Activan en Quintana Roo red de ‘trolls’ y ‘bots’ tras informe sobre censura

CANCÚN, Q. Roo: Minutos después de que la organización Artículo 19 difundió en la capital del país el informe “Estado de Censura”, en el cual, entre otros elementos, refiere que el gobernador Roberto Borge mantiene una campaña de hostigamiento a voces críticas, una red de trolls y bots, así como cuentas falsas de Twitter vinculadas al gobierno estatal y al PRI volvieron a difundir ataques contra periodistas locales, en los que además se incluyeron documentos judiciales.

En el informe de Artículo 19, además de Borge Angulo también son señalados el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos Acevedo; el presidente estatal del PRI y diputado federal, Raymundo King y el encargado de las redes sociales de ese partido en el estado, César Mortera de “acosar voces críticas en el estado que forman parte de las agresiones contra la prensa en Quintana Roo”.

Estos tres funcionarios han sido acusados reiteradamente por difundir ataques en redes sociales contra medios de comunicación y periodistas independientes.

Justo cuando se difundía el informe “Estado de Censura” por diversas vías, incluidos mensajes de Twitter, la red de trolls, bots y cuentas falsas del gobierno del estado volvió a arremeter contra perredistas de la entidad.

En esta ocasión fue más evidente la vinculación de esta red de ataques cibernéticos al gobierno estatal, pues uno de los tuits incluyó un documento judicial, específicamente el amparo promovido por la presidenta del semanario Luces del Siglo contra el gobernador Roberto Borge, y en el que también se señala a Lino Magos y César Mortera.

“El juez rechazo amparos y protección a @NormaMadero @jvite @secaballero37 por falta de fundamentos @article19mex”, según el tuit difundido en decenas de cuentas.

En el mensaje se incluye como archivo adjunto la carátula de la sentencia al juicio de amparo indirecto 1099/2014-IV radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito, promovido por Norma Madero contra Roberto Borge y otros funcionarios.

Entre las cuentas falsas en las que se difunde este mensaje, se encuentra una atribuida al periódico Por Esto! de Quintana Roo, el de mayor circulación en la entidad.

El coordinador de dicho medio, Renán Castro, rechazó que esta cuenta sea de Por Esto!.


“No tenemos ninguna cuenta en redes sociales y para precisarlo, publicamos todos los días una alerta al respecto en nuestras páginas (del periódico)”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Ratifican ‘no a los partidos’

El 3 de mayo los habitantes de Cherán nombrarán a la autoridad local que gobernará los próximos tres años. No habrá urnas ni credenciales de elector, los vecinos designarán a sus funcionarios a mano alzada.

La comunidad indígena de Cherán decidió no dar vuelta al proyecto de autonomía planteado desde abril del 2011. Por unanimidad, en asambleas de barrios, los vecinos optaron por no permitir campañas, candidatos, ni partidos políticos. Su proceso para designar autoridades comunales es tan independiente que ni siquiera se llama elección, sino nombramiento de autoridad.

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara reconocimiento jurídico a la autonomía de ese pueblo indígena de Michoacán, la comunidad entera ratificó su decisión de no volver a permitir el sistema de partidos que consideran corrupto y antidemocrático.

La semana pasada el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en obediencia al mandato de la SCJN se acercó con la comunidad de Cherán, para encaminar un acuerdo bajo el que se debería llevar el proceso electoral para la renovación de las autoridades locales. La comunidad de Cherán dijo de nueva cuenta no a los candidatos de los partidos.

Por acuerdo de las asambleas de barrio, el proceso de nombramiento de autoridad local para un periodo de tres años, se llevará a cabo el 3 de mayo del año en curso. Los nuevos funcionarios serán designados por mayoría simple, en un proceso de elección a mano alzada, en donde no habrá ni credenciales de elector ni urnas, solamente la confianza entre todos los vecinos.

El IEM, sin argumentos

Ante la decisión de los vecinos de Cherán, de no permitir la presencia de candidatos ni partidos políticos en su demarcación, el Instituto Electoral de Michoacán se dijo sin argumentos legales para la instalación de urnas dentro de ese municipio, toda vez que la misma la SCJN avaló la autonomía de esa localidad indígena.

Solo en calidad de observadores, representantes del IEM han acudido a algunas de las asambleas de barrio, denominadas “fogatas”, consideradas las células básicas de la democracia indígena, en donde los vecinos hablan y participan sobre el nombramiento de las nuevas autoridades locales. El IEM ha reconocido no tener argumentos para mejorar la democracia que está naciendo en esa comunidad.

Los promotores de la autonomía indígena de Cherán, han comenzado a llevar a las reuniones de cada uno de los barrios de ese municipio una propuesta de balance del primer gobierno autónoma, en donde la gente participa con opiniones francas sobre el desempeño de las autoridades, a la que se les señalan los desaciertos para que no se vuelvan a cometer por quienes los suplan en los cargos.

El debate que se ha iniciado en el seno de cada una de las reuniones de barrios, también pretende diseñar los perfiles de los hombres y mujeres que tendrán a su cargo la administración del gobierno municipal indígena.

Molesta actitud del IEM

Pese a que la comunidad indígena de Cherán tolera la presencia de una comisión de enlace del IEM, que se limita a observar las asambleas de barrio para recoger los primeros nombres de quienes pueden ser mandos de gobierno local, la comunidad no ve con buenos ojos la presencia del órgano electoral.

La razón es porque ese organismo ha tenido poco tacto al traer a la conversación a personas que se encuentran desaparecidas.

En Cherán, aun cuando no habrá instalación de casillas, algunos funcionarios del IEM insisten en preguntar por algunos comuneros que fueron sustraídos de sus domicilios o levantados por grupos delincuenciales.

No al pasado

Los puntos coincidentes que se han puesto de manifiesto en las asambleas de barrio, es que los indígenas de Cherán no quieren regresar –bajo ninguna circunstancia- a un régimen de gobierno en donde tengan injerencia los partidos políticos.

