“Viene una catástrofe en todos los sentidos”: EZLN

El subcomandante Galeano -antes Marcos- asegura: "Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera".

Se reproduce un fragmento del comunicado publicado por el subcomandante Galeano -antes Marcos-, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía.

Abril del 2015.

(…)

El Reto.

Oh, lo sé. Los clásicos inicios de las reflexiones zapatistas: desconcertantes, anacrónicos, desubicados, absurdos. Como no queriendo, como así nomás, como “ahí les dejamos”, como “ahí lo vean”, como “va en su cuenta”. Como si aventaran una pieza de un rompecabezas y esperaran a que se entendiera que no están describiendo una parte de la realidad, sino que están imaginando la imagen completa. Como que miran el rompecabezas ya completado, con sus figuras y colores cabales, pero con los bordes de las piezas visibles, como señalando que el conjunto lo es gracias a las partes, y, claro, que cada parte adquiere su sentido en su relación con las otras.

Como si la reflexión zapatista emplazara a ver que falta lo que falta, y no sólo lo que hay, lo que se percibe como inmediato.

(…)

El Centinela.

Usted puede ver que, por lo regular, en una instalación militar hay puestos en su periferia. Se les llama “Puestos de Observación”, “Puestos de Guardia” o “Puestos del Vigía”. El trabajo de esos puestos es vigilar los alrededores y los accesos al establecimiento, de modo de saber qué o quién se aproxima o se mueve o permanece en los alrededores del lugar. Bien, ese puesto de vigilancia (en los campamentos zapatistas le decimos “la posta”, ignoro la razón; por ejemplo, decimos “te toca la posta a las 0000 hrs”, “el relevo de la posta es a las 1200″, etc.), avisa o advierte al resto de la instalación, y contiene o detiene a quien trata de ingresar sin autorización. Quien ocupa el puesto de observación es el guardia, el vigía, el centinela. Además de observar y estar atento a lo que ocurre, el centinela es quien da la voz de alarma en caso de ataque y frente a cualquier eventualidad.

Según nosotras, nosotros, zapatistas, la reflexión teórica, el pensamiento crítico tiene ese trabajo de centinela. A quien trabaja con el pensamiento analítico, le toca el turno de guardia en el puesto del vigía. Podría extenderme sobre la ubicación de ese puesto en el todo, pero por ahora sólo baste plantear que es una parte también, nada más, pero nada menos. Digo esto por aquellos, aquellas y aquelloas (no olvidar la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad) que pretenden:

.- O estar por encima y afuera del todo, como algo aparte, y se esconden detrás de la “imparcialidad”, la “objetividad”, la “neutralidad”. Y dicen que analizan y reflexionan desde la asepsia de un imposible laboratorio materializado en la ciencia, la cátedra, la investigación, el libro, el blog, el credo, el dogma, la consigna.

.- O trastocan su papel de vigías y se adjudican el de nuevos sacerdotes doctrinarios. Siendo apenas centinelas, se comportan como si fueran el cerebro dirigente que muta en tribunal penal a conveniencia. Y desde ahí ordenan lo que debe hacerse, juzgan y absuelven o condenan. Aunque hay que reconocerles que el hecho de que nadie les haga caso, marcadamente la realidad siempre rebelde, no los inhiba de su delirio (etílico, no pocas veces).

El centinela tiene que ver con el puesto del vigía en cuestión. Pero ya volveremos sobre esto en alguna de nuestras intervenciones en el seminario.

Por ahora, baste decir que, abrumado, sobrepasado por la tarea de observación crítica en un mundo tramposamente instantáneo, en su turno en el puesto de guardia, el vigilante puede caer en…

-*-

El Síndrome del Vigía.

Bien, pues resulta que el centinela “agota” su capacidad de vigilancia después de un período.

Este “agotamiento” (al que nosotras, nosotros, zapatistas, llamamos “el síndrome del vigía”) consiste, grosso modo, en que la persona que está en el puesto de vigilancia desarrolla, después de un tiempo de estar de guardia, una especie de “percepción en bucle” o “constancia de la percepción”. Es decir, reproduce en su percepción consciente una y otra vez la misma imagen, como si nada se alterara, o como si los cambios fueran parte de la misma normalidad de la imagen. Tiene que ver, supongo, con algo de percepción visual, pero también con el deseo de que nada altere la rutina. Así, por ejemplo, el vigilante no desea que un peligro aparezca, y ese deseo lo traslada a lo que vigila. “Todo está bien, no va a pasar nada malo”, se repite una y otra vez, y eso se traslada a su valoración de la realidad. Su objetivo es poder entregar un reporte de vigilancia lacónico: “sin novedad”.

Esto que les explico es producto de una observación empírica, no de un estudio científico. A lo largo de años y años de vigilancia, es lo que concluimos de nuestra propia (y reducida) experiencia. Con la persistente duda de si ciencia o usos y costumbres, preguntamos con alguien que sí le sabe a eso de la neurociencia. Nos dijo que el fenómeno existe, aunque no está precisado el mecanismo que lo provoca (antes de que quieran degollarme las distintas corrientes o posiciones en psicología, aclaro que lo único que confirmé es que el fenómeno es real, comprobable). Ahora bien, ¿por qué se da? bueno, ahí véanlo ustedes -sería bueno que, ya en eso, se pongan de acuerdo en cuál es el objeto de conocimiento de la “ciencia” de la psicología-.

Bueno, esa persona nos explicó lo que es la “atención selectiva” y nos mandó un libro de ésos de los de antes (o sea que se entiende lo que explica). Palabras más, palabras menos, se trata de que sólo atendemos una pequeña parte de lo que vemos en un determinado momento e ignoramos el resto. Bueno, pues ese resto que ignoramos es la “ceguera al cambio” o “ceguera por inatención”. Es como si, al filtrar las partes de la imagen que vemos, nos volviéramos ciegos a lo que no seleccionamos como importante.

Por ahora no desarrollaremos esto, pero, en resumen, el “síndrome del centinela” consiste en que:

a).- No se vigila el todo, sino sólo una parte de ese todo.

b).- Cuando se “cansa”, la guardia no percibe los cambios que se presentan en la zona vigilada porque le son imperceptibles (es decir, no son dignos de atención).

Para contrarrestar eso, usamos varios recursos:

Uno de ellos es la vigilancia no directa, la “visión periférica” o, en término coloquiales, “mirar por el rabillo del ojo”. Esto es que la mirada indirecta permite detectar alteraciones de la rutina. También debe de haber una explicación de esto en la neurociencia, pero creo que nos falta estudio.

Otras formas de solucionar la fatiga del centinela, son: poner dos o más vigías cubriendo el mismo punto; o reducir el tiempo de vigilancia y aumentar la frecuencia del relevo.

Puede y hay otras formas de que la tarea del centinela se cumpla.

Pero lo importante es que hay que estar avizores de cualquier señal de peligro. No se trata entonces de advertir el peligro cuando ya está presente, sino de mirar los indicios, valorarlos, interpretarlos, en suma, pensarlos críticamente.

Por ejemplo: esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera, cuál es su intensidad, se dirige hacia acá o se aleja?

¿O se trata de algo más grande, más terrible, más destructivo? Si es así, habrá que alertar a tod@s de la inminencia de…

La Tormenta.

