Será la Primera Sala del máximo tribunal, quien decida si otorgar el amparo para que las autoridades judiciales del Estado de México vuelvan a investigar la muerte de Mariana, ahora bajo la óptica de feminicidio. Las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado por la principal instancia de justicia del país.
Mariana Lima Buendía, una abogada de 29 años, murió hace casi cinco años. Su esposo Julio César Hernández Ballinas – un policía judicial con un historial de golpes y amenazas a su esposa- dijo en su momento que la muerte de esta joven de Chimalhuacan había sido un suicidio. Y así lo dictaminaron inicialmente las autoridades. Sin embargo, la madre de Mariana, Irinea Buendía, nunca aceptó la versión oficial y decidió gastar cinco años de su vida tratando de convencer a veinte ministerios públicos, tres fiscales y tres procuradores estatales de que la muerte de Mariana – quien cumpliría 34 años este miércoles 25 de marzo – no había sido un suicidio. A Mariana, asegura Irinea, la asesinó su marido. Hoy, finalmente, el caso podría dar un giro en la Suprema Corte. Irinea Buendía Irinea, quien está por cumplir los 63 años, dedicó su tiempo a estudiar libros de criminalística y derecho para impedir, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que el caso cerrara. En septiembre de 2013 la SCJN, de manera histórica, atrajo por primera vez un caso por posible feminicidio bajo el número de expediente 554/2013. Será la Primera Sala del máximo tribunal, quien decida si otorga el amparo para que las autoridades judiciales del Estado de México vuelvan a investigar la muerte de Mariana, ahora bajo la óptica de feminicidio. Las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado por la principal instancia de justicia del país. Antecedentes violentos, la clara sospecha de un feminicidio “Vas a terminar en uno de esos tinacos donde eché a otras dos que no aprendieron a tratarme como debían” fue una de las amenazas recibidas que Mariana le llegó a relatar a su madre. “A mí me llamó un día y me dijo: señora voy a matar a Mariana” asegura Irinea, quien el 28 de junio de 2010, recibió el aviso definitivo: Mariana había muerto – se colgó – le dijo Hernández Ballinas por teléfono cerca de las 7 de la mañana. La muerte de Mariana ocurrió un día después de que decidiera denunciar a Hernández Ballinas por la violencia física e incluso sexual que padecía en casa. Familiares y amigos han reiterado en declaraciones ministeriales las intenciones de la joven de abandonar, ese 28 de junio, la casa donde vivía con su entonces esposo. Irinea Buendía asegura haber llegado en menos de una hora desde Nezahualcóyotl al domicilio en Chimalhuacán, ambos en el Estado de México. Encontró la casa, que aún permanecía en construcción, con la puerta abierta y vio el cuerpo de Mariana tendido sobre la cama con ropa del día anterior, el cabello húmedo, los pies limpios, así como golpes y rasguños en todo el cuerpo. Julio César Hernández llegó a su casa cerca de las 8:30 del día, acompañado de un Ministerio Público y un par de peritos para realizar las diligencias correspondientes. Previamente movió el cuerpo de Mariana de la posición en que supuestamente lo había encontrado. De acuerdo con el abogado Rodolfo Domínguez Márquez, uno de los responsables de que el caso de Mariana Lima haya llegado a la Suprema Corte, en la declaración de Julio César Hernández, éste aseguró encontrar a Buendía colgada de un clavo – que servía para sostener cortinas – con un hilo que no rebasa los 5 milímetros de grosor. El policía judicial dijo que intentó reanimarla con “masajes en los pies y besitos” y al ver que no hubo resultado puso el cuerpo sobre la cama. Para la madre de Mariana lo más complicado durante los últimos cinco años ha sido empoderarse y enfrentar a autoridades que “no son ni siquiera para darme copias. En una ocasión me tuvieron allí escribiendo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche por copias (del expediente) que yo necesitaba” dice Irinea en entrevista con Animal Político. Buendía asegura que la pelea jurídica que emprendió desde 2010 le ha permitido entender “qué fue lo que había pasado con mi hija. Y espero de la Suprema Corte una resolución de altura, no esperamos menos”. Obstrucción de la justicia, el obstáculo más grande Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) es fundamental que la SCJN especifique cómo tendrá que hacerse la investigación de la muerte de Mariana Lima, es decir, que se realice con peritos expertos en criminalística, en medicina forense, y en antropología social, lo que implica tomar en cuenta antecedentes de violencia que haya vivido la víctima. María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio asegura que la decisión de la máxima autoridad en impartición de justicia en México se da en un contexto histórico, porque se vive el peor panorama en cuanto a violencia contra mujeres. “Se combinan impunidad, con la discriminación y todas las omisiones de las propias autoridades, es una combinación perversa” asegura Estrada en entrevista con Animal Político. El Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio obliga a que Ministerios Públicos, policías judiciales, ministeriales y peritos sigan una metodología de seis pasos que implica el levantamiento de indicios, el apoyo en investigación criminalística y la reconstrucción de los hechos. De acuerdo con Luz Estrada en el expediente del caso de Mariana Lima Buendía, el entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, admitió las fallas de la procuraduría en la investigación, concretamente en el protocolo mencionado.
