“Pasamos de mover a México, a mover a México al precipicio”, aseveró la politóloga.
Enrique Peña Nieto enfrenta una coyuntura crítica: es un dinosaurio acorralado; un gobierno priista que prometió renovación, nuevos tiempos, mover a México, reformas estructurales de gran envergadura, y que a dos años y medio, casi tres del sexenio, ha sido de oportunidades pérdidas, de errores muy graves, malos manejos económicos, malos manejos políticos, sostuvo la politóloga Denise Dresser. En entrevista para Aristegui CNN, la doctora habló sobre la encuesta que publicó el periódico Reforma, la cual muestra un “gran sentir popular de descontento, ciudadanos que ven sobre todo en el ámbito económico, un sexenio que va siendo cada vez más fallido”. Apuntó que el gobierno actual es “insensible ante una serie de crisis que fueron surgiendo; (como) el asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa…; los eventos en Tlatlaya, en los cuales el Ejército asesinó a civiles; las revelaciones de corrupción de muy alto nivel”. Sobre la casa blanca, señaló que “involucra la corrupción, un posible conflicto de interés. Esta conjunción de factores, lleva a que los líderes del país opinen que Enrique Peña Nieto tiene una calificación de tres sobre 10 en temas de corrupción. Para los líderes la corrupción se ha vuelto el tema central que está manchando la imagen del gobierno”, recordó Dresser. En conjunto, se “está acorralando a Peña Nieto, no ha sabido responder de buena manera. Su respuesta ha sido ignorar o silenciar a la crítica, silenciar a los mensajeros, o nombrar a un secretario de la Función Pública para investigar el conflicto de interés, que llega al puesto con conflicto de interés porque es amigo y empleado del presidente, o lo ha llevado a culpar a los factores externos”. Consideró que los líderes y ciudadanos “ven a un gobierno cada vez más corrupto y cada vez más incompetente”. Explicó, también, que “no sólo es el contexto mundial que incide en México, es un mal manejo administrativo” “Parece que tenemos a un secretario de Hacienda bipolar, que ha llevado a un estancamiento económico”, aseveró. “En los casos de corrupción prefieren echarlos abajo del tapete, o como en tu caso (salida de MVS), sacar del aire a personas que han revelado la información de la corrupción, en lugar de lidiar con el problema profundo”. El gobierno “se mantiene como un archipiélago de impunidad”, indicó. Enfatizó que en la encuesta publicada por el diario Reforma, “el número de personas que piensa que hay mayor libertad de expresión baja a 45 por ciento… y el número de personas que piensa que hay menor libertad de expresión, aumenta”. “Pasamos de mover a México, a mover a México al precipicio”, agregó la politóloga. “Mes tras mes vemos como va perdiendo confianza un presidente que prometió mover al país, pero lo está moviendo a la regresión, sobre todo en temas de derechos humanos, de tortura”, agregó. Dresser dijo que actualmente “vemos cómo el nuevo PRI, recurre a las viejas prácticas”; “vemos que la corrupción está anidada en todos los ámbitos de la vida pública de México con un sistema nacional anticorrupción que sigue subordinado al poder político”.
Para la doctora, la sociedad debe “exigir, lo que se viene exigiendo en los últimos meses: rendición de cuentas, transparencia, racionalización del gasto, investigación a fondo de los eventos de Tlatlaya, Ayotzinapa…”. VÍDEO:
Este es el nuevo proyecto del grupo conocido como "Periodistas de a pie".
Las “Periodistas de a pie” emprendieron un nuevo camino, ahora hacia Ayotzinapa. El grupo de reporteras y editoras estrenó recientemente el proyecto “#PeriodistasconAyotzinapa”, al que ven como “un modesto homenaje a los 43 estudiantes de desaparecidos por policías y criminales aliados y a la vista de militares pasivos, a las seis personas asesinadas en ese episodio, a los jóvenes heridos (uno sigue en coma), a sus familias que no han dejado de buscarlos, de exigir la verdad y pedir justicia, y a las y los más de 30 mil personas desaparecidas en México que nos hacen falta”. “Este ejercicio, que se acompaña de un libro electrónico, se mantendrá en construcción y abierto a los y las fotógrafos y periodistas que deseen sumar sus miradas y trazos de realidad -sus pequeñas, íntimas verdades-, porque la historia de Ayotzinapa aún carece de ‘verdad histórica’, continúa escribiéndose, apenas comienza a ser relatada. Esta apuesta por la memoria empieza y termina con un mismo grito: Fue el Estado”, se indica en su página de Facebook. Al hacer una revisión del sitio web, uno se encuentra, por ejemplo, con el texto de Rossana Reguillo, titulado “Salir a la intemperie“: … Ayotzinapa es y seguirá siendo una herida profunda, un punto de inflexión vital para la conciencia nacional, especialmente de las, los jóvenes. Ese horror que ha traído consigo también esperanza, lucha y una conversación colectiva en la que hemos empezado a decir en voz alta lo que fueron murmullos: ¡Basta! O el de Eileen Truax, “Mi barro es tu barrio“: “¿Qué harías si alguien de tu salón de clases desapareciera? ¿Y si fueran 43?”. Los letreros con las dos preguntas en inglés, pegados en muros y postes, acompañados de imágenes de José Luis Luna Torres, Leonel Castro Abarca y Luis Ángel Francisco Arzola, indicaban el camino hacia las escaleras exteriores de la biblioteca Charles E. Young de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA)… Y el de Blanche Petrich, “Los sueños rotos”: Cada testimonio que hemos recogido los periodistas de la tragedia de Iguala/Ayotzinapa nos abre una rendija para mirar al corazón de las vidas que han quedado destruidas, a sus sueños rotos. Nos quedamos, para siempre, con pequeños trozos de las pesadillas…
