Habrá protesta en el INE y marcha en DF por los 6 meses de Ayotzinapa

El mitin afuera del INE será a las 12:00 horas y la marcha que irá del Ángel al Monumento a la Revolución comenzará a las 16:00 horas.

El 26 de marzo se cumplen 6 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ese día, padres y familiares de los estudiantes realizarán un mitin afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito Federal y encabezarán una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

En conferencia de prensa, los padres anunciaron que el mitin afuera del INE será a las 12:00 horas del jueves 26 de marzo y será para pedir oficialmente que no se realicen las elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio y exponer por qué consideran que no hay condiciones para que se realicen los comicios.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, dijo Melitón Ortega, uno de los papás de los normalistas desaparecidos. “Para nosotros no hay confianza en los partidos políticos. (El movimiento) no les importa. No queremos plática con los partidos políticos porque ninguno se pronunció por los 43 normalistas”.

La marcha del 26 de marzo comenzará a las 16:00 horas e irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Melitón Ortega llamó a la gente a sumarse a esta protesta “para denunciar la falta de resultados en la localización de los jóvenes y la persistencia de la impunidad y la corrupción” en este caso.

Además, hace una semana padres y familiares de Ayotzinapa, sindicatos y organizaciones civiles también acordaron bloquear módulos del INE el 26 de marzo.

Desde finales del año pasado, los padres de los normalistas desaparecidos han asegurado que no permitirán que se realicen elecciones en Guerrero en este año, pues aseguran que los políticos están coludidos con criminales, por lo que las elecciones no resuelven los problemas del país.


Ante el llamado de los familiares de los normalistas para que la gente no vote, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se pedirá el apoyo de las fuerzas de seguridad si alguien trata de impedir la instalación de casillas en Guerrero.

CONFERENCIA COMPLETA:





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El GDF busca que la Suprema Corte determine la constitucionalidad de la Ley de Movilidad

Al resolver un amparo, el juez detalló que lo que se pretende con tal resolución es que las autoridades responsables de la vigilancia de las marchas, manifestaciones o mítines “respeten la vida e integridad personal de los quejosos cuando realicen las protestas o manifestaciones”.

Un juez federal declaró inconstitucional la Ley de Movilidad para el Distrito Federal aprobada en julio del 2014, lo cual obliga a las autoridades capitalinas a no criminalizar la protestas o manifestaciones y, por tanto, abstenerse de acusar a los participantes por delitos penales “por el simple hecho de manifestarse.

Fue el juez Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien determinó el lunes 23 de marzo que los artículos 212, 213 y 214 de dicha ley vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

Hoy, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el consejero jurídico del gobierno del DF, José Ramón Amieva, dijo que “es muy probable que nosotros (GDF) impugnemos este amparo concedido por este juez de distrito, a fin de que un tribunal determine sobre el mismo”.

Agregó que hay cinco amparos interpuestos relacionados con la ley, “pero nosotros principalmente estamos refiriéndonos a la acción que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

“Lo que queremos conocer es cuáles serían los argumentos y esos efectos, consideramos que los puede dar de manera fehaciente, contundente, la Suprema Corte para determinar si son constitucionales o inconstitucionales“, detalló.

Los artículos controversiales

Artículo 212

Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos den aviso.

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos.

Artículo 213

Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de
acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea.

Artículo 214

Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente.

Consulta la ley íntegra aquí. 

El amparo

Al resolver un amparo, el juez detalló que lo que se pretende con tal resolución es que las autoridades responsables de la vigilancia de las marchas, manifestaciones o mitines “respeten la vida e integridad personal de los quejosos cuando realicen las protestas o manifestaciones”.

De esta forma, el amparo resuelto obliga también a las autoridades a que “no criminalicen la protesta, es decir se abstengan de acusar por delitos penales a los quejosos por el simple hecho de manifestarse”; asimismo, el juzgador ordenó que en ningún caso los manifestantes deberán ser privados de su libertad por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de manifestarse.

El amparo concedido no autoriza a los quejosos al bloqueo deliberado de las vías de circulación, a cometer agresiones físicas a terceros o a las fuerzas de seguridad, a provocar daño patrimonial deliberado de monumentos, señales de tránsito, o bienes del dominio público o de terceros, o a la portación de armas blancas o de fuego.

La autoridad jurisdiccional resolvió que la libertad de expresión o la protesta protegida constitucional e internacionalmente es una libertad sin violencia, de forma que la conducta deliberada y dirigida a afectar la integridad personal, el patrimonio u otros derechos fundamentales de terceras personas no está en modo alguno comprendida dentro de la tutela que supone la libertad de expresión.

Se precisa que la Constitución y los tratados internacionales no reconocen un derecho al bloqueo deliberado e indefinido o permanente de calles y carreteras

En diciembre de 2014, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa del DF, resolvió en el mismo sentido, ya que consideró que los artículos de la ley de movilidad los van en contra de la Carta Magna y de lo que establecen tratados internacionales.

En el amparo resuelto ayer 23 de marzo por el juez octavo de distrito se concluye que el artículo 212 de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal es inconstitucional en la parte relativa a la obligación que establece para hacer constar en el aviso la finalidad “perfectamente lícita” de la manifestación pública.

Al respecto, el juzgador federal subraya que todas las personas gozan del derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino en todo caso mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros.

Asimismo, resolvió que la carga de dar aviso previo para la realización de una manifestación está dirigida exclusivamente a las manifestaciones o concentraciones de una densidad significativa, siendo inaplicable dicha obligación a las protestas que congreguen un número menor de personas y/o cuando surja una protesta espontánea.

Puntualiza que la exigencia de un aviso previo tiene efectos meramente informativos, lo cual no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condicione la licitud de la protesta.


A su vez, la redacción del artículo 214 prevé que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las vías primarias de circulación porque genera incertidumbre jurídica.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE

Cuauhtémoc Gutiérrez, “poder fáctico” en el PRI: Cecilia Soto

El ex dirigente del PRI-DF fue exhibido no solamente por la investigación difundida en la radio, en abril 2014, sino que ya había sido denunciado por el mismo reclutamiento diez años atrás en el diario Reforma, recordó.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un “poder fáctico” dentro del PRI, señaló Cecilia Soto, ex candidata presidencial del PT en 1994, en entrevista para Aristegui CNN.