Según datos del OCNF de 2012 a 2013 se cometieron 535 asesinatos de mujeres, de éstos 140 fueron investigados como feminicidios y sólo 10 terminaron con sentencia. La organización asegura que después de documentar las muertes violentas de mujeres en el Edomex, identificaron que en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, existen “patrones sistemáticos de violencia contra las mujeres” como la desaparición, la brutalidad en cómo fueron asesinadas, y los lugares donde se hallan los cuerpos: lotes baldíos, tiraderos de basura, canales de desagüe, calles y avenidas. VÍDEO:
DESICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DELA NACIÓN. Histórico: La SCJN ordena investigar un presunto feminicidio que fue ignorado por las autoridades
Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Irinea Buendía para que las autoridades del Estado de México investiguen el asesinato de su hija, Mariana Buendía, como un feminicidio. El caso de Mariana Buendía es el primero en llegar al máximo tribunal. Fue atraído por la corte en septiembre de 2013 bajo el folio 554/2013. En su intervención, la ministra Olga Sanchez Cordero calificó el caso como “de la mayor trascendencia” en el tema de violencia contra la mujer y la búsqueda de justicia. “Seguiremos en esta lucha de justicia y justicia. Ya es suficiente lo que han hecho los misóginos con nuestras mujeres”, declaró Irinea al conocer la resolución del máximo organismo de impartición de justicia en México. De acuerdo con el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Dominguez Marquez, este fallo establece un primer criterio para una posible jurisprudencia en el tema. Quienes realicen la investigación deben hacerlo bajo una perspectiva de género que no ignore elementos clave del caso como la violencia que padeció Mariana durante su matrimonio con el policía judicial Julio César Hernandez Ballinas.
El OCNF solicitará en el transcurso de la investigación la suspensión temporal de Hernandez Ballinas para que no intervenga en el proceso. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: GONZALO ORTUÑO.
Este es el documento que llegó a la Cámara de Diputados la semana pasada, luego de que el dictamen fuera aprobado por el Senado.
El pleno del Senado aprobó, el pasado miércoles 18 de marzo, la Ley General de Transparencia, la cual obligará a los tres niveles de gobierno, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos y otros entes a transparentar su información y rendir cuentas sobre los recursos públicos que utilizan.
El dictamen aprobado por los senadores llegó a la Cámara de Diputados, y lo compartimos con los usuarios de este sitio de noticias: 20150319-V by Aristegui Noticias:
“En mi opinión, nosotros no debemos hacer las sanciones administrativas, hay que formar el expediente y mandarlo a la contraloría, nunca han hecho nada porque están sujetas, pero eso ya se está regulando”, dijo el comisionado del Ifai.
El Senado aprobó la semana pasada la Ley de Transparencia, cuyo proceso legislativo no fue fácil, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), quien apuntó que hubo “un camino de baches, un poco accidentado, pero se cambió el rumbo, se dio el volantazo hacia el camino correcto”. En entrevista para Aristegui CNN , expuso que en el proceso de elaboración del dictamen respectivo, “se abrieron espacios para manifestar preocupaciones”; “ciudadanos, organizaciones sociales se reunieron para ser escuchadas, se fue armando un asunto de participación y procreación”. Recordó que esta ley lleva un proceso de dos años y medio, en los que las organizaciones estuvieron “más de doscientas horas con senadores, para realizar la iniciativa en diciembre pasado. Después se entró a una etapa oscura, no sabíamos bien qué pasaba. Estaban proponiendo cosas contrarias a lo original y cosas contrarias que podrían poner entre dicho la reforma constitucional, la ley no estaba llevando a cabo lo que la reforma planteaba”. “La presión permitió repensar las cosas y matizarlas, en algunas de ellas cancelarlas”, detalló. Ford comentó que algunos de los logros fueron que en cuanto al tema de “violaciones graves de derechos humanos se quedará como está”, y no habrá cambios. “El Ifai es competente para dar acceso a la información de aquellas investigaciones, cuando en estas se presuma que hay violaciones graves de derechos humanos o lesa humanidad”, precisó. Además “se podrán entregar en versiones públicas, expedientes e investigaciones de actos de corrupción”, refirió. “Siempre respetando la probable inocencia, pero sí se verá el actuar de un juez o quien tenga que actuar en casos de corrupción”, añadió el comisionado. También señaló que la administración pública general, así como fideicomisos públicos que no estaban y que manejan 40 mil millones de pesos, “tendrán que informar en su portal todo a lo que hace alusión la ley, tendrán que subir su nomina, contrataciones, etcétera”. “Se suma todo el poder legislativo, los Congresos, tanto federal y estatal, tienen una obligación de oficio”, dijo. Reveló que “se incorporan importantes obligaciones para el Congreso de la Unión y de los estados, que tienen que ver con una cuestión no solamente de los sueldos, las dietas, los apoyos que reciben los diputados, las comisiones, todo el personal que trabaja para la Cámara, sino el asunto medular de los grupos parlamentarios, siempre ha estado del otro lado de la transparencia”. “Las sanciones para los sujetos obligados que no cumplan, se aumentaron, se tipifican todas aquellas cuestiones que puedan ser infractoras de la ley y una cosa que habían quitado pero finalmente se quedó, es la denuncia de los ciudadanos, hay que hacer una investigación en cinco días”, explicó. Cada apartado tiene un responsable de subir la información a cada portal y habrá multas de hasta 10 mil pesos que deberá pagar el funcionario, de su bolsa, contó el comisionado Guerra Ford.
La ley de transparencia se encuentra en la Cámara de Diputados, donde deberá de ser discutida y votada. VÍDEO:
La industria se encuentra en una etapa de crecimiento sólido; representó 7.0 por ciento del PIB en 2014, y se posicionó como la segunda actividad industrial y el primer lugar en la generación de empleos, dijo el secretario de Hacienda.
