Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el STC Metro determinó reservar la información “por contener datos de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad intelectual”.
Los contratos de la compra de 30 convoyes férreos FE10 estarán reservados hasta 2020, determinó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desde abril de 2013, un año antes de que 11 estaciones de la Línea 12 fueran cerradas.
El diario Reforma publica que los 30 trenes fueron adquiridos a la empresa CAF durante el gobierno de Marcelo Ebrard. No obstante, fue durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera que el STC Metro determinó reservar la información “por contener datos de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad intelectual”.
Según Reforma, el gobierno de Mancera sólo ha revelado que a través de un plan de arrendamiento se adquirieron 30 convoyes a CAF por un monto de 18 mil millones de pesos, aunque se desconocen las condiciones de pago, penalizaciones u obligaciones de mantenimiento.
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¿Cómo va la rehabilitación de la L12?
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que hasta el momento existe un avance del 25% en los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que desde hace más de un año tiene cerdada 11 de sus 20 estaciones.
En conferencia de prensa el pasado 2 de abril, indicó que ya están embarcadas aproximadamente 200 toneladas de rieles, de los más de mil 300 que se requerirán para reparar la llamada Línea Dorada.
“Hay un avance en este momento del 20 a 25% en la rehabilitación por parte de obras, tenemos un tablero de control para ir viendo cada una de las acciones que realizamos y tenemos confirmados ya los pedidos que se hicieron de los materiales” apuntó.
Mancera Espinosa señaló que prácticamente se rehabilitarán 15 kilómetros de las estaciones que actualmente permanecen cerradas para que a la brevedad posible la Línea 12 vuelva a estar en operación.
“También hay un avance sustancial en el tema de los trenes, en donde se ha hablado de cumplir con todas las especificaciones que marco Cistra”, comentó el mandatario capitalino.
La Línea 12 reabrirá hasta noviembre
Mancera refrendó el compromiso de su administración de poner nuevamente en funcionamiento la Línea 12 del Metro en noviembre próximo.
“Es un compromiso que hay que cumplir y por supuesto que tenemos prisa de tenerla lo antes posible, nada más debe estar con los estándares de seguridad y las certificaciones de óptimo funcionamiento”, indicó.
Sobre los avances en las investigaciones del caso, el Ejecutivo local señaló que “los trámites jurídicos llevan su curso, son investigaciones extensas, (y) en el año mismo no se podría contabilizar la intervención de la Procuraduría” General de Justicia del Distrito Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
De 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses hasta tres años, serán impuestos a quien a partir de hoy, que inicia la campaña electoral y hasta el día de la jornada comicial (7 de junio), llame a no votar por un candidato, partido político o coalición, de acuerdo con la reforma político-electoral que se aprobó el año pasado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua alertó sobre esta conducta que se puede encontrar en el supuesto de un delito electoral establecido en la nueva Ley General de Delitos Electorales.
Alejandro Scherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado, dijo que si bien el derecho de expresión está garantizado, se debe respetar a los actores políticos que participan en la contienda.
“Dentro de las modificaciones a la ley, quien llame al abstencionismo, a no votar en contra de un partido político o candidato, se puede encontrar en el supuesto de un delito electoral y seguramente la Fepade estará muy atenta de este asunto”, indicó.
Explicó que la instancia encargada de atender lo relativo a los delitos electorales es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agregó que esta nueva figura delictiva no sólo aplica para los funcionarios o gente que maneja recursos públicos que eventualmente puedan condicionar o no un servicio o un programa social a cambio de votar a favor o en contra o llamar a no votar, sino también a los ciudadanos en general y grupos.
“Es una de las novedades que incorporó el legislador… hay que atender cada caso en particular, si alguien se queja se tiene que revisar”, mencionó Scherman Leaño.
De manera textual, la Ley General de Delitos Electorales establece en el artículo 7, numeral séptimo, como delito electoral a quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
Anteriormente los delitos electorales se encontraban incluidos en el Código Penal Federal, en un capítulo único incluido en el Título Vigésimo cuarto, donde se mencionaba que era motivo de sanción a quien “solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”, pero no se mencionaba la promoción del abstencionismo ni de votos a favor o en contra.
Para los servidores públicos la ley indica que “se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.
Hasta hace unas semanas algunas figuras públicas se habían pronunciado a favor de no votar en los comicios de este año o anular el sufragio, como es el caso del dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, y de los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha, quienes argumentaron que ir a las urnas es avalar a partidos corruptos o incluso ligados con el crimen organizado.
También los padres y los compañeros de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado llamaron a no votar en los comicios de este año.
El 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a la urnas para elegir a 500 diputados federales y a otros mil 496 cargos públicos, incluidos los gobernadores de nueve estados.
Las tres principales formaciones del país, el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) divulgarán la mayoría de los anuncios.
Según un estudio elaborado por Integralia con información del INE, el PRI transmitirá 3,3 millones de mensajes, seguido por el PAN, con 2,7 millones, y el PRD, con 2 millones de anuncios.
El Partido Verde Ecologista de México (907 mil mensajes), el Partido del Trabajo (767 mil), Nueva Alianza (720 mil) y Movimiento Ciudadano (713 mil).
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Humanista y Encuentro Social, que participarán por primera vez en un proceso electoral, tendrán el menor número de mensajes, 342 mil 500 cada uno, mientras los candidatos independientes emitirán 342 mil 504.
El director de análisis político y legislativo de la consultoría Integralia, Gustavo Gil Ramos, destacó que la diferencia de espacios concedidos a los partidos políticos o candidatos independientes “profundiza la inequidad electoral”.
Los candidatos independientes solo contarán “con un 6.25 por ciento del tiempo asignado al PRI; un 7.37 del PAN y 9.50 del PRD”, aseguró.
Los comicios del 7 de junio serán los más grandes de la historia del país, ya que por primera vez un proceso federal coincide con tantas elecciones a nivel local y estatal.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL DIARIO.
AUTOR: REDACCIÓN/Gabriela Minjáres .
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2015/1303703.
El empresario consentido de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, no sólo ha ganado millones de pesos gracias a generosos contratos de obra pública. En lo que va del sexenio también quintuplicó los ingresos (hasta llegar a 67 millones de pesos) de su compañía de aerotaxis Eolo Plus, gracias a adjudicaciones directas firmadas sobre todo con organismos controlados por las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
MÉXICO, D.F: En apenas dos años, Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Juan Armando Hinojosa Cantú, quintuplicó sus ingresos gracias a contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y diferentes dependencias y entidades gubernamentales coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante los dos últimos años de gobierno de Felipe Calderón, Eolo Plus obtuvo cinco contratos, de los cuales cuatro fueron con Pemex Exploración y Producción y uno con el IMSS. Esos convenios le reportaron menos de 13 millones de pesos.
