Altos funcionarios se cubren por la violencia: el Estado les da millonaria póliza de riesgo

El Presidente, secretarios de Estado, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte, consejeros electorales y otros altos funcionarios gozan de sueldos superiores a los de la monarquía española, sumado a bonos, apoyos complementarios, compensaciones, seguro de vida, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulos, recompensas, aguinaldo y en algunos casos hasta el pago de horas extraordinarias, según estipulan los manuales de percepciones de cada área. Pero, además, tienen una prestación llamada “seguro de riesgo” que no tienen, incluso, algunos de los más altos ejecutivos del país.

MetLife, Plan Seguro, S.A. de C.V., Prevem Seguros, S.A. de C.V., AXXA Seguros, Zurich, Seguros Atlas, INTER GLOBALI, entre otras, son las empresas que el gobierno Federal ha contratado para obtener sus servicios en México y el extranjero. De acuerdo con fichas del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Muchas de estas empresas ofrecen paquetes que integran el seguro de daños de trabajo y el seguro de vida en un producto especializado, llamado seguro de hombre clave. Esta póliza está dirigida a grandes empresarios, pero en México integrantes de la élite política lo contratan.

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SPF) “el pago extraordinario por riesgo no es discrecional. Se sujeta a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) respectivo, desde el año 2000. Este pago se autoriza año con año, de acuerdo con los criterios que establece la Cámara de Diputados en el propio presupuesto y a los lineamientos que emite la Secretaría de la Función Pública”.

En el propio presupuesto para este 2015 se estipula que la SFP se encargará de de evaluar la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago a quienes lo demanden.

Este beneficio es otorgado en función del tipo de actividad que desempeñe el funcionario, la información que maneja y los factores personales. En el caso de servidores de las fuerzas de Estado se contempla hasta 30 por ciento del sueldo base.

Los beneficiarios se contemplan en tres sectores, el primero comprende 11 dependencias: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Republica (PGR), Policía Federal (PF), La Secretaría de Gobernación (Segob), La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), El Instituto Nacional de Migración (INM), La Secretaría de la Función Pública (SPF), La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)

En el segundo grupo se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Y en el tercer grupo están las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Para evaluar el riesgo que según la administración pública enfrentan algunos burócratas, la Función Pública aplica una fórmula en la que define “factor de riesgo es igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100”. Para este cálculo se incluyen las funciones, responsabilidades de los asegurados, su nivel jerárquico, la confidencialidad de la información que maneja, los riesgos que enfrenta en la dependencia donde labora, así como la ubicación de su residencia y de su oficina.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se especifica que la remuneración anual de algunos funcionarios públicos, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, se integra por un sueldo base mensual de 489 mil 192 pesos, al que se suman prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, ayuda para despensa, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, a esto se suma el pago extraordinario por riesgo, regulado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Luis María Aguilar Morales Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es de más de 6 millones de pesos, integrada por sueldos y salarios, prestaciones y el pago por riesgo.

En 2012, los ingresos del entonces Rey Juan Carlos de España fueron por el equivalente de 441 mil 949 pesos al mes. mientras que los del entonces Príncipe Felipe eran de 220 mil 974 pesos mensuales; la entonces Reina Sofía tenía un sueldo mensual de 141 mil 528 pesos al mes. Sueldos menores a los de algunos servidores públicos mexicanos.

Los senadores y diputados tienen ingresos anuales por un millón 930 mil 516 pesos y un millón 929 mil 999 pesos, respectivamente. A ambas figuras también se les contemplan prestaciones por un total de 665 mil 463 pesos, cifra en la que están incluidas sus aportaciones a la seguridad social: 48 mil 800 pesos, el ahorro solidario de 15 mil 746 pesos, aguinaldo de 140 mil 504 pesos, ayuda para despensa de 33 mil 360 pesos, seguro de vida institucional por la cantidad de 48 mil 674 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 93 mil 577 pesos, seguro de separación individualizado de 151 mil 740 pesos y “otras prestaciones” como aguinaldo y fondo de ahorro que equivale a 133 mil 062 pesos.

LOS BENEFICIOS DE LA BUROCRACIA Y EL DESEMPLEO

En contraste, informes del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como cifras oficiales, han detallado que del total de desempleados en el país, el 50 por ciento son jóvenes. Las nuevas generaciones que ingresas al campo laborar lo hacen sin prestaciones, debido a que trabajan en empresas establecidas pero sin un contrato o pertenecen a la informalidad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que en México dos de cada tres jóvenes no tienen prestaciones o acceso a la seguridad social.

En febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que la juventud mexicana no cuenta con oportunidades laborales dignas que le ayuden a mejorar su calidad de vida y a contribuir en el desarrollo del país, debido a que no cuentan con prestaciones.

El estudio realizado por la SEP detalló que uno de cada cuatro egresados de las universidades obtiene un trabajo en el que ni siquiera tiene la garantía de firmar un contrato o carece de prestaciones como aguinaldo o seguridad social. Es decir, ni siquiera este sector que ingresa a la Iniciativa Privada establecida cuenta con estos beneficios.

El reporte “Panorama de la Educación 2014″ realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado en 2014 indica que en México, contar con mayores niveles educativos no es garantía de conseguir empleo, pues tan sólo el 64 por ciento de las personas que cuentan con educación media superior está empleado. El estudio explica que el mercado laboral en el país favorece a trabajadores con “bajas capacidades”.