El gobierno federal anunció un estímulo del ciento por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para prestadores de servicios de la industria de la vivienda, lo que evitará un incremento en el precio final de las casas habitación de entre 1.0 y 3.0 por ciento. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que lo anterior es para que aquellos proveedores de la industria que ofrezcan un servicio a los desarrolladores de vivienda reciban un estímulo al ciento por ciento del IVA causado, de manera que no lo tengan que trasladar a los desarrolladores y, por lo tanto, no encarezca el costo de la vivienda para las familias. “Calculamos que aproximadamente evitar este traslado del IVA reduce o evita un incremento en el precio de la vivienda de entre 1.0 y 3.0 por ciento del precio final a la familia que la adquiera”, añadió al anunciar estas medidas de impulso para la construcción de la vivienda. Acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam, el funcionario destacó que con ello se tiene un impacto relevante en el precio de la vivienda que le da certidumbre a la industria y permite seguir con la construcción de casas. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abundó que esto implica que aquellas viviendas que se construyen con la utilización de servicios de terceros pagan IVA, el cual se traslada al precio final de la vivienda. Ante ello, la SHCP y la Sedatu trabajaron un mecanismo junto con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) que resolverá este problema de aquí en adelante. La medida consiste en un estímulo fiscal equivalente al ciento por ciento del IVA que se cause por la prestación de los servicios parciales de construcción de bienes inmuebles destinados a casa habitación.
El funcionario precisó que este estímulo fiscal sólo beneficia a los proveedores formales, y se establecen incentivos claros para que este beneficio no se utilice en construcciones distintas a la vivienda y que sí están sujetas al IVA, con lo cual se tiene un debido proceso de certificación para asegurar que no haya un abuso en este mecanismo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La Policía de Monterrey reprueba en la aplicación de la justicia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Un video en poder de Reporte Indigo evidencia que los uniformados echan abajo este nuevo esquema, y que hay fallas en la detención de un sospechoso en un delito del fuero común. Y es que actuaron a la “antigüita” en un reporte de robo en una sucursal de una tienda departamental. Dos policías regios arrestaron a Grace Elizabeth Alonso Andrade, empleada de la tienda, quien fue acusada por el gerente porque supuestamente robó varios celulares. Sin ninguna prueba contra la mujer, los uniformados actuaron sólo de “dichos” del encargado del comercio, identificado por la trabajadora como Joel Alejandro Díaz Quintanar. Incluso, los uniformados hombres sometieron a la empleada, contradiciendo los reglamentos de Derechos Humanos, que dictan debe ser un elemento del sexo femenino el que actúe en el arresto corporal de una mujer. La mujer policía puede esposar, revisar y subir a una patrulla a la detenida, sólo en caso de que tenga pruebas suficientes del delito. En la videograbación se observa a los policías sacando sometida a la empleada del Centro de Distribución de Coppel, ubicado sobre la calle Julián Villagrán, número 2802, colonia Bella Vista, en Monterrey. Asustada y llorando, la empleada fue subida por los policías a la patrulla. Los elementos jamás justificaron la detención, e incluso nunca entró a las celdas del cuartel de la Policía de Monterrey, conocido como “Alamey”. “Subieron a mi prima y al guardia (a la patrulla), según para que fueran a declarar a la Alamey, y la verdad ni siquiera entró a las celdas mi prima”, explicó Yéssica Andrade Castillo, familiar de la afectada. “Sólo se la llevaron para asustarla. Y la dejaron en la esquina de un Seven Eleven”, agregó. Explicó que el problema se originó porque personal de la empresa se había dado cuenta de un faltante de celulares. Joel Alejandro Díaz Quintanar, gerente de esa sucursal, hizo una reunión con las personas que laboraban en el departamento de entrega y salida de mercancía. “Y les dijo que había un ratero entre ellos. Y que iba a empezar a sacar de uno por uno, el que se quedara al final ése iba a ser el ratero. Pues a mi prima fue a la que dejó al último, pero una de sus compañeras nos avisó que la Policía estaba esperando a mi prima afuera de su lugar de trabajo”, explicó Castillo. Añadió que en la sucursal de esta tienda existen cámaras de vigilancia, pero los videos no fueron presentados ante la autoridad. El familiar de la víctima solicitó los videos, pero no se los mostraron. Sin pruebas no hay delito Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, explicó que las policías municipales tendrán que estar bien preparadas para poder detener a una persona. “Los policías deben cuestionar a la persona que acusa, sobre dónde está la pruebas del robo, eso no quiere decir que se acabe la investigación, puede seguir la investigación y si hay pruebas se le acusa del delito “Se puede acusar, pero si en ese momento (… ) la víctima le dice ‘y dónde está lo que me robé’, y si en ese momento no hay un producto de robo, lo único que puede pasar es que tendrá que citarla en alguna agencia, siempre y cuando haya pruebas donde se le pueda imputar el delito”, dijo Sánchez Bocanegra. Toda prueba tendrá que tener un sustento, esto para poder imputar un delito hacia un civil. “Las pruebas pueden ser por testimoniales y apoyados por pruebas científicas. “Y la detención (en el caso de la tienda) fue inadecuada, porque si hay denuncia se va con el juez de control para que verifique si hay una participación de la mujer en el robo. “Si no hay pruebas, el juez debe determinar que ahí se acaba el proceso”, explicó el director de Renace. Añadió que el tiempo en el proceso de un delito es fundamental “El policía tiene la obligación de llevar a la persona al Ministerio Público y en el tiempo esperado. En un lapso de 15 a 20 minutos, y si se tarda más de ese tiempo no procede”, concluyó Bocanegra Todas las policías preparadas La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (Sijupe) informó que el 100 por ciento de los policías municipales y estatales habrían completado un curso introductorio al nuevo sistema. La comisión dijo que pasar del sistema tradicional al nuevo implicó dividir el trabajo en fases en las áreas de personal, espacios, equipo, tecnología, capacitación y difusión. En Nuevo León, dijo la comisión, se ha invertido 1 millón 100 mil pesos para su aplicación, y se ha capacitado con un curso básico a todos los policías de la entidad. No obstante, en el caso de la empleada, los policías regiosno aplicaron el nuevo código penal. Pese a que se solicitaba una justificación para la detención de la trabajadora de la tienda, los uniformados nunca la mostraron ante el Ministerio Público. El Congreso local aprobó en noviembre del 2012 las reformas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se basa por la presunción de inocencia. “El pleno del Congreso aprobó por unanimidad reformas al Código Penal, Código Procesal Penal”, anunció el exdiputado priista y ahora candidato a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos. En la reforma, el principio de presunción de inocencia es aquel conforme el cual toda persona debe considerarse y tratarse como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario.
