MÉXICO, D.F: A seis meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, profesores de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tomaron las representaciones electorales. En Tixtla, Guerrero, maestros y un grupo de padres de familia tomaron las instalaciones del Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También hubo movilizaciones en Chilpancingo, Tlapa y Acapulco. Aparte, en Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) clausuraron las oficinas de los 11 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral y del Consejo General. Mientras tanto, en Michoacán un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las oficinas del Instituto Electoral Estatal.
En el Distrito Federal se convoco una marcha a las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
VILLAHERMOSA, Tab: Julio César Álvarez de los Santos, líder de las mujeres indígenas chontales que ayer fueron golpeadas por policías estatales, fue detenido por “alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Mediante un comunicado, la dependencia precisó que mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar, “sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo”. Por ello, añadió, todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía “será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”. Explicó que ante la protesta de las mujeres indígenas, “que incluyó el cierre obligado de instalaciones de gobierno”, elementos de la SSP se apersonaron en la zona “para resguardar la seguridad de oficinas y personal de las distintas dependencias ubicadas en el Centro Administrativo, pero sin menoscabo del derecho de manifestación de los inconformes”. Sin embargo, ante la presencia del cuerpo policial, “los manifestantes incitados por Álvarez de los Santos respondieron con agresiones físicas y verbales que derivaron en una confrontación que arrojó un saldo de tres elementos de seguridad heridos”, apuntó. A raíz del enfrentamiento, “incitado contra los policías”, Álvarez de los Santos fue detenido junto con Antonio Castellanos Hernández “por alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, detalló. Por su lado, el gobernador Arturo Núñez comentó que con actos como el de ayer, las indígenas chontales no tendrán ningún apoyo del gobierno del estado. “El gobierno del estado apreció y no responde y esa no es su función: hacer maquilas… de acuerdo, y si andan con Julio César Álvarez, que es un vival, menos. Que no ande interrumpiendo actos del gobernador”, dijo textualmente el mandatario. A su vez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, informó que el gobierno sí ha apoyado y tiene voluntad de ayudar a las mujeres que solicitan la instalación de la maquiladora de ropa en el municipio de Macuspana, pero que la “intransigencia” de su líder, Julio César Álvarez, es el principal obstáculo. El funcionario realizó un periplo por noticieros de radio para explicar que desde el inicio del gobierno nuñista se ofrecieron apoyos de capacitación y equipamiento para la instalación de maquiladoras. No obstante, dijo, estos ofrecimientos fueron rechazados por Julio Álvarez por considerar que no obedecían al tamaño del proyecto que pretenden. Pese a ello, se apoyó el diseño e integración del proyecto en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un consultor externo financiado por la SDET, apuntó. Igualmente se respaldó la constitución legal de la sociedad Exótica Textiles, para que el proyecto pudiera presentarse al Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, como lo pide la normatividad, con una aportación de 2 millones de pesos. A pesar de esto, añadió el funcionario, nadie de la Agrupación México Despierta, a la que pertenecen las mujeres chontales, se presentó a recoger la carta de respaldo a su proyecto, lo cual ocasionó que quedara fuera de la convocatoria de Inadem, pues ayer venció el plazo, de acuerdo con sus reglas de operación. Reprochó que Julio César Álvarez no esté en ánimo de trabajar, sino de confrontar con el proyecto de la maquiladora. Destacó que existen 80 proyectos con el Inadem que fueron presentados en forma y están operando con más de mil 300 personas que trabajan y generan empleos.
“El mensaje es que los apoyos del gobierno del estado y en particular de la SDET están al alcance de todo los ciudadanos que cumplan con la norma”, enfatizó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) calificó la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de “transparente, exhaustiva y apegada a derecho” e informó que a seis meses de los hechos hay un saldo de 104 detenidos y nueve aprehensiones pendientes. Precisó también que está a la espera de que un tribunal federal ordene las detenciones por el delito de desaparición forzada contra los implicados en el Caso Iguala, las cuales fueron negadas por un juez federal de Tamaulipas. “La PGR reitera que ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho. Al respecto, se iniciaron 25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero. “En relación a la consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo la dependencia. El boletín de la PGR detalla que la SEIDO ha llevado a la cárcel a 48 agentes de la Policía Municipal de Iguala, 16 de la Policía de Cocula y 40 supuestos miembros de la banda Guerreros Unidos, los cuales fueron procesados por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.
La Procuraduría indicó que faltan nueve órdenes de aprehensión por cumplimentar contra probables involucrados en el crimen de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Medio año después de la desaparición de los 43 normalistas y a 72 días de la jornada electoral, los familiares siguen con interrogantes y reiteran que no hay condiciones para que haya comicios en Guerrero.
