Versini llega a acuerdo con Montiel, para ver a sus hijos

Esto ocurre luego de tres años de conflicto entre Montiel y Versini.

La francesa Maude Versini y el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, firmaron un acuerdo para que la señora pueda estar con sus tres hijos en Francia, durante siete semanas al año.


Así lo informó Versini a través de su cuenta de Twitter:

Maude Versini Lancry @MaudeVersini

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Acabo de firmar ayer un protocolo con el Padre de mis ninos en el tribunal de Lerma. Vendran a Francia 7 sem al Ano para sus vacaciones.

13:15 - 5 abr 2015

En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

pidió al gobierno de México que implemente un régimen de visitas de

Maude Versini a sus hijos en condiciones adecuadas, sin restricciones

innecesarias y que se cumplan de manera efectiva y segura en un ambiente

de normalidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Exhorta INE a partidos llevar campañas por cauce jurídico

México, DF. Al poner en marcha la impresión de 87 millones de boletas para la elección federal -en las que se utilizarán 600 toneladas de papel seguridad-, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cordova, exhortó a los partidos politicos y candidatos a conducir sus campañas electorales por el cauce jurídico  y a no buscar resquicios legales para obtener ventajas indebidas.

Inusualmente acompañado en este tipo de ceremonias en Talleres Gráficos de la Nacion por los titulares de las fuerzas castrenses -el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Francisco Soberón, así como por el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong-, el consejero mencionó que para llegar a esta fase del proceso electoral se ha sorteado una coyuntura complicada pero insistió en que las elecciones son la única vía para integrar los poderes. Si bien las elecciones no resuelven todos los problemas del país si representan el cauce para dirimir diferencias por la vía pacifica.

En su discurso previo al arranque de la producción recordó que el modelo de boletas ya fue avalado por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en su diseño.

En su oportunidad, el consejero Arturo Sánchez, presidente de las comisiones unidas de Organización y Capacitación Electoral, informó que se imprimirán más de 87 millones de boletas, además de que Talleres Gráficos de México imprimirá 1.9 millones de documentos electorales sin logos partidistas y 1.1 millones con logos partidistas.


La producción se realizará bajo la vigilancia castrense.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.

Servicios médicos privados, gran negocio sin regulación

Un mundo complejo en el que participan el dinero, la tecnología, las empresas hospitalarias, las aseguradoras y los médicos, cada uno con sus propios intereses y necesidades, ese es el sector privado de la medicina. Un buen negocio que opera en el país sin ninguna regulación que evite los abusos en el cobro de los servicios.

En México el sector médico privado debería ser un coadyuvante del sistema nacional de salud, y en los hechos lo es, aunque sólo está al alcance de un grupo de élite, aquel que cuenta con los recursos económicos para hacer frente a los costos de los hospitales privados.

No tendría que ser así, advierte José Campillo García, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). El acceso a los mejores servicios médicos debería estar garantizado para todos: ricos y pobres, y el gobierno tendría que ver en la salud la palanca para el desarrollo nacional.

Sin embargo, esa visión no se ha hecho patente hasta ahora. El especialista recordó que está pendiente el proyecto de una reforma integral del sistema de salud para crear el seguro universal con base en los lineamientos diseñados por Funsalud y retomados al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre otros puntos, el organismo plantea la creación de un fondo único de financiamiento, donde se colocaría el dinero recaudado mediante un impuesto general para la población, con independencia de su condición laboral. Implica, por tanto, la desaparición o transformación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.

Aunque el proyecto se detuvo porque la Secretaría de Hacienda lo consideró inviable financieramente, porque lo rechazó el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) y porque la secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo que no habrá, al menos este año, ninguna gran reforma, Campillo destacó que el sector privado se mantiene a la expectativa de un cambio legal en el país que favorezca su incursión en la prestación de servicios. Y eso, aclaró, no conlleva a la privatización del sector.

Esta es una falsa creencia, dijo, y abogó por que se emprenda un esfuerzo por desatanizar la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos.

Actualmente, indicó, el gran problema del país es que la medicina privada es un servicio residual de aquello que no puede atender de manera eficiente el servicio público.

Aunque en teoría hay una cobertura universal de salud, está el indicador de que casi la mitad del gasto en el sector lo hacen las familias para el pago de médicos y medicinas (gasto de bolsillo). En otros países, como Colombia, este gasto representa 15 por ciento. Significa, explicó Campillo, que las instituciones públicas no satisfacen las necesidades de la población.

Por eso, para quienes tienen capacidad de pago están las clínicas privadas, y detrás de éstas, sobre todo de los grandes hospitales, existen cuantiosas inversiones económicas que les permite ofrecer una atención de calidad. Eso cuesta.

Al respecto, Rodolfo Ondarza, neurocirujano y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), opinó que esta situación ocurre por el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud y el abandono durante décadas de la infraestructura pública.


Respecto de los precios que se pagan por servicios médicos privados, señaló que si bien son elevados los costos de instalaciones lujosas y de calidad, equipos médicos de última generación y servicios disponibles las 24 horas, también es cierto que las empresas hospitalarias incurren en abusos, como el cobro de medicamentos tres o cuatro veces más caro que en cualquier farmacia.

Esto es algo que el gobierno federal debería regular, para evitar los abusos que se cometen en contra de los enfermos y sus familias.

Mario Mendoza, asesor en la ALDF, señaló que por la carencia de regulación los hospitales pueden incluir en las cuentas de los pacientes, dentro de los servicios de quirófano para una cirugía, la luz de la lámpara que se empleó durante el procedimiento.

Claramente, señalaron, estos son aspectos que deberían ser del interés de las autoridades federales y no tiene nada que ver con un control de precios que los empresarios rechazan. Es sólo cuestión de ética, resaltaron los especialistas consultados.