El abogado Roberto Flores subió a las redes sociales otro video en el que se aprecia a elementos de la Policía de Monterrey, actuando sin tener una prueba que justifique la detención de un auto. Aparentemente, el oficial acusó a Flores de circular a alta velocidad, motivo por el cual ameritaba una revisión de su vehículo. “Mandar a la Policía regia. Y al departamento deTránsito a que revisen mi camioneta, y resulta que no se atrevieron ni siquiera a tocarla, ¡no se atrevieron a inspeccionar nada! Cuatro patrullas para detenerme rumbo a mi oficina”, expresó el abogado en su cuenta de Facebook. Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León La Policía es el primer eslabón de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio: Artículo 6. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda debe absolverse al imputado. Artículo 22. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante violación de los derechos fundamentales de las personas. Artículo 23. Valoración de la prueba. Las pruebas serán valoradas por los Juzgadores según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos afianzados y las máximas de la experiencia. Artículo 127. Reglas generales. Toda persona que acuda al lugar del hecho delictuoso, tiene obligación de preservar la escena del crimen y permitir que el Ministerio Público y la Policía se encarguen de la investigación y de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece el Código Penal para el Estado de Nuevo León. Artículo 128. Función de los cuerpos de seguridad pública. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública distintos a la Policía Ministerial recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticia, dando inmediato aviso al Ministerio Público y sin que ello implique la realización de actos de molestia; teniendo como función: I. Impedir que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores; II. Detener en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito; III. Identificar, detener o aprehender por mandamiento ministerial o judicial a los imputados.
Cuando los cuerpos de seguridad pública mencionados sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso deberán ejercer las facultades previstas en el artículo 129 fracciones I, III, IV, V, VIII y IX de este Código, hasta que el Ministerio Público o la Policía Ministerial intervengan, debiendo informarles de lo actuado y entregarles los instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan asegurado. De todo lo actuado deberán elaborar un parte informativo. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: JESÚS PADILLA.
El Congreso retomará esta semana la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia; líderes aseguran que hay voluntad para agilizar su aprobación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, afirmó ayer que existe compromiso y voluntad de los grupos legislativos para agilizar la discusión de las minutas de la ley de transparencia y del sistema nacional anticorrupción. Agregó que se prevé una reunión con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta el próximo viernes, para aprobarlas lo antes posible. “Vamos a tratar de que ese encuentro sea público, cordial y, sobre todo, tratar de empatar los temas, que no haya una imagen o mensaje de que no hay coordinación, porque muchos de estos temas son un trabajo bicamaral”, puntualizó sobre la ley general de transparencia y de información pública. Moreno Rivera dijo que está previsto que la Comisión de Gobernación se declare en sesión permanente hoy para analizarla y elaborar el dictamen. “Esta ley se turnó con la intención de que tenga mayor agilidad y por la importancia del tema, a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Transparencia, y estamos apostando porque no se retrase”, explicó. El legislador añadió que ambas comisiones determinarán la ruta a seguir. “En congruencia, los diputados le darán la prioridad que tiene y estoy seguro de que van a hacer que esta ley camine inmediatamente”. Por separado, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sostuvo que las fracciones legislativas tienen la intención de dar todas las facilidades para que salga cuanto antes la minuta del Senado sobre la ley general de transparencia y de información pública. “Las instrucciones que yo tengo, como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dar todas las facilidades para que esto salga cuanto antes, porque sabemos que es una exigencia de la sociedad y que le conviene a México”, indicó.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la ley general de transparencia y de información pública, así como la creación del sistema nacional anticorrupción, son dos reformas que pueden salir adelante antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir el 30 de abril. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
COLIMA, Col: La comunidad indígena de Zacualpan interpuso hoy un juicio de amparo contra la emisión y otorgamiento de las concesiones mineras 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, ubicados en su territorio, por considerar que resultan violatorias de los derechos humanos de los habitantes de esta población. Turnada a la Mesa 2 del Juzgado Primero de Distrito con el número de expediente 458/2015, la demanda de amparo –un legajo de 104 páginas– señala que la emisión de esas concesiones vulnera los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. En nombre de la comunidad, la petición del amparo fue presentada por la mesa directiva de Bienes Comunales encabezada por Taurino Rincón Lorenzo; el Consejo de Vigilancia, presidido por Conrado Carpio Hernández, y por integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y la Asamblea por Usos y Costumbres. La concesión correspondiente al lote Tigrilla, con una superficie de 90.448 hectáreas, tiene como titular a Mario Carlos Moncada Cantú y fue otorgada en 2006, en tanto que la concesión del lote Heliotropo, con una superficie de 100 hectáreas, fue otorgada en 1995 a Adolfo Pineda Martínez. Con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados de Jalisco, los representantes de la comunidad de Zacualpan argumentaron que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera, “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también se refieren a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte. Manifestaron que en las reuniones sostenidas con autoridades federales, durante la visita de la Misión Civil Nacional e Internacional de observación al Caso Zacualpan, se percataron de que las concesiones que se entregaron a empresas mineras y que afectan sus derechos territoriales se encuentran vigentes, por lo que decidieron emprender acciones legales “para lograr que sean canceladas y se declaren nulas por ser inconstitucionales”. En el texto de la demanda, los representantes de Zacualpan argumentaron que son inconstitucionales los artículos 15 y 19 de la Ley Minera, pues el primero señala un plazo de 50 años de duración de las concesiones, prorrogables por otro periodo similar, lo que “viola los artículos 2 y 27 de la Constitución, ya que de forma por demás desproporcionada impide a las autoridades cumplir con el deber constitucional de proteger las tierras