Agotados física y mentalmente por permanecer seis meses en la búsqueda de sus hijos, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron claros: no permitirán que haya elecciones en Guerrero. Tras marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, familiares de los estudiantes advirtieron que en la entidad no existen condiciones para llevar a cabo comicios el próximo 7 de junio. “Hemos dicho que en Guerrero no va a haber elecciones. Primero, que nos presenten a nuestros hijos, los 43 estudiantes, y después habrá elecciones. Mientras no nos los presenten, no habrá elecciones”, advirtió Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos. Abraján, uno de los dos padres que acudieron en febrero pasado a Ginebra, Suiza, para participar en el examen de México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, fue más allá y declaró que la justicia para sus hijos llegará por una u otra vía. “Mi dicho es que si el Gobierno no hace justicia, el pueblo hará justicia”, sentenció. No tienen miedo En un contingente visiblemente menor del que ha participado en otras movilizaciones, marcharon activistas como el padre Alejandro Solalinde, y se vio ondeando banderas con el rostro de la periodista Carmen Aristegui. Los padres de familia afirmaron que no creen en la información que les ha dado el Gobierno federal sobre el supuesto destino de sus hijos pues, dijeron, el grupo de peritos argentinos que coadyuvan en la investigación les ha dado indicios de que no es sostenible la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. “El gobierno lo que ha hecho es jugar con nosotros, nos ha mentido siempre. Primero, con que estaban en las fosas; pero gracias a los forenses argentinos, desmintieron eso. Ahora nos salen con que fueron quemados en el basurero de Cocula y que los aventaron al río. ¿Cómo piensa que le vamos a creer después de todo lo que ha hecho?”, lanzó Janet Arzola, hermana del estudiante Francisco Arzola. “Creo que el dolor de madre ya se me volvió furia contra este gobierno. Nos ha quitado tanto, que nos quitó hasta el miedo. No tenemos miedo, seguiremos luchando”, comentó María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, uno de los desaparecidos. Los padres de familia pidieron a quienes los han apoyado que no los dejen solos en la búsqueda de sus hijos, pues gracias a la presión social que se ha ejercido sobre los autoridades, es como no se ha dado carpetazo al caso. Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, pidió que no se piense al movimiento como uno que incita al odio, sino que solo buscan justicia. “El movimiento de los padres no es para sembrar odio en el pueblo de México. El movimiento de los padres tiene una sola finalidad, que es la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes”, manifestó. La movilización transcurrió sin incidentes, salvo algunas pintas realizadas por jóvenes encapuchados en algunos edificios y esculturas del Paseo de la Reforma.
La próxima cita que lanzaron los padres de familia fue para el 4 de abril, fecha en que se realizará la Asamblea Nacional Popular en la localidad de Ayotzinapa, en Guerrero. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
CANCÚN, Q. Roo: El Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito resolvió a favor de los 12 comuneros detenidos en la isla de Holbox, por lo que en breve deberán ser puestos en libertad. Alejandro Aguirre Bonfil, abogado de los campesinos arrestados el pasado 24 de julio, indicó que esa instancia confirmó el amparo concedido en diciembre de 2014 por la juez tercero de distrito, Ana María Nava Ortega. No obstante, a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Ministerio Público del Fuero Común presentó un recurso de revisión que hoy finalmente quedó resuelto. “Para nosotros esto es una victoria, pero no basta el papel, hace falta la salida”, dijo el abogado, quien indicó que habrá que esperar que corra el procedimiento para que Nava Ortega sea formalmente notificada y ésta, a su vez, ordene al Juzgado Séptimo de Distrito la libertad de los comuneros, acusados de delitos ambientales por la supuesta tala de mangle y otras especies protegidas. Aguirre Bonfil consideró que probablemente mañana los 12 pobladores de Holbox abandonarán el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad. El litigante explicó que el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito confirmó que en la detención de los holboxeños se violó el debido proceso que establece el artículo 16 de la Constitución General de la República, porque fueron puestos a disposición de manera ilegal por parte de inspectores de la Profepa, que son una autoridad contenciosa administrativa. Esos inspectores, agregó, no son policías, no pueden hacer detenciones ni poner a nadie a disposición del Ministerio Publico. Esa medida, en todo caso, correspondía a los elementos de la Marina que participaron en el operativo, apuntó.
Las personas que en breve obtendrán su libertad son: Lorenzo Poot Canché, Reyes Gaspar Chi Aké, Alfredo Sánchez Marfil, Walter Pinzón Kumul, Alberto Lugo Canul, Alfredo Poot Balam, Carlos Piste Chan, Perfecto Piste Chi, Alfredo Canul Abán, Eliseo Noh Huchim, Víctor Cocom Dzib y Sergio Pontan. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
La Marina capturó el día de ayer en Nuevo León a “El Charly”, identificado como líder del Cártel de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro Garza García.
El jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro fue detenido ayer por elementos de La Marina. Extraoficialmente se sabe que el capo aprehendido es conocido como “El Charly” y es el encargado de la venta de droga en el municipio sampetrino principalmente en la zona del Centrito. “El Charly” está identificado con “La Oficina”, como se le llama al grupo de los Beltrán Leyva que opera en el municipio de Nuevo León. Es un grupo que ha sido vinculado con la Policía de San Pedro y con el polémico “Grupo Rudo”, que operó durante el gobierno de Mauricio Fernández. El día de ayer la Marina realizó diferentes operativos en Monterrey y en el municipio de San Pedro. No hubo información oficial sobre estas acciones de la Marina, pero la información fue confirmada por fuentes extraoficiales. El más notorio de los cateos se registró en la colonia Lomas del Hípico, al sur de Monterrey, pero también hubo presencia de marinos en la colonia Valle Alto. La captura de “El Charly” se da en medio de una disputa por parte de los principales cárteles de la droga del municipio de San Pedro y la incursión del Cártel del Golfo. La detención de “El Charly” ocurre tres semanas después de la aprehensión de Omar Treviño Morales, “El Z-42”, líder del Cártel de los Zetas, en la colonia Fuentes del Valle. El Cártel de los Zetas, desde la aprehensión de Miguel Ángel Morales, “El Z-40”, tenía una alianza con los Beltrán Leyva en San Pedro. La detención de Treviño Morales puso al descubierto una gran cantidad de bienes como residencias y vehículos de lujo propiedad del “Z-42” en el municipio de San Pedro. También desató una crisis de seguridad en el municipio gobernado por el PAN. Apenas el día de ayer, el alcalde Ugo Ruiz destituyó como secretario de Seguridad a Sergio Palacios, mando encargado de la policía sampetrina desde la época de Mauricio Fernández. En su lugar Ugo Ruiz designó al exPolicía Federal Juan Manuel Osorno Mayo. “El Charly” está identificado como uno de los líderes de la organización de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro. Hace dos semanas trascendió que Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, detenido hace 6 años, había regresado al mencionado municipio. Hace seis años Héctor Huerta Ríos “La Burra”, líder de los Beltrán Leyva, fue detenido en el Centrito.
