Lo que ya se conoce como el caso de las “Juanitas de Querétaro”, no se limita sólo al PRI, sino también a otros partidos políticos. No obstante, hasta el momento son las priistas quienes abiertamente han denunciado el atropello de sus derechos.
Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede de Monterrey, Nuevo León, ordenó que los partidos políticos postulen a nueve candidatas a presidente municipal y no sólo a candidatos, como lo habían hecho algunos partidos.
Ese ordenamiento, de acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, debe ser acatado a más tardar este martes 14 de abril. Tanto el PRI como el PAN postularon sólo a varones en las candidaturas a 18 presidencias municipales.
Albertina Álvarez Sánchez, del municipio de San Joaquín, expuso en entrevista con Apro que ella fue la única mujer que contendió contra tres varones en su municipio, por lo que considera justo y simplemente lógico, que ella deba sustituir al candidato que previamente había sido elegido en el PRI.
Sin embargo, relató que el dirigente del partido en Querétaro, Mauricio Ortiz Proal –hijo del político Fernando Ortiz Arana–, le contestó que no será el partido político el que tome la decisión, sino el candidato en cada uno de los municipios donde se atenderá la resolución del tribunal.
“También tenemos la capacidad y tenemos cómo hacerlo, es absurdo que te digan que no nos pueden poner a nosotras que levantamos la mano, porque ponemos en riesgo la elección, la ponen en riesgo ellos al decirnos que quien decide es el candidato de San Joaquín”, afirmó Álvarez Sánchez.
Con 18 años en el PRI y consejera municipal y estatal en su partido, además de encabezar carteras que impulsan el trabajo de la mujer, la aspirante sostuvo que la dirigencia ya sabía que no debía registrar a 18 candidatos varones, por lo que tampoco consideró válido que ahora les digan que ellos ya gastaron y por eso deben de decidir quién es la sustituta.
“Yo formo parte también del grupo de abogados para la defensa del voto ahorita para las próximas elecciones, sé y me consta, que algunos de los abogados le dijeron al presidente de partido que esta situación se iba a dar, que recomendaban que no se registraran a los nueve, que se pudieran bajar porque esta situación venía. Ellos tenían conocimiento previo de que esta sentencia se iba a dar. Ahora nos dicen que por los gastos, pero ellos ya lo sabían”, afirmó.
Ante la simulación en materia de paridad de género en el PRI, Albertina Álvarez dijo que el esfuerzo que dará no es por un espacio para ella, sino por una lucha de derechos que han emprendido las mujeres de Querétaro, muchas de las cuales le han exigido en su municipio, San Joaquín, llegar hasta el final.
“Nos vamos a ir a un juicio para defender nuestros derechos. Lo que vamos a pedir ahí, lo principal, es la parte de la probada militancia, que la persona que pongan no tienen para probar ese trabajo previo, en mi caso específico me iré a la impugnación”, afirmó a esta agencia Álvarez Sánchez.
La decisión de ella y otras priistas se derivó de que el presidente del PRI “se ha lavado las manos” y el candidato a gobernador, Roberto Loyola Vera –a quien señalan de tener una incidencia importante en el asunto–, ahora sólo ve sus mensajes pero ya no les contesta.
Violan sus derechos, acusan
Griselda Pineda Feregrino, del municipio de Ezequiel Montes, expuso que ella había sido institucional y no había cuestionado las decisiones del PRI. Sin embargo, en este caso rechazó que se impulse como candidata a la esposa del que era candidato a presidente municipal.
“Me estoy sintiendo violentada en ese derecho que tengo, en ese derecho que se me debe de dar por ser una mujer militante con pruebas suficientes para que se diga que soy una mujer preparada, tengo dos carreras y me he estado preparado precisamente para cuando tuviera una oportunidad, no nada más cruzada de brazos, sino con experiencia para poder servir”, argumentó.
Con 27 años de militancia en el PRI, expuso que en lugar de dejarle la decisión al candidato, el partido estaba obligado a emitir una convocatoria para que las mujeres participaran, como está establecido en sus estatutos a través de lo que llamó medidas emergentes.
“(Le dije) que me sentía dañada en lo que era mi derecho de participar y simplemente (él) se dedicó a observar a escuchar. Lo que dijo fue que ellos iban a tomar muy en cuenta lo que los candidatos habían sufrido en su daño moral, daño económico y sentimientos. ¿Y nosotras dónde quedamos como mujeres lastimadas a sus propios derechos? Ya quedarse callados no se vale”, afirmó.
Al igual que Albertina Álvarez, Gisela Pineda expuso que una mala decisión podría provocar una fractura en el PRI, la pérdida de la elección y que no lleguen los mejores cuadros a gobernador. Como ejemplo, señaló al actual presidente municipal de su partido en Ezequiel Montes, Jorge Luis Vega Ocampo. “Lo hemos sufrido todo el municipio”, afirmó.
Otra mujer agraviada es Guadalupe Alvarado González, del municipio de Peñamiller, quien participó en la terna de opciones en la elección interna del PRI donde, dijo, les impusieron un cuarto aspirante.
“Nuestro presidente dijo que era el más conveniente porque hacía la unidad, yo no sé para quién era la unidad”, acusó.
Tras la resolución del Tribunal Electoral, Alvarado pensó que su nombre podría ser considerado porque así lo acordó con el dirigente del PRI.
“Un acuerdo que había con el partido, con el presidente, era que yo estuviese dentro de la planilla, que fuera como regidor síndico, y al final que sólo se hiciera el cambio, porque ellos siempre supieron que yo tuve la mano levantada”.
Sin embargo, la semana pasada, Ortiz Proal le dio la noticia que el candidato sería el que tomaría la decisión.
“Rompieron el acuerdo, nuevamente la vulnerabilidad como mujeres y es donde estamos pugnando porque se respete a los cuadros, la militancia y no nos dejen desprotegidas”, agregó.
Guadalupe Alvarado expuso que el candidato en Peñamiller decidió poner a su esposa.
“Hay mucha culpabilidad de todo lo que está pasando, de nuestros dirigentes, por supuesto, que no levantan la voz. Siguen agachados convenientemente a su favor, estamos desprotegidas”, acusó.
Igual que sus compañeras, Guadalupe Alvarado dijo que impugnará la decisión del PRI para poner a las esposas de los candidatos e ignorar a las mujeres con trayectoria y trabajo en ese partido político.
Josefina Meza Espinosa, representante del Frente Político Estatal de Mujeres –donde se aglutinan militantes de diferentes partidos políticos–, y quien fue una de las que impugnó el acuerdo de paridad del órgano electoral que derivó en las sustituciones, dijo que se solidariza con aquellas que luchan por sus derechos.
En el caso del PRI, dijo que hay problemas en al menos cinco municipios –San Joaquín, Peñamiller, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y Colón– porque se ha impulsado a las esposas de los candidatos para cumplir con la paridad de género.
En clara alusión al candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Loyola Vera, quien presume ser un político con una “nueva actitud”, Meza Espinosa consideró que quienes sí tienen una nueva actitud son las mujeres del PRI que luchan por sus derechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
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