Por otra parte, el Partido Verde entregó una tarjeta a padre de Ayotzinapa.
El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, indicó que cuatro normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre pasado, fueron elegidos como funcionarios de casilla.
De acuerdo con La Jornada Guerrero, Delgado apuntó que uno de ellos fue Adán Abraján de la Cruz, quien aparece en la lista de insaculados para que sean funcionarios de casilla en las elecciones del próximo siete de junio.
Al respecto, Delfina de la Cruz Felipe consideró que “el gobierno se burla de nosotros, de nuestro dolor”, luego de que personas acreditadas por el INE, acudieron a su domicilio para notificarle que su hijo, Adán Abraján de la Cruz fue elegido como funcionario de casilla.
Además, la señora Delfina pidió que rechacen las campañas de los candidatos de todos los partidos políticos mientras no sean presentados con vida los 43 jóvenes normalistas.
“Mientras no aparezcan nuestros hijos la búsqueda seguirá, mientras el gobierno no nos diga que ha pasado con nuestros hijos; y les hacemos un llamado para que nos los entreguen; ya se van a cumplir seis meses de la desaparición y aún no hay respuesta”, recordó.
Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral, comentó: “Ofrezco una disculpa a las madres de estos jóvenes, porque entiendo que fueron tres y, por supuesto que nunca fue intencional de parte del INE”.
En tanto, Rafael López Catarino, padre de Julio César, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les envió tarjetas de descuento a él y a su familia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Un mes antes de difundirse en Proceso y aristeguinoticias.com el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue proscrito en MVS por orden de Joaquín Vargas, se produjo otro acto de censura contra Carmen Aristegui, esta vez relacionado con el nuevo avión presidencial: Fue borrado de la empresa absolutamente todo lo que ella informó.
El viernes 10 de octubre, Aristegui dio a conocer detalles del Boeing 787 Dreamliner –que por cierto Peña estrenará tras las elecciones de junio– y, citando al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el costo sería de mil 733 millones de pesos, cuando en realidad nos costará más de 7 mil millones.
Apenas terminó el noticiero, a las 10 horas, la orden del director de noticias de MVS, José Antonio Vega “El Chino”, fue bajar de la página de MVS Noticias toda la información sobre el avión, salvo la nota de Ruiz Esparza –que puede seguirse consultando–, y se eliminó, además, el video íntegro de la intervención de Aristegui sobre el tema.
Como parte del convenio con MVS, la página aristeguinoticias.com había subido este video, pero también repentinamente desapareció y, en su lugar, fue colocada en pantalla un letrero: “Este video cuenta con contenido de Stereorey México, S.A.-MVS, quien lo bloqueó por razones relacionadas con los derechos de autor”.
Cuando el equipo de Aristegui preguntó por qué habían bajado el documento, directivos de MVS alegaron que la página había sido víctima de un hacker, pero luego un técnico de YouTube acreditó que la responsable era la empresa. “Esto es censura editorial”, definió la periodista.
Aristegui sabrá por qué no ha hablado de esto ni sobre el extraño robo que sufrió en las instalaciones de aristeguinoticias.com hace exactamente un año, el 22 de marzo de 2014 –días antes de revelar la presunta red de trata de mujeres del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre–, ni tampoco sobre las intimidaciones que ha padecido sobre su familia.
Sobre lo que ya habló, una vez que fue despedida de MVS, es sobre la orden que recibió de no transmitir en su noticiero el reportaje de la Casa Blanca, el lunes 10 de noviembre –tal como aquí se acreditó la semana pasada en “Caso Aristegui: Fue Peña”–, y sobre las presiones del gobierno para que así sucediera.
En la entrevista con Jenaro Villamil, en Proceso, confirma lo que aquí se escribió, en el sentido de que si difundía el reportaje sería despedida junto con su equipo. “Se colocó, efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecería”.
La semana pasada escribí que fue Alejandro Vargas, director de MVS Radio, quien transmitió a Aristegui la orden de no difundir el memorable reportaje en su espacio, pero en la entrevista con Yuli García, de El Universal, identificó al autor de la censura: Joaquín Vargas, presidente del consejo de administración del Grupo MVS.
Está pendiente aún quiénes fueron los operadores del gobierno de Peña, que Aristegui afirma que intervinieron, para censurar la investigación desde al menos septiembre, cuando se pidió a la Presidencia de la República su opinión sobre el particular y de inmediato los Vargas activaron “la búsqueda de comprensión” para ocultar ese trabajo. Pero eso sin duda se sabrá.
Lo que resulta ya risible es que MVS niegue la censura, que fue no difundir el reportaje en el noticiero de Aristegui, y alegue que se le despidió por haber firmado un acuerdo con MexicoLeaks, un mero pretexto.
Felipe Chao, vicepresidente de MVS, afirma que no hubo censura, porque Aristegui “decidió darle la exclusiva del reportaje” a su portal –omitió a Proceso–, el domingo 9 de noviembre de 2014 y al día siguiente, el lunes 10, más del 50% del tiempo del programa fue dedicado al reportaje de la Casa Blanca.
Si así fue, ¿cómo permitió MVS que Aristegui se apropiara de una investigación financiada por la empresa? ¿No es eso más “abuso de confianza” y causal de rescisión del contrato que firmar un acuerdo con MexicoLeaks? Pero no sólo no lo hacen, sino que renuevan el contrato y le compran un coche de lujo.
Si no hubo censura al reportaje, y ella lo compartió con Proceso, ¿por qué MVS no publicó desplegados, como sí lo hizo tras el acuerdo con esa plataforma? ¿Por qué, si no hubo censura, el equipo de Aristegui era ignorado y visto con recelo por los directivos?
Si no hubo censura, ¿por qué borraron de las cuentas de MVS todo lo relacionado con Aristegui y el avión de Peña de más de 7 mil millones de pesos? ¿O ya nadie se acuerda, ni Aristegui?
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: La muerte de 65 trabajadores en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, no fue suficiente para que Grupo México tomara conciencia de la gravedad en las operaciones extractivas del carbón y, a nueve años de distancia, una de sus concesiones mineras en Coahuila, es explotada mediante el procedimiento más letal: simples cuevas, hasta de dos pisos, sin el menor atisbo de medidas de seguridad.
Desde el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el gobierno de Coahuila, han comprometido una y otra vez el perfeccionamiento de sus inspecciones, pero la cifra de mineros fallecidos acumula desde entonces más de 160 obreros muertos, la mitad por explotaciones irregulares, rudimentarias, e inclusive, clandestinas.