Desde entonces las autoridades no habían realizado detenciones ligadas a esta organización criminal que opera en San Pedro. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: No sólo las marchas y manifestaciones afectan a los comercios ubicados en el centro histórico; el cierre de calles provocado por la filmación de la nueva película de James Bond dejó perdidas económicas a los establecimientos comerciales. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Distrito Federal (Canacope), aproximadamente seis mil 500 comercios fueron afectados debido a las pocas ventas que registraron por el cierre obligado para la filmación de “Spectre” en las calles Tacuba, Uruguay, Corregidora y Eje Central. Peor aún, los negocios reportaron pérdidas en 60% en sus ventas, mientras que alrededor de 35 mil fuentes de trabajo fueron afectadas. Ante esta situación, el presidente de la Canacope, Gerardo López Becerra, aclaró en conferencia: “por supuesto que estamos de acuerdo en que una película tan taquillera y con tanta proyección como la serie de James Bond venga a filmar a México y tome en cuenta nuestras calles y folklore, por supuesto que apoyamos este proyecto”. Sin embargo, agregó que las autoridades y el equipo de producción debió planear hacerlo “compaginado con la actividad comercial, mercantil que a diario tenemos, porque si solamente cerramos vialidades y afectamos la vida comercial, afectamos no solamente a seis mil 500 negocios, sino a las familias de los trabajadores que dependen de estos negocio”. El líder empresarial consideró que la perspectiva para la época vacacional de Semana Santa es positiva, ya que se prevé que el DF recibirá cerca de un millón 400 mil turistas nacionales y extranjeros quienes dejarán una derrama económica de 3 mil millones de pesos durante la temporada. López Becerra aclaró que giros como jugueterías, talleres mecánicos o de bicicletas, así como venta de artículos deportivos especializados en deportes acuáticos tienen un especial repunte hacia el Sábado de Gloria y días siguientes, ya que muchos padres de familia habilitan albercas infantiles en el interior de sus hogares.
Agregó que visitar la Ciudad de México durante la Semana Santa es una de las mejores opciones para el turismo nacional y extranjero por sus invaluables edificios, plazas, templos, calles y avenidas con valor histórico; además de sus atractivos museos, zonas comerciales y la inconmensurable oferta culinaria atractiva para cualquier bolsillo y gusto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Ante varios miles reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, el normalista de Ayotzinapa, Juan Caseta llamó a la ciudadanía a defender la democracia en los medios de comunicación, en referencia al despido de Carmen Aristegui de MVS. “Si el gobierno acaba con los medios democráticos y libres, nuestro movimiento se cae”, alertó en lo que fue la Décima Jornada Global por Ayotzinapa. A seis meses de la noche trágica de Iguala, padres de los 43 estudiantes desaparecidos se trasladaron una vez más hacia la Ciudad de México para entregar al titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, su petición de cancelar las elecciones en Guerrero y reiterar su exigencia de la presentación con vida de sus familiares. “¡No nos dejen solos!, su presencia nos llena de fortaleza”, pidió María Helena Guerrero Vázquez, madre del normalista Giovanni Galindas Guerrero. Como la guerrerense, durante el mitin los demás familiares de los normalistas expresaron su agradecimiento a los asistentes a la marcha. Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, subrayó que “cuando somos pocos nos reprimen y debemos retroceder”. Sin embargo, enfatizó: “aquí estamos con la misma fuerza y la misma desesperación que el primer día”. Con voz recia, preguntó: “¿Cuánto cuida uno a un hijo para que no le pase nada?”. Recordó que su esposa salió a Estados Unidos como representante del comité de padres de los normalistas desaparecidos y advirtió: “No importa que no esté con ella, iremos al otro lado del mundo si es necesario”. Yaneth, hermana de Luis Francisco Arzona, abundó: “sin ustedes el gobierno no nos haría caso”. Los padres de los estudiantes desaparecidos insistieron en que su movimiento es pacífico. “No sembramos odio, sólo exigimos la presentación con vida de nuestros hijos”. Además, celebraron el trabajo que realizan tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de los hechos violentos de hace medio año. Un abogado del grupo, identificado como Isidro, insistió en que “tenemos un acompañamiento de mucha seriedad, el GIEI recomendó al gobierno a retomar la búsqueda con vida de los 43”. Por ello, llamó a los ciudadanos a “estar atentos a las investigaciones”. Convocada a las cuatro de la tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia, la marcha comenzó con una hora de retraso en espera de que llegara más gente. En los últimos seis meses, la causa de Ayotzinapa llegó a reunir a decenas de miles de personas provenientes de todos los sectores sociales. Incluso, desbordó el Zócalo capitalino, tanto de gente como de un clima eléctrico que llevó a miles de manifestantes a aplaudir la quema de un muñeco representando al presidente Enrique Peña Nieto. Hoy fueron relativamente pocos los que iniciaron la marcha. Los contingentes de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales, encabezados por un comité de padres de los desaparecidos y de normalistas, arrancaron sin llenar el carril derecho del Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Palma, a unos 250 metros de distancia. Aún así, en el transcurso de la marcha –la cual se llevó a cabo sin incidentes– se agregaron más contingentes, por lo que la explanada del Monumento a la Revolución terminó llena. “Pedíamos educación, nos respondieron con balas”, explicó en el camino y con un micrófono en la mano un normalista. “Atrás de nosotros están abrazadas muchas causas que son justas”, añadió. Entre las consignas y pancartas que suelen acompañar el movimiento de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa se oyeron gritos aislados exigiendo el regreso al noticiero de MVS de Carmen Aristegui. Escasas pintas recubrieron paredes, entre ellas una en la banqueta frente del edificio del ISSSTE, que decía de manera sobria: “6 meses y aún nos faltan 43”. Una más, a pocos metros, aseveraba: “La justicia no vendrá de los culpables”.