Todo cambió a partir de diciembre de 2012. Aun cuando en el país hay al menos 137 empresas de taxis aéreos autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (según el programa de verificación de permisionarios para 2015) y que la mitad de esas empresas tienen operaciones en el aeropuerto de Toluca, como Eolo Plus, los contratos asignados a ésta fueron mayoritariamente por adjudicación directa, es decir, sin someter a concurso la oferta de servicios con las numerosas empresas del sector que podría prestarlos.
Mediante un cruzamiento de datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia y a la base de datos de compras gubernamentales Compranet, se observa que en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto el consorcio del empresario ya acumula ingresos por 67 millones de pesos.
No es la primera vez que los actuales titulares de la SCT y de la SHCP –Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso, respectivamente– son relacionados con Hinojosa Cantú y sus empresas, particularmente con el Grupo Higa.
A Ruiz Esparza se le señala por las numerosas y multimillonarias adjudicaciones de obra pública en favor de Hinojosa Cantú, mientras que Videgaray se vio forzado a admitir que el empresario le había vendido y financiado una residencia en el exclusivo club de golf de Malinalco, mediante un procedimiento idéntico al que permitió a Angélica Rivera –esposa de Peña Nieto– adquirir la llamada Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec.
La información sobre la casa de Malinalco fue publicada en diciembre último por el diario estadunidense The Wall Street Journal, que el miércoles 18 de marzo avivó el escándalo por presunto conflicto de intereses al documentar que Hinojosa Cantú no tuvo ganancias cuando vendió la propiedad en 2012. De hecho registró pérdidas.
Sin embargo, los dividendos llegaron meses después para Eolo Plus, una de las empresas más conocidas del contratista originario de Reynosa, Tamaulipas, y avecindado en el Estado de México. La compañía fue ampliamente identificada luego de que, en el reportaje titulado “La Casa Blanca de Peña Nieto”, el equipo de investigación de Carmen Aristegui documentara que Eolo fue contratada durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El PRI teme perder la mayoría absoluta que construyó en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que se disputarán el 7 de junio, según revelan documentos internos de este partido. La culpa la tiene la pésima imagen de Enrique Peña Nieto; la alianza con el Partido Verde, cuyo dispendio mediático no reditúa lo proyectado, y las luchas intestinas. Ante ese panorama, el priismo ya no apuesta a sumar votos, sino a dividirlos entre sus oponentes. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, por ejemplo, ordenó apoyar al PRD para debilitar a Morena.
MÉXICO, D.F: El PRI está preocupado: calcula que durante las elecciones del próximo junio 7 perderá en 170 de 300 distritos electorales. De acuerdo con documentación interna de la dirigencia priista revisada por Proceso, ese partido admite que Enrique Peña Nieto es parte del problema, pues tiene una mala imagen entre los ciudadanos.
Además, la alianza con el PVEM resulta menos efectiva de lo deseado: apenas le alcanzaría para mantener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
Paralelamente, el PRI sospecha que perderá la gubernatura en Michoacán, donde nombró como candidato a Ascención Orihuela, y en Guerrero, con Héctor Astudillo, a quien el día de su lanzamiento en Chilpancingo le gritaron: “¡Ése ni en su casa gana!” En Nuevo León se admite que la candidata Ivonne Álvarez tiene un contendiente muy fuerte en el panista Felipe de Jesús Cantú.
Una de las encuestas más recientes, la de Parametría publicada el lunes 23, muestra que las actuales intenciones de voto hacia San Lázaro son: PRI, 30%; PAN, 27%; PRD, 12%, Morena, 11%; PVEM, 10%; Movimiento Ciudadano, 3%; PT, 2%; Panal, 2%; Encuentro Social, 2%, y Partido Humanista, 1%.
De acuerdo con el ejercicio demoscópico de Jorge Buendía y Loredo publicado en El Universal el 23 de febrero, el PRI sufrió una caída de 12 puntos porcentuales y tiene una ventaja de apenas cuatro sobre el PAN, que reporta el crecimiento más importante junto con Morena, el cual sumaría un total de 9% de las preferencias en sus primeros comicios.
Según el análisis de la cúpula del PRI, la alianza con el PVEM también es preocupante. No existe seguridad de que los integrantes de esta organización repitan los 11 puntos obtenidos en 2012, pese a reciente campaña mediática en la que gastaron más de 500 millones de pesos. Se cree que pueden regresar a su nivel histórico de entre cuatro y cinco puntos.
Las multas por 166 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la orden de detener la campaña en radio, cine y televisión que desplegó desde el año pasado frenaron el crecimiento del Partido Verde. De hecho, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Puente, anunció que su agrupación solicitará un crédito bancario por 150 millones de pesos para cubrir las multas, que alcanzan 80% de las prerrogativas anuales que le corresponden.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
De plano, lo prometido por Enrique Peña Nieto no se cumplirá. Las reformas estructurales que supuestamente llevarían a México a un crecimiento económico elevado, con empleos de calidad y salarios dignos, se quedarán en el puro discurso. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda, el PIB subirá este año sólo 3.2%. Y al sexenio no le queda tiempo para repuntar. Especialistas en economía hacen notar las mentiras con las que el gobierno quiere envolver a la ciudadanía, y advierten: pese al estancamiento hay una expansión del gasto público, presumiblemente con fines electorales.
MÉXICO, D.F: En todo su sexenio no podrá el presidente Enrique Peña Nieto cumplir la promesa hecha mucho antes de asumir el poder y aun estando en él: hacer que las reformas estructurales lleven al país a “un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable” con el que se generarían “más empleos de calidad” y permitirían “a todos los mexicanos” tener “salarios dignos”.
Así lo decía Peña Nieto el pasado 2 de septiembre en su mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Unos días antes, el 11 de agosto, cuando promulgó la reforma energética y anunciaba el fin de “la fase legislativa del ciclo reformador iniciado el 2 de diciembre de 2012”, afirmaba que había llegado la hora de “poner todas las reformas en acción” para que “se reflejen en beneficios concretos para las familias”.
Está lista, decía, la “nueva e histórica plataforma” para construir “el nuevo México”.
Nada de eso será posible. Ni crecimiento económico elevado ni mayor bienestar para los mexicanos. Por lo menos así lo reconoció implícitamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana pasada, en el documento Precriterios de Política Económica 2016 –que por ley debió entregar al Congreso–, donde fija de manera preliminar sus proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas, tanto para el cierre del año en curso como en los estimados para el siguiente.
Y según el documento, este año el Producto Interno Bruto crecerá cuando mucho 3.2% y en 2016 lo hará en un promedio de 3.8%.
Lo prometido por Peña Nieto desde la campaña por la Presidencia, y formalizado en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013), era algo distinto.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
El subcomandante Galeano -antes Marcos- asegura: "Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera".
Se reproduce un fragmento del comunicado publicado por el subcomandante Galeano -antes Marcos-, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:
La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía.
Abril del 2015.
(…)
El Reto.