Y eso sólo del lado de las clínicas y hospitales. Aparte están los médicos que trabajan por su cuenta, generalmente con grado de especialistas, cuyos honorarios también son elevados.

A pesar del alto costo de las consultas, eso no significa que seamos ricos, sino que debemos cubrir una diversidad de necesidades y obligaciones, generalmente desconocidas para la población en general, aseguró Manuel Gallo Reynoso, cirujano gastroenterólogo, académico de la Universidad La Salle y director médico de la Clínica Londres, del Grupo Ángeles.

En el escenario de la medicina privada también están las compañías aseguradoras como una de las vías principales de acceso de las personas a los servicios clínicos particulares. Aunque, de acuerdo con especialistas, su penetración es limitada, pues sólo 6 por ciento de la población cuenta con una póliza.

Las personas piensan que los médicos son ricos y que el dinero es lo único o lo primero que tienen en la mente, pero no es así. “Vivimos bien, con algunas comodidades, un automóvil, viajes al extranjero, pero también debemos pagar impuestos, salarios de secretaria, enfermera o asistente, además de los servicios (agua, luz, teléfono) y la renta del consultorio, que puede ir –dependiendo de donde se ubique– de 5 mil hasta 20 mil pesos al mes”. Todo eso es caro, apuntó Gallo Reynoso.

Añadió que los médicos también tienen la obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, la cual representa otro gasto para los profesionales de la salud. Hoy la relación médico-paciente es más fría y exigente. Las demandas están a la orden del día, cuando antes ni se pensaban o eran muy pocas.

Reconoce que esos costos del hospital y de los médicos privados son pagados por los pacientes que solicitan el servicio porque la calidad y eficiencia de la atención en las instituciones públicas deja mucho que desear.

A las clínicas privadas llegan quienes tienen la capacidad económica, es cierto, reconoció Campillo, pero también lo es que hay precios para todos los segmentos de la población. Es igual que al salir de vacaciones y elegir un hotel de tres o cinco estrellas.

El también ex secretario de Salud resaltó algunas ventajas de pagar costos elevados por la atención médica. Los usuarios pueden confiar en que los hospitales privados atienden y cumplen con la regulación sanitaria porque ponen en juego su capital.


Con él coincidió Gallo Reynoso, y agregó que los médicos deben estar certificados por el consejo médico de su especialidad, aunque matiza: eso en los hospitales grandes e importantes ciudades, porque en provincia las condiciones de médicos y clínicas particulares son distintas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.

Korenfeld participará en el 7º Foro Mundial del Agua en Corea del Sur

Esta mañana, tanto el coordinador general adjunto de Comunicación Social de la Conagua, Octavio Villa, como el director de Comunicación Social de Presidencia, Eduardo Sánchez, negaron que Korenfeld vaya a renunciar a la comisión, después de que fue captado utilizando un helicóptero oficial para fines personales.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, participará en el 7º Foro Mundial del Agua 2015, el cual se llevará a cabo del 12 al 17 de abril en Corea del Sur.

Esta mañana, tanto el coordinador general adjunto de Comunicación Social de la Conagua, Octavio Villa, como el director de Comunicación Social de Presidencia, Eduardo Sánchez, negaron que Korenfeld vaya a renunciar a la comisión, después de que fue captado utilizando un helicóptero oficial para fines personales.

Korenfeld participará en el 7º Foro Mundial del Agua como director de Conagua y presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.

El 14 de abril, Korenfeld presentará el libro “El agua que mueve a México”. El propósito de esta presentación es “compartir la experiencia hidrológica de México, estrategias de sustentabilidad y proyectos de innovación coordinados por Conagua”.

Además, el 16 de abril, junto con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, Korenfeld coordinará la ponencia “¿Qué puede aprender el mundo de América sobre el agua?” Esta ponencia tiene el objetivo de presentar los principales problemas de agua en la región.

Ese mismo día, Korenfeld también participará en una ponencia sobre Educación del Agua y Capacidad de Construcción: las claves para asegurar el agua y el desarrollo sustentable.

Y será ponente en la mesa Cooperación para reducir el conflicto y mejorar el manejo transfronterizo de aguas.

Cinco días para presentar pruebas

A partir de este lunes 6 de abril, Korenfeld tendrá cinco días para ejercer su derecho de audiencia y presentar pruebas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en relación con el uso de un helicóptero del organismo a su cargo.


La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo por haber utilizado con fines privados un helicóptero al servicio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Privilegió México a China para Tren de Alta Velocidad

China Railway Construction Corporation fue la única que recibió en su país a funcionarios mexicanos provenientes de la SCT.

Entre las empresas que buscaron quedarse con la ahora cancelada construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, China Railway Construction Corporation fue la única que recibió en su país de origen, China, a funcionarios mexicanos provenientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con una bitácora de reuniones disponible en el portal Infomex –administrado por el IFAI- representantes de la SCT también tuvieron juntas de trabajo con otras 10 compañías; sin embargo, sólo la china recibió en sus oficinas centrales a enviados mexicanos.

Otras compañías como la japonesas Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, las francesas Systra, Alstom y Bombardier, las españolas CAF y Talgo y la italiana Ansaldo, sólo se encontraron con los funcionarios de la SCT en la ciudad de México.

De acuerdo con esa bitácora, el número de reuniones fue la siguiente:
-Alstom 7
-CAF 5
-Siemens 5
-Bombardier 4
-Cistra 4
-Mitsubishi 2
- Mitsui 2
-Talgo 2
-Alsaldo 1
-Sumitomo 1

En contraparte, representantes de la SCT se reunieron en dos ocasiones con la paraestatal china, según información de la propia dependencia.

La primera de ellas ocurrió entre las 10:15 y las 11:45 horas del 20 de enero de 2014, en el Salón de Conferencias de la National Development and Reforma Comission, en Pekín, China.

