Amenazas, protestas en el Tianguis Turístico, plantones frente al INE… A tan solo tres semanas del arranque del proceso electoral en Guerrero la entidad es una maraña de conflictos que empañan, desde temprano, los próximos comicios.
Faltan 75 días para que Guerrero, uno de los estados con los más altos niveles de pobreza en el país, tenga elecciones. Y todo parece indicar que serán días muy largos. En los comicios del 7 de junio, los guerrerenses elegirán nuevo gobernador, 46 diputados locales, nueve federales y 81 presidentes municipales… eso, si los grupos sociales inconformes lo permiten. Desde el pasado 26 de febrero, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, convocó a boicotear las elecciones en los municipios no solo de Guerrero, si no de todo el país. “Ningún municipio va a ser gobernado por ningún político de ningún partido. Dicen que votar es nuestro derecho, pero ¿qué derecho podemos defender si ya se llevaron todos nuestros derechos? Solo nos queda defender el artículo 39 que dice que el poder emana del pueblo y el pueblo decide quien lo gobierna”, aseguró el vocero durante un mitin realizado en la Ciudad de México. Esas declaraciones encontraron eco en el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien en una entrevista para El Mundo de España aseguró que el movimiento de los padres de los normalistas tiene un interés político. “Ahora dicen que no van a permitir que haya elecciones en Guerrero. ¿Cuál es la lógica de un suceso infausto como el de Iguala con la realización de unos comicios?”, cuestionó el encargado de la seguridad en el país. Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la lógica de impedir las elecciones tiene que ver con evitar que políticos coludidos con el crimen organizado lleguen al poder y se registren otros incidentes como el de Iguala. Y es que tras la desaparición de los estudiantes, hace casi 7 meses, fueron detenidos el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda y cerca de 80 policías municipales. Todos acusados de complicidad y nexos con el narcotráfico. No hay riesgo El consejero electoral Ciro Murayama dijo las amenazas de boicot no ponen en riesgo los comicios de junio. “Las expresiones de distintas organizaciones sociales de protestas, de indignación, son compatibles con las elecciones (…) No está en riesgo de ninguna manera la elección”, aseguró en entrevista para Grupo Imagen. Por su parte, presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que de querer impedir la instalación de casillas en el estado de Guerrero durante las próximas elecciones, solicitarán apoyo de las Fuerzas Federales. “Nuestra misión es instalar las casillas, en la medida en que no recurramos a instancias de seguridad es mejor para todos, pero, si es necesario, en algún momento lo haremos”, destacó. Piden más dinero Aunque el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, asegura que las elecciones en su estado se podrán celebrar con normalidad, en calidad de “por si acaso” el mandatario espera conseguir 145 millones de pesos -adicionales a los 216 millones que ya tiene- para garantizar los comicios. Ortega detalló que en caso de que los recursos sean autorizados, el dinero será distribuido en los 28 consejos distritales, lo que ayudará a generar las condiciones necesarias para que los guerrerenses acudan a emitir su sufragio. Tianguis Turístico en el ojo del huracán La indignación de los padres de los normalistas no es a lo único que se tendrán que enfrentar las autoridades para llevar a buen puerto los comicios en Guerrero. En el clima social previo a las elecciones en el estado también presagia mal tiempo. En el ojo del huracán está el Tianguis Turístico Acapulco 2015 inaugurado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de tres años de ser itinerante, la 40 edición de este evento no solo recibirá a representantes de 65 países con 618 empresas compradoras, también tendrá a los disgustados miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los maestros disidentes ya amenazaron con protestar contra el desalojo violento que sufrieron por parte de elementos antimotines de la Policía Federal el pasado 24 de febrero, cuando pretendían tomar las instalaciones del aeropuerto internacional. Hoy, a un mes de ese desalojo donde murió el maestro Claudio Castillo, los cetegistas llevarán a cabo una marcha en el mismo lugar donde se celebra el Tianguis Turístico de Acapulco. Se estima que durante esta marcha se darán cita al menos 15 mil maestros de las 8 regiones del estado, así como padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones sociales y diversas representaciones sindicales. Aunque han asegurado que la marcha será pacífica, los inconformes se toparán con cientos de efectivos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes aplicarán un blindaje antiprotestas. A través de un comunicado, la Policía Federal informó el reforzamiento de su presencia en labores de patrullaje y apoyo al turismo en el puerto de Acapulco. Al puerto llegó un convoy de la División de Gendarmería con más de 200 elementos y 90 patrullas, camionetas pick up, autobuses, un camión centro de mando y hasta un remolque con una lancha rápida para efectuar recorridos de vigilancia por la zona marítima.
Ese personal se suma al contingente de mil 200 elementos de las Divisiones de Fuerzas Federales, Seguridad Regional, Científica e Inteligencia, que ya se encontraban desplegados en Acapulco para resguardar a los visitantes en las vacaciones de Semana Santa. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
La entrega de las tarjetas “La Efectiva” que el gobierno del Estado de México da como cumplimiento del programa para útiles escolares durante el ciclo 2015-2016 se apresura en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria mexiquenses ante la llegada del periodo vacacional. Faltan cuatro días para que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas cumpla a cabalidad su promesa y los más de tres millones de estudiantes, y sus padres, puedan ser beneficiados con 130 pesos para útiles, un seguro escolar contra accidentes y miles de descuentos en tiendas de autoservicios como supermercados, agencias de viajes y hoteles, entre otras. El mecanismo de entrega presenta como fecha límite para la recepción de las micas hasta marzo. Este viernes 27, millones de estudiantes ya estarán fuera de las escuelas, según lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que cientos de padres han sido llamados de los centros educativos para recibir las tarjetas membretadas con su nombre y el de sus hijos.
Es el último lunes antes de salir de vacaciones y los padres o tutores de alumnos salen y entran de una escuela secundaria técnica en Tlalnepantla. La cita fue a las 8 de la mañana, pero pasadas las 11 horas continúa el ir y venir.
“A mí me dijo mi hijo que tenía que venir hoy a recoger la tarjeta”, dice una de las madres con “La Efectiva” en la mano.
