GUADALAJARA, Jal: La Fiscalía General de Jalisco confirmó que un grupo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscó a un convoy de la dependencia en la carretera que va de Mascota a Puerto Vallarta a través de la sierra de Amula, a la altura del poblado de Soyatán.
La dependencia precisó que, hasta el momento, el saldo del enfrentamiento es de 15 personas fallecidas, entre criminales y policías.
La dependencia agregó que los integrantes del crimen organizado incendiaron varios vehículos sobre la vialidad para poder escapar.
Aseguró que este ataque está vinculado con el atentado que el pasado 30 de marzo sufrió el comisionado de Seguridad del estado, Alejando Solorio Aréchiga, quien resultó ileso.
El tiroteo provocó que decenas de automovilistas, entre ellos vacacionistas, quedaran varados durante horas desde Mascota, a más de 160 kilómetros de esta capital, rumbo a Vallarta, entre el Crucero de San Sebastián del Oeste y Mascota.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el ataque de hoy comenzó alrededor de las 14:50 horas. El convoy de oficiales circulaba por la mencionada carretera, a la altura del crucero a Soyatlán, cuando un comando comenzó a dispararles. Los uniformados intentaron repeler la agresión.
Elementos del Ejército y la Fuerza Única de Jalisco fueron a la zona por aire y tierra para iniciar un operativo de búsqueda de los agresores.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara el gobierno estatal asumió la coordinación de todas las dependencias de seguridad, que se mantienen alerta ante un posible ataque de la delincuencia.
La Fiscalía agregó:
“Es importante informar que tras el atentado efectuado el pasado lunes 30 de marzo en el municipio de Zapopan en contra del comisionado de Seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga, la Fiscalía General del Estado tiene bajo investigación a 15 presuntos implicados en dicho atentado, cuatro del los cuales fueron puestos a disposición de la PGR (…) La Fiscalía tiene como principal línea de investigación que los hechos del día de hoy constituyen una medida reactiva tras los hallazgos de la investigación y detenciones en torno al atentado”.
Antes del atentado contra Solorio Aréchiga, hubo otro enfrentamiento. El pasado 19 de marzo un grupo del Cartel de Jalisco Nueva Generación atacó a un convoy de la Gendarmería Nacional en el municipio de Ocotlán. Cinco policías y cuatro civiles murieron.
El 23 de marzo, en el municipio de Zacoalco de Torres, se presentó otro choque. Tres presuntos delincuentes fallecieron, entre ellos, Heriberto Acevedo Cárdenas, uno de los líderes del grupo. En respuesta, vino el atentado contra el comisionado de Seguridad del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FELIPE COBIÁN.
MÉXICO, D.F: Mientras que los salarios mínimos apenas incrementaron 10.7% en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, los precios de algunos productos agropecuarios de la canasta básica se dispararon más de 100%, informó la Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores AC.
Mediante un comunicado, la organización señaló: “En lo que va de este sexenio, muchos productos de la canasta básica y de los que más consume la población mexicana, han sufrido significativos aumentos de precios, impactando en la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas, sobre todo, aquellas que tienen un ingreso de un salario mínimo de dos mil 130 pesos al mes”.
Ejemplificó que del 2012 a la fecha, el precio de la pechuga de pollo reporta un aumento de hasta 180%; el camarón de 46%, mientras que la carne de res ha presentado aumentos de hasta 85.3%.
Otro ejemplo de los aumentos desmedidos en los productos alimenticios, precisó la Alianza, es que por segundo año consecutivo el precio del huevo se disparó y llegó a venderse hasta en 40 pesos el kilogramo, después de que en marzo de 2012 se vendía en 14 pesos.
En otras palabras, el aumento del huevo equivale a 17 veces el incremento del salario mínimo; el del jitomate, 14 veces; la pechuga de pollo 16 veces y la chuleta de res 7 veces.
“Suponiendo que una familia tuviera necesidad de comprar al mismo tiempo un kilogramo de cada uno de estos productos, en 2012 le habrían costado en conjunto 215 pesos y habría necesitado 3.4 salarios mínimos. Ahora, en 2015, le costarían 402 pesos, por lo que requeriría 5.7 salarios mínimos”, precisó la asociación.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el ingreso laboral per cápita ha disminuido en función de la canasta alimentaria.
Si se considera el costo de ésta en el último trimestre del 2012, cuando Peña Nieto empezó su mandato, el ingreso laboral era de mil 300 pesos. Si se toma en cuenta el costo de la canasta al último trimestre del 2014, el ingreso ascendió a mil 156 pesos.
El ingreso laboral para adquirir la canasta alimentaria se desplomó 11% en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
MÉXICO, D.F: El arranque de campaña del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, se vio empañado por el aparatoso despliegue de recursos que hicieron sus correligionarios, al llegar al evento en helicópteros oficiales y rentados.
Carlos Navarrete, dirigente nacional de ese partido, se dio el lujo de alquilar una aeronave para trasladarse a Zuitácuaro, donde Aureoles inició ayer su campaña.
El hecho desató una andanada de críticas en las redes sociales en donde usuarios compararon el hecho con el sucedido hace una semana, cuando un usuario subió a su perfil de Facebook fotografías del director de la Conagua, David Korenfeld, y su familia abordando con maletas en mano un helicóptero de la dependencia.
En entrevista con Radio Fórmula, Navarrete reconoció que el viaje en helicóptero da “una mala imagen” al partido al inicio de las campañas pero hizo hincapié en que se trató de un caso excepcional, debido a las complicaciones viales por el periodo vacacional y además fue rentado y pagado por el PRD estatal, aunque no dijo cuánto costó.
“Al menos en el que yo viajé (fue) un helicóptero rentado, es un taxi, que viajó de Toluca para Zitácuaro, eso es lo que entiendo, que se rentó y se dará un informe por el estado del costo porque tiene que incluirse en los gastos de campaña evidentemente”, afirmó.
Además del líder nacional perredista, el estratega electoral del PRD, el hidalguense y expriista José Guadarrama, también llegó en helicóptero al mitin en Michoacán. Viajó en un 109 Power XA-SJC.
En Twitter el uso de helicópteros para asistir a un arranque de campaña fue duramente criticado.