El listado no especifica quiénes participaron en esa primera reunión, pero sí que hubo una “Presentación de Proyectos de Infraestructura” con el asunto específico de “Presentación y comentarios de los proyectos de trenes de pasajeros”.

El segundo encuentro entre la SCT y China Railway fue ya en la ciudad de México.

El 28 de agosto de 2014, el ahora ex subsecretario de transporte, Carlos Almada, y el ex diputado del PRI, José Adolfo Murat Macías, se reunieron con empresarios chinos en las oficinas de la Subsecretaría de Transportes de la SCT, en la colonia Narvarte del DF, de acuerdo con el mismo documento.

Carlos Almada dejó la SCT y ahora es embajador de México en Japón desde el 17 de febrero de 2015; mientras que José Adolfo Murat Macías es sobrino del ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, y no reporta públicamente su actividad laboral.


La primera licitación del tren México-Querétaro se canceló ante cuestionamientos por la falta de competencia y el segundo intento de licitación se suspendió indefinidamente por un recorte al gasto, anunciado por la Secretaría de Hacienda.

3615_ANEXO_DGTFM_Listado de Empresas Con Las Que Te Tuvo Reunion 14012015-2by Aristegui Noticias:

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.

Estado Mayor vigiló la “casa blanca” hasta enero pasado

La Presidencia informó que “el servicio de seguridad que el Estado Mayor Presidencial proporcionaba al domicilio ubicado en Sierra Gorda No. 150, Colonia Lomas de Chapultepec, DF, fue retirado el 16 de enero 2015”.

El Estado Mayor Presidencial (EMP) resguardó la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec hasta el pasado mes de enero, es decir, poco más de dos meses después de que la primera dama, Angélica Rivera, aseguró en un video mensaje que pondría a la venta los derechos de esa propiedad.

En un documento hecho público por la Presidencia y localizable en el portal Infomex –administrado por el IFAI- se señala lo siguiente: “Se informa que el servicio de seguridad que el Estado Mayor Presidencial proporcionaba al domicilio ubicado en Sierra Gorda No. 150, Colonia Lomas de Chapultepec, DF, fue retirado el 16 de enero 2015”.

El documento fue firmado por un mando del EMP, cuyos nombre y firma fueron suprimidos argumentando protección de datos personales.


Estado Mayor vigiló la “casa blanca” hasta enero pasado:

  Estado Mayor vigiló la “casa blanca” hasta enero pasado

El pasado 9 de noviembre, este medio dio a conocer que Grupo Higa construyó y financió una residencia de lujo a gusto del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa, Angélica Rivera.

La casa fue diseñada por el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien confirmó que el presidente Peña Nieto participó personalmente en el trazado de la propiedad.

Grupo Higa fue una de las empresas más beneficiadas por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y formó parte del consorcio al que le fue revocada, de manera sorpresiva, la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

La residencia fue valuada en unos 7 millones de dólares, unos 86 millones de pesos al tipo de cambio durante el momento de la publicación, conforme a un avalúo solicitado por este medio.

El 18 de noviembre del año pasado, Angélica Rivera difundió un mensaje a través de Youtube en el cuál confirmó que la casa fue adquirida a través de Grupo Higa y que personalmente negoció su construcción y financiamiento con Hinojosa Cantú.

Además, la primera dama aseguró que firmó un contrato privado con la empresa de Hinojosa Cantú y que, ante los señalamientos de un probable conflicto de interés entre el empresario y el presidente Peña Nieto, pondría en venta los derechos de la residencia.

“Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compra-venta porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia”, dijo durante su mensaje videograbado.

Como parte del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, el EMP confirmó a este medio que sí resguardaba la residencia, bajo el argumento de que tiene la obligación legal de garantizar la seguridad del Presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, tanto en las instalaciones oficiales de Los Pinos y Palacio Nacional, así como en su casa particular, de acuerdo con las respuestas entregadas a solicitudes de información pública.

“(El Estado Mayor Presidencial debe) garantizar, de manera permanente, la seguridad física de los inmuebles donde el Presidente de la República asiste en el desarrollo de sus actividades públicas o privadas; inclusive acompañado de su familia. (…) Bajo esa premisa, se concluye válidamente el motivo por el cual el personal del Estado Mayor Presidencial resguarda el inmueble de Sierra Gorda 150″, se leía en dos respuestas de transparencia entregadas.

En el Registro Público de la Propiedad del DF, la residencia de Sierra Gorda número 150 continúa, hasta el momento, registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una de las filiales de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

La propiedad nunca estuvo registrada a nombre de Rivera ni de Peña Nieto, debido a que -de acuerdo con la versión de Los Pinos- Grupo Higa y la primera dama firmaron un contrato privado, el cual no era necesario reportar ante el Registro Público capitalino.

Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, fue creada el 13 de noviembre de 2008, exactamente un día después de que Peña Nieto admitió que él y Angélica Rivera sí eran novios, como parte de una entrevista que el político concedió al programa “Shalalá”, de TV Azteca, que conducían la escritora Sabina Berman y la periodista Katia D’Artigues.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA.

Detectan uso irregular de recursos en universidades públicas

En la revisión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, la Auditoría detectó que 18 universidades auditadas ocupan dinero en prácticas opacas, pero la mayoría esquivó algún tipo de sanción debido a que “aclararon” el destino del gasto.

Como sucede en la educación básica, las universidades públicas del país también ejercen recursos públicos de manera irregular a través del pago de salarios a comisionados sindicales, excedentes en las prestaciones no ligadas al sueldo y el pago de plazas no autorizadas, según documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2013.

