Un esposo muy dadivoso

El exsecretario de Obras del Distrito Federal, Alfredo Hernández García entregó no sólo 70 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajaba su esposa, también más de 500 millones de pesos a través de Vento System, cuyos representantes legales y socios son los mismos.

Reporte Indigo tiene en su poder documentación que permite exhibir que Planet Ingeniería SA de CV y Vento System S.A de C.V son operadas por las mismas personas. 

La conexión entre ambas es a través de Luis Miguel Orozco Lucio, quien aparece como socio accionista de la primera y como representante legal de la segunda. Ambas con domicilio en el estado de Hidalgo.

Desde la Secretaría de Obras, Alfredo Hernández le habría entregado dos contratos para la renovación de luminarias por 70 millones de pesos a Planet Ingeniería, empresa en la que trabajó su esposa Érika Sofibeth Molina Barragán

Y al mismo tiempo le entregó otro contrato por 454 millones de pesos a Vento System, que es operada por los mismos personajes vinculados con su mujer.

Desde que estalló el escándalo de conflicto de interés en la Secretaría de Obras, Reporte Indigo dio a conocer que la pieza clave para entender la relación entre la esposa del funcionario es José Refugio Palacios, socio accionista de Planet Ingeniería y amigo de Érika Sofibeth.

En el organigrama que Planet Ingeniería exhibía (hasta antes del escándalo), además del ingeniero José Refugio Palacios aparecía como el segundo socio accionista de la empresa Luis Miguel Orozco de Lucio. Aunque el organigrama fue eliminado de Internet este periódico tiene copia de dicha sociedad.

Luis Miguel Orozco Lucio aparece como el representante legal de la empresa Vento System en contratos firmados con otros entes del Gobierno federal. 

Así queda demostrado a través del contrato INAH.OP DO 016/2013-AD en el que Vento System obtuvo por adjudicación directa el contrato para cambiar el cableado dañado del Museo de Antropología que se ubica en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

En este documento, del cual se posee una copia, Orozco Lucio firma en calidad de representante legal de Vento System.

La aparición de Luis Miguel Orozco Lucio en la página de Planet Ingeniería y en el contrato de Vento System, permite comprobar que son los mismos empresarios que se vieron beneficiados con más de 500 millones de pesos a través de tres contratos del programa “Iluminemos tu ciudad”.

Van juntas en los negocios

Los contratos en Obras del DF no son los únicos negocios en los que Planet Ingeniería y Vento System fueron juntos.

De acuerdo con información del Aviso de Fallo de Licitaciones Públicas Internacionales del Seguro Social, Planet Ingeniería S.A de CV obtuvo del IMSS un contrato por 10 millones de pesos en noviembre de 2013.

En esa misma fecha, Vento System también ganó otro contrato de características similares.

En lo que no parece ser una simple coincidencia, empresa Vento System SA de CV reporta tener como domicilio Privada Beltrán, colonia de Santa Matilde, Hidalgo, estado en el que también tiene sus oficinas Planet Ingeniería.

Contratos opacos para luminarias

De manera oficial y de acuerdo con la lista de contratos de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, fue en octubre del 2014 cuando Alfredo Hernández asignó a la empresa Planet Ingeniería SA de CV el contrato número 22 por los primeros 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital, que forma parte del programa “Decisiones por Colonia 2014”.

En un segundo proceso de aparente licitación, Planet Ingeniería ganó otro contrato por 40 millones 483 mil pesos, esta vez para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF. Ambos suman poco más de 71 millones de pesos.

El compromiso que adquiría la empresa pachuqueña en la que operaba la esposa del secretario de Obras consistía en retirar las luminarias viejas e instalar las nuevas de forma oval con lámpara y balastro de última generación, según describe el contrato que es público en la página de la Sobse.

En ese documento, Planet Ingeniería aparece como la empresa que ganó dicha licitación de las luminarias de la mano del Grupo Constructor Zerzor SA de CV, según el argumento por “reunir las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas en las bases de la invitación”.

Como parte de dicho paquete, la Secretaría de Obras también entregó contratos de luminarias a las siguientes empresas: Baja Homes and Estates SA de CV.

Y a Vento System SA de CV por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte.

Intelliswitch SA de CV es otra compañía que se llevó otro contrato por 421 millones 561 mil pesos para modernizar el alumbrado.

En la lista de contratos que hace públicos la Secretaría de Obras no se dan detalles de quiénes son los accionistas, representantes legales de las empresas que ganaron, lo que impide conocer a simple vista que se trata de los mismos empresarios ocultos en diferentes nombres de compañías.

Sin embargo, es posible obtener la conexión a través de la información que las empresas refieren en sus páginas de Internet, o como en este caso, por contratos que firmaron en otras fechas y con otros entes de gobierno.

A diferencia de Planet Ingeniería, que despliega una página en Internet en la que es posible ver a qué se dedica y cuáles son los servicios que ofrece y los clientes para los que ha realizado proyectos, de la firma Vento System poco se sabe.


Los amigos en Pachuca

Ahora se sabe que tanto Érika Sofibeth Molina, la esposa del exsecretario de Obras del DF, como las empresas Planet Ingeniería y Vento System tienen su centro de operaciones en el estado de Hidalgo.

En Pachuca es conocida como empresaria taurina. En su página personal de Facebook la esposa del exfuncionario exhibía su amistad con ingenieros involucrados en este escándalo de conflicto de interés.

Recientemente, Érika Sofibeth quitó de sus redes sociales muchas de las fotografías que exponían las relaciones con los socios de ambas compañías.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa actuó rápido y le exigió a Alfredo Hernández la renuncia, apenas se hizo pública la situación.

Desde el 12 de marzo que Alfredo Hernández entregó de manera oficial su renuncia, el exfuncionario no ha sido localizado.