En el mismo sentido, durante un acto el pasado fin de semana, para conmemorar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Soto comentó: “Preguntémonos si él hubiera aceptado a Cuauhtémoc…”, en referencia a que ese partido decidió no expulsarlo, sino sólo suspenderlo temporalmente, tras las acusaciones que lo señalan como el operador de una red de prostitución.

Al abordar ese tema, en entrevista con Carmen Aristegui, la ex candidata recordó que la red de prostitución operada por Gutiérrez fue revelada desde hace más de 10 años por el diario Reforma, y en abril del año pasado la Unidad de Investigación de MVS documentó cómo seguía operando en el PRI-DF.

Tras enterarse que la Comisión de Justicia del PRI prácticamente lo había exonerado, dijo: “A mí me parece que eso violenta el espíritu de la reforma ética que planteó (Luis Donaldo) Colosio para el PRI”.

Subrayó que  la vigencia de Colosio tiene consecuencias prácticas, como el hecho de que no pueden estar en el PRI, ni en ningún partido, los violadores, golpeadores de mujeres, enganchadores, etcétera.

Sobre lo que representa Gutiérrez de la Torre, apuntó que “ese sí es un poder fáctico”, un “personaje con poder económico”, “es un hombre muy rico, con mucho poder y representa un poder fáctico importante”.

En CNN, abundó sobre la vida de Colosio, su ex contrincante, de quien señaló que mucho de lo que aportó a la política, está vigente.

Refirió que Colosio pone un estándar de acción política muy alto.

Apuntó que lo “subversivo” de Colosio fue que sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, se comprometió primero a “transformar el dinosaurio”.

“Es un discurso realmente subversivo, la crítica que hace al sistema, el PRI, su partido, es una crítica devastadora, desde el punto de vista económico, de ejercicio de la política, desde el punto de vista de las inercias. Además, habla del fraude electoral, dijo que no quería un sólo voto que no fuera legítimo”, expuso.

El dinosaurio, señaló, “ahí sigue, sigue en Toluca e Hidalgo”. Ahora “hay luces y sombras, hemos logrado muchas cosas, pero hay una energía hacia atrás, una especie de retroceso”.

Actualmente, “hay un factor que está fuera del cálculo político: el empoderamiento del ciudadano, a través de las redes sociales y el internet. Eso ha venido a cambiar la ecuación del poder”.

“En el núcleo gobernante no se ve capacidad de gobierno, pese a que así se vendió en la elección presidencial”, sostuvo.


Soto aseveró que el grupo gobernante se ve rebasado, y se ve mucho un “síndrome”: “todo es Toluca-Hidalgo”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones urgen a CIDH investigar “presiones” del gobierno en caso MVS-Aristegui

Expresan "preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica".

Organizaciones de la sociedad civil urgieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que solicite informes al gobierno mexicano, sobre “posibles presiones o injerencias” hacia MVS, para que finalizara, de forma unilateral, la relación contractual con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de periodistas.


En un comunicado, diferentes asociaciones cuestionaron los nuevos lineamientos de MVS, “cuyo único objetivo es ejercer mayor control editorial”.

COMUNICACIÓN REFERIDA:

BOLETIN ARISTEGUI-CIDH FINAL.pdf by Aristegui Noticias:

  BOLETIN ARISTEGUI-CIDH FINAL.pdf

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defensores analizan poner queja contra diputada que calificó a migrantes como “un peligro”

La legisladora federal Patricia Peña Recio dijo que, adonde llegan, los migrantes "ejercen la prostitución" y asaltan a la gente porque no tienen dinero.

Los migrantes son “un peligro” para México. Porque “asaltan a la gente”, “ejercen la prostitución”, y además “se matan” entre ellos. Así lo dijo la diputada federal Patricia Peña Recio, legisladora del PRI por Coatzacoalcos, Veracruz.

Peña Recio, cuyo perfil oficial indica que es licenciada en Ciencias de la Educación e integrante de la comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, hizo estas declaraciones al confirmar que en el municipio de Coatzacoalcos se cerró una casa de Apoyo a migrantes centroamericanos. 

“Lo primero que hicimos fue cerrar una casa en donde ellos recibían ayuda de otros lados”, señaló la diputada suplente de Joaquín Caballero Rosiñol, que además pidió el cierre de otros lugares como el centro de apoyo para migrantes porque, según ella, “son un peligro para la ciudadanía, (los migrantes) son personas que llegan sin dinero, y están allí saltando” y “haciendo cosas indebidas en la vía pública”.

Asimismo, la representante federal alegó que no es responsabilidad de México atender a las personas que proceden de otros países.

“No es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares, la responsabilidad la tenemos con los ciudadanos que nos dieron la confianza, esa es nuestra obligación”, dijo la diputada, que no obstante recalcó que sí se respetan las garantías de los migrantes, aunque no se les permita estar en los albergues.


“Se les está respetando sus garantías. No los estamos agrediendo, ni nada de eso -enfatizó-. Se les respeta que van de paso y que se les atiende de alguna manera, pero que circulen. No se está permitiendo que se queden ahí ni un día”.



Analizan queja contra la diputada por “discriminación y xenofobia”

Ante estas declaraciones, Karina Arias, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que investigan y trabajan el tema migratorio en México, adelantó que están analizando hacer un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se sancione a la funcionaria.

“Como red de organizaciones, estamos analizando hacer un exhorto al Conapred. Porque si la declaración de por sí ya es grave, lo es mucho más porque viene de una funcionaria pública”, expuso Karina Arias en entrevista con Animal Político. 

Asimismo, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabrinianas para migrantes y refugiados en su sección México, dijo que, como organización civil, también están analizando emitir una queja formal contra la legisladora priista por unas declaraciones que calificó como “lamentables”, y que “demuestran una actitud de xenofobía y de ceguera respecto a las personas migrantes”, y que además “discrimina” a los albergues y a la labor social y humanitaria de los activistas.

