El reciente ataque a miembros de la División de Gendarmería en Ocotlán confirma el poder ofensivo del CJNG y el control que tiene en la entidad, ya sea mediante las armas o por la corrupción de los jefes policiacos. En un recorrido por la escena del tiroteo, este semanario recabó testimonios que ponen en duda las cifras oficiales de muertos y heridos.
OCOTLÁN, Jal: Recluidos en casa desde las seis de la tarde por el miedo de quedar atrapados en medio de una balacera, muchos ocotlenses consideran que su municipio ya es una plaza de la delincuencia organizada, como quedó de manifiesto con el ataque del jueves 19 a policías federales. Integrantes de los cuerpos de seguridad estatales creen que la agresión, en la que fallecieron 11 personas –cinco efectivos de la Gendarmería Nacional, cuatro civiles y dos sicarios–, era una pantalla utilizada por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para permitir que su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, escapara del municipio aquella noche. Varios testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que ese día corrió un fuerte rumor de que se realizaba una reunión del CJNG en una casa de seguridad en la calle Oxnard, colonia Mascota, a ocho calles del primer cuadro de la cabecera municipal. “Los de la Gendarmería andaban por el lugar y traían el dato de que probablemente andaba por el lugar El Mencho”, dice el agente. La balacera inició poco antes de las nueve de la noche y duró más de hora y media. En un recorrido por la zona, este semanario comprobó que la tarde del viernes 20 las manchas de sangre todavía marcaban el lugar del ataque. Los vecinos se quejaban de que nadie las hubiera limpiado o al menos cubrirlas con cal o tierra. Tal vez fue porque era evidencia. El menor Isaac Esaú Solís Ornelas, de 15 años, y su padre, Francisco Solís, trataron de escapar de la balacera pero no lo consiguieron. Isaac iba en tercer año de secundaria en el colegio Ignacio Manuel Altamirano. Sus familiares indican que esa tarde fue a la casa de un compañero para hacer una tarea. Estaba en la zona del enfrentamiento. Cuando escucharon la balacera, el adolescente decidió quedarse ahí hasta que cesara. Así pasó más de una hora. Cuando parecía que las detonaciones habían terminado, Francisco Solís fue por su hijo. Abordó su motocicleta y se dirigió a la casa del compañero de escuela. Ya estaba cerca, pero elementos de la Gendarmería le impidieron pasar con la moto, así que siguió a pie. Isaac lo estaba esperando. Caminaron hasta la moto, pero justo entonces se desató otra balacera y quedaron atrapados entre los federales y los sicarios. Una bala atravesó el corazón de Isaac y otra el tórax de su padre. Sólo éste sobrevivía hasta el cierre de edición, pero está grave. Otros testigos describieron la confusión que provocó el primer intercambio de disparos: decenas de personas dejaban motos y bicicletas en la calle para pedir que los dejaran pasar a las casas. Los datos de las autoridades no cuadran con los que dan los vecinos. En el comunicado de la Policía Federal del viernes 20 se “reporta el fallecimiento de cinco elementos de la División de la Gendarmería y tres civiles, cuyos cuerpos portaban fornituras con cartuchos y equipo táctico, los cuales se presume que formaban parte de la delincuencia organizada”. La institución sólo cuenta entre los muertos a tres civiles ajenos a la confrontación. Los pobladores afirman que fueron cuatro. El llamado Una de las fuentes consultadas señala que el jueves 19 un convoy de la División de Gendarmería recibió un llamado de auxilio de policías de Ocotlán, presuntamente desarmados y sometidos por delincuentes. Un testigo considera que fue una emboscada: “Fue una agresión directa. Ni siquiera alcanzaron (los federales) a bajarse de los vehículos. Ya los esperaban por la calle Oxnard, recibieron fuego que provenía de diferentes sentidos, incluso de las azoteas.” Dice que cuando los efectivos de la Gendarmería quedaron atrapados bajo el fuego de armas de grueso calibre, pidieron apoyo al destacamento del Ejército que se ubica en el municipio de Jamay. Los soldados llegaron en 15 minutos. También solicitaron auxilio a la Fuerza Única Regional, las policías de Zapopan y de Guadalajara, pero la respuesta fue tardía. En esa batalla los criminales exhibieron un gran poder de fuego, mientras que entre los cuerpos de seguridad se comentó que otras instituciones dejaron solos a los miembros de la Gendarmería. El señalamiento llegó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Carlos Nájera, quien el viernes 20 declaró a la prensa que los integrantes de la Fuerza Única Regional estaban concentrados en el penal de Puente Grande, a fin de prevenir desórdenes durante una revisión. Al día siguiente el comisario general, Alejandro Solorio, ofreció a los medios los datos del avance de la FUR contra la delincuencia y, como de paso, reiteró que esa corporación estatal sí respaldó a la Gendarmería en la confrontación con los sicarios. Tanto Nájera como Solorio enfatizaron que la zona quedó bajo resguardo de la Gendarmería mientras la FGE atendía otras prioridades de seguridad en el estado. Sin cuartel Cuando las autoridades estatales dieron a conocer la distribución territorial de la FUR en 2014, se incluyó una sede en Ocotlán. Pero hasta la fecha no la tiene, por lo que según los pobladores los policías realizan sus rondines en sus características camionetas-patrulla negras, donde llevan maletas con sus pertenencias y equipo. Alrededor de 300 elementos de la Gendarmería asignados a la entidad llegaron a esta zona desde finales de noviembre de 2014 para fortalecer la vigilancia en los límites con Michoacán, previendo que miembros de la organización criminal Los Caballeros Templarios huyeran a Jalisco. Recientemente se supo que, semanas antes de la balacera en Ocotlán, las autoridades federales llevaban a cabo discretos operativos y labores de inteligencia en la región de la Ciénega. El objetivo: ubicar y detener al Mencho. Sin embargo, el ataque del jueves 19 mostró una respuesta desarticulada de las corporaciones federales y estatales contra los criminales. Posteriormente, afloraron las dudas sobre el total de muertos y de heridos. Algunos pobladores consultados señalan que los policías muertos son más de los reconocidos por las autoridades. Dicen, por ejemplo, que vieron a una mujer policía abatida por los sicarios y cuyo cuerpo fue levantado a toda prisa. A partir de estos testimonios, se estima que las clínicas y hospitales, tanto privados como del