Oh, lo sé. Los clásicos inicios de las reflexiones zapatistas: desconcertantes, anacrónicos, desubicados, absurdos. Como no queriendo, como así nomás, como “ahí les dejamos”, como “ahí lo vean”, como “va en su cuenta”. Como si aventaran una pieza de un rompecabezas y esperaran a que se entendiera que no están describiendo una parte de la realidad, sino que están imaginando la imagen completa. Como que miran el rompecabezas ya completado, con sus figuras y colores cabales, pero con los bordes de las piezas visibles, como señalando que el conjunto lo es gracias a las partes, y, claro, que cada parte adquiere su sentido en su relación con las otras.
Como si la reflexión zapatista emplazara a ver que falta lo que falta, y no sólo lo que hay, lo que se percibe como inmediato.
(…)
El Centinela.
Usted puede ver que, por lo regular, en una instalación militar hay puestos en su periferia. Se les llama “Puestos de Observación”, “Puestos de Guardia” o “Puestos del Vigía”. El trabajo de esos puestos es vigilar los alrededores y los accesos al establecimiento, de modo de saber qué o quién se aproxima o se mueve o permanece en los alrededores del lugar. Bien, ese puesto de vigilancia (en los campamentos zapatistas le decimos “la posta”, ignoro la razón; por ejemplo, decimos “te toca la posta a las 0000 hrs”, “el relevo de la posta es a las 1200″, etc.), avisa o advierte al resto de la instalación, y contiene o detiene a quien trata de ingresar sin autorización. Quien ocupa el puesto de observación es el guardia, el vigía, el centinela. Además de observar y estar atento a lo que ocurre, el centinela es quien da la voz de alarma en caso de ataque y frente a cualquier eventualidad.
Según nosotras, nosotros, zapatistas, la reflexión teórica, el pensamiento crítico tiene ese trabajo de centinela. A quien trabaja con el pensamiento analítico, le toca el turno de guardia en el puesto del vigía. Podría extenderme sobre la ubicación de ese puesto en el todo, pero por ahora sólo baste plantear que es una parte también, nada más, pero nada menos. Digo esto por aquellos, aquellas y aquelloas (no olvidar la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad) que pretenden:
.- O estar por encima y afuera del todo, como algo aparte, y se esconden detrás de la “imparcialidad”, la “objetividad”, la “neutralidad”. Y dicen que analizan y reflexionan desde la asepsia de un imposible laboratorio materializado en la ciencia, la cátedra, la investigación, el libro, el blog, el credo, el dogma, la consigna.
.- O trastocan su papel de vigías y se adjudican el de nuevos sacerdotes doctrinarios. Siendo apenas centinelas, se comportan como si fueran el cerebro dirigente que muta en tribunal penal a conveniencia. Y desde ahí ordenan lo que debe hacerse, juzgan y absuelven o condenan. Aunque hay que reconocerles que el hecho de que nadie les haga caso, marcadamente la realidad siempre rebelde, no los inhiba de su delirio (etílico, no pocas veces).
El centinela tiene que ver con el puesto del vigía en cuestión. Pero ya volveremos sobre esto en alguna de nuestras intervenciones en el seminario.
Por ahora, baste decir que, abrumado, sobrepasado por la tarea de observación crítica en un mundo tramposamente instantáneo, en su turno en el puesto de guardia, el vigilante puede caer en…
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El Síndrome del Vigía.
Bien, pues resulta que el centinela “agota” su capacidad de vigilancia después de un período.
Este “agotamiento” (al que nosotras, nosotros, zapatistas, llamamos “el síndrome del vigía”) consiste, grosso modo, en que la persona que está en el puesto de vigilancia desarrolla, después de un tiempo de estar de guardia, una especie de “percepción en bucle” o “constancia de la percepción”. Es decir, reproduce en su percepción consciente una y otra vez la misma imagen, como si nada se alterara, o como si los cambios fueran parte de la misma normalidad de la imagen. Tiene que ver, supongo, con algo de percepción visual, pero también con el deseo de que nada altere la rutina. Así, por ejemplo, el vigilante no desea que un peligro aparezca, y ese deseo lo traslada a lo que vigila. “Todo está bien, no va a pasar nada malo”, se repite una y otra vez, y eso se traslada a su valoración de la realidad. Su objetivo es poder entregar un reporte de vigilancia lacónico: “sin novedad”.
Esto que les explico es producto de una observación empírica, no de un estudio científico. A lo largo de años y años de vigilancia, es lo que concluimos de nuestra propia (y reducida) experiencia. Con la persistente duda de si ciencia o usos y costumbres, preguntamos con alguien que sí le sabe a eso de la neurociencia. Nos dijo que el fenómeno existe, aunque no está precisado el mecanismo que lo provoca (antes de que quieran degollarme las distintas corrientes o posiciones en psicología, aclaro que lo único que confirmé es que el fenómeno es real, comprobable). Ahora bien, ¿por qué se da? bueno, ahí véanlo ustedes -sería bueno que, ya en eso, se pongan de acuerdo en cuál es el objeto de conocimiento de la “ciencia” de la psicología-.
Bueno, esa persona nos explicó lo que es la “atención selectiva” y nos mandó un libro de ésos de los de antes (o sea que se entiende lo que explica). Palabras más, palabras menos, se trata de que sólo atendemos una pequeña parte de lo que vemos en un determinado momento e ignoramos el resto. Bueno, pues ese resto que ignoramos es la “ceguera al cambio” o “ceguera por inatención”. Es como si, al filtrar las partes de la imagen que vemos, nos volviéramos ciegos a lo que no seleccionamos como importante.
Por ahora no desarrollaremos esto, pero, en resumen, el “síndrome del centinela” consiste en que:
a).- No se vigila el todo, sino sólo una parte de ese todo.
b).- Cuando se “cansa”, la guardia no percibe los cambios que se presentan en la zona vigilada porque le son imperceptibles (es decir, no son dignos de atención).
Para contrarrestar eso, usamos varios recursos:
Uno de ellos es la vigilancia no directa, la “visión periférica” o, en término coloquiales, “mirar por el rabillo del ojo”. Esto es que la mirada indirecta permite detectar alteraciones de la rutina. También debe de haber una explicación de esto en la neurociencia, pero creo que nos falta estudio.
Otras formas de solucionar la fatiga del centinela, son: poner dos o más vigías cubriendo el mismo punto; o reducir el tiempo de vigilancia y aumentar la frecuencia del relevo.
Puede y hay otras formas de que la tarea del centinela se cumpla.
Pero lo importante es que hay que estar avizores de cualquier señal de peligro. No se trata entonces de advertir el peligro cuando ya está presente, sino de mirar los indicios, valorarlos, interpretarlos, en suma, pensarlos críticamente.
Por ejemplo: esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera, cuál es su intensidad, se dirige hacia acá o se aleja?