En cuanto a las palabras de Patricia Peña, cuando asegura que “no es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares”, la defensora de migrantes recordó que en junio de 2011 se llevó a cabo una reforma en la Constitución Mexicana, a partir de la cual se incluyó el principio ‘pro-personae’ que busca la protección de los derechos de las personas, más allá de su nacionalidad o estancia regular en un país. 

“Invitaría a la diputada a que, más allá de retractarse, comprenda cuál es su función como legisladora y como una promotora de la ley en este país. Yo quisiera recordarle que hubo una modificación al Artículo 1º Constitucional, que vuelve a centrar cualquier ley en el derecho pro-persona. Y me parece que esta fijación de decir que su responsabilidad es solo con los nacionales mexicanos, transgrede totalmente ese artículo”, apuntó la activista, que además resalta que Patricia Peña, como diputada federal, “debería ser la primera en vigilar que esté cumpliendo ese artículo y que se esté velando por el derechos de las personas”.

“Deberíamos interrogarnos sobre qué tipo de gente es la que llega a los cargos públicos donde se generan las leyes en México -plantea Gutiérrez-. Porque es muy preocupante que siendo representante federal, esta mujer haga ese tipo de declaraciones”, hace hincapié la directora en México de la Misión Scalabrinianas, que concluye recordando que en Estados Unidos hay miles de migrantes mexicanos que sufren por actitudes xenófobas y de discriminación, como “esa población centroamericana que ella señala como un foco de infección y de perdición”.

Por su parte, Germán Guillermo Ramírez, presidente de la asociación Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska, en Coatzacoalcos, rechazó las palabras de la legisladora, y aseguró que no es cierto que todos los migrantes centroamericanos cometan delitos contra la población mexicana.

“La realidad no es esa. Esta señora tiene que ver que hay de todo; que hay gente buena y mala en México y también en Centroamérica, y no podemos generalizar. Los migrantes necesitan que alguien los ayude a llevar un pan a su mesa, así que cada quien piense qué haría si estuviera en lugar de ellos”, señala el activista en conversación telefónica con Animal Político.

“Los migrantes no andan aquí en Coatzacoalcos porque vengan a dar la vuelta y a pasear por México. Ellos cruzan por aquí porque tienen que llevar comida a su casa. Y quienes digan que eso es algo que está mal, y que no se les debe ayudar, que se tienten un poco el corazón“, pidió el activista.

Coatzacoalcos, foco rojo de agresiones a migrantes

Cabe resaltar que Coatzacoalcos es un foco rojo de agresiones a migrantes, a su paso por el estado de Veracruz.


La Casa del Migrante de Saltillo publicó en enero del pasado año 2014 un informe, en el que daba a conocer que el 42% de los casos de cobro de cuotas y extorsiones a migrantes se produjo en Coatzacoalcos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

El secuestro se dispara 52.7% durante la gestión de Peña Nieto

En los primeros 27 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han acumulado un total de cinco mil 389 casos de secuestro, mil 860 casos más que los registrados en los últimos 27 meses de gestión del expresidente Calderón.

Durante los primeros 27 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que van de diciembre de 2012 a febrero de 2015, en México se han acumulado un total de cinco mil 389 casos de secuestro —sumando averiguaciones previas iniciadas en el fuero común y en el fuero federal—, cifra que representa mil 860 casos más que los registrados en el país durante los últimos 27 meses de gestión de su antecesor, el expresidente Felipe Calderón.


Así, tal como se desprende de las estadísticas sobre incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en lo que va del gobierno del presidente Peña Nieto, el secuestro ha registrado un aumento de 52.7%.

Desgloce de datos

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012 —los últimos 27 meses de gobierno del panista Felipe Calderón— se emprendieron tres mil 80 averiguaciones por secuestro en el fuero común, es decir, fueron casos cuya investigación quedó a cargo de las procuradurías de justicia de los estados en los que estos delitos se perpetraron.

A ellas, además, deben sumarse otras 152 averiguaciones por secuestro consignadas en el fuero federal durante 2011 —según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística—; y 297 casos más registrados a lo largo de 2012 por la PGR.

En total, en este último periodo de 27 meses del sexenio calderonista, en México se acumularon tres mil 529 casos de privación ilegal de la libertad.

En contraste, durante los primeros 27 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, en México se tomó registro de tres mil 409 casos de secuestro en el fuero común, más otros mil 980 casos en el fuero federal, que dan un total de cinco mil 389 averiguaciones previas emprendidas por este delito, es decir, mil 860 más que con Calderón.

Fuentes consultadas

El número total de averiguaciones previas por secuestro iniciadas en el fuero federal, tanto del gobierno pasado como del actual, proviene de tres fuentes distintas y complementarias: por un lado, las 152 de 2011 están reportadas en la base de datos titulada “Estadística judicial en materia penal 2011″, del INEGI.

Además, aquellas relativas a los años 2012, 2013 y 2014, fueron proporcionadas a Animal Político por la PGR, a través del oficio 0001700071115 (fechado el pasado 12 de marzo). Para presentar este resultado, la Procuraduría divide divide estas averiguaciones federales en dos rubros: dos mil 71 averiguaciones por el delito de “privación ilegal de la libertad”, en los términos del artículo 364 del Código Penal Federal, y otras 122 averiguaciones por el delito de “secuestro”, en los términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, (correspondientes exclusivamente al año 2014).

El sello del crimen organizado

De estas estadísticas se desprende que mientras en los últimos 27 meses de gobierno de Felipe Calderón se emprendieron 449 averiguaciones por secuestro desde el campo federal (152 en 2011 y 297 en 2012), durante los primeros 27 meses de gestión de Peña Nieto, la cifra de secuestros que demandaron la intervención de las autoridades federales aumentó a mil 980 casos.

Si se comparan ambos periodos de gobierno sólo en lo que toca a secuestros que, por su complejidad o impacto social, demandan la atención federal, las estadísticas revelan que este tipo de delitos aumentó 341% desde que el presidente Peña Nieto asumió la conducción del país.