–¿Sabía usted de este programa?-se le pregunta a la dueña del plástico. –Sí. Ya nos habían dicho y además había visto que lo anunciaban en la televisión. En los spots que les llaman. La mujer de 40 años explica que ella no pudo llegar a la plática sobre el funcionamiento de la tarjeta, pero que sí sabe que es hasta el 8 de junio que podrá hacer válidos los 130 pesos para la compra de útiles escolares. “La Efectiva” que acaba de recibir también incluye un seguro escolar contra accidentes para que los alumnos estén protegidos en el traslado de su casa a la escuela y viceversa y descuentos en el cine, farmacias, papelerías, librerías. Hay más de cuatro mil establecimientos afiliados a este programa. Así lo explicó el Secretario del Trabajo mexiquense Javier García al entregar los plásticos en Capulhuac el pasado 18 de marzo. Aeroméxico, Spoleto, Bioparque Estrella, el circo y la mueblería llamados Hermanos Vázquez, Astrollantas, colchones Atlas, el hotel NH, Freedom, la cantina & bar de Los Remedios, el centro de depilación Novalaser, Hertz y decenas de más empresas ofrecen descuentos que van desde el 10 por ciento o promociones de 2×1 a quienes presenten su tarjeta. El gobierno mexiquense afirmó que utilizará 448 millones de pesos para el cumplimiento del programa. Sin embargo, el valor que representarían estos descuentos no están contemplados.
ENCINAS PIDE DETENER LA ENTREGA
De acuerdo con el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien este mismo lunes instó al Gobernador mexiquense a detener la entrega de las tarjetas, en 2011 se usó esta misma estrategia que contribuyó a la compra de votos. También mencionó que cifras del gobierno estatal hablan de 1 millón 500 mil personas que conformaban el padrón electoral en 2011, de los cuales sólo quedaron 1 millón 200 mil registros cotejados y validados, de los cuales el 63 por ciento ya contaba con acceso a un programa social y el 37 por ciento restante podría tener acceso a dos programas sociales. El legislador por el Estado de México destacó que un año después, ya como Gobernador, Eruviel Ávila Villegas entregó 500 tarjetas a adultos mayores y con esa entrega la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad dio por cumplido el compromiso de campaña. Para Encinas, ahora en 2015, año electoral, el Gobernador del Estado de México ofrece de nueva cuenta apoyos a través de la tarjeta “La Efectiva” con un claro uso electoral. No sólo es con los apoyos de útiles escolares, denuncia otro programa que se está ofreciendo a través de la mica con una inversión de 110 millones de pesos para el ofrecimiento de 2 mil 750 pesos a mujeres de alta y muy alta marginalidad en cinco disposiciones de 550 pesos. Todo esto antes de que inicie la veda electoral. Ni la mujer de 40 años, ni Érika (otra de las madres que acudieron a recoger su tarjeta), ni José (otro padre recibió el plástico) saben que en días recientes el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitaron medidas cautelares ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar que las micas violan el principio de equidad de cara a los comicios del próximo 7 de junio. Ellos sólo saben que los 130 pesos que se les prometieron podrán ser utilizados hasta el 8 de junio, justo un día después de las votaciones. Sin embargo, no tienen claro el por qué hasta ese día. Desconocen que la acción podría estar incumpliendo la legislación electoral. Érika, de 30 años, dice que “nada más los llamaron para recoger un apoyo para útiles escolares”. La madre de una estudiante de primer año de secundaria explica que es la primera vez que van recibir este tipo de apoyo y considera que es un buen estímulo para los estudiantes. A ninguno le pidieron la credencial de elector para recibir su mica. No hacía falta, todas las tarjetas vienen con el nombre de la madre y del alumno. Sólo tienen que firmar de recibido. En el caso de José, tuvo que firmar por la tarjeta a nombre de su esposa e hijo, ya que el estudiante tiene un esguince en el tobillo y no ha ido a la escuela. Comenta que él iba a pedir la tarea para su hijo y que ahí le avisaron que pasara a al dirección a recoger su “efectiva”. Son las 12:30 del día y a unas cuadras de la secundaria hay una primaria de la que también salen los padres con una tarjeta en la mano. Ahí son un poco menos estrictos, pues niños corren hacia la calle con el plástico rojo. Al parecer se las dieron sin firmar nada.
Sólo faltan tres días de clases para que puedan disfrutar el periodo vacacional y unos más para que termine marzo y con él el plazo para la entrega de tarjetas “La efectiva”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ARIADNA ORTEGA. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1290646.
Por falta de pruebas, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, quien había sido acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de ser el autor material del homicidio de la activista Sandra Luz Hernández, obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo. Sandra Luz fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo, un ex empleado de la misma Procuraduría, y le dieron muerte. Ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven. Incluso dijo que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos. Ahora, esa Procuraduría ha liberado al que presentó como asesino confeso. La autoridad no acreditó pruebas. El periódico Noroeste confirmó con cuatro fuentes diferentes, dos de ellas del Poder Judicial, así como de los registros de acuerdos de juzgados, la sentencia absolutoria que otorgó el Juzgado Noveno Penal de Culiacán a favor de Valenzuela Rodríguez, bajo el argumento de falta de pruebas, pese a que en su declaración ministerial aceptó ser el homicida de la activista. El 12 de mayo de 2014, Sandra Luz Hernández fue asesinada en la Colonia Benito Juárez, en donde se encontraría con una persona que le daría información sobre su hijo Édgar García Hernández, que desapareció el 12 de febrero de 2012.
El encuentro se pactó luego de una llamada anónima que recibió después de haber salido de la Procuraduría de Sinaloa donde preguntó sobre los avances de la investigación de su hijo y los de sus compañeras del Grupo de Familiares con Hijos Desaparecidos, al que pertenecía de manera activa. Hernández recibió 15 disparos por un hombre encapuchado.
“Nadie se va impune, tarde que temprano, pero en algún momento nos vamos a encontrar con esos responsables de esos delitos que lastiman mucho a la entidad”, expresó el Gobernador Mario López Valdez dos días después del homicidio.
El asesino confeso, sin embargo, ahora está libre.
En su momento, la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato y pidió a las autoridades “una investigación exhaustiva”.
La muerte de Hernández causó indignación social. Incluso se replicó con organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Human Right Watch, quienes catalogaron el hecho como un atentado contra los derechos humanos. El 20 de mayo, ocho días después del asesinato, la PGJE presentó a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato de la activista. “No tenemos ninguna duda de que va una averiguación plenamente fortalecida y plenamente aclarada”, aseguró Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, en conferencia de prensa, donde incluyó una relatoría de hechos, fotos y videos.