Bueno, el asunto es que lo que nosotros, nosotras, zapatistas, miramos y escuchamos es que viene una catástrofe en todos los sentidos, una tormenta.

Pero…, resulta que nosotras, nosotros, zapatistas, también miramos y escuchamos que personas con grandes conocimientos dicen, a veces con su palabra, siempre con su actitud, que todo sigue igual.

Que lo que la realidad nos está presentando, son sólo pequeñas variaciones que no alteran en nada importante el paisaje.

O sea que nosotras, nosotros, zapatistas, vemos una cosa, y ellos ven otra.

Porque vemos que se sigue recurriendo a los mismos métodos de lucha. Se sigue con marchas, reales o virtuales, con elecciones, con encuestas, con mítines. Y, de manera concomitante, surgen y se desarrollan los nuevos parámetros de “éxito”, una especie de aplausómetro que, en el caso de las marchas de protesta, es inverso: mientras más bien portada sea (es decir mientras menos proteste), mayor su éxito. Y se hacen organizaciones partidarias, se trazan planes, estrategias y tácticas, haciendo verdaderos malabares con los conceptos.

Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración.

Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años.

Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo.

Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento.

Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.

Entonces pensamos que en nosotros o en ellos, hay el “síndrome del centinela”.

Y nosotros, nosotras, zapatistas, miramos de reojo esos movimientos en la realidad. Ponemos entonces más atención, subimos a lo alto de la ceiba para tratar de ver más lejos, no lo que pasó, sino lo que viene.

Bueno, pues lo que vemos no es nada bueno.

Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera.

Pero otra vez vemos que quienes piensan y analizan nada dicen de eso. Siguen repitiendo lo de hace 20 años, 40 años, un siglo.

Y vemos que organizaciones, grupos, colectivos, personas, siguen en lo mismo, presentando falsas opciones excluyentes, juzgando y condenando a lo otro, a lo diferente.

Y más: despreciándonos por lo que decimos que vemos.

Entonces, pues ya ve usted, somos zapatistas. Y eso quiere decir muchas cosas, tantas que en los diccionarios de su lengua de usted no existen palabras para eso.

Pero también quiere decir que siempre pensamos que podemos estar equivocados. Que tal vez todo sigue sin cambios fundamentales. Que tal vez el Mandón sigue mandando igual que hace décadas, siglos, milenios. Que puede ser que lo que viene no es algo grave, sino apenas una descompensación, un reacomodo de ésos que ni la pena valen.

Entonces o nada de pensamiento, de análisis, de teoría, o lo mismo de siempre antes.

Entonces nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que tenemos que preguntar a otros, a otras, a otroas, de otros calendarios, de geografías distintas, qué es lo que ven.

Creo que es como cuando a un enfermo le dicen que sí, que ya está muy grave, o sea que “está cabrón”, decimos acá. Y entonces pues, como quien dice, hay que buscar una segunda opinión.

Entonces decimos que está fallando el pensamiento, la teoría. Sea que falla la nuestra, sea que fallan los otros pensamientos. O tal vez fallan los dos.

Entonces, pues somos desconfiados, desconfiadas, como de por sí. Pero sí un poco lo confiamos las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta. Pero bien sabemos que el mundo es muy grande, y que hay otros, otras, otroas, que también le hacen a eso de pensar, analizar, mirar.

Entonces pensamos que necesitamos pensarlo al mundo, y también pensar así su calendario y su geografía de cada quien.

Y pensamos que más mejor si hacemos ahora sí que como un intercambio de pensamientos. No como se dice un intercambio de mercancías, como en el capitalismo, sino como si dijéramos que echemos trato de que yo te lo digo mi pensamiento y tú me lo dices el tuyo. O sea como una reunión de pensamientos.

Pero entonces no pensamos que es una reunión así nomás, sino que tiene que ser grande, muy grande, mundial se dice.

Y, bueno, nosotros, nosotras, zapatistas, no conocemos mucho. Si acaso y batallando, algo lo sabemos de nuestroas compañeroas, compañeras y compañeros de la Sexta.

Entonces vemos que a esas reuniones de pensamientos en algunas partes les dicen “seminarios”, creemos que porque “seminario” quiere decir “semillero” o sea que ahí se hacen semillas que a veces rápido crían y a veces tardan.

Y entonces decimos que hagamos un semillero de ideas, de análisis, de pensamientos críticos de cómo está actualmente eso del sistema capitalista.

Entonces el seminario o semillero no es un sólo lugar ni en un sólo tiempo. Sino que tarda y es en muchas partes.

Y entonces pues por eso decimos que es dislocado, o sea que no todo en un sólo lugar, sino que muchas partes y en muchos lados. Y decimos que es mundial, bueno, pues porque en todos los mundos hay pensamientos críticos, que se están preguntando qué pasa, por qué, qué hacemos, cómo, y esas cosas que se piensan en la teoría.

Pero entonces, pensamos, en algún lado empieza y en un tiempo.

Entonces, pues, empieza en un lugar ese semillero colectivo, y ese lugar es en un caracol zapatista. ¿Por qué? Bueno porque acá los pueblos zapatistas lo usamos el caracol para alertar y para llamar al colectivo.

Así que, por ejemplo, si hay un problema de la comunidad, o un asunto que hay que resolver, pues se toca el caracol y ya todo el pueblo sabe que hay reunión del colectivo para que el pensamiento hable su palabra.

O para ver cómo hacemos para resistir.

Así que digamos que el caracol es uno de los instrumentos del centinela. Con él avisa que hay un peligro.

Entonces el lugar es, pues, un caracol zapatista: el caracol de Oventik, montañas del sureste mexicano, Chiapas, México.

Y la fecha del inicio es el 3 de mayo. ¿Por qué el 3 de mayo?

Bueno, en nuestros pueblos es el día de la siembra, de la fertilidad, de la cosecha, de la semilla. Es el día de la Santa Cruz.


(…)

Comunicado completo en página del EZLN.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Migrantes y juntas auxiliares: criminalización y control desde el Estado

Un acta de nacimiento falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos, según un “pollero” de Veracruz.

El gobernador Rafael Moreno Valle culpó a los presidentes auxiliares y a los migrantes centroamericanos de ser los responsables de poner a Puebla como un lugar vulnerable en materia de seguridad, por la emisión indebida de actas de nacimiento falsas, las cuales les han convertido en mexicanos. Bajo esa justificación, el año pasado se aprobó en el Congreso retirar a las juntas auxiliares las facultades de Registro Civil.

En respuesta, presidentes auxiliares exigieron la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitaron al gobierno que sancionara a quienes incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, no se ha documentado ni un solo caso de la presunta corrupción.

Para el Instituto Ignacio Ellacuría y el padre Gustavo Rodríguez Zárate, con la medida “quisieron resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.

I. México, tierra fértil para cambiar de identidad

Jairo Javier Cruz nació el 20 de febrero de 1991 en un pueblo productor de café en los límites de Puerto Cortés, Honduras. Las monedas que ahora mendiga en los cruceros de Apizaco, Tlaxcala, servirán para mitigar su hambre, comprar un documento que le acredite como mexicano y pagar las cuotas de su viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuenta que un “pollero” en Tierra Blanca, Veracruz, le dijo que un acta de nacimiento falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos; incluso se atrevió a ofrecerle más: comprar una nueva identidad, abandonar “La Bestia”, el tren en el que los migrantes transitan de manera clandestina en busca del “sueño americano”, y viajar seguro en autobús hasta Nogales, en la  frontera norte de México.

