GUADALAJARA, Jal: La mañana del pasado viernes integrantes de la Fuerza Única Regional detuvieron a dos sujetos identificados de manera extraoficial como integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de participar en el ataque contra el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga y sus escoltas. El atentado ocurrió la noche del pasado lunes 30 en el poblado de Río Blanco, en una agresión que fue repelida y en la cual no se reportaron bajas ni personas heridas. Versiones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco indican que la captura de los dos sujetos se dio luego de dos operativos simultáneos en diferentes colonias de la parte norte de Zapopan. Uno de ellos fue capturado en la colonia Tabachines y el otro en una vivienda asegurada por el rumbo de la carretera a Colotlán, en el poblado de Tesistán. El ataque fue dado a conocer casi 24 horas después de ocurrido y luego de que diversos medios de comunicación habían difundido la información sobre el atentado en contra de Solorio Aréchiga, reconocido como el segundo hombre más importante en el gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Hace poco más de dos años el secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, fue asesinado cuando salió de una reunión en Casa Jalisco y se trasladaba a bordo de una camioneta tinta a su domicilio particular. Según la Fiscalía General, miembros del CJNG reconocieron que les habían ordenado el asesinato de Gallegos debido a que lo ubicaron como un enemigo que apoyaba económicamente a otro cártel. En torno al atentado contra Solorio Aréchiga, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, explicó el martes pasado que fue una represalia del CJNG luego de la muerte el 23 de marzo de Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, considerado el líder de plaza en la región Valles, quien perdió la vida junto con otros dos sujetos cuando viajaban en una camioneta de lujo por el rumbo del municipio de Zacoalco de Torres, y en momentos en que agentes de la Fuerza Única les marcaron el alto. Lejos de obedecer la orden de las autoridades, los presuntos delincuentes se negaron a detenerse y empezaron a disparar contra los uniformados, lo que desató una persecución que terminó con la volcadura del vehículo en donde viajaban El Gringo y sus acompañantes. El accidente causó que el auto se incendiara, muriendo sus ocupantes. Luego del atentado contra Solorio Aréchiga las autoridades estatales aseguraron cerca de media docena de vehículos utilizados en el ataque al comisionado de Seguridad, entre ellos un camión torton, una camioneta Van, una Tahoe y otros más.
También cinco granadas de fragmentación calibre 40, dos rifles de asalto tipo AR-15 (uno de ellos con un dispositivo lanzagranadas), además de otras armas como un rifle Barret calibre 50, según dio a conocer la Fiscalía de Jalisco. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALBERTO OSORIO.
Los aspirantes a gobernar Michoacán manejan un doble discurso. Por un lado, aseguran que en el estado reina la paz, pero por el otro aceptan o contratan personal de seguridad para hacer sus campañas.
Aunque hablan de un estado idílico, donde temer por la vida era cosa del pasado, todos los candidatos al gobierno estatal de Michoacán ha tomado a la ligera su seguridad. Todos han tomado sus providencias. Todos están fuertemente resguardados. A cinco de los seis postulantes a gobernador, la Federación les ofertó una estrategia de seguridad -con recursos, vehículos y hombres- a fin de garantizar su integridad, principalmente al visitar la zona de Tierra Caliente. Solo los candidatos del PRI, Asención Orihuela Bárcenas; y del PAN, Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, aceptaron. Tras blindar su seguridad personal y de algunos miembros de su familia, el candidato del PRI no ha tenido empacho en señalar que “el rostro de la seguridad en Michoacán es otro”. Públicamente dijo que recorrió el estado en compañía de su esposa, “en mi auto particular y lo que percibo es que el estado tiene buenas condiciones de seguridad”. Por su parte, “Cocoa” Calderón dijo que en Michoacán no existen focos rojos que pudieran poner en riesgo el desarrollo de las elecciones, pero su agenda de trabajo no contempla la insistencia del voto en la mayor parte de los municipios de Tierra Caliente. El día del arranque de su campaña “Cocoa” fue acompañada por el líder de su partido, Gustavo Madero, quien aseguró que ninguno de los candidatos del PAN tendría seguridad especial. Pero él mismo arribó en una camioneta blindada y varios de los candidatos a diputado federal –como el caso de Hugo Anaya Ávila– estuvieron casi de la mano con sus escoltas. Otro que encarnó la contradicción fue el candidato multipartidista Silvano Aureoles Conejo -del PRD, PT, PANAL y PES-, quien públicamente se negó aceptar la seguridad del Gobierno Federal aludiendo que en el estado prevalece un clima de tranquilidad que permite hacer campaña sin vigilancia especial, pero en lo privado comenzó a utilizar chaleco antibalas y reforzó su equipo de escoltas en dos círculos de seguridad. Manuel Antúnez Oviedo, del Movimiento Ciudadano, tampoco aceptó la seguridad que le ofreció la Federación. No explicó las razones, pero se filtró que la negativa obedeció a cuestiones de categoría: Miguel Ángel Osorio Chong le propuso enviarle como escoltas a media docena de elementos de la Policía Federal Preventiva, y no a miembros del Estado Mayor Presidencial, como se le había solicitado. La candidata de Morena, María de la Luz Núñez Ramos -que llegó desde la alcaldía de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, para buscar gobernar a los michoacanos- optó por no aceptar a los Policías Federales que le fueron asignados como escoltas, pero el vehículo blindado que le fue enviado por la Federación, sí lo recibió. El encargado de la seguridad de la candidata es su mismo esposo, Arturo Martínez Nateras, quien coordina a un grupo de 5 personas encargadas de ese asunto. El único de los candidatos al gobierno estatal de Michoacán que no aceptó ningún tipo de apoyo del Gobierno Federal fue Gerardo Dueñas Bedolla, del Partido Humanista, pero asegura que eso fue porque ni siquiera se lo ofrecieron. Dueñas Bedolla inició su trabajo de proselitismo en petit comité, sin arriesgarse en grandes concentraciones. El inicio de su campaña lo marcó asistiendo a misa, para celebrar el Domingo de Resurrección. Casi el paraíso Fiel a su política de negación, el gobernador Salvador Jara ha insistido que en Michoacán existen las condiciones de paz y seguridad para que se lleven a cabo con normalidad las campañas políticas que concluirán con la jornada electoral del primer domingo de junio. No existen –como no han existido para él desde que asumió la suplencia del gobierno estatal- conflictos armados que trastoquen la seguridad pública de los michoacanos, dijo. Ha reiterado que en Michoacán “no hay focos rojos” que pudieran poner en riesgo la jornada electoral en proceso, y pidió a todos los candidatos, desde aspirantes a regidores hasta gobernador, a que denuncien cualquier hecho que pudiera alterar el curso normal de este proceso. La voz disonante Frente al estado idílico del que habla el gobernador, salta la voz insurgente de Hipólito Mora. El exlíder de las autodefensas ha insistido en la falta de condiciones de seguridad en la zona de Tierra Caliente. Mora se ha dicho con temor de un atentado en contra de su persona y su familia, como consecuencia de la persecución que encabezó contra el cártel de Los Templarios. Mora se sigue rodeando de un grupo de amigos –sus muchachos, les llama él- que lo custodian día y noche. Trae su chaleco antibalas, pero se sabe expuesto a un ataque de sus enemigos. No esconde el miedo con el que vive, al igual que miles de michoacanos. Los consentidos del sistema Los candidatos del PRI, Asención Orihuela Bárcenas; y del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, han sido calificados por sus oponentes político como los consentidos de la Federación. Ambos candidatos han recibido recomendaciones para su seguridad: > Los comisionados para la seguridad de los candidatos del PRI y PAN al gobierno de Michoacán usan chalecos antibalas. > Se les ha sugerido que eviten grandes concentraciones. > Se propone que la mayoría de los eventos políticos se hagan en espacios cerrados, con accesos controlados de personas. > Les propusieron visitar lo menos posible los municipios en conflicto abiertos entre civiles armados. > En todo momento se recomienda no sostener reuniones con grupos de autodefensa > Mantenerse alejados de los municipios en donde las células del crimen organizado aún persisten por reposicionarse.