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los secuestros que persigue el fuero federal y aquellos que se combaten desde el fuero común? ¿Son más graves los federales?

Según la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los tipos de secuestro que toca perseguir al gobierno de la República –descritos por el Código Penal Federal y por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro–, son aquellos en los que “tres o mas personas se organicen de hecho” para llevar a cabo la privación ilegal de la libertad, es decir, cuando el delito es cometido por una banda organizada; cuando los perpetradores “sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o (cuando) se ostenten como tales sin serlo”.

También toca a las autoridades federales investigar un secuestro cuando los perpetradores incurren en delitos federales durante el hecho, tales como el uso de armas de uso exclusivo del Ejército o, incluso, cuando la víctima es secuestrada con fines de trata de personas.

Un secuestro debe ser abordado desde el fuero federal cuando la víctima sufrió agresiones físicas graves durante su cautiverio, tales como “una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, o entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, (así como) el uso de la palabra o de alguna de las facultades mentales”.

Igualmente, el tipo de secuestros que corresponde investigar al fuero federal es aquel en el que la víctima ha sido torturada a grado tal por sus captores, que sufre “la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica; o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible”.

Por último, corresponde a la PGR investigar los secuestros en los que las lesiones infringidas “pongan en peligro la vida” del secuestrado, o cuando éste, de plano, fallezca en manos de sus secuestradores.

Estos son, entonces, los tipos de secuestro que han aumentado 341% en México, desde desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Los estados más afectados

Tal como revelan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública —secuestro del fuero común— y de la Procuraduría General de la República —secuestro del fuero federal—, el estado que destaca por acumular el mayor número de casos de privación ilegal de la libertad es Tamaulipas, ya que, entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, sumó 609 secuestros denunciados ante la autoridad.

En la lista de las entidades con más secuestros durante el gobierno de Peña Nieto siguen el Estado de México (420 casos), Guerrero (351), Michoacán (338), Veracruz (288), Morelos (283), Tabasco (219), Distrito Federal (157) y Jalisco (123).

Epílogo: cifras alegres

En enero pasado, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, aseguró que durante el año pasado, los secuestros en México registraron un descenso de 18%, gracias a la implementación de un grupo élite para enfrentar este delito.

Para sostener esta afirmación, Sales Heredia presentó las estadísticas sobre secuestro del año 2013 —mil 698 casos—, en comparación con las de 2014 —mil 394 casos—, para destacar que el año pasado se habían dado 304 denuncias menos.

Sin embargo, estas cifras sólo estaban basadas en el secuestro del fuero común, es decir, se soslayaba la magnitud alcanzada en el país los secuestros del fuero federal.

Si se agregan estas estadísticas a las cuentas oficiales, los resultados indican que en 2013, el primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, se denunciaron dos mil 654 secuestros, lo que representa un aumento de 44% en la comisión de este delito, en comparación con el último año de Calderón.

Luego, efectivamente, durante el año pasado la incidencia relativa al delito de secuestro registró una disminución, pero ésta fue de 14% —y no de 18% como afirmó Sales Heredia—, al bajar de dos mil 654 casos en 2013, a dos mil 277 casos en 2014.


No obstante, aún cuando hubo una disminución en la incidencia de los secuestros durante 2014, México cerró el año pasado con 23% más secuestros que al final del sexenio calderonista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/03/el-secuestro-se-dispara-52-7-durante-la-gestion-de-pena-nieto/

Ceteg acuerda con la Policía Federal y realizan mitin en Acapulco

Los profesores de la Ceteg realizan un mitin sobre el Boulevard de las Naciones, en Acapulco, para recordar al maestro muerto durante el desalojo del mes pasado; los policías federales mantienen su cerco a la altura de Galerías El Triunfo.

Los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) realizan un mitin sobre el Boulevard de las Naciones en Acapulco, Guerrero, después de acordar con elementos de la Policía Federal que la manifestación de este martes 24 de marzo no llegaría hasta el Forum Mundo Imperial, donde se realiza el Tianguis Turístico.


Mientras los profesores de la Ceteg realizan su manifestación, los policías federales mantienen su cerco a la altura de Galerías El Triunfo, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

Policía Federal Mx @PoliciaFedMx

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#Guerrero Marcha por integrantes de CETEG en Boulevard de Las Naciones, inmediaciones del Centro Comercial La Isla.

13:25 - 24 mar 2015

La mañana de este martes, al menos 600 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) comenzaron su manifestación para recordar al profesor muerto durante un desalojo realizado por la Policía Federal y por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El contingente era encabezado por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa,  quienes, según las autoridades, fueron asesinados e incinerados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula.

“¡Claudio vive, la lucha sigue!” y “¡Porque vivos de los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron los manifestantes, de acuerdo con el diario Reforma. Esto, en referencia al caso de Claudio Castillo, un profesor jubilado que falleció hace un mes durante un desalojo de elementos de la Policía Federal, quienes realizaron el operativo para impedir que una protesta magisterial llegara al Aeropuerto Internacional de Acapulco.


En tanto que, en las inmediaciones de la sede donde se realiza el Tianguis Turístico, elementos de la Policía Federal realizan un operativo para resguardar el lugar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La historia de la casa que cambió la historia del sexenio

El equipo dirigido por Carmen Aristegui publicó el 9 de noviembre de 2014 un reportaje de investigación que puso en entredicho al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que también activó -cuatro meses después ha quedado claro- la decisión de MVS de sacar del aire a la periodista. Éste es el recuento sobre la llamada “Casa Blanca” y su impacto en el poder presidencial.

Mediaron 126 días entre la salida de Carmen Aristegui de MVS y la publicación del reportaje “La Casa Blanca”, como fue calificada la mansión de 7.5 millones de dólares ocupada por la familia presidencial, que fue edificada por un contratista del gobierno federal.

Desde entonces se han movido piezas en altas esferas del poder. Medios nacionales e internacionales cuestionaron la integridad de altos mandos del gobierno mexicano y la popularidad del Presidente cayó hasta su más bajo nivel en las encuestas. Después de 4 meses, los periodistas que publicaron esa historia y siguieron de cerca el tema de conflicto de intereses están despedidos, acusados por MVS de participar en la plataforma Mexicoleaks.