indígenas”, además de que “viola los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, en la medida en que impide que los principios constitucionales de rectoría estatal de la economía sean aplicados en beneficio sin discriminación”. Ese artículo también “conculca los artículos 6, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la OIT y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues también de un modo desproporcionado impide que las autoridades del Estado Mexicano cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos a la consulta y al territorio, de los cuales son titulares los pueblos y las comunidades indígenas”. En relación Al artículo 19 de la Ley Minera, los quejosos sustentaron su inconstitucionalidad en el hecho de que al otorgarse al tercero la concesión, se establece a su favor “un inédito derecho a la expropiación”, situación que “contraviene lo dispuesto en los artículos 1 párrafo último y 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que desvirtúa la institución jurídica de la expropiación e impone un trato injustificadamente discriminatorio y desigual que agravia directamente a la comunidad agraria que representamos y no garantiza que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección especial de las tierras indígenas de nuestra comunidad indígena de Zacualpan”.
De acuerdo con los abogados de la comunidad, este juicio de amparo forma parte de una estrategia nacional propuesta por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), para lograr que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera y de las concesiones que afectan territorios indígenas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
MÉXICO, D.F. (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a los dirigentes de la coalición PRI-PVEM que sus campañas electorales sean “económicamente controladas”. Luego de recibir la lista de candidatos a diputados federales de ambos institutos políticos, recordó que esta elección intermedia será la más fiscalizada por mandato constitucional. Córdova Vianello confió “en que, para bien de los militantes y simpatizantes del PRI y del PVEM, su participación en las próximas campañas sea económicamente autocontrolada, porque estamos por iniciar las campañas federales más escrutadas y fiscalizadas producto del mandato constitucional y legal que fue pactado en el Congreso de la Unión por las fuerzas políticas. “Espero que la propaganda electoral transcurra exclusivamente por los medios y mecanismos de promoción y difusión validados por la legislación, para honrar las reglas del juego democrático que el pluralismo político ha consensado”, indicó. También recomendó que las campañas sean ideológicamente intensas, apegadas a sus plataformas electorales para contribuir al debate democrático. “Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México, pero son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos. Necesitamos un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”, señaló. Córdova prometió que el INE “será absolutamente imparcial” y cumplirá con arbitrar las contiendas electorales “sin filias ni fobias”. El INE recibió la solicitud de registro de 250 candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa de la coalición parcial entre el PRI y el PVEM Asimismo, el PRI presentó la documentación para el registro de 50 candidatos de mayoría relativa que no contenderán dentro de la coalición, y 200 candidatos de representación proporcional. Acompañado de las consejeras electorales Adriana Favela, Beatriz Galindo y Pamela San Martín; de los consejeros Enrique Andrade, Marco Baños, Ciro Murayama, Roberto Ruiz, Arturo Sánchez y Javier Santiago; así como por el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo, y el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, recordó que las elecciones son la vía privilegiada para debatir frente a la ciudadanía, las distintas propuestas y soluciones que plantean los partidos políticos, a los problemas del país. En presencia del presidente del PRI, César Camacho; y el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Arturo Escobar; Lorenzo Córdova hizo un llamado a los candidatos que obtengan su registro a aportar la información curricular en el sistema que el INE ha dispuesto, para que la ciudadanía pueda conocer la historia de quienes aspiran a integrar la Cámara de Diputados. Por otro lado, el Comité de Radio y Televisión del INE ordenó a la empresa Dish pagar 7 millones 729 mil pesos a Televisión Azteca y Televisa para que los sistemas satelitales que retransmiten canales de televisión abierta transmita los promocionales del INE y de los partidos políticos nacionales, del 5 de abril al 7 de junio, día de la elección.
“Dish deberá pagar por cada una de las señales que debe retransmitir un millón 665 mil 829 pesos más IVA”, en los canales 2 y 5 de Televisa y 7 y 13 de Televisión Azteca, indicó la consejera Pamela San Martín. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
CANCÚN, Q. Roo: Minutos después de que la organización Artículo 19 difundió en la capital del país el informe “Estado de Censura”, en el cual, entre otros elementos, refiere que el gobernador Roberto Borge mantiene una campaña de hostigamiento a voces críticas, una red de trolls y bots, así como cuentas falsas de Twitter vinculadas al gobierno estatal y al PRI volvieron a difundir ataques contra periodistas locales, en los que además se incluyeron documentos judiciales. En el informe de Artículo 19, además de Borge Angulo también son señalados el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos Acevedo; el presidente estatal del PRI y diputado federal, Raymundo King y el encargado de las redes sociales de ese partido en el estado, César Mortera de “acosar voces críticas en el estado que forman parte de las agresiones contra la prensa en Quintana Roo”. Estos tres funcionarios han sido acusados reiteradamente por difundir ataques en redes sociales contra medios de comunicación y periodistas independientes. Justo cuando se difundía el informe “Estado de Censura” por diversas vías, incluidos mensajes de Twitter, la red de trolls, bots y cuentas falsas del gobierno del estado volvió a arremeter contra perredistas de la entidad. En esta ocasión fue más evidente la vinculación de esta red de ataques cibernéticos al gobierno estatal, pues uno de los tuits incluyó un documento judicial, específicamente el amparo promovido por la presidenta del semanario Luces del Siglo contra el gobernador Roberto Borge, y en el que también se señala a Lino Magos y César Mortera. “El juez rechazo amparos y protección a @NormaMadero @jvite @secaballero37 por falta de fundamentos @article19mex”, según el tuit difundido en decenas de cuentas. En el mensaje se incluye como archivo adjunto la carátula de la sentencia al juicio de amparo indirecto 1099/2014-IV radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito, promovido por Norma Madero contra Roberto Borge y otros funcionarios. Entre las cuentas falsas en las que se difunde este mensaje, se encuentra una atribuida al periódico Por Esto! de Quintana Roo, el de mayor circulación en la entidad. El coordinador de dicho medio, Renán Castro, rechazó que esta cuenta sea de Por Esto!.
