Tras largas horas de discusión en el pleno del Senado de la República, el pasado 10 de marzo, Eduardo Medina Mora tomó protesta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y posteriormente Embajador de México en Estados Unidos en la de Enrique Peña Nieto, ocupará el cargo por 15 años y tendrá ingresos anuales por 1 millón 536 mil pesos; sin embargo, por prestaciones, seguros y bonos, el monto podría llegar a los 4 millones de pesos. De acuerdo con el “Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial”, Medina Mora tendrá un sueldo mensual de 184 mil 67 pesos que, con agregados como “compensaciones garantizadas” y “compensaciones nominales”, asciende a 400 mil pesos mensuales. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el aumento al salario mínimo en 2015 de 4.2 por ciento –que se traduce en 2.81 pesos–, los 6.7 millones de mexicanos que perciben esa cantidad de salario no pueden completar los productos de la canasta básica, que a noviembre de 2014 tenía un costo de mil 743 pesos con 91 centavos. Sin embargo, los magistrados también gozan de otras protecciones. Información publicada en el Diario Oficial de la Federación plantea que los representantes del Poder Judicial gozan de percepciones extraordinarias, seguros institucionales, de retiro, de gastos médicos mayores, aguinaldo, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, por jubilación y licencia pre jubilatoria. La lista sigue: pago de defunción, prima vacacional, prima quinquenal, pago por riesgo –debido a “la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”–, ayuda por jornadas electorales, por reconocimiento, ayuda de despensa, estímulo del Día de la Madre y seguridad social por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otra acotación importante es que la ley prohíbe que los ingresos disminuyan durante el periodo en el que un Ministro desempeñe su cargo.
SUELDO DE POR VIDA
De acuerdo con datos de solicitudes de información ubicados en el portal de Infomex, los Ministros en retiro tienen una pensión mensual de hasta 261 mil 908 pesos. Aunado a ese pago, tienen a su disposición cinco trabajadores, que cobran sus salarios a la SCJN, así como otros bonos, entre los que sobresale el gasto de alimentación por 134 mil pesos al año. En contraste, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demostró que 65 por ciento de los trabajadores mexicanos no podrán acceder a una pensión. No sólo los ministros gozan de salarios altos y prestaciones generosas. En México, los Senadores y Diputados tienen ingresos anuales por un millón 930 mil 516 pesos y un millón 929 mil 999 pesos, respectivamente. A ambas figuras también se les contemplan prestaciones por un total de 665 mil 463 pesos, cifra en la que están incluidos sus aportaciones a seguridad social 48 mil 800 pesos, el ahorro solidario de 15 mil 746 pesos, aguinaldo de 140 mil 504 pesos, ayuda para despensa de 33 mil 360 pesos, seguro de vida institucional por la cantidad de 48 mil 674 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 93 mil 577 pesos, seguro de separación individualizado de 151 mil 740 pesos y “otras prestaciones” que son una prestación del aguinaldo y fondo de ahorro que equivale a 133 mil 062 pesos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifica que la remuneración anual del Magistrado presidente es de más de 6 millones de pesos, integrada por sueldos y salarios, prestaciones y el pago por riesgo, que se fija en función del tipo de actividad que desempeñe el funcionario, la información que maneja y los factores personales.
En el mismo presupuesto se indica que Enrique Peña Nieto percibe un sueldo base mensual de 489 mil 192 pesos, al que se suman prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, ayuda para despensa, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1288392.
El Delegado con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, es señalado por un ex colaborador cercano suyo de encabezar una red de extorsión y acoso político, así como de mantener vínculos “cercanos” con la banda de secuestradores recién detenida conocida como “Los Claudios”. La acusación ha sido presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pide investigar al ahora candidato del PRI a Diputado por el Distrito Federal. En entrevista con SinEmbargo, el ex director de Desarrollo Social de Cuajimalpa, Carlos del Valle, recuerda que el año pasado Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas Bares y Centros de Espectáculos, acusó a Rubalcava de exigirle 1.8 millones de pesos a cambio de permitir el funcionamiento de la discoteca One to One, en Bosque de las Lomas. El empresario aseguró que se negó a aceptar la extorsión, tras lo cual, habría sido amenazado por el político. —¿Es Rubalcava un hombre rico? —se le pregunta Del Valle. —Ahora lo es por el asunto de la corrupción dentro de la delegación. Hay desvíos de recursos en albercas, en los Centros de Desarrollo Infantil y en el surtimiento de gas en los deportivos. Quien me sustituyó es una persona que se le exigió una cuota de 30 mil pesos y por eso se fue. Hay temas de exigencia de dinero, como el millón 800 mil pesos. Hay varios restauranteros bajo extorsión en Cuajimalpa. No denuncian por el miedo a los secuestradores. —¿Cómo funciona la extorsión? —Se enviaba a una persona de nombre Iván Ramírez a pedir la cuota. El director Jurídico y de Gobierno, Miguel Ángel Salazar, recogía el dinero. Escuché de pagos obligados de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos y hasta millones para los permisos [de funcionamiento]. Tenían una brigada diaria ocupada de esto para recolectar dinero hasta de los viene viene [cuidadores de autos] de Santa Fe. Lo mismo con las grúas y los empresarios de los espectaculares. Todas las estructuras reportaban dinero. En Cuajimalpa, todo es extorsión Del Valle acusa que “no hay una sola persona entre sus colaboradores cercanos” que no haya sufrido insultos por parte de Rubalcava. “Referirse a los demás como pendejos y huevones es lo menos. Todo el tiempo está enojado e invariablemente presume su disposición a la violencia. Todos sabemos que es un tipo enfermo de narcisismo”. —¿Lo amenazó a usted? —Sí. Luego de que manifesté mi intención de contender por la candidatura de mi partido me exigió que me bajara. En la última cita que tuvimos, en el restaurante Guadiana hace seis meses, me llevó a un grupo de perredistas, incluido el director Jurídico y de Gobierno y me gritó que no me dejaría pasar y armó un zafarrancho. Muchos insultos. Pedí el video al restaurante, pero el negocio se deslindó para no tener problemas. LA VÍCTIMA SOY YO: RUBALCAVA El Jefe Delegacional con licencia de Cuajimalpa se desmarca del ex colaborador que lo señala como responsable de planear campañas de acoso y desacreditación emprendidas contra sus enemigos políticos. En entrevista telefónica