Así, más y más nombres; varios periodistas concentrados, escribiendo sobre el caso que el gobierno federal ha intentado cerrar, pero la cicatriz está abierta. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: La dirigencia estatal del PRD atraviesa por una crisis política interna debido a que no respetó el principio de paridad de género y alternancia en el registro ante sus órganos electorales de los candidatos a las 81 alcaldías y las 28 diputaciones locales. El criterio legal obliga a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, independientes a cumplir con el registro de mujeres en el 50 por ciento de los cargos de elección popular. Por ello, tres mujeres perredistas impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el acuerdo 052/SE del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC), porque no obliga a las dirigencias partidistas a cumplir con el concepto de equidad en el caso de las candidaturas a las alcaldías. El juicio electoral electoral ciudadano fue interpuesto el viernes 20 por Silvia Barrera Salgado, aspirante a la alcaldía del PRD; así como Reyna Ramírez Santana y Marisol Cuevas Serrano y se encuentra radicado en la sala de segunda instancia que encabeza la magistrada del TEE, Hilda Delgado Brito. Este medio de impugnación, cuya copia tiene este reportero, sacudió a la dirigencia estatal del PRD, dirigida por Celestino Cesáreo Guzmán porque el plazo para los registros de las fórmulas para las 81 alcaldías ante los órganos internos concluyó hace dos semanas y no se respetó el principio de paridad de género y alternancia. La irregularidad provocó la suspensión de la sesión del consejo político perredista contemplada para el domingo pasado donde se pretendía aprobar las fórmulas para ayuntamientos, surgidas mediante acuerdos políticos entre las principales corrientes que se han repartido de la misma manera las candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales. La dirigencia perredista extendió el plazo para aprobar las candidaturas a las alcaldías para la segunda semana de abril para modificar las fórmulas ya pactadas y cumplir con el principio de colocar a mujeres como candidatas a alcaldes en al menos 40 de los 81 municipios que conforman la entidad. La puja al interior del PRD ha provocado una crisis política ante la confrontación que mantienen los líderes de las principales corrientes, informaron a Proceso.com militantes de este partido. Las fuentes que pidieron el anonimato, aseguran que el dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán y la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica Morga han reprochado la acción de las mujeres perredistas que se han limitado a exigir el cumplimiento de la ley y respeto a los derechos políticos del sector femenino. Los alcances legales de la impugnación de las tres mujeres perredistas podría modificar también la lista de diputados locales por mayoría relativa aprobada por el Consejo perredista a principios de este mes. Las candidaturas a diputados de 28 distritos locales y nueve espacios por la vía plurinominal del PRD, fueron repartidas entre tres corrientes encabezadas por el grupo de David Jiménez Rumbo, Los Chuchos y el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En el listado perredista destacan personajes señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia y exfuncionarios de la administración del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, exdirigente estatal y actual alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca, respectivamente. El primero por la vía plurinominal y el segundo por el distrito 12 con sede en José Azueta en la región de Costa Grande. El criminal recién capturado, Servando Gómez Martínez La Tuta, líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, acusó públicamente a los hermanos Reyes Torres de estar vinculados a la banda de Los Granados, afincados en el municipio de Tecpan de Galeana donde operan impunemente y con la complacencia gubernamental debido a que se asumen como policías rurales. El alcalde de ese municipio de la región Costa Grande, Crisóforo El Toto Otero Heredia es la propuesta del sol azteca para el distrito 10 y también ha sido señalado públicamente de brindar protección al grupo criminal Los Granados, afincados en el poblado de San Luis La Loma, considerado como lugar emblemático en la geografía del narco en la entidad. El actual diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, de la corriente de Los Chuchos, ahora brinca a una diputación por la vía plurinominal y se colocó en la tercera posición, asegurando con ello su pase directo al Congreso estatal. Además, el diputado federal colocó a su esposa Maricarmen Cabrera Lagunas como candidata a diputada local por un distrito de la Costa Grande y también impuso a su hijo en la lista de regidores de la formula a la alcaldía de Chilpancingo. De la Rosa Peláez es conocido por ser uno de los principales promotores de la candidatura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por sus nexos con el narco y la responsabilidad en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En tanto que la exsecretaria de Educación durante la administración Aguirrista, Silvia Romero Suárez, fue ubicada en el segundo lugar de la lista de plurinominales. Este hecho refleja que a pesar del descrédito por el caso de corrupción que involucra a familiares y amigos, Aguirre sigue influyendo en la toma de decisiones al interior del PRD en la entidad. Por su parte, el PRI ha tratado de cumplir con el principio de paridad de género postulando a esposas de alcaldes vinculados al narco, como candidatas a diputadas locales. Esta semana Proceso dio a conocer la lista de candidatos a diputados locales del tricolor que se repartieron las corrientes encabezadas por el diputado federal Manuel Añorve Baños; el senador, René Juárez Cisneros y el exgobernador, Rubén Figueroa Alcocer. También, el senador perredista Armando Ríos Piter se acercó al PRI y en las negociaciones colocó a dos de sus operadores en las candidaturas a diputados locales por Chilpancingo y Acapulco. La mayoría de los candidatos del PRI a diputados locales, al igual que los perredistas, destacan no por su perfil profesional o trayectoria política, sino por los señalamientos públicos e informes del gobierno federal que los vinculan con el crimen organizado.
A pesar de que el caso Ayotzinapa exhibió el nivel de infiltración y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico, lo que ha llevado a los padres de los normalistas a exigir la cancelación de las elecciones en Guerrero bajo el argumento de que la clase política representa a la delincuencia, las cúpulas del PRI y el PRD le apuestan a reeditar la elección de 2012, donde ambos partidos triangularon posiciones y postularon a cargos de elección popular a personajes ligados al narcotráfico. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
De los 11 a los 16 años de edad, un acólito del sacerdote mexicano Carlos López Valdés dice haber sido víctima de abuso sexual y de trato pornográfico por parte del religioso. Una vez que lo denunció ante la Procuraduría del DF y el Tribunal Eclesiástico, este órgano lo declaró culpable y el Vaticano lo inhabilitó para seguir oficiando. No obstante que el propio Papa Francisco pidió al ofendido “perdón en nombre de la Iglesia”, el clérigo sigue dando misa y las autoridades capitalinas no libran en su contra orden de aprehensión.