¿O se trata de algo más grande, más terrible, más destructivo? Si es así, habrá que alertar a tod@s de la inminencia de…
La Tormenta.
Bueno, el asunto es que lo que nosotros, nosotras, zapatistas, miramos y escuchamos es que viene una catástrofe en todos los sentidos, una tormenta.
Pero…, resulta que nosotras, nosotros, zapatistas, también miramos y escuchamos que personas con grandes conocimientos dicen, a veces con su palabra, siempre con su actitud, que todo sigue igual.
Que lo que la realidad nos está presentando, son sólo pequeñas variaciones que no alteran en nada importante el paisaje.
O sea que nosotras, nosotros, zapatistas, vemos una cosa, y ellos ven otra.
Porque vemos que se sigue recurriendo a los mismos métodos de lucha. Se sigue con marchas, reales o virtuales, con elecciones, con encuestas, con mítines. Y, de manera concomitante, surgen y se desarrollan los nuevos parámetros de “éxito”, una especie de aplausómetro que, en el caso de las marchas de protesta, es inverso: mientras más bien portada sea (es decir mientras menos proteste), mayor su éxito. Y se hacen organizaciones partidarias, se trazan planes, estrategias y tácticas, haciendo verdaderos malabares con los conceptos.
Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración.
Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años.
Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo.
Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento.
Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.
Entonces pensamos que en nosotros o en ellos, hay el “síndrome del centinela”.
Y nosotros, nosotras, zapatistas, miramos de reojo esos movimientos en la realidad. Ponemos entonces más atención, subimos a lo alto de la ceiba para tratar de ver más lejos, no lo que pasó, sino lo que viene.
Bueno, pues lo que vemos no es nada bueno.
Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera.
Pero otra vez vemos que quienes piensan y analizan nada dicen de eso. Siguen repitiendo lo de hace 20 años, 40 años, un siglo.
Y vemos que organizaciones, grupos, colectivos, personas, siguen en lo mismo, presentando falsas opciones excluyentes, juzgando y condenando a lo otro, a lo diferente.
Y más: despreciándonos por lo que decimos que vemos.
Entonces, pues ya ve usted, somos zapatistas. Y eso quiere decir muchas cosas, tantas que en los diccionarios de su lengua de usted no existen palabras para eso.
Pero también quiere decir que siempre pensamos que podemos estar equivocados. Que tal vez todo sigue sin cambios fundamentales. Que tal vez el Mandón sigue mandando igual que hace décadas, siglos, milenios. Que puede ser que lo que viene no es algo grave, sino apenas una descompensación, un reacomodo de ésos que ni la pena valen.
Entonces o nada de pensamiento, de análisis, de teoría, o lo mismo de siempre antes.
Entonces nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que tenemos que preguntar a otros, a otras, a otroas, de otros calendarios, de geografías distintas, qué es lo que ven.
Creo que es como cuando a un enfermo le dicen que sí, que ya está muy grave, o sea que “está cabrón”, decimos acá. Y entonces pues, como quien dice, hay que buscar una segunda opinión.
Entonces decimos que está fallando el pensamiento, la teoría. Sea que falla la nuestra, sea que fallan los otros pensamientos. O tal vez fallan los dos.
Entonces, pues somos desconfiados, desconfiadas, como de por sí. Pero sí un poco lo confiamos las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta. Pero bien sabemos que el mundo es muy grande, y que hay otros, otras, otroas, que también le hacen a eso de pensar, analizar, mirar.
Entonces pensamos que necesitamos pensarlo al mundo, y también pensar así su calendario y su geografía de cada quien.
Y pensamos que más mejor si hacemos ahora sí que como un intercambio de pensamientos. No como se dice un intercambio de mercancías, como en el capitalismo, sino como si dijéramos que echemos trato de que yo te lo digo mi pensamiento y tú me lo dices el tuyo. O sea como una reunión de pensamientos.
Pero entonces no pensamos que es una reunión así nomás, sino que tiene que ser grande, muy grande, mundial se dice.
Y, bueno, nosotros, nosotras, zapatistas, no conocemos mucho. Si acaso y batallando, algo lo sabemos de nuestroas compañeroas, compañeras y compañeros de la Sexta.
Entonces vemos que a esas reuniones de pensamientos en algunas partes les dicen “seminarios”, creemos que porque “seminario” quiere decir “semillero” o sea que ahí se hacen semillas que a veces rápido crían y a veces tardan.
Y entonces decimos que hagamos un semillero de ideas, de análisis, de pensamientos críticos de cómo está actualmente eso del sistema capitalista.
Entonces el seminario o semillero no es un sólo lugar ni en un sólo tiempo. Sino que tarda y es en muchas partes.
Y entonces pues por eso decimos que es dislocado, o sea que no todo en un sólo lugar, sino que muchas partes y en muchos lados. Y decimos que es mundial, bueno, pues porque en todos los mundos hay pensamientos críticos, que se están preguntando qué pasa, por qué, qué hacemos, cómo, y esas cosas que se piensan en la teoría.
Pero entonces, pensamos, en algún lado empieza y en un tiempo.
Entonces, pues, empieza en un lugar ese semillero colectivo, y ese lugar es en un caracol zapatista. ¿Por qué? Bueno porque acá los pueblos zapatistas lo usamos el caracol para alertar y para llamar al colectivo.
Así que, por ejemplo, si hay un problema de la comunidad, o un asunto que hay que resolver, pues se toca el caracol y ya todo el pueblo sabe que hay reunión del colectivo para que el pensamiento hable su palabra.
O para ver cómo hacemos para resistir.
Así que digamos que el caracol es uno de los instrumentos del centinela. Con él avisa que hay un peligro.
Entonces el lugar es, pues, un caracol zapatista: el caracol de Oventik, montañas del sureste mexicano, Chiapas, México.
Y la fecha del inicio es el 3 de mayo. ¿Por qué el 3 de mayo?
Bueno, en nuestros pueblos es el día de la siembra, de la fertilidad, de la cosecha, de la semilla. Es el día de la Santa Cruz.
(…)
Comunicado completo en página del EZLN.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un acta de nacimiento falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos, según un “pollero” de Veracruz.
El gobernador Rafael Moreno Valle culpó a los presidentes auxiliares y a los migrantes centroamericanos de ser los responsables de poner a Puebla como un lugar vulnerable en materia de seguridad, por la emisión indebida de actas de nacimiento falsas, las cuales les han convertido en mexicanos. Bajo esa justificación, el año pasado se aprobó en el Congreso retirar a las juntas auxiliares las facultades de Registro Civil.
En respuesta, presidentes auxiliares exigieron la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitaron al gobierno que sancionara a quienes incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, no se ha documentado ni un solo caso de la presunta corrupción.
Para el Instituto Ignacio Ellacuría y el padre Gustavo Rodríguez Zárate, con la medida “quisieron resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.