Y no sólo los jóvenes padecen esta situación, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que con el aumento al salario mínimo en 2015 de 4.2 por ciento –que se traduce en 2.81 pesos–, los 6.7 millones de mexicanos que perciben esa cantidad de salario no pueden completar los productos de la canasta básica, que a noviembre de 2014 tenía un costo de mil 743 pesos con 91 centavos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-04-2015/1299182.

Cientos de vehículos militares cruzan la frontera EU-México

El domingo 12 de abril fue vista una larga fila de vagones sobre la plataforma ferroviaria que cruza por el Puente Negro, en la fontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un cargamento abarrotado por cientos de vehículos militares nuevos que cruzaron de Estados Unidos hacia México. De acuerdo con datos de la Agencia de Cooperación en Defensa de Seguridad del Pentágono, México es el principal cliente de Estados Unidos en la compra de vehículos militares y aeronaves en América Latina.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Una pregunda desde este blog:

¿Para que se necesitan todos estos vehículos? ¿En contra quien los van a usar? ¿sera en contra del pueblo que se manifiesta, el pueblo en general o en contra de los criminales?

Y por ultimo: ¿Cuanto nos costaron a todos nosotros?

Posiblemente estas preguntas se contesten solas pero es puntual hacerlas para la reflexión

En defensa de nuestros derechos

MÉXICO, D.F: Aquí va una petición para quienes lean este texto, para quienes quieran participar, para quienes deseen ser ciudadanos de cuerpo entero, para quienes todavía creen que es posible cambiar al país. Vayan a la página de Change.org y busquen el manual para presentar una demanda individual contra la decisión de haber quitado a Carmen Aristegui del aire. O vayan al sitio EnDefensaDeAristegui.wordpress.com.

Llenen el formulario para sumarse a un amparo individual para proteger sus derechos como audiencia. Y el motivo para hacerlo es porque todos los días Carmen Aristegui defendía derechos que muchos mexicanos ni siquiera saben que tienen, ni entienden que ella trabajaba para protegerlos. En su programa hubo investigaciones imprescindibles, podredumbre evidenciada, corrupción aireada, año tras año de periodismo profesional.

Pero habrá que llenar el formato también porque entraña la defensa de nuestros derechos. El derecho a la libertad de expresión. El derecho a que los ciudadanos sean un contrapeso al poder que en México se comporta –cada vez más– de forma impune. El derecho a descubrir la verdad, caminando sobre un terreno sembrado con mentiras.

El derecho de las audiencias a contar con un periodismo independiente, autónomo, crítico. El derecho a recuperar ese reducto de libertad que representaba la Primera Emisión de MVS Noticias.

La defensa de la libertad en un país donde es un bien asediado no es una labor sencilla; al contrario. La saga –ahora conocida– que Carmen Aristegui vivió con MVS desde el reportaje de la Casa Blanca lo constata. Entraña defender el derecho de evidenciar incluso aquello que es tachado como “desestabilizador” o incómodo para el gobierno. Y por eso habrá que organizarnos para pelear por Carmen Aristegui y la recuperación de sus espacios. Porque son los nuestros como audiencia. Porque a nosotros, como beneficiarios de su trabajo nos corresponde construir una defensa robusta de la libertad de expresión, del pluralismo, de la necesidad de ser irreverentes y retadores. Nos corresponde apuntalar la práctica diaria de la libertad. Ponernos de pie, protestar, y como pido hoy: sumarnos de manera individual a un amparo para proteger nuestros derechos como audiencia.

Hoy toca, como hubiera dicho Germán Dehesa, reclamar que de forma unilateral y obligatoria MVS decidió eliminar de su plataforma el programa radiofónico “Noticias MVS Primera Emisión con Carmen Aristegui”. Violó con ello nuestro derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural del país. Hoy toca reclamar que eso vulnera nuestros derechos humanos contemplados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Hoy toca reclamar que no obstante la franca violación a nuestros derechos como audiencia en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido omiso en actuar conforme al imperativo legal que tiene para vigilar y sancionar en materia de defensa de las audiencias.

Hoy toca decir que tenemos un “interés legítimo” protegido por la Ley de Amparo. Decir que MVS Radio –al tratarse de un medio de radiodifusión que es un servicio público de interés general conforme al artículo 2º de la Ley Federal de Telecomunicaciones– difundía temas de interés público que otros medios de comunicación no difundían. Por ello teníamos acceso a información que no se obtenía ni se obtiene en otro lugar. Información como que el padre Maciel era un pederasta. O que Emilio Gamboa negociaba legislación en el Senado con un protector de pederastas. O que Mario Marín celebró darle un “coscorrón” a Lydia Cacho con botellas de cognac. O que Cuaúhtemóc Gutiérrez de la Torre estaba al frente de una red de prostitución financiada por el erario. O que la primera dama “compró” una casa a nombre de un contratista, beneficiario de multimillonarias licitaciones públicas. O que la Casa Blanca, que Angélica Rivera prometió vender, ni siquiera ha sido desocupada. Si alguien todavía cree que los cercos a la libertad de expresión están creciendo, que escuche la radio desde la salida de Carmen Aristegui. Parafraseando a Orwell, el papel del periodismo es ofender al poder. Todo lo demás son relaciones públicas.

Lo que está en juego entonces en este juicio de amparo –al cual los invito a que se sumen– es la vulneración a nuestros derechos humanos y a nuestros derechos como audiencia. La Constitución lo dice: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. De la misma manera la Ley Federal de Telecomunicaciones establece los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Mecanismos que las autoridades correspondientes cómodamente han ignorado desde el despido intempestivo de Carmen.