Durante las últimas horas de Hernández García al frente de la Sobse, el círculo rojo del jefe de Gobierno le sugirió salir junto con su esposa a ofrecer una conferencia de prensa para deslindarse de cualquier vínculo con Planet Ingeniería, lo que no aceptaron. 

Ahora que otra empresa podría resultar coludida en el escándalo, la Contraloría General de la capital tendrá que ser clara: quiénes son los involucrados, cómo lo hicieron y cuántos fueron los millones en juego. 

Cuestionados

Empresas con vínculos con la esposa del exsecretario de Obras que ganaron licitaciones del Gobierno del DF:

> Planet Ingeniería SA de CV  Contrato número 22 por 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital

> Contrato por 40 millones 483 mil pesos para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF


> Vento System SA de CV  Contrato por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Gastan más... y mal

De acuerdo al Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación encontró que la mayoría de los municipios en el país invierten el dinero en obras no contempladas que poco o nada ayudan al rezago social.

La mayor parte de los municipios del país ejercen de forma irregular el presupuesto que les es transferido para la realización de obras y servicios de seguridad, debido a su falta de capacidad para gestionarlos.

En su Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que muchos municipios invierten en obras y acciones no contempladas, transfieren recursos a cuentas bancarias no autorizadas, y carecen de documentación que comprueben sus gastos.

El rubro en el que la ASF detectó más irregularidades es en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FSIM), en el que un tercio de los recursos fueron invertidos en obras que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema.

Una cuarta parte fue invertida en “obras y acciones fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Para realizar su diagnóstico, la ASF realizó 847 auditorías a 394 municipios entre los años 2007 y 2012 y tomó como muestra a ayuntamientos de todos los grados de rezago social.

Los recursos federales asignados a esos municipios fiscalizados fueron de poco más de 62 mil millones de pesos; la ASF estudió un 78 por ciento de ese capital.

En el caso del FISM, un total de mil 398 millones de pesos se destinaron a obras que no benefician a la población más pobre; y mil 116 millones de pesos en obras que no estaban contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Casi 800 millones de pesos de ese Fondo, un 77 por ciento, fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las del programa; en un 13 por ciento, 90 millones de pesos, no se tuvo la comprobación de los gastos; y 223 millones del FISM no se ejercieron.

La Auditoría encontró que la falta de desarrollo institucional de los municipios está directamente ligada con la falta de resultados en la inversión de recursos económicos del Gobierno Federal.

Mientras más atrasado esté un municipio, tendrá menos capacidad de invertir se forma correcta ese dinero, lo que representa un “desperdicio” de millones y millones de pesos, determinó la ASF.

La situación se repite a nivel nacional.

En el 2013, solo mil 130 municipios, el 48 por ciento de los 2 mil 445 que existen en México, contaba con un órgano de control interno para realizar auditorías a la forma en que se invierten los recursos económicos de la localidad.

“Un factor importante que incidió en la inadecuada gestión de esos recursos, son las debilidades en las capacidades institucionales, por ejemplo la falta de institucionalización de los procesos, la elevada rotación del personal, la inadecuada calidad de éste; lo anterior influenciado a su vez por la insuficiente capacitación y asistencia técnica por parte de las dependencias federales y los gobiernos estatales, entre otros”, expone el diagnóstico.

La ASF encontró también que los municipios tienen irregularidades en los registros contables o patrimoniales; y es común el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos que se debe hacer a la Secretaría de Hacienda.

El incumplimiento de los municipios también se dio con la ciudadanía, al no difundir entre la población el monto recibido para las obras, su avance y la conclusión de estas.

Falta de capacidad en los municipios

La ASF reveló que la mayor parte de los municipios tienen dificultades para administrarse a sí mismos por su falta de desarrollo.

Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la captación de ingresos propios.

Los municipios tienen graves problemas para generar ingresos por la vía de impuestos, pago de derechos y otros mecanismos que les auxilian a mantener con recursos las arcas públicas.

De acuerdo con la ASF, los datos más recientes, del 2012, reflejan que el 55.5 por ciento de los ingresos propios recibidos por todos los municipios del país se concentró apenas en 39 localidades.

“En el 2012, los recursos propios fueron de 61 mil 689 millones de pesos, que representaron el 26 por ciento de los ingresos municipales locales, los cuales ascendieron a 237 mil 471 millones y significan un promedio de 32.2 millones por municipio”, expone el diagnóstico.

El 53.9 por ciento de esos ingresos se obtuvo por la vía de los impuestos, principalmente el predial, con un monto total de 10 mil 953 millones de pesos.

En ese año, el 57 por ciento de los recursos del impuesto predial de todo el país se concentró en solo 31 municipios. En promedio, estos 31 municipios recibieron 353 millones de pesos, mientras que entre los restantes, el promedio de ese ingreso fue de 5.1 millones de pesos.

Los 10 municipios que tuvieron más éxito con la captación del impuesto predial, en el 2012, fueron Guadalajara, Jalisco; Zapopan, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua; Puebla, Puebla; San Pedro Garza García, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Naucalpan, Estado de México; y Tlalnepantla, Estado de México.

La falta de capacidad de los municipios proviene de carencias sistémicas que padecen la mayor parte de ellos, sobre todo en las comunidades rurales y localidades apartadas.

Con cifras del INEGI, la ASF reveló que un 11 por ciento de los municipios del país no cuentan siquiera con una línea telefónica; mientras que el 28.3 por ciento no tiene acceso a internet.

De los 2 mil 445 municipios del país, apenas un 47.2 por ciento, mil 154 localidades, tienen un sitio web a través del cual puede hacerse llegar información a la población.

Las carencias llegan también a los bienes tecnológicos que poseen los ayuntamientos.


“Si se relaciona el número de computadoras con el total del personal de las administraciones municipales, en promedio, a nivel nacional, se dispone de una computadora por cada cinco empleados”, afirma la Auditoría.

