En respuesta, presidentes auxiliares exigieron la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitaron al gobierno que sancionara a quienes incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, no se ha documentado ni un solo caso de la presunta corrupción.
Para el Instituto Ignacio Ellacuría y el padre Gustavo Rodríguez Zárate, con la medida “quisieron resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.
I. México, tierra fértil para cambiar de identidad
Jairo Javier Cruz nació el 20 de febrero de 1991 en un pueblo productor de café en los límites de Puerto Cortés, Honduras. Las monedas que ahora mendiga en los cruceros de Apizaco, Tlaxcala, servirán para mitigar su hambre, comprar un documento que le acredite como mexicano y pagar las cuotas de su viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuenta que un “pollero” en Tierra Blanca, Veracruz, le dijo que un acta de nacimiento falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos; incluso se atrevió a ofrecerle más: comprar una nueva identidad, abandonar “La Bestia”, el tren en el que los migrantes transitan de manera clandestina en busca del “sueño americano”, y viajar seguro en autobús hasta Nogales, en la frontera norte de México.
“Parece fácil. Voy a buscar ahorro y ver qué pasa”, dice Jairo en entrevista.
Jairo y Johan, otro hondureño de apenas 17 años, se conocieron arriba del tren que abordaron en Tenosique, Tabasco, con rumbo a Tlaxcala. Johan llegó hasta Guadalajara en agosto de 2014, donde fue aprehendido por autoridades migratorias; días más tarde lo deportaron a su país. En ese primer y fallido intento los “polleros” de Lechería, la estación de tren ubicada en el Estado de México, le ofrecieron los documentos mexicanos falsos a “buen precio”, sin embargo, al no contar con el dinero suficiente no pudo adquirir ni acta de nacimiento ni una identificación con fotografía.
“No quiero deportación. Si me agarran otra vez voy a enseñar mi papel de mexicano (que dice no tener aún), pero no regreso a Honduras”, advierte Johan, que no dudó en abandonar por segunda ocasión San Pedro Sula el primer día de enero de 2015, a unas horas de haber velado a un tío que asesinaron afuera de su casa, después de la celebración familiar de Año Nuevo.
II. Punto de quiebre
En el 2014, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas se enfrentó a la primera y más visible crisis de ingobernabilidad de su sexenio, debido a múltiples protestas sociales que reclamaban el servicio del Registro Civil en pueblos dispersos o colonias organizadas bajo la denominación política de juntas auxiliares.
El 9 de julio de ese año, un enfrentamiento entre policías y pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, en Santa Clara Ocoyucan, dejó como saldo un centenar de heridos de ambos bandos, el peor caso fue el de un niño de 13 años herido de muerte. Como consecuencia, el gobierno de Puebla recibió atención mediática internacional y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber cometido “violaciones graves a los derechos humanos” durante la gresca.
El mandatario culpó a los presidentes auxiliares y a los migrantes centroamericanos —que comenzaron a ser más visibles en los cruceros de la entidad a partir de febrero de 2013, según documenta el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana— de ser los responsables de poner a Puebla como un lugar vulnerable en materia de seguridad por la emisión indebida de actas de nacimiento falsas, las cuales les han convertido en mexicanos.
“Están ciudadanos centroamericanos, en algunas ocasiones con antecedentes delictivos, convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacía mediante actos de corrupción”, declaró Moreno Valle el 9 de julio a diversos medios de comunicación en una entrevista posterior a la reunión semanal de seguridad que se llevó a cabo en el Centro Integral de Servicios (CIS).
“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”
Por medio de una investigación con apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, y el International Center For Journalist (ICFJ) fue posible documentar que el supuesto tráfico de identidades en Puebla no es una práctica originada desde las juntas auxiliares, y que los habitantes de las comunidades indígenas que las componen son ahora víctimas de un desplazamiento colateral que compromete su modo de vida.
III. Reforma imprevista
El brete gubernamental comenzó el 15 de mayo de 2014, fecha en la que 658 presidencias auxiliares del estado comenzaron un nuevo periodo de gobierno.
Cuando los presidentes auxiliares rindieron protesta les informaron que por las reformas a tres artículos (224, 230 y 231) de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso de Puebla había aprobado (en diciembre de 2013) que las atribuciones y obligaciones que se les concedieron durante más de 60 años como jueces del Registro Civil en sus comunidades, se habían derogado.
