CHILPANCINGO, Gro: La dirigencia estatal del PRD atraviesa por una crisis política interna debido a que no respetó el principio de paridad de género y alternancia en el registro ante sus órganos electorales de los candidatos a las 81 alcaldías y las 28 diputaciones locales.
El criterio legal obliga a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, independientes a cumplir con el registro de mujeres en el 50 por ciento de los cargos de elección popular.
Por ello, tres mujeres perredistas impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el acuerdo 052/SE del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC), porque no obliga a las dirigencias partidistas a cumplir con el concepto de equidad en el caso de las candidaturas a las alcaldías.
El juicio electoral electoral ciudadano fue interpuesto el viernes 20 por Silvia Barrera Salgado, aspirante a la alcaldía del PRD; así como Reyna Ramírez Santana y Marisol Cuevas Serrano y se encuentra radicado en la sala de segunda instancia que encabeza la magistrada del TEE, Hilda Delgado Brito.
Este medio de impugnación, cuya copia tiene este reportero, sacudió a la dirigencia estatal del PRD, dirigida por Celestino Cesáreo Guzmán porque el plazo para los registros de las fórmulas para las 81 alcaldías ante los órganos internos concluyó hace dos semanas y no se respetó el principio de paridad de género y alternancia.
La irregularidad provocó la suspensión de la sesión del consejo político perredista contemplada para el domingo pasado donde se pretendía aprobar las fórmulas para ayuntamientos, surgidas mediante acuerdos políticos entre las principales corrientes que se han repartido de la misma manera las candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales.
La dirigencia perredista extendió el plazo para aprobar las candidaturas a las alcaldías para la segunda semana de abril para modificar las fórmulas ya pactadas y cumplir con el principio de colocar a mujeres como candidatas a alcaldes en al menos 40 de los 81 municipios que conforman la entidad.
La puja al interior del PRD ha provocado una crisis política ante la confrontación que mantienen los líderes de las principales corrientes, informaron a Proceso.com militantes de este partido.
Las fuentes que pidieron el anonimato, aseguran que el dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán y la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica Morga han reprochado la acción de las mujeres perredistas que se han limitado a exigir el cumplimiento de la ley y respeto a los derechos políticos del sector femenino.
Los alcances legales de la impugnación de las tres mujeres perredistas podría modificar también la lista de diputados locales por mayoría relativa aprobada por el Consejo perredista a principios de este mes.
Las candidaturas a diputados de 28 distritos locales y nueve espacios por la vía plurinominal del PRD, fueron repartidas entre tres corrientes encabezadas por el grupo de David Jiménez Rumbo, Los Chuchos y el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el listado perredista destacan personajes señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia y exfuncionarios de la administración del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, exdirigente estatal y actual alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca, respectivamente. El primero por la vía plurinominal y el segundo por el distrito 12 con sede en José Azueta en la región de Costa Grande.
El criminal recién capturado, Servando Gómez Martínez La Tuta, líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, acusó públicamente a los hermanos Reyes Torres de estar vinculados a la banda de Los Granados, afincados en el municipio de Tecpan de Galeana donde operan impunemente y con la complacencia gubernamental debido a que se asumen como policías rurales.
El alcalde de ese municipio de la región Costa Grande, Crisóforo El Toto Otero Heredia es la propuesta del sol azteca para el distrito 10 y también ha sido señalado públicamente de brindar protección al grupo criminal Los Granados, afincados en el poblado de San Luis La Loma, considerado como lugar emblemático en la geografía del narco en la entidad.
El actual diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, de la corriente de Los Chuchos, ahora brinca a una diputación por la vía plurinominal y se colocó en la tercera posición, asegurando con ello su pase directo al Congreso estatal.
Además, el diputado federal colocó a su esposa Maricarmen Cabrera Lagunas como candidata a diputada local por un distrito de la Costa Grande y también impuso a su hijo en la lista de regidores de la formula a la alcaldía de Chilpancingo.
De la Rosa Peláez es conocido por ser uno de los principales promotores de la candidatura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso por sus nexos con el narco y la responsabilidad en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En tanto que la exsecretaria de Educación durante la administración Aguirrista, Silvia Romero Suárez, fue ubicada en el segundo lugar de la lista de plurinominales.
Este hecho refleja que a pesar del descrédito por el caso de corrupción que involucra a familiares y amigos, Aguirre sigue influyendo en la toma de decisiones al interior del PRD en la entidad.
Por su parte, el PRI ha tratado de cumplir con el principio de paridad de género postulando a esposas de alcaldes vinculados al narco, como candidatas a diputadas locales.
Esta semana Proceso dio a conocer la lista de candidatos a diputados locales del tricolor que se repartieron las corrientes encabezadas por el diputado federal Manuel Añorve Baños; el senador, René Juárez Cisneros y el exgobernador, Rubén Figueroa Alcocer.
También, el senador perredista Armando Ríos Piter se acercó al PRI y en las negociaciones colocó a dos de sus operadores en las candidaturas a diputados locales por Chilpancingo y Acapulco.
La mayoría de los candidatos del PRI a diputados locales, al igual que los perredistas, destacan no por su perfil profesional o trayectoria política, sino por los señalamientos públicos e informes del gobierno federal que los vinculan con el crimen organizado.
A pesar de que el caso Ayotzinapa exhibió el nivel de infiltración y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico, lo que ha llevado a los padres de los normalistas a exigir la cancelación de las elecciones en Guerrero bajo el argumento de que la clase política representa a la delincuencia, las cúpulas del PRI y el PRD le apuestan a reeditar la elección de 2012, donde ambos partidos triangularon posiciones y postularon a cargos de elección popular a personajes ligados al narcotráfico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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