Según el reporte oficial del Gobierno del Distrito Federal, a la marcha asistieron alrededor de mil 500 personas. En un breve comunicado, agregó que “la movilización se realizó de forma pacífica y solo un grupo de autodenominados anarquistas realizó pintas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones. En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano. El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal. En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada. La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial. Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”. En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula. El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad. Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”. De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta. Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas. Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores. La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El expresidente del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre anunció esta mañana que padece cáncer de próstata. En entrevista con Grupo Fórmula, Gutiérrez de la Torre también dijo que lleva dos intentos de suicidio. “Duermo poco, no voy con un psicólogo, voy con un psiquiatra, he tenido dos intentos de suicidio”, declaró hoy por la mañana. Dijo que un día se tomó diez pastillas de Rivotril para dormir, lo que lo llevó de urgencias a un hospital. Y que la segunda vez fue el mes pasado, con una pistola. El priista acusó a sus correligionarios María de los Ángeles Moreno, Adrián Ruvalcaba y Arturo Barajas de orquestar una campaña en su contra. A un año de que la periodista Carmen Aristegui publicara un reportaje en la cadena MVS en el que exhibía cómo desde el PRI capitalino se ofrecían puestos de trabajo a cambio de servicio sexuales, Gutiérrez de la Torre dijo que su trayectoria política está acabada. Gutiérrez de la Torre acusó a Aristegui: “Me asesinó políticamente, me descuartizó”. Anunció que analiza demandar a la periodista.
El viernes pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinó mantener a Cuauhtémoc Gutiérrez en las filas de su partido, aunque suspendió de manera indefinida sus derechos políticos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El miércoles por la noche fue arrojada una bomba a las instalaciones de Televisa, en Matamoros, Tamaulipas. La bomba fue arrojada alrededor de las 23:15 horas desde una camioneta. No se reportan personas lesionadas. Este es el segundo ataque contra Televisa Matamoros en este año; el pasado seis de febrero también fue arrojada una granada que provocó lesiones a dos guardias. En aquella ocasión, el explosivo fue lanzado contra el estacionamiento de la televisora y provocó daños a la fachada del inmueble.
También en febrero pasado, personal administrativo y de la redacción del diario El Mañana de Matamoros renunció por el secuestro del director de dicha publicación, Enrique Juárez Torres. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Ante la pretensión de MVS de imponer "nuevos lineamientos editoriales", Aristegui invocó a la figura de árbitro, que contempla su contrato y designada con anterioridad al conflicto. Reveló a Reforma que el árbitro es José Woldenberg,ex presidente del IFE. MVS rechazó su intervención, alegando que se trataba de un tema de "gobierno corporativo," y no un asunto editorial.
La periodista Carmen Aristegui afirmó en entrevista para el periódico Reforma que existe un intento por aniquilar su espacio de noticias en radio y televisión. A pesar de que es a ella a quien se ha querido hacer pasar como alguien que tuvo actitudes de intransigencia, fue la empresa MVS, explicó la periodista, la que no quiso negociar el diferendo surgido hace dos semanas. La concesionaria incluso obstaculizó la intervención de un árbitro, figura establecida en el contrato, que es José Woldenberg. Aristegui solicitó dos veces que Woldenberg mediara entre ella y la empresa de Joaquín Vargas. En vez de permitir que el árbitro se allegara de elementos y pudiera intervenir, MVS se negó en sendas ocasiones a ello. En la entrevista con Guadalupe Irízar, Aristegui indicó que en este momento ya “hay un grupo de abogados y están en la fase de diseño de la estrategia legal. Estamos trabajando como en el circo, en varias pistas. Si prosperara este golpe, sería una señal terrible, no solo para los periodistas”. Aquí un fragmento de lo publicado este jueves en Reforma: ¿Otro golpe, otra generación? Invocaste hace unos días a Miguel Ángel Granados Chapa, a Julio Scherer y Vicente Leñero. Ellos enfrentaron un golpe en Excélsior en 1976. ¿Es algo similar?