sector salud, atendieron cerca de 50 personas entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20, heridas de bala o con crisis nerviosas. Esta cifra es aparte de los ocho policías federales alcanzados por las balas de los criminales y quienes fueron trasladados a Guadalajara para atenderlos de emergencia. En tanto, los civiles fueron atendidos en el hospital regional del Seguro Social, el hospital San Vicente y la Cruz Roja, donde también se dieron los primeros auxilios a dos gendarmes baleados. Cuando este semanario intentó obtener la cifra exacta de las personas atendidas en los centros de salud mencionados, topó con pared. En el hospital San Vicente, que es privado, dijeron que sólo pueden informar con la autorización del patronato, aunque fuentes cercanas dijeron que se habían recibido al menos a 20 pacientes por la balacera. El hospital regional del Seguro Social derivó la solicitud de información a la oficina de Comunicación Social de la Delegación Jalisco, y ésta notificó que los detalles pedidos están bajo resguardo de la FGE. Familiares de algunos heridos calcularon que en lapso mencionado el IMSS recibió a cerca de 30 personas, pero no pudieron precisar cuántos presentaron heridas de bala, heridas leves o crisis nerviosa. En un recuento general, los vecinos de la zona del enfrentamiento dijeron que 20 casas recibieron impactos de bala, igual que al menos 31 vehículos. El viernes 20, el Centro Universitario de la Ciénega suspendió totalmente sus actividades, por temor a que continuaran los disparos. Integrantes de la FUR interpretan el ataque de Ocotlán como una respuesta del CJNG al acoso de las fuerzas federales contra El Mencho, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, tras la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fuera cabecilla de los rivales michoacanos del CJNG, Los Caballeros Templarios. Esas fuentes estiman que el CJNG controla la región de la Ciénega, como casi todo el estado, y que gracias a ello extendieron sus actividades del trasiego y producción de drogas sintéticas, al robo de hidrocarburos y otros delitos de alto impacto. Añaden que los delincuentes actúan con libertad por la protección que les brindan jefes policiacos a cambio de fuertes sumas de dinero. Uno de los entrevistados reconoce: “La gente denuncia que hay narcolaboratorios en la zona y que circulan convoyes armados, pero no se nos da la orden de actuar. Al parecer reciben protección”. Afirma: “Se nos ordena proteger a narcomenudistas, a los que se dedican al robo de hidrocarburos, y los comandantes de convoy se entrevistan con gente del crimen organizado que les entregan de 100 a 150 mil pesos, con la condición de que sólo se dediquen a dormir y comer. O el día que vayan a pasar con droga, armas o gasolina, llaman a los comandantes a su celular para que se vayan a otro lado a vigilar”. Dice que sucede lo mismo “en la zona metropolitana de Guadalajara y todo el estado: si te atreves a interceptarlos llaman por celular a nuestros jefes y ellos nos indican que los dejemos libres, con el argumento de que son de Inteligencia Militar, cosa que es falsa”. Otros dominios del CJNG En Tepatitlán de Morelos, municipio de la región Altos Sur, el pasado 3 de febrero Alfonso González Ramírez, Poncho Carcanchas, fue levantado por un comando armado. Rosendo González, hermano de la víctima, presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad (averiguación previa 671/2015). Con base en testimonios, se pudo saber que Poncho salía a las 19:30 horas de su casa en su auto cuando vio que intentaban rodearlo varios sujetos a bordo de dos camionetas Suburban, una blanca y una negra. Se dirigió hacia la calle San Pablo, donde vive su hermana, Consuelo González. “Los delincuentes cerraron las calles, se subieron a las azoteas de las casas aledañas y armaron un operativo con tal de sacar a Poncho Carcanchas”, indica una fuente. Horas después González Ramírez fue encontrado sin vida y con huellas de tortura en una brecha cercana al cruce de Pegueros y Mirandillas. En el cadáver, igual que en la cartulina que se dejó junto a él, los sicarios escribieron: “Por rata y chapulín y cobra cuotas, por ser gente del 02 blindado azul. Haber quién le da dinero” (sic). Al final de esa leyenda dibujaron una camioneta con las siglas PMT02. Al parecer, tanto el “02” como las siglas se refieren al subdirector de la Policía Municipal de Tepatitlán. En su sitio de internet, el ayuntamiento informa en un boletín de enero pasado que su subdirector es Octavio García. El periódico 7 Días publicó el 14 de marzo de 2010 que Alfonso González Ramírez fue detenido por el robo de unas camionetas. Además, cuatro días después de la balacera en Ocotlán, el lunes 23, se suscitó un nuevo enfrentamiento entre policías estatales y supuestos integrantes del CJNG en el municipio de Zacoalco de Torres. Murieron tres presuntos sicarios, entre ellos Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, quien según las autoridades estatales era líder de las plazas de Tlajomulco, Cocula, Zacoalco, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, así como uno de los responsables del atentado de mayo del año pasado en Guachinango, donde fallecieron cuatro militares. De acuerdo con información de la FGE, El Gringo sobornó al jefe de Policía de Cocula para que sus agentes protegieran las operaciones del CJNG, por lo que esa corporación desapareció el año pasado y la Policía Estatal asumió sus funciones. En el enfrentamiento del lunes 23, que ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la carretera libre Guadalajara-Colima, dos oficiales de la FUR fueron heridos levemente. Aquella vez las autoridades estatales acudieron rápidamente en apoyo a sus hombres y los trasladaron a Guadalajara en el helicóptero Black Hawk de la FGE. En la versión del gobierno estatal, los tripulantes de una camioneta Honda Odyssey blanca se negaron a detenerse para una revisión de los agentes de la FUR. Intentaron huir y abrieron fuego, pero perdieron el control del vehículo y éste volcó, lo que causó la explosión de granadas de fragmentación que llevaban. En 2011, la PGR ofreció 2 millones de pesos por quien ayudara a la captura del Mencho, mientras que en 2013 sus enemigos lo tasaron en 400 mil dólares, según las narcomantas que colocaron en lugares públicos. Posteriormente, en el municipio de Tonaya, se tirotearon miembros del CJNG y policías federales. El saldo fue de seis supuestos sicarios abatidos y tres agentes heridos. En 2013 El Mencho escapó de otro operativo en El Grullo.