En la revisión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, la Auditoría detectó que las 18 universidades auditadas ocupan ese dinero en prácticas opacas, pero la mayoría esquivó algún tipo de sanción debido a que “aclararon” el destino del gasto.

Doce instituciones enviaron oficios a la Auditoría para aclarar el uso de los recursos federales, según explica la ASF en los documentos de revisión.

Sin embargo, el resto no pudo justificar este tipo de pagos. Se trata de las Universidades Autónomas de Guerrero, Chihuahua, Guadalajara, Querétaro y la Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

En el resto de las instituciones auditadas (las Universidades Autónomas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nayarit, Morelos, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas y la Universidad Veracruzana) presentaron “inconsistencias” financieras, por lo que la Auditoría solicitó recuperar un monto total de 130 millones 973 mil pesos.

La Universidad Autónoma de Zacatecas fue la institución con el mayor monto sin aclarar: 35 millones 144 mil pesos debido a opacidad en los registros contables y servicios personales.

Comisionados, plazas sin autorización y otras irregularidades

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) dirigida por el rector Eduardo Martínez Helmes tiene un caso peculiar. El secretario general del sindicato de la Universidad cobró 25 cheques por un monto total de 3 millones 534 mil pesos que presuntamente correspondían a pagos de jubilados y que se encargaría de entregar en efectivo.

Esos cheques se expedían a nombre de los beneficiarios, pero fueron cancelados y se reexpidieron a nombre del líder sindical porque, según explicó la Universidad, “es el encargado de cobrarlos y pagar en efectivo al personal jubilado”. Sin embargo, la institución “no presentó evidencia de la aceptación por parte de los beneficiarios jubilados”, por lo que de no justificarlo, la Auditoría solicitó “la recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado”.

La Universidad Autónoma de Querétaro debe aclarar o devolver 48 millones 365 mil pesos que fueron erogados por el concepto de prestaciones no ligadas al salario. Además, está pendiente por comprobar un total de 533 millones 599 mil pesos por pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado a mil 722 categorías de administrativos y docentes y por el pago de sueldos de plazas sin autorización de la Secretaría de Educación Pública.

También por la entrega de sueldos por honorarios a mil 937 personas en 24 quincenas, incluyendo categorías de mandos medios y superiores, administrativos y docentes, además de 716 eventuales que no están autorizados por la SEP. Además se detectó una diferencia por 237 millones 13 mil pesos en el comparativo de las nóminas ordinaria, de honorarios, eventuales, posgrado y estímulo de carrera docente.

La Auditoría señala “inconsistencias” en la Universidad Autónoma de Chihuahua por un monto de 177 millones 725 mil pesos, pero para solventar el señalamiento la institución respondió que efectivamente hizo esas erogaciones, pero con “recursos propios” y no con el programa de Subsidios Federales, según consta en un oficio con fecha del 5 de septiembre de 2014.

Entre las inconsistencias están pagos por 110 millones 511 mil pesos de sueldos de 942 empleados que no se encuentran autorizadas por la SEP, prestaciones no ligadas al salario y pagos no justificados a empleados por concepto de comisiones sindicales por un millón 534 mil pesos.

También conceptos no autorizadas por la SEP, como pago a personal eventual por 29 millones 976 mil pesos y a jubilados y pensionados; pagos por un millón 222 mil pesos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado por la SEP. También excedente por 262 millones de pesos respecto del monto federal autorizado por concepto de “Estímulo de Carrera Docente”.

En la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyo rector es Javier Saldaña, se detectaron pagos por conceptos de honorarios para personas físicas y morales por un monto de 10 millones 630 mil pesos que no se pudieron comprobar. Además, existe una diferencia por 618 millones 468 mil pesos entre las nóminas ordinarias y complementarias y lo reportado en el Estado de Actividades, por lo que debe ser regresado a la Tesorería de la Federación.

También “se presume un probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por un millón 2 mil pesos por el pago del sueldo y prestaciones a seis empleados en periodos posteriores a la fecha de su baja; pagos improcedentes durante el periodo de incapacidad; pagos a empleados con licencia sin goce de sueldo y por el pago de una cédula profesional correspondiente a otra entidad federativa.

En tanto, la Universidad Autónoma de Guadalajara erogó 609 millones de pesos  por concepto de “prestaciones no ligadas al salario” autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo, y 3 millones 279 mil pesos por “conceptos no autorizados”, lo cual excede en 83 millones 978 mil pesos el presupuesto aprobado para estos rubros, por lo que la Auditoría solicitó la aclaración del destino o, en todo caso, la recuperación del monto.

Este tipo de irregularidades fueron una práctica común en partidas como el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) que destinaba recursos federales hacia las entidades federativas.


Debido a las irregularidades detectadas como el pago a aviadores, comisionados y personal ajeno al sistema educativo en cada ejercicio fiscal, a partir de 2014 comenzó a operar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, con lo que se busca tener un mayor control del pago de salarios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

El Ministerio Público falla en registrar arraigos, se aprueban más de los que se solicitan

Los datos del Poder Judicial sobre cuántos arraigos autoriza y los de PGR sobre cuántos solicita no coinciden porque no existe un registro confiable sobre cuántas veces se utiliza esta medida de prisión preventiva.

Las autoridades del país no tienen certeza sobre cuántas personas han sido arraigadas desde 2009. Cifras oficiales del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran que la diferencia entre las órdenes de arraigo solicitadas y las concedidas es de 11 mil. Es decir, se aprueban mucho más de las que se piden.

“Los datos obtenidos demuestran la falta de controles para el arraigo, ya que no es posible que las órdenes de arraigo solicitadas sean menores a las órdenes de arraigo concedidas. En tal sentido, se puede concluir que la falta de control sobre las órdenes solicitadas viene del Ministerio Público, lo cual es incongruente al estar la persona arraigada bajo su vigilancia durante ese periodo”, concluye el informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.