La operación del fundo minero de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, está a cargo de uno de los caciques de la región: se trata del diputado local y exalcalde priista de San Juan de Sabinas, Coahuila, Antonio Nerio Rodríguez.
Las fotografías, video y los datos fueron obtenidos por la organización La Familia de Pasta de Conchos que agrupa a los deudos de diferentes desastres carboneros.
Tras consultar el Registro Público Minero, encontraron el Título 235767, cuyo titular es Industrial Minera México (IMMSA), la subsidiaria de Grupo México dueña de Pasta de Conchos.
Ese lote fue identificado por la organización, luego de observar que el año pasado, la empresa Integración Minera SA de CV, aparece como proveedor de Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno del estado de Coahuila que funge como intermediaria ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer dos carboeléctricas ubicadas en Nava, Coahuila, cerca de la frontera.
En los registros públicos de proveedores de carbón abierto por Prodemi, Integración Minera declara como lote de trabajo, el llamado Unificación 57, amparado en el Título 235767, es decir, la concesión de IMMSA.
El aliado local
Antonio Nerio Rodríguez es uno de los empresarios más conocidos en la Región Carbonífera de Coahuila, por lo acaudalado y por su militancia priista desarrollada dentro del grupo político que encabeza el exgobernador y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy.
En el sexenio de Montemayor, de 1993 a 1999, Nerio fue diputado local y alcalde de San Juan de Sabinas; posteriormente se le designó subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la zona y en 2009, su hijo Antonio Nerio Maltos se convirtió en alcalde y el año en diputado local.
Dedicado principalmente al transporte de carbón, mineral en torno al cual giran sus demás negocios, Nerio Rodríguez se ha diversificado en actividades agrícolas y ganaderas, e inclusive, su más reciente adquisición fue la franquicia del club de beisbol Saraperos de Saltillo, de la Liga Mexicana de Béisbol, cuya presidencia asumió el pasado 11 de noviembre.
En la semblanza que sobre él se publica en la página de Saraperos, destaca su historial de empresario, las dos veces que ha sido diputado local y presidente municipal de San Juan de Sabinas (municipio más conocido por su cabecera municipal, Nueva Rosita), se le califica de filántropo, así como de “Amante y apasionado de la historia, el arte y la naturaleza”. Además, se lee:
“A lo largo de más de 30 años ha desarrollado una plataforma tecnológica que ha permitido una optimización de procesos y el fortalecimiento de una cultura corporativa en la rama de la Minería”.
Y en otro párrafo:
“Con programas sociales de alto impacto en la región, enfocados a la población más vulnerable y demasiado generoso en ocasiones, disfruta que su esplendidez se la retribuyan solamente con un sincero agradecimiento”.
Las cuevas
Los hechos son otros: diferentes estudios ambientales han demostrado que gran parte de la contaminación de la región proviene del transporte de carbón; también que el Río Sabinas está severamente impactado, entre otras fuentes, por tajos a cielo abierto como el que opera Antonio Nerio y es propiedad de Grupo México.
Aún más. En las imágenes de las cuevas la realidad choca con la semblanza de autoafirmación:
En las paredes del tajo a cielo abierto en desuso, las cuevas proliferan mientras trabajadores apenas equipados con un casco, realizan labores. Sin ademes que las soporten, ni estructura elemental para la extracción de mineral, los socavones decoran su acceso apenas con una letrina móvil.
A simple vista, el riesgo de derrumbe es latente, pues en las cuevas que sí tienen ademes, éstos están colocados sin inclinación; carecen de malla protectora en cielo y paredes; tienen cableado expuesto y no satisfacen ni siquiera las medidas que un pocito, de por sí inseguro, sí tiene.
La admisión de que ni a pocito llegan, está escrita en un letrero de cartón al exterior de uno de los socavones, pretendida norma de seguridad donde se lee:
“No se permite: que ningún trabajador entre a estas cuevas con cerillos, ni encendedor, cigarros, cosas de aluminio. No prender lumbre cerca de labor de trabajo” (sic).
Abajo del letrero luce un extintor, con otra cartulina negra más pequeña que dice “Extinguidor”, junto a una camilla elaborada con palos y retazos de tela negra.
En otra cueva, localizada en la parte baja del tajo en desuso, se observa apenas una letrina móvil.
“Lo de Integración Minera, ha de ser porque integraron tajo y cueva para sacar carbón”, ironiza Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que acompaña a las familias víctimas de la extracción carbonífera.
En 2011, siendo aún alcalde de San Juan de Sabinas, la empresa de Antonio Nerio fue denunciada ante la STPS, por explotar un pocito de carbón en el interior del basurero municipal. Cuando los inspectores federales llegaron, se les informó que ya no estaba en operación, por lo que libraron sanciones, aparentemente por el pitazo de uno de los inspectores locales.
En medio del basurero municipal, en Nueva Rosita, subsiste la torre carbonera que alguna vez, integró la extracción de carbón con la basura de la pequeña ciudad.
Esta vez, la Familia de Pasta de Conchos, pudo documentar con imágenes la operación de cuevas de Antonio Nerio y el lote donde extrae carbón, con lo que Cristina Auerbach concluye:
“Nos damos cuenta, una vez más, de que todos los caminos llevan a Grupo México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) investiga un contrato irregular concedido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a un consorcio en el que participan el expresidente de México Vicente Fox y su esposa, Martha Sahagún.
La PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ MIV/398/2014 para investigar posibles irregularidades en la contratación de servicios de transporte por 633 millones de pesos.
Este martes el periódico Reforma publica que el 13 de agosto del año pasado el SAE adjudicó un contrato al consorcio integrado por Mymland, Transportes Muebleros MyM, Transportes Olímpicos, Transportes FL y Transportes Egoba.
Vicente Fox, Martha Sahagún, Rodrigo Fox de la Concha y Xavier Fox Padilla son accionistas de la empresa Transportes FL.
Entre las irregularidades que investiga la PGR se encuentran presunta alteración de las reglas de la licitación pública para favorecer a dicho consorcio.
“La averiguación de la PGR se basa en una denuncia de la empresa TDR Transportes, segundo lugar en el concurso, y tiene como prueba principal el fallo donde la Secretaría de la Función Pública ordena anular la adjudicación del contrato, por incumplir las bases.
“Según las propuestas, la oferta mínima de Mymland fue de 311 millones 622 mil 27 pesos y la de TDR de 262 millones 205 mil 146 pesos.
