Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.


Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Prevalecen en México deficiencias en tratamiento de violencia de género: AI

México, DF. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia contra las mujeres son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, además de que prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización de derechos humanos lamentó que en México se violan diariamente los derechos humanos de mujeres y niñas, en medio de una impunidad "generalizada", incluso para prácticas graves como  el abuso sexual y el feminicidio.

"El sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer. Con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género", subrayó AI.

“Una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad, por ello debe garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres claramente en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de la organización en México.

El derecho a una vida libre de violencia "conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos", recalcó Amnistía.

Por todo lo anterior, el colectivo con sede en Londres hizo un llamado a las autoridades a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.

La reforma anticorrupción no prevé sancionar al Presidente, alertan senadores

Legisladores de PAN y PRD señalan que la reforma excluye herramientas para que el Presidente sea sujeto de responsabilidad.

De aprobarse en sus términos la reforma constitucional para combatir la corrupción, el Presidente de la República quedaría protegido bajo un régimen de excepción.

Senadores del PAN y PRD coincidieron en que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no considera herramientas para que el titular del Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad.

En caso de avalar el proyecto, dijeron, la excepción impediría castigar al Presidente en caso de que cometa algún delito relacionado con el uso de recursos públicos.

El senador Alejandro Encinas condenó que los diputados hayan colocado al primer mandatario en una posición de privilegio.

“Es el único que tiene inmunidad en esta legislación. La ley le aplica a cualquiera, con excepción del titular del Ejecutivo federal. Es un régimen de excepción que debe eliminarse”, demandó.

Por su parte, el senador panista Héctor Larios reconoció que es necesario realizar modificaciones a la minuta, para incluir al Presidente como sujeto de responsabilidad.

“Se debe construir un régimen especial para el Ejecutivo, pero sí tiene que ser sujeto a responsabilidad”, señaló.

El senador del PRD Benjamín Roble lamentó que la reforma no alcance al Presidente y advirtió que en México no debe haber funcionarios intocables.

El perredista Armando Ríos Piter preguntó: “¿Esta reforma permitirá atacar y combatir los moches en la Cámara de Diputados? ¿Impedirá que se repita un caso como el de Iguala? ¿Corrige o previene el tema de la ‘casa blanca’ y el conflicto de intereses? El sistema no tiene suficiente contundencia”, cuestionó.

Por otro lado, Encinas advirtió sobre la necesidad de realizar cambios a la minuta, ya que se contempla que los delitos relacionados con la corrupción, podrán prescribir a los cinco años de haberse cometido, aún cuando se comprueben fehacientemente.

Propuso también que se endurezca la reforma para que los bienes de los funcionarios corruptos puedan ser objeto de extinción de dominio.

“Se trata de bienes financiados con recursos de procedencia ilícita, porque ese dinero no necesariamente viene del narcotráfico, proviene también de la corrupción”, aseveró.

El senador del PAN, Javier Corral, consideró que la minuta no debe aprobarse, ya que deja intocado el Artículo 108 de la Constitución para dar impunidad al Presidente.

“Creemos que la minuta es insuficiente, deja intocado el 108 de la Constitución que es un monumento a la impunidad del Presidente en medio de un escándalo por conflicto de interés, cohecho y soborno”, afirmó.

Senadores del PRI, PAN y PVEM advirtieron sobre el riesgo de que la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción pueda quedarse ‘congelada‘ en caso de que se realicen cambios a la minuta para regresarla a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, anunció que las bancadas del PRI y PVEM están en condiciones de aprobar la reforma constitucional.


“Estamos dispuestos a votarla en sus términos en el momento que sea necesario. Tenemos disposición para aprobarla sin moverle una sola coma“, expresó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a PGR y CNDH investigar a fondo agresión a reportera de “El Heraldo”

LEÓN, Gto: Periodistas y defensoras de derechos humanos exigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo la agresión contra la reportera Karla Janeth Silva Guerrero.

El pronunciamiento se hizo al término de la presentación del informe anual sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación de la organización Artículo 19, el cual fue difundido en un salón de la Universidad Iberoamericana de esta ciudad.

El 4 de marzo pasado el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Ángel Calzada Briseño, adscrito a la Mesa dos de la Fiscalía Especializada (FEADLE), notificó por escrito a la reportera del periódico El Heraldo de León que esta instancia declinó ejercer acción penal en su caso.

Además, le informó que dejó en manos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el seguimiento de las medidas de protección determinadas para salvaguardarla.

De esta manera, según describe el oficio de la FEADLE, el Mecanismo quedaría como “único garante del desarrollo psicoemocional y físico de la periodista, toda vez que el presente asunto se tendrá como total y absolutamente concluido”.

En el documento la dependencia no precisa las razones por las que tomó tal resolución, sólo comenta a la interesada que tendría que acudir a las oficinas centrales en la Ciudad de México para ser enterada personalmente.

La FEADLE inició la averiguación previa 126/FEADLE/2014 a raíz de la agresión de la que fueron víctimas Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, el pasado 4 de septiembre en las oficinas del periódico El Heraldo, en Silao.

Las amenazas lanzadas por los tres hombres que ingresaron a las oficinas del periódico y amagaron a Palacios, además de que golpearon brutalmente a Silva, fueron expresamente en contra de su labor periodística.

