadores ni archivistas. Además, el país no tiene especialistas suficientes para revisar y elaborar la versión pública de los documentos.
La ley indica que cuando un archivo es vigente, se le llama de gestión. Al término de su uso ordinario el documento se va al archivo de concentración, también conocido como archivo muerto, y una vez concluidos ambos valores, administrativos y jurídicos, se envía al archivo histórico. Están censurando, limitando la libre circulación de ideas y textos, expuso en entrevista.
Froylán Enciso, especialista en el desarrollo del narcotráfico en Sinaloa, afirma que el principal problema no es la restricción a la versión original de los textos, sino el estado lamentable en que se hallan casi todos los archivos en el país.
El AGN es el paraíso en comparación con los estatales y municipales, entre otros, incluso el de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias que se caracterizan por la ineficiencia, desorden y opacidad.
Es por ello que, en la práctica, buscan el modo de tener acceso a los expedientes que por ley nos habrían sido negados.
En Sinaloa, por ejemplo, “en cierto archivo hay sólo un señor cuidando una bodega de cajas. En otros, la traba no es que haya alguien malévolo impidiendo el acceso a la información, sino ante la falta de recursos e inversión los expedientes se pudren, se caen a pedazos.
¡Por supuesto, ante el caos, es muy difícil encontrar algún documento de alta relevancia; incluso, si me dieran la versión pública del mismo (con los datos personales omitidos) sería para mí oro molido!, comentó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
Para Ángeles Magdaleno, presidenta de la Asociación de Defensa de Usuarios de Archivos y ex directora de Información de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), no hay ninguna duda. Opina que las restricciones impuestas a la consulta de dichos documentos son una aberración.
Es que, subraya, si un archivo es histórico, no puede ser al mismo tiempo confidencial.
Antes del actual marco legal Magdaleno pudo obtener, sin omisiones, el perfil del ex presidente del PRI Carlos Madrazo (1915-1969), el expediente de Raúl Salinas Lozano, padre del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, y de la ex candidata del PAN a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, entre otros.
Sin embargo, la consulta total del contenido de los documentos histórico confidenciales hoy día ya no es posible; según la ley actual de archivos, es necesario que transcurran 70 años para tener acceso libre a los expedientes.
Magdaleno subraya que la gravedad radica no sólo en someter a los historiadores a trámites administrativos, sino al propio análisis que los comisionados del Ifai deberán hacer de esos casos, pese a que no son historiadores ni archivistas. Además, el país no tiene especialistas suficientes para revisar y elaborar la versión pública de los documentos.
La ley indica que cuando un archivo es vigente, se le llama de gestión. Al término de su uso ordinario el documento se va al archivo de concentración, también conocido como archivo muerto, y una vez concluidos ambos valores, administrativos y jurídicos, se envía al archivo histórico. Están censurando, limitando la libre circulación de ideas y textos, expuso en entrevista.
Froylán Enciso, especialista en el desarrollo del narcotráfico en Sinaloa, afirma que el principal problema no es la restricción a la versión original de los textos, sino el estado lamentable en que se hallan casi todos los archivos en el país.
El AGN es el paraíso en comparación con los estatales y municipales, entre otros, incluso el de la Suprema Corte de Justicia. Son instancias que se caracterizan por la ineficiencia, desorden y opacidad.
Es por ello que, en la práctica, buscan el modo de tener acceso a los expedientes que por ley nos habrían sido negados.
En Sinaloa, por ejemplo, “en cierto archivo hay sólo un señor cuidando una bodega de cajas. En otros, la traba no es que haya alguien malévolo impidiendo el acceso a la información, sino ante la falta de recursos e inversión los expedientes se pudren, se caen a pedazos.
¡Por supuesto, ante el caos, es muy difícil encontrar algún documento de alta relevancia; incluso, si me dieran la versión pública del mismo (con los datos personales omitidos) sería para mí oro molido!, comentó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
A 180 días del caso Ayotzinapa, líderes sociales exigen respeto a la libertad de expresión
MÉXICO, D.F: Académicos, escritores, actrices, cantantes, politólogos y activistas sociales reunidos en la agrupación “Manifiesto 180” llamaron a enfrentar la corrupción a todos los niveles del Estado con acciones como “impedir toda acción, pública o privada, que coarte la libertad de expresión y de prensa, el derecho a informar, disentir y denunciar”.
En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional, agregaron que el compromiso con la legalidad también requiere “asegurar el respeto a la división de poderes y evitar la injerencia del ejecutivo en el legislativo y judicial; obligar a todos los funcionarios a rendir una declaración pública patrimonial, fiscal y de intereses; erradicar la nefasta práctica conocida como ‘los moches’ y garantizar que quienes obtengan un cargo de elección popular no puedan renunciar para buscar otro cargo”.