“La oferta ganadora resultó más cara por 49 millones 416 mil 881 pesos, equivalentes a un 19 por ciento”, cita el diario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
José Joel Pichardo, recientemente nombrado titular de la Policía Bancaria e Industrial, fue compañero de Miguel Mancera en la Secretaría de Seguridad Pública del DF, ambos bajo el mando Marcelo Ebrard. ¿Será señal de paz?
Allá por 2004, un joven abogado llevaba la agenda y abría la puerta de la oficina de Gabriel Regino García, el llamado “Jefe Tigre” de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
A más de diez años de aquella situación, José Joel Pichardo Nepomuceno fue designado como el nuevo director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa sabe muy bien quién es Joel Pichardo, antiguo colaborador del polémico exsubsecretario de Seguridad Pública local, Gabriel Regino.
Todos ellos, Mancera, Regino y Pichardo formaban parte del círculo de abogados que Marcelo Ebrard llevó con él para dirigir a una de las corporaciones policiacas más grandes de América Latina, la SSPDF.
En ese grupo de abogados que llegaron por aquellos años a Seguridad Pública capitalina también estaba Manuel Arroyo Hernández, a quien Marcelo Ebrard nombró como director de Asuntos Internos de la corporación y quien fue detenido y acusado en el 2012 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia organizada (SEIDO) de la PGR, como uno de los funcionarios federales que supuestamente brindaban información al capo del narcotráfico, Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de que fuera capturado.
Arroyo apareció hace tres años en el lugar número uno de funcionarios que se ostentaban cercanos a la entonces procuradora general, Marisela Morales, a fin de ofrecer sus servicios como informante de grupos delincuenciales.
Aunque estuvo preso en un penal de alta seguridad en Tamaulipas, Manuel Arroyo quedó en libertad.
El paso de aquellos abogados por la Secretaría de Seguridad Pública del DF dejó huella.
Como subsecretario de Seguridad Pública del DF, Gabriel Regino García, entonces conocido como “Jefe Tigre”, dirigía una serie de grupos especiales o también llamados de élite que acumularon muchas quejas y denuncias por actos violatorios a las garantías individuales y por realizar operativos “irregulares” en la Ciudad de México.
Por aquellos años era usual encontrarse a Regino García uniformado de negro, preparado para encabezar un operativo, mientras que en su oficina del edificio de Liverpool, en la Zona Rosa, José Joel Pichardo lo asistía.
Los distanciamientos
Cuando Marcelo Ebrard fue destituido por Vicente Fox como jefe de la policía preventiva en el DF en 20014, por el linchamiento de policías federales en la delegación Tláhuac, el grupo de abogados se disolvió y cada quien tomó su camino.
Al cabo de los años y cuando Miguel Mancera fue nombrado en 2008 procurador del Distrito Federal, se deslindó para siempre de Gabriel Regino y de su trayectoria juntos en el despacho “Abogados consultores” y en su paso por la SSPDF. Ese fue el primer distanciamiento.
El segundo encontronazo que tuvieron Mancera y Regino fue a finales de 2012 cuando el primero apenas asumía el cargo de jefe de Gobierno y el ex “Jefe Tigre” asumió la defensa de algunos de los jóvenes detenidos durante las marchas y protestas del 1 de diciembre de 2012.
Regino García anunció que sus clientes demandarían al Gobierno del Distrito Federal (GDF) por detenciones arbitrarias por parte de la SSPDF y daño moral por parte de la PGJDF.
El exsubsecretario de la SSPDF dijo que exigiría disculpa pública pese a que sabía que su antiguo compañero, Miguel Ángel Mancera, era la cabeza de gobierno.
La constancia de Pichardo
Mientras Mancera y Regino, antiguos compañeros de despacho se confrontaban abiertamente, el que fuera secretario particular del “Jefe Tigre” en la SSPDF, José Joel Pichardo había tomado su propio camino.
El abogado había logrado colarse al gabinete de Marcelo Ebrard en el grupo que acompañaba a su exesposa, Francesca Ramos Morgan en la Coordinación de Asuntos Internacionales en la que ella se desempeñaba como la “embajadora” de la capital.
Ahí, la exmujer del entonces jefe de Gobierno se apoyó en diversos funcionarios a quienes delegó responsabilidades por regiones.
Así las cosas, Joel Pichardo Nepomuceno aparecía en el equipo de colaboradores de Francesca Ramos como director para la región de América; Luis Magos Mondragón para Europa y Tatiana Alcázar para Asia y África.
Este equipo atravesó con Francesca Ramos el vergonzoso episodio entre el Gobierno de la Ciudad y Azerbaiyán, en el que pactaron la colocación de una estatua del dictador Heydar Aliyeb en Paseo de Reforma, lo que causó repudió de los vecinos y un conflicto que escaló internacionalmente.
Al terminarse el sexenio marcelista, José Joel Pichardo regresó a la SSPDF, en donde se desempeñaba como el director de Instituto Técnico de Formación Policial.
Luego de que hace algunos días se difundió un video en el que aparecía el entonces director de la Policía Bancaria Industrial, Pedro Vizuet Bocanegra, alcoholizado en una oficina, abrazado de otra funcionaria mientras bebía y escuchaba a un grupo de músicos, el mando tuvo que renunciar.
Tras la caída del directivo, la Secretaría de Seguridad Pública que comanda el excontralor Hiram Almeida nombró al antiguo colaborador del “Jefe Tigre”, José Joel Pichardo Nepomuceno, como el nuevo director de la PBI.
La asignación de Pichardo, excolaborador de Gabriel Regino y de Marcelo Ebrard parece enviar un mensaje desde la jefatura de Gobierno. ¿Para quién es la tregua?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Vecinos de San Pedro denuncian que fueron víctimas de extorsión por parte de elementos de la Agencia Estatal del Transporte y policías de San Pedro, quienes les exigían hasta 10 mil pesos para no retener sus vehículos, por supuestamente creer que pertenecían al sistema de taxis.
El operativo contra taxis Uber el pasado fin de semana se convirtió en un calvario para algunas familias en San Pedro.
Diversos sampetrinos fueron víctimas de extorsión, malos tratos y el retiro de su auto particular, porque los inspectores de la Agencia Estatal del Transporte (AET) sospechaban que era un vehículo Uber.
Vecinos afectados que argumentan contar con un chofer para el traslado de sus hijos por la noche, denuncian que este fin de semana fueron acosados por los agentes estatales.