“Bájale de huevos a tus notas”, le gritaron los agresores. Uno de ellos le abrió la frente y le ocasionó graves contusiones en todo el cuerpo. Al salir, los agresores se llevaron la computadora de la reportera, una cámara del periódico y los teléfonos celulares de ella y de su compañera. Antes de irse, las amenazaron nuevamente: les dijeron que algo les pasaría a ambas si Karla “no le bajaba a sus notas”.

En el proceso judicial y en la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos fue documentado que el trabajo de Silva se centra en la cobertura de los temas municipales, con información crítica hacia el desempeño del gobierno del alcalde priista, Enrique Benjamín Solís Arzola.

Después de la denuncia, dos de los agresores materiales, junto con el subdirector operativo de la Policía de Silao, se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal. El tercero fue recientemente liberado mediante un proceso de juicio abreviado que fue aceptado por la Fiscalía y las propias víctimas, a las que pidió perdón y ofreció pagarles la reparación del daño.

Sin embargo, Nicasio Aguirre Guerrero, director de Seguridad Pública del gobierno de Solís Arzola, fue señalado por la Procuraduría de Justicia del estado como presunto autor intelectual de la golpiza y no ha sido localizado ni detenido por esta instancia, que sólo ha consignado por los delitos del fuero común: lesiones, amenazas y robo calificado.

A pesar de que el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola ha sido llamado a declarar por la Procuraduría, se ha resguardado en el fuero constitucional y no se ha presentado.

Tampoco cumplió a cabalidad con la disculpa pública ni con las medidas determinadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado en la recomendación que el organismo emitió, puesto que “se disculpó” en un evento a puerta cerrada y sin la presencia de la reportera y su compañera.

El caso de Karla Silva es uno de los más graves del 2014 –particularmente en contra de mujeres periodistas–, contenidos en el informe “Estado de Censura”, presentado este martes por la organización Artículo 19, acto en el que estuvo presente la periodista.

Por ello, desde Guanajuato, reporteros y defensores de derechos humanos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro Las Libres, el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos y la asociación Desarrollo y Ciudadanía Hermila Galindo, exigieron a la FEADLE y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no evadir su responsabilidad para atender este caso, en virtud de que en la entidad no hay las garantías para desahogar cabalmente el ataque al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.


“Han pasado más de seis meses de la agresión a Karla Silva y hasta la fecha no ha habido justicia integral ni reparación del daño”,  concluyeron los periodistas y defensores al presentar su pronunciamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

El saldo del “monexgate” en España

Los autores del operativo Monex, mediante el cual presuntamente se fondeó la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no tomaron en cuenta que el triunfo priista no implica impunidad en todos los países por los cuales dispersaron los recursos para encubrir su origen. En España se detectaron operaciones sospechosas de Gabino Fraga Peña, dueño de la empresa GAP e implicada en las averiguaciones iniciales del monexgate, como parte de una denuncia por probable lavado de dinero.

Madrid: Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es investigado desde el pasado viernes 13 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de España, por su posible participación en el blanqueo de dinero para beneficiar a un partido político.


La indagación surgió de la denuncia que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Ministerio de Economía Español, presentó contra directivos del Banco Madrid al detectar indicios de lavado de capitales y operaciones sospechosas, algunas de ellas realizadas por Fraga Peña.

El martes 17, el diario español El Mundo publicó que el empresario es uno de los clientes que realizó operaciones dudosas y que no fueron revisadas por los gestores (directivos) de la entidad financiera con base en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Según el reporte, el Sepblac detectó que el Banco Madrid recibió una transferencia desde México por 445 mil euros, dinero que, según las fuentes policiales citadas por el medio español, “puede corresponder con financiación ilegal de partido”.

El informe del Ministerio de Economía establece que Fraga Peña debió ser “objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid”, como lo dispone el artículo 52 de la ley antiblanqueo, lo cual “no se produjo”.

Para llegar al fondo del asunto, la fiscalía española cuenta con un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cual centrará su labor en operaciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).

Advierte GDF embargos a empresas por daño al erario en construcción de Línea 12

MÉXICO, D.F: El gobierno de Miguel Ángel Mancera prevé embargar los bienes de las empresas responsables de las fallas de la Línea 12 del Metro, como una medida “novedosa” en caso de que no paguen las sanciones económicas derivadas de la tercera auditoría realizada por la Contraloría General capitalina.

Eduardo Rovelo Pico, contralor general del gobierno capitalino, informó que de la auditoría 20G se desprendieron 16 observaciones que podrían resultar en daño al erario público. Agregó que éstas ya fueron notificadas al Proyecto Metro (PMDF), el cual tiene un plazo de 45 días para solventarlas antes de iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario.

Las observaciones se refieren a: verificación de compatibilidad rueda-riel, mantenimiento, mala ejecución de la obra, incumplimiento a la bitácora electrónica, falta de aplicación de sanciones por incumplimientos de contrato, duplicidad de trabajos, pagos en exceso, trabajos deficientes y de mala calidad, obra pagada no ejecutada, deficiente proyecto ejecutivo e incumplimiento de la calidad de materiales del sistema de vías.

El pasado 12 de marzo, la llamada “Línea Dorada” cumplió un año de operar de manera parcial, pues 11 de sus 20 estaciones fueron cerradas debido al desgaste ondulatorio en las vías que, según las autoridades capitalinas, ponían en riesgo por descarrilamiento a más de 450 mil usuarios.