MÉXICO, D.F: El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, obispos de Culiacán y Colima, respectivamente, al parecer están protegiendo al pederasta Carlos López Valdés, un sacerdote “inhabilitado” que continúa sin pisar la cárcel pese a que la Iglesia ya lo declaró culpable y el mismo Papa Francisco pidió “perdón” por sus abusos sexuales. Lo anterior se desprende de las declaraciones de Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo. Este joven sostiene que desde 2004 el religioso fue denunciado ante Jonás Guerrero, entonces obispo auxiliar de Rivera Carrera y quien hizo caso omiso de las imputaciones. Tres años después, en 2007, Romero Colín logró que el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México le abriera un proceso a López Valdés. Ante lo irrefutable de las pruebas –fotografías en las que aparece abusando de menores–, en 2011 el tribunal lo declaró culpable y el Vaticano lo suspendió como sacerdote, aunque –según el joven– en los hechos sigue ejerciendo el ministerio. En el mismo 2007, Romero Colín interpuso una querella contra el pederasta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la que hasta ahora, pese al fallo del Tribunal Eclesiástico, no ha procedido en el caso de López Valdés. Ni siquiera le sirvió a la víctima la carta que de puño y letra le escribió el Papa Francisco a mediados de 2013, donde dice sentir “dolor” y “vergüenza” por el abuso y le pide “perdón en nombre de la Iglesia”. Misiva en la que el pontífice reconoce la culpabilidad del criminal. Romero Colín comenta a Proceso: “Carlos López continúa oficiando misas, como lo hizo durante los cuatro años que tardó su proceso en el Tribunal Eclesiástico, periodo en el que supuestamente estaba suspendido. Y actualmente la procuraduría ni siquiera le ha dictado orden de aprehensión. Es como si el clero y las autoridades civiles conformaran una especie de asociación delictiva que lo mantiene impune… y quizá abusando de menores de edad.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: RODRIGO VERA.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) señaló que fueron atendidas 115 averiguaciones previas, las cuales más de la mitad provinieron de los estados de Veracruz y Sonora. La instancia perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR9 informó a través de un breve comunicado que del 20 de febrero al 20 de marzo del año en curso resolvió 115 averiguaciones previas, de las cuales 101 corresponden a domicilios irregulares, siete por diversas relaciones, cuatro por suplantación de identidad y tres por irregularidades en el proceso electoral. Durante el mismo periodo, la Fepade recibió 87 nuevas averiguaciones de 14 entidades de la República mexicana: 32 de Veracruz 27 de Sonora y 12 del Distrito Federal. En tanto que los estados de Oaxaca, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Zacatecas, Chiapas sumaron dos cada uno.
Loa estados de Durango, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán iniciaron un expediente. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1297183.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ejerce una política de “limpieza social” contra las poblaciones callejeras y recurre a instituciones de seguridad y procuración de justicia para fabricarles cargos e imputarlos penalmente, acusó el director de la organización civil El Caracol, Luis Enrique Hernández, que trabaja con poblaciones callejeras desde hace más de 20 años. Hernández hizo tal señalamiento a raíz de la sentencia que el Juzgado Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México dictó en contra de seis jóvenes callejeros, por el delito de robo agravado calificado en pandilla. Los jóvenes fueron detenidos, junto con otros 11 varones, el 22 de abril de 2014, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en la calle Artículo 123, donde vivían. Además de la detención de los 17 hombres, ese día fue desalojado el grupo de alrededor de 30 personas que ocupaban la banqueta de la calle como vivienda y sus cosas fueron tiradas, en su presencia, a un camión de basura. Los 17 detenidos fueron retenidos por aproximadamente dos horas en las inmediaciones de la Alameda Central antes de ser puestos a disposición de una autoridad judicial, de acuerdo con El Caracol. A seis se les acusó ante un juez cívico por faltas administrativas, mientras que los otros 11 fueron presentados ante el Ministerio Público: a cinco se les acusó de narcomenudeo y a los seis restantes de robo agravado. Los cinco acusados de narcomenudeo ya fueron sentenciados, dijo el director de El Caracol. El pasado 20 de marzo, el Juez Cuarto de lo Penal en el Distrito Federal dictó sentencia contra los seis acusados de robo. La sentencia, de cuatro años con 9 meses en prisión, fue emitida tras un proceso de 11 meses durante el cual la defensa de los seis jóvenes presentó diversas pruebas, como fotografías, videos de la SSPDF y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y más de 10 testigos, para acreditar que los imputados no cometieron el hurto del que se les acusa. Mas estas pruebas fueron desestimadas por la jueza del caso, a decir de Johana Sánchez Rojas, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y quien ha acompañado el proceso legal de los jóvenes.
En un video producido por El Caracol, dos de los jóvenes que fueron detenidos ese 22 de abril de 2014, así como una de sus compañeras callejeras, dan sus testimonios anónimos sobre lo ocurrido ese día.
Los jóvenes narran cómo los policías los subieron a una camioneta sin explicarles por qué y les dijeron que sólo los habían detenido mientras desalojaban su campamento callejero. Sin embargo, no los dejaron libres sino que al lugar donde los mantenían retenidos llegó una pareja que señaló a dos de sus compañeros de supuestamente haberles robado. Para acreditar el delito de narcomenudeo se presetaron 56 grapas de cocaína que supuestamente portaban cinco de los detenidos. Sánchez Rojas refirió que una persona cercana a las organizaciones posteriormente a la detención identificó en un operativo policiaco a la mujer que supuestamente fue asaltada. Pese a que la defensa de los seis jóvenes callejeros solicitó a la jueza que investigara si la supuesta víctima de robo era policía, ésta se negó, a decir de Sánchez Rojas. Los seis jóvenes han pasado su proceso internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se ha violado su derecho a la comunicación y a recibir visitas, de acuerdo con El Caracol. Además, durante el proceso han sido víctimas de actos discriminatorios, acusó Sánchez Rojas, quien refirió que la sentencia se apelará.
CASO PARADIGMÁTICO
Hernández dijo que el grupo de personas callejeras de Artículo 123 es “paradigmático” en el tema de criminalización de poblaciones callejeras, pues han sido objeto de violaciones recurrentes de la SSPDF o de ”particulares contratados”, según los propios afectados, desde hace 10 años. En la década que el grupo lleva en las calles han padecido 11 acciones calificadas por El Caracol como de “limpieza social”, como desalojos, detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad e internamiento forzado en un centro para tratamiento de sustancias. Asimismo, la organización El Caracol, que desde 2002 los apoya en procesos de acompañamiento y educación, ha sido objeto de amenazas, desalojo por parte de particulares, difamaciones, detenciones y la intervención de su servidor de internet. Sin embargo, en el desalojo del grupo de callejeros ocurrido en abril de 2014, se recurrió a un nuevo estadío de la criminalización, a decir de las organizaciones acompañantes. “Ya no sólo es retirar a población callejera sino fabricarles delitos”, expresó Sánchez Rojas. “Hay una decisión política de desalojar a poblaciones callejeras sin ofrecerles alternativas de inclusión social”, dijo Hernández, quien subrayó que las organizaciones que trabajan con poblaciones callejeras no defienden que permanezcan en las calles, sino que se garantice su acceso a sus derechos a través de una política integral de inclusión social. El Caracol, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y la Red por los Derechos de la Infancia en México solicitaron, en un pronunciamiento conjunto, que la instancia jurídica que ahora analizará el caso tome en cuenta las pruebas aportadas por la defensa, así como que el gobierno capitalino ponga fin a las acciones de “limpieza social” contra poblaciones callejeras.