El usuario @MLopezSanMartin escribió: “Si lo de Korenfeld y helicóptero Conagua es de vergüenza, lo de gobernadores PRD y ‘sus’ helicópteros para actos de campaña también da asco”.
@acostaefrain opinó: “Carlos Navarrete y el PRD están tan desprestigiados que una simple renta de un helicóptero la hacen un misterio”.
Otra usuaria, @olgavhdza, tuiteó: “La izquierda también viaja en helicóptero. No, la izquierda ya no está en el PRD, no viaja en helicópteros, la izquierda es congruente!”.
Sin embargo, el traslado en helicóptero no fue exclusivo de líderes del partido que pueden “justificar” el desembolso como gastos de campaña. El resto de quienes llegaron vía aérea al evento son funcionarios públicos y ninguno de ellos ha aclarado de dónde salieron los recursos para trasladarse en helicóptero a Michoacán.
El gobernador de Morelos Graco Ramírez fue el primero en aterrizar en un Bel 407 XA-KMA, seguido de su homólogo guerrerense Rogelio Ortega Martínez, quien llegó en un Airbus XA-VRG.
Luego llegó el diputado federal Antonio García Conejo, medio hermano del candidato perredista al gobierno de Michoacán, quien llegó en un helicóptero XA-VUK.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En las oficinas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el órgano de la Transparencia Mexicana, se ha formado una montaña de preguntas que no encuentran respuesta. Y es una montaña que crece hacia lo alto y lo ancho con un ritmo desbocado. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy existen 12 millones 120 mil 71, según consta en el órgano de la Transparencia Mexicana.
El Archivo General de la Nación –conservador de los archivos de la administración pública- contribuyó por su parte con este catálogo. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, le puso la categoría de “confidencial”. Ya no puede acudirse a ese pasado de sombras y dolor que aún entraña muchas personas sin localizar y muchas preguntas.
Para quedarse con dudas, no es necesario viajar por la Historia. El Gobierno Federal le puso lazo a información vital sobre asuntos que en el presente agobian a los ciudadanos; por ejemplo el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el Centro de Planeación Estratégica con el que la Presidencia inhibe el espionaje de otros países, o el diagnóstico de la Guerra contra el Crimen Organizado. Tampoco puede saberse qué dicen las encuestas que manda a hacer ex professo sobre su persona y en las que gasta millones de pesos el Presidente.
¿Cuál es el protocolo de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México ahora que 43 normalistas no se encuentran en ningún rincón? ¿Qué diagnóstico recibió el Presidente Enrique Peña Nieto sobre la Guerra en contra del Crimen Organizado en 2012 de manos de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)? ¿Qué funcionarios del Estado Mayor Presidencial permitieron que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento en septiembre de 2014 durante el Segundo Informe de Gobierno? ¿Qué hace la empresa Productos de Consumo Omega con 128 millones de pesos en un centro de datos para la Oficina de la Presidencia? ¿Cuánto se le pagó a Alfonso Waitshman, maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, en un viaje a China? ¿Qué le dicen las encuestas al Presidente, mandadas a hacer sobre su imagen? ¿Está enfermo el Presidente Peña Nieto? ¿Hay un gasto para que el recién nombrado Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, actúe apegado a la Ética?
Dudas que forman una montaña tanto de papel como de archivos digitales en la oficina del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que jamás en su historia de 13 años había tenido en su entraña un cúmulo tan grande de negativas para brindar información. En dos años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho crecer en poco más del 50 por ciento el número de expedientes clasificados con respecto a la administración anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta diciembre de 2012 había ocho millones de expedientes en ese catálogo, al día de hoy están ahí 12 millones 120 mil 71, según consta en el Índice de Expedientes Reservados [http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados].
Cada pregunta entraña una historia gestada en el interés nacional. Las han hecho ciudadanos, investigadores, periodistas, estudiantes tesistas o abogados que día con día, han contribuido a formar este inmenso cuestionario al Gobierno Federal a través del IFAI. Ninguna encuentra respuesta. En algunos casos, las entidades cuestionadas han respondido que la información es inexistente. Pero lo que prevalece para negar datos es la clasificación por periodos que van de dos hasta doce años. De modo que la mayoría de esos asuntos no se conocerá hasta después de 2018; es decir, cuando la presente administración federal haya concluido su mandato y las siguientes decidan o no quitarle la categoría de “reserva”.
Ernesto Gómez Magaña, experto en Transparencia de la Organización no Gubernamental Contraloría Ciudadana, piensa que “la Rendición de Cuentas es un puente tendido entre dos partes. De un lado están los ciudadanos. Del otro, los Gobiernos. Para que los segundos brinden explicaciones de sus actos, los primeros deben pedir, exigir, preguntar”.
Pero hasta ahora, no hay entidad de la administración pública que no haya decidido ponerle un lazo a su información. La que más lo ha hecho es la Procuraduría General de la República (PGR) con un millón 695 mil 921 expedientes. Luego, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 341 mil 784. El tercer lugar de este índice lo tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 967 mil 838.
Para no responder, la administración federal se ha cobijado sobre todo, con los argumentos legales de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permiten bajo varios criterios mantener en reserva la información gubernamental. Los más socorridos son la seguridad nacional, el menoscabo de negociaciones con otros países, el posible daño a la estabilidad financiera o la puesta en riesgo de la vida de algunas personas.
El Archivo General de la Nación –sujeto obligado del IFAI- contribuyó por su parte con el catálogo de información confidencial y clasificada. Al acervo del periodo conocido en México como “Guerra Sucia”, que se encuentra en la Galería uno, se le puso la categoría “confidencial”, por lo que no puede consultarse a menos que se lleve una pregunta directa; es decir, datos precisos de un expediente.
¿Por qué estaba abierta esa galería? El 27 de noviembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) firmó un Acuerdo para formar la Procuración de Justicia por Delitos Cometidos Contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp) la cual, a través de un comité interdisciplinario para la reparación del daño, solicitó a las dependencias federales la apertura de archivos. La Fiscalía desapareció en 2206, pero ese pasado de sombras y dolor siguió documentado ahí, en el AGN, repartido en miles de averiguaciones previas, fotos, publicaciones, revelaciones de espionaje o las acciones de la extinta Dirección Federal de Seguridad.