A finales de agosto de 2012, un intento de detención de El Mencho provocó que sus sicarios llevaran a cabo decenas de narcobloqueos en Jalisco, en una acción que tenía como objetivo permitir la huida de su jefe. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
MORELIA, Mich: Los candidatos a la gubernatura Silvano Aureoles Conejo (PRD, Panal, PT y PES), Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), José Ascensión Orihuela (PRI-PVEM), Manuel Antúnez (MC), María de la Luz Núñez (Morena) y Gerardo Dueñas Bedolla (PH) iniciaron campañas políticas este domingo. Calderón Hinojosa manifestó esta mañana en su segundo acto político de proselitismo que su objetivo en estos 60 días será dirigirse a “los indecisos que quieren volver a creer para ejercer su derecho a elegir a su gobierno, pero que están hartos de las actitudes gastadas de los políticos. “Sabemos que están hartos de que los políticos gasten dispendiosamente su dinero, discursos huecos, grandes mítines, que se crea que un voto vale una despensa”, dijo la aspirante albiazul ante cientos de militantes y simpatizantes. Cocoa agregó que el mayor capital que la acompañará en esta campaña es la convicción de multiplicar su mensaje de boca en boca entre los ciudadanos. Por su parte, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Ascensión Orihuela Bárcenas, con la premisa de poner orden en el gobierno estatal y de no dar borrón y cuenta nueva a los funcionarios con cuentas pendientes, presentó “Los caminos de Michoacán”, documento que guarda los ejes rectores de su plan de trabajo. El aspirante presentó su proyecto en La Casa Natal de Morelos, donde llamó a la transparencia de cuentas; seguridad para el orden y la tranquilidad; desarrollo económico para la prosperidad; educación de calidad; inclusión para la justicia social y sustentabilidad ambiental como parte de seis ejes. En tanto, el candidato perredista Silvano Aureoles Conejo destacó que “no se subirá al ring” ni responderá a las agresiones y a los golpes bajos que de manera anónima ya se registran a través de las redes sociales. “No contarán conmigo, que se busquen otros”, afirmó el perredista al tiempo de reiterar su llamado a realizar campañas de altura y propuestas de solución a los michoacanos. Aureoles Conejo encabezó de manera formal su arranque de campaña en esta ciudad, facción priista y cuna de los Orihuela. El perredista también llamó a la construcción de acuerdos políticos que permitan hallar soluciones a la problemática agenda del estado de Michoacán. Ante unos 50 mil simpatizantes de la región oriente de Michoacán, Aureoles lanzó cinco ejes de campaña en los cuales destacan el crecimiento económico, generación de empleos, retorno de la seguridad, transparencia y eficacia de la legalidad y el replanteamiento de las soluciones con la sociedad. “El gobierno federal no va a lograr revivir muertos, por más aliento, por más oxígeno que quiera traerle al candidato del pasado, al candidato del PRI, no lo podrán sacar del tercer lugar donde se encuentra hundido”, advirtió el delegado especial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, durante una conferencia de prensa previa al arranque formal de la campaña de Aureoles Conejo. Tras decir que su abanderado encabeza las preferencias electorales, Zambrano dejó en claro que en el PRD “no estamos construyendo castillos en el aire, somos objetivamente responsables, y hoy sabemos que ganaremos las votaciones”. El exdirigente nacional del Sol Azteca precisó que los michoacanos quieren que su estado regrese a la senda del progreso, del desarrollo, de la seguridad, de la generación de empleos; a la senda del combate a la corrupción y la transparencia, y “ello se logrará cuando retomemos el gobierno de la entidad”.
Por su parte, el candidato del Partido Humanista (PH) a la gubernatura, Gerardo Dueñas Bedolla, inició su campaña con una misa a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana de Morelia acompañado por una veintena de simpatizantes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
MÉXICO, D.F: A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró este domingo su rechazo a las declaraciones del relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Méndez. El relator especial de la ONU ha sido objeto de descalificaciones por parte de altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto tras haber reportado que en México la tortura es generalizada. En el comunicado, la SRE reconoce que la tortura es una práctica que no ha sido erradicada. Agrega que valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator pero que no acepta las conclusiones de su informe. “Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad”. La Cancillería considera que el relator define el término “generalizado” como actos que no son “aislados”, lo que según la dependencia contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional. Acusó además que el relator realizó visitas a centros penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y estaciones migratorias, y que muchas de ellas se realizaron sin previa cita y con muy poco tiempo de preparación. La SRE señala que “el relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su propio documento”. La Cancillería indicó que otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención. “Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión”. Agrega que esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura. La Cancillería señala que Juan Méndez, como se comprueba en su propio documento, es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación, y lo que refiere en su informe final. Con dichos argumentos la SRE dio por concluido el diferendo con el relator sobre Tortura, quien es profesor de derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que al igual que México, otros países no han estado de acuerdo con los señalamientos del relator, como es el caso de Australia, y también otros que no han atendido sus llamados, como Estados Unidos.
El funcionario agregó que en el caso de México, varias secciones del informe contienen un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han venido poniendo en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Cuando tomó posesión como Gobernador interino, hizo tres promesas de las cuales, sólo ha cumplido una. Era 26 de octubre de 2014 y había pasado un mes desde que un comando policiaco embistiera a 49 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En esa noche profunda y enmarañada, seis de ellos murieron y el resto desapareció. Desde entonces, a Guerrero sólo se le ha podido ver bajo una estela de crisis y fantasmas. Ángel Aguirre Rivero, electo Gobernador el 30 de enero de 2011 y quien iba a concluir su mandato en octubre de 2015, fue orillado por esa circunstancia a solicitar licencia y meses después, a renunciar al partido que lo postuló, el de la Revolución Democrática (PRD). Entonces, el Congreso de Guerrero llamó a Rogelio Ortega Martínez para que asumiera como interino. Ahí estaba ese mediodía, ante los legisladores, dentro de un grisáceo traje, con camisa rosada y corbata a rayas. Se abrazaba él mismo en cuanto oía un aplauso. Sonreía. Anunciaba cómo haría salir a su estado de la pesadilla: “Uno: trabajaré de la mano con autoridades federales y locales para encontrar con vida a los 43 desaparecidos. Dos: quiero manifestarles a las señoras, a las madres, a los padres, a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, que estoy con ellos, hermanados en la fe que mueve montañas, en la esperanza que nunca muere. Le pediremos al Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que nos ayude, que Guerrero necesita en este momento de todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano. Y si usted me apoya, señor Presidente, yo le entregaré buenas cuentas”. Encontrarse con el Presidente de la República fue la promesa cumplida. Al día siguiente de la toma de posesión, Rogelio Ortega Martínez apareció retratado en Los Pinos al lado de Enrique Peña Nieto. El siguiente día, siguió apareciendo en actos públicos al lado de funcionarios federales. El tercer día, también… Ya en la tarde del 29 de octubre, al concluir una reunión con el Gabinete de Seguridad en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo ver un detalle que a esas alturas ya era llamativo: “Gobernador, ¡trae la misma ropa!” Era cierto. El nuevo Gobernador de Guerrero portaba el mismo traje grisáceo, de camisa rosada y corbata rayada con el que tomó posesión.
La anécdota la contó él mismo entre risas al salir del Forum Mundo Imperial, como en un primer acto popular, como si deseara enviar el mensaje de trabajo arduo que no deja espacio para el cambio de ropa, como si con esas formas comunicara lo bien que se sentía siendo político cuando hasta hacía unos días, en su cargo de Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), todavía le decían “Camilo”, el clandestino “Camilo”.