Sin embargo, esa “averiguación fortalecida y aclarada” no resultó suficiente en el juicio, no soportó los argumentos de la defensa que el 13 de marzo de este año ganó una sentencia absolutoria que otorgó libertad a Valenzuela Rodríguez, misma que se impugnó por parte del Ministerio Público, para continuar el proceso en una segunda instancia, pero esta vez en libertad. LA MADRE INVESTIGADORA Vendedora de planes de telefonía celular y cosméticos, Sandra Luz se convirtió en activista e investigadora a partir de la desaparición de su hijo, Édgar García Hernández, empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Desde entonces comenzó a buscar y seguir pistas y se unió a otras madres con hijos desaparecidos. Protestó, marchó, sostuvo encuentros con autoridades. Todo en vano. Sin embargo, Sandra dio seguimiento cabal a cada pista que recibió. Decía que conocía la identidad de los delincuentes que privaron de la libertad a su hijo, y que la Procuraduría sabía de ello. De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, un día antes de su muerte una persona se acercó a Sandra cuando se encontraba en un centro comercial. Le dijo que conocía a alguien que podía decirle dónde se encontraba Édgar, su hijo. El día de su asesinato, sostuvo una reunión con funcionarios de la PGJE y, al salir, se dirigió al Ayuntamiento de Culiacán donde estuvo unos minutos con los pepenadores que mantienen una huelga de hambre. Entonces recibió la llamada que le indicó dónde sería el encuentro con el supuesto informante. Le reunión sería en un punto de la Colonia Benito Juárez. Junto a una compañera activista abordó un camión urbano. Al filo de las 16:00 horas del lunes 12 de mayo del 2014 caminaba junto a su acompañante por la calle Constitución, esquina con 20 de Septiembre, cuando apareció su victimario quien le disparó en la cabeza, según la versión de algunos testigos y autoridades. En el lugar, los peritos de la PGJE recogieron 15 casquillos de pistola calibre .9 milímetros. “Tengo fe en que el Gobierno me diga dónde está. Ellos me tienen que decir dónde está, ellos son los que pueden ayudarme y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que ellos me regresen a mi hijo”, dijo en entrevista en aquella protesta del 12 de febrero, cuando se cumplieron dos años de la desaparición forzada de Édgar. En su investigación, Sandra no observó límites, rastreaba pistas, pero también reclamaba al Gobierno. “Yo no dejo de buscar ni un sólo día, ni un sólo día, todos los días. Esa es mi meta: encontrarlo”, decía. ÉDGAR EL TRABAJADOR Édgar tenía 25 años cuando fue privado de su libertad, hace dos años atrás, en la colonia El Progreso. Era un joven activo, que participaba en cursos de superación personal, practicaba deporte, incluso colaboró en la última campaña electoral, según decía su madre. Tenía un año trabajando en un puesto administrativo en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Él era trabajador del Procurador [Marco Antonio Higuera Gómez]. Al siguiente día que fue la desaparición, nosotros acudimos con el Procurador para decirle lo que estaba sucediendo y pues él lo que nos dijo es que no conocía a Édgar, pero son mentiras porque él ahí trabajaba”, aseguró Sandra en una entrevista. FUENTE: SIN EMBARGO/NORESTE. AUTOR: REDACCIÓN/MARCOS VIZACARRA. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1291169.
Resulta asombroso apreciar la nueva facultad del Secretario de Hacienda Luis Videgaray de convertir en oro lo que toca, particularmente sus propiedades. Ante el evidente conflicto de interés en el que ha incurrido, su reacción ha sido la negación, ignorando las criticas y la exigencia que tiene de demostrar que en la compra de su casa no hubo ninguna irregularidad ni tráfico de influencias. Difícilmente lo hará. Por una simple razón: la casa de Videgaray huele a conflicto de interés. Esa mansión que el Grupo Higa le vendió en Malinalco por 7 millones y medio de pesos fue adquirida por la firma de bienes raíces al mismo precio 10 meses antes. Las revelaciones del periódico The Wall Street Journal no dejan dormir en paz al Secretario de Hacienda. Lo tienen nervioso. Y el funcionario utiliza el método del avestruz para no dar la cara y ofrecer a la opinión pública su declaración patrimonial. El empresario favorito de Videgaray y Enrique Peña Nieto, el empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de la constructora Higa ganona de jugosos contratos desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se frota las manos porque su próspero negocio le ha asegurado una vida de lujos a por lo menos dos generaciones de su familia. ¿Qué ganó el empresario Juan Armando Hinojosa a cambio de las mansiones Higa propiedad de Peña Nieto y Videgaray? Pues, muchos millones de pesos. Nada menos que 63 mil millones de pesos. La próspera carrera empresarial de este consentido empresario, ha aumentado de manera vertiginosa sus cuentas bancarias. Solo durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto ganó 54 mil millones 802 millones de pesos, algo que demuestra que quintuplicó los millones que ganó casualmente durante la administración peñista en el Estado de México, cuando obtuvo durante seis años, alrededor de 35 mil 668 millones de pesos. Me pregunto qué porcentaje tuvo que pagar a funcionarios corruptos para conseguir los contratos jugosos y parciales que ha recibido por el dedo supremo del señor que se sienta en la Silla del Águila. El señor Hinojosa no se cansa de llenarse los bolsillos, de incrementar sus cuentas millonarias de los paraísos fiscales. Su amigo, Peña Nieto lo ha convertido en un auténtico potentado, cuya fortuna crece como la espuma. Además de ser el proveedor gubernamental consentido, ha servido como corredor inmobiliario para Peña Nieto y Videgaray. Está claro que el Rey Midas también convirtió en oro el patrimonio del empresario Hinojosa, quien también obtuvo un contrato por mil 332 millones de dólares que le otorgó Banobras en junio de 2013 cuando era dirigido por Alfredo del Mazo Maza, quien fue suficientemente astuto como para reservar la información de dicho contrato nada menos que hasta el 2025. ¿Qué esconden Peña Nieto, Videgaray e Hinojosa? ¿Por qué no transparentan los contratos y las formas de pago y adquisición de sus respectivas mansiones? Los únicos que piensan que no hay conflicto de intereses en la compra de sus mansiones al empresario amigo, son Peña Nieto y Videgaray, este último incluso se atreve a decir que no tiene más que agregar al asunto, que él está muy tranquilo. Claro, es el tipo de tranquilidad proporcionada por la certeza de la impunidad. ¿Cuántos funcionarios, presidentes o gobernadores han sido enjuiciados por el expolio de caudales públicos, por conflicto de interés o tráfico de influencias? Ninguno. Ellos, los políticos en general se saben impunes en un país donde no existe un verdadero estado de derecho. El Señor Videgaray se comporta como un Rey Midas. Subestima la inteligencia de los mexicanos, seriamente dañados por sus recortes, frente a su prosperidad personal. El cinismo del secretario de Hacienda va más allá: se niega a hacer su declaración patrimonial. Otra vez, la pregunta es la misma: ¿qué esconde? ¿la súbita riqueza con la que vive? Solamente un funcionario como él puede pagar completamente un crédito de una casa en tan solo dos años, como lo hizo con su casa de Malinalco comprada en 2012 y pagada dos años después cuando ya era Secretario de Hacienda. Videgaray no es el único con súbita riqueza. A los funcionarios del gobierno de Peña Nieto les gustan las propiedades para aumentar su patrimonio. Por ejemplo, 21 integrantes del gabinete presidencial, tienen en conjunto 102 propiedades. Los políticos ricos del gabinete peñista acumulan propiedades, como Enrique Martínez Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quien cuenta con con 18 inmuebles: 16 terrenos, un edificio y una casa. Le sigue Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener), con 12 inmuebles; Alfonso Navarrete de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con 11; Julián Olivas de la Función Pública (SFP), ocho; José Antonio González Anaya, del IMSS, tiene siete; y Gerardo Ruiz Esparza de Comunicaciones y Transportes (SCT), seis. Y así podríamos seguir enumerando las casas, terrenos, departamentos y edificios de estos señores también convertido en Reyes Midas como el señor Videgaray.