Tras la firma del acuerdo foxista, víctimas e investigadores de esa etapa de México convirtieron a la consulta en una acción cotidiana. Se buscaban fichas bibliográficas, se pedía acceso a documentos; siempre había alguien en esa área del AGN buscando algo. ¿Por qué pudo clausurarla el presente Gobierno? En enero de 2012, el entonces Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley Federal de Archivos que tres años después, le permitió a la presente administración cerrar ese archivo fundamental en la memoria del país.
Clasificar no es una acción a la que haya recurrido en especial la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno foxista –encargado de inaugurar la Ley General de Transparencia con la instalación del IFAI- dejó seis millones de carpetas clausuradas. Algunas de ellas se refieren al crecimiento de su patrimonio, el gasto de su campaña electoral y los gastos de la Oficina de la Primera Dama, Martha Sahagún. Todo ello no se podrá conocer hasta 2018.
Los asuntos que más clasificó el sucesor de Fox en Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tienen relación con averiguaciones previas que surgieron durante el combate al crimen organizado. De modo que dos años después de su salida de la casa oficial de Los Pinos, no es posible un conteo certero del número de víctimas mortales y de desaparecidos en ese pasaje de México calificado por todas las visiones expertas como traumático.
LO QUE NO PUEDE SABERSE EN NUESTRA CASA
En octubre de 2013, el semanario alemán Der Spiegel publicó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos se había infiltrado en los archivos de la Presidencia de México. La proeza había llegado hasta el correo electrónico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, según los datos que proporcionó Edward Snowden, ex empleado de la CIA. Tras la revelación, en los archivos del IFAI consta que el Estado Mayor presidencial construyó un Centro de Planeación Estratégica para lo cual, adjudicó mediante licitación directa el contrato AD-SN-020 de tres años por 128 millones de pesos, a las empresa Productos de Consumo Omega.
Ese consorcio brindará “servicio integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos para la oficina de la Presidencia de la República”.
Un ciudadano preguntó quién adueña esta empresa y cuál es su trabajo. Ninguno de estos datos le fue proporcionado porque la información tiene clasificación hasta después de 2018.
Hay rutas que ya no se siguen. Por ejemplo, las que tienen relación con la búsqueda de personas desaparecidas o sin paradero conocido. En 2014, el flujo de preguntas que conduciría a métodos de búsqueda cesó por parte de los peticionarios. Y es que si un ciudadano se empeñara en conocer cuál es el protocolo del Gobierno Federal para buscar a quien de repente desaparece de la faz de México; por ejemplo, esos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos cuya ausencia ha descarrilado al Gobierno, no llegaría a nada.
El 15 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno de la entonces Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) clasificó por un periodo de 12 años el protocolo de búsqueda dado que su contenido “encuentra relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Esa procuraduría se convirtió en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y tiene 257 expedientes guardados y de los que le heredó el gobierno anterior, sólo ha desclasificado uno.
SinEmbargo ha sido uno de los peticionarios de la CEAV. Y la respuesta que obtuvo fue un legajo que indica: “La motivación de esta clasificación se hace consistir en (que) el presente protocolo contiene la recopilación de mejores prácticas en materia de búsqueda y localización de personas, así como procedimientos de inteligencia aplicados al tema, que van desde técnicas de entrevista hasta métodos de análisis de información”.
Más allá del número de desaparecidos, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República, en qué diagnóstico se ha basado la Guerra en contra del Crimen Organizado y si el ex Presidente Felipe Calderón dejó algún documento que brinde luces en ese sentido. La Primera Magistratura reconoce que así fue, que el mandatario anterior dejó un diagnóstico titulado “Panorama Nacional”; pero en una sesión ordinaria del IFAI se determinó que esa información sería clasificada como reservada por 12 años porque se trataba de un asunto de “seguridad nacional”.
¿POR QUÉ WAITSHMAN APARECE EN EL IFAI?
“Amigos me desconecto unos días de las redes sociales porque me voy a China q emociooooooooooon nos vemos en una semana y documento los momentos”, escribió el maquillista Alfonso Waithsman. Su siguiente Tweet fue para publicar una foto de sí mimo con las letras: “China … allá voooooy”. Era 11 de noviembre de 2014 y en México, frente al Palacio Nacional, un grupo identificado como anarquista se atrevió a quemar la Puerta Mariana del recinto.
Si las redes sociales se han convertido en canales comunicantes de los funcionarios públicos (El Presidente las usa para expresar condolencias o felicitaciones; las dependencias publican ahí sus agendas; el director general de la Conagua, David Korenfeld se disculpó en Twitter sobre el uso de un helicóptero), también son un indicador social. Y a Alfonso Waitshman aquella vez no le fue bien. Cientos de tuiteros estimaron que la presencia del maquillista en la comitiva presidencial era un dispendio, un signo de ostentación.
Por eso, hay ciudadanos que le han requerido a la Presidencia de la República a través del IFAI los recibos de honorarios del maquillista de Angélica Rivera. Tanto por el viaje a China como por otros eventos en los que también trabajó como El Grito de Independencia. La Presidencia ha sostenido que en sus archivos esa información es “inexistente”.
Y tampoco está el nombre del funcionario cuya orden permitió que el Zócalo se convirtiera en estacionamiento de camionetas Suburban en septiembre de 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto rindió su Segundo Informe de Gobierno.
¿QUÉ PIENSAN DE MÍ LOS MEXICANOS?
El Presidente más telegénico; el que cuando celebró el triunfo de las elecciones llevó “fans” al edificio de su partido, el Revolucionario Institucional, en vez de los campesinos y obreros que acudían de manera tradicional; arribó a su segundo año de Gobierno con la peor calificación para un mandatario en el mismo momento político. Sólo tiene el 40 por ciento de aceptación, según promedian los resultados de las encuestadoras GEA-ISA, Ulises Beltrán y el diario Reforma.
El pasado 27 de marzo, en Tlaxcala, el Primer Mandatario, expresó: “Yo estoy entregado a servir y cumplir los objetivos que trazamos para México, realmente no hemos hecho un esfuerzo para trabajar para la popularidad sino por realmente asegurar que México tenga calidad de vida en su población, haya condiciones de mayor bienestar, podamos abatir los niveles que por muchos años hemos tenido en rezado: pobreza y desigualdad, y lograr que México pueda crecer económicamente”.