Este promedio es menor en entidades como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, en donde este valor es de tres empleados por computadora; en cambio, en Tabasco y Tamaulipas, el promedio duplica a la media nacional, con 11 y 10 personas por cada computadora.


Parámetros de organismos nacionales señalan que lo ideal es que haya una computadora por cada dos empleados para facilitar las actividades de los municipios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

A cambio de nada, el INAH autoriza a James Bond

La multimillonaria película “Spectre” obtuvo gratis los permisos del INAH para filmar en varios sitios del Centro Histórico de la Ciudad de México, concretamente sobre una plataforma encima del antiguo edificio del Senado. Son innumerables las voces calificadas que cuestionan permisos de esa naturaleza en un inmueble histórico. Pero el coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano, no lo cree así, y piensa incluso que el filme sobre el agente 007 será una ventana positiva de México para el mundo.

MÉXICO, D.F: La película Spectre, la 24 de la serie James Bond –que tendrá un costo de producción de al menos 250 millones de dólares, según la información filtrada en internet después del hackeo a la empresa Sony– obtuvo sin costo alguno las licencias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para utilizar el antiguo edificio del Senado de la República, ubicado en el callejón de Xicoténcatl, en el Centro Histórico.

En entrevista vía telefónica con Proceso, el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, explica que esto es así porque la autorización emitida por el instituto corresponde al trámite 008 y permite la “realización de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico”.

Y es un “trámite sin costo”. Así especifica la página web del INAH.

El arquitecto Balandrano dice que la productora en México de la película que protagonizará el actor británico Daniel Craig, fue quien hizo la solicitud. Y se le pidió que cumpliera con los mismos requisitos que se exigen a cualquiera para “poner y quitar algunas instalaciones temporales en azoteas de inmuebles históricos”.

Detalla que en la cuestión técnica las instalaciones temporales deben ser independientes de la estructura del edificio y ser removibles al término de su utilización. Se exige una fianza para la protección de la estructura del monumento o de los monumentos involucrados “en caso de algún imprevisto”, y la garantía de un estudio. Aquí fue hecho por una empresa especialista en análisis estructural de monumentos históricos que permitió la verificación del peso y las tensiones de la estructura sobre la azotea del edificio del Senado…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO (REPORTAJE ESPECIAL)

El estilo de Peña Nieto para censurar

MÉXICO, D.F: Ningún gobernante presume sus logros como censurador o enemigo de la libertad de expresión. En el lenguaje político de las simulaciones, la censura siempre se aplica de manera indirecta: vía presiones a los dueños de los medios, bloqueos publicitarios o informativos (como los que ha vivido Proceso desde hace lustros), amenazas veladas a través de terceros o guerras de lodo aplicadas por otros medios o comunicadores contra quienes son señalados por el dedo flamígero del gobernante.

En el episodio de la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo en MVS Noticias se está aplicando al pie de la letra el manual del censurador: sobredimensionar un conflicto menor (el “uso de la marca”); obligar al concesionario a morder el polvo como responsable de la expulsión (los Vargas); negar en todo momento que haya una violación a la libertad de expresión o a los derechos de los periodistas (los vergonzosos “lineamientos” de Noticias MVS que privilegian los derechos empresariales por encima de los derechos de información); polarizar y escalar el conflicto hasta el grado de hacer imposible la reconciliación.

Los recientes comunicados de Grupo MVS para embestir contra Aristegui reflejan no el estilo del corporativo de medios de radiodifusión y de telecomunicaciones sino el estilo del sexenio para quienes se atrevan a desafiar el consenso oficial.

MVS no argumenta, insulta en sus comunicados. En sus primeros mensajes de este episodio no mencionó por su nombre a la periodista.

Una vez que la corren, llama a Aristegui “mentirosa”, la acusa de “desviar recursos” en beneficio de su portal informativo y de caer en “conflicto de interés” (término clave en la cobertura de los grandes escándalos inmobiliarios del gobierno peñista como la Casa Blanca, la casa de Ixtapan y la casa de Malinalco, por ponerles nombres).

MVS cancela toda posibilidad de diálogo y reconciliación, especialmente tras los comunicados del viernes 20 y domingo 22 de marzo. Se exhibe públicamente como una empresa vengativa, rencorosa, insidiosa. Algo que no coincide con sus anteriores posiciones públicas en otros conflictos, incluyendo el que tuvo con la misma Aristegui en 2011, a raíz de su salida por preguntar al aire si Felipe Calderón tenía problemas con la bebida.

Como bien apuntó Fabrizio Mejía en su cuenta de Twitter: “he oído mayor respeto en un pleito de pulquería que en los comunicados de MVS contra Aristegui”.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este talk show de la censura es que MVS decide quemar sus naves de credibilidad para emprender su odio contra quien hasta hace quince días era su principal conductora, su mina de oro de rating y la más galardonada y reconocida periodista en medios masivos.

Evidentemente, MVS hizo caso omiso al llamado de la Secretaría de Gobernación en su comunicado del 17 de marzo de 2015. De manera tardía, Gobernación señaló lo siguiente “respecto al diferendo” entre Aristegui y MVS:

“Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana.

“El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo, con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”.

Gobernación escurre el bulto y su responsabilidad en un asunto fundamental: un “diferendo” de este tipo no es sólo un litigio “entre particulares” porque MVS es una concesión de un servicio de interés público y porque el noticiario de Aristegui está tutelado por los principios del artículo 6 constitucional, no por los “lineamientos” de una empresa.

Si tanto le preocupa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Peña Nieto “el ejercicio crítico y profesional del periodismo” ¿por qué no mediaron de forma pública para restablecer las relaciones entre Aristegui y MVS? ¿Por qué no exhortaron a la reinstalación de la periodista? ¿Por qué se pronunciaron cuando ya estaba consumado el golpe?