> No acudir a eventos políticos en compañía de familiares, a fin de evitar dividir sus equipos de seguridad. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
La mañana del domingo 27 de marzo, el matemático y piloto Ignacio Vizcaino Tapia salió al balcón de su casa en Bosque Real, Huixquilucan, a fumar un cigarro. Al horizonte, un helicóptero blanco con rojo aterrizaba a mil 200 metros de donde él se encontraba. Aficionado a la aeronáutica, el hombre decidió fotografiar la nave porque le gustó y quería capturar el despegue. Momentos después, una familia con maletas en mano descendió de una camioneta, subió al otro transporte y voló. Vizcaíno comenzó a disparar el obturador en ráfaga. “Ha de ser millonario el dueño de ese helicóptero. Es grande, cabe una familia”, pensó. Gracias a su telefoto logró captar las imágenes con nitidez. No fue la primera vez que Ignacio fotografiaba un transporte aéreo. Hasta ese entonces todo le parecía normal. Luego, decidió descargar la memoria de la cámara en su computadora. Fue entonces cuando todo cambió. Ampliadas las imágenes en el monitor, se dio cuenta que el helicóptero tenía el logotipo de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua). –No es la primera vez que veo un helicóptero oficial aterrizar ahí. Sé distinguirlos por las matrículas, ya sabes: si es XE es que es del gobierno, los XA para servicios públicos y XB para servicios privados. –¿De alguna dependencia en especial? –Varias. Yo siempre pensé que estaban haciendo algo oficial, sobre todo he visto uno de la Policía Federal. Siempre he creído que están investigado algo o hay una base.
Ese mismo domingo, Vizcaíno publicó las fotos en Facebook. Luego se hicieron virales a tal grado que la Conagua tuvo que admitir que quien salía en la fotografía era el titular de la dependencia David Korenfeld Federman; quien argumentó una emergencia médica en la rodilla y por eso voló al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con familia y maletas. Y agregó que ya había pagado a Tesorería el monto del traslado, sin decir el monto de lo abonado ni mostrar algún recibo. “Cometí un error inexcusable al utilizar un helicóptero de Conagua para transportarme al AICM [Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México]. Ofrezco por ello una disculpa pública”, tuiteó Korenfeld Federman, luego del escándalo de las fotos. –Hace unos días mencionaste que publicaste las fotografías porque te consideras un ciudadano responsable y además te sentiste indignado. ¿Cómo fue? ¿En algún momento tuviste miedo? –Es muy indignante. Da mucho coraje que estas personas usen recursos de la Nación para beneficio propio cuando hay tantas necesidades en el país. Yo soy así. Creo que todos los mexicanos deberíamos denunciar cuando vemos abusos. Yo creo que si los mexicanos no nos dejáramos, nuestra realidad sería otra. Eso les he inculcado a mis hijos, a no dejarse, a no agacharse. Más que miedo, pues hubo amigos que me dijeron que no lo hiciera, que estaban preocupados porque, ya sabes, dicen que ese tipo de personas no se quedan sin hacer nada. Pero yo tengo un dicho: no puedo dejar de hacer algo por pena o por miedo. A parte las fotos ya estaban publicadas, ya no había marcha atrás. En este caso, se trata de un recorrido de media hora y cuyo costo, de acuerdo con la compañía que vende y da mantenimiento a los helicópteros de la Conagua –Servicio Técnico Aéreo de México– es de alrededor de 30 mil pesos. La hora cuesta mil 900 dólares más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, no sólo está el hecho del uso para fines personales del vehículo oficial, sino que también se encuentra el gasto sobre el costo del combustible y de los honorarios del piloto de la aeronave. David Korenfeld Federman se considera un político cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. Su carrera se ha hecho, básicamente, en el Estado de México. Abogado, subió de Regidor a Presidente municipal de Huixquilucan y después a Secretario de Agua y Obra Pública del gobierno del entonces Gobernador. Después de la campaña electoral de 2012, Korenfeld Federman fue el Coordinador de Agua en el equipo de transición. La polémica Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados es de su autoría. Organizaciones civiles mexicanas y extranjeras, así como rectores de varias universidades públicas en todo el país acusan a esta iniciativa de arrebatar el derecho humano a millones de mexicanos para favorecer a la industria. –Korenfeld ha sido hombre clave tanto en la administración de Felipe Calderón Hinojosa como del Presidente Enrique Peña Nieto. Es una pieza fundamental para la Ley General de Aguas Nacionales en discusión. Miles han pedido su renuncia, pero fue usted quien con unas fotografías ha puesto al titular de la Conagua en el ojo público y del escrutinio de la Secretaría de la Función Pública (SFP). ¿Qué piensa de ello?
–Por un lado me da gusto que se haya dado a conocer y detenido un abuso. Leí lo de la ley del agua, la cual me parece muy mal, y ojalá esto pueda ayudar. Y por otro lado está la parte humana. Me daría mucha tristeza que alguien pueda perder su trabajo por unas foto. Sí es grave, pero es más grave el abuso. Si lo ponemos en una balanza, lo que hizo fue demasiado.