Pero en el POT se ha escrito un relato paralelo. Sólo en encuestas, el Presidente ha invertido 65.3 mdp, según documentos de la Coordinación de Opinión Pública de la Presidencia. Hay que decir que hasta hace poco ese gasto era mucho mayor. El ex Presidente Felipe Calderón pagó en sus primeros dos años de gobierno 141.6 mdp en lo mismo, poco más de la mitad de la cantidad que reporta el gobierno peñista.
Hoy es posible conocer lo que preguntó Calderón Hinojosa a través de las respuestas de la Presidencia en el IFAI: el 1 de diciembre de 2006 mandó encuestar sobre: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México? Las respuestas le susurraron: “Calderón con 93.1 por ciento y Andrés Manuel López Obrador con 4.8 por ciento”. Sobre todo, el ex mandatario ordenó hacer encuestas sobre la aceptación de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto como oponentes rumbo a la Presidencia. De paso, pidió estudios de opinión sobre el nivel de aprobación de su esposa Margarita Zavala, el impacto respecto de la muerte de quien fuera Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y hasta las creencias sobre la presunta culpabilidad del cantante Kalimba, acusado de violación en 2008. Así, en su sexenio se gastaron 275.7 mdp sólo en encuestas.
¿Qué pregunta Peña Nieto? ¿Qué le informan? ¿Qué le susurran al oído? ¿Qué le dicen las encuestas de popularidad para las cuales –él dice- no trabaja? Los ciudadanos, los periodistas o los investigadores lo sabrán una vez que concluya el presente sexenio. El IFAI determinó que los resultados de las encuestas y estudios de opinión que empresas privadas levantan para la Presidencia de la República son información reservada hasta el 1 diciembre de 2018; es decir, cuando tome posesión su sucesor.
El consejo del IFAI debatió sobre las encuestas presidenciales debido a dos recursos de revisión derivados de un par de solicitudes. En una, un ciudadano le pidió a la Presidencia los documentos generados en 2013 por la empresa Sr. & Friends S. A. de C. V., relativos a un análisis coyuntural, análisis retrospectivo y/o prospectivo, mapa de actores políticos y análisis de Twitter. En la otra, el peticionario quiso las bases de datos de las encuestas realizadas en 2013 y 2014 cuyos números de contrato están publicados en el POT. Con tal de no revelar la información, la Presidencia recurrió al IFAI que le dio la razón.
Por lo pronto, Sr. and Friends es la empresa más beneficiada entre las que hacen análisis político y estrategias de comunicación, con 2.7 mdp el 17 de agosto de 2013 y cinco mdp en el mismo mes, pero de 2014.
Un ciudadano envió un requerimiento el 21 de agosto de 2013 a través del IFAI: “Solicito a la Presidencia de la República las encuestas que ha realizado en el último semestre sobre la percepción de la sociedad respecto de las acciones de gobierno y sobre la percepción de la sociedad sobre la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto”.
La solicitud fue turnada para su atención a la Coordinación de Opinión Pública que respondió: “… En relación a la solicitud y de conformidad con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se hace de su conocimiento que la información solicitada ha sido clasificada como reservada debido a su vigente relevancia para la toma de decisiones, es decir, forma parte de los insumos para el proceso deliberativo de instrumentación o redefinición de las políticas. La revelación de estas medidas, antes de su puesta en marcha, podría incidir en las mismas, dando como resultado que no tengan el impacto deseado …”
LOS SESENTA DÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Lo anterior ocurre mientras Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública está por cumplir sesenta días en un cargo que durante dos años permaneció acéfalo. La fecha de su nombramiento, el pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto le dio la encomienda de investigar los contratos otorgados a la compañía que construyó la casa que posee en Ixtapan de la Sal, así como los de la llamada “casa blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado. Es decir, el Grupo Higa, el que también le vendió una propiedad con una hipoteca laxa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Hasta ahora, no ha informado absolutamente nada.
Los parámetros éticos del desempeño del Secretario tampoco pueden conocerse. La Secretaría de la Función Pública informó a través del IFAI que no existe nada al respecto en sus archivos. Así, con sus 227 mil 356 expedientes archivados, esa dependencia contribuyó con el cúmulo de expedientes que ahora mantiene clausurados el Gobierno Federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1303365.
El Estado mexicano prepara el camino para la libertad de la maestra Elba Esther Gordillo, acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en un total de mil 978 millones de pesos.
Tal parece que la maestra, ha aguantado de manera estoica la traición de su propia gente que la llevo finalmente al calabozo. Y ha preferido conservar los secretos de la podredumbre de su sindicato, de su partido político y del PRI, a cambio de ser liberada en un plazo razonable.
Su testimonio, sobre la corrupción del sistema político podría haber hundido a cualquiera, pero en lugar de eso, la maestra ha sido disciplinada y ha optado por el silencio, sabiendo que tarde o temprano el sistema al que, aún pertenece pese a todo, la perdonará y dejará en libertad más pronto que tarde.
El caso Elba Esther Gordillo es un claro ejemplo de la simulación de la justicia mexicana. Desde un principio fue considerado, por un sector de la opinión pública, como una venganza política y no como un verdadero juicio por corrupción.
¿Por qué se le detuvo en este sexenio y no en otro si llevaba 30 años de carrera “profesional”? Obviamente, Peña Nieto la utilizó como un instrumento de legitimación. Su caso, fue un golpe de efecto. Una muestra de supuesta “mano dura” contra la corrupción que paradójicamente no incluyó a otros más corruptos que ella. La lista es tan larga que es imposible mencionarlos.
Pero a la sociedad mexicana, eminentemente machista, le encantan las villanas, las brujas, las malvadas desalmadas. Y Elba Esther fue y sigue siendo la personificación de todos los males de esa misma sociedad que la linchó.
No defiendo a la maestra, pero tampoco la condeno. Sus corruptelas son las mismas que las de muchos políticos y líderes sindicales charros e impunes. Su enriquecimiento, es el mismo que el de muchos, incluso menor, que de algunos como el impertérrito Carlos Romero Deschamps.