Aquí está la clave de un estilo personal de censurar: esconder la mano y simular preocupación.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó ante Proceso que es una responsabilidad del gobierno federal velar por la libertad de expresión y por el derecho a la información de los ciudadanos. Consideró que si el gobierno de Peña está interesado en fortalecer los valores democráticos debió intervenir para evitar la ruptura entre MVS y Aristegui.

No lo hizo porque todos los indicios señalan que alentó y presionó para esa ruptura, no al revés.

El golpe a Aristegui refleja un rostro sombrío de retroceso autoritario en un el seno de un gobierno que no sabe cómo revertir la severa crisis de credibilidad entre la población. No ha cumplido ni tres años en el poder y ya tiene los índices más bajos de aceptación, según todas las encuestas.

El peñismo sigue convencido que basta con cambiar al mensajero para que el “mensaje” se transforme. Pretenden “vender” los logros de las reformas estructurales con promesas y propaganda inducida o abierta en los medios, no con hechos. No lo han logrado.

El estilo personal de censurar de Peña se enfrenta a una prensa internacional que analiza con lupa este episodio y otros casos de presunta corrupción y violaciones graves a derechos humanos como el expediente de Ayotzinapa.

The Economist, la misma revista británica que alabó a Peña y ahora encabeza la más dura crítica contra su administración, sentenció en un párrafo lo que está sucediendo:


“Crece la sospecha de que el gobierno –que lucha contra un decrecimiento de su popularidad menos de tres meses antes de las elecciones intermedias- puso presión sobre MVS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después de que el presidente Peña nombró a Eduardo Sánchez, ex abogado de la propia compañía, para encabezar la coordinación de comunicación social de la Presidencia. MVS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.


Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Prevalecen en México deficiencias en tratamiento de violencia de género: AI

México, DF. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia contra las mujeres son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, además de que prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización de derechos humanos lamentó que en México se violan diariamente los derechos humanos de mujeres y niñas, en medio de una impunidad "generalizada", incluso para prácticas graves como  el abuso sexual y el feminicidio.

"El sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer. Con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género", subrayó AI.

“Una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad, por ello debe garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres claramente en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de la organización en México.

El derecho a una vida libre de violencia "conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos", recalcó Amnistía.

Por todo lo anterior, el colectivo con sede en Londres hizo un llamado a las autoridades a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.

La reforma anticorrupción no prevé sancionar al Presidente, alertan senadores

Legisladores de PAN y PRD señalan que la reforma excluye herramientas para que el Presidente sea sujeto de responsabilidad.

De aprobarse en sus términos la reforma constitucional para combatir la corrupción, el Presidente de la República quedaría protegido bajo un régimen de excepción.

Senadores del PAN y PRD coincidieron en que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no considera herramientas para que el titular del Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad.

En caso de avalar el proyecto, dijeron, la excepción impediría castigar al Presidente en caso de que cometa algún delito relacionado con el uso de recursos públicos.

El senador Alejandro Encinas condenó que los diputados hayan colocado al primer mandatario en una posición de privilegio.

“Es el único que tiene inmunidad en esta legislación. La ley le aplica a cualquiera, con excepción del titular del Ejecutivo federal. Es un régimen de excepción que debe eliminarse”, demandó.

Por su parte, el senador panista Héctor Larios reconoció que es necesario realizar modificaciones a la minuta, para incluir al Presidente como sujeto de responsabilidad.

“Se debe construir un régimen especial para el Ejecutivo, pero sí tiene que ser sujeto a responsabilidad”, señaló.

El senador del PRD Benjamín Roble lamentó que la reforma no alcance al Presidente y advirtió que en México no debe haber funcionarios intocables.

El perredista Armando Ríos Piter preguntó: “¿Esta reforma permitirá atacar y combatir los moches en la Cámara de Diputados? ¿Impedirá que se repita un caso como el de Iguala? ¿Corrige o previene el tema de la ‘casa blanca’ y el conflicto de intereses? El sistema no tiene suficiente contundencia”, cuestionó.

Por otro lado, Encinas advirtió sobre la necesidad de realizar cambios a la minuta, ya que se contempla que los delitos relacionados con la corrupción, podrán prescribir a los cinco años de haberse cometido, aún cuando se comprueben fehacientemente.

Propuso también que se endurezca la reforma para que los bienes de los funcionarios corruptos puedan ser objeto de extinción de dominio.

“Se trata de bienes financiados con recursos de procedencia ilícita, porque ese dinero no necesariamente viene del narcotráfico, proviene también de la corrupción”, aseveró.

El senador del PAN, Javier Corral, consideró que la minuta no debe aprobarse, ya que deja intocado el Artículo 108 de la Constitución para dar impunidad al Presidente.

“Creemos que la minuta es insuficiente, deja intocado el 108 de la Constitución que es un monumento a la impunidad del Presidente en medio de un escándalo por conflicto de interés, cohecho y soborno”, afirmó.

Senadores del PRI, PAN y PVEM advirtieron sobre el riesgo de que la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción pueda quedarse ‘congelada‘ en caso de que se realicen cambios a la minuta para regresarla a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, anunció que las bancadas del PRI y PVEM están en condiciones de aprobar la reforma constitucional.


“Estamos dispuestos a votarla en sus términos en el momento que sea necesario. Tenemos disposición para aprobarla sin moverle una sola coma“, expresó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a PGR y CNDH investigar a fondo agresión a reportera de “El Heraldo”

LEÓN, Gto: Periodistas y defensoras de derechos humanos exigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo la agresión contra la reportera Karla Janeth Silva Guerrero.

El pronunciamiento se hizo al término de la presentación del informe anual sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación de la organización Artículo 19, el cual fue difundido en un salón de la Universidad Iberoamericana de esta ciudad.

El 4 de marzo pasado el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Ángel Calzada Briseño, adscrito a la Mesa dos de la Fiscalía Especializada (FEADLE), notificó por escrito a la reportera del periódico El Heraldo de León que esta instancia declinó ejercer acción penal en su caso.