¿Qué pasó entre la publicación de un reportaje que tocó fibras sensibles del poder y el intento de rescisión de contrato de los periodistas? Veamos

9 de noviembre. La Casa Blanca de EPN

El sitio Aristegui Noticias publicó el reportaje “La Casa Blanca de EPN”, en el que se revelaba que la familia presidencial ocupaba una mansión de 7.5 millones de dólares, construida por Grupo Higa, uno de los contratistas beneficiados durante los mandatos de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México y como presidente de la República. Otros medios, como Proceso y La Jornada, también publicaron de manera simultánea los hallazgos de ese trabajo.

10 de noviembre. Vocero acepta propiedad

El entonces vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que la casa era propiedad de la esposa del Presidente, la actriz Angélica Rivera, y confirmó que había sido construida por Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo que había rentado aeronaves para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Sánchez dijo que la mansión había sido comprada con recursos propios de la primera dama. Hoy, Eduardo Sánchez es coordinador de Comunicación Social de Presidencia.

15 de noviembre. EPN anunció que su vocero explicaría tema Casa Blanca

El presidente Enrique Peña Nieto regresó la noche del 16 de noviembre al país, después de una gira por China. Convocó a rueda de prensa en el hangar presidencial, donde el periodista Roberto Zamarripa, de Reforma, lo cuestionó por la casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en el DF. El mandatario dijo que era información “imprecisa y sin sustento” y adelantó que sería su vocero quien respondería al respecto.

18 de noviembre de 2014. Angélica Rivera responde en video

La esposa del Presidente, Angélica Rivera, respondió con un mensaje en video, en el que dijo que la casa le había costado 54 millones de pesos y que había sido adquirida con sus propios recursos, ganados a lo largo de su carrera.

Además, confirmó que la propiedad la edificó Grupo Higa desde el año 2010 y señaló que había contratado los servicios del empresario Juan Armando Hinojosa “por las labores inmobiliarias a las que se dedica”. Dijo que no tenía la obligación de presentar su declaración patrimonial porque no era funcionaria, pero presentó un contrato privado que estipulaba la compraventa a crédito, un préstamo que le hizo Grupo Higa.

26 de noviembre de 2014. La Otra Casa de Higa al servicio de EPN

Vecinos de las Lomas de Chapultepec entregaron documentos y testimonios a la Unidad de Investigaciones Especiales, sobre otra residencia relacionada con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, y que fue utilizada por el hoy presidente durante su precampaña y campaña electoral, además del periodo de transición.

Se trataba de otra propiedad de Grupo Higa usada por Peña Nieto y resguardada por el Estado Mayor Presidencial, al mismo tiempo que Grupo Higa financiaba y construía la llamada Casa Blanca, a gusto del Presidente y su esposa.

27 de noviembre de 2014. Decálogo y foros de justicia en el CIDE

En un mensaje desde Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto anunció 10 medidas contra la impunidad, que incluían, entre otras: combate a la corrupción con un respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia; y rendición de cuentas, mediante la publicación de datos sobre contratistas del gobierno federal.

El Presidente también anunció una serie de foros sobre justicia cotidiana, organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con el propósito de permitir el diálogo entre ciudadanos, académicos y autoridades, para elaborar recomendaciones orientadas a lograr un sistema de justicia más eficaz.

Con este anuncio, la Presidencia de la República intentó salir al paso de las dos causas de la crisis que enfrentaba: la matanza de Iguala y el escándalo por el probable conflicto de interés del mandatario por la Casa Blanca y la otra casa de Higa.

11 de diciembre de 2014. El secretario de Hacienda también tiene “casa Higa”

El diario norteamericano The Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había comprado una casa a Grupo Higa, ubicada en un campo de Golf de Malinalco, Estado de México.

El funcionario dijo al periódico que había adquirido esa propiedad mediante un crédito privado con la inmobiliaria H&G, propiedad de Grupo Higa, con un costo de 532 mil dólares. Además, Videgaray explicó que la transacción había sido reportada en su declaración patrimonial como una compra de contado, porque el formato de declaración le impedía especificar que se trataba de un crédito entre particulares. Según el diario, él mostró una nota aclaratoria que había adjuntado a su declaración patrimonial.

Bancomext y Banobras, dependientes de la secretaría a su cargo, entregaron contratos millonarios a la filial de Higa especializada en aviones, Eolo Plus, en el año 2013. Además, Bancomext reservó por 10 años un contrato de mil 332 millones de pesos, que en junio de 2013 benefició a Grupo Higa, para ampliar la autopista Guadalajara-Colima, como lo publicó el diario Reforma.

El secretario de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al Presidente, aseguró que no tenía un conflicto de interés porque la compra había sido “legal” y “a precio de mercado”. Videgaray dijo en entrevista con Carmen Aristegui que estaba dispuesto a ser investigado por un órgano independiente. El Wall Street Journal reveló este 19 de marzo que Videgaray compró la propiedad al mismo precio que la adquirió Grupo Higa.

30 de enero 2015. Suspenden Tren México-Querétaro

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la suspensión indefinida de la construcción y puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, como parte de una serie de “ajustes al gasto público”.

Se trataba del segundo intento de licitación, pues el primero tuvo que posponerse después de cuestionamientos sobre la competencia en el proceso. El ganador había sido el único postor y se trataba de un consorcio del cual Grupo Higa era miembro. Esa primera licitación se había pospuesto tres días antes de la publicación del reportaje sobre “La Casa Blanca de EPN”, en noviembre de 2014.

En la misma conferencia sobre ajustes al presupuesto, el reportero de Bloomberg, Brendan Case, preguntó a Videgaray, cuál había sido la tasa de interés para financiar su casa en Malinaco. El secretario de Hacienda dijo que prefería mantenerse “en el tema del ajuste al gasto público” y no contestó a la pregunta, aunque dijo que abordaría el tema más adelante.