La reforma ubicó a las juntas auxiliares como “órganos desconcentrados del Ayuntamiento” en lugar de “gobiernos y autoridades de su pueblo”, con el propósito de fortalecer el “municipalismo”.
El Congreso de Puebla concedió entonces al gobierno del estado “ordenar la reglamentación a fin de hacer congruente el funcionamiento del Registro Civil con esta reforma”. Fue hasta el 11 de junio de 2014 cuando la Secretaría General de Gobierno (SGG) publicó un acuerdo mediante el cual informa que “en las poblaciones donde no haya juez del registro del Estado Civil, la Coordinación del Registro del Estado Civil de las Personas, determinará y coordinará las acciones conducente a efecto de que se verifique el servicio de manera eficiente y permanente”.
La medida colapsó a los pueblos y colonias marginadas que componen las juntas auxiliares, porque se quedaron sin el servicio para obtener un acta de nacimiento, un acta de defunción o para iniciar un trámite de matrimonio en su localidad.
Por ejemplo, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa —un pueblo de casi 15 mil habitantes que pertenece al municipio de Puebla, pero se encuentra a una hora del centro— el presidente auxiliar de la demarcación, Raúl Pérez Velázquez reveló que se realizaron ocho entierros sin acta de defunción en dos meses (16 de mayo a 17 de julio de 2014) debido a la falta del Registro Civil.
El administrativo, después de confrontarse con el gobierno estatal para exigir la reinstalación del servicio y anunciar la organización de los pobladores para conformar una policía comunitaria, fue aprehendido tras ser acusado de robo, amenazas, privación ilegal de la libertad y del cierre del edificio de la junta auxiliar.
Hasta la fecha no hay registro de cuántos han sido sepultados sin acta defunción del 15 de mayo al 11 de junio de 2014 (cuando se publicó el reglamento), pero fue una práctica que reportaron más de una veintena de presidentes auxiliares durante las protestas.
“Las familias no supieron qué hacer y su luto no pudo esperar hasta que el gobierno resolviera (el servicio del Registro Civil)”, señaló el edil auxiliar de Canoa.
Raúl Pérez hoy se encuentra en prisión al lado de Javier Montes y Leonardo Báez, presidentes auxiliares de Chalchihuapan y La Resurrección, al habérseles imputado diversos delitos. Los tres líderes tienen en común haber encabezado protestas por el retiro del Registro Civil en sus comunidades.
IV. Gobierno enciende focos rojos
Las protestas por la disputa del Registro Civil se recrudecieron desde el 1 de julio de 2014 con un altercado entre policías y pobladores de distintas juntas auxiliares de la región de Tehuacán, mismo que dejó una decena de heridos.
Al siguiente día —y por primera vez— la Secretaría General del Gobierno en Puebla (SGG) informó que las reformas a la Ley Orgánica Municipal permitieron al gobierno estatal “resolver una problemática recurrente que no sólo implicaba que se sorprendiera a los usuarios con sobrecostos de los documentos, sino que se cometieran prácticas delictivas a través de un mercado soterrado e ilícito para regular a migrantes centroamericanos que habían situado a Puebla en una condición de vulnerabilidad”.
También el gobernador Rafael Moreno Valle justificó que el retiro del Registro Civil a las juntas auxiliares del estado se debió a “una serie de irregularidades muy significativas”.
“La más grave de ellas, desde el punto de vista de seguridad, es que se estaban -ciudadanos centroamericanos en algunas ocasiones con antecedentes delictivos- convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacia mediante actos de corrupción”.
El 9 de julio de 2014, a través de un comunicado de prensa, Moreno Valle hizo un exhorto a las autoridades del Registro Civil “para que puedan llevar los servicios a las juntas auxiliares, pero que lo hagan con personal del municipio y nos entregan un control para garantizar que no se estén entregando actas de manera irregular a personas que no sean mexicanas o que no sean del Estado. Sólo es una medida de control y que además está dentro de la ley”.
A partir del 20 de noviembre de 2014, y hasta el 5 de enero de 2015 se solicitó a la Dirección de Comunicación Social una serie de entrevistas para profundizar en la versión oficial. Se solicitaron audiencias separadas con los responsables del Registro Civil del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría, la Secretaría General de Gobierno y la Oficina de Atención a Migrantes de Puebla. Sólo se recibieron negativas.