Según los 192 firmantes, a seis meses de las tragedias de Ayotzinapa y Tlatlaya “que marcaron puntos de no retorno en la vida mexicana, la indignación nacional reclama una respuesta. Nos negamos a aceptar que la impunidad sea el destino manifiesto de los mexicanos”.
Tal quebrantamiento, agregaron, sólo se podrá superar con la defensa y fortalecimiento de la democracia y para lograrlo “es urgente que se adopten formas más directas de participación. Los ciudadanos son y deben ser sujeto de la política”.
Los participantes convocaron a la reflexión y a crear puntos de encuentro “entre las diferentes posiciones políticas propias de la diversidad y libertad democráticas”.
Destacaron la participación de los jóvenes: “No nos corresponde dar recetas sobre su manera de actuar. Sólo insistimos en el valor de su acción organizada y pacífica que les propicie apoyo social”.
Los activistas rechazaron “toda forma de violencia” pues dijeron que los conflictos sociales deben resolverse mediante el diálogo.
Pidieron enfrentar las “enormes desigualdades sociales”, para lo que propusieron trabajar “en el proyecto de un país solidario, plural, justo, igualitario, posible y democrático”.
Los firmantes de Manifiesto 180 concluyeron al decir que el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias “es una muestra más de la falta de tolerancia a la crítica, los reclamos sociales o la disidencia. Las voces de ella y su equipo, constan cada día de más voces a las que sumamos solidariamente las nuestras”.
El desplegado está firmado por personalidades como Adriana Barraza, Ana de la Reguera, Carlos Pellicer, Cecilia Suárez, Clara Jusidman, Damián Alcázar, David Pantoja, Diego Valadéz, Enrique del Val, Enrique Serna, Fernando del Paso, Hugo Gutiérrez de la Vega, Jacqueline Peschard, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, José Woldenberg, Juan Villoro, Lorenzo Meyer, Luis de Tavira, Lydia Cacho, Manuel Peimbert, Mardonio Carballo, Marta Lamas, Miguel Concha, Ofelia Medina, Raúl Trejo, Ricardo Raphael, Roger Bartra, Soledad Loaeza, Tiaré Scanda y Vicente Rojo, entre otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional, agregaron que el compromiso con la legalidad también requiere “asegurar el respeto a la división de poderes y evitar la injerencia del ejecutivo en el legislativo y judicial; obligar a todos los funcionarios a rendir una declaración pública patrimonial, fiscal y de intereses; erradicar la nefasta práctica conocida como ‘los moches’ y garantizar que quienes obtengan un cargo de elección popular no puedan renunciar para buscar otro cargo”.
Según los 192 firmantes, a seis meses de las tragedias de Ayotzinapa y Tlatlaya “que marcaron puntos de no retorno en la vida mexicana, la indignación nacional reclama una respuesta. Nos negamos a aceptar que la impunidad sea el destino manifiesto de los mexicanos”.
Tal quebrantamiento, agregaron, sólo se podrá superar con la defensa y fortalecimiento de la democracia y para lograrlo “es urgente que se adopten formas más directas de participación. Los ciudadanos son y deben ser sujeto de la política”.
Los participantes convocaron a la reflexión y a crear puntos de encuentro “entre las diferentes posiciones políticas propias de la diversidad y libertad democráticas”.
Destacaron la participación de los jóvenes: “No nos corresponde dar recetas sobre su manera de actuar. Sólo insistimos en el valor de su acción organizada y pacífica que les propicie apoyo social”.
Los activistas rechazaron “toda forma de violencia” pues dijeron que los conflictos sociales deben resolverse mediante el diálogo.
Pidieron enfrentar las “enormes desigualdades sociales”, para lo que propusieron trabajar “en el proyecto de un país solidario, plural, justo, igualitario, posible y democrático”.
Los firmantes de Manifiesto 180 concluyeron al decir que el despido de Carmen Aristegui de MVS Noticias “es una muestra más de la falta de tolerancia a la crítica, los reclamos sociales o la disidencia. Las voces de ella y su equipo, constan cada día de más voces a las que sumamos solidariamente las nuestras”.
El desplegado está firmado por personalidades como Adriana Barraza, Ana de la Reguera, Carlos Pellicer, Cecilia Suárez, Clara Jusidman, Damián Alcázar, David Pantoja, Diego Valadéz, Enrique del Val, Enrique Serna, Fernando del Paso, Hugo Gutiérrez de la Vega, Jacqueline Peschard, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, José Woldenberg, Juan Villoro, Lorenzo Meyer, Luis de Tavira, Lydia Cacho, Manuel Peimbert, Mardonio Carballo, Marta Lamas, Miguel Concha, Ofelia Medina, Raúl Trejo, Ricardo Raphael, Roger Bartra, Soledad Loaeza, Tiaré Scanda y Vicente Rojo, entre otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Agua sobre la mesa
En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.
En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.
Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.
En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema.
Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.
Llamado a partidos
Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.
Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.
Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.
Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.
En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema.
Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.
Llamado a partidos
Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.
Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.
Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
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