y claramente molesto, Rubalcava, aspirante a una diputación local por el PRI-PVEM, dijo que su ex director de Desarrollo Social, Carlos del Valle, es quien deberá enfrentar cargos penales por “desvíos de recursos por más de 3 millones de pesos” y por daños cometidos durante una protesta en la sede capitalina del PRI, así como un juicio civil emprendido en su contra por supuestos daños morales. “No existe ningún abierto procedimiento en mi contra y en la PGR ya me dijeron que no tienen ninguna investigación hacia mi persona”, enfatizó. Semanas atrás, Del Valle denunció penalmente a Rubalcava por estar, según él, relacionado con una banda de secuestradores conocidos como “Los Claudios”. También en los últimos días ha circulado una fotografía en que aparecen el Delegado con licencia y uno de los secuestradores detenidos. El funcionario ha exhibido una imagen que lo muestra con una persona diferente y ha difundido un peritaje pagado a un especialista acreditado ante el Tribunal Superior de Justicia del DF que avala la autenticidad de esta fotografía. En contraparte, el diario Reforma ha publicado los elementos por los que presume como fabricación la fotografía con que se deslinda Rubalcava. El Delegado con licencia reveló que en días pasados el Procurador del DF, Rodolfo Ríos Garza, se comunicó con él para informarle que también es sujeto de acoso y difamación en las redes sociales. “La campaña de difamación que existe es en mi contra. No sé por qué sacan ahora este tema con el que pretenden crucificarme”, se lamentó Rubalcava. “La víctima soy yo”. *** Adrián Rubalcava militó en el PRD, específicamente en la corriente interna de René Bejarano hasta 2012, cuando su partido optó por otro candidato a Cuajimalpa, demarcación de relevancia económica por ser sede de los grandes corporativos de Santa Fe. Rubalcava renunció al Sol Azteca y obtuvo la postulación por la coalición PRI-Partido Verde, del que ahora se dice militante. La misma madrugada de la elección mostró el estilo Rubalcava. Un centro de llamadas telefónicas realizó telefonemas masivos en la demarcación exigiendo el voto a favor de Rosendo Gutiérrez. Los electores odiaron al perredista, que perdió por diferencia mínima a pesar de que parte de la estructura de Bejarano votó contra el PRD y a favor de Adrián. Carlos del Valle se sumó a la campaña como patrocinador económico y facilitador de recursos. Ganada la contienda y, de acuerdo con las mismas palabras de Del Valle, ocupó, “por acuerdo”, la dirección de Desarrollo Social. Durante el curso de su gobierno, Rubalcava ha protagonizado una intensa campaña en redes sociales en promoción de sí mismo y de denostación a sus rivales que sería responsabilidad de Alejandro Zapata, antes director de Comunicación y ahora coordinador de asesores de Rubalcava. “Alejandro Zapata es quien maneja las redes sociales y la comunicación social. Es una persona que está día y noche con el Delegado. No se baja de su camioneta (…) Todo lo que hace es instrucción directa de Rubalcava: toda la difamación o todas las campañas negras que él hace, todas son por instrucción de Rubalcava. Si Rubalcava tiene el zapato sucio y le pide a Alejandro Zapata que se lo limpie, éste se lo limpia”, sostiene Del Valle. “Difamación, claro que también hay difamación. Vimos que lo hizo contra mi persona diciendo que yo le falsifiqué una fotografía [de Rubalcava con Claudio Germán González González, jefe de una presunta banda de secuestradores recién detenida] cuando se supo que quienes falsificaron esa fotografía fueron ellos. Contra medios de comunicación, sabemos que ha habido una campaña contra SinEmbargo (…) que ha subido nota sobre la realidad de lo que está ocurriendo en Cuajimalpa”. —¿Es [Zapata] uno de los operadores de las redes sociales de Ruvalcava? —se le pregunta.
—Es uno de los operadores y contratan externos para que hagan campañas negras. Todos que Rubalcava contrata empresas que manejan cuentas falsas, que utilizan bots [programa informático que imita el comportamiento de un humano con fines de repetición de una idea] que tienen gente dedicada a crear cuentas falsas para denunciar y desprestigiar a otras personas que están tratando de decir la verdad. Y, claro, también secuestran cuentas.
SECUESTROS
Carlos del Valle recuerda que la relación con Rubalcava inició en 2012 con el diseño de campaña política que hizo su empresa, Grupo Telmark, para el entonces candidato. El trabajo incluyó el “fotomontaje” de sus imágenes utilizadas en mantas, pendones y la ejecución de ideas para el reconocimiento de su nombre como si fuera una marca. El rompimiento devino por el interés de Del Valle de competir por la candidatura del PRI a la jefatura delegacional y el interés de Rubalcava por allanar el camino como su sucesor a Miguel Ángel Salazar, su director Jurídico y de Gobierno. — ¿En qué momento aparecieron “Los Claudios”? —se pregunta a Del Valle respecto del grupo de plagiarios recientemente detenido por la Procuraduría General de la República y que podría estar relacionada con los asaltos a las joyerías del Centro Santa Fe, atracos sin precedentes y que, durante la administración de Rubalcava, ocurrieron en tres ocasiones. —“Los Claudios” —responde Del Valle— están presentes desde que Adrián llegó a la delegación. Es gente que también viene de la delegación Álvaro Obregón desde que él [Rubalcava] trabajaba en esa delegación [fue director de Gobierno y antes responsable de licencias de funcionamiento]. Como cualquier político de ese nivel necesita vinculación con grupos de choque para que le ayuden a amedrentar a la gente que no está de acuerdo con sus ideales. Sabíamos que era un grupo de golpeadores en Áreas Protegidas, pero no de secuestradores (sic). Nos veíamos y nos saludábamos con gusto, porque éramos compañeros de equipo. —¿Quiénes son? —Claudio González, que está ahora detenido. Están su hermano Héctor [González, ex jefe de la Unidad Departamental de Preservación de Áreas Naturales Protegidas]; Emmanuel Gómez [subdirector de Protección Civil], y el señor [José Luis] Pandal [subdirector de Residuos Sólidos, José Luis Pandal]. —¿Vio usted a las personas que ahora están imputadas por secuestro? —Yo los vi, obviamente, en la delegación, trabajando ahí. Yo no los vi cuando estaban como golpeadores o hubiera presentado mi denuncia. —¿Usted los vio al lado de Adrián Rubalcava? —Claro, todos los veíamos cuando íbamos al Desierto de los Leones, cuando íbamos a las giras de trabajo por las colonias. Era una relación buena, una relación de amistad [entre ellos], cordial. Claro que se conocían perfectamente, se trataban con familiaridad. —¿Incluido el hombre de la fotografía que aparece junto a Ruvalcaba y que ahora está imputado como secuestrador? —se le pregunta con respecto a Claudio González a quien el Delegado niega conocer. —¿Usted los vio juntos más de dos veces?