Estos residentes, en entrevista con Reporte Indigo, señalaron a los inspectores de utilizar métodos delincuenciales.
“Los agentes le hablaron de mala manera a mi hijo, y le pidieron 10 mil pesos porque estaba utilizando un auto Uber. Ellos dicen que la confusión fue porque pensaron que era un Uber.
Y me dijeron que mi carro es un auto Uber… y yo, ¿qué es Uber?, yo ni sabía… Esto claro que me asustó mucho”, explicó un vecino, quien solicitó el anonimato.
Uber comenzó a operar en Nuevo León en octubre pasado.
Esta empresa convoca a particulares con autos de reciente modelo para transportar a pasajeros que solicitan el servicio a través de una aplicación para dispositivos móviles. La compañía opera en varias ciudades del mundo.
Algunos afectados sostienen que no se respetaron las garantías individuales de las personas, en el operativo en San Pedro contra esta empresa por parte de la AET en colaboración con la Policía smpetrina.
“Me habló mi hijo y escuché muchas groserías que le decían a mi hijo los agentes de la unidad 103 de la Agencia Estatal del Transporte. Yo pensé, ‘me lo quieren secuestrar, porque no son modos de hablar en un operativo oficial’, y pensé lo peor.
“Le pidieron 10 mil pesos por dejarlo ir. Cómo pueden pensar que un menor trae 10 mil pesos, la cantidad me asustó porque lo primero que pensé fue que me lo están secuestrando… o era un secuestro exprés.
“Deben tener tecnología para identificar si es un carro Uber o no lo es”, reiteró el vecino.
Los sampetrinos cuestionaron a la Agencia Estatal del Transporte los métodos para determinar cómo distinguir entre un auto particular con un vehículo Uber.
“Muchos papás traemos a nuestros hijos en nuestros autos con chofer, para evitar que manejen tomados.
“Y ahora resulta que no podemos tener chofer, pues esto está en chino”, dijo Carlos, otro vecino de San Pedro, quien se sumó a las quejas por el operativo estatal.
Los afectados se reunirán con el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, para exigir que la Policía de San Pedro vigile que en futuros operativos no se repitan estos abusos.
Aseguran que los agentes estatales, apoyados con los policías que portaban armas largas, realizaron actos de corrupción.
“Los uniformados deben proteger al ciudadano sampetrino. Los inspectores se evalentonan porque traen 10 policías de San Pedro con armas largas atrás de ellos, por eso se sienten con derecho de insultar y extorsionar al que detengan en el operativo”, explicó Carlos.
Otro caso que se difundió en las redes sociales este fin de semana ocurrió sobre la calle Diego Rivera, frente al Main Entrance de Plaza Fiesta San Agustín.
Inspectores de la Agencia Estatal del Transporte detuvieron a una pareja de 17 años, que salía del hotel Quinta Real en su auto particular con chofer tras acudir a una boda.
Los agentes los detuvieron porque supuestamente se transportaban en un taxi Uber.
Esto ocasionó miedo en los padres de los menores, quienes sintieron que se trataba de un plagio o extorsión.
El carro fue retenido en un corralón de San Pedro, pero el susto de que los menores iban a ser plagiados quedó marcado.
Por medio de las redes sociales se anunció que el director de la Agencia Estatal del Transporte, Víctor Martínez, se disculpó con los padres de los menores por el incidente.
“Si ellos quieren hacer operativos eficientes y justos, deben poner a alguien que supervise los operativos y que vean que los agentes no estén pidiendo extorsión o moche”, dijo otro padre de familia de San Pedro.
“Chequen las placas, y con eso sabes si el auto es particular. Si van a confiscar a todos los carros que traen chofer, pues les va a faltar corralón para guardarlos”, concluyó el sampetrino.
Taxistas participan con la AET
En el operativo contra autos de alquiler Uber participaron taxistas afiliados de dos centrales obreras.
Trascendió que los taxistas señalaban a los agentes de la Agencia Estatal del Transporte cuáles autos pertenecen a Uber.
Estuvieron en Centrito Valle y en Plaza Fiesta San Agustín.
“Los taxis de la CTM y CROC están señalando a los agentes del transporte los autos que ellos piensan que son autos Uber, pero muchos papás traemos chofer, porque son menores de edad y es tu carro propio”, dijo la fuente.
El informe de la AET señala que en el operativo se decomisaron 14 vehículos de la compañía de traslados particulares Uber.
No obstante, personal del corralón asegura que los inspectores ordenaron la detención de 23 autos.
“Fueron muchos, pero casi la mitad eran de particulares y no de Uber”, dijo el entrevistado.
Para muchos propietarios de comercios y restaurantes en San Pedro, estos operativos son extraños que se apliquen en plena época electoral.
“Lo raro es que el Gobierno estatal aplique operativos contra taxis y tabaco en época electoral”, dijo un comerciante.
Y ecotaxis cobran por tarifa
El operativo de la Agencia Estatal de Transporte (AET) en el tema del transporte público no se “mide con la misma vara”, porque mientras les pisan los talones a los de taxi Uber, aún no han podido controlar el abuso de los taxistas.
Cabe destacar que un problema que se ha vuelto común en la entidad, es que a las afueras de eventos masivos y bares en la zona del Barrio Antiguo, los taxistas concesionarios abusan de los usuarios al imponerles tarifas por demás elevadas.
Algunas de ellas llegan desde 200 hasta los 400 pesos, normalmente en horarios de madrugada, cuando no hay transporte público más que los mismos taxistas.
Los trabajadores del volante aseguran tener un arreglo con los inspectores de la AET para cobrar una tarifa alta de noche.
Agencia guarda silencio
Ayer se buscó al titular de la Agencia Estatal de Transporte, Víctor Manuel Martínez Rodríguez, pero no accedió a la entrevista.
De acuerdo con su enlace de Comunicación Social, Víctor Martínez ya tenía cubierta su agenda diaria, por la que no había espacio para la entrevista.
El enlace aseguró que durante el día se estuvo gestionando la entrevista; sin embargo, no se consiguió debido a las juntas ya previstas del titular de la AET.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
PARÍS: Jorge Patiño Hurtado, abogado de Florence Cassez en México, evoca a Cantinflas, André Breton y Franz Kafka para describir el “via crucis” al que lo sometió Armando Cortés Galván, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.
“Ese juez fue a la vez tan grotesco como Cantinflas, más surrealista que el mismo Breton y tan perverso como los personajes de ‘El Juicio’ de Kafka. Durante cinco semanas me encerró en un laberinto absurdo que le permitió desechar la apelación que le presenté en nombre de mi clienta el pasado 9 de febrero”, denuncia en entrevista telefónica con Apro.