Además, le informó que dejó en manos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el seguimiento de las medidas de protección determinadas para salvaguardarla.

De esta manera, según describe el oficio de la FEADLE, el Mecanismo quedaría como “único garante del desarrollo psicoemocional y físico de la periodista, toda vez que el presente asunto se tendrá como total y absolutamente concluido”.

En el documento la dependencia no precisa las razones por las que tomó tal resolución, sólo comenta a la interesada que tendría que acudir a las oficinas centrales en la Ciudad de México para ser enterada personalmente.

La FEADLE inició la averiguación previa 126/FEADLE/2014 a raíz de la agresión de la que fueron víctimas Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, el pasado 4 de septiembre en las oficinas del periódico El Heraldo, en Silao.

Las amenazas lanzadas por los tres hombres que ingresaron a las oficinas del periódico y amagaron a Palacios, además de que golpearon brutalmente a Silva, fueron expresamente en contra de su labor periodística.

“Bájale de huevos a tus notas”, le gritaron los agresores. Uno de ellos le abrió la frente y le ocasionó graves contusiones en todo el cuerpo. Al salir, los agresores se llevaron la computadora de la reportera, una cámara del periódico y los teléfonos celulares de ella y de su compañera. Antes de irse, las amenazaron nuevamente: les dijeron que algo les pasaría a ambas si Karla “no le bajaba a sus notas”.

En el proceso judicial y en la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos fue documentado que el trabajo de Silva se centra en la cobertura de los temas municipales, con información crítica hacia el desempeño del gobierno del alcalde priista, Enrique Benjamín Solís Arzola.

Después de la denuncia, dos de los agresores materiales, junto con el subdirector operativo de la Policía de Silao, se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal. El tercero fue recientemente liberado mediante un proceso de juicio abreviado que fue aceptado por la Fiscalía y las propias víctimas, a las que pidió perdón y ofreció pagarles la reparación del daño.

Sin embargo, Nicasio Aguirre Guerrero, director de Seguridad Pública del gobierno de Solís Arzola, fue señalado por la Procuraduría de Justicia del estado como presunto autor intelectual de la golpiza y no ha sido localizado ni detenido por esta instancia, que sólo ha consignado por los delitos del fuero común: lesiones, amenazas y robo calificado.

A pesar de que el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola ha sido llamado a declarar por la Procuraduría, se ha resguardado en el fuero constitucional y no se ha presentado.

Tampoco cumplió a cabalidad con la disculpa pública ni con las medidas determinadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado en la recomendación que el organismo emitió, puesto que “se disculpó” en un evento a puerta cerrada y sin la presencia de la reportera y su compañera.

El caso de Karla Silva es uno de los más graves del 2014 –particularmente en contra de mujeres periodistas–, contenidos en el informe “Estado de Censura”, presentado este martes por la organización Artículo 19, acto en el que estuvo presente la periodista.

Por ello, desde Guanajuato, reporteros y defensores de derechos humanos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro Las Libres, el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos y la asociación Desarrollo y Ciudadanía Hermila Galindo, exigieron a la FEADLE y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no evadir su responsabilidad para atender este caso, en virtud de que en la entidad no hay las garantías para desahogar cabalmente el ataque al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.


“Han pasado más de seis meses de la agresión a Karla Silva y hasta la fecha no ha habido justicia integral ni reparación del daño”,  concluyeron los periodistas y defensores al presentar su pronunciamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

El saldo del “monexgate” en España

Los autores del operativo Monex, mediante el cual presuntamente se fondeó la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no tomaron en cuenta que el triunfo priista no implica impunidad en todos los países por los cuales dispersaron los recursos para encubrir su origen. En España se detectaron operaciones sospechosas de Gabino Fraga Peña, dueño de la empresa GAP e implicada en las averiguaciones iniciales del monexgate, como parte de una denuncia por probable lavado de dinero.

Madrid: Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es investigado desde el pasado viernes 13 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de España, por su posible participación en el blanqueo de dinero para beneficiar a un partido político.


La indagación surgió de la denuncia que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Ministerio de Economía Español, presentó contra directivos del Banco Madrid al detectar indicios de lavado de capitales y operaciones sospechosas, algunas de ellas realizadas por Fraga Peña.

El martes 17, el diario español El Mundo publicó que el empresario es uno de los clientes que realizó operaciones dudosas y que no fueron revisadas por los gestores (directivos) de la entidad financiera con base en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Según el reporte, el Sepblac detectó que el Banco Madrid recibió una transferencia desde México por 445 mil euros, dinero que, según las fuentes policiales citadas por el medio español, “puede corresponder con financiación ilegal de partido”.

El informe del Ministerio de Economía establece que Fraga Peña debió ser “objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid”, como lo dispone el artículo 52 de la ley antiblanqueo, lo cual “no se produjo”.

Para llegar al fondo del asunto, la fiscalía española cuenta con un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cual centrará su labor en operaciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).

Advierte GDF embargos a empresas por daño al erario en construcción de Línea 12

MÉXICO, D.F: El gobierno de Miguel Ángel Mancera prevé embargar los bienes de las empresas responsables de las fallas de la Línea 12 del Metro, como una medida “novedosa” en caso de que no paguen las sanciones económicas derivadas de la tercera auditoría realizada por la Contraloría General capitalina.

Eduardo Rovelo Pico, contralor general del gobierno capitalino, informó que de la auditoría 20G se desprendieron 16 observaciones que podrían resultar en daño al erario público. Agregó que éstas ya fueron notificadas al Proyecto Metro (PMDF), el cual tiene un plazo de 45 días para solventarlas antes de iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario.