También demandan la creación de una política pública de atención integral desde una perspectiva de derechos humanos, que privilegie la seguridad humana por encima de la seguridad pública. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1292035.
Policías capitalinos detuvieron al ciudadano Fernando Murrieta, vecino de la Delegación Benito Juárez. ¿Su delito? Reclamar a Ricardo Amezcua Galán, encargado de despacho de la Jefatura Delegacional en sustitución del Delegado Jorge Romero, porque la demarcación derribó la Octava Agencia del Ministerio Público para ampliar el centro comercial Parque Delta. En entrevista para SinEmbargo, Fernando Murrieta aseguró que en ningún momento mostró una actitud agresiva ni violenta contra el Jefe Delegacional suplente. Simplemente ejerció su derecho ciudadano de cuestionar sobre una acción de gobierno que afecta a cientos de vecinos en la localidad. Pero la respuesta de las autoridades, dijo, fue someterlo, llevarlo al Ministerio Público, golpearlo, amenazarlo y después liberarlo por falta de pruebas. Murrieta adelantó que levantará una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (DHDF) por el maltrato recibido por parte de la policía capitalina. Una vecina de la zona logró grabar con su celular el momento en que cuatro agentes policiacos, uno de ellos con Placa 875614, lo sometieron y, a empujones, lo subieron a la patrulla P37-36 del sector Narvarte-Álamos. Murrieta detalló que el pasado sábado 28 de marzo regresaba de desayunar con sus padres cuando observó que Ricardo Amezcua Galán, acompañado de una comitiva de policías, empleados y algunos vecinos, recorría la colonia Narvarte Poniente.
Aunque en un principio no era su intención increpar al Delegado suplente, Murrieta consideró necesario pedir una explicación al servidor público preguntar a Amezcua Galán el hecho de que se demoliera la Octava Agencia del Ministerio Público, un inmueble protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) sin que las autoridades dieran mayores explicaciones.
“Yo me acercó al señor, le pido qué es lo que pasó con ese terreno que nos explique por qué fue concesionado a Parque Delta. Él me contestó que no tenía por qué dar explicaciones, que ese terreno era propiedad de la Delegación [Benito Juárez]. Yo le dije que si ese terreno pertenecía a la Delegación entonces también era de la comunidad, que no tenían razón para concesionarlo”, dijo a este diario digital.
Amezcua suple a Jorge Romero, quien se fue a hacer campaña luego de un gobierno polémico y cargado de acusaciones. Los vecinos están inconformes por la demolición de “La Octava”, un edificio que era considerado un legado cultural de la ciudad porque albergaba vestigios de un templo dominico del siglo XVI. Ahora, gracias a permisos otorgados por el Jefe Delegacional con licencia Jorge Romero, ahora candidato a una diputación plurinominal en la Asamblea Legislativa, se construye en ese enorme predio un moderno complejo que servirá como ampliación del centro comercial Parque Delta. Fernando Murrieta adelantó a SinEmbargo que levantará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Voy a presentar una queja ante Derechos Humanos por la amedrentación física que tuve, no por ejemplo, no puedo caminar muy bien porque me duelen mucho las rodillas y en la espalda tengo laceraciones, también por mis cosas y la ropa que me rompieron, la verdad es que soy una persona decente trabajo, las cosas que tengo las compré con mucho esfuerzo como para que venga un fulano y haga esto solo porque tiene un poder”, recalcó.
FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-03-2015/1296770.
Como en el porfiriato, en las fincas de Baja California los jornaleros son casi esclavos: trabajan de sol a sol y reciben como pago un puñado de pesos; viven en condiciones paupérrimas, sin agua potable ni electricidad, y la amenaza del despido pende siempre sobre sus cabezas. En cambio, los dueños de los ranchos se enriquecen en forma obscena. Llenar una caja de moras, por ejemplo, le reditúa al trabajador 14 pesos, aunque el precio de exportación de esa misma caja sea de 60 dólares. Hartos de esta explotación brutal, los jornaleros se organizaron y ya tienen en jaque al gobierno del estado.