Hoy toca argumentar que es inaceptable en una democracia que un concesionario –con el pretexto de ser el titular de la concesión que el Estado le otorgó a cambio de una contraprestación– condicione, censure y controle los contenidos que las audiencias reciben. De allí que quienes hemos sido colaboradores de Carmen desde hace años, solicitamos que los ciudadanos conscientes de sus derechos y dispuestos a pelear por ellos, se unan individualmente a este amparo. Para que se nos conceda la suspensión provisional, y en su momento, la suspensión definitiva. Para el efecto de que se restablezca la trasmisión del programa radiofónico “Noticias MVS Primera Emisión con Carmen Aristegui”, en las mismas condiciones en las que se encontraba, con su mismo titular, con el mismo equipo de periodistas, investigadores y reporteros. Más libres que nunca.

Hoy toca reclamar que el verdadero “Mover a México” entraña el desmantelamiento del viejo sistema autoritario y la defensa de nuevas prácticas democráticas. Implica el fin de las viejas reglas y el principio de los nuevos códigos de conducta para los ciudadanos y los radioescuchas. Implica enterrar el viejo sistema para que no resucite. Esas tareas fracasarán si quienes escuchaban a Carmen Aristegui simplemente apagan la radio y se dan por vencidos. Fracasarán si permitimos que los responsables del sistema autoritario, cuyos resabios aún padecemos, cierren espacio por espacio, violen derecho tras derecho.

Hoy toca –a través de este amparo– formar un frente unido contra el regreso del pasado. Una coalición ciudadana para mantener los ojos bien abiertos. Para no bajar la guardia. Para enfrentar a aquellos que quieren volver a la intimidación, a la corrupción, a la censura. Para evitar que la democracia imperfecta tenga una vida corta y una muerte predecible. Para evitar el silencio que escuchamos todos los días de 6 a 10 de la mañana.


Hoy toca creer que México puede ser distinto si nos organizamos. Hemos perdido la costumbre de imaginarlo, hemos perdido las ganas de concebirlo. Nos han dicho que lo nuestro es callar, obedecer, agacharnos, aceptar que todo conflicto que vulnera a la democracia es un “tema entre particulares”. Adquirimos el horrendo del despojo permanente como hemos padecido con el fin del programa de Carmen Aristegui. Pero con fecha de hoy, México puede ser diferente. La tarea es enorme y nos incluye a todos: hoy ese México de derechos de las audiencias puede ser visible si ustedes, ciudadanos en ciernes, contribuyen a que sea así. Nosotros –los miembros del equipo de Carmen– estamos dispuestos a trabajar con más ánimo que nunca en el único lugar que conocemos, frente a las palabras, frente al micrófono y afiliados al único partido que conocemos: el de nosotros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.

Pide CDHDF a la Corte escuchar a familiares de víctimas del News Divine

MÉXICO, D.F: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a abrir un espacio para escuchar a las víctimas y los familiares de las 12 personas que murieron durante el operativo fallido de la discoteca News Divine en 2008 para garantizar su derecho de audiencia en el juicio.

Luego de que el pasado 8 de abril la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo solicitado por 11 policías que participaron en el operativo, el organismo autónomo manifestó su preocupación por la posibilidad de que se configure “un escenario de impunidad que violente el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

En un comunicado, la Comisión presidida por Perla Gómez informó que desde que se dio a conocer la resolución de los magistrados, informó a una de las organizaciones acompañantes de los familiares de las víctimas fatales que formulará un amicus curiae –recurso jurídico– para enviar a la SCJN con las consideraciones de la CDHDF, con base en la Recomendación 11/2008 y los Informes Especiales que emitió sobre el caso.

El documento, agregó, se basará en los estándares internacionales en materia de derechos humanos “para que sean considerados en el análisis de las demandas de amparo interpuestas por otros servidores públicos que aún se encuentran pendientes de ser resueltas”.

La CDHDF recordó que desde la emisión de la recomendación 11/2008, motivada en los hechos de ese 20 de junio, ha acompañado a las víctimas no fatales y los familiares de los fallecidos, además de impulsar acciones correspondientes para el cumplimiento de dicho instrumento.

Y adelantó que actualmente realiza un estudio para presentar el caso ante instancias internacionales con el propósito de “hacer efectivo el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas no fatales y los familiares de las fatales, en caso de que esto no sea posible a través de las instancias nacionales”.

Por último, la CDHDF llamó al Gobierno del Distrito Federal y las autoridades federales a “que den todas las facilidades para el ejercicio de su labor y garanticen la seguridad de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que acompañan a los familiares de las víctimas fatales”.

El pasado 10 de abril, luego de la resolución de la SCJN que exoneró a 11 policías encarcelados, padres de los jóvenes que murieron aquella tarde del 20 de junio de 2008 en la discoteca News Divine, exigieron a los ministros una explicación tras la decisión.


“Estamos indignados con la resolución de la Suprema Corte (…) le pido a la Corte que nos diga entonces quién es el responsable, queremos acceso a la verdad y a la justicia”, pidió Rubén Tapia, padre de uno de los jóvenes fallecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ofrecen recompensas por la captura de 125 delincuentes en Edomex

TOLUCA, Edomex: El gobierno estatal puso en marcha un programa de recompensas de hasta 50 mil pesos para quien otorgue información que lleve a la captura de 125 presuntos delincuentes con orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada, debido a que los probables responsables se mantienen en constante migración a otras entidades.

El gobernador Eruviel Ávila refirió que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tiene 61 órdenes de aprehensión pendientes por cumplir, debido a que estos presuntos delincuentes “van y vienen” a otros estados de la República.

“Andamos tras sus pasos, los vamos a detener, pero queremos hacerlo lo más pronto posible, porque me imagino que siguen delinquiendo en donde estén, por eso es urgente que los detengamos”, expuso.