—Claro, se les veía seguido. Obviamente veíamos más a su hermano Héctor González, porque él trabajaba en la delegación. Claro que los veíamos, eso es innegable. Ahora Rubalcava me acusa de que yo hice el fotomontaje para simular que la persona con la que está fotografiada no es Claudio González. Ni modo que yo hubiera hecho algo para protegerlo —dice del Valle con un dejo de sorna. —Nuevamente me difama a través de las redes sociales como ya lo hizo en contra mía con la campaña del puerco, en que se impostó a mi rostro la nariz de un cerdo —explica sobre las imágenes en que, además, se hacen montajes con alusiones sexuales despectivas de su persona. —Subieron más de 145 imágenes de este tipo y se apoyaron en una empresa externa contratada para difamarme. La campaña es idéntica que la hecha contra Luis [Espinosa] Cházaro ahora que pretende la jefatura delegacional. Fueron difamados Rosendo Gutiérrez y Camilo Campos [candidato panista por Cuajimalpa en 2012]… Resulta evidente que son campañas pagadas por el señor Rubalcava.* FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: HUMBERTO PADGETT. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1290770.
Los dos lo reconocen como un hombre bueno, de respeto y hasta cariñoso, pero ninguno ve al cardenal Alberto Suárez Inda como santo de su devoción. El ‘Padre Pistolas’ y el ‘Padre Goyo’, cada uno con su rebeldía, son los dos sacerdotes que se han convertido en los clavos de la cruz del Cardenal michoacano.
De los 418 sacerdotes que sirven en las cuatro diócesis integradas en el arzobispado de Morelia, Michoacán, son los padres Alfredo Gallegos Lara y Gregorio López Jerónimo quienes han monopolizado las regañinas del Cardenal Alberto Suarez Inda. Al “Padre Pistolas” lo ha suspendido en dos ocasiones y el “Padre Goyo” recién acaba de concluir un año de sanción. A pesar de ello, no tienen empacho en cuestionar públicamente a su superior. No por nada se han ganado el mote de ser “Los hijos desobedientes de don Alberto”. El “Padre Pistolas”, quien ha confrontado abierta y directamente al Cardenal, recibió la sanción a causa de una presentación musical que hizo en público, en donde salió al escenario vestido de charro, con pistola fajada al cinto y cantando para enamorar. No sabe si fueron los chistes colorados o los piropos amorosos que lanzó al aire lo que despertó el coraje del prelado. Gallegos Lara cuenta que el Cardenal Suárez Inda lo reprimió en privado, pero ante la reincidencia de sus presentaciones artísticas, tuvo que sancionarlo en dos ocasiones. El “Padre Pistolas” reconoce que hay una tirante relación con el Cardenal, la que ni siquiera es de fondo, sino de formas. Por su parte, el “Padre Goyo” fue reconvenido por intervenir directamente en la organización de la sociedad civil en la zona de Tierra Caliente. Al Cardenal michoacano no le gustó la acción decidida de López Jerónimo, quien creó una organización civil denominada Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar el Sano Tejido del Orden Social (CCRISTOS), considerado el brazo rebelde de la Iglesia Católica. Ellos están en franco apoyo de los grupos de autodefensa que se alzaron contra el cártel de Los Caballeros Templarios. El Cardenal le gestionó un año de sanción. “Los dos somos muy hocicones”, dice el padre Alfredo Gallegos, refiriéndose a él y al “Padre Goyo”, “yo creo por eso no nos quiere el señor Alberto Suárez”. Pero parece que poco le importa la percepción que de él tenga el Cardenal. Pues pese a que fue sancionado por cantar en público, no deja su gusto por la cantada. “Ya voy a sacar mi noveno disco”, anuncia contento. “Tengo cuatro años que estoy de perro, pero ya voy a grabar el noveno y a sacarlo antes de que me haga viejo”. No le importa si lo sancionan otra vez. El “Padre Goyo” reconoce diferencias con el Cardenal.
“Pero son naturales”, dice. “Somos de las mismas ideas, pero en el modo de agarrar la cuchara diverge; él es zurdo, yo soy derecho, pero al final del día queremos lo mismo: una iglesia que trabaje más al lado de los pobres, de las viudas, de los presos, de los huérfanos, en donde sabemos que está Cristo”. FUENTE: REPROTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Amenazas, protestas en el Tianguis Turístico, plantones frente al INE… A tan solo tres semanas del arranque del proceso electoral en Guerrero la entidad es una maraña de conflictos que empañan, desde temprano, los próximos comicios.
Faltan 75 días para que Guerrero, uno de los estados con los más altos niveles de pobreza en el país, tenga elecciones. Y todo parece indicar que serán días muy largos. En los comicios del 7 de junio, los guerrerenses elegirán nuevo gobernador, 46 diputados locales, nueve federales y 81 presidentes municipales… eso, si los grupos sociales inconformes lo permiten. Desde el pasado 26 de febrero, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, convocó a boicotear las elecciones en los municipios no solo de Guerrero, si no de todo el país. “Ningún municipio va a ser gobernado por ningún político de ningún partido. Dicen que votar es nuestro derecho, pero ¿qué derecho podemos defender si ya se llevaron todos nuestros derechos? Solo nos queda defender el artículo 39 que dice que el poder emana del pueblo y el pueblo decide quien lo gobierna”, aseguró el vocero durante un mitin realizado en la Ciudad de México. Esas declaraciones encontraron eco en el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien en una entrevista para El Mundo de España aseguró que el movimiento de los padres de los normalistas tiene un interés político. “Ahora dicen que no van a permitir que haya elecciones en Guerrero. ¿Cuál es la lógica de un suceso infausto como el de Iguala con la realización de unos comicios?”, cuestionó el encargado de la seguridad en el país. Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la lógica de impedir las elecciones tiene que ver con evitar que políticos coludidos con el crimen organizado lleguen al poder y se registren otros incidentes como el de Iguala. Y es que tras la desaparición de los estudiantes, hace casi 7 meses, fueron detenidos el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda y cerca de 80 policías municipales. Todos acusados de complicidad y nexos con el narcotráfico. No hay riesgo El consejero electoral Ciro Murayama dijo las amenazas de boicot no ponen en riesgo los comicios de junio. “Las expresiones de distintas organizaciones sociales de protestas, de indignación, son compatibles con las elecciones (…) No está en riesgo de ninguna manera la elección”, aseguró en entrevista para Grupo Imagen. Por su parte, presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que de querer impedir la instalación de casillas en el estado de Guerrero durante las próximas elecciones, solicitarán apoyo de las Fuerzas Federales. “Nuestra misión es instalar las casillas, en la medida en que no recurramos a instancias de seguridad es mejor para todos, pero, si es necesario, en algún momento lo haremos”, destacó. Piden más dinero Aunque el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, asegura que las elecciones en su estado se podrán celebrar con normalidad, en calidad de “por si acaso” el mandatario espera conseguir 145 millones de pesos -adicionales a los 216 millones que ya tiene- para garantizar los comicios. Ortega detalló que en caso de que los recursos sean autorizados, el dinero será distribuido en los 28 consejos distritales, lo que ayudará a generar las condiciones necesarias para que los guerrerenses acudan a emitir su sufragio. Tianguis Turístico en el ojo del huracán La indignación de los padres de los normalistas no es a lo único que se tendrán que enfrentar las autoridades para llevar a buen puerto los comicios en Guerrero. En el clima social previo a las elecciones en el estado también presagia mal tiempo. En el ojo del huracán está el Tianguis Turístico Acapulco 2015 inaugurado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de tres años de ser itinerante, la 40 edición de este evento no solo recibirá a representantes de 65 países con 618 empresas compradoras, también tendrá a los disgustados miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los maestros disidentes ya amenazaron con protestar contra el desalojo violento que sufrieron por parte de elementos antimotines de la Policía Federal el pasado 24 de febrero, cuando pretendían tomar las instalaciones del aeropuerto internacional. Hoy, a un mes de ese desalojo donde murió el maestro Claudio Castillo, los cetegistas llevarán a cabo una marcha en el mismo lugar donde se celebra el Tianguis Turístico de Acapulco. Se estima que durante esta marcha se darán cita al menos 15 mil maestros de las 8 regiones del estado, así como padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones sociales y diversas representaciones sindicales. Aunque han asegurado que la marcha será pacífica, los inconformes se toparán con cientos de efectivos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes aplicarán un blindaje antiprotestas. A través de un comunicado, la Policía Federal informó el reforzamiento de su presencia en labores de patrullaje y apoyo al turismo en el puerto de Acapulco. Al puerto llegó un convoy de la División de Gendarmería con más de 200 elementos y 90 patrullas, camionetas pick up, autobuses, un camión centro de mando y hasta un remolque con una lancha rápida para efectuar recorridos de vigilancia por la zona marítima.