¿Por qué ella y no otros? Obviamente porque desafió al sistema. Porque enfrentó a Enrique Peña Nieto y se atrevió a rechazar su nefasta reforma educativa.
Y la maestra cayó. Fue sacrificada para el show mediático. Peña Nieto necesitaba golpes de efecto. La simulación, esa costumbre tan arraigada del sistema político mexicano, hizo posible su proceso, un proceso agarrado con alfileres, pero al fin proceso; un proceso que esta a punto de caer con un castillo de naipes.
Las cochinadas que acostumbra a hacer el Ministerio Público, la PGR, y el estamento judicial van saliendo a la luz pública. Ahora nos enteramos que uno de los testigos protegidos más importantes del juicio, Erick Salvador Rodríguez García, falleció el domingo pasado por “problemas cardíacos” y que el abogado de la maestra Marco Antonio del Toro, ha solicitado que su declaración no tenga valor probatorio, ya que no alcanzó a ratificar sus dichos: “Tomamos conocimiento de que falleció y el efecto de esto es el siguiente: hay un factor jurídico que se denomina “la contradicción”. En este caso, es evidente que hubo manipulación para que no se presentara a la audiencia y pediremos que no tenga ningún efecto, que no tenga valor probatorio”.
Muy conveniente. ¿No les parece extraña esta muerte? Y más ahora que sabemos que fue citado 14 veces y nunca acudió a ratificar, casualmente porque la PGR lo impedía.
El abogado insiste en que no era un testigo clave: “Se le ha atribuido sobre todo en el ámbito mediático el adjetivo de clave, pero no es así. Él no hizo un declaración incriminatoria; se le citó en reiteradas ocasiones, fueron 14 ocasiones en que no se llevó a cabo la audiencia y lo que es extraño es que había un espíritu de impedir que compareciera por parte de la PGR”.
El juicio va tan bien para la maestra, que los peritos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargados de demostrar el delito de lavado de dinero, tampoco ratificaron a tiempo sus peritajes ante autoridades judiciales. Casualmente también ha faltado a sus citas, Juan Díaz de la Torre, actual líder magisterial.
En fin, todas las piezas se van colocando estratégicamente para que la maestra pronto disfrute “prisión domiciliaria”, algo que podría suceder en los próximos meses, porque la maestra sufre de hipertensión, hepatitis tipo C, hernias en la columna, una fractura degenerativa en el tobillo, aneurismas y requiere una intervención quirúrgica.
Después de todas las “casualidades” que van allanando el camino para la libertad de la maestra, ¿alguien tiene alguna duda de que este proceso es más que una farsa del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ (OPINIÓN/ANÁLISIS).
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/06-04-2015/33428.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicitaron la “urgente” intervención del gobierno mexicano ante las amenazas de muerte que ha recibido el sacerdote de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, y los miembros de su consejo parroquial, presuntamente por parte de caciques priistas que gobiernan en esa localidad indígena tzotzil.
A través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, ambos organismos –con incidencia en la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– enviaron una solicitud al gobierno de Enrique Peña Nieto para que garantice la integridad y seguridad del párroco y sus colaboradores.
Además subrayaron que de manera constante el Consejo Parroquial realiza actividades de denuncia contra la violencia, el tráfico de armas y drogas, la corrupción a todos los niveles, las deficiencias del estado de derecho y la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el municipio de Simojovel.
Destacaron que el pasado 25 de febrero la Asamblea General de los Creyentes Católicos, compuesta en su mayoría por indígenas tzeltales y tzotziles, creó un Comité de Derechos Humanos para denunciar y visibilizar las múltiples y constantes violaciones perpetradas en la región, incluidos dos secuestros.
Según la información recibida por la OMCT y la FIDH, Marcelo Pérez ha sido objeto de amenazas constantes. El último incidente tuvo lugar el pasado 17 de marzo, cuando diversas autoridades locales organizaron una concentración frente a la parroquial para intimidar al cura por las actividades de denuncia pública que ha realizado junto con otros defensores.
A causa de las amenazas y riesgos para la vida, seguridad e integridad personal de Pérez Pérez y otros integrantes del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simojovel, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó el pasado 7 de diciembre una solicitud de medidas cautelares ante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el clima de amenazas contra el sacerdote y otros defensores de derechos humanos en la comunidad de Simojovel, y pidió que de manera inmediata se tomen las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.
De igual manera, solicitó “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas y los actos de intimidación, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley”.
Y exigió poner fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra del párroco Pérez Pérez y en general contra todos los defensores de derechos humanos en México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: En los primeros dos meses de este año, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 27 mil 180 centroamericanos indocumentados, entre ellos 4 mil 129 menores de edad, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Luego de capturarlos, el INM deportó en los meses de referencia a 25 mil 69 migrantes –un promedio de 424 por día–, de los que 3 mil 289 eran menores de edad para un promedio de 55 diariamente.
Las cifras anteriores ilustran el fenómeno que denuncian los activistas y defensores de derechos humanos diseminados en distintos puntos de la ruta: que desde la implementación del Programa Frontera Sur, en verano pasado, las autoridades mexicanas redoblan los esfuerzos para detener y luego deportar a los centroamericanos durante su tránsito por México.
Durante el mismo periodo del año pasado, el INM detuvo a 13 mil 821 centroamericanos –entre ellos 2 mil 148 menores de edad– y deportó a 12 mil 930 a sus países de origen –mil 605 menores de edad–, lo que representa la mitad de las deportaciones reportadas sólo en enero y febrero anteriores.
De las estadísticas que publicó el INM se puede deducir que el ritmo de deportaciones creció en los primeros dos meses del año: durante los 28 días de febrero las autoridades migratorias deportaron a 12 mil 938 centroamericanos, lo que representó una cifra superior en 807 al número de deportados durante el mes de enero, que contó con 31 días.
Noviembre pasado resultó el mes en el que las autoridades deportaron el mayor número de migrantes de todo el año: 11 mil 385. Aun así, esta cifra fue muy inferior al número de deportaciones del mes más corto de este 2015.