“No tenemos ninguna cuenta en redes sociales y para precisarlo, publicamos todos los días una alerta al respecto en nuestras páginas (del periódico)”, dijo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
El 3 de mayo los habitantes de Cherán nombrarán a la autoridad local que gobernará los próximos tres años. No habrá urnas ni credenciales de elector, los vecinos designarán a sus funcionarios a mano alzada.
La comunidad indígena de Cherán decidió no dar vuelta al proyecto de autonomía planteado desde abril del 2011. Por unanimidad, en asambleas de barrios, los vecinos optaron por no permitir campañas, candidatos, ni partidos políticos. Su proceso para designar autoridades comunales es tan independiente que ni siquiera se llama elección, sino nombramiento de autoridad. Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara reconocimiento jurídico a la autonomía de ese pueblo indígena de Michoacán, la comunidad entera ratificó su decisión de no volver a permitir el sistema de partidos que consideran corrupto y antidemocrático. La semana pasada el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en obediencia al mandato de la SCJN se acercó con la comunidad de Cherán, para encaminar un acuerdo bajo el que se debería llevar el proceso electoral para la renovación de las autoridades locales. La comunidad de Cherán dijo de nueva cuenta no a los candidatos de los partidos. Por acuerdo de las asambleas de barrio, el proceso de nombramiento de autoridad local para un periodo de tres años, se llevará a cabo el 3 de mayo del año en curso. Los nuevos funcionarios serán designados por mayoría simple, en un proceso de elección a mano alzada, en donde no habrá ni credenciales de elector ni urnas, solamente la confianza entre todos los vecinos. El IEM, sin argumentos Ante la decisión de los vecinos de Cherán, de no permitir la presencia de candidatos ni partidos políticos en su demarcación, el Instituto Electoral de Michoacán se dijo sin argumentos legales para la instalación de urnas dentro de ese municipio, toda vez que la misma la SCJN avaló la autonomía de esa localidad indígena. Solo en calidad de observadores, representantes del IEM han acudido a algunas de las asambleas de barrio, denominadas “fogatas”, consideradas las células básicas de la democracia indígena, en donde los vecinos hablan y participan sobre el nombramiento de las nuevas autoridades locales. El IEM ha reconocido no tener argumentos para mejorar la democracia que está naciendo en esa comunidad. Los promotores de la autonomía indígena de Cherán, han comenzado a llevar a las reuniones de cada uno de los barrios de ese municipio una propuesta de balance del primer gobierno autónoma, en donde la gente participa con opiniones francas sobre el desempeño de las autoridades, a la que se les señalan los desaciertos para que no se vuelvan a cometer por quienes los suplan en los cargos. El debate que se ha iniciado en el seno de cada una de las reuniones de barrios, también pretende diseñar los perfiles de los hombres y mujeres que tendrán a su cargo la administración del gobierno municipal indígena. Molesta actitud del IEM Pese a que la comunidad indígena de Cherán tolera la presencia de una comisión de enlace del IEM, que se limita a observar las asambleas de barrio para recoger los primeros nombres de quienes pueden ser mandos de gobierno local, la comunidad no ve con buenos ojos la presencia del órgano electoral. La razón es porque ese organismo ha tenido poco tacto al traer a la conversación a personas que se encuentran desaparecidas. En Cherán, aun cuando no habrá instalación de casillas, algunos funcionarios del IEM insisten en preguntar por algunos comuneros que fueron sustraídos de sus domicilios o levantados por grupos delincuenciales. No al pasado Los puntos coincidentes que se han puesto de manifiesto en las asambleas de barrio, es que los indígenas de Cherán no quieren regresar –bajo ninguna circunstancia- a un régimen de gobierno en donde tengan injerencia los partidos políticos. Con coraje y dolor se recuerda aun la corrupción reinante en esa localidad durante el último gobierno partidista, el del priista Roberto Bautista Chapina. Durante su mandato se incrementó el número de comuneros asesinados y desaparecidos. En su periodo no se supo el paradero de al menos 12 vecinos que defendían el bosque. En ese mismo lapso de gobierno, cuando mayor participación económica recibió el gobierno local, menos obra pública se pudo ejecutar y aumentó la deuda pública municipal. Los vecinos de Cherán recuerdan que fue durante esa administración priista que el crimen organizado se apoderó de la las personas y los recursos naturales de esa región. Fue cuando los comuneros fueron esclavos de las células del cartel de Los Caballeros Templarios. No a las campañas Tras el establecimiento de la erradicación del sistema de partidos en la vida política de Cherán, también se ha planteado la necesidad de que los hombres y mujeres que sean postulados a cargos de mando, no hagan promoción ni campaña política. “La gente es la que debe considerar si alguien que es propuesto a un cargo tiene la calidad y la capacidad suficiente para ello. No es sano que uno hable bien de uno mismo”, explica uno de los organizadores del nuevo sistema democrático de Cherán.