3 de febrero de 2015. Videgaray revela tasa de interés y renta de terreno Higa

El diario Milenio publicó una entrevista con Videgaray, en la que dijo que la tasa de interés con la que financió su casa en el club de golf fue de 5.31 por ciento. También comentó que rentaba el terreno contiguo, el cual usa como jardín y que era propiedad de Grupo Higa, el mismo que edificó la llamada “Casa Blanca”.

El Jardín Higa de Videgaray

El mismo día, la Unidad de Investigaciones Especiales dio más detalles sobre la casa de Videgaray en Malinalco. La tasa de interés de 5.31% fue la mitad de la tasa referencial, que era de 12.17% cuando el secretario compró la propiedad a Grupo Higa.

También se reveló que los documentos de las propiedades de Videgaray y Grupo Higa, en Malinalco, estaban “traspapelados” en el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

En las imágenes mostradas en el reportaje, se podía observar que el jardín que rentaba el secretario de Hacienda formaba parte integral de la casa de su propiedad de 1,500 metros cuadrados que, junto con el jardín de otros 1,194 metros cuadrados, sumaba 2,694 metros cuadrados.


3 de febrero de 2015. EPN resucita a la SFP

El presidente Peña Nieto presentó a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, una dependencia que se había quedado solamente con un encargado de despacho, mientras daba paso al Órgano Nacional Anticorrupción, anunciado por el Presidente.

El mandatario dijo que el nuevo secretario de Hacienda revisaría los contratos entre la administración pública federal y Grupo Higa, para identificar un posible conflicto de interés; pero el nuevo secretario adelantó a medios de comunicación que no tendría facultades para fiscalizar los contratos privados entre funcionarios y el consorcio del empresario Juan Armando Hinojosa.

10 de marzo de 2015. Presentación Mexicoleaks

Carmen Aristegui entrevistó a una de las coordinadoras de la organización holandesa Free Press Unlimited, Albana Shala, entidad que impulsó la plataforma de filtraciones seguras Mexicoleaks, en el que participaba la Unidad de Investigaciones Especiales junto con otros medios de comunicación y organizaciones civiles, como Proceso, R3D, Emeequis y Animal Político.

El reportero Irving Huerta participó en la presentación de esa plataforma, que se realizó en el Centro de Cultura Digital. Por la noche, MVS subió un comunicado a su sitio de internet, en el que se deslindaba de la plataforma de filtraciones, aunque en ella sólo se mencionaba la participación de la Unidad de Investigaciones Especiales. Este comunicado se publicó al día siguiente en los principales diarios del país.

11 de marzo de 2015. MVS se deslinda de Mexicoleaks

MVS decidió insertar un spot en la Primera Emisión de Noticias MVS, que contenía el mismo mensaje del primer desplegado. Por la noche, la radiodifusora subió un segundo comunicado en el que decía que no estaba en contra de Mexicoleaks, sino del uso de su marca sin su autorización. El segundo comunicado también se insertó como spot en los cortes comerciales de la Primera Emisión del día siguiente.

12 de marzo de 2015. Despide MVS a dos periodistas

Inmediatamente después que terminó el programa de Aristegui, MVS pidió a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta la terminación de su contrato. Ninguno de los dos firmó su despido.

Por la noche, MVS publicó un tercer comunicado que también se imprimió en los diarios nacionales. El mensaje era que la empresa había despedido a dos de sus colaboradores debido a una “pérdida de confianza”.

13 de marzo de 2015. Aristegui pide regreso de periodistas

Aristegui pidió el regreso de sus colaboradores como condición irrenunciable para la realización del programa. “Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad”, dijo Carmen al aire.

Minutos después de que terminó el programa, Noticias MVS publicó en internet una serie de “Nuevos Lineamientos” que modificaban la libertad editorial de cada espacio informativo. Serían aplicados a partir del lunes 16 de marzo de 2015.

15 de marzo de 2015

La noche anterior a la aplicación de los nuevos lineamientos, MVS informó en su sitio de internet que había decidido terminar su relación contractual con la periodista Carmen Aristegui.

16 de marzo de 2015

El equipo de la Primera Emisión de Carmen Aristegui acudió a laborar a las instalaciones de MVS, pero la empresa sólo les permitió pasar para despedirlos. La periodista se reunió con ellos en la acera de la empresa.

Frente a los medios, la periodista dijo que “este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión [...]; tiene todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder, y de eso vamos hablar con nuestro equipo, y vamos a analizar cuál es la mejor manera dar esta batalla pero la daremos”.

22 de marzo de 2015


En una entrevista con el semanario Proceso, Carmen Aristegui reveló que Joaquín Vargas le pidió no difundir el reportaje de la Casa Blanca. La periodista expuso que el presidente de MVS dejó en claro que emitir tal investigación acarrearía el fin del programa de radio. El tono de la petición de Vargas, detalló Aristegui, fue que la conductora tenía que “comprender” a la concesionaria.

FUENTE. ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.

INE elige a normalistas desaparecidos como funcionarios de casilla

Por otra parte, el Partido Verde entregó una tarjeta a padre de Ayotzinapa.

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, indicó que cuatro normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre pasado, fueron elegidos como funcionarios de casilla.

De acuerdo con La Jornada Guerrero, Delgado apuntó que uno de ellos fue Adán Abraján de la Cruz, quien aparece en la lista de insaculados para que sean funcionarios de casilla en las elecciones del próximo siete de junio.

Al respecto, Delfina de la Cruz Felipe consideró que “el gobierno se burla de nosotros, de nuestro dolor”, luego de que personas acreditadas por el INE, acudieron a su domicilio para notificarle que su hijo, Adán Abraján de la Cruz fue elegido como funcionario de casilla.

Además, la señora Delfina pidió que rechacen las campañas de los candidatos de todos los partidos políticos mientras no sean presentados con vida los 43 jóvenes normalistas.

“Mientras no aparezcan nuestros hijos la búsqueda seguirá, mientras el gobierno no nos diga que ha pasado con nuestros hijos; y les hacemos un llamado para que nos los entreguen; ya se van a cumplir seis meses de la desaparición y aún no hay respuesta”, recordó.

Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Instituto Nacional Electoral, comentó: “Ofrezco una disculpa a las madres de estos jóvenes, porque entiendo que fueron tres y, por supuesto que nunca fue intencional de parte del INE”.


En tanto, Rafael López Catarino, padre de Julio César, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, denunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les envió tarjetas de descuento a él y a su familia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Otra censura a Aristegui: El avión de Peña

MÉXICO, D.F: Un mes antes de difundirse en Proceso y aristeguinoticias.com el reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue proscrito en MVS por orden de Joaquín Vargas, se produjo otro acto de censura contra Carmen Aristegui, esta vez relacionado con el nuevo avión presidencial: Fue borrado de la empresa absolutamente todo lo que ella informó.

El viernes 10 de octubre, Aristegui dio a conocer detalles del Boeing 787 Dreamliner –que por cierto Peña estrenará tras las elecciones de junio– y, citando al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el costo sería de mil 733 millones de pesos, cuando en realidad nos costará más de 7 mil millones.

Apenas terminó el noticiero, a las 10 horas, la orden del director de noticias de MVS, José Antonio Vega “El Chino”, fue bajar de la página de MVS Noticias toda la información sobre el avión, salvo la nota de Ruiz Esparza –que puede seguirse consultando–, y se eliminó, además, el video íntegro de la intervención de Aristegui sobre el tema.

Como parte del convenio con MVS, la página aristeguinoticias.com había subido este video, pero también repentinamente desapareció y, en su lugar, fue colocada en pantalla un letrero: “Este video cuenta con contenido de Stereorey México, S.A.-MVS, quien lo bloqueó por razones relacionadas con los derechos de autor”.

Cuando el equipo de Aristegui preguntó por qué habían bajado el documento, directivos de MVS alegaron que la página había sido víctima de un hacker, pero luego un técnico de YouTube acreditó que la responsable era la empresa. “Esto es censura editorial”, definió la periodista.

Aristegui sabrá por qué no ha hablado de esto ni sobre el extraño robo que sufrió en las instalaciones de aristeguinoticias.com hace exactamente un año, el 22 de marzo de 2014 –días antes de revelar la presunta red de trata de mujeres del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre–, ni tampoco sobre las intimidaciones que ha padecido sobre su familia.

Sobre lo que ya habló, una vez que fue despedida de MVS, es sobre la orden que recibió de no transmitir en su noticiero el reportaje de la Casa Blanca, el lunes 10 de noviembre –tal como aquí se acreditó la semana pasada en “Caso Aristegui: Fue Peña”–, y sobre las presiones del gobierno para que así sucediera.

En la entrevista con Jenaro Villamil, en Proceso, confirma lo que aquí se escribió, en el sentido de que si difundía el reportaje sería despedida junto con su equipo. “Se colocó, efectivamente, el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecería”.

La semana pasada escribí que fue Alejandro Vargas, director de MVS Radio, quien transmitió a Aristegui la orden de no difundir el memorable reportaje en su espacio, pero en la entrevista con Yuli García, de El Universal, identificó al autor de la censura: Joaquín Vargas, presidente del consejo de administración del Grupo MVS.

Está pendiente aún quiénes fueron los operadores del gobierno de Peña, que Aristegui afirma que intervinieron, para censurar la investigación desde al menos septiembre, cuando se pidió a la Presidencia de la República su opinión sobre el particular y de inmediato los Vargas activaron “la búsqueda de comprensión” para ocultar ese trabajo. Pero eso sin duda se sabrá.

Lo que resulta ya risible es que MVS niegue la censura, que fue no difundir el reportaje en el noticiero de Aristegui, y alegue que se le despidió por haber firmado un acuerdo con MexicoLeaks, un mero pretexto.

Felipe Chao, vicepresidente de MVS, afirma que no hubo censura, porque Aristegui “decidió darle la exclusiva del reportaje” a su portal –omitió a Proceso–, el domingo 9 de noviembre de 2014 y al día siguiente, el lunes 10, más del 50% del tiempo del programa fue dedicado al reportaje de la Casa Blanca.

Si así fue, ¿cómo permitió MVS que Aristegui se apropiara de una investigación financiada por la empresa? ¿No es eso más “abuso de confianza” y causal de rescisión del contrato que firmar un acuerdo con MexicoLeaks? Pero no sólo no lo hacen, sino que renuevan el contrato y le compran un coche de lujo.

Si no hubo censura al reportaje, y ella lo compartió con Proceso, ¿por qué MVS no publicó desplegados, como sí lo hizo tras el acuerdo con esa plataforma? ¿Por qué, si no hubo censura, el equipo de Aristegui era ignorado y visto con recelo por los directivos?


Si no hubo censura, ¿por qué borraron de las cuentas de MVS todo lo relacionado con Aristegui y el avión de Peña de más de 7 mil millones de pesos? ¿O ya nadie se acuerda, ni Aristegui?

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)

Las cuevas letales de Grupo México y un cacique de Coahuila

MÉXICO, D.F: La muerte de 65 trabajadores en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, no fue suficiente para que Grupo México tomara conciencia de la gravedad en las operaciones extractivas del carbón y, a nueve años de distancia, una de sus concesiones mineras en Coahuila, es explotada mediante el procedimiento más letal: simples cuevas, hasta de dos pisos, sin el menor atisbo de medidas de seguridad.

Desde el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el gobierno de Coahuila, han comprometido una y otra vez el perfeccionamiento de sus inspecciones, pero la cifra de mineros fallecidos acumula desde entonces más de 160 obreros muertos, la mitad por explotaciones irregulares, rudimentarias, e inclusive, clandestinas.

La operación del fundo minero de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, está a cargo de uno de los caciques de la región: se trata del diputado local y exalcalde priista de San Juan de Sabinas, Coahuila, Antonio Nerio Rodríguez.


Las fotografías, video y los datos fueron obtenidos por la organización La Familia de Pasta de Conchos que agrupa a los deudos de diferentes desastres carboneros.

Tras consultar el Registro Público Minero, encontraron el Título 235767, cuyo titular es Industrial Minera México (IMMSA), la subsidiaria de Grupo México dueña de Pasta de Conchos.