En enero y febrero pasados, 12 mil 146 migrantes deportados eran originarios de Guatemala, una cifra mucho mayor a los 8 mil 333 hondureños deportados, o a los 4 mil 335 salvadoreños y 248 nicaragüenses.
Lo anterior marca una ruptura con 2014, ya que al cierre de febrero de ese año, la población mayoritariamente representada entre los deportados provenía de Honduras.
Así, 5 mil 359 hondureños fueron deportados en enero y febrero de 2014, seguidos por 5 mil 192 guatemaltecos, 2 mil 168 salvadoreños y 102 nicaragüenses.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, señaló que su partido convoca a miles de mexicanos que van a recordar “lo que hemos hecho bien” en Iztapalapa, y seguramente darán su voto para seguir gobernando esa delegación.
Además, criticó a candidatos de otros partidos políticos porque, aseguró, “se les queman las habas” por empezar sus campañas para jefaturas delegacionales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que iniciarán el próximo lunes 20.
Entrevistado en el marco del arranque de campaña del candidato a diputado federal del Distrito 18 en Iztapalapa, Arturo Santana, Navarrete también se refirió de manera velada a una nota informativa que publicó Reporte Índigo sobre la presencia de Clara Brugada, candidata a jefa delegacional en esa demarcación, y Alfredo Moreno, aspirante a asambleísta, en la conferencia colectiva del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, en esta capital
El dirigente perredista aseguró que su partido está muy bien posicionado y eso pone nerviosos a sus adversarios.
“No hay tal guerra (de acusaciones). Hay algunos que andan muy nerviosos porque sienten que cuando el PRD se pone de pie se nota, y tienen razón en andar nerviosos. Esto no es un partido de un solo hombre ni de una sola mujer, este es el partido de miles de mexicanos y de capitalinos, y cuando el PRD se pone de pie convoca a lo mejor que tiene, que son sus afiliados. Aquí están madres, abuelas, jóvenes, muchachitas, muchachos, haciendo campaña. Cuando el PRD empieza a caminar se nota, porque el PRD ha tenido mayoría clara en el Distrito Federal”, indicó.
Señaló que tanto Morena como el PRD quieren llegar al gobierno en la capital del país, “pero en Iztapalapa yo creo que la gente va a recordar lo que hemos hecho bien y va a recordar lo que el PRD ha hecho como gobierno”.
Navarrete minimizó las renuncias de militantes del PRD, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas, al asegurar que “algunos se han ido, bien idos, pero muchos se han quedado y son los que van a hacer que el PRD gane en Iztapalapa”.
A pregunta expresa sobre qué le diría a López Obrador o a sus candidatos, y si espera una campaña limpia por parte de ellos, Navarrete respondió: “No lo sé, les digo una cosa: a ellos que les vaya bien y a nosotros mejor y nos va a ir mejor, tengan la seguridad”.
Raúl Flores, presidente del PRD capitalino, señaló que el reto del partido es conservar Iztapalapa y ganar la mayoría en la Ciudad de México para refrendar el proyecto de izquierda que le ha cambiado el rostro a la capital del país.
“No vamos a traicionar esos principios, no necesitamos engañifas ni de burlas para triunfar”, subrayó.
En su oportunidad, Arturo Santana aseguró que el PRD está más unido que nunca y que en Iztapalapa van a salir a ganar como históricamente lo han hecho desde 1997.
“Esta será una contienda difícil, diferente, pero también sabemos que la mayoría de la gente de Iztapalapa reconoce el cambio de rostro que el PRD ha generado en todas las colonias de la delegación, por eso la gente de Iztapalapa está con el PRD”, indicó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La escalada de la violencia en este Iguala, Guerrero, por la presunta disputa de la plaza entre grupos antagónicos del crimen organizado, a pesar de la fuerte presencia policiaca de fuerzas federales, estatales y militares, dejó en el primer trimestre de 2015 al menos 44 ejecuciones, cinco de ellas de mujeres, así como tres hombres “levantados” y 13 heridos por arma de fuego.
En enero se registraron siete ejecuciones y cinco heridos en ataques a balazos, principalmente cerca del mercado municipal Adrián Castrejón.
El 10 de enero, el cuerpo de un hombre asesinado fue hallado junto al panteón privado Cristo Rey, y el 20 de enero hombres armados ejecutaron de tres disparos a Juan Díaz Terán de 23 años, un empleado del negocio de servicios a domicilio San Juditas, del mercado municipal. Un día antes, al parecer los mismos pistoleros habían atacado a dos hombres, y en el fuego cruzado hirieron a cuatro transeúntes.
El 27 de enero, el taxista Carlos Alberto Carreto Salazar de 45 años fue ejecutado de tres balazos en la colonia Adrián Castrejón; un día después, Víctor David Gómez Niño de 21 años, vecino de la colonia Lomas Campestre, al norte de la ciudad, fue ejecutado de varios disparos en un ataque presuntamente relacionado con los anteriores al negocio de mandados San Juditas.
Finalmente, el 30 de enero pistoleros intentaron levantar a Jacob Munibe de 28 años, quien era hijo del líder regional de la CTM, Jesús Munibe Juárez, actual delegado de transportes en la zona Norte, pero al intentar huir de los delincuentes fue ejecutado de varios balazos. Y el día 31 de ese mismo mes, un profesor de primaria de la colonia Loma del Zapatero fue ultimado de varios balazos en su casa, frente a su familia.
Sin embargo, la ola de violencia en esta cabecera municipal que ha evidenciado la falta de coordinación entre las corporaciones estatales, federales y militares, tuvo un repunte en febrero, a cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre. Durante el segundo mes del año se registraron 17 ejecuciones, tres de ellas mujeres, cinco hombres heridos, un levantado y un soldado muerto en un accidente durante una acción.
Pero la violencia se agudizó en marzo, cuando al saldo fue de 18 ejecuciones, entre ellas la de dos mujeres. También se reportó que tres hombres fueron heridos por arma de fuego y dos más fueron “levantados” por presuntos miembros de la delincuencia. En ese mes también se registró la muerte de un policía federal en el estacionamiento del hotel Plaza Esmeralda, donde se hospedan, que presuntamente se suicidó.