Con coraje y dolor se recuerda aun la corrupción reinante en esa localidad durante el último gobierno partidista, el del priista Roberto Bautista Chapina.

Durante su mandato se incrementó el número de comuneros asesinados y desaparecidos. En su periodo no se supo el paradero de al menos 12 vecinos que defendían el bosque.

En ese mismo lapso de gobierno, cuando mayor participación económica recibió el gobierno local, menos obra pública se pudo ejecutar y aumentó la deuda pública municipal.

Los vecinos de Cherán recuerdan que fue durante esa administración priista que el crimen organizado se apoderó de la las personas y los recursos naturales de esa región. Fue cuando los comuneros fueron esclavos de las células del cartel de Los Caballeros Templarios.

No a las campañas

Tras el establecimiento de la erradicación del sistema de partidos en la vida política de Cherán, también se ha planteado la necesidad de que los hombres y mujeres que sean postulados a cargos de mando, no hagan promoción ni campaña política.

“La gente es la que debe considerar si alguien que es propuesto a un cargo tiene la calidad y la capacidad suficiente para ello. No es sano que uno hable bien de uno mismo”, explica uno de los organizadores del nuevo sistema democrático de Cherán.


Bajo ese contexto, el viernes 3 de mayo, la población de Cherán elegirá en la plaza principal a los integrantes de su gobierno para los próximos tres años, los que serán representantes de los cuatro barrios del municipio, de donde saldrán los responsables de procuración, vigilancia y mediación de justicia; de lo civil; de los programas sociales, económicos y culturales; de los barrios; y el gobierno de los bienes comunales.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS

No cuadran cuentas en Circuito Interior

Para rehabilitar esta zona de la ciudad, la Secretaría de Finanzas capitalina le autorizó casi 8 mil 900 millones de pesos a la Secretaría de Obras, pero el Gobierno del DF anunció una inversión menor, por sólo 6 mil millones de pesos.

Justo hace un año, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció públicamente que rehabilitaría el Circuito Interior con una inversión de 6 mil millones de pesos. 

Sin embargo, para llevar a cabo dichas maniobras el entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, solicitó a la Secretaría de Finanzas un monto mayor por 8 mil 879 millones 337 mil pesos, que fue autorizado en noviembre del 2013, cuatro meses antes de que Mancera hiciera pública la inversión en el Circuito Interior.

La diferencia entre lo que anunció que gastarían el jefe de Gobierno y el monto que le autorizó la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Obras es de 2 mil 879 millones de pesos.

Reporte Indigo tiene en su poder la autorización firmada por Édgar Amador Zamora, quien en su calidad de secretario de Finanzas entregó a Alfredo Hernández un monto total de 8 mil 879 millones 337 mil 615 pesos para llevar a cabo el proyecto “Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”.

De acuerdo con el documento SFDF/0386/2013 de noviembre del 2013, los 8 mil 879 millones de pesos comprometen los recursos públicos del GDF hasta el año 2025, a través de un esquema anual de pagos similar al que autorizó el extesorero Mario Delgado Carrillo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para el pago de la renta de un lote de 30 trenes para la Línea 12.

En marzo del 2014, cuando Mancera Espinosa hizo público la inversión en el Circuito Interior reportó que gastarían 6 mil millones bajo un esquema de Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) que se le había entregado al consorcio constructor encabezado por grupo GAMI.

A partir de que ganó este millonario PPS, Grupo GAMI tendría la responsabilidad de construir dos puentes vehiculares en los cruces del Circuito Bicentenario con avenida Tezontle y avenida Té, un deprimido en Tlalpan y un doble túnel en el cruce de Mixcoac e Insurgentes.

Presumen sobreprecio

A decir de exfuncionarios consultados por este medio, la obra multianual comprometida a Grupo Gami por el exsecretario de Obras del GDF, Alfredo Hernández, podría presentar un sobreprecio de alrededor de 50 por ciento.

Razón por la cual forma parte del paquete de contratos que tiene bajo lupa la Contraloría General del Distrito Federal, sobre todo después de que se exhibieron los presuntos actos de corrupción en el que se otorgaron contratos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajó la esposa del extitular de Sobse.

La presunción de sobreprecios de millonario PPS del Circuito Interior que entregó Alfredo Hernández a Grupo Gami tiene como base el PPS del 2009 que se firmó también para la rehabilitación del Circuito Interior en el sexenio de Marcelo Ebrard, por un monto de 3 mil 280 millones de pesos.

Según el contrato del 2009, la administración de Ebrard pretendía convertir el Circuito Interior o Circuito Bicentenario en una “avenida ejemplar en el mundo entero”.

Además de sustituir la carpeta de asfalto por una de concreto hidráulico con vida útil no menor de 25 años, se rescatarían 22 parques de la periferia para convertirlos en espacios urbanos con áreas de juegos infantiles.

También se rehabilitarían 43 puentes peatonales, más de mil postes nuevos y se sustituirían 2 mil 800 luminarias.

Expedientes bajo escrutinio

Al terminar el sexenio de Marcelo Ebrard y apenas en el primer año de gobierno, la Secretaría de Obras, con Alfredo Hernández al frente, retomó el Circuito Interior como estandarte para continuar con las obras millonarias en esa vialidad.

Por eso es que apenas terminaba el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando Alfredo Hernández pidió autorización a la Secretaría de Finanzas para asumir el compromiso multianual por 8 mil 879 millones hasta el 2025.

“Finalmente no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utilice la Secretaría de Obras del Distrito Federal para la planeación, instrumentación de la contratación y ejecución del proyecto Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”, precisa Édgar Amador Zamora en el documento de noviembre del 2013.

Los mecanismos de contratación y la ejecución del proyecto es justo lo que hoy revisa la Contraloría General capitalina, que integra diversos expedientes de los actos ejecutados por Alfredo Hernández en su calidad de secretario de Obras del Distrito Federal, más allá del escándalo que detonó su salida de la dependencia.