Resultado de estas órdenes de aprehensión, detalló, existen 125 presuntos responsables.

“Proporcionaremos 50 mil pesos a las personas que nos permitan identificarlos y dar con ellos para proceder penalmente. El recurso está listo”, dijo.

En todos estos casos, indicó, los jueces estiman que cometieron el delito y los están llamando para que rindan cuentas.

Ávila Villegas informó que, gracias al programa de recompensas implementado en julio de 2014 para detener a los más buscados, han sido capturados tres presuntos delincuentes, otro fue detenido gracias a los operativos de las autoridades, y uno más resultó abatido, restando once por capturar.


Como parte de aquella campaña, las gratificaciones para detener fundamentalmente a 16 líderes del crimen organizado ascienden a entre 300 y 500 mil pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO)

Durante el gobierno de Peña Nieto, 10 sacerdotes asesinados

Los ataques han aumentado 400% durante el sexenio, informa la iglesia Católica.

Los ataques contra sacerdotes católicos en México han aumentado 400% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, informa la iglesia Católica.

Con el asesinato del padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo, ocurrido el pasado lunes 6 de abril, son ya diez los sacerdotes asesinados de forma violenta y dos se encuentran desaparecidos.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame) indicó que de acuerdo con los datos del último reporte de homicidios contra clérigos del Centro Católico Multimedial (CCM), que dirige el padre Sergio Omar Sotelo Aguilar, la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza, al registrar un aumento de 120 por ciento tan sólo en los primeros cuatro meses del tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con todo el tercer año de la administración anterior.

Muestra de esta situación, señala Siame, es el caso del Padre Gutiérrez Díaz, de 60 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del martes 7 de abril con impactos de bala en la cabeza, abandonado por sus agresores a la orilla de un camino cercano a los poblado de Ojo de Agua de Ballesteros y San Nicolás de la Condesa, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Siame advierte que en el balance general del CCM arroja que en los últimos 25 años han ocurrido 50 atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 48 sacerdotes fueron asesinados arteramente y dos se encuentran en calidad de desaparecidos.


La lista de los Agentes Pastorales que han perdido la vida de 1990 a 2015, incluye un cardenal, 36 sacerdotes, un diacono, 4 religiosos, 5 laicos y una periodista católica.

Cronologia del CCM:

2013

P. José Flores Preciado: asesinado el martes 5 de febrero. Los delincuentes arribaron al Templo Cristo Rey, en Colima, cerca de las 11 de la noche para perpetrar un asalto, pero se percataron de que el sacerdote se hallaba dormido en el lugar, por lo que fue sometido y golpeado; su muerte ocurrió en el hospital.

P. Ignacio Cortez Álvarez: asesinado el 22 de julio. La Procuraduría General de Justicia de Baja California, informó que el móvil fue robo con violencia. El padre era responsable de la parroquia María Auxiliadora en el municipio de Ensenada.

P. Hipólito Villalobos Lima (45 años) y P. Nicolás de la Cruz Martínez (31 años). Fueron encontrados muertos en la Parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 29 de noviembre. La diócesis de Tuxpan dice que la zona es controlada por cártel de Jalisco “Nueva Generación” y los Zetas.

P. Joel Román Salazar: de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero. Perdió la vida el 10 de diciembre, cuando su automóvil fue despeñado con premeditación, alevosía y ventaja.

2014

P. Rolando Martínez Lara: fue asesinado la madrugada del el 19 de febrero en el templo de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Jilotepec, Estado de México; víctima de un robo en la parroquia.

P. José Ascensión Acuña Osorio (37 años): fue levantado y secuestrado el 21 de Septiembre y su cuerpo fue encontrado dos días después en el río Balsas, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan (región de Tierra Caliente de Guerrero).

Misionero P. John Ssenyondo: de origen Ugandés, trabajaba en la Diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Guerrero. Fue levantado y secuestrado en el poblado de Nejada, Guerrero, el 30 de abril, su cuerpo fue encontrado en una fosa común, en la comunidad de Cocula, Guerrero, el 28 de Octubre.


P. Gregorio López Gorostieta: Su cuerpo fue encontrado el 25 de diciembre con un impacto de bala en la cabeza. Personas armadas lo secuestraron el 22 de diciembre en el Seminario Mayor La Asunción, ubicado a las afuera de Ciudad Altamirano, en las faldas del cerro Chuperio; al no morir de forma inmediata por el disparo, fue asfixiado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones y ex colaboradores presentan amparo contra “lineamientos” de MVS

"Seis asociaciones civiles especializadas acuden ante el poder judicial federal alegando violaciones a los derechos humanos, tanto del equipo de Aristegui como de la sociedad en general", señalan en un comunicado.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos -entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; el Centro Nacional de Comunicación Social; Comunicación e Información de la Mujer; Artículo 19, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social-, así como ex colaboradores de la Primera Emisión de Noticias MVS, presentaron una demanda de amparo contra la “imposición de los nuevos lineamientos” de esa empresa, así como contra “la abrupta e ilegal salida del aire del programa radiofónico” que era conducido por la periodista Carmen Aristegui, cuyo último programa se transmitió el pasado 13 de marzo.

Las organizaciones argumentaron que existen “claras omisiones en las que ha incurrido tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, frente a la arbitraria salida del aire del programa radiofónico”.

Por ello consideraron que se violó la libertad de expresión “tanto en su vertiente individual, como social, pues se impide que Carmen Aristegui, sus periodistas, sus editorialistas y decenas de activistas sociales y defensores de derechos humanos, se puedan expresar a través de ese medio, mismo que hasta el pasado 13 de marzo era un espacio de pluralidad informativa y de diversas opiniones”.