VALLE DE SAN QUINTÍN, BC. (Proceso).- Como miles de sus paisanos expulsados por la pobreza lacerante del sur del país, Juan Hernández López, triqui de Oaxaca, escogió esta región como lugar de residencia hace 30 años. Aquí se casó, nacieron sus ocho hijos, y es fundador de la colonia San Juan Copala y del Frente Independiente de la Lucha Triqui, la cual forma parte de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, agrupación que mantiene en vilo a la agroindustria de la región tras dos semanas de paro laboral. Como los 70 mil jornaleros que trabajan en el Valle de San Quintín, 65% de ellos residentes, don Juan ha visto crecer fortunas de rancheros exportadores de fresa, mora, jitomate y pepino, entre otros productos. Uno de ellos es su actual patrón, Juan Villalobos, dueño del rancho Santo Domingo, que alimenta a Moramex, una de las filiales de la estadunidense Berrymex, y con quien labora desde 2007. “Mi patrón nomás cultivaba dos hectáreas y ahora tiene 60 hectáreas, 14 camiones y siete mayordomos. Y yo, apenas hace ocho años empecé a construir mi casita y no la puedo terminar”. Con la experiencia de pizcar las frutas y vegetales más selectos en las tres últimas décadas de su vida, don Juan presume llenar una caja de moras en un minuto, por lo que percibe 14 pesos. “Esa misma caja el patrón la vende a 60 dólares en Estados Unidos. Un día le pedí que me vendiera una caja para mi familia, y me la dio a 350 pesos”. Pese al crecimiento de las empresas instaladas, las jornadas laborales se han mantenido inalteradas desde 2001, recuerda don Juan, uno de los voceros de la Alianza: “Desde entonces ganamos de 100 a 120 el día; entre ocho y diez pesos por caja de fresa, que ellos la venden a 50 dólares”. Para el tomate, uno de los productos más devaluados en mano de obra pero altamente cotizados para la exportación, en ranchos como Los Pinos y El Vergel, el jornal obligatorio es de 35 botes de 20 pesos, por lo que los jornaleros perciben 120 pesos, pero a partir del bote 36, los 20 kilos de tomate valen un peso. Don Juan trabajó 11 años en el rancho Los Pinos. De ahí fue despedido por enfrentarse a los mayordomos y al patrón. “Fui humillado, maltratado y discriminado, y como reclamé mis derechos me dijeron que ahí no cabían los políticos. No me dieron nada de retiro”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre en Iguala y el abogado que los representa han efectuado tres reconstrucciones de lo ocurrido esa noche, algo que la PGR no ha hecho. Con esas diligencias se confirma que policías federales estuvieron presentes en la agresión a los alumnos de la normal de Ayotzinapa, versión que el comisionado de la PF ha negado. A esto se suma lo publicado la semana anterior por este semanario: el Ejército también atestiguó los hechos. Ninguna de las dos instancias federales hizo nada por evitar el crimen.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, la Policía Federal (PF) estuvo presente, no hay duda, dice a Proceso el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, luego de haber efectuado tres reconstrucciones de lo ocurrido aquella noche en Iguala. Rosales señala que hasta ahora, seis meses después, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho ninguna reconstrucción para intentar esclarecer lo ocurrido, y precisa que ellos (el abogado y sus representados) sí las hicieron, con el apoyo de los sobrevivientes. Afirma que en las tres reconstrucciones los normalistas señalan la presencia de las policías municipales de Iguala y de Cocula, de la Policía Auxiliar de Guerrero y de la Policía Federal durante el ataque. “(Los estudiantes) no refieren expresamente que hayan visto disparar a los federales, pero sí estaban ahí. Había presencia de policías federales, ¡la había! Eso es claro, lo tienen muy presente”, afirma Rosales en una amplia entrevista realizada en Nueva York el sábado 21, tras su participación en la Asamblea General de Amnistía Internacional, donde se abordó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos que conmocionó al mundo y generó una ola de críticas y cuestionamientos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Los estudiantes se dieron cuenta de la presencia de la PF cuando circulaban por la calle Juan Álvarez, en el centro de Iguala, huyendo de los disparos de la Policía Municipal. Según las reconstrucciones, los uniformados estaban a la altura del entronque de esa calle y Periférico y estuvieron presentes durante toda la agresión.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
Para Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, el mundo es otro, pareciese que no está al tanto de todo lo que ocurre fuera de su estado o dentro de él ya que, en sus palabras, descartó que exista algún riesgo para que no se lleven a cabo las elecciones del próximo 7 de junio. A su vez agregó que el hecho de llevarse a cabo o no las elecciones no puede sujetarse a los intereses de “grupos minoritarios”, quizá no ha visto que esos “grupos minoritarios” son prácticamente todo el estado de Guerrero. “Están garantizadas las elecciones, sin desconocer que existe una petición de parte de los familiares de los 43 muchachos desaparecidos de que no se realicen las elecciones; es un derecho que no nos puede impedir nadie porque está garantizado en las leyes”, indicó. Indicó que lo que se debe hacer es aprovechar al proceso electoral para que se genere un debate entre los movimientos sociales, los líderes de los partidos políticos, la sociedad civil organizada y los candidatos. “Todos los gobiernos estamos obligados a garantizar seguridad a la ciudadanía y a las instituciones electorales antes, durante y después del proceso, por supuesto que en condiciones especiales no podríamos permitir que un grupo reducido de ciudadanos intenten complicar un derecho sagrado y que le corresponde a la ciudadanía”, increpó. A su vez, prácticamente ‘cerrando los ojos’ dijo que no hay “focos rojos” ante el proceso electoral además de negar que se requiera implementar un operativo especial. Y aseguró que el problema de seguridad en Guerrero está sobredimensionado; “el tema de que Guerrero es un volcán en erupción y desprende lava todos los días, no es cierto”, dice lo anterior a pesar del promedio de al menos 3 muertos por día, de los que se notifican o se pueden reportar. Y para muestra puso de ejemplo que, para las vacaciones de semana santa, se espera una ocupación en los hoteles del 98.5 por ciento, muy similar a la que ocurrió a fines de año. “Si en diciembre que todavía estaba en gran intensidad el conflicto tuvimos la mejor temporada de 98.5 de afluencia en Acapulco, como producto del acuerdo para que no se bloquearan autopistas, hoy en mejores condiciones se esperan números similares de ocupación hotelera durante semana santa”, complementó.
Agregó que existe un operativo de más de 12 mil elementos que blindan las fronteras de Michoacán, Estado de México y Morelos, lo que ocupa desde tierra caliente hasta Chilpancingo. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
Armando Barajas, consejero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, rechazó y cuestionó la decisión de haber desechado y exonerado al ex presidente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez, de las fuertes acusaciones de pagar por recibir favores sexuales. Dijo que este acto deja claro la complicidad que existe entre César Camacho, presidente nacional, y señaló que lo que está en esta resolución se resolverá en instancias jurisdiccionales. “Lo están viendo ustedes mismos en los medios, la reacción del propio partido es de inconformidad hacia sacar esta resolución por consigna. Ayer lo dijo el presidente nacional del partido que no se iba a sacar una resolución por consigna, esto es por consigna pero de él, él está tirando línea por eso renuncian dos presidentas de la misma comisión y el costo político es elevado”, expresó. Indicó que, tras el escándalo ventilado gracias a la periodista Carmen Aristegui, es aberrante que continúe en el PRI ya que es un gran problema electoral y que moralmente no se podrá avanzar en el desarrollo de iniciativas que apoyen a la mujer en la capital del país.
