El relator especial de la ONU Juan Méndez, quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad ante las descalificaciones personales del gobierno de Peña Nieto, dice a Proceso que no se equivocó al hablar de tortura generalizada en México; refiere que tuvo presiones para no usar esa palabra y que no fueron 14 sino 107 los casos documentados. Mientras algunos especialistas advierten que el aparato oficial es renuente al escrutinio del exterior, otros señalan que si ese informe se suma al de las desapariciones forzadas, ambos tendrán repercusiones en el derecho internacional porque testimonian delitos masivos de lesa humanidad.
MÉXICO, D.F: Ante los ataques personales dirigidos por altos funcionarios mexicanos en contra del relator especial de la ONU, Juan Méndez, por haber reportado que en la República Mexicana la tortura es generalizada, defensores de derechos humanos consideran que dicha actitud revela la renuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al escrutinio internacional.
Por su parte, el propio relator, Juan Méndez, declara a Proceso que estaba sorprendido por los cuestionamientos sobre su calidad ética y profesional, además de que sostiene su punto de vista sobre lo que ocurre en México.
Durante una entrevista telefónica realizada a su oficina en Washington College of Law, donde es profesor de derechos humanos, Juan Méndez, abogado argentino que fue víctima de la dictadura militar y se exilió en 1977, recuerda que, “por razones académicas y de investigación”, ha visitado México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como investigador de Americas Watch –hoy Human Rights Watch– y en calidad de relator de México y de trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidente en 2002.
“Tuve muchos contactos con los distintos gobiernos mexicanos, y francamente en ningún caso, a pesar de que también publiqué y voté decisiones contrarias a lo que podrían llamarse los intereses mexicanos, fueron impugnadas mi integridad ni mi ética ni mi responsabilidad profesional. Por eso realmente me resulta muy sorprendente” lo que ahora sucede, es decir, las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, y del canciller José Antonio Meade.
Hecho prisionero durante la dictadura militar argentina, por lo que fue nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, el relator de la ONU considera, frente a la reacción del gobierno de Peña Nieto, que no es “una actitud responsable el usarme de chivo expiatorio y de acusarme a mí de falta de ética cuando lo que hay, en el peor de los casos, es una discrepancia sobre la gravedad que tiene el tema de la tortura en México.
“No creo –continúa– que esa discrepancia sea menor; por supuesto que no, pero sí pienso que es importante reconocer que el problema es serio, no anecdótico, y lo único que quiere decir es que la tortura generalizada es eso, que no es una aberración, que no es algo que pasa por voluntad de algunas personas fuera de control, sino que es muy frecuente, un recurso habitual de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen. Y todo lo que tengo a disposición me hace pensar que no me equivoqué.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Por su parte, el propio relator, Juan Méndez, declara a Proceso que estaba sorprendido por los cuestionamientos sobre su calidad ética y profesional, además de que sostiene su punto de vista sobre lo que ocurre en México.
Durante una entrevista telefónica realizada a su oficina en Washington College of Law, donde es profesor de derechos humanos, Juan Méndez, abogado argentino que fue víctima de la dictadura militar y se exilió en 1977, recuerda que, “por razones académicas y de investigación”, ha visitado México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como investigador de Americas Watch –hoy Human Rights Watch– y en calidad de relator de México y de trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidente en 2002.
“Tuve muchos contactos con los distintos gobiernos mexicanos, y francamente en ningún caso, a pesar de que también publiqué y voté decisiones contrarias a lo que podrían llamarse los intereses mexicanos, fueron impugnadas mi integridad ni mi ética ni mi responsabilidad profesional. Por eso realmente me resulta muy sorprendente” lo que ahora sucede, es decir, las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, y del canciller José Antonio Meade.
Hecho prisionero durante la dictadura militar argentina, por lo que fue nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, el relator de la ONU considera, frente a la reacción del gobierno de Peña Nieto, que no es “una actitud responsable el usarme de chivo expiatorio y de acusarme a mí de falta de ética cuando lo que hay, en el peor de los casos, es una discrepancia sobre la gravedad que tiene el tema de la tortura en México.
“No creo –continúa– que esa discrepancia sea menor; por supuesto que no, pero sí pienso que es importante reconocer que el problema es serio, no anecdótico, y lo único que quiere decir es que la tortura generalizada es eso, que no es una aberración, que no es algo que pasa por voluntad de algunas personas fuera de control, sino que es muy frecuente, un recurso habitual de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen. Y todo lo que tengo a disposición me hace pensar que no me equivoqué.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