Ayer, el clandestino “Camilo” o “Tigre”, un profesor universitario salido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) que optó por la rebeldía de los años 70 en el sur de México. Hoy, el mandatario que vive con la encomienda de concluir el gobierno que inició el 1 de abril de 2011, Ángel Aguirre Rivero, a quien él definió en el pasado como “un tanque de la política”. Acaso el azar que entraña la misma política, le mandó a este hombre una prueba de fuego que no esperaba. ¿Mandatario que le regresará un poco de armonía a Guerrero o un represor más? –se preguntan los analistas de la prensa local, nacional e internacional cuando intentan definir su personalidad. Por lo pronto, sus palabras han construido un discurso que se acerca más al control de la mano dura –la que siempre aparece en Guerrero– que al de la negociación o la búsqueda de paz. Sobre la irrupción de elementos de la Policía Estatal en la manifestación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), en febrero pasado, frente al Aeropuerto de Acapulco, sostuvo en una entrevista con Grupo Imagen: “El Gobierno de Guerrero ha sido absolutamente tolerante, pero lo de ayer fue la gota que derramó el vaso. Yo les estuve diciendo que no siguieran con la radicalización del movimiento porque se les iba a aplicar la ley. Hemos sido absolutamente tolerantes al extremo, nos hemos ganado los cuestionamientos y la censura de varios sectores”. En esa ocasión, hubo 12 heridos. Y un muerto: el profesor Claudio Castillo Peña quien tenía 65 años en esa última hora. Su acta de defunción indicó que falleció por traumatismo craneal. Se cayó contra el pavimento después de que los elementos de la Policía Estatal–bajo la orden de Rogelio Ortega– chocaron con los miembros de la CETEG. Y en el boletín que sobre los hechos envió el Gobierno del Estado, Rogelio Ortega Martínez expuso: “Ya no podíamos seguir manteniendo el clima de tolerancia, de sensatez y con la misma actitud que hemos asumido la responsabilidad de conducir Guerrero, se tomó la determinación de impedir que siguieran agrediendo y realizando actos de violencia”. Para el analista político José Fernández Santillán, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), si bien el escenario que gobierna Rogelio Ortega Martínez es inusitado, no convienen las tácticas de represión. “La violencia criminal se traslapó a la social. De modo que se requieren métodos de contención, pero no de violación de los derechos humanos. Esos son los que han dejado un pasado traumático”.
Apenas el pasado domingo 29 de marzo, ocurrió otro enfrentamiento en la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Tierra Colorada, en el que fallecieron cuatro personas y ocho más resultaron heridas. De los hechos, el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, responsabilizó de inmediato al Gobernador interino. Y su argumento fue que el mandatario ha demostrado apegarse a la misma política que sus antecesores. Según él, en Tierra Colorada hay grupos de autodefensas dispuestos a todo. Narró que las cuatro personas muertas y ocho heridas, pertenecientes a su agrupación, habían acudido a esa comunidad para recordar el segundo aniversario de la muerte del comandante Quiñones, cuando fueron atacados por integrantes del Frente Unidos para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). La reconocida profesora Rosaura Martínez Ríos lo trajo al mundo en Taxco, el 26 de julio de 1955. De su padre se sabe poco, casi nada. Su adolescencia concluyó con el arranque de los 70. En sus veinte años ya dirigía la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG). Como muchos, muchos otros de esa organización, fue detenido por la policía y desaparecido. Al reportero Jahn Martínez Ahrens de El País, Ortega Martínez le dijo que le horroriza dormir con la luz encendida. Eso se debe a un recuerdo que no se puede quitar ni del cuerpo ni de la cabeza. Cuando fue maestro lo llamaban “El Tigre”. Detenido a las puertas de su casa, elementos policiacos lo trasladaron a una mazmorra. Ahí, sin descanso, escuchó que tenía las horas contadas. Fueron 38 días con sus noches. Afuera, Rosaura, su madre denunciaba su desaparición. Gritaba por él. De hecho, ella tuvo la oportunidad de ver cara a cara al entonces Gobernador Rubén Figueroa Figueroa a quien intentó colocarle la medalla Altamirano, que se otorga a los maestros por sus años de servicio. La rechazó. Le dijo que no quería ni medalla ni diploma, ni nada que viniera de él. Quería a su hijo vivo. A Rogelio Ortega Martínez lo liberaron y la vida empezó a dar vueltas. Toda su trayectoria profesional fue construida en la academia y el análisis de la política de izquierda. Egresó de la licenciatura en Sociología por la UAGRO con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de esa institución. Luego, obtuvo una Maestría en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma institución. Es coautor con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera, del libro “Cómo estudiar un doctorado en Madrid y ser feliz en el intento”, publicado en 2000. También escribió los siguientes títulos: “México: la transición votada”, “Guerrero. El nuevo horizontes político”, “Política: globalización, transición y democracia”, “La construcción de la paz: enseñanza para el nuevo milenio”, “La ciencia política en Guerrero: Intercambio académico y movilidad estudiantil, una experiencia concreta”. En la UAGRO se le conocía como luchador eterno e incansable por la Rectoría. Mientras daba esas batallas publicó varios ensayos en la Gaceta Universitaria Altamiranista de esa institución. Algunos son: “A 40 años: ¡2 de octubre no se olvida!”, “Elecciones Guerrero: 2008”, “La Radiografía de la Democracia en México, Alternancia y oposición de lo local a lo federal” y “La Violencia Feminicida contra las mujeres en el estado de Guerrero”. Cuenta con una capacidad oratoria demostrada. Pero el tedio es el tedio y los 40 minutos de su discurso del 26 de octubre en el pleno del Congreso del Estado, no logró suscitar la atención fija de los diputados que, aunque aplaudían, a veces volteaban hacia otro lado y bostezaban. Lo mismo citó el pasado normalista de la madre y hermanos que nombró a sus ocho hijos. Lo mismo ofreció ser efectivo en resolver la crisis de Ayotzinapa que pidió tener de esas esperanzas que mueven montañas.
Una petición subida a la plataforma change.org solicita al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el cúmulo de violaciones a la ley electoral que ha registrado en lo que va de este proceso.
“Tomando en cuenta solamente este proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde Ecologista de México ha acumulado 10 sanciones, impuestas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, producto de violaciones a la ley electoral”, señala la petición dirigida al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Las sanciones al Verde consisten en multas que ya rebasan los 185 millones de pesos, las cuales incluyen desacato a las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales y reincidencia en las conductas violatorias de la ley, lo que demuestran su desprecio al Estado de Derecho y a la cultura de la legalidad en nuestro país, detalla la demanda. La petición “cancelen el registro al Partido VerdeMex” fue colgada ayer por la ciudadana María Santos y alcanza hasta este domingo más de siete mil firmas.