El 5 de enero se buscó personalmente al coordinador de Enlace de Medios de Comunicación, Fernando Crisanto, para insistir en las entrevistas. En el encuentro el funcionario afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas nunca mencionó la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos, ya que la razón sólo tuvo fundamento en actos de corrupción en general. Aun así se insistió en conocer el proceso de modernización del Registro Civil y en entrevistar a los funcionarios enlistados con antelación. Después de 48 horas respondió que no sería posible.
V. Acusación sin consecuencias
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) respondió el 26 de noviembre de 2013 a la solicitud de información (Folio: 00434014) para saber “cuántas averiguaciones previas comenzó en contra de presidentes auxiliares que ejercieron su mandato en el periodo de 2011 a 2014 y por cuáles delitos” que “no se tiene registro de averiguaciones previas iniciadas con la denominación específica de “presidentes auxiliares”; en virtud de que esta Dependencia genera reportes con las denuncias presentadas contra personas físicas, sin contarse con la información desglosada como se solicita”.
En el 2014, unos 180 presidentes auxiliares formalizaron la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) para exigir la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitar al gobierno que sancionara a los ex presidentes que incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, hasta la fecha no se ha documentado ni un solo caso de ellos en prisión por esta causa.
A través de otra solicitud de información (Folio: 00466314), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que de enero de 2013 a noviembre de 2014 no existe ningún extranjero acusado del delito de falsificación de documentos.
De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información (Oficio: SJAI/DGAJ/11804) Puebla fue el sexto estado (131) con el mayor número de denuncias por el delito de falsificación de documentos (del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014), superado por el Distrito Federal (3 mil 192) Jalisco (367), Estado de México (355) y Baja California Norte (315).
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó por medio de otra solicitud de información (Número: 0411100088114) que en los últimos 15 años, 62 emigrantes de Centroamérica han sido remitidos a las autoridades judiciales por posesión de documentos mexicanos falsos. El mayor número de casos lo registra Tlaxcala (24), seguido de Morelos (17) y Tabasco (8). En Puebla no se registra ni un solo caso.
Para Alejandro Lázaro, ex presidente auxiliar de Zaragoza, que pertenece a la capital del estado, la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos es “una leyenda urbana, una mentira”, al asegurar que el proceso del Registro Civil siempre fue controlado desde la Dirección Estatal del Registro Civil en Puebla, a través de un software que el gobierno instaló en cada comunidad.
“Cuando nos enteramos (del retiro del Registro Civil) en los medios pedimos que se castigara con la ley. No deben generalizar que todos éramos corruptos. Nos opusimos (al retiro del Registro Civil) en esos tiempos (cuando se aprobó la reforma en diciembre de 2013) porque se iban a terminar apoyos económicos a la comunidad. Ellos jamás nos hablaron o llamaron la atención sobre actos de corrupción”.
Si bien, los recursos obtenidos a través del Registro Civil en las juntas auxiliares nunca fueron sujetos de fiscalización, el proceso de emisión de documentos oficiales siempre estuvo en manos de la Dirección del Registro Civil del Estado.
“Ellos (Dirección del Registro Civil) te daban papelería con folios; llevaban un control. Cada mes les entregaba un reporte mensual con folio y nombres de las personas a quienes se les expidió un documento. Si no se entregaba en los primeros cinco días del mes estábamos impedidos para recibir nueva papelería. Todo quedaba consignado en un software que ellos instalaban. Si se metía un nombre indebido, o algún cambio, el sistema marcaba ‘error’”.
VI. Cambio de identidad, opción en ruta migrante
La venta de actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas, falsas o apócrifas, a migrantes centroamericanos es una “actividad común y reciente” en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, afirma Irazú Gómez, responsable del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana.
Los migrantes necesitan un documento mexicano para conseguir un tránsito más seguro por México, pero “coyunturalmente ellos vienen desde Chiapas o Guatemala ya con documentos falsos porque entran con redes de tráfico para personas”, explicó en entrevista.
“La movilidad ilegal a través documentos falsos corresponde a un perfil del migrante que viene en una red de tráfico que tiene costos elevados porque están dando más elementos para pasarte de un modo que te agrega el valor de seguridad”.