Este martes, al término de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rovelo Pico explicó que según las facultades que le otorga el Código Fiscal local, la Contraloría puede recurrir a juicios resarcitorios y al embargo como “una estrategia jurídica novedosa” para obtener el pago por el daño al erario público cometido en la construcción y operación de mencionada Línea.

Y aunque se negó a dar nombres de los funcionarios y empresas señaladas en la auditoría, explicó que en el caso de funcionarios públicos, las sanciones que aplique la Contraloría General serán por cantidades “cobrables y pagables”.

El comentario fue en referencia a las que aplicó su antecesor –y hoy secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida– a 47 funcionarios y exfuncionarios por un monto total de 21 mil millones de pesos.

“Para este caso concreto y como estamos considerando afectaciones a la hacienda pública por montos considerables, vamos a afectar en dos sentido. El primer sentido  por la omisión o por la acción en la que hay incurrido el servidor público, vamos a fincarle la reparación del daño en una sanción económica hasta por un tanto. La vez pasada se cobró hasta por dos tantos y fueron penas excesivas y criticadas”, explicó el funcionario en entrevista.

Continuó: “La otra estrategia es la que estamos viendo a través del medio resarcitorio, que tiene dos vías. Una, cobrarle al servidor público; si no tiene para pagar, le tendremos que cobrar a la empresa a través del embargo de bienes suficientes que garanticen la afectación que le hicieron al erario público. Esto no se ha hecho, es nuevo y lo vamos a ejercer”.

Eduardo Rovelo agregó que la Contraloría General tiene en proceso cuatro auditorías más, entre ellas la 21G, con el propósito de revisar las erogaciones derivadas del proyecto integral de la Línea 12, así como los contratos y convenios de obra, servicios, apoyo técnico y mantenimiento de vías de 2007 a 2014, hasta la entrega recepción, finiquito y certificaciones.

Expedientes abiertos

En el informe de labores que el exdirector del Registro Público de la Propiedad entregó a los diputados de la ALDF se asegura que la Contraloría General tiene abiertas nueve investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por posibles irregularidades en el mantenimiento a equipos, instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y a las vías.

Además, existen 11 procedimientos administrativos abiertos contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, dirigido actualmente por Joel Ortega, para determinar su posible responsabilidad en actos irregulares relacionados con la Línea.


Incluso, hay una auditoría más abierta por el contrato que dio el STC a la empresa española CAF para la fabricación y el mantenimiento de los 30 trenes. En ésta misma se verifican los controles internos para la supervisión y el proceso de contracción y los pagos del Proyecto para Prestación de Servicio (PPS) de las unidades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Orden de MVS en noviembre: de la “Casa Blanca”, nada en el portal ni en redes

Esa fue la instrucción que el jefe de información para medios digitales de la empresa dio a dos empleadas, ahora despedidas.

“No se puede publicar nada en redes sociales ni en el portal de MVS Noticias sobre el caso de la Casa Blanca”.

Esa fue la orden terminante que recibieron Adriana Buentello y Ameyalli Motta de su jefe inmediato, Héctor Gutiérrez, jefe de información para medios digitales de los noticiarios de MVS. Era el 10 de noviembre, al día siguiente de que la primicia de este escándalo fuera dada a conocer a través del portal de internet Aristegui Noticias.

Buentello y Motta, responsables de redactar y subir información de las distintas emisiones informativas de MVS, también habían recibido otra orden de “bajar información” una semana antes del escándalo de la Casa Blanca. Se trató de una nota sobre la adquisición del avión de Enrique Peña Nieto.

La constante en ambos casos fue la frase que Gutiérrez le transmitió al equipo redactor de redes sociales y el portal informativo en Internet: “Ya nos hablaron de Presidencia de la República. Que le bajemos”.

Entrevistadas por Apro, Buentello y Motta aclaran que ni siquiera les permitieron subir a las redes sociales la foto de la residencia de Las Lomas de Chapultepec. Explican que sólo cambió la orden de ignorar esta nota cuando Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, respondió señalando que la primera dama Angélica Rivera era la propietaria de esa mansión y no Enrique Peña Nieto.

“A mí me frustró mucho este episodio porque habíamos logrado posicionar a MVS Noticias en el primer lugar de engagement (índice que mide credibilidad e influencia de los portales informativos), antes de que se desatara el caso de la Casa Blanca, en octubre de 2014”, refiere Buentello.

En noviembre del mismo año, como un efecto de la falta de cobertura de la nota inicial sobre la Casa Blanca y de las constantes órdenes de autocensura, el portal de MVS Noticias cayó del primero al sexto lugar en la medición del sistema Likealyzer que sirve justamente para medir estos índices.

El pasado martes 17 de marzo a las 15:00 horas, Buentello y Motta fueron despedidas de MVS. Un día antes, recuerda  Ameyalli Motta, el director de Noticias del grupo, Alejandro Vega, les dijo a los trabajadores de MVS Radio que nadie se preocupara porque “no iban a correr a nadie”.


Y no fue así. Desde ese día, el portal informativo de MVS y sus cuentas de Twitter entraron en una grave crisis por la pérdida de seguidores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dish pagará 7.7 millones de pesos a Televisa y Azteca

Esto, por la generación de las señales de sus canales 2, 5, 7 y 13 con los spots de partidos y candidatos de la elección federal.