Porque en ese cargo clave, Alfredo Hernández también recibió la autorización por 210 millones para la construcción del área de hospitalización del Hospital Regional de Iztapalapa.


Además de otros 80 millones para la construcción de la Clínica de VIH Iztapalapa; 300 millones para la pavimentación de diversas vialidades y 100 millones para la construcción del distribuidor vial Chimalhuacán-Calle 7, entre muchos otros.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Banobras se deslinda de Gabino Fraga, involucrado en el caso Monex

MÉXICO D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Antonio Fraga, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución.

En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa.

Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución.

Asimismo explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”.

En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga funge como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramientios e lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014

Un delegado fiduciario de Banobras es un apoderado legal que representa a la dependencia en los fideicomisos; se encarga de su administración y vigila que se cumplan los objeticos para los que fue creado el instrumento financiero.

Dicha figura posee poder general para actos de dominio, poder general para suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de crédito; comparecer a nombre de Banobras ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales, fiscales, militares y de trabajo, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal o en estados y municipios.


La empresa de Fraga, Grupo de Abogados Profesionales (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Integrantes de Méxicoleaks fustigan despido de Aristegui de MVS

MÉXICO, D.F: Más de una década después de lo que definió como el “manotazo” que lo quitó de la dirección adjunta de El Universal, el director de la revista Emeequis, Ignacio Rodríguez Reyna, aseguró que los hermanos Vargas, dueños de MVS, fueron “muy ingenuos” en su decisión de despedir a Carmen Aristegui y su equipo de investigación, pues advirtió que “no les van a dar nada”.

En una plática convocada hoy por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseveró que durante el sexenio de Vicente Fox, en Los Pinos prometieron otorgar a los dueños de El Universal concesiones de televisión, radiodifusión e, incluso, de la aerolínea Aeroméxico a cambio de su despido, pero no les cumplieron.

El jefe de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, Daniel Lizárraga, reiteró que los motivos que invocó MVS Noticias para despedir a la conductora y a sus colaboradores -la utilización indebida del logotipo de la empresa-, sólo fue un “pretexto”.

Recordó que en varias ocasiones presentó trabajos de investigación en premios de periodismo con la marca de MVS, sin recibir ningún regaño por ello.

Cuestionado sobre su futuro y el de la Unidad de Investigación, el periodista afirmó: “En este momento somos un equipo, lo nuestro es informar”. Añadió que Carmen Aristegui aún no había recibido ninguna propuesta concreta para ocupar un espacio en otro medio o institución.

“El manotazo a Carmen Aristegui y su equipo de investigación tiene su origen en el grupo de poder en Los Pinos”, estimó por su parte Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso.

Agregó que la reacción de MVS Noticias respondió al ambiente en el que se encuentra el actual gobierno.

“Se trató de un poder ofendido por la investigación de la ‘Casa Blanca’ y una corporación contra la pared por su calidad de concesionado, pero es difícil que existan huellas de ello”, analizó.

Rodríguez Castañeda asumió que “el autoritarismo del PRI no acaba de nacer, va a recurrir a lo mismo a lo que recurrió durante sus primeros 70 años en el poder”.

Comentó que “el manotazo que experimentó Carmen Aristegui y su equipo, muchos lo han vivido antes”.

Y, ante la campaña difundida en algunos medios de comunicación en contra de la exconductora del noticiero matutino de MVS Noticias, el director de Proceso afirmó: “El PRI regresó con todo su corte, parte del séquito que lo acompañó hacia Los Pinos es el que ahora aplaude el manotazo”.

La charla entre los periodistas derivó en el tema de Méxicoleaks -plataforma recién lanzada para la filtración de documentos de interés periodístico de manera anónima y segura-, ya que reunía a los directores de Proceso, emeequis, Animal Político y Daniel

Lizárraga, quienes forman parte de los ocho medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que comparten la iniciativa.

Méxicoleaks fue “el detonante” del despido de Aristegui y su equipo, afirmó Ignacio Rodríguez Reyna, quien aseveró que, a pesar de que aún no se haya publicado ninguna investigación a partir de un documento recibido a través de la plataforma, ya se observó en las dos últimas semanas “el nerviosismo del poder”.

“Lo que le da miedo (al poder) es la posibilidad de asociarse, de formar este tipo de alianza para recuperar el propósito genuino de recuperar el papel de vigilantes del poder”, asumió.

El fundador y director del diario en línea Animal Político, Daniel Moreno, abundó en este sentido: “Méxicoleaks permitió juntar a medios que nunca se habían sentado juntos”. Agregó que esta iniciativa abre la posibilidad de trabajar en colaboración para dar a conocer información de interés público.

El periodista reiteró uno de los principios básicos de la plataforma: “no somos una coladera, no publicamos todo lo que recibimos, hacemos periodismo”.

Según Daniel Lizárraga, uno de los éxitos del reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” presidencial fue su difusión simultánea en varios medios de comunicación, incluso Proceso.


Rodríguez Castañeda estimó que, además de canalizar las denuncias ciudadanas, uno de los retos de la plataforma será “ganar la confianza de los cuadros más altos, quienes pueden usufructuar de su situación en una institución o una corporación, pero están hartos de la corrupción”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Detienen en Chiapas a seis militantes del PRI por homicidio de dirigente del PVEM

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Seis militantes del PRI fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como presuntos responsables de la decapitación del hijo del líder municipal del PVEM, quien fue hallado muerto el pasado lunes.

El lunes 23 por la mañana, habitantes del municipio de Altamirano reportaron el hallazgo de un cuerpo sin cabeza en el tramo carretero Morelia-La Laguna, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP).

Cuando llegó el agente del Ministerio Público al lugar, encontró la cabeza a un lado del cuerpo.

Testigos informaron que el individuo que fue identificado como Amilcar Guzmán Jiménez, de 40 años de edad, quien ingería bebidas embriagantes en la tarde del domingo.