El pasado 23 de enero, Patiño Hurtado causó sorpresa en México al interponer, a nombre de la francesa, una demanda civil por daño moral contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular, Daniel Cabeza de Vaca; el expresidente Felipe Calderón, el exsecretario federal de Seguridad Publica, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado, Televisa y su conductor Carlos Loret de Mora, además de su exreportero Pablo Reinah.
El abogado de la exprisionera de la cárcel de Tepepan exigió también una indemnización de 36 millones de dólares para compensar los “graves daños morales sufridos a lo largo de los siete años de su indebido encarcelamiento”.
La respuesta de Juan Manuel Vega Tapia, el juez segundo de Distrito en Materia Civil encargado del asunto, no se hizo esperar: El 27 de enero se declaró incompetente para examinar la demanda. Diez días después, el 9 de febrero, Jorge Patiño Hurtado apeló ese fallo ante el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. Y fue cuando, según el abogado, empezó a darse una situación “digna de la imaginación combinada de Cantinflas, Kafka y Breton”.
–A lo largo de cinco semanas, el juez Cortés no dedicó un solo minuto a examinar los argumentos que presenté en la apelación de mi clienta con los cuales demuestro que, sí le compete al magistrado Tapia Vega instruir la demanda de Florence Cassez.
–¿Qué hizo el juez entonces?
–Examinó con lupa la firma de mi clienta que aparece en el original de la apelación y cuestionó su autenticidad.
El abogado detalla:
“El 12 de febrero nos hizo saber que consideraba que esa firma difería de la que aparecía en el expediente de la demanda interpuesta ante el juez Tapia Vega el pasado 23 de enero y le dio tres días a Florence Cassez para que se presentara personalmente ante el Tribunal Federal a ratificar su firma”.
–¿Exigió que ella viajara a México?
–Así es. No di crédito. En lugar de asumir su responsabilidad de juez imparcial y de examinar el fondo de la apelación, se extralimitó en sus funciones convirtiéndose en una especie de perito grafóscopo e imponiéndonos cargas que no le correspondía.
De paso, agrega el abogado Patiño Hurtado, “se convirtió en una suerte de defensor anticipado de la contraparte. Es lógico pensar que en el marco de su estrategia de defensa los abogados de los demandados lleguen a cuestionar la autenticidad de la firma de mi clienta, pero es surrealista constatar que quien lo hace es el mismo juez encargado de dictaminar sobre la competencia del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito para instruir la demanda de Florence Cassez”.
–¿Qué hizo usted entonces?
–Le recalqué al magistrado Cortés que se estaba extralimitando y que lo único que le faltaba era contrademandarnos. Me escuchó. Se rió, aparentemente muy divertido y siguió exigiendo que Florence Cassez ratificara personalmente su firma. Le dio ‘generosamente’ un plazo de cinco días mas para hacerlo.
La firma, el pretexto
Según Patiño Hurtado, entonces empezó una carrera de velocidad para comprobar la autenticidad de la firma de Florence Cassez sin que ella tuviera que viajar a México.
El abogado explica que su clienta no puede viajar a México “por razones obvias de seguridad”. Además, argumenta que para el momento de la demanda estaba imposibilitada de hacerlo porque vivía los últimos días de su embarazo y ahora cuida a su bebé recién nacida.
“Todo eso lo expliqué al juez entregándole documentos de la clínica donde parió y partes médicos debidamente certificados. En vano. Los rechazó diciendo que no eran documentos originales sino copias. Los consideró además incompletos y vagos. Argumentó inclusive que no se estipulaba si la clínica era privada o pública. ¿Se da cuenta del nivel de cuestionamiento? Por eso menciono a Cantinflas”.
En su afán de comprobar la autenticidad de la firma de su clienta, el abogado fue al juzgado acompañado por Guadalupe Espinoza Aguilar, perito en grafoscopia, caligrafía, documentoscopia y grafometría, adscrita al Tribunal Superior de Justicia. Luego, pidió el expediente de Florence Cassez y tomó fotos de la firma cuestionada por el juez. Después de examinarla, la experta ratificó su autenticidad.
Pero aquella prueba no convenció a Armando Cortés Galván.
El pasado 19 de febrero, Florence Cassez acudió con las autoridades policiacas de Annecy, ciudad francesa donde radica, ante las cuales hizo una declaración jurada en el sentido de que firmó con su puño y letra el documento original de la apelación interpuesta el 9 de febrero.
La francesa entregó otras muestras de su firma, además de la que aparece en la fotocopia de su pasaporte. Todo fue sucesivamente autentificado y certificado por la policía francesa y por Gerald Martin, cónsul general de Francia en México quien, por sus funciones, tiene autoridad de notario. Todas las firmas fueron sometidas a peritaje en México y declaradas auténticas.
No obstante, estas nuevas pruebas tampoco convencieron al juez Cortés Galván.
“Peor aún, el juez me cuestionó porque le entregaba con demasiada prontitud todos estos documentos. Me dijo que empezaba a dudar que Florence Cassez estuviera realmente en Francia, descalificando así, con la más absoluta soberbia, a las autoridades policíacas y consulares de Francia. ¿Eso no le recuerda a Kafka?”, preguntó el abogado.
El 13 de marzo, Armando Cortés Galván rechazó la solicitud en la que pedía un plazo suplementario de diez días para que Florence Cassez ratificara su firma, lo cual le permito desechar la apelación sin haberla examinado nunca.
–¿Queda entonces también desechada la demanda contra la PGR, Genaro García Luna, Felipe Calderón y Televisa, entre otros?
–Así es. Por eso ahora nos vamos al amparo. Espero que esta vez tengamos como interlocutor a un juez digno de ese nombre. Es obvio que el magistrado Cortés desplegó toda la mala fe y la mala voluntad del mundo para hacernos perder tiempo y paciencia. Quiso enterrar el juicio antes de que se iniciara la instrucción del caso. Fue una especie de advertencia.
Al final advierte: “Mi clienta esta perfectamente consciente de que su demanda cuestiona muchos intereses y sabe que la esperan otros obstáculos. Eso, por supuesto, no la desanima lo mas mínimo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANNE MARIE MERGIER.
CHILPANCINGO. Gro: Al menos mil 854 ciudadanos insaculados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para fungir como funcionarios de casilla en Guerrero fueron reportados como fallecidos y tres mil 811 se consideran “no localizados”.