El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la empresa Dish deberá pagar siete millones 729 mil pesos a Televisión Azteca y Televisa, por costos de producción de la pauta federal que transmitirá del 5 de abril al 7 de junio, informó la consejera Pamela San Martín.

“Dish deberá pagar por cada una de las señales que debe de retransmitir un millón 665 mil 829.60 pesos (más IVA)”, por cada señal de los canales 2 y 5 de Televisa, y 7 y 13 de Tv Azteca, que cubren más del 50 por ciento del territorio nacional, resumió San Martín Ríos y Valles al ser entrevistada al término de la sesión especial del Comité que preside.

Recordó que el proyecto de acuerdo que aprobó el Comité de Radio será puesto a consideración del Consejo General del INE durante la sesión ordinaria que celebrará este miércoles 25 de marzo, para su discusión y, en su caso aprobación o modificación.


El cobro, afirmaron los consejeros durante la sesión, es un camino intermedio entre la gratuidad, que pretendía Dish, y los 120 millones que pretendían cobrar Televisa y TV Azteca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de los 43 pedirán al INE suspender comicios en Guerrero

MÉXICO, D.F: Familiares de los normalistas desaparecidos solicitarán formalmente a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión de los comicios en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melitón Ortega, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya casi seis meses, dijo que entregarán un escrito al INE el próximo jueves 26 en el que exigirán que se limpie la clase política en Guerrero porque si no “vamos a vivir lo mismo del 26 de septiembre”.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, puntualizó.

Ninguno de los partidos políticos, dijo, se interesó o pronunció por los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por lo que, advirtió,  no creen en ellos.


“No hay confianza en los partidos políticos. No les importa (el movimiento). No queremos plática con los partidos políticos”, reiteró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde de Cocula arraigado por caso Ayotzinapa, heredará el cargo a su concuño

CHILPANCINGO, Gro: José Daniel Román Salazar, concuño de César Peñaloza Santana, el presidente municipal de Cocula que estuvo arraigado en la PGR por el caso Ayotzinapa, fue designado candidato del PRI a la alcaldía de ese municipio ubicado en la convulsionada zona norte de la entidad.

Peñaloza Santana pretende heredar así el poder a un familiar en el contexto de la crisis político-social que se vive en la entidad por las protestas del movimiento social que exige justicia por el caso Ayotzinapa, y que desde ahora amenaza con boicotear los comicios del próximo 7 de junio al considerar que la clase política está vinculada a la delincuencia.

La designación de Román Salazar como candidato a la alcaldía de Cocula se realizó este martes durante una reunión privada del comité estatal priista que dirige Cuauhtémoc Salgado Romero, según informaron fuentes oficiales.

El alcalde de Cocula y su concuño son miembros del grupo político del actual diputado federal priista, también señalado de tener vínculos con la delincuencia, Manuel Añorve Baños, operador en Guerrero del senador Manlio Fabio Beltrones, indicaron las mismas fuentes.

José Román Salazar es esposo de María del Carmen Alarcón Rodríguez, hermana de Lizbeth Alarcón, esposa del alcalde de Cocula y actual presidenta del DIF municipal.

En diciembre pasado, agentes de la PGR detuvieron y consignaron ante un juez al alcalde César Peñaloza, involucrado en dos averiguaciones previas relacionadas con el caso Ayotzinapa.


No obstante, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó liberar al edil priista al considerar que el Ministerio Público Federal no presentó elementos suficientes para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Publicidad oficial en los medios, “un mecanismo de control”: Aristegui

MÉXICO, D.F: Al participar en la presentación del informe “Estado de Censura”, de la organización Artículo 19, Carmen Aristegui aseguró que persisten “muchas sombras en cuanto al periodismo mexicano se refiere”.

La periodista reiteró que se vive un “vendaval autoritario” en el país y demandó regular la publicidad oficial en los medios porque se utiliza como “un mecanismo de control” para periódicos, televisoras o estaciones de radio.

De acuerdo con el informe presentado, tan sólo en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un total de 665 agresiones contra periodistas (330 en 2013 y 326 en 2014), de las cuales 48.7% han sido contra medios impresos, 20.8% contra medios digitales, 16% en radio y televisión y 13.4% en agencias informativas.

El mismo reporte indica que el mayor número de agresiones contra informadores han ocurrido en el Distrito Federal (85), Veracruz (41), Quintana Roo (42), Guerrero (28) y Oaxaca (26), las cinco entidades que ocupan los primeros lugares de este índice del estudio.

Aristegui estuvo presente en el Museo Franz Mayer, donde se dio a conocer el informe, acompañada de otros periodistas agredidos como Adrián López, del Diario Noroeste de Sinaloa; Karla Silva, de El Heraldo de León; Norma Madrigal, de Quintana Roo, y Silvia Hernández, de Veracruz. En el lugar se recibió un mensaje de Pedro Canché, periodista encarcelado en Carrillo Puerto, Quintana Roo, por claras presiones y órdenes del gobernador Roberto Borge.

En su breve participación en el foro, Aristegui indicó que “la publicidad oficial es un mecanismo de control de los medios que a la fecha no está reglamentado a escala federal, estatal o municipal, a pesar de las promesas para transparentarlo para que ese dinero, que es de todos, en lugar de favorecer campañas, favorezca la libertad de expresión”.