Tras el asesinato de Amílcar Guzmán Jiménez, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones y dio con los autores del homicidio.

Las investigaciones dieron a conocer que días antes de su asesinato, Amílcar Guzmán Jiménez, quien era militante del PVEM e hijo de un líder local de dicho partido, fue amenazado de muerte por integrantes del Partido Revolucionario Institucional.

Esto llevó a la detención de Ranulfo Pérez Méndez, Moisés Pérez Méndez, Jorge Braulio Pérez Hernández, Ronais Hernández Guzmán, Rosember Méndez Pérez y Fidelino Pérez, todos ellos militantes del PRI, quienes fueron presentados como principales sospechosos del asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado una declaración oficial, pero se presume que el móvil del asesinato pudo ser una rivalidad entre partidos políticos en el Municipio de Altamirano.


Los detenidos quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Un esposo muy dadivoso

El exsecretario de Obras del Distrito Federal, Alfredo Hernández García entregó no sólo 70 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajaba su esposa, también más de 500 millones de pesos a través de Vento System, cuyos representantes legales y socios son los mismos.

Reporte Indigo tiene en su poder documentación que permite exhibir que Planet Ingeniería SA de CV y Vento System S.A de C.V son operadas por las mismas personas. 

La conexión entre ambas es a través de Luis Miguel Orozco Lucio, quien aparece como socio accionista de la primera y como representante legal de la segunda. Ambas con domicilio en el estado de Hidalgo.

Desde la Secretaría de Obras, Alfredo Hernández le habría entregado dos contratos para la renovación de luminarias por 70 millones de pesos a Planet Ingeniería, empresa en la que trabajó su esposa Érika Sofibeth Molina Barragán

Y al mismo tiempo le entregó otro contrato por 454 millones de pesos a Vento System, que es operada por los mismos personajes vinculados con su mujer.

Desde que estalló el escándalo de conflicto de interés en la Secretaría de Obras, Reporte Indigo dio a conocer que la pieza clave para entender la relación entre la esposa del funcionario es José Refugio Palacios, socio accionista de Planet Ingeniería y amigo de Érika Sofibeth.

En el organigrama que Planet Ingeniería exhibía (hasta antes del escándalo), además del ingeniero José Refugio Palacios aparecía como el segundo socio accionista de la empresa Luis Miguel Orozco de Lucio. Aunque el organigrama fue eliminado de Internet este periódico tiene copia de dicha sociedad.

Luis Miguel Orozco Lucio aparece como el representante legal de la empresa Vento System en contratos firmados con otros entes del Gobierno federal. 

Así queda demostrado a través del contrato INAH.OP DO 016/2013-AD en el que Vento System obtuvo por adjudicación directa el contrato para cambiar el cableado dañado del Museo de Antropología que se ubica en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

En este documento, del cual se posee una copia, Orozco Lucio firma en calidad de representante legal de Vento System.

La aparición de Luis Miguel Orozco Lucio en la página de Planet Ingeniería y en el contrato de Vento System, permite comprobar que son los mismos empresarios que se vieron beneficiados con más de 500 millones de pesos a través de tres contratos del programa “Iluminemos tu ciudad”.

Van juntas en los negocios

Los contratos en Obras del DF no son los únicos negocios en los que Planet Ingeniería y Vento System fueron juntos.

De acuerdo con información del Aviso de Fallo de Licitaciones Públicas Internacionales del Seguro Social, Planet Ingeniería S.A de CV obtuvo del IMSS un contrato por 10 millones de pesos en noviembre de 2013.

En esa misma fecha, Vento System también ganó otro contrato de características similares.

En lo que no parece ser una simple coincidencia, empresa Vento System SA de CV reporta tener como domicilio Privada Beltrán, colonia de Santa Matilde, Hidalgo, estado en el que también tiene sus oficinas Planet Ingeniería.

Contratos opacos para luminarias

De manera oficial y de acuerdo con la lista de contratos de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, fue en octubre del 2014 cuando Alfredo Hernández asignó a la empresa Planet Ingeniería SA de CV el contrato número 22 por los primeros 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital, que forma parte del programa “Decisiones por Colonia 2014”.

En un segundo proceso de aparente licitación, Planet Ingeniería ganó otro contrato por 40 millones 483 mil pesos, esta vez para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF. Ambos suman poco más de 71 millones de pesos.

El compromiso que adquiría la empresa pachuqueña en la que operaba la esposa del secretario de Obras consistía en retirar las luminarias viejas e instalar las nuevas de forma oval con lámpara y balastro de última generación, según describe el contrato que es público en la página de la Sobse.

En ese documento, Planet Ingeniería aparece como la empresa que ganó dicha licitación de las luminarias de la mano del Grupo Constructor Zerzor SA de CV, según el argumento por “reunir las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas en las bases de la invitación”.

Como parte de dicho paquete, la Secretaría de Obras también entregó contratos de luminarias a las siguientes empresas: Baja Homes and Estates SA de CV.

Y a Vento System SA de CV por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte.

Intelliswitch SA de CV es otra compañía que se llevó otro contrato por 421 millones 561 mil pesos para modernizar el alumbrado.

En la lista de contratos que hace públicos la Secretaría de Obras no se dan detalles de quiénes son los accionistas, representantes legales de las empresas que ganaron, lo que impide conocer a simple vista que se trata de los mismos empresarios ocultos en diferentes nombres de compañías.

Sin embargo, es posible obtener la conexión a través de la información que las empresas refieren en sus páginas de Internet, o como en este caso, por contratos que firmaron en otras fechas y con otros entes de gobierno.

A diferencia de Planet Ingeniería, que despliega una página en Internet en la que es posible ver a qué se dedica y cuáles son los servicios que ofrece y los clientes para los que ha realizado proyectos, de la firma Vento System poco se sabe.