Dijo también que los actos que están cometiendo en la comisión son contrarios a derecho, pero el presidente nacional del PRI también tiene responsabilidad, debido a que está haciendo omisión de las acusaciones y demandas de muchas mujeres que fueron afectadas. FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
En otro colmo para el país un hombre que estaba siendo investigado por el delito de secuestro consiguió “colarse” como candidato para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Michoacán, y posteriormente se dio la fuga a pesar de que el partido anunció que tendría un dispositivo para evitar este tipo de hechos. Filiberto César Reyes Estrada es el nombre de quien haya sido elegido como candidato para el municipio de Tzintzuntzan, Reyes tiene una investigación abierta por secuestro en la Procuraduria General de Justicia del estado (PGJE), así lo informó el titular, de la instancia gubernamental, Martín Godoy Castro. Lo anterior ocurre a pesar de que, en el pasado mes de noviembre, el PRD anunció con bombo y platillo que pondría un protocolo para evitar que criminales se metieran en su lista de candidatos, lo anterior tras el caso de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, y autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Diversas fuentes anónimas del PRD indicaron que esos protocolos y filtros de seguridad jamás fueron aplicados ya que “nunca bajaron del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) hacia los estados” lo que impide que, hasta el día de hoy, existan investigaciones hacia los aspirantes a puestos de elección popular. Por su parte Carlos Torres Piña, presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, justificó la elección de Reyes como una decisión de mayoría en asamblea comunal de su municipio, bajo el método de usos y costumbres. Señaló que el acusado presentó la semana pasada de “manera sorpresiva su renuncia a la candidatura, y posteriormente desapareció sin notificarle a su familia”. Según Torres su partido desconocía que su candidato enfrentaba un proceso judicial “La PGJE es quien tiene la obligación de emprender las investigaciones correspondientes en este caso”, mencionó a pesar de que el mismo partido anunció que tendría sus protocolos para evitar estos incidentes. Otro dato indignante a destacar es que Filiberto César Reyes Estrada también fue agente de la Policía Ministerial del estado. Desaparecido no… prófugo sí Por su parte el procurador Godoy Castro negó que Reyes esté en calidad de desaparecido señaló que el excandidato perredista en Tzintzuntzan se encuentra en calidad de prófugo de la justicia desde la semana pasada, cuando el partido tuvo conocimiento de su ausencia, pero aclaró que ni este partido ni su familia interpusieron denuncia por su ausencia.
Además indicó que el lunes el caso de Reyes sería presentado al CEN, del PRD, para que se tomen las medidas correspondientes además de presentar la denuncia penal. FUENTE: REVOLUCCIÓNN 3.0 AUTOR: REDACCIÓN.
Aunque el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, considera que el Ejército es “la institución más sólida de este país”, contribuye a la desconfianza general con su feroz resistencia a entregar información que permita resolver los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, que tanto lastiman a la sociedad. Muestra de esa actitud son sus respuestas a solicitudes de información de este semanario, que provocaron un ríspido intercambio de argumentos del IFAI contra cerradas negativas de la dependencia.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dispuesta a rendir cuentas. De nada y a nadie. Su titular, el general Salvador Cienfuegos, sólo habla con el presidente de la República. Ni el Congreso, ni el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), incluso la Procuraduría General de la República (PGR) y mucho menos los ciudadanos merecen respuesta sobre las graves actuaciones del Ejército. Los requerimientos de información a la Sedena para esclarecer la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se han topado con la muralla del Ejército. Las comisiones especiales creadas en la Cámara de Diputados han sido desdeñadas, el IFAI apenas ha logrado alguna información descontextualizada y hasta ha sido cuestionado por la Sedena, mientras que la PGR ha tenido que integrar sus averiguaciones con lo que el Ejército ha querido entregar. La muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos de efectivos militares, en junio de 2014, y la actuación del Ejército ante la detención y desaparición de los 43 normalistas por policías municipales de Iguala hace medio año, se han traducido en inútiles exigencias de transparencia. En medio de la presión internacional al gobierno de Peña Nieto, la Cámara de Diputados creó el 30 de septiembre pasado la comisión especial sobre el caso Tlatlaya, y una semana más tarde, el 7 de octubre, la de Ayotzinapa. Medio año después, y a un mes de que acabe el último periodo ordinario de la actual LXII Legislatura, ambas comisiones quedaron en el olvido. Las dos instancias fueron inoperantes por la apatía de la mayor parte de sus miembros y la falta de información a la cual las sometió la Sedena. Cada una tuvo un solo encuentro con los mandos del Ejército. Como representantes del Poder Legislativo, no fueron capaces de que la cúpula castrense se presentara ante el Congreso. Tuvieron que ir a las oficinas de la Defensa Nacional para recibir lo que los militares les quisieron dar.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Aun cuando México no se encuentra oficialmente en estado de guerra, como ocurría en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha comprado a Estados Unidos equipo bélico por más de mil 300 millones de dólares en menos de un año, al margen de la Iniciativa Mérida. Lo más reciente: un lote de helicópteros artillados provistos de la más nueva tecnología. Según documentos del Pentágono cuya copia tiene Proceso, este equipo ha sido abastecido por el Departamento de Defensa y sus contratistas privados. Jubiloso, lo celebra el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadunidenses.
WASHINGTON: En el contexto mexicano de agudización de la crisis económica, marcada por la continua devaluación del peso y el anuncio de inminentes recortes al gasto público, y sin que se esté librando oficialmente una guerra armada contra el narcotráfico, el gobierno de Enrique Peña Nieto le compró a Estados Unidos equipo militar por más de mil 300 millones de dólares en menos de un año. La información sobre este inusual gasto –contenida en documentos cuya copia tiene Proceso– es revelada por reportes del Pentágono según los cuales dicho gasto casi triplica los poco más de 500 millones de dólares que Washington ha otorgado a México de 2007 a la fecha en equipo y tecnología militar en el ámbito de la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. “El año pasado marcó un hito histórico en nuestra relación bilateral en materia de seguridad con México”, dijo jubiloso el almirante William E. Gortney, jefe del Comando Norte (Northcom), al presentar su informe anual ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense. “México dio un paso sin precedente al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de Estados Unidos por medio del Programa de Ventas Militares. Un paquete de helicópteros UH-60 y vehículos terrestres de movilidad para propósitos múltiples (VTMPM) con un valor total de más de mil millones de dólares, lo que representó un aumento de 100 millones de dólares en compras realizadas en años anteriores”, notificó Gortney al Senado en la audiencia celebrada el jueves 12. El “hito histórico” al que hacía referencia Gortney son las adquisiciones por mil 346 millones de dólares que hizo el gobierno de Peña Nieto al Pentágono en equipo, tecnología, refacciones y adiestramiento militar por medio de tres operaciones realizadas entre el 21 de abril de 2014 y el pasado martes 17. Esto, sin contar los 15 helicópteros comprados a la empresa texana Textron diez días antes de la comparecencia ante el Senado del jefe del Northcom. Según el comunicado 14-10 de la Agencia de Defensa para la Cooperación en Seguridad (DSCA), dependiente del Departamento de Defensa estadunidense y fechado el 21 de abril de 2014, el gobierno de Barack Obama informó al Departamento de Estado acerca de la aprobación de la venta a México de 18 helicópteros UH-60M Black Hawk por alrededor de 680 millones de dólares.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
De los 128 mil 519 aspirantes que en febrero pasado presentaron el concurso de ingreso a una licenciatura en la UNAM, sólo 11 mil 490 estudiantes, el 8.9%, accedió.