Ese personal se suma al contingente de mil 200 elementos de las Divisiones de Fuerzas Federales, Seguridad Regional, Científica e Inteligencia, que ya se encontraban desplegados en Acapulco para resguardar a los visitantes en las vacaciones de Semana Santa. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
La entrega de las tarjetas “La Efectiva” que el gobierno del Estado de México da como cumplimiento del programa para útiles escolares durante el ciclo 2015-2016 se apresura en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria mexiquenses ante la llegada del periodo vacacional. Faltan cuatro días para que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas cumpla a cabalidad su promesa y los más de tres millones de estudiantes, y sus padres, puedan ser beneficiados con 130 pesos para útiles, un seguro escolar contra accidentes y miles de descuentos en tiendas de autoservicios como supermercados, agencias de viajes y hoteles, entre otras. El mecanismo de entrega presenta como fecha límite para la recepción de las micas hasta marzo. Este viernes 27, millones de estudiantes ya estarán fuera de las escuelas, según lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que cientos de padres han sido llamados de los centros educativos para recibir las tarjetas membretadas con su nombre y el de sus hijos.
Es el último lunes antes de salir de vacaciones y los padres o tutores de alumnos salen y entran de una escuela secundaria técnica en Tlalnepantla. La cita fue a las 8 de la mañana, pero pasadas las 11 horas continúa el ir y venir.
“A mí me dijo mi hijo que tenía que venir hoy a recoger la tarjeta”, dice una de las madres con “La Efectiva” en la mano.
–¿Sabía usted de este programa?-se le pregunta a la dueña del plástico. –Sí. Ya nos habían dicho y además había visto que lo anunciaban en la televisión. En los spots que les llaman. La mujer de 40 años explica que ella no pudo llegar a la plática sobre el funcionamiento de la tarjeta, pero que sí sabe que es hasta el 8 de junio que podrá hacer válidos los 130 pesos para la compra de útiles escolares. “La Efectiva” que acaba de recibir también incluye un seguro escolar contra accidentes para que los alumnos estén protegidos en el traslado de su casa a la escuela y viceversa y descuentos en el cine, farmacias, papelerías, librerías. Hay más de cuatro mil establecimientos afiliados a este programa. Así lo explicó el Secretario del Trabajo mexiquense Javier García al entregar los plásticos en Capulhuac el pasado 18 de marzo. Aeroméxico, Spoleto, Bioparque Estrella, el circo y la mueblería llamados Hermanos Vázquez, Astrollantas, colchones Atlas, el hotel NH, Freedom, la cantina & bar de Los Remedios, el centro de depilación Novalaser, Hertz y decenas de más empresas ofrecen descuentos que van desde el 10 por ciento o promociones de 2×1 a quienes presenten su tarjeta. El gobierno mexiquense afirmó que utilizará 448 millones de pesos para el cumplimiento del programa. Sin embargo, el valor que representarían estos descuentos no están contemplados.
ENCINAS PIDE DETENER LA ENTREGA
De acuerdo con el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien este mismo lunes instó al Gobernador mexiquense a detener la entrega de las tarjetas, en 2011 se usó esta misma estrategia que contribuyó a la compra de votos. También mencionó que cifras del gobierno estatal hablan de 1 millón 500 mil personas que conformaban el padrón electoral en 2011, de los cuales sólo quedaron 1 millón 200 mil registros cotejados y validados, de los cuales el 63 por ciento ya contaba con acceso a un programa social y el 37 por ciento restante podría tener acceso a dos programas sociales. El legislador por el Estado de México destacó que un año después, ya como Gobernador, Eruviel Ávila Villegas entregó 500 tarjetas a adultos mayores y con esa entrega la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad dio por cumplido el compromiso de campaña. Para Encinas, ahora en 2015, año electoral, el Gobernador del Estado de México ofrece de nueva cuenta apoyos a través de la tarjeta “La Efectiva” con un claro uso electoral. No sólo es con los apoyos de útiles escolares, denuncia otro programa que se está ofreciendo a través de la mica con una inversión de 110 millones de pesos para el ofrecimiento de 2 mil 750 pesos a mujeres de alta y muy alta marginalidad en cinco disposiciones de 550 pesos. Todo esto antes de que inicie la veda electoral. Ni la mujer de 40 años, ni Érika (otra de las madres que acudieron a recoger su tarjeta), ni José (otro padre recibió el plástico) saben que en días recientes el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitaron medidas cautelares ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar que las micas violan el principio de equidad de cara a los comicios del próximo 7 de junio. Ellos sólo saben que los 130 pesos que se les prometieron podrán ser utilizados hasta el 8 de junio, justo un día después de las votaciones. Sin embargo, no tienen claro el por qué hasta ese día. Desconocen que la acción podría estar incumpliendo la legislación electoral. Érika, de 30 años, dice que “nada más los llamaron para recoger un apoyo para útiles escolares”. La madre de una estudiante de primer año de secundaria explica que es la primera vez que van recibir este tipo de apoyo y considera que es un buen estímulo para los estudiantes. A ninguno le pidieron la credencial de elector para recibir su mica. No hacía falta, todas las tarjetas vienen con el nombre de la madre y del alumno. Sólo tienen que firmar de recibido. En el caso de José, tuvo que firmar por la tarjeta a nombre de su esposa e hijo, ya que el estudiante tiene un esguince en el tobillo y no ha ido a la escuela. Comenta que él iba a pedir la tarea para su hijo y que ahí le avisaron que pasara a al dirección a recoger su “efectiva”. Son las 12:30 del día y a unas cuadras de la secundaria hay una primaria de la que también salen los padres con una tarjeta en la mano. Ahí son un poco menos estrictos, pues niños corren hacia la calle con el plástico rojo. Al parecer se las dieron sin firmar nada.