Las observaciones se refieren a: verificación de compatibilidad rueda-riel, mantenimiento, mala ejecución de la obra, incumplimiento a la bitácora electrónica, falta de aplicación de sanciones por incumplimientos de contrato, duplicidad de trabajos, pagos en exceso, trabajos deficientes y de mala calidad, obra pagada no ejecutada, deficiente proyecto ejecutivo e incumplimiento de la calidad de materiales del sistema de vías.

El pasado 12 de marzo, la llamada “Línea Dorada” cumplió un año de operar de manera parcial, pues 11 de sus 20 estaciones fueron cerradas debido al desgaste ondulatorio en las vías que, según las autoridades capitalinas, ponían en riesgo por descarrilamiento a más de 450 mil usuarios.

Este martes, al término de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rovelo Pico explicó que según las facultades que le otorga el Código Fiscal local, la Contraloría puede recurrir a juicios resarcitorios y al embargo como “una estrategia jurídica novedosa” para obtener el pago por el daño al erario público cometido en la construcción y operación de mencionada Línea.

Y aunque se negó a dar nombres de los funcionarios y empresas señaladas en la auditoría, explicó que en el caso de funcionarios públicos, las sanciones que aplique la Contraloría General serán por cantidades “cobrables y pagables”.

El comentario fue en referencia a las que aplicó su antecesor –y hoy secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida– a 47 funcionarios y exfuncionarios por un monto total de 21 mil millones de pesos.

“Para este caso concreto y como estamos considerando afectaciones a la hacienda pública por montos considerables, vamos a afectar en dos sentido. El primer sentido  por la omisión o por la acción en la que hay incurrido el servidor público, vamos a fincarle la reparación del daño en una sanción económica hasta por un tanto. La vez pasada se cobró hasta por dos tantos y fueron penas excesivas y criticadas”, explicó el funcionario en entrevista.

Continuó: “La otra estrategia es la que estamos viendo a través del medio resarcitorio, que tiene dos vías. Una, cobrarle al servidor público; si no tiene para pagar, le tendremos que cobrar a la empresa a través del embargo de bienes suficientes que garanticen la afectación que le hicieron al erario público. Esto no se ha hecho, es nuevo y lo vamos a ejercer”.

Eduardo Rovelo agregó que la Contraloría General tiene en proceso cuatro auditorías más, entre ellas la 21G, con el propósito de revisar las erogaciones derivadas del proyecto integral de la Línea 12, así como los contratos y convenios de obra, servicios, apoyo técnico y mantenimiento de vías de 2007 a 2014, hasta la entrega recepción, finiquito y certificaciones.

Expedientes abiertos

En el informe de labores que el exdirector del Registro Público de la Propiedad entregó a los diputados de la ALDF se asegura que la Contraloría General tiene abiertas nueve investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por posibles irregularidades en el mantenimiento a equipos, instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y a las vías.

Además, existen 11 procedimientos administrativos abiertos contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, dirigido actualmente por Joel Ortega, para determinar su posible responsabilidad en actos irregulares relacionados con la Línea.


Incluso, hay una auditoría más abierta por el contrato que dio el STC a la empresa española CAF para la fabricación y el mantenimiento de los 30 trenes. En ésta misma se verifican los controles internos para la supervisión y el proceso de contracción y los pagos del Proyecto para Prestación de Servicio (PPS) de las unidades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Orden de MVS en noviembre: de la “Casa Blanca”, nada en el portal ni en redes

Esa fue la instrucción que el jefe de información para medios digitales de la empresa dio a dos empleadas, ahora despedidas.

“No se puede publicar nada en redes sociales ni en el portal de MVS Noticias sobre el caso de la Casa Blanca”.

Esa fue la orden terminante que recibieron Adriana Buentello y Ameyalli Motta de su jefe inmediato, Héctor Gutiérrez, jefe de información para medios digitales de los noticiarios de MVS. Era el 10 de noviembre, al día siguiente de que la primicia de este escándalo fuera dada a conocer a través del portal de internet Aristegui Noticias.

Buentello y Motta, responsables de redactar y subir información de las distintas emisiones informativas de MVS, también habían recibido otra orden de “bajar información” una semana antes del escándalo de la Casa Blanca. Se trató de una nota sobre la adquisición del avión de Enrique Peña Nieto.

La constante en ambos casos fue la frase que Gutiérrez le transmitió al equipo redactor de redes sociales y el portal informativo en Internet: “Ya nos hablaron de Presidencia de la República. Que le bajemos”.

Entrevistadas por Apro, Buentello y Motta aclaran que ni siquiera les permitieron subir a las redes sociales la foto de la residencia de Las Lomas de Chapultepec. Explican que sólo cambió la orden de ignorar esta nota cuando Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, respondió señalando que la primera dama Angélica Rivera era la propietaria de esa mansión y no Enrique Peña Nieto.

“A mí me frustró mucho este episodio porque habíamos logrado posicionar a MVS Noticias en el primer lugar de engagement (índice que mide credibilidad e influencia de los portales informativos), antes de que se desatara el caso de la Casa Blanca, en octubre de 2014”, refiere Buentello.

En noviembre del mismo año, como un efecto de la falta de cobertura de la nota inicial sobre la Casa Blanca y de las constantes órdenes de autocensura, el portal de MVS Noticias cayó del primero al sexto lugar en la medición del sistema Likealyzer que sirve justamente para medir estos índices.

El pasado martes 17 de marzo a las 15:00 horas, Buentello y Motta fueron despedidas de MVS. Un día antes, recuerda  Ameyalli Motta, el director de Noticias del grupo, Alejandro Vega, les dijo a los trabajadores de MVS Radio que nadie se preocupara porque “no iban a correr a nadie”.


Y no fue así. Desde ese día, el portal informativo de MVS y sus cuentas de Twitter entraron en una grave crisis por la pérdida de seguidores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dish pagará 7.7 millones de pesos a Televisa y Azteca

Esto, por la generación de las señales de sus canales 2, 5, 7 y 13 con los spots de partidos y candidatos de la elección federal.