Comunicado de prensa:

Boletin Aristegui Amparo by Aristegui Noticias:

  Boletin Aristegui Amparo

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian a familia de Rodrigo Medina por compra de terrenos ejidales en NL

MONTERREY, N.L: El padre y los hermanos del gobernador priista Rodrigo Medina fueron acusados por la fracción del PAN en el Congreso local de triangular la adquisición de terrenos ejidales en el municipio de Mina, mediante engaños a los propietarios.

Incluso, en la operación fue involucrado el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, diputado con licencia en la actual Legislatura local.

Para sustentar las imputaciones, la diputada local panista Imelda Alejandro de la Garza presentó y obtuvo aprobación para un punto de acuerdo en el que la Legislatura pide al estatal Instituto Registral y Catastral un informe de las operaciones de compra venta de los terrenos del ejido Las Ventanas, en el municipio de Mina, ubicado a 50 kilómetros al norte de la capital.

En la petición, la legisladora demanda que sean incluidos los nombres de los vendedores y compradores de los terrenos que, dijo, fueron cedidos por 40 millones de pesos a Cienfuegos, así como a Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador, y a los hermanos del mandatario, Alejandro y Humberto Medina de la Cruz.

Antes de separarse del Legislativo y buscar la alcaldía, Francisco Cienfuegos Martínez, como presidente de la Comisión de Justicia de esta legislatura, desechó una solicitud de investigación por conflicto de intereses presentada por vecinos de Mina en 2008, cuando Rodrigo Medina era secretario general de Gobierno, y el padre de éste se desempeñaba como consejero jurídico del gobierno estatal.

En un acto de campaña panista efectuado el domingo en Mina, una ciudadana identificada como María de los Ángeles Padilla se quejó de que en abril del 2014 había sido engañada junto a otros ejidatarios para vender terrenos que beneficiaron a los familiares del gobernador y al aspirante a alcalde priista, quien en ese tiempo era diputado local.

Los afectados vendieron sus terrenos a Héctor Martínez, del Grupo Kalos, quien a su vez revendió a los allegados a Medina 2 mil 430 hectáreas que pertenecían a 420 ejidatarios.

Según la queja de Imelda Alejandro, algunos de los propietarios se quejaron de que aún no les han pagado los terrenos.

“Lo temeroso (sic) de esta operación estriba en que cómo esta ha sido una manera de obtener beneficios en el ramo inmobiliario por parte del gobierno del estado, aprovechándose de la información privilegiada con que cuenta en el Registro Catastral para cambiar el destino a modo, de uso común a área parcelada, como en el caso que nos ocupa”, expuso la diputada, quien también contiende a la Legislatura federal.

También señaló que a cada ejidatario le pagarían 131 mil pesos, con un anticipo y 20 mensualidades, y que los terrenos con los que se beneficiaron los medina y Cienfuegos se localizan a un lado del penal de Mina, de postergada construcción.

De forma insistente, Humberto Medina Ainslie ha sido acusado de ser el encargado de manejar la obra pública en el gobierno de Nuevo León.

Queja previa

En la página del Congreso de Nuevo León (2012-2015) aparece un punto de acuerdo que le fue turnado a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presidida por Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez.

Se trata del expediente 5540/LXXI, con fecha del 9 de diciembre de 2008, firmado por vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo, de Monterrey.

Los quejosos piden que el Tribunal Superior Agrario investigue la presunta intromisión de funcionarios públicos en conflictos agrarios y que sea separado por conflicto de intereses el titular de la Sala 20 del Tribunal, Claudio Aníbal Vera Constantino.

También acusan de tráfico de influencias a Humberto Medina Ainslie, quien en esa fecha era consejero del entonces gobernador Natividad González Parás. El llamado Golden daddy (“Papá dorado”) aparecía como representante legal de Inmobiliaria Las Ventanas SA de CV. Y su hijo Humberto Ricardo Medina de la Cruz aparece como apoderado de Minas El Diente.

Es por ello que los inconformes acusaban a los Medina de tráfico de influencias, pues en ese tiempo Rodrigo era secretario general de Gobierno, ahora gobernador priista nuevoleonés.


La comisión presidida por Cienfuegos determinó entonces que no estaba habilitada para pedir la destitución del titular del Tribunal y tampoco se pronunció sobre el tráfico de influencias denunciado por los vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

“No hay que anticiparse tanto”, dice Mancera sobre su destape por la presidencia

MÉXICO, D.F: El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, consideró que “no hay que anticiparse tanto”, en relación al “destape” como posible candidato presidencial en el 2018 que hizo el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, el pasado fin de semana.

“La única tarea que tengo en este momento es con la Ciudad de México, mi compromiso total está con la ciudadanía de esta capital”, aseguró Mancera Espinosa.

En conferencia, dijo que “hacer futurismo en este momento me parecería muy arriesgado… Me parece que es muy pronto para pensar en cualquier tipo de proyección para lo que pudiera continuar”.

Mancera Espinosa aseguró que seguirá trabajando por la ciudad y agregó: “En este momento no estamos pensando en el 2018”. Sin embargo, dejó entrever alguna posibilidad: “hay que construir, pero construir para la ciudad y ya los otros temas, pues los tiempos irán marcando prioridades”.

El mandatario local agradeció la consideración de Navarrete, quien fue su secretario de Trabajo al inicio de su administración y reiteró:

“En mi agenda política, en mi agenda de proyección, en mi agenda del día a día, en mi tarea de trabajo, solamente está la Ciudad de México, yo voy a estar concentrado en la Ciudad de México”.