“Parece fácil. Voy a buscar ahorro y ver qué pasa”, dice Jairo en entrevista.

Jairo y Johan, otro hondureño de apenas 17 años, se conocieron arriba del tren que abordaron en Tenosique, Tabasco, con rumbo a Tlaxcala. Johan llegó hasta Guadalajara en agosto de 2014, donde fue aprehendido por autoridades migratorias; días más tarde lo deportaron a su país. En ese primer y fallido intento los “polleros” de Lechería, la estación de tren ubicada en el Estado de México, le ofrecieron los documentos mexicanos falsos a “buen precio”, sin embargo, al no contar con el dinero suficiente no pudo adquirir ni acta de nacimiento ni una identificación con fotografía.

“No quiero deportación. Si me agarran otra vez voy a enseñar mi papel de mexicano (que dice no tener aún), pero no regreso a Honduras”, advierte Johan, que no dudó en abandonar por segunda ocasión San Pedro Sula el primer día de enero de 2015, a unas horas de haber velado a un tío que asesinaron afuera de su casa, después de la celebración familiar de Año Nuevo.

II. Punto de quiebre

En el 2014, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas se enfrentó a la primera y más visible crisis de ingobernabilidad de su sexenio, debido a múltiples protestas sociales que reclamaban el servicio del Registro Civil en pueblos dispersos o colonias organizadas bajo la denominación política de juntas auxiliares.

El 9 de julio de ese año, un enfrentamiento entre policías y pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, en Santa Clara Ocoyucan, dejó como saldo un centenar de heridos de ambos bandos, el peor caso fue el de un niño de 13 años herido de muerte. Como consecuencia, el gobierno de Puebla recibió atención mediática internacional y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber cometido “violaciones graves a los derechos humanos” durante la gresca.

El mandatario culpó a los presidentes auxiliares y a los migrantes centroamericanos —que comenzaron a ser más visibles en los cruceros de la entidad a partir de febrero de 2013, según documenta el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana— de ser los responsables de poner a Puebla como un lugar vulnerable en materia de seguridad por la emisión indebida de actas de nacimiento falsas, las cuales les han convertido en mexicanos.

“Están ciudadanos centroamericanos, en algunas ocasiones con antecedentes delictivos, convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacía mediante actos de corrupción”,  declaró Moreno Valle el 9 de julio a diversos medios de comunicación en una entrevista posterior a la reunión semanal de seguridad que se llevó a cabo en el Centro Integral de Servicios (CIS).

“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”

Por medio de una investigación con apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, y el International Center For Journalist (ICFJ) fue posible documentar que el supuesto tráfico de identidades en Puebla no es una práctica originada desde las juntas auxiliares, y que los habitantes de las comunidades indígenas que las componen son ahora víctimas de un desplazamiento colateral que compromete su modo de vida.

III. Reforma imprevista

El brete gubernamental comenzó el 15 de mayo de 2014, fecha en la que 658 presidencias auxiliares del estado comenzaron un nuevo periodo de gobierno.

Cuando los presidentes auxiliares rindieron protesta les informaron que por las reformas a tres artículos (224, 230 y 231) de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso de Puebla había aprobado (en diciembre de 2013) que las atribuciones y obligaciones que se les concedieron durante más de 60 años como jueces del Registro Civil en sus comunidades, se habían derogado.

La reforma ubicó a las juntas auxiliares como “órganos desconcentrados del Ayuntamiento” en lugar de “gobiernos y autoridades de su pueblo”, con el propósito de fortalecer el “municipalismo”.

El Congreso de Puebla concedió entonces al gobierno del estado “ordenar la reglamentación a fin de hacer congruente el funcionamiento del Registro Civil con esta reforma”. Fue hasta el 11 de junio de 2014 cuando la Secretaría General de Gobierno (SGG) publicó un acuerdo mediante el cual informa que “en las poblaciones donde no haya juez del registro del Estado Civil, la Coordinación del Registro del Estado Civil de las Personas, determinará y coordinará las acciones conducente a efecto de que se verifique el servicio de manera eficiente y permanente”.

La medida colapsó a los pueblos y colonias marginadas que componen las juntas auxiliares, porque se quedaron sin el servicio para obtener un acta de nacimiento, un acta de defunción o para iniciar un trámite de matrimonio en su localidad.

Por ejemplo, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa —un pueblo de casi 15 mil habitantes que pertenece al municipio de Puebla, pero se encuentra a una hora del centro— el presidente auxiliar de la demarcación, Raúl Pérez Velázquez reveló que se realizaron ocho entierros sin acta de defunción en dos meses (16 de mayo a 17 de julio de 2014) debido a la falta del Registro Civil.

El administrativo, después de confrontarse con el gobierno estatal para exigir la reinstalación del servicio y anunciar la organización de los pobladores para conformar una policía comunitaria, fue aprehendido tras ser acusado de robo, amenazas, privación ilegal de la libertad y del cierre del edificio de la junta auxiliar.

Hasta la fecha no hay registro de cuántos han sido sepultados sin acta defunción del 15 de mayo al 11 de junio de 2014 (cuando se publicó el reglamento), pero fue una práctica que reportaron más de una veintena de presidentes auxiliares durante las protestas.

“Las familias no supieron qué hacer y su luto no pudo esperar hasta que el gobierno resolviera (el servicio del Registro Civil)”, señaló el edil auxiliar de Canoa.

Raúl Pérez hoy se encuentra en prisión al lado de Javier Montes y Leonardo Báez, presidentes auxiliares de Chalchihuapan y La Resurrección, al habérseles imputado diversos delitos. Los tres líderes tienen en común haber encabezado protestas por el retiro del Registro Civil en sus comunidades.

IV. Gobierno enciende focos rojos

Las protestas por la disputa del Registro Civil se recrudecieron desde el 1 de julio de 2014 con un altercado entre policías y pobladores de distintas juntas auxiliares de la región de Tehuacán, mismo que dejó una decena de heridos.

Al siguiente día —y por primera vez— la Secretaría General del Gobierno en Puebla (SGG) informó que las reformas a la Ley Orgánica Municipal permitieron al gobierno estatal “resolver una problemática recurrente que no sólo implicaba que se sorprendiera a los usuarios con sobrecostos de los documentos, sino que se cometieran prácticas delictivas a través de un mercado soterrado e ilícito para regular a migrantes centroamericanos que habían situado a Puebla en una condición de vulnerabilidad”.

También el gobernador Rafael Moreno Valle justificó que el retiro del Registro Civil a las juntas auxiliares del estado se debió a “una serie de irregularidades muy significativas”.

“La más grave de ellas, desde el punto de vista de seguridad, es que se estaban -ciudadanos centroamericanos en algunas ocasiones con antecedentes delictivos- convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacia mediante actos de corrupción”.

El 9 de julio de 2014, a través de un comunicado de prensa,  Moreno Valle hizo un exhorto a las autoridades del Registro Civil “para que puedan llevar los servicios a las juntas auxiliares, pero que lo hagan con personal del municipio y nos entregan un control para garantizar que no se estén entregando actas de manera irregular a personas que no sean mexicanas o que no sean del Estado. Sólo es una medida de control y que además está dentro de la ley”.