EN FEBRERO REPUNTÓ LA VIOLENCIA
El 11 de febrero, el cuerpo degollado de Rutilio Sotelo Cano de 45 años fue hallado dentro de una casa abandonada en el barrio de San Gerardo, y un día después, en una cancha de futbol rápido, José Ramón Bernabé Armenta de 26 años fue ejecutado de cuatro balazos por la espalda en este mismo barrio.
Al día siguiente, el 13 de febrero, durante el sepelio de Bernabé Armenta, afuera del panteón Cristo Rey, fue ejecutada de varios balazos Norma Angélica Bruno Román de 25 años, quien participaba en la búsqueda de fosas clandestinas con el comité de familiares de las otras víctimas de desaparición en Iguala, en busca de su prima Ivett Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013.
El 23 de febrero el médico Carlos Erick Adán Almazán, empleado del Centro de Salud Agustín Batalla de esta ciudad fue ejecutado de varios balazos en la colonia 23 de marzo; un día después, hombres armados atacaron a balazos a la empleada del bar El Vampiro, Patricia Díaz Hernández de 27 años; trascendió que el bar es propiedad de la coordinadora del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, Yolanda Ávila Vargas.
De forma simultánea y en lugares diferentes, la mañana del 25 de febrero el comisariado del ejido de Iguala Emilio Rabadán Román y el ex comisariado y ex regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Román Chávez fueron ejecutados al salir de sus respectivos domicilios en el centro de esta ciudad.
La noche del mismo 25 de febrero, en el contexto de la Feria de la Bandera, también fue atacado a balazos el auto-lavado Los Peques, donde murió el ex funcionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Acosta Beltrán, y resultó herido José Cantú Rivera de 18 años.
Se adjudicó el ataque el cartel Sierra Unida Revolucionaria a través de un mensaje en una cartulina, con la que lanzó una advertencia al grupo Guerreros Unidos asentado en esta ciudad, “Bamos por todos los Guerreros Unidos. Att: Sierra Unida Revolucionaria [SIC]”.
La escalada de la violencia creció para el 26 de febrero, cuando por la noche hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon a cinco jóvenes afuera de una casa de la colonia Ricardo Flores Magón, ataque en el que murieron dos y tres resultaron heridos, pero uno más murió un día después en el hospital.
En este ataque también fue dejado un narco-mensaje dirigido al gobierno: “Esto va para todos los Guerreros Unidos y a todos los que los apoyen, si ustedes no pudieron puto gobierno de mierda, nosotros sí. Att. La meritita verga S.U”.
Una hora después de este ataque, al parecer los mismos pistoleros dispararon con rifles de asalto a una mujer y a su hijo en la colonia San José, matando en el lugar a María Isidra Rosales Ugarte de 41 años, que estaba embarazada, y a Alberto Peralta Rosales de 21.
La jornada de violencia del 27 de febrero dejó un saldo de seis ejecutados, entre ellos un policía municipal, un soldado muerto al caerse durante un operativo y un herido con un disparo en la frente.
La madrugada de ese día, en un domicilio de la calle Rueda, en el centro de Iguala, pistoleros atacaron a dos jóvenes que murieron en el lugar, Argenis Hernández de 22 años y un menor de 15 años.
Más tarde, a las 7 de la mañana se reportó el hallazgo de tres cuerpos ejecutadas en el cauce del río San Juan, a unos 50 metros al norte del puente Zaragoza, Jorge Gaspar Vázquez de 29 años y Abraham Toribio Álvarez de 25 años, ambos albañiles.
Los tres tenían las manos atadas por la espalda, cubiertos de los ojos con cinta canela y con el tiro de gracia, sin embargo, uno de ellos con un balazo en la frente y una perforación que le fracturó el cráneo, fue hallado aún vivo y consiente, quien se identificó con las autoridades policiacas como José Salgado Urióstegui de 40 años.
A la 1:30 de la tarde de ese día, un pistolero ejecutó a quemarropa al policía municipal Juan Varela cuando éste, vestido de civil, caminaba por la calle Mariano Herrera acompañado de su hermano.
Al finalizar febrero, el día 28, hombres armados levantaron a un vecino de la colonia El Capire, al poniente de la ciudad, de quien no se sabe nada.
UNA FAMILIA FUE EJECUTADA
En el tercer mes de año, la escalada de la violencia se incrementó aún más a pasar de la fuerte presencia de la Policía Federal y su división de Gendarmería con vehículos todo terreno y caballería.
El 3 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en el centro de la ciudad en dos hechos diferentes. En la madrugada, el taxista Ismael Benítez Baiz de 22 años fue ejecutado en la calle Juan Álvarez, y junto a su cuerpo dejaron un mensaje en una cartulina. Y a las 7 de la mañana, en la colonia Educación, fueron ejecutados cuatro miembros de una familia en su casa, dos de ellos maestros jubilados, Marco Robles Rojas de 67 años y Asminda Ávila Sánchez de 64, Marcos Robles Lenin de 39 años y Carlos Iván Robles Ávila de 20 años, que fue degollado.
El 5 de marzo, en una narco manta colgada en una barda del Instituto Tecnológico de Iguala (ITI), el grupo delincuencial Sierra Unida se deslindó de las ejecuciones de los últimos días y señaló a su grupo rival, Guerreros Unidos, como responsables de los asesinatos.
La mañana del 6 de marzo, el policía federal Roberto Ixtlahuaca Barrientos fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el estacionamiento del hotel Plaza las Fuentes del centro de Iguala, donde se hospedan los agentes federales que tomaron el control de la seguridad en el municipio desde octubre, luego del caso Ayotzinapa, según la versión oficial, se suicidó al estar ingiriendo bebidas alcohólicas.
El 10 de marzo fue hallado el cuerpo de un hombre ejecutado en la colonia Getsemaní, quien había sido secuestrado; y el 14 de ese mes, el chofer de microbús de la ruta Iguala-Taxco, Jesús Alvira Romero de 39 años fue ejecutado frente a su esposa y 20 pasajeros, de un disparo en la cabeza por un asaltante.
El 13 de marzo, hombres armados atacaron un taller de motocicletas en la calle Zaragoza del centro de Igual, donde hirieron a Faustino Salgado Solano de 36 años, quien murió después en el hospital y levantaron al dueño del establecimiento.