Es evidente que decencia y honestidad no son parte de la actual clase política. Una duda me invade: ¿Para qué quieren acumular tanta riqueza, mientras 53 millones de pobres se mueren de hambre? FUENTE: SIN EMBARGO (ANÁLISIS/OPINIÓN ). AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/23-03-2015/33007
El Gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas, entrega a padres de familia o tutores de estudiantes de nivel básico de al menos 50 municipios tarjetas de descuentos “La Efectiva”, con 130 pesos para útiles escolares, denunció la oposición. La administración del Edomex anunció en enero pasado el “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016″ para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica, lo que representa un gasto de 448.5 millones de pesos. Ese programa se empezó a implementar hace unos días con la entrega de plásticos, con el compromiso de que los 130 pesos se podrán cobrar a partir del próximo 8 de junio, un día después de las elecciones del 7 de junio. A decir del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la entrega de tarjetas se condiciona el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues existe una promesa de recursos, que implica una aportación en materia de financiamiento en especie y en efectivo, además de que esto constituye un delito por actos anticipados de precampaña y campaña. El programa forma parte de las promesas de campaña del mandatario estatal y desde el pasado 14 de enero se comenzaron a repartir en institutos educativos; sin embargo, de acuerdo con una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) las micas también se están entregando en domicilios particulares, lo que se asume como una uso indebido del padrón electoral. En el documento que presentaron integraron el caso de una ciudadana que no habita en el Estado de México y que dijo no estar inscrita en ningún padrón de programa social del gobierno estatal, pero que recibió una tarjeta personalizada. Es decir, que incluía su nombre, además del logotipo y el eslogán “Mover a México”, frase que el pasado 25 de enero fue retirada de las cajas de televisiones que entregaba el gobierno federal con motivo del “apagón analógico” por considerar que vulneraba el principio de equidad electoral.
Estas tarjetas, al igual que las “Tarjetas Premia” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han llegado a los domicilios de las personas lo que violaría las disposiciones legales contenidas en los artículos 25, numeral 1, incisos a), t) y u) de la Ley General de Partidos Políticos; 126 numeral 4; 133, numeral 5; 148, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
”Pues ha dejado de conducir sus actividades dentro de las cauces legales y se ha alejado de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, al no respetar los derechos de los ciudadanos”, denunció el PRD.
El PRD y Morena advierten que la dádiva está prohibida por la legislación electoral; es decir el que se entregue algún bien o servicio como indicio de presión al elector para obtener su voto, por lo que presentaron sus quejas ante el INE contra el Gobernador Eruviel y quien resulte responsable, entre ellos el gobierno federal. “Es decir, el hecho de que el Gobernador del Estado realice programas dentro del periodo electoral tanto a nivel estatal como federal afecta el principio de equidad e imparcialidad entre los partidos contendientes en el proceso electoral local y federal circunstancia que es violatoria de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dado que es el Gobernador Eruviel Ávila quien está posicionando a su partido político y coaccionando al electorado en el Estado de México para que voten a favor de ellos en la contienda electoral”, manifestó el PRD. Por su parte, Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el INE aseguró que “la entrega de la tarjeta ‘La efectiva’ constituye una clara violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica un uso parcial de los recursos públicos que están bajo la responsabilidad tanto del gobierno federal como estatal, influyendo en la competencia entre los partidos políticos. Con esta tarjeta, claramente se pretende presionar y coaccionar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Y casualmente la propaganda repartida contiene el logo Mover México, el cual el Tribunal Electoral tramposamente ha validado y permitido que se continúe usando”.
Además el artículo 209 de la Legipe expone:
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
MILLONES EN TARJETAS
El Gobernador mexiquense dio a conocer este nueva modalidad del “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016″ para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica en enero pasado. Explicó que consiste en dos etapas: en la primera, los padres de familia recibirían “La Efectiva”, con la que alumnos tendrían acceso al Seguro Escolar contra Accidentes y descuentos, en más de 9 mil comercios. En la segunda, que comienza el 8 de junio, justo un día después de la jornada electoral, serán entregados los vales que podrán ser canjeados por útiles y uniformes escolares en más de cinco mil establecimientos de la entidad que podrán ser canjeados hasta el 31 de diciembre de 2015. Entre los comercios y servicios que tienen convenio con el programa se encuentran zapaterías, restaurantes, papelerías, librerías, farmacias, laboratorios clínicos, hospitales, médicos, dentistas, ortopedistas, cines, entre otros, que tendrían vigencia hasta agosto de 2016. El pasado 12 de marzo, “la señora García” fue citada por la dirección de la escuela de educación secundaria en Tlalnepantla a la que asiste su hijo para “la entrega de la Tarjeta Efectiva”. En el aviso se específica que se debía presentar copia de la credencial de elector para “verificar que la firma sea igual”. Ella forma parte de los más de tres millones de beneficiarios para los que el gobierno estatal destinó 448.5 millones de pesos. Sin embargo, tomando en cuenta que el padrón de estudiantes a nivel básico en el Edomex es de 4.7 millones de personas, se estaría dejando a 1.4 millones de menores sin este beneficio. En la escuela del hijo de “la señora García” hay aproximadamente 450 alumnos lo que significarían 58 mil 500 pesos repartidos en el plantel educativo; considerando que a nivel primaria hay un padrón de un millón 300 mil estudiantes serían 169 millones de pesos. En este contexto, el PRD solicitó a la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE que se giren oficios al gobierno del Edomex, a Eruviel Ávila Villegas y al Sistema de Atención Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para requerir información sobre la procedencia de las tarjetas, así como la empresa encargada de distribuirla y los costos de éstas. Además se hacen cuestionamientos sobre si el programa estaba contemplado para ser implementado en los meses previos a la jornada electoral y de dónde viene el recurso que será destinado para la compra de los útiles a distribuir; también se piden datos sobre el responsable de la fabricación de las tarjetas y de dónde obtuvo los nombres que vienen impresos en ellas.