A partir del 20 de noviembre de 2014, y hasta el 5 de enero de 2015 se solicitó a la Dirección de Comunicación Social una serie de entrevistas para profundizar en la versión oficial. Se solicitaron audiencias separadas con los responsables del Registro Civil del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría, la Secretaría General de Gobierno y la Oficina de Atención a Migrantes de Puebla. Sólo se recibieron negativas.

El 5 de enero se buscó personalmente al coordinador de Enlace de Medios de Comunicación, Fernando Crisanto, para insistir en las entrevistas. En el encuentro el funcionario afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas nunca mencionó la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos, ya que la razón sólo tuvo fundamento en actos de corrupción en general. Aun así se insistió en conocer el proceso de modernización del Registro Civil y en entrevistar a los funcionarios enlistados con antelación. Después de 48 horas respondió que no sería posible.

V. Acusación sin consecuencias

La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) respondió el 26 de noviembre de 2013 a la solicitud de información (Folio: 00434014) para saber “cuántas averiguaciones previas comenzó en contra de presidentes auxiliares que ejercieron su mandato en el periodo de 2011 a 2014 y por cuáles delitos”  que “no se tiene registro de averiguaciones previas iniciadas con la denominación específica de “presidentes auxiliares”; en virtud de que esta Dependencia genera reportes con las denuncias presentadas contra personas físicas, sin contarse con la información desglosada como se solicita”.

En el 2014, unos 180 presidentes auxiliares formalizaron la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) para exigir la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitar al gobierno que sancionara a los ex presidentes que incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, hasta la fecha no se ha documentado ni un solo caso de ellos en prisión por esta causa.

A través de otra solicitud de información (Folio: 00466314), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que de enero de 2013 a noviembre de 2014 no existe ningún extranjero acusado del delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información (Oficio: SJAI/DGAJ/11804) Puebla fue el sexto estado (131) con el mayor número de denuncias por el delito de falsificación de documentos (del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014), superado por el Distrito Federal (3 mil 192) Jalisco (367), Estado de México (355) y Baja California Norte (315).

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó por medio de otra solicitud de información (Número: 0411100088114) que en los últimos 15 años, 62 emigrantes de Centroamérica han sido remitidos a las autoridades judiciales por posesión de documentos mexicanos falsos.  El mayor número de casos lo registra Tlaxcala (24), seguido de Morelos (17) y Tabasco (8). En Puebla no se registra ni un solo caso.

Para Alejandro Lázaro, ex presidente auxiliar de Zaragoza, que pertenece a la capital del estado, la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos es “una leyenda urbana, una mentira”, al asegurar que el proceso del Registro Civil siempre fue controlado desde la Dirección Estatal del Registro Civil en Puebla, a través de un software que el gobierno instaló en cada comunidad.

“Cuando nos enteramos (del retiro del Registro Civil) en los medios pedimos que se castigara con la ley. No deben generalizar que todos éramos corruptos. Nos opusimos (al retiro del Registro Civil) en esos tiempos (cuando se aprobó la reforma en diciembre de 2013) porque se iban a terminar apoyos económicos a la comunidad. Ellos jamás nos hablaron o llamaron la atención sobre actos de corrupción”.

Si bien, los recursos obtenidos a través del Registro Civil en las juntas auxiliares nunca fueron sujetos de fiscalización, el proceso de emisión de documentos oficiales siempre estuvo en manos de la Dirección del Registro Civil del Estado.

“Ellos (Dirección del Registro Civil) te daban papelería con folios; llevaban un control. Cada mes les entregaba un reporte mensual con folio y nombres de las personas a quienes se les expidió un documento. Si no se entregaba en los primeros cinco días del mes estábamos impedidos para recibir nueva papelería. Todo quedaba consignado en un software que ellos instalaban. Si se metía un nombre indebido, o algún cambio, el sistema marcaba ‘error’”.

VI. Cambio de identidad, opción en ruta migrante

La venta de actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas, falsas o apócrifas, a migrantes centroamericanos es una “actividad común y reciente” en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, afirma Irazú Gómez, responsable del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana.

Los migrantes necesitan un documento mexicano para conseguir un tránsito más seguro por México, pero “coyunturalmente ellos vienen desde Chiapas o Guatemala ya con documentos falsos porque entran con redes de tráfico para personas”, explicó en entrevista.

“La movilidad ilegal a través documentos falsos corresponde a un perfil del migrante que viene en una red de tráfico que tiene costos elevados porque están dando más elementos para pasarte de un modo que te agrega el valor de seguridad”.

Según el diagnóstico elaborado por el Instituto Ignacio Ellacuría, Puebla se incorporó a la ruta migratoria desde el 2009 y parecía invisible: los migrantes que viajaban en tren comenzaron a bajar sobre la vía que pasa atrás del mercado Hidalgo, en la periferia de la ciudad; pero el fenómeno ganó visibilidad en el 2013 con un “oleaje” de centroamericanos en los principales cruceros de la zona urbana para pedir dinero.

“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”

VII. Compra de identidad, nuevo peligro para migrantes

En la actualidad Puebla es una central de migración, el punto de partida hacia todo el sureste y el distribuidor de todas las rutas hacia el norte de México. En la estación de Lechería, Estado de México, salen todos los trenes para el norte, pero en Puebla confluye todo el tránsito de carreteras, afirma el coordinador de albergues para migrantes La Asunción, el padre Gustavo Zárate.

Puebla, además, se ha convertido en un punto de estancia prolongada o permanente: hay zonas del estado donde los migrantes centroamericanos son aceptados como trabajadores, campesinos y se casan con mexicanas, dice.

“Se están quedando no porque así soñaron, sino porque la pesadilla mexicana les hizo desilusionarse del sueño americano”.

De acuerdo con sus estadísticas, en los siete albergues que hay en la ciudad de Puebla, de cada mil migrantes que llegan 910 son hondureños, 50 salvadoreños y el resto de otros países.

Pero el negocio ilícito no proviene de las juntas auxiliares de Puebla sino de grupos delictivos que operan en todo el país coludidos con las propias autoridades.

De los migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos y llegan a Puebla, sólo el 20 por ciento lo hace a través del tren, el otro 80 por ciento se traslada en autobuses “pirata”, en camionetas particulares y en vagonetas de turismo. “La inseguridad los bajó del tren y los expuso a nuevos peligros, por ejemplo: ser aprehendidos por llevar documentos falsos. Eso es un delito en México”, añade.

“En la colonia La María y el entronque con la carretera que va por Covadonga (rumbo a Tlaxcala) cambian de autobús; se quedan o abordan autobuses que van de manera directa a Tijuana. Es un mecanismo muy seguro, y si llevan dinero tienen la complicidad de las autoridades”.

Pero no todo ocurre en la capital de Puebla, ni pertenece sólo a los “polleros”, dice. La distribución estratégica de carreteras y brechas rurales ha facilitado el tráfico de centroamericanos indocumentados que son reclutados por el narcotráfico. Algunos siguen y otros se quedan en los municipios.

“La queja me la dan los mismos presidentes municipales: ‘o cooperamos, o cuello; si denunciamos se van con nuestra familia’. El narco tiene el control de más del 80 por ciento de los municipios poblanos y eso facilita el tránsito invisible de los migrantes”.