Los amigos en Pachuca

Ahora se sabe que tanto Érika Sofibeth Molina, la esposa del exsecretario de Obras del DF, como las empresas Planet Ingeniería y Vento System tienen su centro de operaciones en el estado de Hidalgo.

En Pachuca es conocida como empresaria taurina. En su página personal de Facebook la esposa del exfuncionario exhibía su amistad con ingenieros involucrados en este escándalo de conflicto de interés.

Recientemente, Érika Sofibeth quitó de sus redes sociales muchas de las fotografías que exponían las relaciones con los socios de ambas compañías.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa actuó rápido y le exigió a Alfredo Hernández la renuncia, apenas se hizo pública la situación.

Desde el 12 de marzo que Alfredo Hernández entregó de manera oficial su renuncia, el exfuncionario no ha sido localizado.

Durante las últimas horas de Hernández García al frente de la Sobse, el círculo rojo del jefe de Gobierno le sugirió salir junto con su esposa a ofrecer una conferencia de prensa para deslindarse de cualquier vínculo con Planet Ingeniería, lo que no aceptaron. 

Ahora que otra empresa podría resultar coludida en el escándalo, la Contraloría General de la capital tendrá que ser clara: quiénes son los involucrados, cómo lo hicieron y cuántos fueron los millones en juego. 

Cuestionados

Empresas con vínculos con la esposa del exsecretario de Obras que ganaron licitaciones del Gobierno del DF:

> Planet Ingeniería SA de CV  Contrato número 22 por 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital

> Contrato por 40 millones 483 mil pesos para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF


> Vento System SA de CV  Contrato por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Gastan más... y mal

De acuerdo al Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación encontró que la mayoría de los municipios en el país invierten el dinero en obras no contempladas que poco o nada ayudan al rezago social.

La mayor parte de los municipios del país ejercen de forma irregular el presupuesto que les es transferido para la realización de obras y servicios de seguridad, debido a su falta de capacidad para gestionarlos.

En su Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que muchos municipios invierten en obras y acciones no contempladas, transfieren recursos a cuentas bancarias no autorizadas, y carecen de documentación que comprueben sus gastos.

El rubro en el que la ASF detectó más irregularidades es en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FSIM), en el que un tercio de los recursos fueron invertidos en obras que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema.

Una cuarta parte fue invertida en “obras y acciones fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Para realizar su diagnóstico, la ASF realizó 847 auditorías a 394 municipios entre los años 2007 y 2012 y tomó como muestra a ayuntamientos de todos los grados de rezago social.

Los recursos federales asignados a esos municipios fiscalizados fueron de poco más de 62 mil millones de pesos; la ASF estudió un 78 por ciento de ese capital.

En el caso del FISM, un total de mil 398 millones de pesos se destinaron a obras que no benefician a la población más pobre; y mil 116 millones de pesos en obras que no estaban contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Casi 800 millones de pesos de ese Fondo, un 77 por ciento, fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las del programa; en un 13 por ciento, 90 millones de pesos, no se tuvo la comprobación de los gastos; y 223 millones del FISM no se ejercieron.

La Auditoría encontró que la falta de desarrollo institucional de los municipios está directamente ligada con la falta de resultados en la inversión de recursos económicos del Gobierno Federal.

Mientras más atrasado esté un municipio, tendrá menos capacidad de invertir se forma correcta ese dinero, lo que representa un “desperdicio” de millones y millones de pesos, determinó la ASF.

La situación se repite a nivel nacional.

En el 2013, solo mil 130 municipios, el 48 por ciento de los 2 mil 445 que existen en México, contaba con un órgano de control interno para realizar auditorías a la forma en que se invierten los recursos económicos de la localidad.

“Un factor importante que incidió en la inadecuada gestión de esos recursos, son las debilidades en las capacidades institucionales, por ejemplo la falta de institucionalización de los procesos, la elevada rotación del personal, la inadecuada calidad de éste; lo anterior influenciado a su vez por la insuficiente capacitación y asistencia técnica por parte de las dependencias federales y los gobiernos estatales, entre otros”, expone el diagnóstico.

La ASF encontró también que los municipios tienen irregularidades en los registros contables o patrimoniales; y es común el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos que se debe hacer a la Secretaría de Hacienda.

El incumplimiento de los municipios también se dio con la ciudadanía, al no difundir entre la población el monto recibido para las obras, su avance y la conclusión de estas.

Falta de capacidad en los municipios

La ASF reveló que la mayor parte de los municipios tienen dificultades para administrarse a sí mismos por su falta de desarrollo.

Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la captación de ingresos propios.

Los municipios tienen graves problemas para generar ingresos por la vía de impuestos, pago de derechos y otros mecanismos que les auxilian a mantener con recursos las arcas públicas.

De acuerdo con la ASF, los datos más recientes, del 2012, reflejan que el 55.5 por ciento de los ingresos propios recibidos por todos los municipios del país se concentró apenas en 39 localidades.

“En el 2012, los recursos propios fueron de 61 mil 689 millones de pesos, que representaron el 26 por ciento de los ingresos municipales locales, los cuales ascendieron a 237 mil 471 millones y significan un promedio de 32.2 millones por municipio”, expone el diagnóstico.

El 53.9 por ciento de esos ingresos se obtuvo por la vía de los impuestos, principalmente el predial, con un monto total de 10 mil 953 millones de pesos.

En ese año, el 57 por ciento de los recursos del impuesto predial de todo el país se concentró en solo 31 municipios. En promedio, estos 31 municipios recibieron 353 millones de pesos, mientras que entre los restantes, el promedio de ese ingreso fue de 5.1 millones de pesos.

Los 10 municipios que tuvieron más éxito con la captación del impuesto predial, en el 2012, fueron Guadalajara, Jalisco; Zapopan, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua; Puebla, Puebla; San Pedro Garza García, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Naucalpan, Estado de México; y Tlalnepantla, Estado de México.

La falta de capacidad de los municipios proviene de carencias sistémicas que padecen la mayor parte de ellos, sobre todo en las comunidades rurales y localidades apartadas.