Las cifras disponibles indican que de 2009 y hasta junio de 2014, la PGR solicitó 2 mil 952 órdenes de arraigo. Pero en ese mismo periodo, el Poder Judicial autorizó y concedió 14 mil 523.

La diferencia de 11 mil 571 sólo se puede explicar porque la Procuraduría no tiene control o registro de todas las solicitudes de arraigo que inició y que ejerció, según el Observatorio Ciudadano.

El arraigo es una medida privativa de la libertad que se utiliza durante una investigación para detener a una persona aunque no esté acusada de algún delito pero se sospeche de su vínculo con éste.

Según los datos que cita el informe, las órdenes de arraigo concedidas se dieron en el contexto de 29 delitos pero algunos son conceptos tan vagos que no es posible definir el presunto vínculo con delincuencia organizada, el único supuesto en el que se puede solicitar el arraigo.

Por ejemplo, desde 2009 se han autorizado 17 órdenes de arraigo por “delitos cometidos por servidores públicos” sin dar detalles de en qué consistieron éstos; 28 órdenes por delitos contra la economía pública; o 869 más por delitos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

Pero las irregularidades respecto a cómo se solicita y autoriza el arraigo también incluye presuntas faltas “contra la moral y buenas costumbres” y delitos forestales y ambientales, sin que se precise el vínculo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que rige esta figura de prisión preventiva.

El mismo Poder Judicial de la Federación confirmó que en los últimos cinco años existen mil 555 órdenes de arraigo en los que “no se indica” el delito al que presuntamente tiene vínculo la persona arraigada.

“El arraigo y la detención con control judicial afectan derechos humanos, además, son contrarios a los principios del sistema penal acusatorio, puesto que se vulnera la presunción de inocencia. La finalidad del arraigo es detener a la persona a fin de investigarla por un delito, sin que la autoridad responsable de la investigación cuente con elementos suficientes para presuponer la responsabilidad, ni la relación que ésta pueda tener con el crimen que se busca esclarecer”, detalla el Observatorio Ciudadano tras enlistar las fallas en los registros oficiales sobre cuántas personas han sido arraigadas en México y por qué motivos.

Según la ley, el Poder Judicial es el que tiene la facultad de autorizar el arraigo tras una solicitud del Ministerio Público. Sólo prevé el supuesto de delitos de delincuencia organizada y define que se puede extender hasta 40 días, con una prórroga de hasta 80 más.

Es obligación del Ministerio Público tener un registro de arraigados y acreditar que el arraigo es necesario para el éxito de la investigación en curso, la protección de personas o de bienes jurídicos o que existe riesgo fundado de que el inculpado escape.

El Observatorio detalla que hay otros datos que sustentan el argumento de que las autoridades abusan de la figura del arraigo: en el 55% de los casos se solicitó una ampliación del plazo de detención previsto en la ley; y en el periodo 2008-2011 sólo el 3.2% de los arraigados había obtenido una sentencia condenatoria.   

“Mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos han reconocido que durante el tiempo que las personas están expuestas al arraigo se propicia la práctica de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras violaciones a derechos humanos”, alerta el Observatorio Ciudadano en el informe.

Los datos de PGR indican que 9 mil 761 personas han sido arraigadas en el Centro Federal de Arraigos de 2008 a junio de 2014.


En ese periodo, los arraigos correspondieron a delitos “de mayor incidencia delictiva” como: contra la salud (3 mil 719 personas); secuestro (2 mil 082 personas); terrorismo, acopio y tráfico de armas (mil 408 personas); tráfico de menores, personas y órganos (327 personas); asalto y robo de vehículo (446 personas) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (493 personas).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Derechos privados en peligro

MÉXICO, D.F: La libertad de tránsito, el derecho a la vida privada y el derecho a la presunción de inocencia son prerrogativas fundamentales del gobernado en una sociedad democrática. De nueva cuenta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decretado medidas regresivas que deben ser combatidas social y jurídicamente. Veamos.

Primero. El jurista mexicano Luis M. Pérez de Hacha dio cuenta en una entrevista, y después en una plática con Gaby Frías, de CNN, de un gran peligro que se cierne sobre las personas a partir de este 1 de abril del 2015. Se trata de unas disposiciones del SAT que encontraron asidero legal en una reforma de la Ley Aduanera, por iniciativa del presidente Vicente Fox durante 2001, en el marco del ataque a las torres gemelas de Nueva York, para efectos de seguridad de los vuelos. De esta suerte, el 1 de enero del 2003 se reformó el artículo 7 de la Ley Aduanera, que adjudica al SAT la obligación de adoptar medidas de seguridad.

Esas reglas no habían sido puestas en operación sino hasta ahora, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la exposición de motivos, la ley otorga a las reglas del SAT un sentido acotado, limitado. Pero ese organismo se fue hasta la cocina, pues primero emitió la “Regla 1.9.1 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de agosto del 2014, que buscaba ajustarse al mandato del polémico artículo 7 de la Ley Aduanera, la cual establecía: “Para los efectos del artículo 7, primer párrafo de la ley y 5 del reglamento, las empresas aéreas que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir al sistema electrónico del SAT la información de los pasajeros y de la tripulación que transporten, provenientes del extranjero con destino a territorio nacional, así como del territorio nacional al extranjero. Las empresas aéreas que efectúen operaciones fuera de itinerario, para fines distintos a la transportación de pasajeros, carga y correo, no estarán obligadas a efectuar la transmisión a que se refiere el párrafo anterior respecto de la tripulación que realice estos vuelos especiales”.