El padre Gustavo Zárate, quien ha denunciado públicamente amenazas más tres ocasiones por parte del gobierno, indicó que el secuestro de migrantes que provienen de Centroamérica, así como su explotación en los cruceros donde piden dinero, son prácticas propias del crimen organizado que en Puebla—sentencia— goza de impunidad, por eso ahora es más visible.

El Instituto Ellacuría y el párroco coincidieron en que cuando alrededor de 40 cruceros de la ciudad de Puebla fueron “tomados” por migrantes dedicados a la mendicidad, el gobierno estatal tomó medidas, y de forma coyuntural criminalizó la figura del “centroamericano” para culpar a los presidentes de las juntas auxiliares de prácticas corruptas en el Registro Civil.

“Quisieron (autoridades estatales) resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.

No obstante, una encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (2006) del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración (INM) registra que del total de indocumentados que cruzan de Guatemala a México, un 87.57 por ciento busca ir a Estados Unidos y sólo el 16.42 por ciento tiene como objetivo radicar en nuestro país.

VIII. No hay delitos, sólo percepción

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi, señala que la criminalidad de centroamericanos en Puebla a la que alude el gobernador Rafael Moreno Valle es sólo un asunto de percepción.

“Nosotros vemos una preocupación latente de la ciudadanía de ver cada vez más migrantes en las calles pidiendo apoyo, la gente supone que se involucran en actividades delictivas, pero tampoco tenemos ningún reporte de que así sea”.

Ambrogi recuerda que en el 2014, durante una reunión con funcionarios del gabinete de seguridad estatal —a la que él también fue invitado— se les explicó —sin documentar un solo caso— que las juntas auxiliares hacían uso indebido de su facultad y generaban identidades falsas a migrantes, aunque no necesariamente a centroamericanos, sino también a gente de Asia.

Sin embargo, afirma Ambrogi, hasta hoy no tiene documentado un solo caso donde los migrantes centroamericanos se involucren en actos delictivos durante su tránsito hacia los Estados Unidos. Al contrario, dice, las cifras de distintas instituciones mexicanas revelan una serie de extorsiones hacia ellos.

Por esa razón el Consejo Ciudadano dispuso este mismo año dar el servicio de asesoría legal y sicológica, confidencial y gratuita a migrantes centroamericanos para atender denuncias vía telefónica (3 099 099 y 01800 9 099 099 ) sobre casos de extorsión o como víctimas de cualquier otro delito.

“Los migrantes que provienen de Centroamérica o de cualquier otro país, puede acudir al Consejo y pedir asesoría legal gratuita, sicológica y confidencial. No importa su condición migratoria. Nosotros atendemos a víctimas y punto”, recalcó Ambrogi.

IX. Unos y otros en el mismo viaje

“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”, dice el político y activista indígena Fidencio Romero Tobón.

Unos viajan para buscar paz y una vida mejor en Estados Unidos, mientras que otros, los indígenas poblanos, trotan por veredas y disponen hasta de un día para buscar su nombre.

“Para que los habitantes de la junta auxiliar de África, perteneciente al municipio de San Felipe Tepatlán (norte de Puebla), lleguen a una cabecera municipal (San Felipe Tepatlán o Jopala) para conseguir un acta de nacimiento o de defunción deben programar un viaje que comienza al despuntar el alba: cruzan por H. Galeana, Amixtlán, Ahuacatlán, Zacatlán, Huauchinango, Filomeno Mata (Veracruz) y así hasta llegar a Jopala”. Es la ruta más sencilla y en un auto particular la travesía dura aproximadamente seis horas, pero si cruzan a pie la zona montañosa el recorrido es de 13 horas.

A finales de 2014, Fidencio Romero solicitó por separado a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SGG) y al Congreso del Estado el restablecimiento del servicio del Registro Civil en 23 juntas auxiliares donde la población mayoritaria es indígena.

Por medio de tres cartas escritas en castellano, totonaco y náhuatl, pidió hacer efectivo el marco jurídico internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que México adoptó el 13 de septiembre de 2007.

“Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” dicta el artículo 19 de la Declaración internacional.

Incluso, la propia Constitución Política del Estado de Puebla, reformó el 5 de enero de 2011 el artículo 13,  donde “el Estado reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público”, pues antes sólo eran “sujetos de interés público”.

En el apartado de F del artículo 13, la Constitución local dicta que el Estado debe “establecer los mecanismos de consulta que resulten apropiados para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, así como cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Para el líder indígena las disposiciones internacionales, incluso locales, fueron violadas con el retiro del Registro Civil a las comunidades.

“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”, explica Romero Tobón.

Con apego a los usos y costumbres de 23 juntas auxiliares, Fidencio Romero fue elegido como su representante legal para llevar esta solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra en espera de entrar a revisión.

El Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registra que de las 658 juntas auxiliares que hay en Puebla, 312 se encuentran dispersas en las montañas de la sierra y zonas desérticas de la Mixteca, a más de una hora de viaje en automóvil de las cabeceras municipales a las que pertenecen.

X. Un cuarto de siglo se reduce a un día

A México le llevó un cuarto de siglo de negociaciones, consultas, diálogos y cabildeos para aceptar el derecho que los pueblos indígenas tienen a la consulta sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. También pasaron diez años de gestiones intensas para apurar al gobierno mexicano a publicar una Ley de Migración que busca “regular el ingreso, salida y el tránsito de extranjeros en nuestro país en un marco de respeto, protección y de salvaguarda de los derechos humanos”.

A Puebla le llevó un día aprobar las reformas a la Ley Orgánica Municipal para centralizar el servicio del Registro Civil en las 217 cabeceras municipales del estado, afectando de forma directa a un millón 18 mil 397 indígenas (INEGI), sólo tomando en cuenta este segmento de la población y dejando fuera el conteo de otras poblaciones suburbanas que también han protestado por la reforma.


Así, el gobierno responsabiliza a las juntas auxiliares por una supuesta emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos que no ha logrado documentar, una justificación en el ejercicio de su gobierno que contrasta con un principio de la propia Ley de Migración: “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian que el titular de la Conagua utilizó helicóptero oficial para vacacionar

MÉXICO, D.F: Vecinos del fraccionamiento Bosque Real, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, evidenciaron cómo el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, utilizó un helicóptero oficial para fines particulares.

El usuario Ignacio Vizcaíno Tapia publicó una serie de fotografías en su cuenta de Facebook con el título: “Un Helicoptero de CONAGUA recoje a una familia en Bosque Real para irse de vacaciones” (sic). En las imágenes se observa un vehículo rotulado con el logotipo del organismo.


En las fotografías publicadas se observa a personas con maletas descendiendo de una camioneta para abordar el helicóptero. No obstante, la versión oficial de la Conagua es que el funcionario utilizó el helicóptero para ser trasladado a “un tema de índole médico”.

Según un escueto comunicado del organismo, los familiares de David Korenfeld Federman lo acompañaron a su traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

David Korenfeld Federman, fue alcalde de Huixquilucan durante el montielismo (2003-2006); es ubicado como el interlocutor de los negocios de la comunidad judía mexiquense con Peña Nieto. Fue secretario de Obra Pública en el Estado de México y coordinó el área de Evaluación y Seguimiento durante la campaña presidencial.


La Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados es de su autoría. Especialistas e investigadores han denunciado que dicha iniciativa privará a los mexicanos de su derecho humano para acceder al líquido y privilegiará a las grandes compañías.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionario celebra lujosa boda en recinto histórico

MÉXICO, D.F: El coordinador del Programa de Pensión de Adultos Mayores de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Tlaxcala, Agustín Bretón Stankiewicz, celebró su matrimonio en un recinto histórico que sólo debe ser utilizado para actividades culturales.