De los 128 mil 519 aspirantes que en febrero pasado presentaron el concurso de ingreso a una licenciatura en la UNAM, el 90.9% no obtuvo un lugar. Es decir, sólo 11 mil 490 estudiantes, el 8.9%, accedió a alguna de las más de 100 licenciaturas que ofrece esta casa de estudios, y 117 mil 029 quedaron fuera, de acuerdo con los resultados publicados este domingo en la página de la Dirección General de Asuntos Escolares. El examen de ingreso consta de 120 preguntas y este año hubo en más de una carrera aspirantes que tuvieron un examen casi perfecto. Por ejemplo, en la carrera de Médico Cirujano para cursarse en la Facultad de Medicina hubo cinco aspirantes que tuvieron 119 aciertos.
Este año la carrera para la que se demandaba mayor número de aciertos fue la de Médico Cirujano para CU que fue de 109 mientras que para Iztacala y Zaragoza se requirieron de 105. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa son los estados donde se identificaron más tomas clandestinas, mientras que las pérdidas relacionadas con este delito ascienden a 33 millones 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, lo que equivale a los barriles que México exporta en un mes.
El Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a Pemex abrir los datos sobre empleados vinculados con el robo de combustible y dar a conocer el número de despedidos o sancionados por participar en ese delito. Al revocar la respuesta de Pemex a la solicitud de un ciudadano, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señaló que el sujeto obligado aseguró que no localizó los datos correspondientes. El comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que el agravio del particular resulta fundado y abundó que existe registro de boletines de la Procuraduría General de la República (PGR) en los que se informa sobre la detención y dictamen de auto de formal prisión a trabajadores de Pemex por robo de hidrocarburos. En su argumentación, el comisionado afirmó que ese delito es un tema delicado, ya que el número de tomas clandestinas en la red nacional de ductos de hidrocarburos pasó de mil 361 en 2011 a tres mil 198 tomas en 2014, lo que equivale a un incremento de 245%en tres años. Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa son los estados donde se identificaron más tomas clandestinas, mientras que las pérdidas relacionadas con este delito ascienden a 33 millones 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, lo que equivale a los barriles que México exporta en un mes. Salas Suárez hizo notar que la extracción de petróleo y de hidrocarburos no sólo tiene que ver con ingresos públicos, sino también con derechos humanos. El 20 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos discutió el tema de reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales. Ahí el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, reconoció que “la visión de derechos humanos es central en esta reforma energética, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos”. Salas Suárez aseguró que proveer información no es una elección, ya que la legislación correspondiente establece las obligaciones de transparencia que cada sujeto obligado debe cumplir. Además, con el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, así como los compromisos 21 “Petróleo para todos” y 26 “Adhesión de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” en la Alianza para el Gobierno Abierto, México se ha comprometido a fortalecer la transparencia en el sector. El robo de hidrocarburos vulnera las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del país, pone en riesgo a poblaciones enteras y la definición de prioridades de desarrollo e impacta al ambiente y la salud humana, entre otros problemas que genera. Dicha situación atañe a la sociedad mexicana en general y, por tanto, debe disponer de información para conocer y participar en las decisiones públicas.
El derecho de acceso a la información es crucial para garantizar la salvaguarda de otros derechos fundamentales, agregó Salas Suárez. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Los centros que mayores irregularidades presentan son los del sureño estado de Guerrero, seguidos del Estado de México, Puebla, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca pero los problemas se repiten de norte a sur del país.
Las cárceles de mujeres en México son reinos paralelos gobernados por mafias donde se abusa, se extorsiona e incluso se prostituye a las presas que mayoritariamente viven hacinadas, con grandes carencias de higiene y alimentación, entre violaciones constantes de sus derechos. Así lo indica un informe divulgado este domingo 29 de marzo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo estatal autónomo, que analizó las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergan a un total de 12.690 mujeres. La Comisión urge a corregir los problemas que hacen que la discriminación de la mujer se agrave en las cárceles, ya que en 65 de los centros ellas tienen carencias que los hombres no tienen, y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron resaltadas en un documento de 2013 pero no se solucionaron. El informe subraya deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños, pero también problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de “gobiernos paralelos” que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio y vinculados con el crimen organizado. Así, mientras unas mujeres de 51 centros viven hacinadas, duermen en el suelo entre cucarachas, chiches y ratas, y en otras 20 prisiones son obligadas a prostituirse, otras reclusas -muchas veces en esas mismas prisiones- tienen celdas privadas con televisiones de plasma, microondas, refrigeradores y teléfonos celulares. Los centros que mayores irregularidades presentan son los del sureño estado de Guerrero, seguidos del Estado de México, Puebla, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca pero los problemas se repiten de norte a sur del país. Al igual que en otras ocasiones se denunció en las cárceles de hombres, quien realmente manda tras las rejas de 38 prisiones no es la autoridad sino los internos, asegura el informe. De hecho, en muchos de los reclusorios las presas tienen el candado de sus propias puertas y hay una sola agente de seguridad en cada turno. De ahí que la Comisión señale el “autogobierno” como uno de los principales problemas que conlleva los cobros de extorsiones, el pago por “garantizar su integridad física”, la administración de los servicios supuestamente gratuitos y la asignación de privilegios. Estas mafias controlan y venden los espacios, ejecutan castigos —como determinar el aislamiento hasta por 30 días-, deciden quien participa y quien no de las actividades de reinserción, quién puede o no recibir una visita familiar o conyugal, y hasta el control de las llamadas por teléfono. La Comisión indicó que incluso fueron estas líderes quienes acompañaron a su personal durante las visitas y las entrevistas a las internas. Presas con mascota, televisión por cable… La prisión de Culiacán (en el estado noroccidental de Sinaloa) es posiblemente donde los privilegios llegan a niveles más insospechados: presas con mascota, cámaras de seguridad no controladas por los funcionarios de la prisión, celdas con suelos de azulejos, servicios exclusivos de cocina y televisión por cable. En Culiacán quien manda es una interna denominada “Alcaide”. Y en el centro de reclusión Topo Chico, en la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos en el área varonil. Los tratos discriminatorios y las humillaciones son una denuncia recurrente de las internas junto con las amenazas pero en 33 centros se quejan además de golpes y en el centro de reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias encuestadas señalaron que fueron víctimas de abusos sexuales. Casos de prostitución son denunciados en 20 centros de 13 estados distribuidos por todo el país y, en ocasiones, estas prácticas son utilizadas “como forma de pago para acceder a servicios de la institución” como una cama o simplemente para no ser agredidas. El hacinamiento en algunos lugares llega al 246%, varias cárceles no tienen agua corriente, los inodoros no tienen cisternas, hay instalaciones eléctricas improvisadas, con mayor riesgo de provocar cortocircuitos y en otras prisiones hombres y mujeres conviven juntos.