La exconductora de la Primera Emisión de Noticias MVS, cuyo espacio fue cancelado por la empresa desde el pasado domingo 15, insistió que estamos “ante un panorama preocupante” que augura un escenario “de muchas sombras en cuanto al periodismo se refiere”.

Organizaciones demandan intervención de relator de la CIDH

Desde el pasado 21 de marzo, 114 organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos enviaron una carta al relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para que intervenga en el caso de la salida de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS.

Las organizaciones reclamaron que el relator pida informes al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre “posibles presiones” a MVS.

Entre las firmantes destacan la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Cencos, Cimac, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, además de otras muchas redes estatales y nacionales.


El pasado lunes 23, Lanza participó en el mismo foro de Artículo 19. Durante su intervención y en entrevistas con la prensa, el funcionario de la CIDH expresó que el caso de Aristegui puede configurar un ejemplo de “censura indirecta” por parte del gobierno mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

“Estado de censura”, informe de Artículo 19

En los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto se agredió a un comunicador cada 26.7 horas.

El informe de la organización internacional Artículo 19 indica que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el sexenio anterior, apunta, se documentaron mil 092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.

“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, precisa. 


Sobre las agresiones graves a la prensa, la organización puntualiza que 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el sexenio de Calderón; mientras que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos en los dos primeros años —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio. Cabe recordar que en el informe no se incluyeron asesinatos ocurridos este 2015, como el caso de Moisés Sánchez.

INFORME INTEGRO:

Estado de censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa by ArticleXix:

  Estado de censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PRI se burla de las víctimas de Gutiérrez de la Torre: CATWLAC

Su actuación sólo propicia impunidad y la certeza en la ciudadanía de que se está actuando por consigna y en complicidad, manifestó la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe.

Luego de que el PRI decidió no expulsar y sólo suspender temporalmente al ex dirigente del partido tricolor en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre -quien fue acusado de operar una red de prostitución-, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), consideró que se trata de una “burla” para las víctimas del político priista.

En un comunicado, titulado “Nueva burla del PRI para las víctimas de Gutiérrez de la Torre”, la organización encabezada por Teresa Ulloa, recordó que “la justicia federal no ha resuelto el recurso de revisión para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, aún cuando existen todos los elementos para acreditar la existencia de delincuencia organizada”.

Además, CATWLAC lamentó que “la PGJDF sigue negándose a radicar las denuncias de las víctimas en la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas y, en cambio, se encuentran radicadas en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, sin importar la naturaleza de los delitos en cuestión, ni que éstos se persiguen de oficio”

Y agregó que “no debemos olvidar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, fracción I, ‘los partidos políticos son de interés público’. Más aún, los estatutos del PRI establecen en su artículo 60, fracción VII, que la militancia debe ‘mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores públicos y contribuir a dignificar la imagen del partido…’”.


Comunicado íntegro:

  CP7, PRI Permanencia CGT, 23mar15

CP7, PRI Permanencia CGT, 23mar15 by Aristegui Noticias:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

¿Qué haría Carmen Salinas como diputada? Impulsar la actuación en las escuelas

Hoy, los presidentes nacionales del PRI y del PVEM entregaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de candidatos que participarán en las elecciones del 7 de junio en busca de un cargo por mayoría relativa o representación proporcional.

Si la actriz Carmen Salinas gana una diputación federal apoyará a los artistas sin empleo e impulsará la actuación, el canto y la música en las escuelas.

En entrevista con medios, Carmen Salinas dijo que le “encantaría mucho” representar al gremio artístico porque “hay muchos compañeros que no tienen trabajo” y que siempre ha sido su sueño “que se den en las escuelas de gobierno clases de actuación, de canto, música y baile”.

Para apoyar a sus compañeros desempleados, Salinas dijo que impulsaría la rehabilitación y el mantenimiento de los teatros del Seguro Social y el ISSSTE.

Hoy, los presidentes nacionales del PRI y del PVEM entregaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de candidatos que participarán en las elecciones del 7 de junio en busca de un cargo por mayoría relativa o representación proporcional.

El PRI registró candidatos correspondientes a 50 distritos de mayoría relativa en los que contenderá solo, mientras que por el principio de representación proporcional presentó la solicitud de registro de 200 candidatos.

Ante sus candidatos a diputados, entre ellos Alfredo del Mazo, David López, Carlos Iriarte, Carmen Salinas, Mariana Benitez, Bárbara Botello, Jorge Carlos Ramírez Marín, Fernando Espino y David Sánchez Isidoro, el líder priista, César Camacho Quiroz, dijo que no permitirán que nadie rompa las reglas “del juego democrático”.


“Con la severidad del caso y la fuerza de la ley y de las instituciones habremos de seguir apelando porque el proceso ejemplar tenga en la jornada un día también destacado”, expresó Camacho Quiroz.

El dirigente partidista manifestó su confianza en que con la alianza entre el PRI y el Partido Verde Ecologista ganen el próximo 7 de junio la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Con nuestro partido aliado, aliado histórico, aliado electoral, aliado programático, aliado cotidiano, habremos de impulsar propuestas que esperamos sean atractivas para los ciudadanos, porque con ellos, con los ciudadanos queremos que sea la más importante y la más eficaz de las alianzas.