I. México, tierra fértil para cambiar de identidad
Jairo Javier Cruz nació el 20 de febrero de 1991 en un pueblo productor de café en los límites de Puerto Cortés, Honduras. Las monedas que ahora mendiga en los cruceros de Apizaco, Tlaxcala, servirán para mitigar su hambre, comprar un documento que le acredite como mexicano y pagar las cuotas de su viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuenta que un “pollero” en Tierra Blanca, Veracruz, le dijo que un acta de nacimiento falsa, o una credencial de elector mexicana cuestan 300 pesos; incluso se atrevió a ofrecerle más: comprar una nueva identidad, abandonar “La Bestia”, el tren en el que los migrantes transitan de manera clandestina en busca del “sueño americano”, y viajar seguro en autobús hasta Nogales, en la frontera norte de México.
“Parece fácil. Voy a buscar ahorro y ver qué pasa”, dice Jairo en entrevista.
Jairo y Johan, otro hondureño de apenas 17 años, se conocieron arriba del tren que abordaron en Tenosique, Tabasco, con rumbo a Tlaxcala. Johan llegó hasta Guadalajara en agosto de 2014, donde fue aprehendido por autoridades migratorias; días más tarde lo deportaron a su país. En ese primer y fallido intento los “polleros” de Lechería, la estación de tren ubicada en el Estado de México, le ofrecieron los documentos mexicanos falsos a “buen precio”, sin embargo, al no contar con el dinero suficiente no pudo adquirir ni acta de nacimiento ni una identificación con fotografía.
“No quiero deportación. Si me agarran otra vez voy a enseñar mi papel de mexicano (que dice no tener aún), pero no regreso a Honduras”, advierte Johan, que no dudó en abandonar por segunda ocasión San Pedro Sula el primer día de enero de 2015, a unas horas de haber velado a un tío que asesinaron afuera de su casa, después de la celebración familiar de Año Nuevo.
II. Punto de quiebre
En el 2014, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas se enfrentó a la primera y más visible crisis de ingobernabilidad de su sexenio, debido a múltiples protestas sociales que reclamaban el servicio del Registro Civil en pueblos dispersos o colonias organizadas bajo la denominación política de juntas auxiliares.
El 9 de julio de ese año, un enfrentamiento entre policías y pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, en Santa Clara Ocoyucan, dejó como saldo un centenar de heridos de ambos bandos, el peor caso fue el de un niño de 13 años herido de muerte. Como consecuencia, el gobierno de Puebla recibió atención mediática internacional y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por haber cometido “violaciones graves a los derechos humanos” durante la gresca.
El mandatario culpó a los presidentes auxiliares y a los migrantes centroamericanos —que comenzaron a ser más visibles en los cruceros de la entidad a partir de febrero de 2013, según documenta el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana— de ser los responsables de poner a Puebla como un lugar vulnerable en materia de seguridad por la emisión indebida de actas de nacimiento falsas, las cuales les han convertido en mexicanos.
“Están ciudadanos centroamericanos, en algunas ocasiones con antecedentes delictivos, convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacía mediante actos de corrupción”, declaró Moreno Valle el 9 de julio a diversos medios de comunicación en una entrevista posterior a la reunión semanal de seguridad que se llevó a cabo en el Centro Integral de Servicios (CIS).
“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”
Por medio de una investigación con apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, y el International Center For Journalist (ICFJ) fue posible documentar que el supuesto tráfico de identidades en Puebla no es una práctica originada desde las juntas auxiliares, y que los habitantes de las comunidades indígenas que las componen son ahora víctimas de un desplazamiento colateral que compromete su modo de vida.
III. Reforma imprevista
El brete gubernamental comenzó el 15 de mayo de 2014, fecha en la que 658 presidencias auxiliares del estado comenzaron un nuevo periodo de gobierno.
Cuando los presidentes auxiliares rindieron protesta les informaron que por las reformas a tres artículos (224, 230 y 231) de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso de Puebla había aprobado (en diciembre de 2013) que las atribuciones y obligaciones que se les concedieron durante más de 60 años como jueces del Registro Civil en sus comunidades, se habían derogado.
La reforma ubicó a las juntas auxiliares como “órganos desconcentrados del Ayuntamiento” en lugar de “gobiernos y autoridades de su pueblo”, con el propósito de fortalecer el “municipalismo”.
El Congreso de Puebla concedió entonces al gobierno del estado “ordenar la reglamentación a fin de hacer congruente el funcionamiento del Registro Civil con esta reforma”. Fue hasta el 11 de junio de 2014 cuando la Secretaría General de Gobierno (SGG) publicó un acuerdo mediante el cual informa que “en las poblaciones donde no haya juez del registro del Estado Civil, la Coordinación del Registro del Estado Civil de las Personas, determinará y coordinará las acciones conducente a efecto de que se verifique el servicio de manera eficiente y permanente”.
La medida colapsó a los pueblos y colonias marginadas que componen las juntas auxiliares, porque se quedaron sin el servicio para obtener un acta de nacimiento, un acta de defunción o para iniciar un trámite de matrimonio en su localidad.
Por ejemplo, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa —un pueblo de casi 15 mil habitantes que pertenece al municipio de Puebla, pero se encuentra a una hora del centro— el presidente auxiliar de la demarcación, Raúl Pérez Velázquez reveló que se realizaron ocho entierros sin acta de defunción en dos meses (16 de mayo a 17 de julio de 2014) debido a la falta del Registro Civil.
El administrativo, después de confrontarse con el gobierno estatal para exigir la reinstalación del servicio y anunciar la organización de los pobladores para conformar una policía comunitaria, fue aprehendido tras ser acusado de robo, amenazas, privación ilegal de la libertad y del cierre del edificio de la junta auxiliar.
Hasta la fecha no hay registro de cuántos han sido sepultados sin acta defunción del 15 de mayo al 11 de junio de 2014 (cuando se publicó el reglamento), pero fue una práctica que reportaron más de una veintena de presidentes auxiliares durante las protestas.
“Las familias no supieron qué hacer y su luto no pudo esperar hasta que el gobierno resolviera (el servicio del Registro Civil)”, señaló el edil auxiliar de Canoa.
Raúl Pérez hoy se encuentra en prisión al lado de Javier Montes y Leonardo Báez, presidentes auxiliares de Chalchihuapan y La Resurrección, al habérseles imputado diversos delitos. Los tres líderes tienen en común haber encabezado protestas por el retiro del Registro Civil en sus comunidades.
IV. Gobierno enciende focos rojos
Las protestas por la disputa del Registro Civil se recrudecieron desde el 1 de julio de 2014 con un altercado entre policías y pobladores de distintas juntas auxiliares de la región de Tehuacán, mismo que dejó una decena de heridos.