La boda se celebró el sábado pasado en el patio del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), mediante un permiso otorgado por el gobierno estatal.

Alrededor de mil invitados, primordialmente de la clase política, asistieron al enlace entre Bretón Stankiewicz y Elvia Tamayo, hija de un empresario local.

De acuerdo con el periódico digital E-consulta, se presume que el novio es amigo de Mariano González Aguirre, hijo del gobernador.

“La boda era de rigurosa etiqueta, las mujeres con vestido largo, los adornos con luz de neón en todos los arcos iluminados en tonos morado y rosa en una carpa transparente, en donde se avizoró un gasto excesivo que no se conoce si salió del erario”, cita la crónica del mencionado periódico digital.

Miembros de la Policía Estatal resguardaron la seguridad de los invitados.


El ITC fue fundado en 1983 para la promoción del arte y la cultura. En su sitio oficial, el organismo presume que “ha impulsado la promoción del arte y de la cultura de Tlaxcala, ha fomentado el desarrollo de la infraestructura cultural, de la enseñanza de las artes y de la divulgación de las más profundas raíces culturales del pueblo tlaxcalteca, que le dan identidad y particularidades espléndidas en el contexto de la nación mexicana”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

MVS y Carmen Aristegui inician batalla legal

MÉXICO, D.F: Con una demanda mercantil y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Grupo MVS y Carmen Aristegui iniciaron formalmente la defensa legal de sus intereses.

Este martes la empresa de Joaquín Vargas reclamó que se declare judicialmente la terminación de su contrato con Carmen Aristegui, y ésta, a su vez, presentó una queja en la CNDH contra la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por actos y omisiones que agraviaron a los quejosos.

De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, Stereorey Digital y MVS Multivisión Digital presentaron la demanda mercantil el pasado lunes 23, una semana después de que la empresa anunció que daba por terminada la relación laboral con la periodista y su equipo.

Según información difundida por el diario Reforma, Rómulo Figueroa Salmorán, juez Décimo de Distrito en Materia Civil, desechó la demanda el viernes 27 y hoy notificó que dicha resolución quedó firme, por lo que archivó en definitiva el expediente 155/2015.

Fuentes judiciales informaron al periódico que Figueroa consideró que no tiene competencia sobre el caso, mismo que deberá ser resuelto por un juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Las fuentes agregaron que el juez resolvió que el asunto no es de carácter federal, ya que si bien MVS es titular de una concesión federal, la demanda se refiere a una disputa contractual entre particulares.

Los juicios ordinarios mercantiles son regulados por el Código de Comercio, por lo que la presentación de la demanda implica que, desde el punto de vista de MVS, el contrato con Aristegui es de naturaleza comercial y no tiene carácter estrictamente laboral.

Si la demanda es admitida en su momento por un juez del TSJDF, Aristegui será emplazada a contestar y tendrá derecho a presentar una reconvención o contra demanda en la que podrá exigir, por ejemplo, el cumplimiento del contrato en sus términos o alguna indemnización.

Aristegui ha mencionado que acudirá a los tribunales para combatir su despido y el de sus colaboradores, pero no ha aclarado la estrategia jurídica que seguirá.

Tampoco está claro si el contrato que MVS busca dar por terminado se refiere únicamente a la periodista, o también a sus colaboradores, o si la relación de estos con la empresa era estrictamente laboral, en cuyo caso esa parte del litigio tendría que ventilarse ante una junta de conciliación y arbitraje.

Por otra parte, la CNDH informó en un comunicado que Carmen Aristegui, al frente de un grupo de comunicadores, presentó un escrito de queja contra la Segob y el IFT.

Detalló que los periodistas fueron atendidos por Edgar Corzo, quinto visitador general; Carlos Borja, director general de Quejas y Orientación, y Rodrigo Santiago, director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.


El organismo aseguró que dará trámite a la queja en cuestión y en su oportunidad emitirá el pronunciamiento correspondiente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A partir del domingo, alud de espots electorales

Los ciudadanos escucharán y verán 97 mil horas de propaganda política. El PRI presentará 3 millones, más los 820 mil de su aliado, el PVEM; le siguen PAN y PRD.

Con el arranque de las campañas federales este domingo, los mexicanos se verán sobresaturados con 11.3 millones de promocionales de partidos políticos transmitidos en radio y televisión, es decir, 97 mil horas de propaganda en dos meses.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevará la tajada más grande con casi 3 millones de espots que, sumados a los 820 mil de su aliado, el Verde Ecologista de México (PVEM), concentran 30 por ciento; después se ubica el Partido Acción Nacional (PAN), con 18 por ciento, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 13.8 por ciento.

Como la propaganda es repartida según la votación federal obtenida en 2012 por los partidos políticos, su acceso es muy desigual. Por ejemplo, el PRI, que tiene 2.9 millones de espots, en promedio puede pautar 20 en un día en una emisora, mientras un partido de nueva creación, como Morena, que tiene 309 mil, sólo dos.

Con respecto a elecciones anteriores, ésta será la más espotizada, ya que si bien entre precampañas, intercampañas y campañas sumarán 41 millones de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales, 3 millones menos que en 2012, se transmitirán en seis y no en ocho meses.

Juan Adolfo  Montiel, director de Pautado del Instituto Nacional Electoral (INE), explica en entrevista que la espotización es cierta por dos razones: a partir de la reforma política de 2014 los partidos políticos se asignaron espots para el periodo de intercampañas, siendo que antes no tenían acceso a tiempos en radio y televisión, salvo las autoridades electorales. Esto significa que en 45 días (del 19 de febrero al 4 de abril) se habrán repartido 4.9 millones de promocionales.

Además, antes de 2015, en las precampañas tenían 18 minutos y ahora contaron con 30. ‘‘Los partidos políticos tienen presencia desde el inicio de la precampaña hasta que termina’’, refiere.

Comentó que la empresa Ipobe hizo una investigación y encontró que los partidos tienen más impactos en radio y televisión que las campañas comerciales, lo que provoca una sobresaturación de propaganda política. ‘‘Ellos dicen que hay un umbral, que hace un efecto contrario y que la gente los rechaza’’.

En cada una de las 2 mil 41 emisoras se transmiten 48 minutos diarios de espots distribuidos en 18 horas de transmisión, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Esto significa que  cada hora se transmiten de 2 a 3 minutos de promocionales, es decir, tres o cuatro por hora.

Pamela San Martín, presidenta del Comité de Radio y Televisión del INE, señaló que esta cifra de más de 11 millones de anuncios partidistas es verdadera, pero ‘‘un tanto engañosa’’, porque abarca todas las estaciones de radio, todos los canales de televisión y todo el horario del día.

‘‘Generalmente una persona ve un canal de televisión o una estación de radio a la vez. Lo máximo que se puede llegar a ver son 48 minutos diarios máximo, es decir, 97 promocionales si se prendiera la televisión de las 6 de la mañana a 12 de la noche’’, explica la consejera.

Los partidos políticos no pagan por estos anuncios, ya que desde 2007, cuando se reformó el modelo de comunicación política, tienen acceso gratuito a tiempos en radio y televisión y el INE es el intermediario encargado de enviarlos a las emisoras.