Con cifras del INEGI, la ASF reveló que un 11 por ciento de los municipios del país no cuentan siquiera con una línea telefónica; mientras que el 28.3 por ciento no tiene acceso a internet.

De los 2 mil 445 municipios del país, apenas un 47.2 por ciento, mil 154 localidades, tienen un sitio web a través del cual puede hacerse llegar información a la población.

Las carencias llegan también a los bienes tecnológicos que poseen los ayuntamientos.


“Si se relaciona el número de computadoras con el total del personal de las administraciones municipales, en promedio, a nivel nacional, se dispone de una computadora por cada cinco empleados”, afirma la Auditoría.

Este promedio es menor en entidades como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, en donde este valor es de tres empleados por computadora; en cambio, en Tabasco y Tamaulipas, el promedio duplica a la media nacional, con 11 y 10 personas por cada computadora.


Parámetros de organismos nacionales señalan que lo ideal es que haya una computadora por cada dos empleados para facilitar las actividades de los municipios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

A cambio de nada, el INAH autoriza a James Bond

La multimillonaria película “Spectre” obtuvo gratis los permisos del INAH para filmar en varios sitios del Centro Histórico de la Ciudad de México, concretamente sobre una plataforma encima del antiguo edificio del Senado. Son innumerables las voces calificadas que cuestionan permisos de esa naturaleza en un inmueble histórico. Pero el coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano, no lo cree así, y piensa incluso que el filme sobre el agente 007 será una ventana positiva de México para el mundo.

MÉXICO, D.F: La película Spectre, la 24 de la serie James Bond –que tendrá un costo de producción de al menos 250 millones de dólares, según la información filtrada en internet después del hackeo a la empresa Sony– obtuvo sin costo alguno las licencias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para utilizar el antiguo edificio del Senado de la República, ubicado en el callejón de Xicoténcatl, en el Centro Histórico.

En entrevista vía telefónica con Proceso, el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, explica que esto es así porque la autorización emitida por el instituto corresponde al trámite 008 y permite la “realización de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico”.

Y es un “trámite sin costo”. Así especifica la página web del INAH.

El arquitecto Balandrano dice que la productora en México de la película que protagonizará el actor británico Daniel Craig, fue quien hizo la solicitud. Y se le pidió que cumpliera con los mismos requisitos que se exigen a cualquiera para “poner y quitar algunas instalaciones temporales en azoteas de inmuebles históricos”.

Detalla que en la cuestión técnica las instalaciones temporales deben ser independientes de la estructura del edificio y ser removibles al término de su utilización. Se exige una fianza para la protección de la estructura del monumento o de los monumentos involucrados “en caso de algún imprevisto”, y la garantía de un estudio. Aquí fue hecho por una empresa especialista en análisis estructural de monumentos históricos que permitió la verificación del peso y las tensiones de la estructura sobre la azotea del edificio del Senado…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO (REPORTAJE ESPECIAL)

El estilo de Peña Nieto para censurar

MÉXICO, D.F: Ningún gobernante presume sus logros como censurador o enemigo de la libertad de expresión. En el lenguaje político de las simulaciones, la censura siempre se aplica de manera indirecta: vía presiones a los dueños de los medios, bloqueos publicitarios o informativos (como los que ha vivido Proceso desde hace lustros), amenazas veladas a través de terceros o guerras de lodo aplicadas por otros medios o comunicadores contra quienes son señalados por el dedo flamígero del gobernante.

En el episodio de la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo en MVS Noticias se está aplicando al pie de la letra el manual del censurador: sobredimensionar un conflicto menor (el “uso de la marca”); obligar al concesionario a morder el polvo como responsable de la expulsión (los Vargas); negar en todo momento que haya una violación a la libertad de expresión o a los derechos de los periodistas (los vergonzosos “lineamientos” de Noticias MVS que privilegian los derechos empresariales por encima de los derechos de información); polarizar y escalar el conflicto hasta el grado de hacer imposible la reconciliación.

Los recientes comunicados de Grupo MVS para embestir contra Aristegui reflejan no el estilo del corporativo de medios de radiodifusión y de telecomunicaciones sino el estilo del sexenio para quienes se atrevan a desafiar el consenso oficial.

MVS no argumenta, insulta en sus comunicados. En sus primeros mensajes de este episodio no mencionó por su nombre a la periodista.

Una vez que la corren, llama a Aristegui “mentirosa”, la acusa de “desviar recursos” en beneficio de su portal informativo y de caer en “conflicto de interés” (término clave en la cobertura de los grandes escándalos inmobiliarios del gobierno peñista como la Casa Blanca, la casa de Ixtapan y la casa de Malinalco, por ponerles nombres).

MVS cancela toda posibilidad de diálogo y reconciliación, especialmente tras los comunicados del viernes 20 y domingo 22 de marzo. Se exhibe públicamente como una empresa vengativa, rencorosa, insidiosa. Algo que no coincide con sus anteriores posiciones públicas en otros conflictos, incluyendo el que tuvo con la misma Aristegui en 2011, a raíz de su salida por preguntar al aire si Felipe Calderón tenía problemas con la bebida.

Como bien apuntó Fabrizio Mejía en su cuenta de Twitter: “he oído mayor respeto en un pleito de pulquería que en los comunicados de MVS contra Aristegui”.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este talk show de la censura es que MVS decide quemar sus naves de credibilidad para emprender su odio contra quien hasta hace quince días era su principal conductora, su mina de oro de rating y la más galardonada y reconocida periodista en medios masivos.

Evidentemente, MVS hizo caso omiso al llamado de la Secretaría de Gobernación en su comunicado del 17 de marzo de 2015. De manera tardía, Gobernación señaló lo siguiente “respecto al diferendo” entre Aristegui y MVS:

“Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana.

“El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo, con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”.