Al siguiente día —y por primera vez— la Secretaría General del Gobierno en Puebla (SGG) informó que las reformas a la Ley Orgánica Municipal permitieron al gobierno estatal “resolver una problemática recurrente que no sólo implicaba que se sorprendiera a los usuarios con sobrecostos de los documentos, sino que se cometieran prácticas delictivas a través de un mercado soterrado e ilícito para regular a migrantes centroamericanos que habían situado a Puebla en una condición de vulnerabilidad”.
También el gobernador Rafael Moreno Valle justificó que el retiro del Registro Civil a las juntas auxiliares del estado se debió a “una serie de irregularidades muy significativas”.
“La más grave de ellas, desde el punto de vista de seguridad, es que se estaban -ciudadanos centroamericanos en algunas ocasiones con antecedentes delictivos- convirtiéndose, a través de un acta de nacimiento, en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacia mediante actos de corrupción”.
El 9 de julio de 2014, a través de un comunicado de prensa, Moreno Valle hizo un exhorto a las autoridades del Registro Civil “para que puedan llevar los servicios a las juntas auxiliares, pero que lo hagan con personal del municipio y nos entregan un control para garantizar que no se estén entregando actas de manera irregular a personas que no sean mexicanas o que no sean del Estado. Sólo es una medida de control y que además está dentro de la ley”.
A partir del 20 de noviembre de 2014, y hasta el 5 de enero de 2015 se solicitó a la Dirección de Comunicación Social una serie de entrevistas para profundizar en la versión oficial. Se solicitaron audiencias separadas con los responsables del Registro Civil del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría, la Secretaría General de Gobierno y la Oficina de Atención a Migrantes de Puebla. Sólo se recibieron negativas.
El 5 de enero se buscó personalmente al coordinador de Enlace de Medios de Comunicación, Fernando Crisanto, para insistir en las entrevistas. En el encuentro el funcionario afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas nunca mencionó la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos, ya que la razón sólo tuvo fundamento en actos de corrupción en general. Aun así se insistió en conocer el proceso de modernización del Registro Civil y en entrevistar a los funcionarios enlistados con antelación. Después de 48 horas respondió que no sería posible.
V. Acusación sin consecuencias
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) respondió el 26 de noviembre de 2013 a la solicitud de información (Folio: 00434014) para saber “cuántas averiguaciones previas comenzó en contra de presidentes auxiliares que ejercieron su mandato en el periodo de 2011 a 2014 y por cuáles delitos” que “no se tiene registro de averiguaciones previas iniciadas con la denominación específica de “presidentes auxiliares”; en virtud de que esta Dependencia genera reportes con las denuncias presentadas contra personas físicas, sin contarse con la información desglosada como se solicita”.
En el 2014, unos 180 presidentes auxiliares formalizaron la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) para exigir la reintegración del servicio en sus comunidades, y solicitar al gobierno que sancionara a los ex presidentes que incurrieron en la emisión de actas de nacimiento de forma irregular; sin embargo, hasta la fecha no se ha documentado ni un solo caso de ellos en prisión por esta causa.
A través de otra solicitud de información (Folio: 00466314), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que de enero de 2013 a noviembre de 2014 no existe ningún extranjero acusado del delito de falsificación de documentos.
De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información (Oficio: SJAI/DGAJ/11804) Puebla fue el sexto estado (131) con el mayor número de denuncias por el delito de falsificación de documentos (del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2014), superado por el Distrito Federal (3 mil 192) Jalisco (367), Estado de México (355) y Baja California Norte (315).
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó por medio de otra solicitud de información (Número: 0411100088114) que en los últimos 15 años, 62 emigrantes de Centroamérica han sido remitidos a las autoridades judiciales por posesión de documentos mexicanos falsos. El mayor número de casos lo registra Tlaxcala (24), seguido de Morelos (17) y Tabasco (8). En Puebla no se registra ni un solo caso.
Para Alejandro Lázaro, ex presidente auxiliar de Zaragoza, que pertenece a la capital del estado, la emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos es “una leyenda urbana, una mentira”, al asegurar que el proceso del Registro Civil siempre fue controlado desde la Dirección Estatal del Registro Civil en Puebla, a través de un software que el gobierno instaló en cada comunidad.
“Cuando nos enteramos (del retiro del Registro Civil) en los medios pedimos que se castigara con la ley. No deben generalizar que todos éramos corruptos. Nos opusimos (al retiro del Registro Civil) en esos tiempos (cuando se aprobó la reforma en diciembre de 2013) porque se iban a terminar apoyos económicos a la comunidad. Ellos jamás nos hablaron o llamaron la atención sobre actos de corrupción”.
Si bien, los recursos obtenidos a través del Registro Civil en las juntas auxiliares nunca fueron sujetos de fiscalización, el proceso de emisión de documentos oficiales siempre estuvo en manos de la Dirección del Registro Civil del Estado.
“Ellos (Dirección del Registro Civil) te daban papelería con folios; llevaban un control. Cada mes les entregaba un reporte mensual con folio y nombres de las personas a quienes se les expidió un documento. Si no se entregaba en los primeros cinco días del mes estábamos impedidos para recibir nueva papelería. Todo quedaba consignado en un software que ellos instalaban. Si se metía un nombre indebido, o algún cambio, el sistema marcaba ‘error’”.
VI. Cambio de identidad, opción en ruta migrante
La venta de actas de nacimiento y credenciales de elector mexicanas, falsas o apócrifas, a migrantes centroamericanos es una “actividad común y reciente” en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, afirma Irazú Gómez, responsable del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana.
Los migrantes necesitan un documento mexicano para conseguir un tránsito más seguro por México, pero “coyunturalmente ellos vienen desde Chiapas o Guatemala ya con documentos falsos porque entran con redes de tráfico para personas”, explicó en entrevista.
“La movilidad ilegal a través documentos falsos corresponde a un perfil del migrante que viene en una red de tráfico que tiene costos elevados porque están dando más elementos para pasarte de un modo que te agrega el valor de seguridad”.
Según el diagnóstico elaborado por el Instituto Ignacio Ellacuría, Puebla se incorporó a la ruta migratoria desde el 2009 y parecía invisible: los migrantes que viajaban en tren comenzaron a bajar sobre la vía que pasa atrás del mercado Hidalgo, en la periferia de la ciudad; pero el fenómeno ganó visibilidad en el 2013 con un “oleaje” de centroamericanos en los principales cruceros de la zona urbana para pedir dinero.
“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”
VII. Compra de identidad, nuevo peligro para migrantes
En la actualidad Puebla es una central de migración, el punto de partida hacia todo el sureste y el distribuidor de todas las rutas hacia el norte de México. En la estación de Lechería, Estado de México, salen todos los trenes para el norte, pero en Puebla confluye todo el tránsito de carreteras, afirma el coordinador de albergues para migrantes La Asunción, el padre Gustavo Zárate.
Puebla, además, se ha convertido en un punto de estancia prolongada o permanente: hay zonas del estado donde los migrantes centroamericanos son aceptados como trabajadores, campesinos y se casan con mexicanas, dice.