El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la empresa Dish deberá pagar siete millones 729 mil pesos a Televisión Azteca y Televisa, por costos de producción de la pauta federal que transmitirá del 5 de abril al 7 de junio, informó la consejera Pamela San Martín.

“Dish deberá pagar por cada una de las señales que debe de retransmitir un millón 665 mil 829.60 pesos (más IVA)”, por cada señal de los canales 2 y 5 de Televisa, y 7 y 13 de Tv Azteca, que cubren más del 50 por ciento del territorio nacional, resumió San Martín Ríos y Valles al ser entrevistada al término de la sesión especial del Comité que preside.

Recordó que el proyecto de acuerdo que aprobó el Comité de Radio será puesto a consideración del Consejo General del INE durante la sesión ordinaria que celebrará este miércoles 25 de marzo, para su discusión y, en su caso aprobación o modificación.


El cobro, afirmaron los consejeros durante la sesión, es un camino intermedio entre la gratuidad, que pretendía Dish, y los 120 millones que pretendían cobrar Televisa y TV Azteca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de los 43 pedirán al INE suspender comicios en Guerrero

MÉXICO, D.F: Familiares de los normalistas desaparecidos solicitarán formalmente a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión de los comicios en el estado de Guerrero.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melitón Ortega, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya casi seis meses, dijo que entregarán un escrito al INE el próximo jueves 26 en el que exigirán que se limpie la clase política en Guerrero porque si no “vamos a vivir lo mismo del 26 de septiembre”.

“No permitiremos que haya elecciones en Guerrero. Primero están los 43. No hay condiciones para llevar las elecciones”, puntualizó.

Ninguno de los partidos políticos, dijo, se interesó o pronunció por los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por lo que, advirtió,  no creen en ellos.


“No hay confianza en los partidos políticos. No les importa (el movimiento). No queremos plática con los partidos políticos”, reiteró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde de Cocula arraigado por caso Ayotzinapa, heredará el cargo a su concuño

CHILPANCINGO, Gro: José Daniel Román Salazar, concuño de César Peñaloza Santana, el presidente municipal de Cocula que estuvo arraigado en la PGR por el caso Ayotzinapa, fue designado candidato del PRI a la alcaldía de ese municipio ubicado en la convulsionada zona norte de la entidad.

Peñaloza Santana pretende heredar así el poder a un familiar en el contexto de la crisis político-social que se vive en la entidad por las protestas del movimiento social que exige justicia por el caso Ayotzinapa, y que desde ahora amenaza con boicotear los comicios del próximo 7 de junio al considerar que la clase política está vinculada a la delincuencia.

La designación de Román Salazar como candidato a la alcaldía de Cocula se realizó este martes durante una reunión privada del comité estatal priista que dirige Cuauhtémoc Salgado Romero, según informaron fuentes oficiales.

El alcalde de Cocula y su concuño son miembros del grupo político del actual diputado federal priista, también señalado de tener vínculos con la delincuencia, Manuel Añorve Baños, operador en Guerrero del senador Manlio Fabio Beltrones, indicaron las mismas fuentes.

José Román Salazar es esposo de María del Carmen Alarcón Rodríguez, hermana de Lizbeth Alarcón, esposa del alcalde de Cocula y actual presidenta del DIF municipal.

En diciembre pasado, agentes de la PGR detuvieron y consignaron ante un juez al alcalde César Peñaloza, involucrado en dos averiguaciones previas relacionadas con el caso Ayotzinapa.


No obstante, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó liberar al edil priista al considerar que el Ministerio Público Federal no presentó elementos suficientes para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Publicidad oficial en los medios, “un mecanismo de control”: Aristegui

MÉXICO, D.F: Al participar en la presentación del informe “Estado de Censura”, de la organización Artículo 19, Carmen Aristegui aseguró que persisten “muchas sombras en cuanto al periodismo mexicano se refiere”.

La periodista reiteró que se vive un “vendaval autoritario” en el país y demandó regular la publicidad oficial en los medios porque se utiliza como “un mecanismo de control” para periódicos, televisoras o estaciones de radio.

De acuerdo con el informe presentado, tan sólo en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un total de 665 agresiones contra periodistas (330 en 2013 y 326 en 2014), de las cuales 48.7% han sido contra medios impresos, 20.8% contra medios digitales, 16% en radio y televisión y 13.4% en agencias informativas.

El mismo reporte indica que el mayor número de agresiones contra informadores han ocurrido en el Distrito Federal (85), Veracruz (41), Quintana Roo (42), Guerrero (28) y Oaxaca (26), las cinco entidades que ocupan los primeros lugares de este índice del estudio.

Aristegui estuvo presente en el Museo Franz Mayer, donde se dio a conocer el informe, acompañada de otros periodistas agredidos como Adrián López, del Diario Noroeste de Sinaloa; Karla Silva, de El Heraldo de León; Norma Madrigal, de Quintana Roo, y Silvia Hernández, de Veracruz. En el lugar se recibió un mensaje de Pedro Canché, periodista encarcelado en Carrillo Puerto, Quintana Roo, por claras presiones y órdenes del gobernador Roberto Borge.

En su breve participación en el foro, Aristegui indicó que “la publicidad oficial es un mecanismo de control de los medios que a la fecha no está reglamentado a escala federal, estatal o municipal, a pesar de las promesas para transparentarlo para que ese dinero, que es de todos, en lugar de favorecer campañas, favorezca la libertad de expresión”.

La exconductora de la Primera Emisión de Noticias MVS, cuyo espacio fue cancelado por la empresa desde el pasado domingo 15, insistió que estamos “ante un panorama preocupante” que augura un escenario “de muchas sombras en cuanto al periodismo se refiere”.

Organizaciones demandan intervención de relator de la CIDH

Desde el pasado 21 de marzo, 114 organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos enviaron una carta al relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para que intervenga en el caso de la salida de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS.