De acuerdo con los firmantes, muchas de las violaciones que realiza el Partido Verde Ecologista de México no han llegado a los tribunales o han sido desestimadas por las instituciones electorales “que se las han solapado”.
“Las violaciones las comete el partido de manera flagrante, a la vista de la ciudadanía, quienes vemos con enojo y frustración que ninguna autoridad electoral les ponga un alto. Sus sistemáticas violaciones han llegado al insultante grado de que han sido sancionados por usar material antiecológico”, sostienen los firmantes.
Acusan que para el PVEM se ha vuelto una estrategia exitosa violar la ley y merecer sanciones menores, que además son pagadas con los recursos públicos que recibe como partido. “Todo esto deja ver que en nuestro país reina la impunidad”, aseguran.
“Las multas son insuficientes para sancionar a quien menosprecia la ley y a las instituciones y se burla de la democracia y de los ciudadanos: son irrisorias para castigar a quien ha hecho de una entidad de interés público un negocio rentable, en beneficio de intereses particulares”, refiere la petición.
Con fundamento en el inciso e) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, los firmantes exigen al Consejo General del INE “se le cancele el registro al Partido Verde por violaciones graves y sistemáticas a la ley electoral”.
En las últimas semanas el Verde Ecologista ha acumulado multas por casi 200 millones de pesos al incurrir en la ilegalidad y hacer autopromoción del partido aun sin haber comenzado las campañas electorales. El partido del tucán había solicitado un crédito de 150 millones de pesos al Grupo Financiero Interacciones para pagar las multas que le han impuesto autoridades electorales por violar la legislación con la campaña “El Verde sí cumple”, “Promesa cumplida” y “Propuestas”. Además, se denunció que en contubernio con el Gobierno Federal se aceleró la construcción de centros para la entrega de vales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cumplir con una de las propuestas de campaña del partido y así hacer válido su slogan. Por su parte, el diario Reforma reveló que el gobierno de Chiapas, que mandata el representante de su partido Manuel Velasco Coello, pintó de verde y colocó propaganda del instituto político en las escuelas que servirán como casillas en las elecciones federales y locales del próximo 7 de junio. Las multas del TEPJF y el INE podrían dejar en quiebra al partido; sin embargo eso no ha frenado su sobreexposición en autobuses, paradas, espectaculares entre otras. El pasado 10 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para que el Partido Verde suspendiera la entrega de tarjetas de descuento, debido a que “transgrede la ley electoral”, sin embargo, ciudadanos denunciaron que seguían recibiendo los plásticos en su domicilio. Días después, electores en todo el país confirmaron a SinEmbargo, que continúan repartiendo por correo la tarjeta. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó ordenar a los establecimientos rechazar los plásticos en la compra de comida, lentes, servicios médicos o tratamientos estéticos, entre otros. Lo anterior, luego de que el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, Pablo Gómez, presentó las tarjetas. El plástico contiene el logotipo del instituto político, fecha de vencimiento en mayo del 2016 y una leyenda y holograma que dice “Más Descuentos”. La Sala Regional Especializada lo sancionó con casi 4 millones por la distribución de las tarjetas Premia Platino. En cuanto a los spots de campaña, el pasado 13 de marzo, la Sala Superior del Tribunal resolvió que 42 concesionarios de radio y televisión radiodifundida “participaron indebidamente en la difusión” de los promocionales contratados por los legisladores del Verde. Entre esas empresas están Televisa y TV Azteca, el duopolio de la televisión en México, cuyos actores participan y han participado en los comerciales del partido. La orden del Tribunal se resolvió en razón de los recursos presentados por cinco partidos políticos contra la amonestación pública impuesta al PVEM y las televisoras por la difusión de más de 240 mil spots en televisión de informes legislativos de diputados y senadores de ese partido político.
En total, las multas que ha recibido el PVEM tanto por el Tribunal como por el INE por promocionarse indebidamente, con principalmente ocho estrategias, acumulan aproximadamente 180 millones de pesos, lo que supera el presupuesto que estaba etiqueta para gastos de campañas que era de 97 millones. El INE otorgó al partido a principio de año 444 millones de financiamiento público. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2015/1303983.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 07/2015, dirigida al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, por el caso de una adolescente de 16 años que perdió al producto de su embarazo debido a la inadecuada atención médica del personal de Urgencias y Ginecoobstetricia del Hospital “Dr. Baudelio Villanueva Martínez”, en Reynosa, Tamaulipas. En un comunicado, la CNDH detalló que el 1 de junio de 2013, la mujer, que tenía 40.4 semanas de gestación, acudió al nosocomio con dolores y únicamente le practicaron exámenes de sangre y orina; luego la dieron de alta. Lo mismo ocurrió los siguientes tres días, en que la regresaron a su casa, con la indicación de que, en caso de presentar contracciones o dolores de parto, regresara de inmediato. Al persistir los dolores, el 4 de junio regresó al hospital y al ser auscultada por otro médico se le anunció que la frecuencia cardiaca del bebé era muy débil; sin embargo, no se le internó, argumentando que el cuadro que presentaba era normal. El 7 de junio, a las 22:30 horas, fue llevada al nosocomio, donde se autorizó su ingreso media hora después. En el área de observación no se contaba con un ginecólogo, por lo que un facultativo la revisó y advirtió que el feto no presentaba ritmo cardiaco. Como no contaba con equipo médico necesario, pidió anuencia a un familiar de la mujer para llevarla a un consultorio particular, donde fue valorada y se le informó que el producto tenía de uno a dos días de fallecido. De regreso al hospital, a las 2:50 horas del 8 de junio de 2013, la mujer pasó a quirófano, donde se le extirpó el producto y se registró en el certificado de muerte fetal como causa del deceso: hipoxia fetal, a consecuencia de oligohidramnios, posible cardiomiopatía e insuficiencia útero placentaria, es decir disminución de la oxigenación, como consecuencia de bajo nivel de líquido amniótico, falla cardiaca y escasa circulación sanguínea a través del cordón umbilical. El 14 de junio siguiente, familiares de la mujer presentaron queja ante la CNDH, que investigó y encontró elementos que evidencian violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud de la mujer y a la vida del nonato, así como al trato digno, en agravio de ambos, atribuibles al personal médico de ese nosocomio, consistentes en negligencia médica y omitir proporcionar atención médica. Por ello, la CNDH solicitó al director general del ISSSTE que, en vía de reparación del daño, se indemnice a la mujer y se le brinde la atención médica y psicológica para dar seguimiento a su estado de salud y estabilidad emocional, derivado de la pérdida de su hijo. Igualmente, se colabore en el seguimiento e inscripción de la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto que se tenga acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. También, que se emita una circular dirigida al personal médico de ese hospital en la que se le ordene entregar copia de la certificación y recertificación que tramite ante los Consejos de Especialidades Médicas, para que se acredite la actualización, experiencia y conocimientos para otorgar un servicio médico adecuado y profesional. Además que se diseñen e impartan en los hospitales del ISSSTE, especialmente en el nosocomio donde ocurrió este caso, cursos integrales de capacitación y formación en derechos humanos, así como conocimiento y manejo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Tomar medidas para garantizar que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados, se verifiquen las condiciones del hospital y se le dote del equipo e infraestructura necesarios.