Entre las 22 recomendaciones que hace la Comisión para corregir todas estas violaciones destaca erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, que se les den tres comidas al día y que quien mande en las cárceles sea la autoridad. FUENTE: ANIMAL POLÍTO/AP.
MÉXICO, D.F: A pesar de la alternancia en el Poder Ejecutivo y la existencia de nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia de telecomunicaciones, la censura presidencial sobre los contenidos que se difunden en los medios de comunicación masiva, particularmente en radio y televisión, sigue vigente. La más reciente y grotesca expresión de esto es el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio. Primero se pensó que la llegada de un presidente postulado por un partido distinto del PRI terminaría con las presiones y represiones en contra de los periodistas, y que finalmente florecería la libertad de expresión en México. Pero lamentablemente muy pronto se derrumbaron dichas expectativas, pues más allá del uso discrecional, arbitrario y clientelar de la publicidad oficial, muy pronto los medios o periodistas “incómodos” sufrieron los atentados del gobierno encabezado por Vicente Fox. Al principio, se presentó la pasividad cómplice del gobierno para permitir que TV Azteca arrebatara ilegalmente la concesión de Canal 40 a Javier Moreno Valle; después, la negociación secreta con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y entonces presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que condujo al decreto presidencial del 10 de octubre de 2002, reduciendo los tiempos oficiales en radio y televisión, con el consecuente beneficio económico para los concesionarios; y en noviembre de 2004, el Ejecutivo fue la mano que meció la cuna para despedir de Radio Fórmula al hoy fallecido periodista Francisco Huerta. La llegada de otro panista a Los Pinos, Felipe Calderón, recrudeció los ataques a la libertad de expresión, pues a los pocos días de haber tomado posesión, el periodista José Gutiérrez Vivó denunció que desde la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República le advirtieron que estaba castigado hasta que demostrara un buen comportamiento. Finalmente perdió el espacio que tenía en el cuadrante radiofónico. En enero de 2008, bajo el pretexto de que concluyó su contrato y la dirección de W Radio tenía una nueva propuesta de comunicación, se concretó la salida de Carmen Aristegui de dicho espacio; y un año después, Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, acusó a Calderón de las acciones judiciales en su contra emprendidas por la empresa gasera Grupo Zeta. Pese a que Carmen Aristegui consiguió un nuevo espacio en MVS Radio en 2009, los embates en su contra continuaron, y en febrero de 2012 MVS la despidió fulminantemente tras negarse a leer un comunicado elaborado desde la oficina de Comunicación Social de Los Pinos, a raíz de que la comunicadora había solicitado al aire que la Presidencia se pronunciara sobre el presunto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón. Aunque en ese momento Joaquín Vargas negó formalmente las presiones de la Presidencia, unos meses después –en agosto del mismo año, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le revocó la concesión de la banda de 2.5 GHz– él mismo denunció públicamente las negociaciones secretas que sostuvo con la dependencia oficial y las presiones que sufrió en el momento del conflicto con la periodista. Otra vez, el cambio de partido en el gobierno lo único que provocó fue el regreso de las mismas prácticas con las que el priiato sometió a los medios de comunicación: el reparto abundante de dinero a los periodistas “amigos” y la persecución de los “incómodos”. Muchas son las razones para considerar a Carmen Aristegui entre los segundos: sus investigaciones en el caso Monex, durante la campaña electoral de 2012; las denuncias de la Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto; la revelación de la red de prostitución que manejaba Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI en el Distrito Federal; la cobertura del caso Tlatlaya, y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La gota que derramó el vaso fue su participación en la plataforma MexicoLeaks, que sin duda es un ariete en contra del control oficial de la información, lo cual preocupó al gobierno y a sus personeros; la gran audiencia de Carmen Aristegui era la principal salida que tendrían los documentos que hiciera llegar la ciudadanía, y la pérdida de dicho espacio es un severo golpe al proyecto cuando éste apenas se había anunciado. Tal como ha señalado el ómbudsman de MVS Radio, Gabriel Sosa, la empresa tuvo una reacción desmedida frente a un error de la comunicadora y/o su equipo, que bien pudo resolverse en privado en un ambiente de diálogo y colaboración. Pero el gobierno y la empresa buscaban sacar del aire a la periodista y a su equipo y debilitar el naciente proyecto. Ni la tan festejada reforma en telecomunicaciones ni la creación de un organismo con “autonomía constitucional” impiden la intromisión del presidente en las decisiones en la materia, lo cual, vinculado a la intención de los Vargas de ganar una de las próximas licitaciones (Proceso 2002), puso el escenario ideal para implementar un nuevo atentado a la libertad de expresión. Consiguieron sacarla de MVS Radio, pero esta nueva agresión al periodismo crítico puede convertirse en un nuevo parteaguas (como lo fue el golpe a Julio Scherer y Excélsior en 1976) dentro de la guerra por la libertad de expresión; no es ninguna casualidad que Proceso esté vinculado a este nuevo proyecto. La atención que la acción gubernamental ha generado en torno a Carmen Aristegui y MexicoLeaks puede convertirse en el detonador que este ambicioso y disruptivo proyecto necesitaba para catapultarse. El resultado puede ser exactamente contrario al que buscaban Peña Nieto y su equipo, como sucedió hace ya casi cuatro décadas con la embestida del entonces presidente Luis Echeverría.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abren posibilidades insospechadas y permiten ensanchar el espacio público, aumentar los flujos de información y construir reductos independientes a pesar de las resistencias oficiales. Otra nueva equivocación de un gobierno que no entiende que México y el mundo ya no son los mismos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ.
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