Bajo ese contexto, el viernes 3 de mayo, la población de Cherán elegirá en la plaza principal a los integrantes de su gobierno para los próximos tres años, los que serán representantes de los cuatro barrios del municipio, de donde saldrán los responsables de procuración, vigilancia y mediación de justicia; de lo civil; de los programas sociales, económicos y culturales; de los barrios; y el gobierno de los bienes comunales. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS
Para rehabilitar esta zona de la ciudad, la Secretaría de Finanzas capitalina le autorizó casi 8 mil 900 millones de pesos a la Secretaría de Obras, pero el Gobierno del DF anunció una inversión menor, por sólo 6 mil millones de pesos.
Justo hace un año, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció públicamente que rehabilitaría el Circuito Interior con una inversión de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, para llevar a cabo dichas maniobras el entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, solicitó a la Secretaría de Finanzas un monto mayor por 8 mil 879 millones 337 mil pesos, que fue autorizado en noviembre del 2013, cuatro meses antes de que Mancera hiciera pública la inversión en el Circuito Interior. La diferencia entre lo que anunció que gastarían el jefe de Gobierno y el monto que le autorizó la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Obras es de 2 mil 879 millones de pesos. Reporte Indigo tiene en su poder la autorización firmada por Édgar Amador Zamora, quien en su calidad de secretario de Finanzas entregó a Alfredo Hernández un monto total de 8 mil 879 millones 337 mil 615 pesos para llevar a cabo el proyecto “Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”. De acuerdo con el documento SFDF/0386/2013 de noviembre del 2013, los 8 mil 879 millones de pesos comprometen los recursos públicos del GDF hasta el año 2025, a través de un esquema anual de pagos similar al que autorizó el extesorero Mario Delgado Carrillo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para el pago de la renta de un lote de 30 trenes para la Línea 12. En marzo del 2014, cuando Mancera Espinosa hizo público la inversión en el Circuito Interior reportó que gastarían 6 mil millones bajo un esquema de Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) que se le había entregado al consorcio constructor encabezado por grupo GAMI. A partir de que ganó este millonario PPS, Grupo GAMI tendría la responsabilidad de construir dos puentes vehiculares en los cruces del Circuito Bicentenario con avenida Tezontle y avenida Té, un deprimido en Tlalpan y un doble túnel en el cruce de Mixcoac e Insurgentes. Presumen sobreprecio A decir de exfuncionarios consultados por este medio, la obra multianual comprometida a Grupo Gami por el exsecretario de Obras del GDF, Alfredo Hernández, podría presentar un sobreprecio de alrededor de 50 por ciento. Razón por la cual forma parte del paquete de contratos que tiene bajo lupa la Contraloría General del Distrito Federal, sobre todo después de que se exhibieron los presuntos actos de corrupción en el que se otorgaron contratos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajó la esposa del extitular de Sobse. La presunción de sobreprecios de millonario PPS del Circuito Interior que entregó Alfredo Hernández a Grupo Gami tiene como base el PPS del 2009 que se firmó también para la rehabilitación del Circuito Interior en el sexenio de Marcelo Ebrard, por un monto de 3 mil 280 millones de pesos. Según el contrato del 2009, la administración de Ebrard pretendía convertir el Circuito Interior o Circuito Bicentenario en una “avenida ejemplar en el mundo entero”. Además de sustituir la carpeta de asfalto por una de concreto hidráulico con vida útil no menor de 25 años, se rescatarían 22 parques de la periferia para convertirlos en espacios urbanos con áreas de juegos infantiles. También se rehabilitarían 43 puentes peatonales, más de mil postes nuevos y se sustituirían 2 mil 800 luminarias. Expedientes bajo escrutinio Al terminar el sexenio de Marcelo Ebrard y apenas en el primer año de gobierno, la Secretaría de Obras, con Alfredo Hernández al frente, retomó el Circuito Interior como estandarte para continuar con las obras millonarias en esa vialidad. Por eso es que apenas terminaba el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando Alfredo Hernández pidió autorización a la Secretaría de Finanzas para asumir el compromiso multianual por 8 mil 879 millones hasta el 2025. “Finalmente no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utilice la Secretaría de Obras del Distrito Federal para la planeación, instrumentación de la contratación y ejecución del proyecto Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”, precisa Édgar Amador Zamora en el documento de noviembre del 2013. Los mecanismos de contratación y la ejecución del proyecto es justo lo que hoy revisa la Contraloría General capitalina, que integra diversos expedientes de los actos ejecutados por Alfredo Hernández en su calidad de secretario de Obras del Distrito Federal, más allá del escándalo que detonó su salida de la dependencia. Porque en ese cargo clave, Alfredo Hernández también recibió la autorización por 210 millones para la construcción del área de hospitalización del Hospital Regional de Iztapalapa.
Además de otros 80 millones para la construcción de la Clínica de VIH Iztapalapa; 300 millones para la pavimentación de diversas vialidades y 100 millones para la construcción del distribuidor vial Chimalhuacán-Calle 7, entre muchos otros. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Antonio Fraga, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución. En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa. Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución. Asimismo explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”. En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga funge como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramientios e lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014 Un delegado fiduciario de Banobras es un apoderado legal que representa a la dependencia en los fideicomisos; se encarga de su administración y vigila que se cumplan los objeticos para los que fue creado el instrumento financiero. Dicha figura posee poder general para actos de dominio, poder general para suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de crédito; comparecer a nombre de Banobras ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales, fiscales, militares y de trabajo, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal o en estados y municipios.