–¿Cuál es su opinión respecto a la excusa médica que argumentó Korenfeld? –Qué piensa [Korenfeld], ¿que somos estúpidos? Sale con sus hijos con maletas para ir al hospital, ¿acaso los niños se van a dormir al hospital? De hecho si fuera una emergencia, a cinco minutos tenía el Ángeles de Interlomas. Le quedaba más lejos el helicóptero de su casa que del hospital. Para llegar al punto de despegue tuvo que recorrer varios kilómetros de autopista. No es una zona de fácil acceso. Sin quererlo, Ignacio Vizcaino Tapia evidenció a David Korenfeld. “Yo sólo salí a fumarme mi cigarro y a tomarle fotos a un helicóptero que me gustó, nunca busqué nada más”, dijo. Aseguró no tener miedo a represalias y llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de injusticia. Además aclaró que él no forma parte de vecinos hartos del funcionario de la Conagua como se comentó en algunos medios, pues ni siquiera lo conoce. David Korenfeld tendrá hasta cinco días, a partir del lunes próximo, para ejercer su derecho de audiencia y presentar pruebas, en relación con el uso de un helicóptero del organismo a su cargo.
Así lo anunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) que inició un procedimiento administrativo por haber utilizado con fines privados un helicóptero al servicio de la Conagua. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SERGIO RINCÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2015/1303215.
El reciente ataque a miembros de la División de Gendarmería en Ocotlán confirma el poder ofensivo del CJNG y el control que tiene en la entidad, ya sea mediante las armas o por la corrupción de los jefes policiacos. En un recorrido por la escena del tiroteo, este semanario recabó testimonios que ponen en duda las cifras oficiales de muertos y heridos.
OCOTLÁN, Jal: Recluidos en casa desde las seis de la tarde por el miedo de quedar atrapados en medio de una balacera, muchos ocotlenses consideran que su municipio ya es una plaza de la delincuencia organizada, como quedó de manifiesto con el ataque del jueves 19 a policías federales. Integrantes de los cuerpos de seguridad estatales creen que la agresión, en la que fallecieron 11 personas –cinco efectivos de la Gendarmería Nacional, cuatro civiles y dos sicarios–, era una pantalla utilizada por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para permitir que su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, escapara del municipio aquella noche. Varios testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que ese día corrió un fuerte rumor de que se realizaba una reunión del CJNG en una casa de seguridad en la calle Oxnard, colonia Mascota, a ocho calles del primer cuadro de la cabecera municipal. “Los de la Gendarmería andaban por el lugar y traían el dato de que probablemente andaba por el lugar El Mencho”, dice el agente. La balacera inició poco antes de las nueve de la noche y duró más de hora y media. En un recorrido por la zona, este semanario comprobó que la tarde del viernes 20 las manchas de sangre todavía marcaban el lugar del ataque. Los vecinos se quejaban de que nadie las hubiera limpiado o al menos cubrirlas con cal o tierra. Tal vez fue porque era evidencia. El menor Isaac Esaú Solís Ornelas, de 15 años, y su padre, Francisco Solís, trataron de escapar de la balacera pero no lo consiguieron. Isaac iba en tercer año de secundaria en el colegio Ignacio Manuel Altamirano. Sus familiares indican que esa tarde fue a la casa de un compañero para hacer una tarea. Estaba en la zona del enfrentamiento. Cuando escucharon la balacera, el adolescente decidió quedarse ahí hasta que cesara. Así pasó más de una hora. Cuando parecía que las detonaciones habían terminado, Francisco Solís fue por su hijo. Abordó su motocicleta y se dirigió a la casa del compañero de escuela. Ya estaba cerca, pero elementos de la Gendarmería le impidieron pasar con la moto, así que siguió a pie. Isaac lo estaba esperando. Caminaron hasta la moto, pero justo entonces se desató otra balacera y quedaron atrapados entre los federales y los sicarios. Una bala atravesó el corazón de Isaac y otra el tórax de su padre. Sólo éste sobrevivía hasta el cierre de edición, pero está grave. Otros testigos describieron la confusión que provocó el primer intercambio de disparos: decenas de personas dejaban motos y bicicletas en la calle para pedir que los dejaran pasar a las casas. Los datos de las autoridades no cuadran con los que dan los vecinos. En el comunicado de la Policía Federal del viernes 20 se “reporta el fallecimiento de cinco elementos de la División de la Gendarmería y tres civiles, cuyos cuerpos portaban fornituras con cartuchos y equipo táctico, los cuales se presume que formaban parte de la delincuencia organizada”. La institución sólo cuenta entre los muertos a tres civiles ajenos a la confrontación. Los pobladores afirman que fueron cuatro. El llamado Una de las fuentes consultadas señala que el jueves 19 un convoy de la División de Gendarmería recibió un llamado de auxilio de policías de Ocotlán, presuntamente desarmados y sometidos por delincuentes. Un testigo considera que fue una emboscada: “Fue una agresión directa. Ni siquiera alcanzaron (los federales) a bajarse de los vehículos. Ya los esperaban por la calle Oxnard, recibieron fuego que provenía de diferentes sentidos, incluso de las azoteas.” Dice que cuando los efectivos de la Gendarmería quedaron atrapados bajo el fuego de armas de grueso calibre, pidieron apoyo al destacamento del Ejército que se ubica en el municipio de Jamay. Los soldados llegaron en 15 minutos. También solicitaron auxilio a la Fuerza Única Regional, las policías de Zapopan y de Guadalajara, pero la respuesta fue tardía. En esa batalla los criminales exhibieron un gran poder de fuego, mientras que entre los cuerpos de seguridad se comentó que otras instituciones dejaron solos a los miembros de la Gendarmería. El señalamiento llegó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Carlos Nájera, quien el viernes 20 declaró a la prensa que los integrantes de la Fuerza Única Regional estaban concentrados en el penal de Puente Grande, a fin de prevenir desórdenes durante una revisión. Al día siguiente el comisario general, Alejandro Solorio, ofreció a los medios los datos del avance de la FUR contra la delincuencia y, como de paso, reiteró que esa corporación estatal sí respaldó a la Gendarmería en la confrontación con los sicarios. Tanto Nájera como Solorio enfatizaron que la zona quedó bajo resguardo de la Gendarmería mientras la FGE atendía otras prioridades de seguridad en el estado. Sin cuartel Cuando las autoridades estatales dieron a conocer la distribución territorial de la FUR en 2014, se incluyó una sede en Ocotlán. Pero hasta la fecha no la tiene, por lo que según los pobladores los policías realizan sus rondines en sus características camionetas-patrulla negras, donde llevan maletas con sus pertenencias y equipo. Alrededor de 300 elementos de la Gendarmería asignados a la entidad llegaron a esta zona desde finales de noviembre de 2014 para fortalecer la vigilancia en los límites con Michoacán, previendo que miembros de la organización criminal Los Caballeros Templarios huyeran a Jalisco. Recientemente se supo que, semanas antes de la balacera