Sólo faltan tres días de clases para que puedan disfrutar el periodo vacacional y unos más para que termine marzo y con él el plazo para la entrega de tarjetas “La efectiva”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ARIADNA ORTEGA. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1290646.
Por falta de pruebas, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, quien había sido acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de ser el autor material del homicidio de la activista Sandra Luz Hernández, obtuvo sentencia absolutoria que lo dejó en libertad el 13 de marzo. Sandra Luz fue asesinada a plena luz del día en Culiacán. Le tendieron una trampa: la citaron para “decirle en dónde estaba” su hijo, un ex empleado de la misma Procuraduría, y le dieron muerte. Ella exigía a la Procuraduría que investigara la desaparición del joven. Incluso dijo que dentro de la misma dependencia podrían estar los asesinos. Ahora, esa Procuraduría ha liberado al que presentó como asesino confeso. La autoridad no acreditó pruebas. El periódico Noroeste confirmó con cuatro fuentes diferentes, dos de ellas del Poder Judicial, así como de los registros de acuerdos de juzgados, la sentencia absolutoria que otorgó el Juzgado Noveno Penal de Culiacán a favor de Valenzuela Rodríguez, bajo el argumento de falta de pruebas, pese a que en su declaración ministerial aceptó ser el homicida de la activista. El 12 de mayo de 2014, Sandra Luz Hernández fue asesinada en la Colonia Benito Juárez, en donde se encontraría con una persona que le daría información sobre su hijo Édgar García Hernández, que desapareció el 12 de febrero de 2012.
El encuentro se pactó luego de una llamada anónima que recibió después de haber salido de la Procuraduría de Sinaloa donde preguntó sobre los avances de la investigación de su hijo y los de sus compañeras del Grupo de Familiares con Hijos Desaparecidos, al que pertenecía de manera activa. Hernández recibió 15 disparos por un hombre encapuchado.
“Nadie se va impune, tarde que temprano, pero en algún momento nos vamos a encontrar con esos responsables de esos delitos que lastiman mucho a la entidad”, expresó el Gobernador Mario López Valdez dos días después del homicidio.
El asesino confeso, sin embargo, ahora está libre.
En su momento, la Secretaría de Gobernación condenó el asesinato y pidió a las autoridades “una investigación exhaustiva”.
La muerte de Hernández causó indignación social. Incluso se replicó con organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Artículo 19 y Human Right Watch, quienes catalogaron el hecho como un atentado contra los derechos humanos. El 20 de mayo, ocho días después del asesinato, la PGJE presentó a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato de la activista. “No tenemos ninguna duda de que va una averiguación plenamente fortalecida y plenamente aclarada”, aseguró Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, en conferencia de prensa, donde incluyó una relatoría de hechos, fotos y videos.
Sin embargo, esa “averiguación fortalecida y aclarada” no resultó suficiente en el juicio, no soportó los argumentos de la defensa que el 13 de marzo de este año ganó una sentencia absolutoria que otorgó libertad a Valenzuela Rodríguez, misma que se impugnó por parte del Ministerio Público, para continuar el proceso en una segunda instancia, pero esta vez en libertad. LA MADRE INVESTIGADORA Vendedora de planes de telefonía celular y cosméticos, Sandra Luz se convirtió en activista e investigadora a partir de la desaparición de su hijo, Édgar García Hernández, empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Desde entonces comenzó a buscar y seguir pistas y se unió a otras madres con hijos desaparecidos. Protestó, marchó, sostuvo encuentros con autoridades. Todo en vano. Sin embargo, Sandra dio seguimiento cabal a cada pista que recibió. Decía que conocía la identidad de los delincuentes que privaron de la libertad a su hijo, y que la Procuraduría sabía de ello. De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, un día antes de su muerte una persona se acercó a Sandra cuando se encontraba en un centro comercial. Le dijo que conocía a alguien que podía decirle dónde se encontraba Édgar, su hijo. El día de su asesinato, sostuvo una reunión con funcionarios de la PGJE y, al salir, se dirigió al Ayuntamiento de Culiacán donde estuvo unos minutos con los pepenadores que mantienen una huelga de hambre. Entonces recibió la llamada que le indicó dónde sería el encuentro con el supuesto informante. Le reunión sería en un punto de la Colonia Benito Juárez. Junto a una compañera activista abordó un camión urbano. Al filo de las 16:00 horas del lunes 12 de mayo del 2014 caminaba junto a su acompañante por la calle Constitución, esquina con 20 de Septiembre, cuando apareció su victimario quien le disparó en la cabeza, según la versión de algunos testigos y autoridades. En el lugar, los peritos de la PGJE recogieron 15 casquillos de pistola calibre .9 milímetros. “Tengo fe en que el Gobierno me diga dónde está. Ellos me tienen que decir dónde está, ellos son los que pueden ayudarme y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que ellos me regresen a mi hijo”, dijo en entrevista en aquella protesta del 12 de febrero, cuando se cumplieron dos años de la desaparición forzada de Édgar. En su investigación, Sandra no observó límites, rastreaba pistas, pero también reclamaba al Gobierno. “Yo no dejo de buscar ni un sólo día, ni un sólo día, todos los días. Esa es mi meta: encontrarlo”, decía. ÉDGAR EL TRABAJADOR Édgar tenía 25 años cuando fue privado de su libertad, hace dos años atrás, en la colonia El Progreso. Era un joven activo, que participaba en cursos de superación personal, practicaba deporte, incluso colaboró en la última campaña electoral, según decía su madre. Tenía un año trabajando en un puesto administrativo en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Él era trabajador del Procurador [Marco Antonio Higuera Gómez]. Al siguiente día que fue la desaparición, nosotros acudimos con el Procurador para decirle lo que estaba sucediendo y pues él lo que nos dijo es que no conocía a Édgar, pero son mentiras porque él ahí trabajaba”, aseguró Sandra en una entrevista. FUENTE: SIN EMBARGO/NORESTE. AUTOR: REDACCIÓN/MARCOS VIZACARRA. LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1291169.