“Queremos y tenemos objetivamente cómo aspirar, queremos obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y también el más numeroso bloque de representantes populares en las dos mil 179 elecciones que estarán a disposición del electorado el 7 de junio”, aseveró.

El dirigente del PVEM, Arturo Escobar y Vega, señaló que “entramos a un proceso con una nueva normatividad la cual ha sido materia de enormes controversias, especialmente en esta etapa de intercampaña”.

Afirmó que a 10 días de que inicie el proceso electoral ya están preparados para seguir los lineamientos, los criterios, “pero especialmente seguir aquello que dicte esta autoridad administrativa como Instituto Nacional Electoral”.


“Estamos también convencidos que el respeto de la ley, el respeto de la equidad de la contienda es para todos los partidos políticos, seremos respetuosos pero al mismo tiempo buscaremos demandar que todos los demás partidos políticos lo hagan”, enfatizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Habrá protesta en el INE y marcha en DF por los 6 meses de Ayotzinapa

El mitin afuera del INE será a las 12:00 horas y la marcha que irá del Ángel al Monumento a la Revolución comenzará a las 16:00 horas.

El 26 de marzo se cumplen 6 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ese día, padres y familiares de los estudiantes realizarán un mitin afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Distrito Federal y encabezarán una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

En conferencia de prensa, los padres anunciaron que el mitin afuera del INE será a las 12:00 horas del jueves 26 de marzo y será para pedir oficialmente que no se realicen las elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio y exponer por qué consideran que no hay condiciones para que se realicen los comicios.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, dijo Melitón Ortega, uno de los papás de los normalistas desaparecidos. “Para nosotros no hay confianza en los partidos políticos. (El movimiento) no les importa. No queremos plática con los partidos políticos porque ninguno se pronunció por los 43 normalistas”.

La marcha del 26 de marzo comenzará a las 16:00 horas e irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Melitón Ortega llamó a la gente a sumarse a esta protesta “para denunciar la falta de resultados en la localización de los jóvenes y la persistencia de la impunidad y la corrupción” en este caso.

Además, hace una semana padres y familiares de Ayotzinapa, sindicatos y organizaciones civiles también acordaron bloquear módulos del INE el 26 de marzo.

Desde finales del año pasado, los padres de los normalistas desaparecidos han asegurado que no permitirán que se realicen elecciones en Guerrero en este año, pues aseguran que los políticos están coludidos con criminales, por lo que las elecciones no resuelven los problemas del país.


Ante el llamado de los familiares de los normalistas para que la gente no vote, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que se pedirá el apoyo de las fuerzas de seguridad si alguien trata de impedir la instalación de casillas en Guerrero.

CONFERENCIA COMPLETA:





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El GDF busca que la Suprema Corte determine la constitucionalidad de la Ley de Movilidad

Al resolver un amparo, el juez detalló que lo que se pretende con tal resolución es que las autoridades responsables de la vigilancia de las marchas, manifestaciones o mítines “respeten la vida e integridad personal de los quejosos cuando realicen las protestas o manifestaciones”.

Un juez federal declaró inconstitucional la Ley de Movilidad para el Distrito Federal aprobada en julio del 2014, lo cual obliga a las autoridades capitalinas a no criminalizar la protestas o manifestaciones y, por tanto, abstenerse de acusar a los participantes por delitos penales “por el simple hecho de manifestarse.

Fue el juez Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien determinó el lunes 23 de marzo que los artículos 212, 213 y 214 de dicha ley vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

Hoy, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el consejero jurídico del gobierno del DF, José Ramón Amieva, dijo que “es muy probable que nosotros (GDF) impugnemos este amparo concedido por este juez de distrito, a fin de que un tribunal determine sobre el mismo”.

Agregó que hay cinco amparos interpuestos relacionados con la ley, “pero nosotros principalmente estamos refiriéndonos a la acción que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

“Lo que queremos conocer es cuáles serían los argumentos y esos efectos, consideramos que los puede dar de manera fehaciente, contundente, la Suprema Corte para determinar si son constitucionales o inconstitucionales“, detalló.

Los artículos controversiales

Artículo 212

Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos den aviso.

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma.

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y/o vehículos.

Artículo 213

Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de
acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea.

Artículo 214

Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad aplicable.

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente.

Consulta la ley íntegra aquí. 

El amparo

Al resolver un amparo, el juez detalló que lo que se pretende con tal resolución es que las autoridades responsables de la vigilancia de las marchas, manifestaciones o mitines “respeten la vida e integridad personal de los quejosos cuando realicen las protestas o manifestaciones”.

De esta forma, el amparo resuelto obliga también a las autoridades a que “no criminalicen la protesta, es decir se abstengan de acusar por delitos penales a los quejosos por el simple hecho de manifestarse”; asimismo, el juzgador ordenó que en ningún caso los manifestantes deberán ser privados de su libertad por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad por el simple hecho de manifestarse.

El amparo concedido no autoriza a los quejosos al bloqueo deliberado de las vías de circulación, a cometer agresiones físicas a terceros o a las fuerzas de seguridad, a provocar daño patrimonial deliberado de monumentos, señales de tránsito, o bienes del dominio público o de terceros, o a la portación de armas blancas o de fuego.