en Ocotlán, las autoridades federales llevaban a cabo discretos operativos y labores de inteligencia en la región de la Ciénega. El objetivo: ubicar y detener al Mencho. Sin embargo, el ataque del jueves 19 mostró una respuesta desarticulada de las corporaciones federales y estatales contra los criminales. Posteriormente, afloraron las dudas sobre el total de muertos y de heridos. Algunos pobladores consultados señalan que los policías muertos son más de los reconocidos por las autoridades. Dicen, por ejemplo, que vieron a una mujer policía abatida por los sicarios y cuyo cuerpo fue levantado a toda prisa. A partir de estos testimonios, se estima que las clínicas y hospitales, tanto privados como del sector salud, atendieron cerca de 50 personas entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20, heridas de bala o con crisis nerviosas. Esta cifra es aparte de los ocho policías federales alcanzados por las balas de los criminales y quienes fueron trasladados a Guadalajara para atenderlos de emergencia. En tanto, los civiles fueron atendidos en el hospital regional del Seguro Social, el hospital San Vicente y la Cruz Roja, donde también se dieron los primeros auxilios a dos gendarmes baleados. Cuando este semanario intentó obtener la cifra exacta de las personas atendidas en los centros de salud mencionados, topó con pared. En el hospital San Vicente, que es privado, dijeron que sólo pueden informar con la autorización del patronato, aunque fuentes cercanas dijeron que se habían recibido al menos a 20 pacientes por la balacera. El hospital regional del Seguro Social derivó la solicitud de información a la oficina de Comunicación Social de la Delegación Jalisco, y ésta notificó que los detalles pedidos están bajo resguardo de la FGE. Familiares de algunos heridos calcularon que en lapso mencionado el IMSS recibió a cerca de 30 personas, pero no pudieron precisar cuántos presentaron heridas de bala, heridas leves o crisis nerviosa. En un recuento general, los vecinos de la zona del enfrentamiento dijeron que 20 casas recibieron impactos de bala, igual que al menos 31 vehículos. El viernes 20, el Centro Universitario de la Ciénega suspendió totalmente sus actividades, por temor a que continuaran los disparos. Integrantes de la FUR interpretan el ataque de Ocotlán como una respuesta del CJNG al acoso de las fuerzas federales contra El Mencho, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, tras la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fuera cabecilla de los rivales michoacanos del CJNG, Los Caballeros Templarios. Esas fuentes estiman que el CJNG controla la región de la Ciénega, como casi todo el estado, y que gracias a ello extendieron sus actividades del trasiego y producción de drogas sintéticas, al robo de hidrocarburos y otros delitos de alto impacto. Añaden que los delincuentes actúan con libertad por la protección que les brindan jefes policiacos a cambio de fuertes sumas de dinero. Uno de los entrevistados reconoce: “La gente denuncia que hay narcolaboratorios en la zona y que circulan convoyes armados, pero no se nos da la orden de actuar. Al parecer reciben protección”. Afirma: “Se nos ordena proteger a narcomenudistas, a los que se dedican al robo de hidrocarburos, y los comandantes de convoy se entrevistan con gente del crimen organizado que les entregan de 100 a 150 mil pesos, con la condición de que sólo se dediquen a dormir y comer. O el día que vayan a pasar con droga, armas o gasolina, llaman a los comandantes a su celular para que se vayan a otro lado a vigilar”. Dice que sucede lo mismo “en la zona metropolitana de Guadalajara y todo el estado: si te atreves a interceptarlos llaman por celular a nuestros jefes y ellos nos indican que los dejemos libres, con el argumento de que son de Inteligencia Militar, cosa que es falsa”. Otros dominios del CJNG En Tepatitlán de Morelos, municipio de la región Altos Sur, el pasado 3 de febrero Alfonso González Ramírez, Poncho Carcanchas, fue levantado por un comando armado. Rosendo González, hermano de la víctima, presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad (averiguación previa 671/2015). Con base en testimonios, se pudo saber que Poncho salía a las 19:30 horas de su casa en su auto cuando vio que intentaban rodearlo varios sujetos a bordo de dos camionetas Suburban, una blanca y una negra. Se dirigió hacia la calle San Pablo, donde vive su hermana, Consuelo González. “Los delincuentes cerraron las calles, se subieron a las azoteas de las casas aledañas y armaron un operativo con tal de sacar a Poncho Carcanchas”, indica una fuente. Horas después González Ramírez fue encontrado sin vida y con huellas de tortura en una brecha cercana al cruce de Pegueros y Mirandillas. En el cadáver, igual que en la cartulina que se dejó junto a él, los sicarios escribieron: “Por rata y chapulín y cobra cuotas, por ser gente del 02 blindado azul. Haber quién le da dinero” (sic). Al final de esa leyenda dibujaron una camioneta con las siglas PMT02. Al parecer, tanto el “02” como las siglas se refieren al subdirector de la Policía Municipal de Tepatitlán. En su sitio de internet, el ayuntamiento informa en un boletín de enero pasado que su subdirector es Octavio García. El periódico 7 Días publicó el 14 de marzo de 2010 que Alfonso González Ramírez fue detenido por el robo de unas camionetas. Además, cuatro días después de la balacera en Ocotlán, el lunes 23, se suscitó un nuevo enfrentamiento entre policías estatales y supuestos integrantes del CJNG en el municipio de Zacoalco de Torres. Murieron tres presuntos sicarios, entre ellos Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, quien según las autoridades estatales era líder de las plazas de Tlajomulco, Cocula, Zacoalco, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, así como uno de los responsables del atentado de mayo del año pasado en Guachinango, donde fallecieron cuatro militares. De acuerdo con información de la FGE, El Gringo sobornó al jefe de Policía de Cocula para que sus agentes protegieran las operaciones del CJNG, por lo que esa corporación desapareció el año pasado y la Policía Estatal asumió sus funciones. En el enfrentamiento del lunes 23, que ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la carretera libre Guadalajara-Colima, dos oficiales de la FUR fueron heridos levemente. Aquella vez las autoridades estatales acudieron rápidamente en apoyo a sus hombres y los trasladaron a Guadalajara en el helicóptero Black Hawk de la FGE. En la versión del gobierno estatal, los tripulantes de una camioneta Honda Odyssey blanca se negaron a detenerse para una revisión de los agentes de la FUR. Intentaron huir y abrieron fuego, pero perdieron el control del vehículo y éste volcó, lo que causó la explosión de granadas de fragmentación que llevaban. En 2011, la PGR ofreció 2 millones de pesos por quien ayudara a la captura del Mencho, mientras que en 2013 sus enemigos lo tasaron en 400 mil dólares, según las narcomantas que colocaron en lugares públicos. Posteriormente, en el municipio de Tonaya, se tirotearon miembros del CJNG y policías federales. El saldo fue de seis supuestos sicarios abatidos y tres agentes heridos. En 2013 El Mencho escapó de otro operativo en El Grullo.