Resulta asombroso apreciar la nueva facultad del Secretario de Hacienda Luis Videgaray de convertir en oro lo que toca, particularmente sus propiedades. Ante el evidente conflicto de interés en el que ha incurrido, su reacción ha sido la negación, ignorando las criticas y la exigencia que tiene de demostrar que en la compra de su casa no hubo ninguna irregularidad ni tráfico de influencias. Difícilmente lo hará. Por una simple razón: la casa de Videgaray huele a conflicto de interés. Esa mansión que el Grupo Higa le vendió en Malinalco por 7 millones y medio de pesos fue adquirida por la firma de bienes raíces al mismo precio 10 meses antes. Las revelaciones del periódico The Wall Street Journal no dejan dormir en paz al Secretario de Hacienda. Lo tienen nervioso. Y el funcionario utiliza el método del avestruz para no dar la cara y ofrecer a la opinión pública su declaración patrimonial. El empresario favorito de Videgaray y Enrique Peña Nieto, el empresario Juan Armando Hinojosa, dueño de la constructora Higa ganona de jugosos contratos desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se frota las manos porque su próspero negocio le ha asegurado una vida de lujos a por lo menos dos generaciones de su familia. ¿Qué ganó el empresario Juan Armando Hinojosa a cambio de las mansiones Higa propiedad de Peña Nieto y Videgaray? Pues, muchos millones de pesos. Nada menos que 63 mil millones de pesos. La próspera carrera empresarial de este consentido empresario, ha aumentado de manera vertiginosa sus cuentas bancarias. Solo durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto ganó 54 mil millones 802 millones de pesos, algo que demuestra que quintuplicó los millones que ganó casualmente durante la administración peñista en el Estado de México, cuando obtuvo durante seis años, alrededor de 35 mil 668 millones de pesos. Me pregunto qué porcentaje tuvo que pagar a funcionarios corruptos para conseguir los contratos jugosos y parciales que ha recibido por el dedo supremo del señor que se sienta en la Silla del Águila. El señor Hinojosa no se cansa de llenarse los bolsillos, de incrementar sus cuentas millonarias de los paraísos fiscales. Su amigo, Peña Nieto lo ha convertido en un auténtico potentado, cuya fortuna crece como la espuma. Además de ser el proveedor gubernamental consentido, ha servido como corredor inmobiliario para Peña Nieto y Videgaray. Está claro que el Rey Midas también convirtió en oro el patrimonio del empresario Hinojosa, quien también obtuvo un contrato por mil 332 millones de dólares que le otorgó Banobras en junio de 2013 cuando era dirigido por Alfredo del Mazo Maza, quien fue suficientemente astuto como para reservar la información de dicho contrato nada menos que hasta el 2025. ¿Qué esconden Peña Nieto, Videgaray e Hinojosa? ¿Por qué no transparentan los contratos y las formas de pago y adquisición de sus respectivas mansiones? Los únicos que piensan que no hay conflicto de intereses en la compra de sus mansiones al empresario amigo, son Peña Nieto y Videgaray, este último incluso se atreve a decir que no tiene más que agregar al asunto, que él está muy tranquilo. Claro, es el tipo de tranquilidad proporcionada por la certeza de la impunidad. ¿Cuántos funcionarios, presidentes o gobernadores han sido enjuiciados por el expolio de caudales públicos, por conflicto de interés o tráfico de influencias? Ninguno. Ellos, los políticos en general se saben impunes en un país donde no existe un verdadero estado de derecho. El Señor Videgaray se comporta como un Rey Midas. Subestima la inteligencia de los mexicanos, seriamente dañados por sus recortes, frente a su prosperidad personal. El cinismo del secretario de Hacienda va más allá: se niega a hacer su declaración patrimonial. Otra vez, la pregunta es la misma: ¿qué esconde? ¿la súbita riqueza con la que vive? Solamente un funcionario como él puede pagar completamente un crédito de una casa en tan solo dos años, como lo hizo con su casa de Malinalco comprada en 2012 y pagada dos años después cuando ya era Secretario de Hacienda. Videgaray no es el único con súbita riqueza. A los funcionarios del gobierno de Peña Nieto les gustan las propiedades para aumentar su patrimonio. Por ejemplo, 21 integrantes del gabinete presidencial, tienen en conjunto 102 propiedades. Los políticos ricos del gabinete peñista acumulan propiedades, como Enrique Martínez Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quien cuenta con con 18 inmuebles: 16 terrenos, un edificio y una casa. Le sigue Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener), con 12 inmuebles; Alfonso Navarrete de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con 11; Julián Olivas de la Función Pública (SFP), ocho; José Antonio González Anaya, del IMSS, tiene siete; y Gerardo Ruiz Esparza de Comunicaciones y Transportes (SCT), seis. Y así podríamos seguir enumerando las casas, terrenos, departamentos y edificios de estos señores también convertido en Reyes Midas como el señor Videgaray.
Es evidente que decencia y honestidad no son parte de la actual clase política. Una duda me invade: ¿Para qué quieren acumular tanta riqueza, mientras 53 millones de pobres se mueren de hambre? FUENTE: SIN EMBARGO (ANÁLISIS/OPINIÓN ). AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/23-03-2015/33007
El Gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas, entrega a padres de familia o tutores de estudiantes de nivel básico de al menos 50 municipios tarjetas de descuentos “La Efectiva”, con 130 pesos para útiles escolares, denunció la oposición. La administración del Edomex anunció en enero pasado el “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016″ para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica, lo que representa un gasto de 448.5 millones de pesos. Ese programa se empezó a implementar hace unos días con la entrega de plásticos, con el compromiso de que los 130 pesos se podrán cobrar a partir del próximo 8 de junio, un día después de las elecciones del 7 de junio. A decir del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la entrega de tarjetas se condiciona el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues existe una promesa de recursos, que implica una aportación en materia de financiamiento en especie y en efectivo, además de que esto constituye un delito por actos anticipados de precampaña y campaña. El programa forma parte de las promesas de campaña del mandatario estatal y desde el pasado 14 de enero se comenzaron a repartir en institutos educativos; sin embargo, de acuerdo con una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) las micas también se están entregando en domicilios particulares, lo que se asume como una uso indebido del padrón electoral. En el documento que presentaron integraron el caso de una ciudadana que no habita en el Estado de México y que dijo no estar inscrita en ningún padrón de programa social del gobierno estatal, pero que recibió una tarjeta personalizada. Es decir, que incluía su nombre, además del logotipo y el eslogán “Mover a México”, frase que el pasado 25 de enero fue retirada de las cajas de televisiones que entregaba el gobierno federal con motivo del “apagón analógico” por considerar que vulneraba el principio de equidad electoral.