Es tan alto el número de promocionales que el INE debió contratar 33 personas más para sumar 98 en este periodo y, según Montiel, varios días ‘‘han madrugado’’ para cumplir con las órdenes de pautado al inicio de la campaña.

Así, los anuncios que veremos y escucharemos a partir del domingo ya fueron cargados en el portal del INE para que sean programados en radio y televisión. El partido que tiene una estrategia mediática más focalizada y con mayor variedad es el PAN, con 26 tipos de espots; le siguen el PRI, con 15, y el Partido del Trabajo (PT), con 12.

En estos casos incluyen promocionales diferenciados por estado; por ejemplo, aparecen diputados de distintos distritos. El resto tienen escasa variedad: PVEM, 4; Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Partido Encuentro Social, dos cada uno, mientras Morena es el único que difunde sólo uno con su fundador, Andrés Manuel López Obrador, promocional que siempre ha aparecido desde las precampañas.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: CLAUDIA HERRERA BELTRÁN.

EU transformará fuerzas armadas de México en ejércitos de ocupación; EPN es un servil: expertos

En casos de carácter internacional que impliquen la  participación del gobierno mexicano se requiere la aprobación del Senado de la República, hecho que Enrique Peña Nieto no ha respetado, afirma el senador Alejandro Encinas Rodríguez.

A inicios de 2006, Estados Unidos invirtió 660 millones de dólares en adiestramiento militar, con motivo de sus incursiones de “paz” y “estabilización” en diversos países de Medio y Próximo Oriente.

El gobierno americano ha mantenido como estrategia, que sus “socios” y/o “amigos” formen parte de sus aliados para combatir el terrorismo y participen en misiones de paz en el extranjero. Con esto el Departamento de Defensa de Estados Unidos podría cubrir varias zonas internacionales con aliados y así reducir la presencia de los soldados estadunidenses en esas tareas.

En el sexenio antepasado, aunque el canciller Luis Ernesto Derbez insistió en varias ocasiones que el ejército mexicano participara en dichas misiones de paz, argumentando que era una necesidad y apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García se negó; uno de sus argumentos fue “se rechaza tal posibilidad, ningún general extranjero va a dar órdenes a soldados mexicanos”.

El tema no volvió a ser discutido hasta inicios del sexenio de Peña Nieto, quien a finales de septiembre del año pasado afirmó “México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la sociedad civil”.

Así fue como el mes pasado el gobierno mexicano envió 4 cascos azules a Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, 2 de ellos designados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 2 por la Secretaría de Marina (Semar), ambas instancias han dado a conocer que será de forma gradual como se incorpore un mayor número de soldados a esas acciones.

La zona en donde se encuentran dichos elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas es Haití, donde la ONU busca estabilizar el país. También fungirán como observadores en la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Sedena.

Sobre el tema, Encinas Rodríguez enfatiza “el Ejecutivo Federal debe informar de qué manera ha participado el Estado Mexicano en la Coalición multilateral contra el Estado Islámico en Iraq y Siria y qué acciones ha emprendido en torno a este tema; la Secretaría de Relaciones Exteriores también debe informar con toda claridad en qué consistirá la participación de México en las Misiones de Paz de la ONU anunciada. ¿Cuál es fundamento jurídico a partir del cual decidió de manera unilateral participar en las Misiones de Paz de la ONU, sin haber consultado y solicitado la autorización del Senado de la República?”

Al mismo tiempo explica que en temas de carácter internacional donde sea posible una participación por parte del gobierno mexicano a través de su ejército, es necesaria la aprobación del Senado de la República, porque según Encinas Rodríguez, el Ejecutivo no tiene las atribuciones para intervenir en ese tipo de misiones, previo aviso al Congreso, discusión y finalmente la autorización del mismo”.

Fue el año pasado que se dio inicio a la conformación de una colación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Australia, Turquía, Canadá y Polonia para luchar contra el recientemente creado grupo terrorista ISIS; fue así como México, dentro de una lista de 60 países, manifestó su voluntad de participar en el desempeño de alguna tarea en esta campaña militar.

La senadora Angélica de la Peña Gómez asegura que la decisión de Peña Nieto “mantiene una clara violación a la Constitución y las formas diplomáticas, ya que primero debió enviar al Senado la propuesta de formar parte de las brigadas de la ONU”.

El senador Manuel Bartlett Díaz externó que “Enrique Peña Nieto no tiene facultades para autorizar que las tropas mexicanas participen con los cascos azules de la ONU, por lo que se debe ‘poner un freno’ a esa decisión y mantener el equilibrio de poderes”. Agregando “¿cuándo hemos analizado si nos conviene como país soberano irnos a meter a esa lucha que es entre poderes, donde están involucrados Europa y Estados Unidos?”.

“El envío de una persona o tropas completas es una idea por demás ridícula, además de que Peña Nieto viola la ley y pasa por encima de ésta y el Congreso; en un país sin justicia, democracia, y fragmentado por las cúpulas de poder, el gobierno en turno no puede juzgar acciones de otros países cuando él mismo ha demostrado haber construido ‘el fracaso mexicano’, sobre las bases de una política corrupta, una economía en crisis y una sociedad asesinada, maltratada y sometida por las fuerzas armadas”, responde la activista Rosalía Hernández.


Y agrega “el papel de México dentro de las misiones paz, no es más que maniobra de Estados Unidos, quieren transformar a las fuerzas armadas en ejércitos de ocupación. Y el ya manipulable y servil gobierno mexicano ha accedido a dichas peticiones a cambio de intereses personales y de cúpulas. Las misiones de paz en las que México busca participar, son la declaración oficial de que el país es enemigo de todo aquel que lo sea de Estados Unidos, porque hoy México puede fácilmente ser blanco de cualquier tipo de ataque”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTINEZ.

La ley de víctimas… revictimiza

En 2013, la Ley General de Víctimas se presumió como el mayor avance en la historia para compensar a los ciudadanos más afectados por la inseguridad. Sin embargo, resultó contraproducente en los casos de desaparición forzada, como el de los normalistas de Ayotzinapa: De acuerdo con el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, un artículo mal redactado ordena que se indemnice a los damnificados sólo si los culpables ya fueron sentenciados, algo que ha pasado sólo en seis casos, de un total de 22 mil.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la práctica, la Ley General de Víctimas (LGV) no permite indemnizar a los afectados por desapariciones forzadas: en su artículo 67 estipula que para que pueda pagarse una compensación económica debe haber un sentenciado, pero resulta que en México el 97% de todos los procesos penales quedan sin sentencia.

Así, de acuerdo con Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ley de Víctimas revictimiza.

Hay cifras que avalan su dicho. Desde la guerra sucia –detonada en la década de los sesenta– la justicia mexicana sólo ha dictado seis sentencias condenatorias por desaparición forzada, y éstos son los únicos procesos en que la CEAV podría otorgar un resarcimiento monetario. El resto –alrededor de 2 mil 900 registrados en la CEAV, y más de 22 mil en general– no tiene este derecho.

Existe otro problema vinculado con las indemnizaciones. El gobierno federal depositó tardíamente los recursos correspondientes a 2014: “Los recibimos el último día del año, a pesar de que en sus artículos transitorios la LGV establece que deberá asignarse el presupuesto con un año de anticipación. Este es otro punto que atenta contra los derechos de las víctimas”, afirma Hernández.