A finales de agosto de 2012, un intento de detención de El Mencho provocó que sus sicarios llevaran a cabo decenas de narcobloqueos en Jalisco, en una acción que tenía como objetivo permitir la huida de su jefe. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
MORELIA, Mich: Los candidatos a la gubernatura Silvano Aureoles Conejo (PRD, Panal, PT y PES), Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), José Ascensión Orihuela (PRI-PVEM), Manuel Antúnez (MC), María de la Luz Núñez (Morena) y Gerardo Dueñas Bedolla (PH) iniciaron campañas políticas este domingo. Calderón Hinojosa manifestó esta mañana en su segundo acto político de proselitismo que su objetivo en estos 60 días será dirigirse a “los indecisos que quieren volver a creer para ejercer su derecho a elegir a su gobierno, pero que están hartos de las actitudes gastadas de los políticos. “Sabemos que están hartos de que los políticos gasten dispendiosamente su dinero, discursos huecos, grandes mítines, que se crea que un voto vale una despensa”, dijo la aspirante albiazul ante cientos de militantes y simpatizantes. Cocoa agregó que el mayor capital que la acompañará en esta campaña es la convicción de multiplicar su mensaje de boca en boca entre los ciudadanos. Por su parte, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Ascensión Orihuela Bárcenas, con la premisa de poner orden en el gobierno estatal y de no dar borrón y cuenta nueva a los funcionarios con cuentas pendientes, presentó “Los caminos de Michoacán”, documento que guarda los ejes rectores de su plan de trabajo. El aspirante presentó su proyecto en La Casa Natal de Morelos, donde llamó a la transparencia de cuentas; seguridad para el orden y la tranquilidad; desarrollo económico para la prosperidad; educación de calidad; inclusión para la justicia social y sustentabilidad ambiental como parte de seis ejes. En tanto, el candidato perredista Silvano Aureoles Conejo destacó que “no se subirá al ring” ni responderá a las agresiones y a los golpes bajos que de manera anónima ya se registran a través de las redes sociales. “No contarán conmigo, que se busquen otros”, afirmó el perredista al tiempo de reiterar su llamado a realizar campañas de altura y propuestas de solución a los michoacanos. Aureoles Conejo encabezó de manera formal su arranque de campaña en esta ciudad, facción priista y cuna de los Orihuela. El perredista también llamó a la construcción de acuerdos políticos que permitan hallar soluciones a la problemática agenda del estado de Michoacán. Ante unos 50 mil simpatizantes de la región oriente de Michoacán, Aureoles lanzó cinco ejes de campaña en los cuales destacan el crecimiento económico, generación de empleos, retorno de la seguridad, transparencia y eficacia de la legalidad y el replanteamiento de las soluciones con la sociedad. “El gobierno federal no va a lograr revivir muertos, por más aliento, por más oxígeno que quiera traerle al candidato del pasado, al candidato del PRI, no lo podrán sacar del tercer lugar donde se encuentra hundido”, advirtió el delegado especial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, durante una conferencia de prensa previa al arranque formal de la campaña de Aureoles Conejo. Tras decir que su abanderado encabeza las preferencias electorales, Zambrano dejó en claro que en el PRD “no estamos construyendo castillos en el aire, somos objetivamente responsables, y hoy sabemos que ganaremos las votaciones”. El exdirigente nacional del Sol Azteca precisó que los michoacanos quieren que su estado regrese a la senda del progreso, del desarrollo, de la seguridad, de la generación de empleos; a la senda del combate a la corrupción y la transparencia, y “ello se logrará cuando retomemos el gobierno de la entidad”.
Por su parte, el candidato del Partido Humanista (PH) a la gubernatura, Gerardo Dueñas Bedolla, inició su campaña con una misa a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana de Morelia acompañado por una veintena de simpatizantes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
MÉXICO, D.F: A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró este domingo su rechazo a las declaraciones del relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Méndez. El relator especial de la ONU ha sido objeto de descalificaciones por parte de altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto tras haber reportado que en México la tortura es generalizada. En el comunicado, la SRE reconoce que la tortura es una práctica que no ha sido erradicada. Agrega que valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator pero que no acepta las conclusiones de su informe. “Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad”. La Cancillería considera que el relator define el término “generalizado” como actos que no son “aislados”, lo que según la dependencia contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional. Acusó además que el relator realizó visitas a centros penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y estaciones migratorias, y que muchas de ellas se realizaron sin previa cita y con muy poco tiempo de preparación. La SRE señala que “el relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su propio documento”. La Cancillería indicó que otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención. “Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión”. Agrega que esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura. La Cancillería señala que Juan Méndez, como se comprueba en su propio documento, es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación, y lo que refiere en su informe final. Con dichos argumentos la SRE dio por concluido el diferendo con el relator sobre Tortura, quien es profesor de derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del relator, como es el caso de Australia, y también otros que no han atendido sus llamados, como Estados Unidos.
El funcionario agregó que en el caso de México, varias secciones del informe contienen un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han venido poniendo en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Cuando tomó posesión como Gobernador interino, hizo tres promesas de las cuales, sólo ha cumplido una. Era 26 de octubre de 2014 y había pasado un mes desde que un comando policiaco embistiera a 49 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En esa noche profunda y enmarañada, seis de ellos murieron y el resto desapareció. Desde entonces, a Guerrero sólo se le ha podido ver bajo una estela de crisis y fantasmas. Ángel Aguirre Rivero, electo Gobernador el 30 de enero de 2011 y quien iba a concluir su mandato en octubre de 2015, fue orillado por esa circunstancia a solicitar licencia y meses después, a renunciar al partido que lo postuló, el de la Revolución Democrática (PRD). Entonces, el Congreso de Guerrero llamó a Rogelio Ortega Martínez para que asumiera como interino. Ahí estaba ese mediodía, ante los legisladores, dentro de un grisáceo traje, con camisa rosada y corbata a rayas. Se abrazaba él mismo en cuanto oía un aplauso. Sonreía. Anunciaba cómo haría salir a su estado de la pesadilla: “Uno: trabajaré de la mano con autoridades federales y locales para encontrar con vida a los 43 desaparecidos. Dos: quiero manifestarles a las señoras, a las madres, a los padres, a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, que estoy con ellos, hermanados en la fe que mueve montañas, en la esperanza que nunca muere. Le pediremos al Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que nos ayude, que Guerrero necesita en este momento de todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano. Y si usted me apoya, señor Presidente, yo le entregaré buenas cuentas”. Encontrarse con el Presidente de la República fue la promesa cumplida. Al día siguiente de la toma de posesión, Rogelio Ortega Martínez apareció retratado en Los Pinos al lado de Enrique Peña Nieto. El siguiente día, siguió apareciendo en actos públicos al lado de funcionarios federales. El tercer día, también… Ya en la tarde del 29 de octubre, al concluir una reunión con el Gabinete de Seguridad en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo ver un detalle que a esas alturas ya era llamativo: “Gobernador, ¡trae la misma ropa!” Era cierto. El nuevo Gobernador de Guerrero portaba el mismo traje grisáceo, de camisa rosada y corbata rayada con el que tomó posesión.