La empresa de Fraga, Grupo de Abogados Profesionales (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Más de una década después de lo que definió como el “manotazo” que lo quitó de la dirección adjunta de El Universal, el director de la revista Emeequis, Ignacio Rodríguez Reyna, aseguró que los hermanos Vargas, dueños de MVS, fueron “muy ingenuos” en su decisión de despedir a Carmen Aristegui y su equipo de investigación, pues advirtió que “no les van a dar nada”. En una plática convocada hoy por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseveró que durante el sexenio de Vicente Fox, en Los Pinos prometieron otorgar a los dueños de El Universal concesiones de televisión, radiodifusión e, incluso, de la aerolínea Aeroméxico a cambio de su despido, pero no les cumplieron. El jefe de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, Daniel Lizárraga, reiteró que los motivos que invocó MVS Noticias para despedir a la conductora y a sus colaboradores -la utilización indebida del logotipo de la empresa-, sólo fue un “pretexto”. Recordó que en varias ocasiones presentó trabajos de investigación en premios de periodismo con la marca de MVS, sin recibir ningún regaño por ello. Cuestionado sobre su futuro y el de la Unidad de Investigación, el periodista afirmó: “En este momento somos un equipo, lo nuestro es informar”. Añadió que Carmen Aristegui aún no había recibido ninguna propuesta concreta para ocupar un espacio en otro medio o institución. “El manotazo a Carmen Aristegui y su equipo de investigación tiene su origen en el grupo de poder en Los Pinos”, estimó por su parte Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Agregó que la reacción de MVS Noticias respondió al ambiente en el que se encuentra el actual gobierno. “Se trató de un poder ofendido por la investigación de la ‘Casa Blanca’ y una corporación contra la pared por su calidad de concesionado, pero es difícil que existan huellas de ello”, analizó. Rodríguez Castañeda asumió que “el autoritarismo del PRI no acaba de nacer, va a recurrir a lo mismo a lo que recurrió durante sus primeros 70 años en el poder”. Comentó que “el manotazo que experimentó Carmen Aristegui y su equipo, muchos lo han vivido antes”. Y, ante la campaña difundida en algunos medios de comunicación en contra de la exconductora del noticiero matutino de MVS Noticias, el director de Proceso afirmó: “El PRI regresó con todo su corte, parte del séquito que lo acompañó hacia Los Pinos es el que ahora aplaude el manotazo”. La charla entre los periodistas derivó en el tema de Méxicoleaks -plataforma recién lanzada para la filtración de documentos de interés periodístico de manera anónima y segura-, ya que reunía a los directores de Proceso, emeequis, Animal Político y Daniel Lizárraga, quienes forman parte de los ocho medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que comparten la iniciativa. Méxicoleaks fue “el detonante” del despido de Aristegui y su equipo, afirmó Ignacio Rodríguez Reyna, quien aseveró que, a pesar de que aún no se haya publicado ninguna investigación a partir de un documento recibido a través de la plataforma, ya se observó en las dos últimas semanas “el nerviosismo del poder”. “Lo que le da miedo (al poder) es la posibilidad de asociarse, de formar este tipo de alianza para recuperar el propósito genuino de recuperar el papel de vigilantes del poder”, asumió. El fundador y director del diario en línea Animal Político, Daniel Moreno, abundó en este sentido: “Méxicoleaks permitió juntar a medios que nunca se habían sentado juntos”. Agregó que esta iniciativa abre la posibilidad de trabajar en colaboración para dar a conocer información de interés público. El periodista reiteró uno de los principios básicos de la plataforma: “no somos una coladera, no publicamos todo lo que recibimos, hacemos periodismo”. Según Daniel Lizárraga, uno de los éxitos del reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” presidencial fue su difusión simultánea en varios medios de comunicación, incluso Proceso.
Rodríguez Castañeda estimó que, además de canalizar las denuncias ciudadanas, uno de los retos de la plataforma será “ganar la confianza de los cuadros más altos, quienes pueden usufructuar de su situación en una institución o una corporación, pero están hartos de la corrupción”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Seis militantes del PRI fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como presuntos responsables de la decapitación del hijo del líder municipal del PVEM, quien fue hallado muerto el pasado lunes. El lunes 23 por la mañana, habitantes del municipio de Altamirano reportaron el hallazgo de un cuerpo sin cabeza en el tramo carretero Morelia-La Laguna, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP). Cuando llegó el agente del Ministerio Público al lugar, encontró la cabeza a un lado del cuerpo. Testigos informaron que el individuo que fue identificado como Amilcar Guzmán Jiménez, de 40 años de edad, quien ingería bebidas embriagantes en la tarde del domingo. Tras el asesinato de Amílcar Guzmán Jiménez, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones y dio con los autores del homicidio. Las investigaciones dieron a conocer que días antes de su asesinato, Amílcar Guzmán Jiménez, quien era militante del PVEM e hijo de un líder local de dicho partido, fue amenazado de muerte por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Esto llevó a la detención de Ranulfo Pérez Méndez, Moisés Pérez Méndez, Jorge Braulio Pérez Hernández, Ronais Hernández Guzmán, Rosember Méndez Pérez y Fidelino Pérez, todos ellos militantes del PRI, quienes fueron presentados como principales sospechosos del asesinato. Hasta el momento, las autoridades no han brindado una declaración oficial, pero se presume que el móvil del asesinato pudo ser una rivalidad entre partidos políticos en el Municipio de Altamirano.
Los detenidos quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
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