El sábado pasado, a través de un comunicado, Navarrete Ruiz aseguró que Mancera “es al igual que otros perredistas destacados o ciudadanos sin filiación partidista, pero con clara vocación de izquierda, una opción natural del PRD” para contender por la Presidencia de la República.

Sin embargo, no fue la primera vez que el exprocurador capitalino es “destapado” como presidenciable en el 2018.

El 28 de noviembre de 2014, el líder del Sindicato de Trabajadores del GDF, Juan Ayala, dijo: “en la Ciudad de México hay rumbo, hay liderazgo y hay un presidente futuro, el doctor Miguel Ángel Mancera”, declaró.

Además, en diversas entrevistas de la prensa, el mandatario local ha dejado clara su intención de ser presidente de México, aunque siempre matiza al decir que su prioridad ahora es la Ciudad de México.

Y ya entrado en materia, el jefe de Gobierno afirmó que la elección presidencial de 2018 será de “de candidatos”, no de partidos. Explicó:

“No va a ser primordial las estructuras o las fuerzas políticas, sino que la gente va a buscar con mucho cuidado cuáles son las propuestas personales. Insisto, creo que ahí va a abonar sí la línea política, si se está trabajando más hacia lo social o más hacia otras líneas de endurecimiento. Yo creo que va a ser mucho de los perfiles de los candidatos, para dejarlo un poco más claro”.

Incluso, puso como ejemplo el “destape” de Hillary Clinton como aspirante a la presidencia de Estados Unidos: “Me parece que fue absolutamente austero, cada vez la ciudadanía va prefiriendo eso”.

Mancera reiteró que seguirá sin afiliarse a ningún partido político, aunque recordó que fueron el PRD, PT y Movimiento Ciudadano quienes lo impulsaron como candidato común para ganar la jefatura de gobierno del DF.

Sobre las declaraciones del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que “si Miguel Ángel Mancera “quiere ser candidato de un partido corrupto está en su derecho”, el mandatario local evadió el tema:

“De ninguna manera voy a participar de la calificación de ninguno de los partidos que están en la contienda electoral. Me parece que cada quien es libre de realizar las manifestaciones que crea convenientes, yo reitero que todos tienen nuestra consideración en los mismos términos”.


Y dijo que no agregaría ningún comentario al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ofende a mexicanos despilfarro y ostentación de políticos: empresarios

MÉXICO, D.F: La cúpula empresarial expresó su preocupación por la frecuencia con la que se dan a conocer “despilfarros y ostentación que ofende a los mexicanos” en un contexto electoral y de debilidad económica.

Al dar a conocer su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que “prácticamente no hay semana en la que no salga a la luz algún nuevo suceso en el que miembros del sector político sean señalados lo mismo por usos patrimoniales de los recursos públicos, que por presuntos fraudes”.

En los últimas semanas se han dado a conocer en diversos medios de comunicación casos de presunto conflicto de interés y despilfarro de recursos como el caso de la “Casa Blanca”, propiedad del presidente Enrique Peña Nieto; la casa de Malinalco del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray; así como la más reciente investigación de Proceso, sobre las propiedades del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

El organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani afirmó que con recurrencia “se dan a conocer despilfarros y una ostentación que ofende a los mexicanos, máxime en un contexto de recortes presupuestales, austeridad y sacrificios para la población, cuando empresas y personas físicas se ven presionadas por un mercado interno débil y una carga fiscal importante”.

Además, señaló, en el arranque de las campañas electorales han proliferado las acusaciones o alusiones entre los partidos políticos de presuntos actos de abuso, corrupción e impunidad, con spots transmitidos a todas horas para denostar a los contrincantes.

“Estas estrategias electorales se dan en medio de una tónica más general, de desconfianza y hartazgo social por la corrupción y la descomposición de la vida pública”, acotó.

Ante esta situación, el CCE sugirió que cada candidato se adhiera a la iniciativa “tres por tres”, presentando públicamente su declaración patrimonial, de intereses y la fiscal o la carta compromiso para la hacer la declaración en caso de resultar electos.

Gutiérrez Candiani dijo:

“Llamamos a los ciudadanos a exigir a los candidatos, a todos los cargos a elección, que hagan este compromiso. Más aún, exhortamos a que, como electores, todos tomemos en cuenta, como un argumento de peso en el voto informado, a quienes presenten estas tres declaraciones en el formato homologado del programa ‘Candidato transparente’”, que será presentado este martes 14 de abril.

El CCE señaló que es inaceptable el desaire a la plataforma “Legislador Transparente” en el Congreso de la Unión, la cual busca que diputados y senadores en funciones también hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de posibles conflictos de interés y fiscales. En el arranque sólo se sumaron cuatro de 628 legisladores federales, y a la fecha no se han incorporado más de una docena.

Para la cúpula empresarial, con cada escándalo de corrupción que queda impune, la frustración en la población aumenta, y con ello, va perdiendo legitimidad el estado democrático, como instrumento de protección de los derechos ciudadanos y promotor de los intereses de la sociedad.


“Se pierde fuerza y capacidad en la gobernabilidad, y se ensancha la brecha entre los políticos y la sociedad”, sentenció.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Gobernador de Jalisco se deslinda de su padre; es magistrado y hace proselitismo por el PRI

Reforma publicó audios en donde se escucha al progenitor de Aristóteles Sandoval señalar que habrá acciones ilícitas en la próxima elección a favor del tricolor.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval se deslindó del presunto proselitismo electoral de su padre a favor del PRI.