La anécdota la contó él mismo entre risas al salir del Forum Mundo Imperial, como en un primer acto popular, como si deseara enviar el mensaje de trabajo arduo que no deja espacio para el cambio de ropa, como si con esas formas comunicara lo bien que se sentía siendo político cuando hasta hacía unos días, en su cargo de Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), todavía le decían “Camilo”, el clandestino “Camilo”.
Ayer, el clandestino “Camilo” o “Tigre”, un profesor universitario salido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) que optó por la rebeldía de los años 70 en el sur de México. Hoy, el mandatario que vive con la encomienda de concluir el gobierno que inició el 1 de abril de 2011, Ángel Aguirre Rivero, a quien él definió en el pasado como “un tanque de la política”. Acaso el azar que entraña la misma política, le mandó a este hombre una prueba de fuego que no esperaba. ¿Mandatario que le regresará un poco de armonía a Guerrero o un represor más? –se preguntan los analistas de la prensa local, nacional e internacional cuando intentan definir su personalidad. Por lo pronto, sus palabras han construido un discurso que se acerca más al control de la mano dura –la que siempre aparece en Guerrero– que al de la negociación o la búsqueda de paz. Sobre la irrupción de elementos de la Policía Estatal en la manifestación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), en febrero pasado, frente al Aeropuerto de Acapulco, sostuvo en una entrevista con Grupo Imagen: “El Gobierno de Guerrero ha sido absolutamente tolerante, pero lo de ayer fue la gota que derramó el vaso. Yo les estuve diciendo que no siguieran con la radicalización del movimiento porque se les iba a aplicar la ley. Hemos sido absolutamente tolerantes al extremo, nos hemos ganado los cuestionamientos y la censura de varios sectores”. En esa ocasión, hubo 12 heridos. Y un muerto: el profesor Claudio Castillo Peña quien tenía 65 años en esa última hora. Su acta de defunción indicó que falleció por traumatismo craneal. Se cayó contra el pavimento después de que los elementos de la Policía Estatal–bajo la orden de Rogelio Ortega– chocaron con los miembros de la CETEG. Y en el boletín que sobre los hechos envió el Gobierno del Estado, Rogelio Ortega Martínez expuso: “Ya no podíamos seguir manteniendo el clima de tolerancia, de sensatez y con la misma actitud que hemos asumido la responsabilidad de conducir Guerrero, se tomó la determinación de impedir que siguieran agrediendo y realizando actos de violencia”. Para el analista político José Fernández Santillán, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), si bien el escenario que gobierna Rogelio Ortega Martínez es inusitado, no convienen las tácticas de represión. “La violencia criminal se traslapó a la social. De modo que se requieren métodos de contención, pero no de violación de los derechos humanos. Esos son los que han dejado un pasado traumático”.
Apenas el pasado domingo 29 de marzo, ocurrió otro enfrentamiento en la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Tierra Colorada, en el que fallecieron cuatro personas y ocho más resultaron heridas. De los hechos, el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, responsabilizó de inmediato al Gobernador interino. Y su argumento fue que el mandatario ha demostrado apegarse a la misma política que sus antecesores. Según él, en Tierra Colorada hay grupos de autodefensas dispuestos a todo. Narró que las cuatro personas muertas y ocho heridas, pertenecientes a su agrupación, habían acudido a esa comunidad para recordar el segundo aniversario de la muerte del comandante Quiñones, cuando fueron atacados por integrantes del Frente Unidos para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). La reconocida profesora Rosaura Martínez Ríos lo trajo al mundo en Taxco, el 26 de julio de 1955. De su padre se sabe poco, casi nada. Su adolescencia concluyó con el arranque de los 70. En sus veinte años ya dirigía la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG). Como muchos, muchos otros de esa organización, fue detenido por la policía y desaparecido. Al reportero Jahn Martínez Ahrens de El País, Ortega Martínez le dijo que le horroriza dormir con la luz encendida. Eso se debe a un recuerdo que no se puede quitar ni del cuerpo ni de la cabeza. Cuando fue maestro lo llamaban “El Tigre”. Detenido a las puertas de su casa, elementos policiacos lo trasladaron a una mazmorra. Ahí, sin descanso, escuchó que tenía las horas contadas. Fueron 38 días con sus noches. Afuera, Rosaura, su madre denunciaba su desaparición. Gritaba por él. De hecho, ella tuvo la oportunidad de ver cara a cara al entonces Gobernador Rubén Figueroa Figueroa a quien intentó colocarle la medalla Altamirano, que se otorga a los maestros por sus años de servicio. La rechazó. Le dijo que no quería ni medalla ni diploma, ni nada que viniera de él. Quería a su hijo vivo. A Rogelio Ortega Martínez lo liberaron y la vida empezó a dar vueltas. Toda su trayectoria profesional fue construida en la academia y el análisis de la política de izquierda. Egresó de la licenciatura en Sociología por la UAGRO con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de esa institución. Luego, obtuvo una Maestría en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma institución. Es coautor con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera, del libro “Cómo estudiar un doctorado en Madrid y ser feliz en el intento”, publicado en 2000. También escribió los siguientes títulos: “México: la transición votada”, “Guerrero. El nuevo horizontes político”, “Política: globalización, transición y democracia”, “La construcción de la paz: enseñanza para el nuevo milenio”, “La ciencia política en Guerrero: Intercambio académico y movilidad estudiantil, una experiencia concreta”. En la UAGRO se le conocía como luchador eterno e incansable por la Rectoría. Mientras daba esas batallas publicó varios ensayos en la Gaceta Universitaria Altamiranista de esa institución. Algunos son: “A 40 años: ¡2 de octubre no se olvida!”, “Elecciones Guerrero: 2008”, “La Radiografía de la Democracia en México, Alternancia y oposición de lo local a lo federal” y “La Violencia Feminicida contra las mujeres en el estado de Guerrero”. Cuenta con una capacidad oratoria demostrada. Pero el tedio es el tedio y los 40 minutos de su discurso del 26 de octubre en el pleno del Congreso del Estado, no logró suscitar la atención fija de los diputados que, aunque aplaudían, a veces volteaban hacia otro lado y bostezaban. Lo mismo citó el pasado normalista de la madre y hermanos que nombró a sus ocho hijos. Lo mismo ofreció ser efectivo en resolver la crisis de Ayotzinapa que pidió tener de esas esperanzas que mueven montañas.
Una petición subida a la plataforma change.org solicita al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el cúmulo de violaciones a la ley electoral que ha registrado en lo que va de este proceso.