Gobernación escurre el bulto y su responsabilidad en un asunto fundamental: un “diferendo” de este tipo no es sólo un litigio “entre particulares” porque MVS es una concesión de un servicio de interés público y porque el noticiario de Aristegui está tutelado por los principios del artículo 6 constitucional, no por los “lineamientos” de una empresa.

Si tanto le preocupa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Peña Nieto “el ejercicio crítico y profesional del periodismo” ¿por qué no mediaron de forma pública para restablecer las relaciones entre Aristegui y MVS? ¿Por qué no exhortaron a la reinstalación de la periodista? ¿Por qué se pronunciaron cuando ya estaba consumado el golpe?

Aquí está la clave de un estilo personal de censurar: esconder la mano y simular preocupación.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó ante Proceso que es una responsabilidad del gobierno federal velar por la libertad de expresión y por el derecho a la información de los ciudadanos. Consideró que si el gobierno de Peña está interesado en fortalecer los valores democráticos debió intervenir para evitar la ruptura entre MVS y Aristegui.

No lo hizo porque todos los indicios señalan que alentó y presionó para esa ruptura, no al revés.

El golpe a Aristegui refleja un rostro sombrío de retroceso autoritario en un el seno de un gobierno que no sabe cómo revertir la severa crisis de credibilidad entre la población. No ha cumplido ni tres años en el poder y ya tiene los índices más bajos de aceptación, según todas las encuestas.

El peñismo sigue convencido que basta con cambiar al mensajero para que el “mensaje” se transforme. Pretenden “vender” los logros de las reformas estructurales con promesas y propaganda inducida o abierta en los medios, no con hechos. No lo han logrado.

El estilo personal de censurar de Peña se enfrenta a una prensa internacional que analiza con lupa este episodio y otros casos de presunta corrupción y violaciones graves a derechos humanos como el expediente de Ayotzinapa.

The Economist, la misma revista británica que alabó a Peña y ahora encabeza la más dura crítica contra su administración, sentenció en un párrafo lo que está sucediendo:


“Crece la sospecha de que el gobierno –que lucha contra un decrecimiento de su popularidad menos de tres meses antes de las elecciones intermedias- puso presión sobre MVS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después de que el presidente Peña nombró a Eduardo Sánchez, ex abogado de la propia compañía, para encabezar la coordinación de comunicación social de la Presidencia. MVS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

MÉXICO, D.F: Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.


Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Prevalecen en México deficiencias en tratamiento de violencia de género: AI

México, DF. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia contra las mujeres son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, además de que prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, la organización de derechos humanos lamentó que en México se violan diariamente los derechos humanos de mujeres y niñas, en medio de una impunidad "generalizada", incluso para prácticas graves como  el abuso sexual y el feminicidio.

"El sistema de justicia mexicano ha demostrado ser insuficiente para afrontar la investigación con perspectiva de género de casos de violencia contra la mujer. Con frecuencia las investigaciones presentan irregularidades como la demora en su iniciación, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género", subrayó AI.

“Una investigación efectiva que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad, por ello debe garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres claramente en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de la organización en México.

El derecho a una vida libre de violencia "conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos", recalcó Amnistía.

Por todo lo anterior, el colectivo con sede en Londres hizo un llamado a las autoridades a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.

La reforma anticorrupción no prevé sancionar al Presidente, alertan senadores

Legisladores de PAN y PRD señalan que la reforma excluye herramientas para que el Presidente sea sujeto de responsabilidad.

De aprobarse en sus términos la reforma constitucional para combatir la corrupción, el Presidente de la República quedaría protegido bajo un régimen de excepción.

Senadores del PAN y PRD coincidieron en que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no considera herramientas para que el titular del Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad.

En caso de avalar el proyecto, dijeron, la excepción impediría castigar al Presidente en caso de que cometa algún delito relacionado con el uso de recursos públicos.

El senador Alejandro Encinas condenó que los diputados hayan colocado al primer mandatario en una posición de privilegio.

“Es el único que tiene inmunidad en esta legislación. La ley le aplica a cualquiera, con excepción del titular del Ejecutivo federal. Es un régimen de excepción que debe eliminarse”, demandó.

Por su parte, el senador panista Héctor Larios reconoció que es necesario realizar modificaciones a la minuta, para incluir al Presidente como sujeto de responsabilidad.

“Se debe construir un régimen especial para el Ejecutivo, pero sí tiene que ser sujeto a responsabilidad”, señaló.

El senador del PRD Benjamín Roble lamentó que la reforma no alcance al Presidente y advirtió que en México no debe haber funcionarios intocables.

El perredista Armando Ríos Piter preguntó: “¿Esta reforma permitirá atacar y combatir los moches en la Cámara de Diputados? ¿Impedirá que se repita un caso como el de Iguala? ¿Corrige o previene el tema de la ‘casa blanca’ y el conflicto de intereses? El sistema no tiene suficiente contundencia”, cuestionó.

Por otro lado, Encinas advirtió sobre la necesidad de realizar cambios a la minuta, ya que se contempla que los delitos relacionados con la corrupción, podrán prescribir a los cinco años de haberse cometido, aún cuando se comprueben fehacientemente.

Propuso también que se endurezca la reforma para que los bienes de los funcionarios corruptos puedan ser objeto de extinción de dominio.

“Se trata de bienes financiados con recursos de procedencia ilícita, porque ese dinero no necesariamente viene del narcotráfico, proviene también de la corrupción”, aseveró.

El senador del PAN, Javier Corral, consideró que la minuta no debe aprobarse, ya que deja intocado el Artículo 108 de la Constitución para dar impunidad al Presidente.

“Creemos que la minuta es insuficiente, deja intocado el 108 de la Constitución que es un monumento a la impunidad del Presidente en medio de un escándalo por conflicto de interés, cohecho y soborno”, afirmó.

Senadores del PRI, PAN y PVEM advirtieron sobre el riesgo de que la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción pueda quedarse ‘congelada‘ en caso de que se realicen cambios a la minuta para regresarla a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, anunció que las bancadas del PRI y PVEM están en condiciones de aprobar la reforma constitucional.