Segundo. Conforme ha ido avanzando este gobierno de despotismo iletrado, se ha ido incurriendo en graves atentados contra nuestro régimen jurídico. El 29 de diciembre se publicó en el DOF la “Regla 1.9.21. Sexta Modificación a las Reglas de Carácter General”, cuyo contenido hace trizas lo que prescribe la Constitución. Dice: “Para los efectos del artículo 7, primer párrafo de la ley 5 del reglamento y de la regla 1.9.1., las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranjero, deberán transmitir electrónicamente al SAT la siguiente información de cada pasajero: I. Código localizador del registro (PNR). II. Fecha de reservación/expedición del boleto. III. Fecha(s) de intención de viaje. IV. Nombre(s) y primer apellido del pasajero y/o acompañantes (con misma reservación). V. Información disponible de pagos/facturación (efectivo, tarjeta de crédito u otros). VI. Itinerario de viaje para PNR específico. VII. Información de código compartido (Códigos de PNR asignados al pasajero, cuando el vuelo sea efectuado por una aerolínea distinta a la que efectuó la venta del boleto, conforme a los convenios de servicio entre líneas aéreas). VIII. Nombre de la agencia de viaje/agente de viaje, en su caso.

“Adicionalmente, podrán transmitir los siguientes registros: I. Información de contacto disponible. II. Información disponible sobre viajero frecuente y beneficios (ej. Boletos gratis, cambio de categorías, etc.). III. Información partida/dividida. (Cuando la reservación abarque dos o más personas y alguno(s) de ellos cambie(n) de ruta o vuelo diferente del resto del grupo, se debe registrar el nombre e itinerario por cada código de PNR.) IV. Estado del viaje del pasajero (incluye confirmaciones y registro). V. Información de registro (incluyendo el número de boleto, boletos unidireccionales y cotización automatizada de tarifas de boletaje). VI. Información de equipaje. VII. Información de asiento (incluyendo el número de asiento). VIII. Observaciones generales de información sobre servicios especiales requeridos por el pasajero. IX. Información anticipada de pasajeros recolectada (APIS). X. Información histórica sobre cambios al PNR (referente a los numerales anteriores). La información listada en los párrafos anteriores se transmitirá 72 horas previas al despegue del avión y se actualizará dentro de las 48, 24 y 8 horas anteriores al despegue de la aeronave…”

Tercero. Como se puede ver, las medidas formales del SAT, muy útiles para el Cisen, son propias de un régimen nazi y contrarias a los derechos humanos, como lo ha señalado la Unión Europea, que se niega a su observancia en esos términos por lo burdo de la estrategia de Peña Nieto de despojar de derechos a los mexicanos que, como es de esperarse, serán usadas en contra de todo enemigo del gobierno. En su esencia, las reglas son injustas e ilegales. Pero en manos del gobierno de EPN son oro molido para aplicarlas a los detractores del régimen y “sensibilizar” a aquellos que quieran ir más allá de la crítica “constructiva”. Pulverizan la privacidad.


¿Qué le importa al gobierno si alguien viaja en pasillo, en ventana o en medio? ¿Qué le importa al gobierno si alguien trae cinco calzones o sólo dos? ¿Usted confía en el buen uso de esos datos personales en manos del gobierno de EPN? Yo tampoco. Mañana también se va a tener que informar por qué razón se viaja, en donde se hospeda, qué come, cuál es la lista de entrevistas o de actividades en el viaje. Son temas de la estricta vida privada de los gobernados. Por eso no deben dejarse pasar estas nuevas medidas autoritarias de EPN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

Secretaría de la Función Pública citará a Korenfeld por uso de helicóptero oficial

MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Función Pública (SFP) entregará este lunes un citatorio al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por presuntamente utilizar un helicóptero oficial para vacacionar.

Virgilio Andrade, titular de la SFP, anunció esta mañana que le será entregado un citatorio a Korenfeld para que dentro de los siguientes cinco días aclare el uso que le dio al vehículo.

En entrevista con Grupo Fórmula, Andrade explicó que “lo más importante en este momento, es concederle el derecho de audiencia al funcionario como corresponde en estos procesos”.

El pasado 29 de marzo, un usuario de la red social Facebook publicó una serie de fotografías que exhibían cómo la familia de Korenfeld subió con maletas a un helicóptero de la Conagua.

Posteriormente, una investigación del periódico El Universal documentó que la familia de Korenfeld había hecho una reservación para vacacionar en la villa alpina de Vail, en Colorado, Estados Unidos.

El funcionario aseguró que utilizó dicho helicóptero para ser trasladado a una visita médica y que su familia le acompañaría.


Versiones periodísticas indican que es un hecho la salida de Korenfeld de la Conagua. Esta mañana, el titular de la SFP aclaró que aun cuando el funcionario deje el cargo, la investigación continuaría.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechazan renuncia del titular de la Conagua

MÉXICO, D.F: El director de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Octavio Villa, rechazó que el titular de dicho organismo, David Korenfeld, esté próximo a presentar su renuncia.

Por separado, el director de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, también rechazó la versión de que Korenfeld vaya a ser separado de su cargo.

Versiones periodísticas han adelantado que el titular de la Conagua presentará su renuncia al ser exhibido al presuntamente utilizar un helicóptero del organismo para vacacionar con su familia.

Aparte, este lunes la Secretaría de la Función Pública entregó un citatorio a Korenfeld para que aclare el uso que le dio al helicóptero.

El fin de semana pasado, vecinos del fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, publicaron una serie de fotografías en las que la familia de Korenfeld abordaba con maletas un helicóptero de la Conagua


La explicación que ofreció el titular de la Conagua es que utilizó el helicóptero para ser trasladado por “un tema de índole médico”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Elecciones 2015: Lo que está en juego

El proceso rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio ya comenzó. Por primera vez,  candidatos independientes estarán en la contienda, lo que la hace histórica. Además marca el debut del INE, el nuevo árbitro de los comicios en México.