Estas tarjetas, al igual que las “Tarjetas Premia” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han llegado a los domicilios de las personas lo que violaría las disposiciones legales contenidas en los artículos 25, numeral 1, incisos a), t) y u) de la Ley General de Partidos Políticos; 126 numeral 4; 133, numeral 5; 148, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
”Pues ha dejado de conducir sus actividades dentro de las cauces legales y se ha alejado de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, al no respetar los derechos de los ciudadanos”, denunció el PRD.
El PRD y Morena advierten que la dádiva está prohibida por la legislación electoral; es decir el que se entregue algún bien o servicio como indicio de presión al elector para obtener su voto, por lo que presentaron sus quejas ante el INE contra el Gobernador Eruviel y quien resulte responsable, entre ellos el gobierno federal. “Es decir, el hecho de que el Gobernador del Estado realice programas dentro del periodo electoral tanto a nivel estatal como federal afecta el principio de equidad e imparcialidad entre los partidos contendientes en el proceso electoral local y federal circunstancia que es violatoria de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dado que es el Gobernador Eruviel Ávila quien está posicionando a su partido político y coaccionando al electorado en el Estado de México para que voten a favor de ellos en la contienda electoral”, manifestó el PRD. Por su parte, Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el INE aseguró que “la entrega de la tarjeta ‘La efectiva’ constituye una clara violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica un uso parcial de los recursos públicos que están bajo la responsabilidad tanto del gobierno federal como estatal, influyendo en la competencia entre los partidos políticos. Con esta tarjeta, claramente se pretende presionar y coaccionar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Y casualmente la propaganda repartida contiene el logo Mover México, el cual el Tribunal Electoral tramposamente ha validado y permitido que se continúe usando”.
Además el artículo 209 de la Legipe expone:
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
MILLONES EN TARJETAS
El Gobernador mexiquense dio a conocer este nueva modalidad del “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016″ para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica en enero pasado. Explicó que consiste en dos etapas: en la primera, los padres de familia recibirían “La Efectiva”, con la que alumnos tendrían acceso al Seguro Escolar contra Accidentes y descuentos, en más de 9 mil comercios. En la segunda, que comienza el 8 de junio, justo un día después de la jornada electoral, serán entregados los vales que podrán ser canjeados por útiles y uniformes escolares en más de cinco mil establecimientos de la entidad que podrán ser canjeados hasta el 31 de diciembre de 2015. Entre los comercios y servicios que tienen convenio con el programa se encuentran zapaterías, restaurantes, papelerías, librerías, farmacias, laboratorios clínicos, hospitales, médicos, dentistas, ortopedistas, cines, entre otros, que tendrían vigencia hasta agosto de 2016. El pasado 12 de marzo, “la señora García” fue citada por la dirección de la escuela de educación secundaria en Tlalnepantla a la que asiste su hijo para “la entrega de la Tarjeta Efectiva”. En el aviso se específica que se debía presentar copia de la credencial de elector para “verificar que la firma sea igual”. Ella forma parte de los más de tres millones de beneficiarios para los que el gobierno estatal destinó 448.5 millones de pesos. Sin embargo, tomando en cuenta que el padrón de estudiantes a nivel básico en el Edomex es de 4.7 millones de personas, se estaría dejando a 1.4 millones de menores sin este beneficio. En la escuela del hijo de “la señora García” hay aproximadamente 450 alumnos lo que significarían 58 mil 500 pesos repartidos en el plantel educativo; considerando que a nivel primaria hay un padrón de un millón 300 mil estudiantes serían 169 millones de pesos. En este contexto, el PRD solicitó a la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE que se giren oficios al gobierno del Edomex, a Eruviel Ávila Villegas y al Sistema de Atención Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para requerir información sobre la procedencia de las tarjetas, así como la empresa encargada de distribuirla y los costos de éstas. Además se hacen cuestionamientos sobre si el programa estaba contemplado para ser implementado en los meses previos a la jornada electoral y de dónde viene el recurso que será destinado para la compra de los útiles a distribuir; también se piden datos sobre el responsable de la fabricación de las tarjetas y de dónde obtuvo los nombres que vienen impresos en ellas.
OTRO MONEXGATE
En la pasada elección presidencial, la izquierda agrupada en la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la institución financiera Monex fue utilizada para comprar votos por medio de una tarjeta llamada “SÍ vale”, parecida a las que están entregando ahora el gobierno del Edomex y el PVEM, para triangular recursos a la campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto y para favorecerlo con sufragios. A través de la mica otorgaba descuentos en tiendas departamentales como Soriana y podían utilizarse en restaurantes, hoteles, agencias de autos, entre otros. Según determinó –el pasado 12 de marzo– la Comisión que investiga el caso se habrían gastado 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos en la campaña de Peña Nieto, lo que significa 13 veces más del tope permitido por la ley electoral. Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, tras dos años de estudio, que el PRI no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con tarjetas Monex durante la campaña presidencial de hace tres años. El organismo colegiado resolvió que no hubo destino ilícito de los recursos, debido a que no se acreditó que las tarjetas hubieran sido utilizadas con ese fin. De los 66.3 millones de pesos ejercidos por el partido tricolor en el proceso electoral de 2012, 50 millones 508 mil 891 pesos fueron utilizados para la campaña federal, y 16 millones 308 mil para las campañas locales de Jalisco y Distrito Federal. Sin embargo, después del 3 de julio de 2012, la suma total gastada por el PRI en la campaña federal se elevó a 57 millones 318 mil 609 pesos. El extinto Instituto Federal Electoral (IFE) estimó que 50 millones 408 mil 891 pesos correspondieron al gasto de campañas electorales federales, pero los otros 6.8 millones de pesos fueron considerados como un gasto ordinario, por lo que el Pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial. Asimismo, confirmó que los gastos erogados por dicho partido a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña. Los procedimientos sancionadores que dieron origen a las impugnaciones, se relacionan con el origen, destino y aplicación de los recursos depositados en las tarjetas Monex, empleadas por el PRI. En el proyecto de sentencia se indicó que todas las actuaciones realizadas por la anterior autoridad administrativa electoral partieron de la base de que el partido político, a través de un intermediario, contrató el servicio de dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas, en las que depositó y distribuyó, 66 millones 326 mil 300 pesos.