“Estamos dispuestos a votarla en sus términos en el momento que sea necesario. Tenemos disposición para aprobarla sin moverle una sola coma“, expresó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a PGR y CNDH investigar a fondo agresión a reportera de “El Heraldo”

LEÓN, Gto: Periodistas y defensoras de derechos humanos exigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo la agresión contra la reportera Karla Janeth Silva Guerrero.

El pronunciamiento se hizo al término de la presentación del informe anual sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación de la organización Artículo 19, el cual fue difundido en un salón de la Universidad Iberoamericana de esta ciudad.

El 4 de marzo pasado el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Ángel Calzada Briseño, adscrito a la Mesa dos de la Fiscalía Especializada (FEADLE), notificó por escrito a la reportera del periódico El Heraldo de León que esta instancia declinó ejercer acción penal en su caso.

Además, le informó que dejó en manos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el seguimiento de las medidas de protección determinadas para salvaguardarla.

De esta manera, según describe el oficio de la FEADLE, el Mecanismo quedaría como “único garante del desarrollo psicoemocional y físico de la periodista, toda vez que el presente asunto se tendrá como total y absolutamente concluido”.

En el documento la dependencia no precisa las razones por las que tomó tal resolución, sólo comenta a la interesada que tendría que acudir a las oficinas centrales en la Ciudad de México para ser enterada personalmente.

La FEADLE inició la averiguación previa 126/FEADLE/2014 a raíz de la agresión de la que fueron víctimas Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, el pasado 4 de septiembre en las oficinas del periódico El Heraldo, en Silao.

Las amenazas lanzadas por los tres hombres que ingresaron a las oficinas del periódico y amagaron a Palacios, además de que golpearon brutalmente a Silva, fueron expresamente en contra de su labor periodística.

“Bájale de huevos a tus notas”, le gritaron los agresores. Uno de ellos le abrió la frente y le ocasionó graves contusiones en todo el cuerpo. Al salir, los agresores se llevaron la computadora de la reportera, una cámara del periódico y los teléfonos celulares de ella y de su compañera. Antes de irse, las amenazaron nuevamente: les dijeron que algo les pasaría a ambas si Karla “no le bajaba a sus notas”.

En el proceso judicial y en la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos fue documentado que el trabajo de Silva se centra en la cobertura de los temas municipales, con información crítica hacia el desempeño del gobierno del alcalde priista, Enrique Benjamín Solís Arzola.

Después de la denuncia, dos de los agresores materiales, junto con el subdirector operativo de la Policía de Silao, se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal. El tercero fue recientemente liberado mediante un proceso de juicio abreviado que fue aceptado por la Fiscalía y las propias víctimas, a las que pidió perdón y ofreció pagarles la reparación del daño.

Sin embargo, Nicasio Aguirre Guerrero, director de Seguridad Pública del gobierno de Solís Arzola, fue señalado por la Procuraduría de Justicia del estado como presunto autor intelectual de la golpiza y no ha sido localizado ni detenido por esta instancia, que sólo ha consignado por los delitos del fuero común: lesiones, amenazas y robo calificado.

A pesar de que el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola ha sido llamado a declarar por la Procuraduría, se ha resguardado en el fuero constitucional y no se ha presentado.

Tampoco cumplió a cabalidad con la disculpa pública ni con las medidas determinadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado en la recomendación que el organismo emitió, puesto que “se disculpó” en un evento a puerta cerrada y sin la presencia de la reportera y su compañera.

El caso de Karla Silva es uno de los más graves del 2014 –particularmente en contra de mujeres periodistas–, contenidos en el informe “Estado de Censura”, presentado este martes por la organización Artículo 19, acto en el que estuvo presente la periodista.

Por ello, desde Guanajuato, reporteros y defensores de derechos humanos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro Las Libres, el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos y la asociación Desarrollo y Ciudadanía Hermila Galindo, exigieron a la FEADLE y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no evadir su responsabilidad para atender este caso, en virtud de que en la entidad no hay las garantías para desahogar cabalmente el ataque al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.


“Han pasado más de seis meses de la agresión a Karla Silva y hasta la fecha no ha habido justicia integral ni reparación del daño”,  concluyeron los periodistas y defensores al presentar su pronunciamiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

El saldo del “monexgate” en España

Los autores del operativo Monex, mediante el cual presuntamente se fondeó la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no tomaron en cuenta que el triunfo priista no implica impunidad en todos los países por los cuales dispersaron los recursos para encubrir su origen. En España se detectaron operaciones sospechosas de Gabino Fraga Peña, dueño de la empresa GAP e implicada en las averiguaciones iniciales del monexgate, como parte de una denuncia por probable lavado de dinero.

Madrid: Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es investigado desde el pasado viernes 13 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de España, por su posible participación en el blanqueo de dinero para beneficiar a un partido político.


La indagación surgió de la denuncia que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Ministerio de Economía Español, presentó contra directivos del Banco Madrid al detectar indicios de lavado de capitales y operaciones sospechosas, algunas de ellas realizadas por Fraga Peña.

El martes 17, el diario español El Mundo publicó que el empresario es uno de los clientes que realizó operaciones dudosas y que no fueron revisadas por los gestores (directivos) de la entidad financiera con base en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Según el reporte, el Sepblac detectó que el Banco Madrid recibió una transferencia desde México por 445 mil euros, dinero que, según las fuentes policiales citadas por el medio español, “puede corresponder con financiación ilegal de partido”.

El informe del Ministerio de Economía establece que Fraga Peña debió ser “objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid”, como lo dispone el artículo 52 de la ley antiblanqueo, lo cual “no se produjo”.

Para llegar al fondo del asunto, la fiscalía española cuenta con un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el cual centrará su labor en operaciones realizadas por políticos, funcionarios y figuras públicas…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ Y JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).