Los evoqué primero porque son nuestros maestros, porque su ejemplo, su batalla, su entereza, su congruencia debe ser recordada y vivida y emulada. Invoqué la idea de golpe porque sin compararnos ni de broma con ellos en términos de nuestro tamaño o dimensión, hay un componente que nos hermana: un golpe procedente de las estructuras del más alto poder en contra de un grupo de periodistas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Mayoría de senadores no consideró de "urgente resolución" los puntos de acuerdo presentados por legisladores de diferentes partidos.
En votación económica, y por mayoría priista, el Senado de la República no consideró de urgente resolución los puntos de acuerdo presentados este jueves, en favor de la periodista Carmen Aristegui. Al respecto, el panista Javier Corral consideró que el bloqueo a la discusión “es la prueba que la complicidad brinda a la censura“. En la sesión de este día, se habló del caso aproximadamente 1 hora, pero no fue discutido a fondo, sino turnado a comisiones y a la Junta de Coordinación Política. El caso MVS fue abordado por los senadores Javier Corral, Dolores Padierna, Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Layda Sansores y Marco Antonio Blásquez Salinas. Sorprendió la breve intervención, desde su escaño, del senador del PAN, Javier Lozano -ex secretario de Comunicaciones y Transportes- quien solicitó llevar a su comisión uno de los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo le ofrecen a la periodista Carmen Aristegui un espacio tanto en el Canal del Congreso, como en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), lo cual será abordado por comisiones y la propia Junta de Coordinación Política, cuando ésta lo determina. El presidente de esa junta es el priista Emilio Gamboa. Mientras el tema era abordado en la tribuna del Senado, los senadores priistas Omar Fayad y Gamboa intercambiaron opiniones. “Orfandad informativa” El primero en tomar la palabra fue Corral, quien expresó que “muchos mexicanos sentimos una orfandad informativa”, tras la salida del aire de Aristegui. El panista hizo un llamado a la empresa a que respete cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que con la periodista suscribieron. “La voz de Carmen Aristegui es una voz necesaria en el proceso democrático de México”, aseveró. Si es que, como se dice, es un conflicto entre particulares, “no se trata de dos particulares cualquiera, porque uno es concesionario de un bien público, como es el servicio de radiodifusión, y ella presta también un servicio público, el derecho a la información”. “Se quiere reducir, por confesión de la Secretaría de Gobernación, a un asunto de empresa y una prestadora de servicios”, refirió. El comunicado de la Segob “más que deslinde, sonó a un mea culpa”. Para el senador del PAN, “se inventó un conflicto que condujera al despido de la periodista” y es un “acto más que forma parte del vendaval autoritario”. Consideró que “existe una gran presión para que la empresa, por su propia naturaleza, recuperara el control editorial de la periodista, en sus cuatro horas”. Juntos, todos los conductores del horario matutino, no “le llegaban ni a los talones a la Primera emisión de Noticias MVS con Carmen Aristegui”, dijo Corral. Hay un “ambiente creciente de presión sobre la empresa, y una puñalada trapera al pueblo de México”. “El Senado de la República no se puede quedar al margen, es hora de que distingamos el delicado momento que vive México, que nos solidaricemos con la periodista y su equipo, que alcemos la voz, porque van a venir por otros más. No es casualidad que un policía sea el Secretario de Gobernación. Después de este silenciamiento, viene la represión. Es el momento más delicado que la crisis que vive México”, agregó. Un golpe a grupo de periodistas La senadora del PRD, Dolores Padiernas, manifestó que el despido de Carmen Aristegui se suma a una larga lista de agravios y es una muestra de la arrogancia gubernamental. La perredista aseveró que al gobierno federal “poco le importó el costo que deba asumir. El golpe a este grupo de periodistas viola principios constitucionales fundamentales: la libertad de expresión y manifestación de las ideas; el derecho a la información; el derecho de réplica y destacadamente, el derecho, nuestro derecho, de las audiencias”. “Los concesionarios son propietarios sólo de los equipos con los que se operan y con los que obtienen ganancias”, señaló. “El conflicto entre MVS y Carmen Aristegui no es un litigio entre particulares. El Estado está obligado a garantizar los principios constitucionales”, añadió. “Estamos ante el peor escenario que el país ha enfrentado en décadas”. En el mismo sentido se pronunció Zoé Robledo, quien habló a nombre de Mario Carrillo, cuya propuesta fue abrirle a Aristegui un espacio en el Imer. Por su parte, el senador del PT, Manuel Bartlett, comentó que “no puede negar los derechos del auditorio” y MVS “tiene obligación de explicar a su auditorio el silenciamiento, que no puede ir más allá de su coartada, tendría que reconocer que obedece a exigencias del gobierno” de Enrique Peña Nieto. El petista dijo que el objetivo del gobierno es “eliminar a la periodista, por el talento y capacidad con el que despliega sus investigaciones”, como la de la casa blanca. “MVS hace la labor sucia de Peña Nieto de liquidar a esa personalidad que irrita”, abundó el petista y ex secretario de Gobernación. “Sabiendo Peña Nieto el costo de liquidar a Carmen Aristegui, lo hace”, indicó. “El gobierno de Peña Nieto no podrá silenciar a México”, finalizó Bartlett. A su vez, Layda Sansores consideró que “el despido de Aristegui es el lenguaje del poder autoritario sin límites”. “No es la primera vez que a la periodista se le toma como moneda de cambio”, apuntó. Sobre Aristegui, Sansores mencionó que es “la voz clara, valiente, profesional, que investiga y denuncia la corrupción e impunidad que reina en esfera de los intocables”. “Se había convertido en el espejo más fiel de Peña y su gobierno… en lugar de agradecer su retrato, prefirió hacerlo añicos”, expresó la senadora. “La casa blanca desquició al gobierno, sepultó la credibilidad de Peña Nieto, lo evidenció como corrupto… pasó de la defensa a la venganza, al más puro estilo de los cobardes, porque clava la puñalada y esconde la mano”, dijo. “Este es un desafío a los ciudadanos”, apuntó en referencia a la columna publicada esta semana por el periodista Eduardo Huchim, en el diario Reforma. “Carmen Aristegui no debe ser despedida, quien debe ser despedido es Peña Nieto, que se vaya”, remató Layda. Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, también abordó el caso: “Ante un régimen, una comunicadora sería inferior en fuerza, y también un concesionario público, le hablo a Joaquín Vargas, es inferior en fuerza (…). “Yo le pido al presidente de la República y al régimen que respeten a los periodistas, que no usan guaruras, ni carros blindados, su única arma es la pluma (…). “Al presidente el pueblo lo va a enjuiciar, no sé qué pueda estar haciendo en 4 años… Lo que sí sé es que Carmen Aristegui va a estar de pie, con la frente en alto (…). “Quiero de manera respetuosa pedirle a don Joaquín Vargas que retome el diálogo con Carmen… sé del riesgo que corre la familia Vargas… los políticos somos temporales y los medios perennes. “Abramos el diálogo, sentémonos, este no es un tema más que de ustedes dos”, sostuvo. Tras la votación que no consideró los puntos de urgente resolución, Corral rechazó que su punto se turnara a la Junta de Coordinación Política. Llamó la atención que la senadora del PRI, Mayela María de Lourdes, buscó que la comisión que encabeza, la del Trabajo, atrajera el punto de acuerdo.
Finalmente, los puntos fueron turnados a diferentes comisiones y la Junta. Las propuestas de Delgado y de Encinas fueron turnadas a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. VÍDEO:
Estar en una cárcel en México no solo implica una condena legal, también, es nocivo para la salud. Algunos funcionarios detenidos en prisiones federales acusan de los malos servicios médicos. La reciente muerte de Salma Karrúm- quien fuera alcaldesa de Pátzcuaro, recluida por presuntos nexos con el narcotráfico- ha encendido las alarmas
Salma Karrúm fue detenida en septiembre del año pasado. A la exalcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán se le acusó de por tener nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios. El fin de semana pasado, Karrúm murió en un hospital de Morelia a donde había sido trasladada apenas dos días antes del penal de Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez” en el que se encontraba recluida. Padecía cáncer. Familiares de la exfuncionaria priista aseguraron a medios locales que personal del penal no hizo caso de las complicaciones de salud que la reclusa presentaba. El caso de Karrúm no es el único entre los funcionarios michoacanos que han sido detenidos en los últimos meses. La dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Michoacán informó que a los cuatro alcaldes procesados en cárceles de la entidad, el encierro sorpresivo les ha repercutido afectaciones a su salud. Detalló que algunas de esas afectaciones han ameritado la intervención urgente de los servicios médicos del penal, como es el caso de la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, quien sufre por problemas de hipertensión arterial. De acuerdo a fuentes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, cuatro alcaldes, un exdiputado local y el exgobernador de Michoacán, que se encuentran en prisiones federales, han solicitado servicios médicos de urgencia en las últimas semanas, debido a complicaciones en su salud. Pero además, casi el 80 por ciento de los reos federales solicitan atención médica todos los días, al incrementarse los padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión, diabetes, hepatitis, alteración prostática y otros relacionados con diversos tipos de cánceres. Inconformes por la falta de atención El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna, se encuentra tratado medicamente por hipertensión arterial grado dos. El servicio médico del penal federal ha recomendado que el exfuncionario -quien se encuentra preso en la cárcel federal de Almoloya por presuntos nexos con el cártel de los Caballeros Templarios- tenga una dieta especial, la que le prohíbe el consumo de azucares y sal. Reyna García se ha inconformado en repetidas ocasiones por no recibir el medicamento en forma puntual, incluso interpuso dos amparos en un juzgado de Toluca, los cuales ganó y el juez ordenó al servicio médico del Cefereso Uno la dotación puntual de medicinas para el quejoso. El exgobernador michoacano también demandó atención médica especializada en materia gastrointestinal, pero el servicio médico de la prisión federal consideró que no es necesaria la intervención médica exterior, limitando las consultas clínicas al personal médico que labora en ese centro de readaptación social. En la misma condición se encuentra José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local de Michoacán, también preso en Almoloya por presuntos nexos con el crimen organizado. A Martínez Pasalagua se le ha tratado por un problema de gastritis agudo y reflujo nocturno, una infección gastrointestinal severa, un problema respiratorio agudo y problemas de depresión moderada. No ha sido internado en el hospital del Cefereso, pero está medicado y su tránsito está limitado al interior de su celda. Actualmente recibe un tratamiento para el control de los problemas derivado de una colitis nerviosa. El exdiputado se ha quejado -en cartas enviadas a algunos de sus amigos en Morelia- por el aislamiento y la falta de llamadas telefónicas, que asegura lo “están volviendo loco”. Como parte de su tratamiento contra la depresión, la dirección de la cárcel federal de Almoloya le ha permitido dibujar y hacer pintura al óleo. Los males de Abarca De acuerdo a fuentes consultadas en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, mantiene una alerta permanente por lo delicado de su salud. El exfuncionario, señalado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sufre problemas de hipertensión arterial y una constante baja de defensas inmunológicas, lo que lo mantiene en tratamiento médico con