Pide también se envíe copia de esta recomendación al titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, para que sea considerada al resolver el procedimiento administrativo disciplinario contra el personal responsable involucrado en los hechos. Asimismo, para que colabore en las investigaciones de la denuncia que presente la CNDH con motivo de los hechos, ante la Procuraduría General de la República. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Tras la ola de asesinatos y secuestros de numerosos universitarios perpetrados por el crimen organizado en el noreste del país –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, miles de estudiantes están emigrando a planteles de Estados Unidos o de otros estados de México. Mientras varias universidades de la región cierran campus temporal o definitivamente, integrantes del Cártel del Golfo y de Los Zetas ofrecen a las autoridades universitarias “blindaje” a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.
LAREDO, Texas: Alumnos y directivos universitarios asesinados o desaparecidos por el crimen organizado, autoridades escolares extorsionadas, miles de estudiantes que huyen al extranjero, desplome de las matrículas y campus de universidades cerrados, son parte de los “efectos colaterales” de la “narcoguerra” que azota al noreste de México – Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila– y que va a cumplir una década. Tal es el panorama que describen a Proceso investigadores, académicos mexicanos y estadunidenses, directivos empresariales y hasta autoridades dedicadas a la procuración de justicia. Así, por ejemplo, Guadalupe Correa Contreras, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville (UTB), explica en entrevista: “La violencia vinculada al crimen organizado se ha extendido hasta alcanzar las instituciones de educación superior. En el noreste del país consideremos el caso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en una balacera, y sobre todo en el estado de Tamaulipas esta situación es evidente”. Desde hace dos años el crimen organizado que opera en Tamaulipas está “ofreciendo” a universidades privadas y colegios un “servicio de blindaje” para que no sufran atentados. Las extorsiones provocaron que la Universidad del Valle de México (UVM) en Reynosa suspendiera actividades temporalmente, mientras que la correspondiente a Nuevo Laredo cerró definitivamente. Además, directivos de la Cámara de Comercio y de escuelas privadas denuncian el cierre de dos colegios privados y amenazas a 18 más. Advierten de que Los Zetas y el Cártel del Golfo llaman a las escuelas “ofreciendo” protegerlas a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales. En cuanto al campus Nuevo Laredo de la UVM, sufrió la visita de halcones, y en las inmediaciones del mismo circulaban camionetas con hombres armados, lo que obligó a los directivos a suspender clases definitivamente desde febrero pasado. “La Universidad del Valle de México dio a conocer que tomó la difícil decisión de cerrar de manera definitiva su campus en Nuevo Laredo… debido a que recibió amenazas del crimen organizado”, precisó la institución al anunciar esa medida. “Dada la seriedad de las amenazas, que incluían atentar directamente contra la vida de quienes forman parte de nuestra comunidad, tomamos la decisión, primero, de desalojar las instalaciones y cerrar el campus”, destacó el comunicado. Agregó que las autoridades locales ofrecieron apoyarlos, pero en septiembre, cuando el campus Reynosa sufrió amenazas, los militares vigilaron unos días, y, al retirarse, la institución “sufrió un asalto, por lo que consideramos que las situaciones de riesgo seguirán repitiéndose”. La procuraduría estatal identifica a José Ismael Mendoza Falcón, El Polimenso, expolicía en los municipios de Miguel Alemán y Mier, como “el responsable de las amenazas que recibió el rector de la Universidad Valle de México campus Reynosa”. La violencia también alcanzó a las facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Los Zetas y el Cártel de Golfo cobran cuotas a maestros, y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios nadie gana.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
El relator especial de la ONU Juan Méndez, quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad ante las descalificaciones personales del gobierno de Peña Nieto, dice a Proceso que no se equivocó al hablar de tortura generalizada en México; refiere que tuvo presiones para no usar esa palabra y que no fueron 14 sino 107 los casos documentados. Mientras algunos especialistas advierten que el aparato oficial es renuente al escrutinio del exterior, otros señalan que si ese informe se suma al de las desapariciones forzadas, ambos tendrán repercusiones en el derecho internacional porque testimonian delitos masivos de lesa humanidad.
MÉXICO, D.F: Ante los ataques personales dirigidos por altos funcionarios mexicanos en contra del relator especial de la ONU, Juan Méndez, por haber reportado que en la República Mexicana la tortura es generalizada, defensores de derechos humanos consideran que dicha actitud revela la renuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al escrutinio internacional. Por su parte, el propio relator, Juan Méndez, declara a Proceso que estaba sorprendido por los cuestionamientos sobre su calidad ética y profesional, además de que sostiene su punto de vista sobre lo que ocurre en México. Durante una entrevista telefónica realizada a su oficina en Washington College of Law, donde es profesor de derechos humanos, Juan Méndez, abogado argentino que fue víctima de la dictadura militar y se exilió en 1977, recuerda que, “por razones académicas y de investigación”, ha visitado México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como investigador de Americas Watch –hoy Human Rights Watch– y en calidad de relator de México y de trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que fue presidente en 2002. “Tuve muchos contactos con los distintos gobiernos mexicanos, y francamente en ningún caso, a pesar de que también publiqué y voté decisiones contrarias a lo que podrían llamarse los intereses mexicanos, fueron impugnadas mi integridad ni mi ética ni mi responsabilidad profesional. Por eso realmente me resulta muy sorprendente” lo que ahora sucede, es decir, las declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, y del canciller José Antonio Meade. Hecho prisionero durante la dictadura militar argentina, por lo que fue nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, el relator de la ONU considera, frente a la reacción del gobierno de Peña Nieto, que no es “una actitud responsable el usarme de chivo expiatorio y de acusarme a mí de falta de ética cuando lo que hay, en el peor de los casos, es una discrepancia sobre la gravedad que tiene el tema de la tortura en México. “No creo –continúa– que esa discrepancia sea menor; por supuesto que no, pero sí pienso que es importante reconocer que el problema es serio, no anecdótico, y lo único que quiere decir es que la tortura generalizada es eso, que no es una aberración, que no es algo que pasa por voluntad de algunas personas fuera de control, sino que es muy frecuente, un recurso habitual de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen. Y todo lo que tengo a disposición me hace pensar que no me equivoqué.”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el STC Metro determinó reservar la información “por contener datos de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad intelectual”.