El diario Reforma publicó este lunes grabaciones en donde se escucha al magistrado Leonel Sandoval, padre del mandatario estatal, en reuniones de planeación de las campañas electorales del PRI en el estado, e incluso señala que habrá acciones ilícitas en la próxima elección, pero que no se debe de decir nada al respecto.

“El Gobernador está poniendo todo de su parte; todo el apoyo que se le puede brindar a Ricardo Villanueva (candidato a Alcalde por el PRI en Guadalajara)”.

El Gobierno de Jalisco,  mediante un boletín, dijo desconocer las reuniones y actividades proselitistas de Leonel Sandoval y se deslindó de dar apoyos para algún candidato.

“Respecto a la nota publicada hoy, el Gobierno de Jalisco manifiesta que desconoce las reuniones que dan origen al audio que se describe en la nota y asimismo se deslinda de todo mensaje que emita cualquier militante o simpatizante de algún instituto político en el sentido de que el gobierno estatal pudiera estar apoyando de alguna forma a algún candidato o partido político”, menciona un boletín de la dependencia.

En el boletín se reitera el llamado a todos los servidores públicos a abstenerse de utilizar sus cargos para favorecer candidatos.

En los audios el magistrado Leonel Sandoval asegura, además, que para ganar los comicios del 7 de junio, el PRI jalisciense tiene de su lado al Tribunal Electoral.


Según Reforma, el padre del gobernador Aristóteles Sandoval y magistrado de la Séptima Sala especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia, declinó dar una declaración sobre su participación como estratega de las campañas priistas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Eligen a Carrasco Daza nuevo presidente del TEPJF

México, D.F. En menos de diez minutos y en una sola ronda que le otorgó seis de los siete votos posibles –incluido el suyo propio–, el magistrado Constancio Carrasco Daza fue electo como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el final de la encomienda de la actual integración de ese órgano, en el último trimestre del 2016.

En su discurso inicial, el magistrado reconoció que hay un escenario social y político que exige cumplir con una necesidad inaplazable de “alcanzar la legitimidad y credibilidad de las instituciones del estado”

Sin ninguna alusión elementalmente protocolaria para su antecesor –Alejandro Luna Ramos–, Carrasco dijo que la nueva encomienda de este órgano de justicia electoral requiere avanzar hacia la conformación de una democracia de derechos, acorde con el impulso que el país le ha dado en los últimos años a los derechos humanos.

Carrasco dijo que en un escenario donde hay fuertes antagonismos, divergencias y pugnas de toda clase, que no parecen encontrar puntos de conciliación, acentuados en el voto ciudadanos, medios de comunicación y la propia sociedad, es necesario darle cauce legítimo a la jurisdicción electoral.

El nuevo presidente señaló que asume la función en medio de un proceso electoral que estrena una nueva legislación electoral con un carácter nacional tras una reforma que calificó de vanguardista, pero que no deja de tener claroscuros, derivados de un consenso entre los partidos a partir de sus diferencias.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALONSO URRUTIA.

Impulsa el PRI a candidatas “Juanitas” en Querétaro, acusan aspirantes

QUERÉTARO, Qro.- Un grupo de mujeres priistas denunciaron que, con el aval del dirigente del PRI, Mauricio Ortiz Proal, y su candidato a gobernador, Roberto Loyola Vera, los candidatos que serán sustituidos para cumplir con la paridad de género impulsan a sus propias esposas para quedarse con la nominación.

Lo que ya se conoce como el caso de las “Juanitas de Querétaro”, no se limita sólo al PRI, sino también a otros partidos políticos. No obstante, hasta el momento son las priistas quienes abiertamente han denunciado el atropello de sus derechos.

Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede de Monterrey, Nuevo León, ordenó que los partidos políticos postulen a nueve candidatas a presidente municipal y no sólo a candidatos, como lo habían hecho algunos partidos.

Ese ordenamiento, de acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, debe ser acatado a más tardar este martes 14 de abril. Tanto el PRI como el PAN postularon sólo a varones en las candidaturas a 18 presidencias municipales.

Albertina Álvarez Sánchez, del municipio de San Joaquín, expuso en entrevista con Apro que ella fue la única mujer que contendió contra tres varones en su municipio, por lo que considera justo y simplemente lógico, que ella deba sustituir al candidato que previamente había sido elegido en el PRI.

Sin embargo, relató que el dirigente del partido en Querétaro, Mauricio Ortiz Proal –hijo del político Fernando Ortiz Arana–, le contestó que no será el partido político el que tome la decisión, sino el candidato en cada uno de los municipios donde se atenderá la resolución del tribunal.

“También tenemos la capacidad y tenemos cómo hacerlo, es absurdo que te digan que no nos pueden poner a nosotras que levantamos la mano, porque ponemos en riesgo la elección, la ponen en riesgo ellos al decirnos que quien decide es el candidato de San Joaquín”, afirmó Álvarez Sánchez.

Con 18 años en el PRI y consejera municipal y estatal en su partido, además de encabezar carteras que impulsan el trabajo de la mujer, la aspirante sostuvo que la dirigencia ya sabía que no debía registrar a 18 candidatos varones, por lo que tampoco consideró válido que ahora les digan que ellos ya gastaron y por eso deben de decidir quién es la sustituta.

“Yo formo parte también del grupo de abogados para la defensa del voto ahorita para las próximas elecciones, sé y me consta, que algunos de los abogados le dijeron al presidente de partido que esta situación se iba a dar, que recomendaban que no se registraran a los nueve, que se pudieran bajar porque esta situación venía. Ellos tenían conocimiento previo de que esta sentencia se iba a dar. Ahora nos dicen que por los gastos, pero ellos ya lo sabían”, afirmó.