“Sabemos que tanto el PRI como el Verde sólo pueden ganar elecciones mediante dádivas, comprando votos, lo hicieron en 2012 con Monex y ahora ambos partidos lo hacen con sus respectivas tarjetas en 2015. La autoridad electoral no puede ser omisa a este tipo de comportamientos, tiene que actuar, tiene que aplicar la ley y no permitir que estas tarjetas continúen distribuyéndose”, afirmó Horacio Duarte. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ARIADNA ORTEGA. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1287386.
Rafael López Catarino, padre de Julio César, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les envió tarjetas de descuento a él y a su familia.
“No estamos conformes con eso. Ahorita el del PRI [Partido Revolucionario Institucional] va a ganar las elecciones porque anda repartiendo dinero en unas tarjetas”, dijo Rafael.
En Guerrero hay una alianza electoral PRI-PVEM para llevar a la gubernatura a Héctor Astudillo Flores.
En días pasados, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió la tarjeta e incluso hizo un llamado a las tiendas participantes en la tarjeta de descuentos a que la rechacen porque ya estaba cancelada.
“Vamos hacerles responsables si queda ese, si llega haber otros muertos y desaparecidos es culpa también de esas empresas y los vamos a tomar muy en cuenta para que también se hagan responsables de lo que vaya a ocurrir, no vayan a decir que no saben porqué”, dijo Rafael.
López Catarino aseguró que los padres de los normalistas no están de acuerdo en que haya elecciones en Guerrero este año. No al menos sin tener de regreso a sus hijos.
“No queremos que haya elecciones aquí, no va haber elecciones en Guerrero”, indicó.
Rafael aseguró que no confía en ningún partido político porque: “también el asesino de Ángel Aguirre [ex Gobernador de Guerrero] repartió tarjetas y cuando mucha gente fueron por los descuentos, no se los hicieron válidos”. El padre de Julio César informó además que su hijo también fue requerido por el INE para ser funcionario de casilla en Tixtla, Guerrero, de donde es originario.
Hoy el periódico Reforma publicó la denuncia de Delfina de la Cruz Santiago, madre de Adán Abraján, quien también fue requerido como funcionario de casilla en las próximas elecciones del 7 de junio.
“Es una burla del gobierno que nos hagan eso. Saben que mi hijo está desaparecido, porqué hacen eso”, dijo Rafael López Catarino.
Horas más tarde, el consejero electoral Marco Antonio Baños ofreció una disculpa a la madre del estudiante desaparecido el pasado 26 de septiembre. En tanto, el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que son cuatro los normalistas desaparecidos que fueron elegidos para participar como funcionarios de casilla. De acuerdo con el funcionario electoral estatal, el INE eligió a los normalistas porque la Procuraduría General de la República (PGR) no los ha declarado como fallecidos. “Es una burla del gobierno que nos hagan eso. Saben que mi hijo está desaparecido, porqué hacen eso”, dijo Rafael López Catarino. El pasado 10 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde suspendiera la entrega de tarjetas de descuento, debido a que “transgrede la ley electoral”, sin embargo, ciudadanos denunciaron que seguían recibiendo los plásticos en su domicilio. Electores en todo el país confirmaron a SinEmbargo, que continúan repartiendo por correo la tarjeta. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó ordenar a los establecimientos rechazar los plásticos en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros. Lo anterior, luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó las tarjetas. El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento en mayo del 2016 y una leyenda y holograma que dice “Más Descuentos”. Una comisionada dijo que “a quienes tienen la tarjeta y acuden a alguno de los establecimientos que dan los beneficios, la orden es que esos establecimientos ya no atiendan dichas tarjetas”, pues quedaron canceladas. La Comisión de Quejas fijó un plazo de no más de 24 horas a partir de que el Verde recibió la notificación para cancelar la emisión de las tarjetas. El Partido Verde no sólo ha sido multado por el INE por enviar tarjetas de descuento, también por “difundir indebidamente promocionales en televisión”. El 13 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que 42 concesionarios de radio y televisión radiodifundida “participaron indebidamente en la difusión” de los promocionales contratados por los legisladores del Verde. Entre esas empresas están Televisa y TV Azteca, el duopolio de la televisión en México, cuyos actores participan y han participado en los comerciales del partido.
La orden del Tribunal se resolvió en razón de los recursos presentados por cinco partidos políticos contra la amonestación pública impuesta al PVEM y las televisoras por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos de diputados y senadores de ese partido político. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/23-03-2015/1290726.
MÉXICO, D.F: La Ley de Movilidad para el Distrito Federal fue declarada inconstitucional en los artículos que limitan la libre manifestación pública y la libertad de expresión. El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal declaró contrarios a la Constitución los artículos 212, 213 y 214 de dicha Ley, aprobada por la Asamblea Legislativa de la capital y la Cámara de Diputados el año pasado. De acuerdo con la resolución de dos amparos interpuestos en contra de esa ley, el Juzgado Octavo consideró que esos artículos vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, además de que impiden hacer una interpretación clara y estricta de respeto a los derechos humanos de los manifestantes. Respecto al artículo 212, declaró que los legisladores vulneraron la Constitución al establecer el aviso obligatorio de una manifestación para asegurar que su finalidad es “perfectamente lícita”. Todas las personas gozan el derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino mediante la exigencia de responsabilidades posteriores en los casos que en se afecten los derechos o reputación de terceros. Consideró que la obligación de dar aviso sólo es para el caso de grandes concentraciones, pero no para las de un número menor o cuando surja una protesta espontánea. Precisó que el aviso no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condiciones la licitud de la protesta. La falta de claridad de la ley la determinó el juzgado en el artículo 214, que faculta a la secretaría de Seguridad Pública para evitar el bloqueo de vías primarias. De acuerdo con el juez, esa disposición genera incertidumbre jurídica porque no es claro en cuanto al uso legítimo de la fuerza pública, ya que no expresa las medidas permitidas, ni los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a los que debe someterse la fuerza pública. Todavía más preciso, el juez estableció que las autoridades no deben criminalizar la protesta y acusar por delitos penales a quien se manifieste; sino al contrario, respetar la vida e integridad de los quejosos cuando se realicen las protestas o manifestaciones. Ante la reiterada ocurrencia de detenciones de manifestantes por parte de la policía, la resolución estableció que en ningún caso los manifestantes deben ser privados de su libertad por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de manifestarse. Respecto a quienes promovieron el amparo, el juzgador precisó que el fallo no les autoriza para el bloqueo deliberado de las vías de circulación, toda vez que ni la Constitución ni los tratados internacionales lo reconocen como un derecho.
Añadió que tampoco es para cometer agresiones físicas a terceros o a las fuerzas de seguridad, a causar daño deliberado a los monumentos, señales de tránsito o bienes del dominio público o de terceros, o a la portación de armas blancas o de fuego. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCA ARAIZAGA.