En las elecciones del próximo 7 de junio, el PRI se juega no solo las gubernaturas de nueve estados, sino la mayoría en la Cámara de Diputados y con ello la posibilidad de concretar la última parte de las reformas iniciadas en el 2012.

Y no solo es el tricolor quien estará apostando todo para ganar.

Del triunfo del PRI y su alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), depende el dominio y la holgura que tendrá el presidente Enrique Peña Nieto para gobernar en sus últimos tres años de mandato.

Los antecedentes no son alentadores: Ninguno de los últimos 3 antecesores del actual mandatario (Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) lograron ganar la elección federal intermedia que les tocó enfrentar a la mitad de su sexenio.

Otros actores de la política mexicana también encontrarán su destino el primer domingo de junio.

Por un lado, el PRD se enfrentará al saldo real que le dejará la ruptura de sus filas y la desbandada de sus liderazgos en varias partes del país.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, deberá demostrar que puede desbancar al PRD como la opción política de izquierda, y el número de votos que obtenga será un referente para saber con qué apoyos cuenta el líder tabasqueño, que busca ser candidato presidencial por tercera vez, en el 2018.

El PRI, el reto de permanecer

Desde 1997, el resultado de las elecciones intermedias ha representado una derrota para el poder presidencial en turno.

Ese año, para conformar la LVII Legislatura, el PRI perdió 61 curules en la Cámara Baja respecto a la elección de 1994, y pasó de 300 a 239 diputados federales. Gobernaba entonces el priista Ernesto Zedillo.

Las siguientes dos elecciones intermedias tocaron a gobiernos del PAN.

En la elección del 2003, bajo el mandato de Vicente Fox, Acción Nacional perdió 59 curules en la Cámara de Diputados, respecto al proceso anterior. En el 2000 había ganado 207 lugares; en el 2003, para la LIX Legislatura, pasó a 148.

En la siguiente elección intermedia, en el 2009, gobernaba Felipe Calderón, y el PAN perdió 63 curules. Pasó de 205 que había ganado en el 2006, a 142, en el proceso intermedio del 2009.

Este año, la baja en los índices de aprobación de Peña Nieto podría verse reflejada en una disminución en la intención de voto a favor del PRI.

Según la consultora Parametría, en una encuesta publicada por el diario El Financiero, la intención de voto para el PRI disminuyó dos puntos porcentuales entre febrero y marzo del 2015.

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, el PRI (30 por ciento) lleva apenas una ventaja de tres puntos porcentuales sobre el PAN (27 por ciento), lo que pondría en peligro la preminencia del tricolor en la próxima Legislatura.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se descubre el as bajo la manga que tiene el PRI.

El PVEM, principal aliado del PRI en el Congreso y en sus batallas políticas, cuenta con 10 puntos porcentuales de preferencia para las siguientes elecciones.

Los diputados que el PVEM logre colocar en la Cámara baja serán determinantes para que el tricolor y el presidente Peña Nieto puedan llevar a buen puerto los pendientes de los próximos tres años.

La izquierda, los votos de la debacle

En las elecciones del próximo 7 de junio la izquierda dibujará su nuevo mapa de influencia en la política mexicana.

Por un lado, el PRD verá de qué forma lo afectó realmente la ruptura interna que ocurrió a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, cuyo presidente municipal era de ese partido.

Una vez que varios cuadros del partido se pronunciaron en contra de la forma en que Nueva Izquierda, la corriente dominante, ocurrió la desbandada que implicó no solo a líderes del sol azteca, sino a sus cuadros.

Esto, dejó en crisis a varias zonas del PRD, sobre todo en el centro del país, por lo que se abre la posibilidad de que muchos de esos liderazgos y su gente movilicen sus esfuerzos por apoyar a otras opciones políticas y con ello se ponga en riesgo la predominancia de ese instituto político en la capital del país.

A la par, el Morena aglutina al ala de la izquierda cercana con Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores podrían colocarlo como una opción que desbanque en las preferencias electorales al PRD.

Esta elección, además del debut para Morena, será una oportunidad para consolidarse rumbo a las elecciones del 2018 y conquistar el gobierno de la capital del país.

Nuevas reglas a prueba

Las elecciones intermedias del próximo 7 de junio serán el debut del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de su transformación y sus nuevas facultades.

Serán también la primera función de los órganos electorales de los estados conformados por consejeros electos por el INE.

La reelección, las candidaturas independientes, la paridad de género en las candidaturas, las causas de nulidad de la elección, la aparición de nuevos partidos políticos y el porcentaje mínimo para mantener el registro, son otras de las reglas que se estrenarán en este proceso electoral.

En la elección del 7 de junio, estará en juego la elección de quienes ocuparán 2 mil 051 puestos de elección popular.

En todo el país se realizará la elección de 500 diputados federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional –o plurinominales-.

Además, en 17 entidades habrá elecciones locales para elegir a 639 nuevos diputados locales -388 de mayoría relativa y 251 plurinominales-, así como a 887 presidentes municipales y 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal.


En los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero. Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora habrá además elecciones para elegir al nuevo gobernador(a).

Hoy día, el PRI tiene mayoría en nueve de los 17 congresos estatales que se renovarán este año. El PAN en cuatro, lo mismo que el PRD.

En los últimos años, los conflictos electorales han provocado que antes de cada elección, el Congreso de la Unión fije nuevas reglas para intentar subsanar las fallas del periodo electoral anterior. Así se ha repetido por varios años.

Sin embargo, las reglas electorales que enfrentan su primera prueba en esta elección, constituyen uno de los cambios estructurales más profundos en la historia reciente del país.

El primero de estos cambios fue la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) a Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo con un modelo descentralizado que no solo estará en la organización de las elecciones federales –como lo estaba el IFE-, sino que ahora se coordina con los órganos electorales de los estados para organizar las elecciones locales.