En este proceso de selección de funcionarios electorales fueron elegidos cuatro normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desparecidos tras la masacre registrada hace seis meses en la ciudad de Iguala.
No obstante, “por respeto a las familias de los normalistas insaculados” no se hizo la visita domiciliaria para notificar oficialmente, indicó David Alejandro Arroyo, vocal ejecutivo del INE en la entidad.
Delgado Arroyo dijo que debido a la condición oficial de los normalistas, “que es precisamente la de desaparecidos”, sus nombres siguen apareciendo en la Lista Nominal de Electores.
En este sentido, el funcionario electoral insistió en señalar que los normalistas oficialmente no son personas fallecidas y, por ello, no existe ningún documento oficial que obligue a retirarlos del listado nominal.
Incluso, refirió que los cuatro normalistas forman parte de los 328 mil 880 ciudadanos insaculados en primera instancia en la entidad.
Esta cifra constituye el 13 por ciento del listado nominal y en los próximos días se realizará una segunda etapa de sorteo para designar el próximo 8 de abril a los funcionarios de casilla, señaló Delgado Arroyo.
Sobre este tema, dijo que la primera etapa de insaculación también tiene como propósito conocer la situación de cada uno de los ciudadanos sorteados, incluso “si se trata de fallecidos no reportados”.
En este sentido reveló que hasta el momento se han reportado mil 854 ciudadanos insaculados fallecidos en la entidad y tres mil 811 ciudadanos son considerados como “no localizados”.
Al respecto, el vocal ejecutivo del INE en la entidad explicó que existen nueve causas para considerar a un ciudadano como no localizado.
La primera es por cambio de domicilio, así como domicilio no localizado o mal referenciado; por fallecimiento; desaparecido; no conocen al ciudadano; residencia en el extranjero; vivienda deshabitada o abandonada y ciudadanos con doble registro en el listado nominal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Luis Echeverría Álvarez jamás asumió la responsabilidad por la masacre de docenas de estudiantes en las calles de la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 ni por la expulsión de don Julio Scherer de la dirección del periódico Excélsior el 8 de julio de 1976.
Aquellos cobardes ataques a nuestros derechos más básicos, a la vida, a la protesta y a la libertad de expresión fueron presentados como “conflictos entre particulares”. Hoy, los hijos políticos de Echeverría recurren al mismo discurso de antaño para evitar ser llamados a cuentas tanto por la masacre estudiantil en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, como por la destitución de Carmen Aristegui como titular de la primera emisión de MVS Noticias el 15 de marzo de 2015.
La escalofriante continuidad histórica de las estrategias del régimen, paradójicamente, genera esperanza. A lo largo de los últimos 40 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha evolucionado un ápice, sino que se ha estancado en un pantano de lógicas retrógradas ya rebasadas por los tiempos modernos.
En contraste, la sociedad se ha transformado radicalmente en las últimas cuatro décadas. Somos ahora mucho más conscientes, informados, comunicados, exigentes y movilizados que antes. El desenlace de la crisis actual, entonces, promete ser mucho más positiva y productiva que el de la acontecida a principios de los años 70 del siglo pasado.
Hoy todos sabemos que la masacre del Jueves de Corpus fue fríamente planeada desde las más altas esferas del poder. De acuerdo con las investigaciones periodísticas y académicas que han salido a la luz en años recientes, fue perpetrada por cientos de halcones entrenados en Estados Unidos que se coordinaron con la policía y con las fuerzas militares el día de la represión. El presidente Echeverría estaba al tanto del desarrollo de todos los acontecimientos. El excelente documental de 2006 realizado por Canal Seis de Julio y dirigido por Carlos Mendoza, Halcones: Terrorismo de Estado (disponible aquí: http://ow.ly/KwP6W), expone con claridad lo que realmente ocurrió aquel fatídico día.
De la misma manera, en estos tiempos todos saben que la salida de Scherer, Vicente Leñero, Enrique Maza, Rafael Rodríguez Castañeda y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, de Excélsior, fue un golpe planeado desde la Presidencia de la República. El ataque inició en 1972, cuando los oligarcas del país organizaron un boicot de anunciantes en contra de Excélsior para ahorcarlo financieramente. Y, finalmente, en 1976 un grupo de esquiroles bajo las órdenes de Los Pinos tomaron por la fuerza la Asamblea General de la Cooperativa Excélsior para destituir formalmente a Scherer. La mejor referencia para conocer en detalle los acontecimientos de aquellos días tan álgidos es el libro del mismo Leñero (en paz descanse) titulado Los periodistas, cuya nueva edición de 2012 fue prologada precisamente por Carmen Aristegui.
Tanto la matanza de 1971 como la censura de 1976 les salieron muy caras al régimen. La represión del Jueves de Corpus convenció a muchos mexicanos, y de manera destacada en Guerrero, a abandonar la lucha institucional para tomar las armas en contra del poder despótico. Asimismo, la expulsión de Scherer desembocó en la creación de la revista Proceso, una publicación que nos acompaña hasta la fecha como uno de los pocos bastiones de crítica informada que valientemente pone límites al poder corrupto.
El editorial del primer número de Proceso, publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso que presenta similitudes con la coyuntura del presente. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, así como “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Remataron: “Así somos, y aquí estamos”.
En el video del Canal Seis de Julio sobre el 10 de junio se incluyen testimonios originales de estudiantes que intervinieron en la manifestación. En respuesta a la pregunta de un periodista: “¿Cree usted que son libres en México?”, un estudiante responde: “No lo creemos. La mejor prueba de esto es la existencia de presos políticos en las cárceles de la Ciudad de México y en otras ciudades del país”. Y en otra toma un estudiante explica: “Estamos luchando por un país realmente democrático, y tenemos que mostrar que el gobierno no es democrático. Estamos intentando demostrar que el sistema represivo no lo hace legalmente ni respeta la Constitución. Y estamos tratando de desarrollar un movimiento revolucionario”.
En esta época hay aún más periodistas –quienes “aquí estamos” en la brecha de la dignidad– y muchos más estudiantes y maestros con la claridad de que “el gobierno no es democrático”. Además contamos con redes de comunicación e información digitales que no teníamos hace 40 años. Y la decisión de los dignos padres y estudiantes de Ayotzinapa de rechazar la vía armada para acceder al poder público abre una enorme oportunidad histórica para superar viejos debates, desconfianzas y sectarismos.