La autoridad jurisdiccional resolvió que la libertad de expresión o la protesta protegida constitucional e internacionalmente es una libertad sin violencia, de forma que la conducta deliberada y dirigida a afectar la integridad personal, el patrimonio u otros derechos fundamentales de terceras personas no está en modo alguno comprendida dentro de la tutela que supone la libertad de expresión.

Se precisa que la Constitución y los tratados internacionales no reconocen un derecho al bloqueo deliberado e indefinido o permanente de calles y carreteras

En diciembre de 2014, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa del DF, resolvió en el mismo sentido, ya que consideró que los artículos de la ley de movilidad los van en contra de la Carta Magna y de lo que establecen tratados internacionales.

En el amparo resuelto ayer 23 de marzo por el juez octavo de distrito se concluye que el artículo 212 de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal es inconstitucional en la parte relativa a la obligación que establece para hacer constar en el aviso la finalidad “perfectamente lícita” de la manifestación pública.

Al respecto, el juzgador federal subraya que todas las personas gozan del derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino en todo caso mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros.

Asimismo, resolvió que la carga de dar aviso previo para la realización de una manifestación está dirigida exclusivamente a las manifestaciones o concentraciones de una densidad significativa, siendo inaplicable dicha obligación a las protestas que congreguen un número menor de personas y/o cuando surja una protesta espontánea.

Puntualiza que la exigencia de un aviso previo tiene efectos meramente informativos, lo cual no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condicione la licitud de la protesta.


A su vez, la redacción del artículo 214 prevé que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las vías primarias de circulación porque genera incertidumbre jurídica.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE

Cuauhtémoc Gutiérrez, “poder fáctico” en el PRI: Cecilia Soto

El ex dirigente del PRI-DF fue exhibido no solamente por la investigación difundida en la radio, en abril 2014, sino que ya había sido denunciado por el mismo reclutamiento diez años atrás en el diario Reforma, recordó.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un “poder fáctico” dentro del PRI, señaló Cecilia Soto, ex candidata presidencial del PT en 1994, en entrevista para Aristegui CNN.

En el mismo sentido, durante un acto el pasado fin de semana, para conmemorar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Soto comentó: “Preguntémonos si él hubiera aceptado a Cuauhtémoc…”, en referencia a que ese partido decidió no expulsarlo, sino sólo suspenderlo temporalmente, tras las acusaciones que lo señalan como el operador de una red de prostitución.

Al abordar ese tema, en entrevista con Carmen Aristegui, la ex candidata recordó que la red de prostitución operada por Gutiérrez fue revelada desde hace más de 10 años por el diario Reforma, y en abril del año pasado la Unidad de Investigación de MVS documentó cómo seguía operando en el PRI-DF.

Tras enterarse que la Comisión de Justicia del PRI prácticamente lo había exonerado, dijo: “A mí me parece que eso violenta el espíritu de la reforma ética que planteó (Luis Donaldo) Colosio para el PRI”.

Subrayó que  la vigencia de Colosio tiene consecuencias prácticas, como el hecho de que no pueden estar en el PRI, ni en ningún partido, los violadores, golpeadores de mujeres, enganchadores, etcétera.

Sobre lo que representa Gutiérrez de la Torre, apuntó que “ese sí es un poder fáctico”, un “personaje con poder económico”, “es un hombre muy rico, con mucho poder y representa un poder fáctico importante”.

En CNN, abundó sobre la vida de Colosio, su ex contrincante, de quien señaló que mucho de lo que aportó a la política, está vigente.

Refirió que Colosio pone un estándar de acción política muy alto.

Apuntó que lo “subversivo” de Colosio fue que sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, se comprometió primero a “transformar el dinosaurio”.

“Es un discurso realmente subversivo, la crítica que hace al sistema, el PRI, su partido, es una crítica devastadora, desde el punto de vista económico, de ejercicio de la política, desde el punto de vista de las inercias. Además, habla del fraude electoral, dijo que no quería un sólo voto que no fuera legítimo”, expuso.

El dinosaurio, señaló, “ahí sigue, sigue en Toluca e Hidalgo”. Ahora “hay luces y sombras, hemos logrado muchas cosas, pero hay una energía hacia atrás, una especie de retroceso”.

Actualmente, “hay un factor que está fuera del cálculo político: el empoderamiento del ciudadano, a través de las redes sociales y el internet. Eso ha venido a cambiar la ecuación del poder”.

“En el núcleo gobernante no se ve capacidad de gobierno, pese a que así se vendió en la elección presidencial”, sostuvo.


Soto aseveró que el grupo gobernante se ve rebasado, y se ve mucho un “síndrome”: “todo es Toluca-Hidalgo”.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones urgen a CIDH investigar “presiones” del gobierno en caso MVS-Aristegui

Expresan "preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica".

Organizaciones de la sociedad civil urgieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que solicite informes al gobierno mexicano, sobre “posibles presiones o injerencias” hacia MVS, para que finalizara, de forma unilateral, la relación contractual con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de periodistas.


En un comunicado, diferentes asociaciones cuestionaron los nuevos lineamientos de MVS, “cuyo único objetivo es ejercer mayor control editorial”.

COMUNICACIÓN REFERIDA:

BOLETIN ARISTEGUI-CIDH FINAL.pdf by Aristegui Noticias:

  BOLETIN ARISTEGUI-CIDH FINAL.pdf

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defensores analizan poner queja contra diputada que calificó a migrantes como “un peligro”

La legisladora federal Patricia Peña Recio dijo que, adonde llegan, los migrantes "ejercen la prostitución" y asaltan a la gente porque no tienen dinero.