antibióticos. A causa de una gastroenteritis infecciosa, el exalcalde fue internado en dos ocasiones en el hospital dentro de la cárcel federal de Almoloya, sin que se haya requerido a la fecha el tratamiento clínico externo, como él lo llegó a solicitar a través de su defensa. Debido a los recurrentes padecimientos de salud, al indiciado de delitos graves como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, no se le ha permitido la convivencia con el resto de la población carcelaria. Después de permanecer en área de ingreso del Centro de Observación y Clasificación (COC), Abarca fue asignado a una celda de aislamiento, en donde recibe medicamento tres veces al día. Además, el exalcalde lleva una dieta especial, clasificada como hipercalórica, para disminuir los estados depresivos en los que se hunde frecuentemente. Debido a su disminuida condición de salud, Abarca ha sido recomendado por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso Uno para no realizar prácticas al aire libre. Se le permite tomar el sol únicamente media hora al día y no se le autoriza correr en el reducido patio al que se le saca entre las 10 y las 11 de mañana, todos los días, vigilado siempre por dos custodios. Les cobran factura
Aquienes también les ha pasado caras facturas la cárcel por las enfermedades que se les han venido de golpe, es a los alcaldes Feliciano Álvarez, de Cuetzala, Guerrero; y Ricardo Gallardo, de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Ambos están bajo tratamiento médico, el primero por problemas de hipertensión y el segundo por depresión y problemas gástricos infecciosos severos. Álvarez está preso en la cárcel federal de Matamoros acusado de secuestro y narcotráfico, mientras que Gallardo permanece en la cárcel federal de Hermosillo, señalado por desvío de recursos. Las fuentes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social indican que su salud, aunque estable, se nota disminuida frente a la que mantenían al momento de ingreso a la prisión. Otros enfermos La defensa de al menos cinco de los alcaldes michoacanos que se encuentran presos acusados de nexos con el narcotráfico han alegado males de salud de sus clientes. Jesús Cruz Valencia Preso en la cárcel federal de Tepic > Ha estado internado en por lo menos una ocasión en el hospital al interior del Cefereso 4 por una descompensación de la presión arterial, producto de su estado anímico. > Se encuentra en tratamiento psicológico constante debido a la dificultad que le ha representado asumir la prisión, la que manifiesta con estados de desorientación y confusión temporal, misma que se expresa en la imposibilidad ocasional de hilar frases coherentes. > El reo es también recurrente en padecimientos de infecciones respiratorias agudas. Jesús Cruz Valencia Preso en la cárcel federal de Tepic > Ha estado internado en por lo menos una ocasión en el hospital al interior del Cefereso 4 por una descompensación de la presión arterial, producto de su estado anímico. > Se encuentra en tratamiento psicológico constante debido a la dificultad que le ha representado asumir la prisión, la que manifiesta con estados de desorientación y confusión temporal, misma que se expresa en la imposibilidad ocasional de hilar frases coherentes. > El reo es también recurrente en padecimientos de infecciones respiratorias agudas. Dalia Santana Pineda Exalcaldesa de Huetamo > Ha sido atendida de urgencia por problemas de hipertensión arterial, resultado de los estados de angustia e insomnio en los que de manera frecuente se encuentra la reclusa. > Ha pedido servicios médicos externos, pero se los ha negado la dirección del penal estatal. Uriel Chávez Mendoza Exalcalde de Apatzingán > Se encuentra en tratamiento médico para resolver s problemas infecciosos en el tracto respiratorio y bucofaríngeo, los que se han agudizado en las últimas semanas, cuando él mismo manifestó al departamento de psicología un “estado de tristeza increíble”. Arquímedes Oseguera Solorio Exalcalde de Lázaro Cárdenas > No ha ingresado de urgencia a los servicios médicos del penal, aun cuando ha hecho solicitudes a la dirección para el suministro del exterior de medicamentos para el tratamiento del pie de atleta, infecciones cutáneas e infecciones gastrointestinales severas. José Luis Madrigal Figueroa Exalcalde de Numarán > Ha registrado problemas de salud relacionados a un estado depresivo casi permanente, que se complica con una alza en los índices clínicos de la presión arterial. > Tiene disminución en el apetito y en consecuencia una notable pérdida de peso. Solo y enfermo Los padecimientos de salud de José Manuel Mireles se han agravado desde su ingreso al penal federal de Hermosillo. El fundador de los grupos de resistencia civil contra el crimen organizado en Michoacán, actualmente está sometido a tratamiento médico para el control de la diabetes y la hipertensión arterial. Oficialmente no se ha reconocido que los problemas de salud de Mireles pudieran poner en riesgo su vida, pero fuentes al interior de esa cárcel federal revelan que el líder de las autodefensas michoacanas ha sido segregado de la población carcelaria, a fin de poder tener acceso más rápido a los servicios de salud de la institución. Mireles se encuentra asignado en una de las dos celdas dentro del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal. Estos espacios son reservados para pacientes con padecimientos especiales de salud. Allí, hasta el acceso del aire y la luz están controlados por los custodios y nadie que no sea del servicio médico tiene permiso de entrar. Mireles tiene limitado su tránsito a un espacio de 2 por 3 metros. No tiene acceso a actividades recreativas, como deporte, dibujo, pintura, música o prácticas religiosas. Solo se le tiene autorizada la lectura, con la posibilidad de escribir cartas dos veces a la semana. Se le facilitan 5 sobres y 6 timbres postales de 7 pesos cada uno, cada 10 días. El Consejo Técnico Interdisciplinario de la cárcel federal de Hermosillo deteminó que debido a su condición delicada de salud, Mireles reciba la alimentación en la puerta de su celda, sin posibilidad de desplazarse hasta el área de comedores.