Pocas veces ha habido una coyuntura tan favorable para caminar juntos a favor de una renovación de la patria; 40 años de represión y censura no han podido apagar la antorcha de la esperanza democrática. Al contrario, ésta alumbra el camino con más fuerza que nunca. Sigamos todos el ejemplo de los fundadores de Proceso tomando la historia en nuestras manos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN (ANÁLISIS).
En los últimos dos meses han renunciado casi 30 liderazgos del PRD. Su mal manejo del caso Ayotzinapa y los pactos signados con el Gobierno Federal tienen al partido dividido y débil. De ser la tercera fuerza política ahora podría ser superado por Morena y el PVEM.
El efecto de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas de las filas del PRD en noviembre del 2014 aún no acaba.
La renuncia del que fuera considerado el líder moral del partido del sol azteca acarreó una desbandada en ese partido en los últimos meses, lo que ha dejado al PRD sin representación significativa en lugares que antes eran su bastión.
Decenas de líderes han abandonado el barco y, con ellos, se han llevado a muchos más militantes de a pie que cargarán con sus votos para la próxima elección.
Pero el primer aleteo sucedió desde diciembre del 2013, con la postura del PRD ante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues a pesar de la resistencia de muchos, este partido firmó el Pacto por México con el PRI, el PAN y el PVEM.
Esa decisión posibilitó que varias reformas estructurales fueran aprobadas, pero la unidad del PRD en las bancadas del Congreso de la Unión se vio fracturada.
El quiebre más fuerte se suscitó cuando la dirigencia nacional y sus corrientes cercanas decidieron apoyar la reforma fiscal promovida desde la Presidencia de la República.
Aunque la inconformidad aumentaba, la crisis aún tardaría un poco en llegar.
La actual presidencia nacional del PRD, encabezada por Carlos Navarrete, nació el 5 de octubre del 2014 en medio de la crisis y, desde entonces, no ha tenido un día de tregua.
Apenas una semana antes de que Navarrete tomara el control del partido, la noche del 26 de septiembre, había ocurrido la tragedia en Iguala, Guerrero, y 43 estudiantes normalistas fueron atacados por policías del municipio y después presuntamente masacrados e incinerados.
El presidente municipal, José Luis Abarca, era perredista.
Días después de ese acontecimiento se dio a conocer que Abarca y Jesús Zambrano - quien estaba en sus últimos días como presidente nacional del PRD- se habían reunido.
Zambrano, quien pertenece a la corriente de “Los Chuchos” -la misma de Navarrete-
reconoció que se vio con Abarca el 29 de septiembre, tres días después de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El expresidente del PRD aclaró que la reunión había tenido el único objetivo de manifestarle a Abarca que debía solicitar renuncia urgentemente para que quedara a disposición de la autoridad judicial.
“Que él se haya fugado después no es responsabilidad mía”, expresó.
Pero el daño estaba hecho.
A partir de ahí, el PRD comenzó su descenso en caída libre y conforme pasan las semanas se suman más y más salidas que dejan al partido herido.
Algunos de los políticos que han abandonado el barco perredista argumentan la cooptación del partido por parte de una sola corriente, que ha repartido puestos de poder y candidaturas a sus incondicionales.
Otros, han cuestionado que el PRD se haya convertido en comparsa del poder y apoyen de manera incondicional al Gobierno Federal dejando de lado la crítica y los cuestionamientos que antes los caracterizaban.
Un partido de verdugos
A raíz de la crisis desatada al interior del PRD por la respuesta del partido a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, varios liderazgos levantaron la voz por la forma en que la dirigencia nacional trató de evadir su responsabilidad y por las complicidades implícitas en el caso.
José Luis Abarca, el alcalde de Iguala acusado de dar la orden de matar a los estudiantes, era integrante de Nueva Izquierda (NI), la corriente más dominante en el PRD.
La misma a la que pertenece el exgobernador Ángel Aguirre y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega.
La misma que jefatura Jesús Ortega y a la que pertenece Carlos Navarrete, presidente del partido.
El primero en saltar fue Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido y líder moral del sol azteca.
Primero, Cárdenas se reunió con Navarrete y le cuestionó que, como institución, el partido estuviera ausente de las movilizaciones por la localización de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Le recriminó que la dirigencia no se hubiera pronunciado fuertemente en favor la liberación de los 11 detenidos en el Zócalo luego de una manifestación, pese a las evidencias de que fueron aprehendidos arbitrariamente.
Le recriminó también el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la tribu yaqui.
Navarrete le dijo que esas preocupaciones las analizaría el CEN. Eso fue suficiente.
Horas después, Cárdenas presentó su renuncia con carácter de irrevocable al partido que fundó 25 años atrás.
En la misiva, aseguró que no correría el riesgo de compartir responsabilidades de decisiones tomadas por miopía, oportunismo o autocomplacencia.
“Esta medida obedece a su propósito de mantener congruencia con sus principios”, dijo, y se fue.
Tras él, decenas de perredistas dejaron las filas del sol azteca. Algunos, en franco desacuerdo por la transformación del propio partido; otros, por la imposibilidad de acceder a una candidatura.
Dejan los bastiones abandonados
Después de Cuauhtémoc Cárdenas, salieron del PRD los senadores Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Adán Augusto López y Alejandro Encinas, quien resumió en una frase la crisis que partía en pedazos a ese partido de izquierda.
“El PRD pasó a ser un partido donde antes poníamos a los muertos y ahora ponemos a los verdugos”, dijo Encinas a Reporte Índigo, días antes de su renuncia.
Se fue después Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno capitalino acusado por algunas fuerzas políticas por las irregularidades de la Línea 12 y quien saltó de las filas del PRD al no conseguir una candidatura a la diputación federal.
Con él, abandonaron el partido algunos de sus cercanos colaboradores y parte de su Movimiento Progresista, como Agustín Guerrero, líder de ese grupo; Malú Micher, diputada federal; René Cervera, jefe de la oficina de Gobierno del DF en tiempos de Ebrard.
Salieron también Vidal Llerenas, diputado local; Irak López Dávila, exfuncionario del DF; Alejandro Rojas Díaz Durán, exsecretario de Turismo capitalino; y Armando Quintero, execretario de Transportes; y Elías Moreno Brizuela, exdirector de Protección Civil en el gobierno de Ebrard.
Ellos tampoco se fueron solos.
Quienes conformaban sus bastiones en la capital los acompañaron, así que decenas de militantes también presentaron sus cartas de renuncia al PRD.