OTRO MONEXGATE
En la pasada elección presidencial, la izquierda agrupada en la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la institución financiera Monex fue utilizada para comprar votos por medio de una tarjeta llamada “SÍ vale”, parecida a las que están entregando ahora el gobierno del Edomex y el PVEM, para triangular recursos a la campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto y para favorecerlo con sufragios. A través de la mica otorgaba descuentos en tiendas departamentales como Soriana y podían utilizarse en restaurantes, hoteles, agencias de autos, entre otros. Según determinó –el pasado 12 de marzo– la Comisión que investiga el caso se habrían gastado 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos en la campaña de Peña Nieto, lo que significa 13 veces más del tope permitido por la ley electoral. Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, tras dos años de estudio, que el PRI no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con tarjetas Monex durante la campaña presidencial de hace tres años. El organismo colegiado resolvió que no hubo destino ilícito de los recursos, debido a que no se acreditó que las tarjetas hubieran sido utilizadas con ese fin. De los 66.3 millones de pesos ejercidos por el partido tricolor en el proceso electoral de 2012, 50 millones 508 mil 891 pesos fueron utilizados para la campaña federal, y 16 millones 308 mil para las campañas locales de Jalisco y Distrito Federal. Sin embargo, después del 3 de julio de 2012, la suma total gastada por el PRI en la campaña federal se elevó a 57 millones 318 mil 609 pesos. El extinto Instituto Federal Electoral (IFE) estimó que 50 millones 408 mil 891 pesos correspondieron al gasto de campañas electorales federales, pero los otros 6.8 millones de pesos fueron considerados como un gasto ordinario, por lo que el Pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial. Asimismo, confirmó que los gastos erogados por dicho partido a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña. Los procedimientos sancionadores que dieron origen a las impugnaciones, se relacionan con el origen, destino y aplicación de los recursos depositados en las tarjetas Monex, empleadas por el PRI. En el proyecto de sentencia se indicó que todas las actuaciones realizadas por la anterior autoridad administrativa electoral partieron de la base de que el partido político, a través de un intermediario, contrató el servicio de dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas, en las que depositó y distribuyó, 66 millones 326 mil 300 pesos.
“Sabemos que tanto el PRI como el Verde sólo pueden ganar elecciones mediante dádivas, comprando votos, lo hicieron en 2012 con Monex y ahora ambos partidos lo hacen con sus respectivas tarjetas en 2015. La autoridad electoral no puede ser omisa a este tipo de comportamientos, tiene que actuar, tiene que aplicar la ley y no permitir que estas tarjetas continúen distribuyéndose”, afirmó Horacio Duarte. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ARIADNA ORTEGA. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1287386.
Rafael López Catarino, padre de Julio César, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les envió tarjetas de descuento a él y a su familia.
“No estamos conformes con eso. Ahorita el del PRI [Partido Revolucionario Institucional] va a ganar las elecciones porque anda repartiendo dinero en unas tarjetas”, dijo Rafael.
En Guerrero hay una alianza electoral PRI-PVEM para llevar a la gubernatura a Héctor Astudillo Flores.
En días pasados, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió la tarjeta e incluso hizo un llamado a las tiendas participantes en la tarjeta de descuentos a que la rechacen porque ya estaba cancelada.
“Vamos hacerles responsables si queda ese, si llega haber otros muertos y desaparecidos es culpa también de esas empresas y los vamos a tomar muy en cuenta para que también se hagan responsables de lo que vaya a ocurrir, no vayan a decir que no saben porqué”, dijo Rafael.
López Catarino aseguró que los padres de los normalistas no están de acuerdo en que haya elecciones en Guerrero este año. No al menos sin tener de regreso a sus hijos.
“No queremos que haya elecciones aquí, no va haber elecciones en Guerrero”, indicó.
Rafael aseguró que no confía en ningún partido político porque: “también el asesino de Ángel Aguirre [ex Gobernador de Guerrero] repartió tarjetas y cuando mucha gente fueron por los descuentos, no se los hicieron válidos”. El padre de Julio César informó además que su hijo también fue requerido por el INE para ser funcionario de casilla en Tixtla, Guerrero, de donde es originario.
Hoy el periódico Reforma publicó la denuncia de Delfina de la Cruz Santiago, madre de Adán Abraján, quien también fue requerido como funcionario de casilla en las próximas elecciones del 7 de junio.
“Es una burla del gobierno que nos hagan eso. Saben que mi hijo está desaparecido, porqué hacen eso”, dijo Rafael López Catarino.
Horas más tarde, el consejero electoral Marco Antonio Baños ofreció una disculpa a la madre del estudiante desaparecido el pasado 26 de septiembre. En tanto, el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que son cuatro los normalistas desaparecidos que fueron elegidos para participar como funcionarios de casilla. De acuerdo con el funcionario electoral estatal, el INE eligió a los normalistas porque la Procuraduría General de la República (PGR) no los ha declarado como fallecidos. “Es una burla del gobierno que nos hagan eso. Saben que mi hijo está desaparecido, porqué hacen eso”, dijo Rafael López Catarino. El pasado 10 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde suspendiera la entrega de tarjetas de descuento, debido a que “transgrede la ley electoral”, sin embargo, ciudadanos denunciaron que seguían recibiendo los plásticos en su domicilio. Electores en todo el país confirmaron a SinEmbargo, que continúan repartiendo por correo la tarjeta. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó ordenar a los establecimientos rechazar los plásticos en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros. Lo anterior, luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó las tarjetas. El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento en mayo del 2016 y una leyenda y holograma que dice “Más Descuentos”. Una comisionada dijo que “a quienes tienen la tarjeta y acuden a alguno de los establecimientos que dan los beneficios, la orden es que esos establecimientos ya no atiendan dichas tarjetas”, pues quedaron canceladas. La Comisión de Quejas fijó un plazo de no más de 24 horas a partir de que el Verde recibió la notificación para cancelar la emisión de las tarjetas. El Partido Verde no sólo ha sido multado por el INE por enviar tarjetas de descuento, también por “difundir indebidamente promocionales en televisión”. El 13 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que 42 concesionarios de radio y televisión radiodifundida “participaron indebidamente en la difusión” de los promocionales contratados por los legisladores del Verde. Entre esas empresas están Televisa y TV Azteca, el duopolio de la televisión en México, cuyos actores participan y han participado en los comerciales del partido.