El interno ha reclamado en varias ocasiones la atención médica especializada externa, pero se le ha negado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Guerrero sigue bajo el fuego normalista luego de que ya pasaron seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A medio año de la trágica –y aún indescifrable– noche del 26 de septiembre que vivieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Guerrero sigue bajo el fuego normalista. Además de las dudas de los padres de familia sobre la versión oficial de lo ocurrido con sus hijos desaparecidos en Iguala, los próximos comicios en la entidad no hacen más que echarle leña. Familiares de los 43 jóvenes, así como normalistas y simpatizantes con el movimiento, anunciaron que mañana realizarán manifestaciones y acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE) para advertir que no permitirán que haya elecciones en el estado. Los padres entregarán documentos donde expondrán la inexistencia de condiciones para que se realicen comicios el próximo 7 de junio. Ya en febrero el vocero de los padres de familia había advertido sobre la infiltración del crimen en la política.
“Ningún municipio va a ser gobernado por ningún político de ningún partido. Dicen que votar es nuestro derecho, pero ¿qué derecho podemos defender si ya se llevaron todos nuestros derechos? Solo nos queda defender el artículo 39 que dice que el poder emana del pueblo y el pueblo decide quién lo gobierna”, dijo Felipe de la Cruz. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la sanción impuesta al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por uso indebido de propaganda al promover su Tercer Informe de Gobierno en otras entidades. Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros confirmaron la sanción impuesta el pasado 29 de enero a Eruviel por haber promocionado su informe en 69 estaciones de radio y cuatro canales de televisión en 19 entidades de país. Este caso volvió al Consejo General del INE por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que pidió al Instituto contestar claramente los agravios expuestos por los funcionarios del Estado de México. Hoy los consejeros resolvieron que el gobernador mexiquense sí violó el artículo 134 constitucional que prohíbe la propaganda personalizada con promocionales en lugares fuera del ámbito de responsabilidad. Tras la ratificación de la sanción el Congreso del Estado de México deberá aplicar las multas a las emisoras responsables, que van de los siete a los 24 mil pesos. La denuncia fue interpuesta por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Durante la discusión, que se prolongó por más de dos horas, los consejeros Adriana Favela, Enrique Andrade, Beatriz Galindo y Benito Nacif, quienes votaron en contra, propusieron cambiar las sanciones contra el gobernador con el argumento de que las pruebas presentadas carecen de certeza ante los alegatos del gobernador. El consejero Benito Nacif argumentó que desde que se discutió este caso, “no había elementos en el expediente que imputaran directamente al gobernador” y que las leyes estatales “no lo hacían directamente responsable”, por lo cual decidió votar en contra del proyecto. Por su parte, la consejera Favela señaló: “Sí se transmitieron algunos mensajes fuera del Estado de México, pero estas empresas lo que alegan fue, primero, que ni siquiera fueron contratadas por el Gobierno del Estado de México, y en segundo lugar, que se debieron a fallas técnicas. Entonces, yo creo que aquí hay muchos elementos que se tienen que considerar y que desafortunadamente en el proyecto que se nos presenta no están debidamente contestados los argumentos”. La consejera Beatriz Galindo, de plano dijo que no percibió responsabilidad en el gobernador porque, según su percepción, sólo se difundió el mensaje en los 125 municipios del Estado de México. El consejero Ciro Murayama criticó a los consejeros que impugnaron el dictamen al recordarles que el 22 de octubre del año pasado ellos estuvieron de acuerdo con la sanción que se le impuso, por faltas similares, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. “Es paradójico que algunos de mis colegas que votaron en un sentido identificando la responsabilidad del gobernador de Puebla, ante una conducta similar digan que no procede”, les reviró Murayama. Y pidió a los consejeros: “No nos cambiemos de gafas, usemos las mismas, las de la objetividad”. Finalmente el proyecto sancionador contra Eruviel Ávila fue aprobado por siete votos contra cuatro. A favor votaron Pamela San Martín, Ciro Murayama, Lorenzo Córdova, Arturo Sánchez, Roberto Ruiz y Marco Antonio Baños, y en contra, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Enrique Andrade y Benito Nacif.
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y el Congreso local contarán con 15 días para informar al INE las medidas aplicadas para acatar la resolución. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