“Se están quedando no porque así soñaron, sino porque la pesadilla mexicana les hizo desilusionarse del sueño americano”.
De acuerdo con sus estadísticas, en los siete albergues que hay en la ciudad de Puebla, de cada mil migrantes que llegan 910 son hondureños, 50 salvadoreños y el resto de otros países.
Pero el negocio ilícito no proviene de las juntas auxiliares de Puebla sino de grupos delictivos que operan en todo el país coludidos con las propias autoridades.
De los migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos y llegan a Puebla, sólo el 20 por ciento lo hace a través del tren, el otro 80 por ciento se traslada en autobuses “pirata”, en camionetas particulares y en vagonetas de turismo. “La inseguridad los bajó del tren y los expuso a nuevos peligros, por ejemplo: ser aprehendidos por llevar documentos falsos. Eso es un delito en México”, añade.
“En la colonia La María y el entronque con la carretera que va por Covadonga (rumbo a Tlaxcala) cambian de autobús; se quedan o abordan autobuses que van de manera directa a Tijuana. Es un mecanismo muy seguro, y si llevan dinero tienen la complicidad de las autoridades”.
Pero no todo ocurre en la capital de Puebla, ni pertenece sólo a los “polleros”, dice. La distribución estratégica de carreteras y brechas rurales ha facilitado el tráfico de centroamericanos indocumentados que son reclutados por el narcotráfico. Algunos siguen y otros se quedan en los municipios.
“La queja me la dan los mismos presidentes municipales: ‘o cooperamos, o cuello; si denunciamos se van con nuestra familia’. El narco tiene el control de más del 80 por ciento de los municipios poblanos y eso facilita el tránsito invisible de los migrantes”.
El padre Gustavo Zárate, quien ha denunciado públicamente amenazas más tres ocasiones por parte del gobierno, indicó que el secuestro de migrantes que provienen de Centroamérica, así como su explotación en los cruceros donde piden dinero, son prácticas propias del crimen organizado que en Puebla—sentencia— goza de impunidad, por eso ahora es más visible.
El Instituto Ellacuría y el párroco coincidieron en que cuando alrededor de 40 cruceros de la ciudad de Puebla fueron “tomados” por migrantes dedicados a la mendicidad, el gobierno estatal tomó medidas, y de forma coyuntural criminalizó la figura del “centroamericano” para culpar a los presidentes de las juntas auxiliares de prácticas corruptas en el Registro Civil.
“Quisieron (autoridades estatales) resolver el problema visible del crimen organizado que explotaba migrantes en las esquinas y al mismo tiempo controlar a sus opositores desde los pueblos indígenas que componen las juntas auxiliares. El resultado fue el retiro del Registro Civil, ligando a unos con otros cuando nada tienen que ver y donde el único responsable es la autoridad”.
No obstante, una encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (2006) del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración (INM) registra que del total de indocumentados que cruzan de Guatemala a México, un 87.57 por ciento busca ir a Estados Unidos y sólo el 16.42 por ciento tiene como objetivo radicar en nuestro país.
VIII. No hay delitos, sólo percepción
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi, señala que la criminalidad de centroamericanos en Puebla a la que alude el gobernador Rafael Moreno Valle es sólo un asunto de percepción.
“Nosotros vemos una preocupación latente de la ciudadanía de ver cada vez más migrantes en las calles pidiendo apoyo, la gente supone que se involucran en actividades delictivas, pero tampoco tenemos ningún reporte de que así sea”.
Ambrogi recuerda que en el 2014, durante una reunión con funcionarios del gabinete de seguridad estatal —a la que él también fue invitado— se les explicó —sin documentar un solo caso— que las juntas auxiliares hacían uso indebido de su facultad y generaban identidades falsas a migrantes, aunque no necesariamente a centroamericanos, sino también a gente de Asia.
Sin embargo, afirma Ambrogi, hasta hoy no tiene documentado un solo caso donde los migrantes centroamericanos se involucren en actos delictivos durante su tránsito hacia los Estados Unidos. Al contrario, dice, las cifras de distintas instituciones mexicanas revelan una serie de extorsiones hacia ellos.
Por esa razón el Consejo Ciudadano dispuso este mismo año dar el servicio de asesoría legal y sicológica, confidencial y gratuita a migrantes centroamericanos para atender denuncias vía telefónica (3 099 099 y 01800 9 099 099 ) sobre casos de extorsión o como víctimas de cualquier otro delito.
“Los migrantes que provienen de Centroamérica o de cualquier otro país, puede acudir al Consejo y pedir asesoría legal gratuita, sicológica y confidencial. No importa su condición migratoria. Nosotros atendemos a víctimas y punto”, recalcó Ambrogi.
IX. Unos y otros en el mismo viaje
“Los indígenas de Puebla y migrantes centroamericanos recibieron la misma chinga: los desplazaron”, dice el político y activista indígena Fidencio Romero Tobón.
Unos viajan para buscar paz y una vida mejor en Estados Unidos, mientras que otros, los indígenas poblanos, trotan por veredas y disponen hasta de un día para buscar su nombre.
“Para que los habitantes de la junta auxiliar de África, perteneciente al municipio de San Felipe Tepatlán (norte de Puebla), lleguen a una cabecera municipal (San Felipe Tepatlán o Jopala) para conseguir un acta de nacimiento o de defunción deben programar un viaje que comienza al despuntar el alba: cruzan por H. Galeana, Amixtlán, Ahuacatlán, Zacatlán, Huauchinango, Filomeno Mata (Veracruz) y así hasta llegar a Jopala”. Es la ruta más sencilla y en un auto particular la travesía dura aproximadamente seis horas, pero si cruzan a pie la zona montañosa el recorrido es de 13 horas.
A finales de 2014, Fidencio Romero solicitó por separado a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SGG) y al Congreso del Estado el restablecimiento del servicio del Registro Civil en 23 juntas auxiliares donde la población mayoritaria es indígena.
Por medio de tres cartas escritas en castellano, totonaco y náhuatl, pidió hacer efectivo el marco jurídico internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que México adoptó el 13 de septiembre de 2007.
“Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” dicta el artículo 19 de la Declaración internacional.
Incluso, la propia Constitución Política del Estado de Puebla, reformó el 5 de enero de 2011 el artículo 13, donde “el Estado reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público”, pues antes sólo eran “sujetos de interés público”.
En el apartado de F del artículo 13, la Constitución local dicta que el Estado debe “establecer los mecanismos de consulta que resulten apropiados para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, así como cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Para el líder indígena las disposiciones internacionales, incluso locales, fueron violadas con el retiro del Registro Civil a las comunidades.
“El retiro del Registro Civil en los pueblos indígenas nos tomó por sorpresa a todos. En algunos pueblos indígenas aún no saben por qué deben caminar horas, cruzando brechas y montes a pie, para registrar a sus niños. Por eso tanta protesta”, explica Romero Tobón.