Los contratos de la compra de 30 convoyes férreos FE10 estarán reservados hasta 2020, determinó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desde abril de 2013, un año antes de que 11 estaciones de la Línea 12 fueran cerradas. El diario Reforma publica que los 30 trenes fueron adquiridos a la empresa CAF durante el gobierno de Marcelo Ebrard. No obstante, fue durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera que el STC Metro determinó reservar la información “por contener datos de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad intelectual”. Según Reforma, el gobierno de Mancera sólo ha revelado que a través de un plan de arrendamiento se adquirieron 30 convoyes a CAF por un monto de 18 mil millones de pesos, aunque se desconocen las condiciones de pago, penalizaciones u obligaciones de mantenimiento. Lee la nota completa en Reforma (con suscripción). ¿Cómo va la rehabilitación de la L12? El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que hasta el momento existe un avance del 25% en los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, que desde hace más de un año tiene cerdada 11 de sus 20 estaciones. En conferencia de prensa el pasado 2 de abril, indicó que ya están embarcadas aproximadamente 200 toneladas de rieles, de los más de mil 300 que se requerirán para reparar la llamada Línea Dorada. “Hay un avance en este momento del 20 a 25% en la rehabilitación por parte de obras, tenemos un tablero de control para ir viendo cada una de las acciones que realizamos y tenemos confirmados ya los pedidos que se hicieron de los materiales” apuntó. Mancera Espinosa señaló que prácticamente se rehabilitarán 15 kilómetros de las estaciones que actualmente permanecen cerradas para que a la brevedad posible la Línea 12 vuelva a estar en operación. “También hay un avance sustancial en el tema de los trenes, en donde se ha hablado de cumplir con todas las especificaciones que marco Cistra”, comentó el mandatario capitalino. La Línea 12 reabrirá hasta noviembre Mancera refrendó el compromiso de su administración de poner nuevamente en funcionamiento la Línea 12 del Metro en noviembre próximo. “Es un compromiso que hay que cumplir y por supuesto que tenemos prisa de tenerla lo antes posible, nada más debe estar con los estándares de seguridad y las certificaciones de óptimo funcionamiento”, indicó.
Sobre los avances en las investigaciones del caso, el Ejecutivo local señaló que “los trámites jurídicos llevan su curso, son investigaciones extensas, (y) en el año mismo no se podría contabilizar la intervención de la Procuraduría” General de Justicia del Distrito Federal. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
De 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses hasta tres años, serán impuestos a quien a partir de hoy, que inicia la campaña electoral y hasta el día de la jornada comicial (7 de junio), llame a no votar por un candidato, partido político o coalición, de acuerdo con la reforma político-electoral que se aprobó el año pasado. El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua alertó sobre esta conducta que se puede encontrar en el supuesto de un delito electoral establecido en la nueva Ley General de Delitos Electorales. Alejandro Scherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado, dijo que si bien el derecho de expresión está garantizado, se debe respetar a los actores políticos que participan en la contienda. “Dentro de las modificaciones a la ley, quien llame al abstencionismo, a no votar en contra de un partido político o candidato, se puede encontrar en el supuesto de un delito electoral y seguramente la Fepade estará muy atenta de este asunto”, indicó. Explicó que la instancia encargada de atender lo relativo a los delitos electorales es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR). Agregó que esta nueva figura delictiva no sólo aplica para los funcionarios o gente que maneja recursos públicos que eventualmente puedan condicionar o no un servicio o un programa social a cambio de votar a favor o en contra o llamar a no votar, sino también a los ciudadanos en general y grupos. “Es una de las novedades que incorporó el legislador… hay que atender cada caso en particular, si alguien se queja se tiene que revisar”, mencionó Scherman Leaño. De manera textual, la Ley General de Delitos Electorales establece en el artículo 7, numeral séptimo, como delito electoral a quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”. Anteriormente los delitos electorales se encontraban incluidos en el Código Penal Federal, en un capítulo único incluido en el Título Vigésimo cuarto, donde se mencionaba que era motivo de sanción a quien “solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”, pero no se mencionaba la promoción del abstencionismo ni de votos a favor o en contra. Para los servidores públicos la ley indica que “se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición. Hasta hace unas semanas algunas figuras públicas se habían pronunciado a favor de no votar en los comicios de este año o anular el sufragio, como es el caso del dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, y de los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha, quienes argumentaron que ir a las urnas es avalar a partidos corruptos o incluso ligados con el crimen organizado. También los padres y los compañeros de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado llamaron a no votar en los comicios de este año. El 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a la urnas para elegir a 500 diputados federales y a otros mil 496 cargos públicos, incluidos los gobernadores de nueve estados. Las tres principales formaciones del país, el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) divulgarán la mayoría de los anuncios. Según un estudio elaborado por Integralia con información del INE, el PRI transmitirá 3,3 millones de mensajes, seguido por el PAN, con 2,7 millones, y el PRD, con 2 millones de anuncios. El Partido Verde Ecologista de México (907 mil mensajes), el Partido del Trabajo (767 mil), Nueva Alianza (720 mil) y Movimiento Ciudadano (713 mil). El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Humanista y Encuentro Social, que participarán por primera vez en un proceso electoral, tendrán el menor número de mensajes, 342 mil 500 cada uno, mientras los candidatos independientes emitirán 342 mil 504. El director de análisis político y legislativo de la consultoría Integralia, Gustavo Gil Ramos, destacó que la diferencia de espacios concedidos a los partidos políticos o candidatos independientes “profundiza la inequidad electoral”. Los candidatos independientes solo contarán “con un 6.25 por ciento del tiempo asignado al PRI; un 7.37 del PAN y 9.50 del PRD”, aseguró.
Los comicios del 7 de junio serán los más grandes de la historia del país, ya que por primera vez un proceso federal coincide con tantas elecciones a nivel local y estatal. FUENTE: SIN EMBARGO/EL DIARIO. AUTOR: REDACCIÓN/Gabriela Minjáres . LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2015/1303703.