La orden del Tribunal se resolvió en razón de los recursos presentados por cinco partidos políticos contra la amonestación pública impuesta al PVEM y las televisoras por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos de diputados y senadores de ese partido político. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1290726.
MÉXICO, D.F: La Ley de Movilidad para el Distrito Federal fue declarada inconstitucional en los artículos que limitan la libre manifestación pública y la libertad de expresión. El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal declaró contrarios a la Constitución los artículos 212, 213 y 214 de dicha Ley, aprobada por la Asamblea Legislativa de la capital y la Cámara de Diputados el año pasado. De acuerdo con la resolución de dos amparos interpuestos en contra de esa ley, el Juzgado Octavo consideró que esos artículos vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, además de que impiden hacer una interpretación clara y estricta de respeto a los derechos humanos de los manifestantes. Respecto al artículo 212, declaró que los legisladores vulneraron la Constitución al establecer el aviso obligatorio de una manifestación para asegurar que su finalidad es “perfectamente lícita”. Todas las personas gozan el derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino mediante la exigencia de responsabilidades posteriores en los casos que en se afecten los derechos o reputación de terceros. Consideró que la obligación de dar aviso sólo es para el caso de grandes concentraciones, pero no para las de un número menor o cuando surja una protesta espontánea. Precisó que el aviso no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condiciones la licitud de la protesta. La falta de claridad de la ley la determinó el juzgado en el artículo 214, que faculta a la secretaría de Seguridad Pública para evitar el bloqueo de vías primarias. De acuerdo con el juez, esa disposición genera incertidumbre jurídica porque no es claro en cuanto al uso legítimo de la fuerza pública, ya que no expresa las medidas permitidas, ni los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a los que debe someterse la fuerza pública. Todavía más preciso, el juez estableció que las autoridades no deben criminalizar la protesta y acusar por delitos penales a quien se manifieste; sino al contrario, respetar la vida e integridad de los quejosos cuando se realicen las protestas o manifestaciones. Ante la reiterada ocurrencia de detenciones de manifestantes por parte de la policía, la resolución estableció que en ningún caso los manifestantes deben ser privados de su libertad por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de manifestarse. Respecto a quienes promovieron el amparo, el juzgador precisó que el fallo no les autoriza para el bloqueo deliberado de las vías de circulación, toda vez que ni la Constitución ni los tratados internacionales lo reconocen como un derecho.
Añadió que tampoco es para cometer agresiones físicas a terceros o a las fuerzas de seguridad, a causar daño deliberado a los monumentos, señales de tránsito o bienes del dominio público o de terceros, o a la portación de armas blancas o de fuego. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCA ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: “No se puede publicar nada en redes sociales ni en el portal de MVS Noticias sobre el caso de la Casa Blanca”. Esa fue la orden terminante que recibieron Adriana Buentello y Ameyalli Motta de su jefe inmediato, Héctor Gutiérrez, jefe de información para medios digitales de los noticiarios de MVS. Era el 10 de noviembre, al día siguiente de que la primicia de este escándalo fuera dada a conocer a través del portal de internet Aristegui Noticias. Buentello y Motta, responsables de redactar y subir información de las distintas emisiones informativas de MVS, también habían recibido otra orden de “bajar información” una semana antes del escándalo de la Casa Blanca. Se trató de una nota sobre la adquisición del avión de Enrique Peña Nieto. La constante en ambos casos fue la frase que Gutiérrez le transmitió al equipo redactor de redes sociales y el portal informativo en Internet: “Ya nos hablaron de Presidencia de la República. Que le bajemos”. Entrevistadas por Apro, Buentello y Motta aclaran que ni siquiera les permitieron subir a las redes sociales la foto de la residencia de Las Lomas de Chapultepec. Explican que sólo cambió la orden de ignorar esta nota cuando Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, respondió señalando que la primera dama Angélica Rivera era la propietaria de esa mansión y no Enrique Peña Nieto. “A mí me frustró mucho este episodio porque habíamos logrado posicionar a MVS Noticias en el primer lugar de engagement (índice que mide credibilidad e influencia de los portales informativos), antes de que se desatara el caso de la Casa Blanca, en octubre de 2014”, refiere Buentello. En noviembre del mismo año, como un efecto de la falta de cobertura de la nota inicial sobre la Casa Blanca y de las constantes órdenes de autocensura, el portal de MVS Noticias cayó del primero al sexto lugar en la medición del sistema Likealyzer que sirve justamente para medir estos índices. En octubre de 2014, Noticias MVS tenía 34.89% de engagement, seguida por el portal 24 Horas, La Jornada, Sin Embargo, Aristegui Noticias y El Universal. Un mes después, Noticias MVS cayó al sexto sitio con 25%. En primer lugar se ubicaron Sin Embargo (45.06%), seguido por Proceso, Aristegui Noticias, La Jornada, El Universal y Milenio. El pasado martes 17 de marzo a las 15:00 horas, Buentello y Motta fueron despedidas de MVS. Un día antes, recuerda Ameyalli Motta, el director de Noticias del grupo, Alejandro Vega, les dijo a los trabajadores de MVS Radio que nadie se preocupara porque “no iban a correr a nadie”.