Ese lote fue identificado por la organización, luego de observar que el año pasado, la empresa Integración Minera SA de CV, aparece como proveedor de Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno del estado de Coahuila que funge como intermediaria ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer dos carboeléctricas ubicadas en Nava, Coahuila, cerca de la frontera.

En los registros públicos de proveedores de carbón abierto por Prodemi, Integración Minera declara como lote de trabajo, el llamado Unificación 57, amparado en el Título 235767, es decir, la concesión de IMMSA.

El aliado local

Antonio Nerio Rodríguez es uno de los empresarios más conocidos en la Región Carbonífera de Coahuila, por lo acaudalado y por su militancia priista desarrollada dentro del grupo político que encabeza el exgobernador y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy.

En el sexenio de Montemayor, de 1993 a 1999, Nerio fue diputado local y alcalde de San Juan de Sabinas; posteriormente se le designó subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la zona y en 2009, su hijo Antonio Nerio Maltos se convirtió en  alcalde y el año en diputado local.

Dedicado principalmente al transporte de carbón, mineral en torno al cual giran sus demás negocios, Nerio Rodríguez se ha diversificado en actividades agrícolas y ganaderas, e inclusive, su más reciente adquisición fue la franquicia del club de beisbol Saraperos de Saltillo, de la Liga Mexicana de Béisbol, cuya presidencia asumió el pasado 11 de noviembre.

En la semblanza que sobre él se publica en la página de Saraperos, destaca su historial de empresario, las dos veces que ha sido diputado local y presidente municipal de San Juan de Sabinas (municipio más conocido por su cabecera municipal, Nueva Rosita), se le califica de filántropo, así como de “Amante y apasionado de la historia, el arte y la naturaleza”. Además, se lee:

“A lo largo de más de 30 años ha desarrollado una plataforma tecnológica que ha permitido una optimización de procesos y el fortalecimiento de una cultura corporativa en la rama de la Minería”.

Y en otro párrafo:

“Con programas sociales de alto impacto en la región, enfocados a la población más vulnerable y demasiado generoso en ocasiones, disfruta que su esplendidez se la retribuyan solamente con un sincero agradecimiento”.

Las cuevas

Los hechos son otros: diferentes estudios ambientales han demostrado que gran parte de la contaminación de la región proviene del transporte de carbón; también que el Río Sabinas está severamente impactado, entre otras fuentes, por tajos a cielo abierto como el que opera Antonio Nerio y es propiedad de Grupo México.

Aún más. En las imágenes de las cuevas la realidad choca con la semblanza de autoafirmación:

En las paredes del tajo a cielo abierto en desuso, las cuevas proliferan mientras trabajadores apenas equipados con un casco, realizan labores. Sin ademes que las soporten, ni estructura elemental para la extracción de mineral, los socavones decoran su acceso apenas con una letrina móvil.

A simple vista, el riesgo de derrumbe es latente, pues en las cuevas que sí tienen ademes, éstos están colocados sin inclinación; carecen de malla protectora en cielo y paredes; tienen cableado expuesto y no satisfacen ni siquiera las medidas que un pocito, de por sí inseguro, sí tiene.

La admisión de que ni a pocito llegan, está escrita en un letrero de cartón al exterior de uno de los socavones, pretendida norma de seguridad donde se lee:

“No se permite: que ningún trabajador entre a estas cuevas con cerillos, ni encendedor, cigarros, cosas de aluminio. No prender lumbre cerca de labor de trabajo” (sic).

Abajo del letrero luce un extintor, con otra cartulina negra más pequeña que dice “Extinguidor”, junto a una camilla elaborada con palos y retazos de tela negra.

En otra cueva, localizada en la parte baja del tajo en desuso, se observa apenas una letrina móvil.

“Lo de Integración Minera, ha de ser porque integraron tajo y cueva para sacar carbón”, ironiza Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que acompaña a las familias víctimas de la extracción carbonífera.

En 2011, siendo aún alcalde de San Juan de Sabinas, la empresa de Antonio Nerio fue denunciada ante la STPS, por explotar un pocito de carbón en el interior del basurero municipal. Cuando los inspectores federales llegaron, se les informó que ya no estaba en operación, por lo que libraron sanciones, aparentemente por el pitazo de uno de los inspectores locales.

En medio del basurero municipal, en Nueva Rosita, subsiste la torre carbonera que alguna vez, integró la extracción de carbón con la basura de la pequeña ciudad.

Esta vez, la Familia de Pasta de Conchos, pudo documentar con imágenes la operación de cuevas de Antonio Nerio y el lote donde extrae carbón, con lo que Cristina Auerbach concluye:


“Nos damos cuenta, una vez más, de que todos los caminos llevan a Grupo México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

La PGR investiga a Fox y Sahagún por contrato irregular de 633 mdp

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) investiga un contrato irregular concedido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a un consorcio en el que participan el expresidente de México Vicente Fox y su esposa, Martha Sahagún.

La PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/ MIV/398/2014 para investigar posibles irregularidades en la contratación de servicios de transporte por 633 millones de pesos.

Este martes el periódico Reforma publica que el 13 de agosto del año pasado el SAE adjudicó un contrato al consorcio integrado por Mymland, Transportes Muebleros MyM, Transportes Olímpicos, Transportes FL y Transportes Egoba.

Vicente Fox, Martha Sahagún, Rodrigo Fox de la Concha y Xavier Fox Padilla son accionistas de la empresa Transportes FL.

Entre las irregularidades que investiga la PGR se encuentran presunta alteración de las reglas de la licitación pública para favorecer a dicho consorcio.

“La averiguación de la PGR se basa en una denuncia de la empresa TDR Transportes, segundo lugar en el concurso, y tiene como prueba principal el fallo donde la Secretaría de la Función Pública ordena anular la adjudicación del contrato, por incumplir las bases.

“Según las propuestas, la oferta mínima de Mymland fue de 311 millones 622 mil 27 pesos y la de TDR de 262 millones 205 mil 146 pesos.


“La oferta ganadora resultó más cara por 49 millones 416 mil 881 pesos, equivalentes a un 19 por ciento”, cita el diario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.