“Tomando en cuenta solamente este proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde Ecologista de México ha acumulado 10 sanciones, impuestas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, producto de violaciones a la ley electoral”, señala la petición dirigida al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Las sanciones al Verde consisten en multas que ya rebasan los 185 millones de pesos, las cuales incluyen desacato a las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales y reincidencia en las conductas violatorias de la ley, lo que demuestran su desprecio al Estado de Derecho y a la cultura de la legalidad en nuestro país, detalla la demanda. La petición “cancelen el registro al Partido VerdeMex” fue colgada ayer por la ciudadana María Santos y alcanza hasta este domingo más de siete mil firmas.
De acuerdo con los firmantes, muchas de las violaciones que realiza el Partido Verde Ecologista de México no han llegado a los tribunales o han sido desestimadas por las instituciones electorales “que se las han solapado”.
“Las violaciones las comete el partido de manera flagrante, a la vista de la ciudadanía, quienes vemos con enojo y frustración que ninguna autoridad electoral les ponga un alto. Sus sistemáticas violaciones han llegado al insultante grado de que han sido sancionados por usar material antiecológico”, sostienen los firmantes.
Acusan que para el PVEM se ha vuelto una estrategia exitosa violar la ley y merecer sanciones menores, que además son pagadas con los recursos públicos que recibe como partido. “Todo esto deja ver que en nuestro país reina la impunidad”, aseguran.
“Las multas son insuficientes para sancionar a quien menosprecia la ley y a las instituciones y se burla de la democracia y de los ciudadanos: son irrisorias para castigar a quien ha hecho de una entidad de interés público un negocio rentable, en beneficio de intereses particulares”, refiere la petición.
Con fundamento en el inciso e) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, los firmantes exigen al Consejo General del INE “se le cancele el registro al Partido Verde por violaciones graves y sistemáticas a la ley electoral”.
En las últimas semanas el Verde Ecologista ha acumulado multas por casi 200 millones de pesos al incurrir en la ilegalidad y hacer autopromoción del partido aun sin haber comenzado las campañas electorales. El partido del tucán había solicitado un crédito de 150 millones de pesos al Grupo Financiero Interacciones para pagar las multas que le han impuesto autoridades electorales por violar la legislación con la campaña “El Verde sí cumple”, “Promesa cumplida” y “Propuestas”. Además, se denunció que en contubernio con el Gobierno Federal se aceleró la construcción de centros para la entrega de vales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cumplir con una de las propuestas de campaña del partido y así hacer válido su slogan. Por su parte, el diario Reforma reveló que el gobierno de Chiapas, que mandata el representante de su partido Manuel Velasco Coello, pintó de verde y colocó propaganda del instituto político en las escuelas que servirán como casillas en las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio. Las multas del TEPJF y el INE podrían dejar en quiebra al partido; sin embargo eso no ha frenado su sobreexposición en autobuses, paradas, espectaculares entre otras. El pasado 10 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde suspendiera la entrega de tarjetas de descuento, debido a que “transgrede la ley electoral”, sin embargo, ciudadanos denunciaron que seguían recibiendo los plásticos en su domicilio. Días después, electores en todo el país confirmaron a SinEmbargo, que continúan repartiendo por correo la tarjeta. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó ordenar a los establecimientos rechazar los plásticos en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros. Lo anterior, luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó las tarjetas. El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento en mayo del 2016 y una leyenda y holograma que dice “Más Descuentos”. La Sala Regional Especializada lo sancionó con casi 4 millones por la distribución de las tarjetas Premia Platino. En cuanto a los spots de campaña, el pasado 13 de marzo, la Sala Superior del Tribunal resolvió que 42 concesionarios de radio y televisión radiodifundida “participaron indebidamente en la difusión” de los promocionales contratados por los legisladores del Verde. Entre esas empresas están Televisa y TV Azteca, el duopolio de la televisión en México, cuyos actores participan y han participado en los comerciales del partido. La orden del Tribunal se resolvió en razón de los recursos presentados por cinco partidos políticos contra la amonestación pública impuesta al PVEM y las televisoras por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos de diputados y senadores de ese partido político.
En total, las multas que ha recibido el PVEM tanto por el Tribunal como por el INE por promocionarse indebidamente, con principalmente ocho estrategias, acumulan aproximadamente 180 millones de pesos, lo que supera el presupuesto que estaba etiqueta para gastos de campañas que era de 97 millones. El INE otorgó al partido a principio de año 444 millones de financiamiento público. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2015/1303983.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 07/2015, dirigida al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, por el caso de una adolescente de 16 años que perdió al producto de su embarazo debido a la inadecuada atención médica del personal de Urgencias y Ginecoobstetricia del Hospital “Dr. Baudelio Villanueva Martínez”, en Reynosa, Tamaulipas. En un comunicado, la CNDH detalló que el 1 de junio de 2013, la mujer, que tenía 40.4 semanas de gestación, acudió al nosocomio con dolores y únicamente le practicaron exámenes de sangre y orina; luego la dieron de alta. Lo mismo ocurrió los siguientes tres días, en que la regresaron a su casa, con la indicación de que, en caso de presentar contracciones o dolores de parto, regresara de inmediato. Al persistir los dolores, el 4 de junio regresó al hospital y al ser auscultada por otro médico se le anunció que la frecuencia cardiaca del bebé era muy débil; sin embargo, no se le internó, argumentando que el cuadro que presentaba era normal. El 7 de junio, a las 22:30 horas, fue llevada al nosocomio, donde se autorizó su ingreso media hora después. En el área de observación no se contaba con un ginecólogo, por lo que un facultativo la revisó y advirtió que el feto no presentaba ritmo cardiaco. Como no contaba con equipo médico necesario, pidió anuencia a un familiar de la mujer para llevarla a un consultorio particular, donde fue valorada y se le informó que el producto tenía de uno a dos días de fallecido. De regreso al hospital, a las 2:50 horas del 8 de junio de 2013, la mujer pasó a quirófano, donde se le extirpó el producto y se registró en el certificado de muerte fetal como causa del deceso: hipoxia fetal, a consecuencia de oligohidramnios, posible cardiomiopatía e insuficiencia útero placentaria, es decir disminución de la oxigenación, como consecuencia de bajo nivel de líquido amniótico, falla cardiaca y escasa circulación sanguínea a través del cordón umbilical. El 14 de junio siguiente, familiares de la mujer presentaron queja ante la CNDH, que investigó y encontró elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud de la mujer y a la vida del nonato, así como al trato digno, en agravio de ambos, atribuibles al personal médico de ese nosocomio, consistentes en negligencia médica y omitir proporcionar atención médica. Por ello, la CNDH solicitó al director general del ISSSTE que, en vía de reparación del daño, se indemnice a la mujer y se le brinde la atención médica y psicológica para dar seguimiento a su estado de salud y estabilidad emocional, derivado de la pérdida de su hijo. Igualmente, se colabore en el seguimiento e inscripción de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto que se tenga acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. También, que se emita una circular dirigida al personal médico de ese hospital en la que se le ordene entregar copia de la certificación y recertificación que tramite ante los Consejos de Especialidades Médicas, para que se acredite la actualización, experiencia y conocimientos para otorgar un servicio médico adecuado y profesional. Además que se diseñen e impartan en los hospitales del ISSSTE, especialmente en el nosocomio donde ocurrió este caso, cursos integrales de capacitación y formación en derechos humanos, así como conocimiento y manejo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Tomar medidas para garantizar que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados, se verifiquen las condiciones del hospital y se le dote del equipo e infraestructura necesarios.