Los migrantes son “un peligro” para México. Porque “asaltan a la gente”, “ejercen la prostitución”, y además “se matan” entre ellos. Así lo dijo la diputada federal Patricia Peña Recio, legisladora del PRI por Coatzacoalcos, Veracruz.

Peña Recio, cuyo perfil oficial indica que es licenciada en Ciencias de la Educación e integrante de la comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, hizo estas declaraciones al confirmar que en el municipio de Coatzacoalcos se cerró una casa de Apoyo a migrantes centroamericanos. 

“Lo primero que hicimos fue cerrar una casa en donde ellos recibían ayuda de otros lados”, señaló la diputada suplente de Joaquín Caballero Rosiñol, que además pidió el cierre de otros lugares como el centro de apoyo para migrantes porque, según ella, “son un peligro para la ciudadanía, (los migrantes) son personas que llegan sin dinero, y están allí saltando” y “haciendo cosas indebidas en la vía pública”.

Asimismo, la representante federal alegó que no es responsabilidad de México atender a las personas que proceden de otros países.

“No es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares, la responsabilidad la tenemos con los ciudadanos que nos dieron la confianza, esa es nuestra obligación”, dijo la diputada, que no obstante recalcó que sí se respetan las garantías de los migrantes, aunque no se les permita estar en los albergues.


“Se les está respetando sus garantías. No los estamos agrediendo, ni nada de eso -enfatizó-. Se les respeta que van de paso y que se les atiende de alguna manera, pero que circulen. No se está permitiendo que se queden ahí ni un día”.



Analizan queja contra la diputada por “discriminación y xenofobia”

Ante estas declaraciones, Karina Arias, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que investigan y trabajan el tema migratorio en México, adelantó que están analizando hacer un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se sancione a la funcionaria.

“Como red de organizaciones, estamos analizando hacer un exhorto al Conapred. Porque si la declaración de por sí ya es grave, lo es mucho más porque viene de una funcionaria pública”, expuso Karina Arias en entrevista con Animal Político. 

Asimismo, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabrinianas para migrantes y refugiados en su sección México, dijo que, como organización civil, también están analizando emitir una queja formal contra la legisladora priista por unas declaraciones que calificó como “lamentables”, y que “demuestran una actitud de xenofobía y de ceguera respecto a las personas migrantes”, y que además “discrimina” a los albergues y a la labor social y humanitaria de los activistas.

En cuanto a las palabras de Patricia Peña, cuando asegura que “no es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares”, la defensora de migrantes recordó que en junio de 2011 se llevó a cabo una reforma en la Constitución Mexicana, a partir de la cual se incluyó el principio ‘pro-personae’ que busca la protección de los derechos de las personas, más allá de su nacionalidad o estancia regular en un país. 

“Invitaría a la diputada a que, más allá de retractarse, comprenda cuál es su función como legisladora y como una promotora de la ley en este país. Yo quisiera recordarle que hubo una modificación al Artículo 1º Constitucional, que vuelve a centrar cualquier ley en el derecho pro-persona. Y me parece que esta fijación de decir que su responsabilidad es solo con los nacionales mexicanos, transgrede totalmente ese artículo”, apuntó la activista, que además resalta que Patricia Peña, como diputada federal, “debería ser la primera en vigilar que esté cumpliendo ese artículo y que se esté velando por el derechos de las personas”.

“Deberíamos interrogarnos sobre qué tipo de gente es la que llega a los cargos públicos donde se generan las leyes en México -plantea Gutiérrez-. Porque es muy preocupante que siendo representante federal, esta mujer haga ese tipo de declaraciones”, hace hincapié la directora en México de la Misión Scalabrinianas, que concluye recordando que en Estados Unidos hay miles de migrantes mexicanos que sufren por actitudes xenófobas y de discriminación, como “esa población centroamericana que ella señala como un foco de infección y de perdición”.

Por su parte, Germán Guillermo Ramírez, presidente de la asociación Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska, en Coatzacoalcos, rechazó las palabras de la legisladora, y aseguró que no es cierto que todos los migrantes centroamericanos cometan delitos contra la población mexicana.

“La realidad no es esa. Esta señora tiene que ver que hay de todo; que hay gente buena y mala en México y también en Centroamérica, y no podemos generalizar. Los migrantes necesitan que alguien los ayude a llevar un pan a su mesa, así que cada quien piense qué haría si estuviera en lugar de ellos”, señala el activista en conversación telefónica con Animal Político.

“Los migrantes no andan aquí en Coatzacoalcos porque vengan a dar la vuelta y a pasear por México. Ellos cruzan por aquí porque tienen que llevar comida a su casa. Y quienes digan que eso es algo que está mal, y que no se les debe ayudar, que se tienten un poco el corazón“, pidió el activista.

Coatzacoalcos, foco rojo de agresiones a migrantes

Cabe resaltar que Coatzacoalcos es un foco rojo de agresiones a migrantes, a su paso por el estado de Veracruz.


La Casa del Migrante de Saltillo publicó en enero del pasado año 2014 un informe, en el que daba a conocer que el 42% de los casos de cobro de cuotas y extorsiones a migrantes se produjo en Coatzacoalcos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.