Las organizaciones reclamaron que el relator pida informes al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre “posibles presiones” a MVS.

Entre las firmantes destacan la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Cencos, Cimac, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, además de otras muchas redes estatales y nacionales.


El pasado lunes 23, Lanza participó en el mismo foro de Artículo 19. Durante su intervención y en entrevistas con la prensa, el funcionario de la CIDH expresó que el caso de Aristegui puede configurar un ejemplo de “censura indirecta” por parte del gobierno mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

“Estado de censura”, informe de Artículo 19

En los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto se agredió a un comunicador cada 26.7 horas.

El informe de la organización internacional Artículo 19 indica que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el sexenio anterior, apunta, se documentaron mil 092 agresiones, un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al año.

“Con Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas”, precisa. 


Sobre las agresiones graves a la prensa, la organización puntualiza que 54 periodistas fueron asesinados —un promedio de nueve por año— en el sexenio de Calderón; mientras que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos en los dos primeros años —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio. Cabe recordar que en el informe no se incluyeron asesinatos ocurridos este 2015, como el caso de Moisés Sánchez.

INFORME INTEGRO:

Estado de censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa by ArticleXix:

  Estado de censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PRI se burla de las víctimas de Gutiérrez de la Torre: CATWLAC

Su actuación sólo propicia impunidad y la certeza en la ciudadanía de que se está actuando por consigna y en complicidad, manifestó la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe.

Luego de que el PRI decidió no expulsar y sólo suspender temporalmente al ex dirigente del partido tricolor en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre -quien fue acusado de operar una red de prostitución-, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), consideró que se trata de una “burla” para las víctimas del político priista.

En un comunicado, titulado “Nueva burla del PRI para las víctimas de Gutiérrez de la Torre”, la organización encabezada por Teresa Ulloa, recordó que “la justicia federal no ha resuelto el recurso de revisión para que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, aún cuando existen todos los elementos para acreditar la existencia de delincuencia organizada”.

Además, CATWLAC lamentó que “la PGJDF sigue negándose a radicar las denuncias de las víctimas en la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas y, en cambio, se encuentran radicadas en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, sin importar la naturaleza de los delitos en cuestión, ni que éstos se persiguen de oficio”

Y agregó que “no debemos olvidar que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, fracción I, ‘los partidos políticos son de interés público’. Más aún, los estatutos del PRI establecen en su artículo 60, fracción VII, que la militancia debe ‘mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores públicos y contribuir a dignificar la imagen del partido…’”.


Comunicado íntegro:

  CP7, PRI Permanencia CGT, 23mar15

CP7, PRI Permanencia CGT, 23mar15 by Aristegui Noticias:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

¿Qué haría Carmen Salinas como diputada? Impulsar la actuación en las escuelas

Hoy, los presidentes nacionales del PRI y del PVEM entregaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de candidatos que participarán en las elecciones del 7 de junio en busca de un cargo por mayoría relativa o representación proporcional.

Si la actriz Carmen Salinas gana una diputación federal apoyará a los artistas sin empleo e impulsará la actuación, el canto y la música en las escuelas.

En entrevista con medios, Carmen Salinas dijo que le “encantaría mucho” representar al gremio artístico porque “hay muchos compañeros que no tienen trabajo” y que siempre ha sido su sueño “que se den en las escuelas de gobierno clases de actuación, de canto, música y baile”.

Para apoyar a sus compañeros desempleados, Salinas dijo que impulsaría la rehabilitación y el mantenimiento de los teatros del Seguro Social y el ISSSTE.

Hoy, los presidentes nacionales del PRI y del PVEM entregaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de candidatos que participarán en las elecciones del 7 de junio en busca de un cargo por mayoría relativa o representación proporcional.

El PRI registró candidatos correspondientes a 50 distritos de mayoría relativa en los que contenderá solo, mientras que por el principio de representación proporcional presentó la solicitud de registro de 200 candidatos.

Ante sus candidatos a diputados, entre ellos Alfredo del Mazo, David López, Carlos Iriarte, Carmen Salinas, Mariana Benitez, Bárbara Botello, Jorge Carlos Ramírez Marín, Fernando Espino y David Sánchez Isidoro, el líder priista, César Camacho Quiroz, dijo que no permitirán que nadie rompa las reglas “del juego democrático”.


“Con la severidad del caso y la fuerza de la ley y de las instituciones habremos de seguir apelando porque el proceso ejemplar tenga en la jornada un día también destacado”, expresó Camacho Quiroz.

El dirigente partidista manifestó su confianza en que con la alianza entre el PRI y el Partido Verde Ecologista ganen el próximo 7 de junio la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Con nuestro partido aliado, aliado histórico, aliado electoral, aliado programático, aliado cotidiano, habremos de impulsar propuestas que esperamos sean atractivas para los ciudadanos, porque con ellos, con los ciudadanos queremos que sea la más importante y la más eficaz de las alianzas.

“Queremos y tenemos objetivamente cómo aspirar, queremos obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y también el más numeroso bloque de representantes populares en las dos mil 179 elecciones que estarán a disposición del electorado el 7 de junio”, aseveró.

El dirigente del PVEM, Arturo Escobar y Vega, señaló que “entramos a un proceso con una nueva normatividad la cual ha sido materia de enormes controversias, especialmente en esta etapa de intercampaña”.

Afirmó que a 10 días de que inicie el proceso electoral ya están preparados para seguir los lineamientos, los criterios, “pero especialmente seguir aquello que dicte esta autoridad administrativa como Instituto Nacional Electoral”.


“Estamos también convencidos que el respeto de la ley, el respeto de la equidad de la contienda es para todos los partidos políticos, seremos respetuosos pero al mismo tiempo buscaremos demandar que todos los demás partidos políticos lo hagan”, enfatizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.