“El 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nos asignó 500 millones de pesos correspondientes a ese año. A los 10 días recibimos otra cantidad igual correspondiente al ejercicio 2015. Para entonces ya teníamos una lista de 500 casos por desaparición para indemnizar de inmediato. Fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos impedidos por el artículo 67”…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2004 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Los Aguirre: una dinastía de corruptos

Las denuncias de la prensa, del exgobernador Zeferino Torreblanca y de políticos opositores no afectaron la red de corrupción que manejaba Mateo Aguirre desde el gobierno estatal, encabezado hasta octubre último por su hermano Ángel Aguirre. Fue hasta 2012 cuando el mandatario relegó a sus operadores cercanos al segundo plano para seguir con el negocio. Finalmente, la tensión social y la narcoviolencia se conjugaron en el explosivo caso Ayotzinapa, que derribó al grupo de los Aguirre.

CHILPANCINGO, GRO: Impulsado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard y la corriente perredista de Los Chuchos, Ángel Aguirre Rivero ganó la gubernatura del estado en febrero de 2011 y su administración se caracterizó por el nepotismo, la corrupción y sus excesos.

Después de ser obligado a pedir licencia en el cargo por el caso Ayotzinapa, con la entidad paralizada por los problemas sociales y asolada por la violencia, el gobierno federal exhibió la red de corrupción que involucra a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Ángel Pérez Aguirre y los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de al menos 18 miembros del círculo de Ángel Aguirre, acusados de realizar negocios al amparo del poder y desviar recursos públicos. Nueve ya están presos en el penal federal del Altiplano.

El escándalo colapsó al grupo político de Ángel Aguirre, que había abandonado el PRI para enquistarse en el PRD: el mandatario tuvo que renunciar a ese partido, y fueron vetadas las candidaturas de su hijo Ángel Aguirre Herrera, para alcalde de Acapulco, y de su colaborador Socorro Sofío Ramírez Hernández, para gobernador.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la PGR congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia y de los nueve detenidos por presunto lavado de dinero…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2004 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS (REPORTAJE ESPECIAL).

Párroco de La Ruana a Osorio Chong: “Promesas del gobierno, pura baba de perico”

APATZINGÁN, Mich: José Luis Segura Barragán, párroco de la comunidad de La Ruana, denunció que en esta región de Tierra Caliente aún persiste el secuestro, la extorsión y el narcogobierno, por lo que exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que elimine a la brevedad a los policías corruptos que aún operan en esa zona.

Osorio Chong acudió a la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán, y ahí el sacerdote pronunció un duro discurso en el que acusó que los elementos de la Fuerza Rural son exautodefensas pertenecientes a Los Caballeros Templarios, por lo que pidió la eliminación de la agrupación y la creación de la policía modelo que prometió Alfredo Castillo.

Apatzingán necesita de una policía confiable, integrada por efectivos preparados, pues subrayó que actualmente hay “un montón de robos”.

“En Buenavista las promesas de gobierno han sido pura baba de perico”, criticó.

El presbítero criticó la determinación del Poder Judicial para liberar a Hipólito Mora y a Luis Antonio Torres, El Americano, por la masacre ocurrida el 16 de diciembre de 2014 pues no se han deslindado responsabilidades.

Y si bien, dijo, el secuestro y la extorsión continúan, el problema principal en esa zona del estado es la falta de gobierno. En Buenavista Tomatlán, acusó, gobierna un “narcoedil”, el priista Luis Torres Chávez y anda libre El Americano quien es cabecilla de un grupo criminal, abundó el párroco.

Este último y varios de sus seguidores, siguió el sacerdote, formaron parte de Los Caballeros Templarios y los habitantes locales los conocen como “los perdonados”.

Además, afirmó que tras la liberación de Hipólito Mora y El Americano luego de que no se encontraron elementos suficientes para procesarlos por el enfrentamiento registrado en La Ruana el pasado 16 de diciembre, con un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo mayor de Mora, existe una constante preocupación en la zona de un nuevo enfrentamiento.

A ello se suma, dijo, que hay policías que son delincuentes y candidatos a puestos de elección popular que estuvieron con Servando Gómez Martínez, La Tuta¸ por lo que exigió que se les investigue.

Al tomar la palabra, Osorio Chong defendió la estrategia del gobierno federal y justificó que si no se atendió al estado desde el principio de la administración fue porque no quería llegar con una estrategia fallida.

Aseguró que la administración de Enrique Peña Nieto no busca legitimarse con las acciones emprendidas contra la delincuencia organizada, sino que va por resultados concretos que garanticen la seguridad y convivencia armónica de los mexicanos.

Según el funcionario las cifras revelan que “se avanza por el camino correcto” y que los delitos relacionados con el crimen organizado se han reducido hasta en un 34% en relación con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.

Al tomar el control del país, dijo, las cifras indicaban 19 homicidios por cada 100 mil habitantes y en dos años se ha logrado abatir este indicador hasta en un seis por ciento y se logrará establecer los números en 16 homicidios por cada 100 mil mexicanos, afirmó.

En el caso de Michoacán, detalló, en un año el estado está ya en el séptimo lugar de la tasa más baja de incidencia delictiva y en el caso particular de Apatzingán los homicidios dolosos han bajado 38% y la extorsión 55%.

“Decía el presbítero, es que ya no sólo es el tema de la delincuencia –y le doy la razón– organizada. Y me da mucho gusto que lo diga, porque cuando vine la primera vez era sólo la delincuencia organizada, ¿dónde? En todos lados, infiltrada por todos los lugares.

“Hoy hay robos a casa-habitación o robos en carretera; hoy todavía tenemos que ver estos grupos que tenemos que revisar quiénes están del lado de la legalidad y quiénes no”, reparó el funcionario federal pero insistió en que hay avances y que las cifras sobre inseguridad no sólo en Michoacán sino en todo el país, van a la baja.

En cuanto al proceso electoral en puerta y la posibilidad de infiltración del crimen organizado Osorio Chong emplazó a la sociedad en general a presentar ante las instancias correspondientes señalamientos que impliquen a candidatos con grupos criminales.

En rueda de prensa posterior a la instalación de la Mesa de Seguridad, advirtió que la federación no doblará las manos ni se detendrá para investigar a personajes que puedan tener vínculos con la delincuencia organizada. “Habrá cero impunidad”, afirmó.

Detalló que los presidentes de los tres principales partidos PRI, PAN y PRD se han acercado con él para hablar de la participación de sus candidatos en el proceso electoral.

“Estamos abiertos, ya ha habido una manifestación del presidente (del PAN Gustavo) Madero, y el presidente (del PRI) César Camacho se ha comunicado conmigo. Espero que la podamos integrar y poder hablar del tema, particularmente de la participación, indebida por supuesto, del crimen organizado en las elecciones”, comentó.

Asimismo refirió que el gobierno enviará un oficio a los candidatos a gobernador en los estados de Michoacán y Guerrero a fin de ofrecerles protección federal durante las campañas proselitistas que están por iniciar.


Respecto a problemas de seguridad en ambas entidades federativas, en el marco del proceso electoral, afirmó que no será un factor para el abstencionismo. Por el contrario, dijo, “son muchos más los millones de mexicanos que quieren elegir a sus gobernante que los que no, así que seguiremos trabajando para que así sea”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.