Según el diagnóstico elaborado por el Instituto Ignacio Ellacuría, Puebla se incorporó a la ruta migratoria desde el 2009 y parecía invisible: los migrantes que viajaban en tren comenzaron a bajar sobre la vía que pasa atrás del mercado Hidalgo, en la periferia de la ciudad; pero el fenómeno ganó visibilidad en el 2013 con un “oleaje” de centroamericanos en los principales cruceros de la zona urbana para pedir dinero.
“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”
VII. Compra de identidad, nuevo peligro para migrantes
En la actualidad Puebla es una central de migración, el punto de partida hacia todo el sureste y el distribuidor de todas las rutas hacia el norte de México. En la estación de Lechería, Estado de México, salen todos los trenes para el norte, pero en Puebla confluye todo el tránsito de carreteras, afirma el coordinador de albergues para migrantes La Asunción, el padre Gustavo Zárate.
Puebla, además, se ha convertido en un punto de estancia prolongada o permanente: hay zonas del estado donde los migrantes centroamericanos son aceptados como trabajadores, campesinos y se casan con mexicanas, dice.
“Se están quedando no porque así soñaron, sino porque la pesadilla mexicana les hizo desilusionarse del sueño americano”.
De acuerdo con sus estadísticas, en los siete albergues que hay en la ciudad de Puebla, de cada mil migrantes que llegan 910 son hondureños, 50 salvadoreños y el resto de otros países.
Pero el negocio ilícito no proviene de las juntas auxiliares de Puebla sino de grupos delictivos que operan en todo el país coludidos con las propias autoridades.
De los migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos y llegan a Puebla, sólo el 20 por ciento lo hace a través del tren, el otro 80 por ciento se traslada en autobuses “pirata”, en camionetas particulares y en vagonetas de turismo. “La inseguridad los bajó del tren y los expuso a nuevos peligros, por ejemplo: ser aprehendidos por llevar documentos falsos. Eso es un delito en México”, añade.
“En la colonia La María y el entronque con la carretera que va por Covadonga (rumbo a Tlaxcala) cambian de autobús; se quedan o abordan autobuses que van de manera directa a Tijuana. Es un mecanismo muy seguro, y si llevan dinero tienen la complicidad de las autoridades”.
Pero no todo ocurre en la capital de Puebla, ni pertenece sólo a los “polleros”, dice. La distribución estratégica de carreteras y brechas rurales ha facilitado el tráfico de centroamericanos indocumentados que son reclutados por el narcotráfico. Algunos siguen y otros se quedan en los municipios.
“La queja me la dan los mismos presidentes municipales: ‘o cooperamos, o cuello; si denunciamos se van con nuestra familia’. El narco tiene el control de más del 80 por ciento de los municipios poblanos y eso facilita el tránsito invisible de los migrantes”.
El padre Gustavo Zárate, quien ha denunciado públicamente amenazas más tres ocasiones por parte del gobierno, indicó que el secuestro de migrantes que provienen de Centroamérica, así como su explotación en los cruceros donde piden dinero, son prácticas propias del crimen organizado que en Puebla—sentencia— goza de impunidad, por eso ahora es más visible.
El Instituto Ellacuría y el párroco coincidieron en que cuando alrededor de 40 cruceros de la ciudad de Puebla fueron “tomados” por migrantes dedicados a la mendicidad, el gobierno estatal tomó medidas, y de forma coyuntural criminalizó la figura del “centroamericano” para culpar a los presidentes de las juntas auxiliares de prácticas corruptas en el Registro Civil.
“Quisieron (autoridades estatales) resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.
No obstante, una encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (2006) del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración (INM) registra que del total de indocumentados que cruzan de Guatemala a México, un 87.57 por ciento busca ir a Estados Unidos y sólo el 16.42 por ciento tiene como objetivo radicar en nuestro país.
VIII. No hay delitos, sólo percepción
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi, señala que la criminalidad de centroamericanos en Puebla a la que alude el gobernador Rafael Moreno Valle es sólo un asunto de percepción.
“Nosotros vemos una preocupación latente de la ciudadanía de ver cada vez más migrantes en las calles pidiendo apoyo, la gente supone que se involucran en actividades delictivas, pero tampoco tenemos ningún reporte de que así sea”.
Ambrogi recuerda que en el 2014, durante una reunión con funcionarios del gabinete de seguridad estatal —a la que él también fue invitado— se les explicó —sin documentar un solo caso— que las juntas auxiliares hacían uso indebido de su facultad y generaban identidades falsas a migrantes, aunque no necesariamente a centroamericanos, sino también a gente de Asia.