Entre el 16 y el 19 de febrero, en diferentes balaceras y hechos de violencia, al menos tres personas murieron, uno en la colonia La Raza; un taxista de nombre Daniel Ramírez Villazana de 39 años fue ejecutado de 14 balazos en la colonia PPG, y Luis Alberto Mendoza de 19 años fue atacado en la colonia Infonavit.
El 20 de marzo, al menos dos heridos de bala y dos levantados fue el saldo de una balacera a las 8 de la mañana en el estacionamiento del mercado municipal Adrián Castrejón; y el 22 de marzo hombres, armados ejecutaron de dos balazos en la cara a Fernando Mazón Bahena de 55 años, propietario del deshuesadero Las Chalupas.
Un día después, el 23 de marzo, la joven Lizbeth Castro Ortega de 18 años fue atacada a balazos a bordo de una combi de la ruta Coapinola, cuando estaba acompañada de su hija, y herida de tres balazos fue trasladada a un hospital; y un día después, en la colonia Patria Nueva, Salvador Herrera Miranda de 18 años fue asesinado de cuatro balazos.
La mañana del 28 de marzo, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos, con huellas de tortura, las manos atadas, los ojos cubiertos y las orejas mutiladas, fue hallado en un camino de terrecería en la colonia Candelaria al sur de la ciudad. Éste había sido secuestrado un par de días antes, sus plagiarios pedían un millón 500 mil pesos de rescate, y a pesar de que la familia pagó 300 mil, fue asesinado.
Y el 31 de marzo, Enrique Alonso Aguirre de 33 años, trabajador de la mina GoldCorp de Carrizalillo, fue ejecutado de al menos cuatro balazos en el pecho en la colonia Loma del Zapatero.
Fuentes extraoficiales informaron que Alonso Aguirre era familiar de Juan Carlos Peña Celso, Mauro Galicia Peña y José Elí Merino González, los tres mineros de Carrizalillo que fueron levantados el 6 de marzo por un grupo armado y hallados en una fosa de la comunidad de Mazapa siete días después.
FUENTE: SIN EMBARGO/ EL SUR.
AUTOR: ALEJANDRO GUERRERO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304285.
La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.
“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.
La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro. El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.
El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.
Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy suspendido”.
David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.
Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.
La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.
UNA LEY POLÉMICA
Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).
“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.
El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.
Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.
KORENFELD Y ANEAS
David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.
La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.
Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.
“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.
FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.
Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.
Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.
Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.
“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.
La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.
“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.
LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS
La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.
El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.
Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.
“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.
“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.
Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.
Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.
El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.
Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.
Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687.
SALTILLO, Coah: La tarde del pasado 21 de enero, Lorenzo Alexander, de 16 años de edad, salió del colegio CC Winn de la vecina ciudad de Eagle Pass, con destino a su domicilio en Piedras Negras.
Alrededor de las siete de la noche de ese mismo día, el joven subió a su auto, un Versa blanco modelo 2014, y se dirigió a un negocio de tacos denominado La Ranita, ubicado a cinco minutos de su domicilio.
Unos 45 minutos después, su padre, el empresario Lorenzo Manera, intentó sin éxito hacer contacto vía telefónica con su hijo para pedirle que comprara comida para él. Nunca le contestó.
De lo que sucedió después hay dos versiones –la oficial y la extraoficial—que chocan entre sí.
La primera presenta al adolescente como narcotraficante y la segunda incrimina a policías del Grupo de Armas y Tácticas Estratégicas (Gates) en el crimen. Esta agrupación ha acumulado en los últimos meses más de 100 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura, tráfico de drogas e incluso ejecuciones extrajudiciales en Monclova, Piedras Negras y Saltillo.
La segunda versión es la más sólida hasta ahora:
Según testigos, efectivos del Gates que se desplazaban en un auto particular, un Alero gris, protegidos por miembros de la Marina Armada de México, secuestraron al joven afuera de la taquería y lo subieron a la unidad, mientras otro policía se llevaba el Versa.
De acuerdo con la indagatoria extraoficial, en el GPS del celular del estudiante de preparatoria se descubrió que éste fue llevado por distintas calles del centro de Piedras Negras y luego sus captores se detuvieron en un punto cercano al Río Bravo, de donde se desplazaron hasta el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), donde al parecer el adolescente intentó escapar arrojándose del auto para luego correr.
En ese momento los integrantes del Gates le dispararon por la espalda y cayó herido en medio de la calle, según testigos que se encontraban afuera de la escuela, quienes de inmediato llamaron a la policía municipal y a los cuerpos de socorro. Casi enseguida el lugar fue acordonado por marinos, quienes impidieron que los agentes municipales llegaran hasta donde se encontraba el joven herido.
Minutos después regresaron los autores del secuestro y se llevaron a muchacho. En tanto, el vehículo Versa fue abandonado muy cerca del CBTIS.
Dos días después el cadáver de Alexander fue localizado con varios disparos, uno de ellos en el corazón. Los doctores que realizaron la autopsia descubrieron que el joven fue torturado antes de morir.
Después del asesinato, el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, declaró que tenía pruebas de que el adolescente no era “una persona común de la sociedad”, y aseguró que contaba con evidencias de que la ejecución estaba relacionada con la delincuencia organizada. Y el gobierno estatal de plano dijo que Alexander era un delincuente.
Semanas antes del crimen de su hijo, Lorenzo Manera, dueño de una empresa de maquinaria para el campo, fue víctima de un intento de extorsión el 18 de diciembre de 2014. Le exigían que pagara un millón de pesos o de lo contrario su familia sufriría las consecuencias.
El empresario denunció el hecho ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y especificó que anteriormente había sufrido un robo en su domicilio. Según testigos, durante el asalto varios efectivos del Gates vigilaron la zona en esa ocasión.
En los últimos días de marzo pasado, Lorenzo Manera viajó a la ciudad de México para interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el crimen de su hijo, en la que precisa que diversas autoridades estatales y municipales protegen a los GATES, e incluso le negaron expedientes oficiales donde se muestra que se falsearon evidencias y declaraciones sobre el crimen de Lorenzo Alexander.
Hasta ahora las autoridades estatales se han negado a investigar a los policías y marinos involucrados en el asesinato.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
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