Y no fue así. Desde ese día, el portal informativo de MVS y sus cuentas de Twitter entraron en una grave crisis por la pérdida de seguidores. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La salida del equipo de Carmen Aristegui de MVS no es un conflicto entre particulares sino “un tema de alto interés público”, podría constituir “un acto de censura indirecta” y es el ejemplo de un “manejo desproporcionado de una falta menor” para justificar el cierre de ese espacio informativo, afirmó Edison Lanza, relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entrevistado por Apro en el marco del foro organizado por la organización Artículo 19, Lanza afirmó que “llama la atención que un programa de alto rating, que ha aportado pluralismo para el sistema de medios en México, sea borrado de un plumazo por una cuestión desproporcionada”. Cuando se le pregunta la posible relación de la salida con la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, el relator respondió con una pregunta: “¿Cómo se explica que la empresa no haya levantado una queja cuando la primicia de la nota de la Casa Blanca no salió en su propio espacio y haya hecho un escándalo tan grande porque el equipo de Aristegui se haya adherido a una plataforma como Méxicoleaks que, por lo que tengo entendido, no le cuesta nada a la empresa y sin fines de lucro?”. El relator consideró que si el caso no es un expediente de censura indirecta, “al gobierno mexicano le corresponde dar una señal clara, contundente, de que sería bueno que se mediara en el conflicto”. –¿Qué señal sería clara y contundente? –se le cuestionó. –La reinstalación en el mundo del trabajo no es un instrumento extraño, existe en las democracias maduras. Por lo tanto, promover una reinstalación a través de la defensoría de las audiencias o del Instituto Federal de Telecomunicaciones sería algo bueno. –La empresa ha argumentado que hubo una violación de la marca… -se le hace notar. –Tal vez haya un uso de la marca indebido –algo que no me corresponde a mí investigar–, pero basta con una aclaración o con una disculpa para arreglar este asunto. Además, los periodistas tienen derecho de buscar información en distintas fuentes y ni siquiera tienen la obligación de decirle al dueño de la empresa cuál es su fuente de información. Méxicoleaks, en este caso, es una fuente de información más como puede ser un sobre por debajo de la puerta o un informante anónimo. “Realmente, visto desde los organismos de derechos humanos esto presenta muchísimas dudas y hay que recordar que los mecanismos de censura indirecta también están prohibidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció. –¿Este es un caso de censura indirecta? –Bueno, ojalá yo tuviera todos los elementos para decirlo, pero hay dudas de la relatoría para decir que esto pueda ser un mecanismo de censura indirecta. Por una divergencia menor a la luz de lo que se conoce se saque del aire a un programa y a una periodista que eran de primer orden en función del interés público. –¿Cómo definimos la censura indirecta? –La censura indirecta es cuando el Estado hace uso de mecanismos legítimos o de mecanismos sutiles, en forma oculta, para interferir y obstaculizar el flujo informativo e interferir en la labor de los periodistas. –¿Un conflicto contractual puede volverse un mecanismo de censura indirecta? –Sí, sobre todo, si este mecanismo es utilizado en forma desproporcionada y sin una razón válida aparente para dejar fuera o impedirle el trabajo a un periodista o silenciar a un grupo de periodistas por el hecho de que han publicado información que a algunos funcionarios no les gusta. Esta es la duda principal que queda en este caso. –¿Tuvo usted conocimiento de los “lineamientos editoriales” de MVS el 13 de febrero? ¿Es práctica común emitir estos lineamientos? –En general, en América Latina hay muy poca práctica y experiencia de publicar previamente los lineamientos de trabajo y los códigos de ética de los medios. Muy pocos los tienen publicados, por lo tanto, hay mucha opacidad en la región. “En este sentido, esta empresa se había movido en una buena práctica cuando el contrato con Aristegui incluía un código de ética y autonomía. En segundo lugar, porque nombró a un ombudsman de las audiencias. “La autorregulación explícita y transparente es una obligación de los medios. De lo contrario, están haciendo un daño al desarrollo democrático que es que los gobiernos les impongan códigos a los medios. “La relatoría se ha pronunciado en contra de la imposición de los códigos de ética desde la parte gubernamental. Ahora, tanto la relatoría como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que deben ser mecanismos explícitos, transparentes y respetuosos de la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión”. –¿En el contexto de México y de América Latina cómo ubicaría este caso de la salida de Aristegui de MVS? –Es preocupante en el sentido de que México trabajosamente, viene construyendo instituciones para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. La relatoría también ha señalado como avances de México darle autonomía constitucional al IFAI y al IFT. “La finalidad de cualquier regulación tiene que ser garantizar la libertad de expresión. En ese contexto donde ha habido avances, donde ingresan dos nuevas cadenas nacionales de televisión, esto es un punto de preocupación que podía ser un punto de retroceso porque ¿cuál es el mensaje que se le está dando a los periodistas en los medios? La libertad de expresión es meramente una libertad del dueño de medio y no hay un espacio de autonomía para los periodistas. Es un mensaje realmente regresivo. –¿Qué papel debe tener la autoridad mexicana en este caso? –Al gobierno le correspondería dar una señal clara, contundente de que sería bueno que se mediara en un conflicto. La reinstalación en el mundo del trabajo no es un instrumento extraño, existe en las democracias. Por lo tanto, promover una reinstalación a través de la defensoría de las audiencias, el IFT sería algo bueno. “En segundo lugar, la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto, en la medida que Aristegui ha anunciado que buscará el amparo de la justicia. Ahí lo importante es que garantice los estándares de respeto a los derechos humanos”. –Lo más probable es que nos veamos en un proceso de judicialización. Es una manera también de dejar fuera del aire a Aristegui y su equipo por un buen tiempo. ¿Podría ayudar la mediación del gobierno? –En todos los conflictos sociales que involucren derechos, el gobierno puede ser amigo de la libertad de expresión, dado que si uno lee el historial de este caso encuentra, en apariencia, más malos entendidos que problemas graves. Un programa con mayor rating, con éxitos periodísticos y con información realmente relevante, debe estar en el aire. “Sin medios autónomos, independientes del gobierno, es muy difícil consolidar la democracia. No sería una injerencia arbitraria si el gobierno estuviera interesado en mediar. –¿Ha tenido usted algún contacto o interlocución con la empresa? –Llegué apenas ayer y no he tenido ningún interés de la empresa, hasta ahora. Sí del equipo de Aristegui que me puso en información sobre el caso. –¿Cuál sería el siguiente paso que debe hacer el relator? ¿Emitir alguna recomendación?