Sin embargo, afirma Ambrogi, hasta hoy no tiene documentado un solo caso donde los migrantes centroamericanos se involucren en actos delictivos durante su tránsito hacia los Estados Unidos. Al contrario, dice, las cifras de distintas instituciones mexicanas revelan una serie de extorsiones hacia ellos.
Por esa razón el Consejo Ciudadano dispuso este mismo año dar el servicio de asesoría legal y sicológica, confidencial y gratuita a migrantes centroamericanos para atender denuncias vía telefónica (3 099 099 y 01800 9 099 099 ) sobre casos de extorsión o como víctimas de cualquier otro delito.
“Los migrantes que provienen de Centroamérica o de cualquier otro país, puede acudir al Consejo y pedir asesoría legal gratuita, sicológica y confidencial. No importa su condición migratoria. Nosotros atendemos a víctimas y punto”, recalcó Ambrogi.
IX. Unos y otros en el mismo viaje
“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”, dice el político y activista indígena Fidencio Romero Tobón.
Unos viajan para buscar paz y una vida mejor en Estados Unidos, mientras que otros, los indígenas poblanos, trotan por veredas y disponen hasta de un día para buscar su nombre.
“Para que los habitantes de la junta auxiliar de África, perteneciente al municipio de San Felipe Tepatlán (norte de Puebla), lleguen a una cabecera municipal (San Felipe Tepatlán o Jopala) para conseguir un acta de nacimiento o de defunción deben programar un viaje que comienza al despuntar el alba: cruzan por H. Galeana, Amixtlán, Ahuacatlán, Zacatlán, Huauchinango, Filomeno Mata (Veracruz) y así hasta llegar a Jopala”. Es la ruta más sencilla y en un auto particular la travesía dura aproximadamente seis horas, pero si cruzan a pie la zona montañosa el recorrido es de 13 horas.
A finales de 2014, Fidencio Romero solicitó por separado a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SGG) y al Congreso del Estado el restablecimiento del servicio del Registro Civil en 23 juntas auxiliares donde la población mayoritaria es indígena.
Por medio de tres cartas escritas en castellano, totonaco y náhuatl, pidió hacer efectivo el marco jurídico internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que México adoptó el 13 de septiembre de 2007.
“Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” dicta el artículo 19 de la Declaración internacional.
Incluso, la propia Constitución Política del Estado de Puebla, reformó el 5 de enero de 2011 el artículo 13, donde “el Estado reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público”, pues antes sólo eran “sujetos de interés público”.
En el apartado de F del artículo 13, la Constitución local dicta que el Estado debe “establecer los mecanismos de consulta que resulten apropiados para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, así como cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Para el líder indígena las disposiciones internacionales, incluso locales, fueron violadas con el retiro del Registro Civil a las comunidades.
“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”, explica Romero Tobón.
Con apego a los usos y costumbres de 23 juntas auxiliares, Fidencio Romero fue elegido como su representante legal para llevar esta solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra en espera de entrar a revisión.
El Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registra que de las 658 juntas auxiliares que hay en Puebla, 312 se encuentran dispersas en las montañas de la sierra y zonas desérticas de la Mixteca, a más de una hora de viaje en automóvil de las cabeceras municipales a las que pertenecen.
X. Un cuarto de siglo se reduce a un día
A México le llevó un cuarto de siglo de negociaciones, consultas, diálogos y cabildeos para aceptar el derecho que los pueblos indígenas tienen a la consulta sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. También pasaron diez años de gestiones intensas para apurar al gobierno mexicano a publicar una Ley de Migración que busca “regular el ingreso, salida y el tránsito de extranjeros en nuestro país en un marco de respeto, protección y de salvaguarda de los derechos humanos”.
A Puebla le llevó un día aprobar las reformas a la Ley Orgánica Municipal para centralizar el servicio del Registro Civil en las 217 cabeceras municipales del estado, afectando de forma directa a un millón 18 mil 397 indígenas (INEGI), sólo tomando en cuenta este segmento de la población y dejando fuera el conteo de otras poblaciones suburbanas que también han protestado por la reforma.
Así, el gobierno responsabiliza a las juntas auxiliares por una supuesta emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos que no ha logrado documentar, una justificación en el ejercicio de su gobierno que contrasta con un principio de la propia Ley de Migración: “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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