El INE, además, tiene a facultad de atraer comicios locales si así lo solicitan los institutos electorales de los estados; y la labor de fiscalización la realiza directamente una comisión del Consejo General del Instituto –no la Unidad de Fiscalización, como ocurría en el IFE-.

A raíz de la forma en que se presentó la elección federal del 2012, en donde se acusó al PRI de utilizar recursos millonarios para la compra de votos mediante el reparto de tarjetas de despensa, conocidas como tarjetas Monex –acusaciones de las que el tricolor fue exonerado por el Tribunal Electoral-, se impulsaron también cambios en la fiscalización y el tope de gastos de campaña.

Ahora, la Ley establece que quien rebase el tope de gastos de campaña con un 5 por ciento, perderá su registro como candidato.

Sin embargo, quizá los cambios estructurales más profundos de la reforma política están en, por ejemplo, la reinstauración de la figura de reelección para algunos puestos de elección popular.

Si bien los diputados federales y senadores podrán ser reelectos a partir del 2018, esta figura ya se aplicará a los diputados locales y alcaldes que participen en esta elección.

En el caso de los diputados locales, podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, quienes resulten electos en el 2015, podrán buscar la reelección en cada periodo y permanecer en sus curules hasta el año 2027.

En el caso de los alcaldes, la reelección puede realizarse hasta por dos periodos. Quienes sean electos presidentes municipales este 2015, podrán buscar mantenerse en su puesto hasta el año 2021.

La paridad de género

Ahora, por ley, la mitad de las fórmulas de candidatos –el titular y su suplente-, deberán estar conformadas por mujeres.

Esto, empero, sin garantizar que se den a las mujeres distritos competitivos donde puedan ganar.

En esta elección participarán tres nuevos partidos políticos con registro nacional. Se trata de Morena, el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social.

Para los 10 partidos existentes, aplicará el 3 por ciento de los votos como nuevo porcentaje para mantener el registro y continuar teniendo las prerrogativas que otorga la ley.

Candidatos independientes: la novedad de la elección

La elección del 7 de junio será histórica por la participación por primera vez de candidatos independientes en una contienda electoral de carácter federal.

La noche de este sábado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de 22 candidatos independientes que podrán competir por una diputación federal en la próxima elección.

Inicialmente 122 ciudadanos habían manifestado interés de registrarse, pero de esa cantidad sólo lograron el pre-registro 52, de los cuales únicamente 22 cumplieron con los requisitos de conseguir las firmas para respaldar su candidatura.

Entre los candidatos independientes que contendrán por llegar a San Lázaro destaca Manuel Clouthier, hijo del excandidato presidencial del PAN, Manuel J. Clouthier, “El Maquío”.

Clouthier buscará regresar al Congreso federal –fue diputado por el PAN hace 6 años- ganando el distrito 5 que comprende la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Es precisamente el estado de Clouthier, el de Sinaloa, donde participará el mayor número de candidatos independientes (6) por una diputación federal.

La gran mayoría de los candidatos que contienden como independientes son en realidad políticos que han estado relacionados con partidos.

Es el caso de Blanca Lilia Sandoval de León, quien compite como independiente a una diputación federal en Nuevo León pero hasta el año pasado era una legisladora local del Partido Acción Nacional.

O Adolfo Pulido Santiago, exalcalde del PRI de Cunduacán, Tabasco, que ahora pretende ser diputado federal independiente de ese estado del sureste.

También está el caso de Roberto García Alonso, quien se registró como candidato independiente por el distrito 11 de Veracruz, pero su carrera está ligada al priismo.

En Nuevo León el expriista Jaime Rodríguez se registró como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León.

El financiamiento de los candidatos independientes será uno de los principales problemas que enfrentarán estos nuevos actores que buscan llegar a un cargo de elección popular sin el respaldo de los partidos.

El INE autorizó una bolsa de 23 millones de pesos, recursos que se dividirán entre los 22 candidatos independientes que competirán por una diputación federal.

En Nuevo León, Jaime Rodríguez, candidato registrado como independiente, rechazó los 383 mil pesos que la Comisión Estatal Electoral le otorgó para sus gastos de campaña.

Radiografía de la elección


De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, los puestos de elección popular que estarán en juego el próximo 7 de junio del 2015 son:
>> Baja California Sur

Gobernador
(actualmente Marcos Covarrubias Villaseñor, PAN).

21 diputados locales:
16 de mayoría relativa
5 de representación proporcional (Hoy mayoría del PAN).

>> Campeche

Gobernador
(actual: Francisco Ortega Bernés, PRI).

35 diputados locales:
21 de mayoría relativa
14 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRD).

>> Colima

Gobernador
(actual: Mario Anguiano Moreno, PRI).

25 diputados locales:
16 de mayoría relativa
9 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRI).

>> Chiapas

41 diputados locales:
25 de mayoría relativa
16 de representación proporcional 

>> Distrito Federal

66 diputados locales:
40 de mayoría relativa
26 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRD).

>> Guanajuato

36 diputados locales:
22 de mayoría relativa
14 de representación proporcional (Hoy mayoría del PAN).

>> Guerrero

Gobernador
(actual: Rogelio Ortega Martínez, PRD).

46 diputados locales:
28 de mayoría relativa
19 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRI).

>> Jalisco

39 diputados locales:
20 de mayoría relativa
19 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRI).

>> Estado de México

75 diputados locales
45 de mayoría relativa
30 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRI).

>> Michoacán

Gobernador
(actual: Salvador Jara, s/p).

40 diputados locales:
24 de mayoría relativa
16 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRI).

>> Morelos

30 diputados locales:
18 de mayoría relativa

12 de representación proporcional (Hoy mayoría del PRD).


FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.