–El hecho de que esté haciendo declaraciones públicas demuestra el interés de la relatoría en este tema. El sistema tiene instrumentos que dependerán de la presunta víctima movilizarlos. En este caso, Aristegui y su equipo, al agotar los recursos internos y las vías judiciales, deciden acudir a la relatoría ahí actuaremos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Unos 35 integrantes del Comité de familiares de las otras víctimas de desaparición, acompañados por dos grupos de gendarmes, localizaron en el transcurso de la mañana de ayer domingo 20 probables fosas clandestinas entre los parajes La Joya y La Laguna, en las faldas del Cerro Gordo, de las cuales diez consideran que tienen “indicios positivos” de restos humanos. Como cada domingo desde noviembre, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de otros desaparecidos en Guerrero se trasladaron a buscar fosas clandestinas en las cercanías de Iguala y entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde hallaron las 20 fosas, en la zona donde se han encontrado casi 60 cuerpos en fosas al poniente de Iguala. Al lugar de la búsqueda llegaron diferentes grupos para la ubicación de probables fosas, y otra comisión de los familiares se encargaba de enterrar la varilla con el apoyo de un marro para luego oler su punta para confirmar o descartar la probabilidad de cuerpos inhumados. En tres horas de trabajo y bajo un intenso sol, con una temperatura de 36 grados centígrados, el comité de desaparecidos logró marcar 20 probables fosas, 10 de ellas con indicios positivos de restos humanos enterrados, según el olor que se percibió de las varillas. En esta zona, también fueron hallados los indicios de la presencia de campamentos del crimen organizado donde se cree que hubo gente secuestrada, había una lona, restos de basura de comida y bebidas, así como prendas de vestir y calzado. En esta zona, se prevé que la PGR inicie los trabajos de excavación y posible exhumación de restos humanos al término de la exploración de las fosas que también ya fueron marcadas con anterioridad en inmediaciones del paraje La Joya. Hasta el pasado 19 de marzo la PRG exhumó 67 cuerpos humanos de más de 30 fosas clandestinas en casi cuatro meses de trabajos. En declaraciones hechas ayer en la zona de búsqueda, el comité de Los Otros Desaparecidos reclamó la lentitud de peritos y antropólogos de la PGR para hacer las excavaciones y exhumaciones de restos humanos. Mario Vergara, uno de los integrantes del comité de búsqueda, consideró que “el gobierno le apuesta a la desesperación del grupo” y advirtió, “no lo van a lograr porque eso nos está uniendo más, ellos sacan sus protocolos sólo para defenderse ellos, no a las víctimas”. Al preguntarle el porqué siguen su búsqueda a pesar del hallazgo ya de 67 cuerpos, y la falta de apoyos económicos del gobierno estatal y federal para viáticos y alimentación dijo: “a nosotros nos rompieron el corazón, y cada vez buscamos por encontrar la otra parte del corazón, no nos importa el sol que nos ha fregado muchísimo, ha habido desmayos pero nos hace falta una parte de nuestro corazón, salimos todos los días con la esperanza de encontrar ese corazón perdido y así lo haremos hasta encontrarlos”. Al preguntarle si la PGR les ha notificado de la identificación de más cuerpos exhumados, la coordinadora del grupo Xitlaly Miranda dijo que en estos casi cuatro meses sólo les ha notificado de tres identificaciones.
Informó que la subprocuradora de derechos humanos de la PGR, Eliana García les dijo que ya no les va a notificar a ellos, sino única y exclusivamente a los familiares, y ya será determinación de ellos dar a conocer su testimonio ante el grupo o la prensa, esto según los protocolos de seguridad, “no sabemos si en realidad ya se hayan identificado más”. FUENTE: SIN EMBARGO/ EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN/ALEJANDRO GUERRERO. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1289694.
El consejero electoral Ciro Murayama dijo que las protestas de las organizaciones "son compatibles con las elecciones".
Ayer domingo 22 de marzo, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron boicotear las próximas eleciones y realizar un plantón en la sede del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el consejero electoral Ciro Murayama dijo este lunes que ello no pone en riesgo los comicios de junio. En entrevista con Adela Micha, de Grupo Imagen, Murayama indicó que “las expresiones de distintas organizaciones sociales de protestas, de indignación, son compatibles con las elecciones (…) No está en riesgo de ninguna manera la elección“. “Afortunadamente el trabajo de campo se realiza precisamente en el campo, casa por casas, no en un edificio, y el día de la elección se instalan miles de casillas”, agregó. Estas declaraciones ocurren un día después de la la asamblea plenaria de la Sección 22 de la CNTE acordara boicotear las elecciones en Oaxaca. El 14 de marzo pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que de querer impedir la instalación de casillas en el estado de Guerrero durante las próximas elecciones, solicitarán apoyo de fuerzas de seguridad.
“Nuestra misión es instalar las casillas, en la medida en que no recurramos a instancias de seguridad es mejor para todos, pero, si es necesario, en algún momento lo haremos”, dijo en entrevista con el diario Milenio. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
OAXACA, Oax: La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) acordó boicotear las elecciones a diputados federales del próximo 7 de junio en repudio a las políticas “fascistas y neoliberales” del gobierno de Enrique Peña Nieto y el entreguismo de los partidos políticos. De entrada, la asamblea estatal del magisterio determinó la toma indefinida de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y la sede de los 11 distritos electorales, así como impedir la instalación de casillas en las escuelas de la entidad hasta lograr la solución a todas las demandas magisteriales. En el punto número 29 del acta de acuerdos de su asamblea estatal, anuncian esa determinación que incluye no permitir la instalación de casillas en las escuelas de la entidad. Por lo pronto anunciaron que el plantón que mantienen desde hace ocho meses en el zócalo de esta ciudad será trasladado a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque falta por definir la fecha. En respuesta, el consejero presidente del INE, Roberto Cardiel Soto, a anunció que por acuerdo de los y las consejeras distritales, se han avalado hasta tres sedes alternas de ubicación de casillas y el órgano electoral tiene mecanismos para atender las contingencias que se lleguen a presentar como un “plan b”. Cardiel Soto refirió que el objetivo de esos mecanismos para ubicar sedes alternas, es para garantizar a las y los ciudadanos su derecho a votar y a elegir libremente a quienes los representen. Detalló que de las cinco mil 228 casillas a instalarse el próximo 7 de junio, mil 183 casillas se pondrán en escuelas públicas y privadas, 436 en domicilios particulares y 164 en oficinas públicas. El funcionario advirtió que en cualquier momento es posible la reubicación de casillas por desastres naturales; por no cumplir con la garantía de libre acceso de la ciudadanía, faltar a la secrecía del voto o la negativa de algún propietario, en este caso del magisterio. Maestros queman piñata de Chuayffet En las acciones del día, los maestros de las regiones de la mixteca y la Sierra incineraron un monigote que representa al secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, por “asesino de Acteal y represor de la educación”. La quema de Chuayffet se realizó frente a las oficinas de la SEP en Oaxaca, para “fijar el posicionamiento del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación (MDTEO) al señalar de manera categórica que la Reforma Educativa no pasará en Oaxaca”. El representante regional de la Mixteca, Víctor Manuel Agustín Reyes, reafirmó que la combatividad de este magisterio oaxaqueño se hará presente en las siete regiones del estado para echar abajo las “espurias” reformas. Mientras que el integrante de la Comisión Política, Rubén Juárez Osorio, exigió la aprobación de la Ley Estatal de Educación, fruto de la construcción participativa de la sociedad en general. En el acto realizado en el norte de esta ciudad, exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
También adelantaron que para el próximo 26 de marzo participaron en la Décima Acción Global por Ayotzinapa y por México con mítines y tomas del Instituto Nacional Electoral. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