Con apego a los usos y costumbres de 23 juntas auxiliares, Fidencio Romero fue elegido como su representante legal para llevar esta solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra en espera de entrar a revisión.
El Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registra que de las 658 juntas auxiliares que hay en Puebla, 312 se encuentran dispersas en las montañas de la sierra y zonas desérticas de la Mixteca, a más de una hora de viaje en automóvil de las cabeceras municipales a las que pertenecen.
X. Un cuarto de siglo se reduce a un día
A México le llevó un cuarto de siglo de negociaciones, consultas, diálogos y cabildeos para aceptar el derecho que los pueblos indígenas tienen a la consulta sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. También pasaron diez años de gestiones intensas para apurar al gobierno mexicano a publicar una Ley de Migración que busca “regular el ingreso, salida y el tránsito de extranjeros en nuestro país en un marco de respeto, protección y de salvaguarda de los derechos humanos”.
A Puebla le llevó un día aprobar las reformas a la Ley Orgánica Municipal para centralizar el servicio del Registro Civil en las 217 cabeceras municipales del estado, afectando de forma directa a un millón 18 mil 397 indígenas (INEGI), sólo tomando en cuenta este segmento de la población y dejando fuera el conteo de otras poblaciones suburbanas que también han protestado por la reforma.
Así, el gobierno responsabiliza a las juntas auxiliares por una supuesta emisión irregular de actas de nacimiento a migrantes centroamericanos que no ha logrado documentar, una justificación en el ejercicio de su gobierno que contrasta con un principio de la propia Ley de Migración: “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Vecinos del fraccionamiento Bosque Real, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, evidenciaron cómo el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, utilizó un helicóptero oficial para fines particulares.
El usuario Ignacio Vizcaíno Tapia publicó una serie de fotografías en su cuenta de Facebook con el título: “Un Helicoptero de CONAGUA recoje a una familia en Bosque Real para irse de vacaciones” (sic). En las imágenes se observa un vehículo rotulado con el logotipo del organismo.
En las fotografías publicadas se observa a personas con maletas descendiendo de una camioneta para abordar el helicóptero. No obstante, la versión oficial de la Conagua es que el funcionario utilizó el helicóptero para ser trasladado a “un tema de índole médico”.
Según un escueto comunicado del organismo, los familiares de David Korenfeld Federman lo acompañaron a su traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
David Korenfeld Federman, fue alcalde de Huixquilucan durante el montielismo (2003-2006); es ubicado como el interlocutor de los negocios de la comunidad judía mexiquense con Peña Nieto. Fue secretario de Obra Pública en el Estado de México y coordinó el área de Evaluación y Seguimiento durante la campaña presidencial.
La Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados es de su autoría. Especialistas e investigadores han denunciado que dicha iniciativa privará a los mexicanos de su derecho humano para acceder al líquido y privilegiará a las grandes compañías.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El coordinador del Programa de Pensión de Adultos Mayores de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Tlaxcala, Agustín Bretón Stankiewicz, celebró su matrimonio en un recinto histórico que sólo debe ser utilizado para actividades culturales.
La boda se celebró el sábado pasado en el patio del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), mediante un permiso otorgado por el gobierno estatal.
Alrededor de mil invitados, primordialmente de la clase política, asistieron al enlace entre Bretón Stankiewicz y Elvia Tamayo, hija de un empresario local.
De acuerdo con el periódico digital E-consulta, se presume que el novio es amigo de Mariano González Aguirre, hijo del gobernador.
“La boda era de rigurosa etiqueta, las mujeres con vestido largo, los adornos con luz de neón en todos los arcos iluminados en tonos morado y rosa en una carpa transparente, en donde se avizoró un gasto excesivo que no se conoce si salió del erario”, cita la crónica del mencionado periódico digital.
Miembros de la Policía Estatal resguardaron la seguridad de los invitados.
El ITC fue fundado en 1983 para la promoción del arte y la cultura. En su sitio oficial, el organismo presume que “ha impulsado la promoción del arte y de la cultura de Tlaxcala, ha fomentado el desarrollo de la infraestructura cultural, de la enseñanza de las artes y de la divulgación de las más profundas raíces culturales del pueblo tlaxcalteca, que le dan identidad y particularidades espléndidas en el contexto de la nación mexicana”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Con una demanda mercantil y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Grupo MVS y Carmen Aristegui iniciaron formalmente la defensa legal de sus intereses.
Este martes la empresa de Joaquín Vargas reclamó que se declare judicialmente la terminación de su contrato con Carmen Aristegui, y ésta, a su vez, presentó una queja en la CNDH contra la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por actos y omisiones que agraviaron a los quejosos.
De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, Stereorey Digital y MVS Multivisión Digital presentaron la demanda mercantil el pasado lunes 23, una semana después de que la empresa anunció que daba por terminada la relación laboral con la periodista y su equipo.
Según información difundida por el diario Reforma, Rómulo Figueroa Salmorán, juez Décimo de Distrito en Materia Civil, desechó la demanda el viernes 27 y hoy notificó que dicha resolución quedó firme, por lo que archivó en definitiva el expediente 155/2015.
Fuentes judiciales informaron al periódico que Figueroa consideró que no tiene competencia sobre el caso, mismo que deberá ser resuelto por un juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Las fuentes agregaron que el juez resolvió que el asunto no es de carácter federal, ya que si bien MVS es titular de una concesión federal, la demanda se refiere a una disputa contractual entre particulares.
Los juicios ordinarios mercantiles son regulados por el Código de Comercio, por lo que la presentación de la demanda implica que, desde el punto de vista de MVS, el contrato con Aristegui es de naturaleza comercial y no tiene carácter estrictamente laboral.
Si la demanda es admitida en su momento por un juez del TSJDF, Aristegui será emplazada a contestar y tendrá derecho a presentar una reconvención o contra demanda en la que podrá exigir, por ejemplo, el cumplimiento del contrato en sus términos o alguna indemnización.
Aristegui ha mencionado que acudirá a los tribunales para combatir su despido y el de sus colaboradores, pero no ha aclarado la estrategia jurídica que seguirá.
Tampoco está claro si el contrato que MVS busca dar por terminado se refiere únicamente a la periodista, o también a sus colaboradores, o si la relación de estos con la empresa era estrictamente laboral, en cuyo caso esa parte del litigio tendría que ventilarse ante una junta de conciliación y arbitraje.
Por otra parte, la CNDH informó en un comunicado que Carmen Aristegui, al frente de un grupo de comunicadores, presentó un escrito de queja contra la Segob y el IFT.
Detalló que los periodistas fueron atendidos por Edgar Corzo, quinto visitador general; Carlos Borja, director general de Quejas y Orientación, y Rodrigo Santiago, director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.
El organismo aseguró que dará trámite a la queja en cuestión y en su oportunidad emitirá el pronunciamiento correspondiente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