El empresario consentido de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, no sólo ha ganado millones de pesos gracias a generosos contratos de obra pública. En lo que va del sexenio también quintuplicó los ingresos (hasta llegar a 67 millones de pesos) de su compañía de aerotaxis Eolo Plus, gracias a adjudicaciones directas firmadas sobre todo con organismos controlados por las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
MÉXICO, D.F: En apenas dos años, Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Juan Armando Hinojosa Cantú, quintuplicó sus ingresos gracias a contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y diferentes dependencias y entidades gubernamentales coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante los dos últimos años de gobierno de Felipe Calderón, Eolo Plus obtuvo cinco contratos, de los cuales cuatro fueron con Pemex Exploración y Producción y uno con el IMSS. Esos convenios le reportaron menos de 13 millones de pesos. Todo cambió a partir de diciembre de 2012. Aun cuando en el país hay al menos 137 empresas de taxis aéreos autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (según el programa de verificación de permisionarios para 2015) y que la mitad de esas empresas tienen operaciones en el aeropuerto de Toluca, como Eolo Plus, los contratos asignados a ésta fueron mayoritariamente por adjudicación directa, es decir, sin someter a concurso la oferta de servicios con las numerosas empresas del sector que podría prestarlos. Mediante un cruzamiento de datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia y a la base de datos de compras gubernamentales Compranet, se observa que en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto el consorcio del empresario ya acumula ingresos por 67 millones de pesos. No es la primera vez que los actuales titulares de la SCT y de la SHCP –Gerardo Ruiz Esparza y Luis Videgaray Caso, respectivamente– son relacionados con Hinojosa Cantú y sus empresas, particularmente con el Grupo Higa. A Ruiz Esparza se le señala por las numerosas y multimillonarias adjudicaciones de obra pública en favor de Hinojosa Cantú, mientras que Videgaray se vio forzado a admitir que el empresario le había vendido y financiado una residencia en el exclusivo club de golf de Malinalco, mediante un procedimiento idéntico al que permitió a Angélica Rivera –esposa de Peña Nieto– adquirir la llamada Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec. La información sobre la casa de Malinalco fue publicada en diciembre último por el diario estadunidense The Wall Street Journal, que el miércoles 18 de marzo avivó el escándalo por presunto conflicto de intereses al documentar que Hinojosa Cantú no tuvo ganancias cuando vendió la propiedad en 2012. De hecho registró pérdidas. Sin embargo, los dividendos llegaron meses después para Eolo Plus, una de las empresas más conocidas del contratista originario de Reynosa, Tamaulipas, y avecindado en el Estado de México. La compañía fue ampliamente identificada luego de que, en el reportaje titulado “La Casa Blanca de Peña Nieto”, el equipo de investigación de Carmen Aristegui documentara que Eolo fue contratada durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
El PRI teme perder la mayoría absoluta que construyó en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que se disputarán el 7 de junio, según revelan documentos internos de este partido. La culpa la tiene la pésima imagen de Enrique Peña Nieto; la alianza con el Partido Verde, cuyo dispendio mediático no reditúa lo proyectado, y las luchas intestinas. Ante ese panorama, el priismo ya no apuesta a sumar votos, sino a dividirlos entre sus oponentes. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, por ejemplo, ordenó apoyar al PRD para debilitar a Morena.
MÉXICO, D.F: El PRI está preocupado: calcula que durante las elecciones del próximo junio 7 perderá en 170 de 300 distritos electorales. De acuerdo con documentación interna de la dirigencia priista revisada por Proceso, ese partido admite que Enrique Peña Nieto es parte del problema, pues tiene una mala imagen entre los ciudadanos. Además, la alianza con el PVEM resulta menos efectiva de lo deseado: apenas le alcanzaría para mantener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Paralelamente, el PRI sospecha que perderá la gubernatura en Michoacán, donde nombró como candidato a Ascención Orihuela, y en Guerrero, con Héctor Astudillo, a quien el día de su lanzamiento en Chilpancingo le gritaron: “¡Ése ni en su casa gana!” En Nuevo León se admite que la candidata Ivonne Álvarez tiene un contendiente muy fuerte en el panista Felipe de Jesús Cantú. Una de las encuestas más recientes, la de Parametría publicada el lunes 23, muestra que las actuales intenciones de voto hacia San Lázaro son: PRI, 30%; PAN, 27%; PRD, 12%, Morena, 11%; PVEM, 10%; Movimiento Ciudadano, 3%; PT, 2%; Panal, 2%; Encuentro Social, 2%, y Partido Humanista, 1%. De acuerdo con el ejercicio demoscópico de Jorge Buendía y Loredo publicado en El Universal el 23 de febrero, el PRI sufrió una caída de 12 puntos porcentuales y tiene una ventaja de apenas cuatro sobre el PAN, que reporta el crecimiento más importante junto con Morena, el cual sumaría un total de 9% de las preferencias en sus primeros comicios. Según el análisis de la cúpula del PRI, la alianza con el PVEM también es preocupante. No existe seguridad de que los integrantes de esta organización repitan los 11 puntos obtenidos en 2012, pese a reciente campaña mediática en la que gastaron más de 500 millones de pesos. Se cree que pueden regresar a su nivel histórico de entre cuatro y cinco puntos. Las multas por 166 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la orden de detener la campaña en radio, cine y televisión que desplegó desde el año pasado frenaron el crecimiento del Partido Verde. De hecho, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Puente, anunció que su agrupación solicitará un crédito bancario por 150 millones de pesos para cubrir las multas, que alcanzan 80% de las prerrogativas anuales que le corresponden.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
De plano, lo prometido por Enrique Peña Nieto no se cumplirá. Las reformas estructurales que supuestamente llevarían a México a un crecimiento económico elevado, con empleos de calidad y salarios dignos, se quedarán en el puro discurso. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda, el PIB subirá este año sólo 3.2%. Y al sexenio no le queda tiempo para repuntar. Especialistas en economía hacen notar las mentiras con las que el gobierno quiere envolver a la ciudadanía, y advierten: pese al estancamiento hay una expansión del gasto público, presumiblemente con fines electorales.
MÉXICO, D.F: En todo su sexenio no podrá el presidente Enrique Peña Nieto cumplir la promesa hecha mucho antes de asumir el poder y aun estando en él: hacer que las reformas estructurales lleven al país a “un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable” con el que se generarían “más empleos de calidad” y permitirían “a todos los mexicanos” tener “salarios dignos”. Así lo decía Peña Nieto el pasado 2 de septiembre en su mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Unos días antes, el 11 de agosto, cuando promulgó la reforma energética y anunciaba el fin de “la fase legislativa del ciclo reformador iniciado el 2 de diciembre de 2012”, afirmaba que había llegado la hora de “poner todas las reformas en acción” para que “se reflejen en beneficios concretos para las familias”. Está lista, decía, la “nueva e histórica plataforma” para construir “el nuevo México”. Nada de eso será posible. Ni crecimiento económico elevado ni mayor bienestar para los mexicanos. Por lo menos así lo reconoció implícitamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la semana pasada, en el documento Precriterios de Política Económica 2016 –que por ley debió entregar al Congreso–, donde fija de manera preliminar sus proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas, tanto para el cierre del año en curso como en los estimados para el siguiente. Y según el documento, este año el Producto Interno Bruto crecerá cuando mucho 3.2% y en 2016 lo hará en un promedio de 3.8%. Lo prometido por Peña Nieto desde la campaña por la Presidencia, y formalizado en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013), era algo distinto.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2005, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
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