Pide también se envíe copia de esta recomendación al titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, para que sea considerada al resolver el procedimiento administrativo disciplinario contra el personal responsable involucrado en los hechos. Asimismo, para que colabore en las investigaciones de la denuncia que presente la CNDH con motivo de los hechos, ante la Procuraduría General de la República. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Tras la ola de asesinatos y secuestros de numerosos universitarios perpetrados por el crimen organizado en el noreste del país –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, miles de estudiantes están emigrando a planteles de Estados Unidos o de otros estados de México. Mientras varias universidades de la región cierran campus temporal o definitivamente, integrantes del Cártel del Golfo y de Los Zetas ofrecen a las autoridades universitarias “blindaje” a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.
LAREDO, Texas: Alumnos y directivos universitarios asesinados o desaparecidos por el crimen organizado, autoridades escolares extorsionadas, miles de estudiantes que huyen al extranjero, desplome de las matrículas y campus de universidades cerrados, son parte de los “efectos colaterales” de la “narcoguerra” que azota al noreste de México – Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila– y que va a cumplir una década. Tal es el panorama que describen a Proceso investigadores, académicos mexicanos y estadunidenses, directivos empresariales y hasta autoridades dedicadas a la procuración de justicia. Así, por ejemplo, Guadalupe Correa Contreras, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville (UTB), explica en entrevista: “La violencia vinculada al crimen organizado se ha extendido hasta alcanzar las instituciones de educación superior. En el noreste del país consideremos el caso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en una balacera, y sobre todo en el estado de Tamaulipas esta situación es evidente”. Desde hace dos años el crimen organizado que opera en Tamaulipas está “ofreciendo” a universidades privadas y colegios un “servicio de blindaje” para que no sufran atentados. Las extorsiones provocaron que la Universidad del Valle de México (UVM) en Reynosa suspendiera actividades temporalmente, mientras que la correspondiente a Nuevo Laredo cerró definitivamente. Además, directivos de la Cámara de Comercio y de escuelas privadas denuncian el cierre de dos colegios privados y amenazas a 18 más. Advierten de que Los Zetas y el Cártel del Golfo llaman a las escuelas “ofreciendo” protegerlas a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales. En cuanto al campus Nuevo Laredo de la UVM, sufrió la visita de halcones, y en las inmediaciones del mismo circulaban camionetas con hombres armados, lo que obligó a los directivos a suspender clases definitivamente desde febrero pasado. “La Universidad del Valle de México dio a conocer que tomó la difícil decisión de cerrar de manera definitiva su campus en Nuevo Laredo… debido a que recibió amenazas del crimen organizado”, precisó la institución al anunciar esa medida. “Dada la seriedad de las amenazas, que incluían atentar directamente contra la vida de quienes forman parte de nuestra comunidad, tomamos la decisión, primero, de desalojar las instalaciones y cerrar el campus”, destacó el comunicado. Agregó que las autoridades locales ofrecieron apoyarlos, pero en septiembre, cuando el campus Reynosa sufrió amenazas, los militares vigilaron unos días, y, al retirarse, la institución “sufrió un asalto, por lo que consideramos que las situaciones de riesgo seguirán repitiéndose”. La procuraduría estatal identifica a José Ismael Mendoza Falcón, El Polimenso, expolicía en los municipios de Miguel Alemán y Mier, como “el responsable de las amenazas que recibió el rector de la Universidad Valle de México campus Reynosa”. La violencia también alcanzó a las facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Los Zetas y el Cártel de Golfo cobran cuotas a maestros, y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios nadie gana.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
El relator especial de la ONU Juan Méndez, quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad ante las descalificaciones personales del gobierno de Peña Nieto, dice a Proceso que no se equivocó al hablar de tortura generalizada en México; refiere que tuvo presiones para no usar esa palabra y que no fueron 14 sino 107 los casos documentados. Mientras algunos especialistas advierten que el aparato oficial es renuente al escrutinio del exterior, otros señalan que si ese informe se suma al de las desapariciones forzadas, ambos tendrán repercusiones en el derecho internacional porque testimonian delitos masivos de lesa humanidad.
MÉXICO, D.F: Ante los ataques personales dirigidos por altos funcionarios mexicanos en contra del relator especial de la ONU, Juan Méndez, por haber reportado que en la República Mexicana la tortura es generalizada, defensores de derechos humanos consideran que dicha actitud revela la renuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al escrutinio internacional. Por su parte, el propio relator, Juan Méndez, declara a Proceso que estaba sorprendido por los cuestionamientos sobre su calidad ética y profesional, además de que sostiene su punto de vista sobre lo que ocurre en México. Durante una entrevista telefónica realizada a su oficina en Washington College of Law, donde es profesor de derechos humanos, Juan Méndez, abogado argentino que fue víctima de la dictadura militar y se exilió en 1977, recuerda que, “por razones académicas y de investigación”, ha visitado México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como investigador de Americas Watch –hoy Human Rights Watch– y en calidad de relator de México y de trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidente en 2002. “Tuve muchos contactos con los distintos gobiernos mexicanos, y francamente en ningún caso, a pesar de que también publiqué y voté decisiones contrarias a lo que podrían llamarse los intereses mexicanos, fueron impugnadas mi integridad ni mi ética ni mi responsabilidad profesional. Por eso realmente me resulta muy sorprendente” lo que ahora sucede, es decir, las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, y del canciller José Antonio Meade. Hecho prisionero durante la dictadura militar argentina, por lo que fue nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, el relator de la ONU considera, frente a la reacción del gobierno de Peña Nieto, que no es “una actitud responsable el usarme de chivo expiatorio y de acusarme a mí de falta de ética cuando lo que hay, en el peor de los casos, es una discrepancia sobre la gravedad que tiene el tema de la tortura en México. “No creo –continúa– que esa discrepancia sea menor; por supuesto que no, pero sí pienso que es importante reconocer que el problema es serio, no anecdótico, y lo único que quiere decir es que la tortura generalizada es eso, que no es una aberración, que no es algo que pasa por voluntad de algunas personas fuera de control, sino que es muy frecuente, un recurso habitual de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen. Y todo lo que tengo a disposición me hace pensar que no me equivoqué.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
.jpg)