Se fueron figuras como Fernando Zárate, diputado federal; Esthela Damián Peralta, diputada local en el DF; Leticia Varela, exsecretaria de Finanzas del PRD; Alfonso Ramírez Cuéllar, también líder de El Barzón; María Rojo, exjefa delegacional de Coyoacán; Agustín Torres, exjefe delegacional de Cuauhtémoc; y Marco Rascón, exdiputado federal.
Salió también Polimnia Romana, asambleísta en el DF y quien fuera una de las más cercanas a Andrés Manuel López Obrador y que ahora militará en el PRI.
Liderazgos estatales abandonaron también al partido del sol azteca. Entre ellos están Rosalinda López Hernández, de Tabasco; y los guerrerenses Félix Salgado Macedonio, Eloy Cisneros, Saúl López y Ranferi Hernández.
No afecta
El propio Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, reconoció a principios de marzo que eran más de 30 las cartas de renuncia que habían llegado hasta su escritorio. Conforme pasan los días, la cifra ha ido creciendo.
Sin embargo, el líder del partido del sol azteca ha desestimado estas salidas y dijo que esto no afectará en el desempeño del PRD en las próximas elecciones.
El 4 de marzo, en rueda de prensa, Navarrete negó que estas deserciones signifiquen que el instituto político se esté desplomando y por el contrario auguró buenos resultados electorales.
Los que se fueron
Lista de políticos más sobresalientes que han dejado el PRD
> Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
> Marcelo Ebrard Casaubón
> Alejandro Encinas Rodríguez
> Mario Delgado
> Agustín Guerrero
> Martha Lucía (Malú) Micher
> Fernando Zárate Salgado
> Esthela Damián Peralta
> Leticia Varela
> Félix Salgado Macedonio
> Eloy Cisneros Guillén
> Saúl López
> Ranferi Hernández
> Rabindranath Salazar
> René Cervera
> María Rojo
> Adán Augusto López
> Alfonso Ramírez Cuéllar
> Marco Rascón
> Rosalinda López Hernández
> Armando Quintero
> Alejandro Rojas Díaz Durán
> Agustín Torres Pérez
> Elias Moreno Brizuela
> Vidal Llerenas
> Irak López Dávila
El destino de la izquierda
Líderes como Cuauhtémoc Cárdenas o Alejandro Encinas, dos de sus exmilitantes con más trayectoria en la izquierda mexicana, han convocado a una reflexión sobre el destino que debe tomar la oposición en el país.
Al anunciar su salida del PRD, el senador Alejandro Encinas llamó a crear una coalición de fuerzas de izquierda que sirva de contrapeso al Ejecutivo federal y se convierta en un centro de reflexión sobre el rumbo que debe tomar el país.
Y fue Cárdenas quien después de cuatro meses de permanecer en reflexión sobre la izquierda en México decidió lanzar un llamado para conformar una nueva fuerza política y hasta redactar una nueva Constitución.
“Tenemos que construir un gran encuentro plural que impulse los cambios que requiere el país, que reclama el pueblo, que mueva conciencias y articule una amplia unidad social y política”, llamó Cárdenas.
El político de izquierda conminó a llevar a cabo una serie de cambios estructurales en México, que incluyan un saneamiento del sistema judicial, un rediseño de la policía y un combate frontal a la corrupción, así como la instauración de procedimientos regulares de consulta popular para ratificar las reformas hechas por el Congreso de la Unión.
Sin embargo, la convocatoria más importante que realizó Cárdenas es a realizar un nuevo texto constitucional que sustituya a la actual Carta Magna que está por cumplir el centenario de su nacimiento.
“El texto constitucional que nos está rigiendo en la actualidad, al que se le han borrado la esencia reivindicatoria del 17 y los avances sociales de la Revolución, que es producto del golpe de estado legislativo, completado por las mayorías pusilánimes y entreguistas del Congreso en diciembre del año pasado”, expuso.
Para Cárdenas, la unión con otros grupos y con legisladores que apoyen su iniciativa es fundamental, por lo que llamó a liderazgos como Javier Sicilia o Raúl Vera para trabajar en equipo y consolidar estos cambios junto a universidades, empresarios y todos los sectores que busquen un nuevo proyecto de Nación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Arrestan en Nuevo Laredo a Ramiro Pérez Ramos “El Rama”, quien se perfilaba como el posible sucesor del “Z-42” como líder del Cártel de Los Zetas.
Ramiro Pérez Ramos “El Rama”, identificado como el posible sucesor de Omar Treviño Morales alias el “Z-42”, fue detenido ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos de la Secretaría de Marina.
“El Rama”, clasificado por la Comisión Nacional de Seguridad como comandante regional del Cártel Los Zetas y cabecilla del grupo en dicho municipio, estaba en la lista de los 122 objetivos prioritarios de las autoridades federales.
La Marina dijo en un comunicado que al parecer Pérez se convertiría en el líder del Cártel de Los Zetas después del arresto el 4 de marzo de Treviño Morales. Sin embargo, no se sabe mucho de él en comparación con otras figuras de la organización criminal, y ha habido una lucha importante por territorio desde la captura del “Z-42”.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó ayer que la aprehensión de Pérez Ramos y de cuatro cómplices se dio durante un operativo terrestre encabezado por fuerzas de seguridad estatales y federales.
Formal prisión a Treviño
Un juez federal dictó ayer auto de formal prisión contra el presunto líder absoluto de Los Zetas, Omar Treviño Morales, “El Z42”, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.
La Procuraduría General de la República lo acusó de haber secuestrado a varias personas en Tamaulipas, en 2005.
El “Z-42” se encuentra recluido el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Ciudad de México, 23 de marzo: El Estado mexicano ha fallado en su labor de garantizar la libertad de expresión y proteger la integridad de los periodistas que hacen uso de ella, de acuerdo con el informe anual “Estado de censura” realizado por Artículo 19.
Hablar, cubrir o investigar temas relacionados con corrupción, protesta social o delincuencia común u organizada, ha puesto en riesgo a reporteros, editores, fotógrafos, locutores, blogueros, tuiteros, defensores de derechos humanos, entre otros, indica el documento.
A pesar de los mecanismos que existen –y que atraviesan “su peor crisis de legitimidad”–, la impunidad y deficiencia pesaron más durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto, donde los atentados contra la prensa se dispararon a 326 y, cuyos principales agresores son funcionarios públicos y miembros del crimen organizado.
El informe de la organización internacional dice que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, agrega, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.
“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, dice.
En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-03-2015/1290149.