Ante la simulación en materia de paridad de género en el PRI, Albertina Álvarez dijo que el esfuerzo que dará no es por un espacio para ella, sino por una lucha de derechos que han emprendido las mujeres de Querétaro, muchas de las cuales le han exigido en su municipio, San Joaquín, llegar hasta el final.

“Nos vamos a ir a un juicio para defender nuestros derechos. Lo que vamos a pedir ahí, lo principal, es la parte de la probada militancia, que la persona que pongan no tienen para probar ese trabajo previo, en mi caso específico me iré a la impugnación”, afirmó a esta agencia Álvarez Sánchez.

La decisión de ella y otras priistas se derivó de que el presidente del PRI “se ha lavado las manos” y el candidato a gobernador, Roberto Loyola Vera –a quien señalan de tener una incidencia importante en el asunto–, ahora sólo ve sus mensajes pero ya no les contesta.

Violan sus derechos, acusan

Griselda Pineda Feregrino, del municipio de Ezequiel Montes, expuso que ella había sido institucional y no había cuestionado las decisiones del PRI. Sin embargo, en este caso rechazó que se impulse como candidata a la esposa del que era candidato a presidente municipal.

“Me estoy sintiendo violentada en ese derecho que tengo, en ese derecho que se me debe de dar por ser una mujer militante con pruebas suficientes para que se diga que soy una mujer preparada, tengo dos carreras y me he estado preparado precisamente para cuando tuviera una oportunidad, no nada más cruzada de brazos, sino con experiencia para poder servir”, argumentó.

Con 27 años de militancia en el PRI, expuso que en lugar de dejarle la decisión al candidato, el partido estaba obligado a emitir una convocatoria para que las mujeres participaran, como está establecido en sus estatutos a través de lo que llamó medidas emergentes.

“(Le dije) que me sentía dañada en lo que era mi derecho de participar y simplemente (él) se dedicó a observar a escuchar. Lo que dijo fue que ellos iban a tomar muy en cuenta lo que los candidatos habían sufrido en su daño moral, daño económico y sentimientos. ¿Y nosotras dónde quedamos como mujeres lastimadas a sus propios derechos? Ya quedarse callados no se vale”, afirmó.

Al igual que Albertina Álvarez, Gisela Pineda expuso que una mala decisión podría provocar una fractura en el PRI, la pérdida de la elección y que no lleguen los mejores cuadros a gobernador. Como ejemplo, señaló al actual presidente municipal de su partido en Ezequiel Montes, Jorge Luis Vega Ocampo. “Lo hemos sufrido todo el municipio”, afirmó.

Otra mujer agraviada es Guadalupe Alvarado González, del municipio de Peñamiller, quien participó en la terna de opciones en la elección interna del PRI donde, dijo, les impusieron un cuarto aspirante.

“Nuestro presidente dijo que era el más conveniente porque hacía la unidad, yo no sé para quién era la unidad”, acusó.

Tras la resolución del Tribunal Electoral, Alvarado pensó que su nombre podría ser considerado porque así lo acordó con el dirigente del PRI.

“Un acuerdo que había con el partido, con el presidente, era que yo estuviese dentro de la planilla, que fuera como regidor síndico, y al final que sólo se hiciera el cambio, porque ellos siempre supieron que yo tuve la mano levantada”.

Sin embargo, la semana pasada, Ortiz Proal le dio la noticia que el candidato sería el que tomaría la decisión.

“Rompieron el acuerdo, nuevamente la vulnerabilidad como mujeres y es donde estamos pugnando porque se respete a los cuadros, la militancia y no nos dejen desprotegidas”, agregó.

Guadalupe Alvarado expuso que el candidato en Peñamiller decidió poner a su esposa.

“Hay mucha culpabilidad de todo lo que está pasando, de nuestros dirigentes, por supuesto, que no levantan la voz. Siguen agachados convenientemente a su favor, estamos desprotegidas”, acusó.

Igual que sus compañeras, Guadalupe Alvarado dijo que impugnará la decisión del PRI para poner a las esposas de los candidatos e ignorar a las mujeres con trayectoria y trabajo en ese partido político.

Josefina Meza Espinosa, representante del Frente Político Estatal de Mujeres –donde se aglutinan militantes de diferentes partidos políticos–, y quien fue una de las que impugnó el acuerdo de paridad del órgano electoral que derivó en las sustituciones, dijo que se solidariza con aquellas que luchan por sus derechos.

En el caso del PRI, dijo que hay problemas en al menos cinco municipios –San Joaquín, Peñamiller, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y Colón– porque se ha impulsado a las esposas de los candidatos para cumplir con la paridad de género.


En clara alusión al candidato del PRI a la gubernatura, Roberto Loyola Vera, quien presume ser un político con una “nueva actitud”, Meza Espinosa consideró que quienes sí tienen una nueva actitud son las mujeres del PRI que luchan por sus derechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.

Se entregan 13 hombres de ‘El Americano’ por balacera en La Ruana

MORELIA, Mich: Tras casi cuatro meses de andar a “salto de mata”, 13 exautodefensas del grupo de Luis Antonio Torres, El Americano se entregaron la mañana de este lunes a la Subprocuraduría Regional con sede en Apatzingán.

Los 13 contaban con orden de aprehensión por su presunta participación en el enfrentamiento registrado el pasado 16 de diciembre en La Ruana, donde murieron 11 personas, cinco del bando de Mora –entre ellos su hijo mayor– y seis del grupo de El Americano.

En total 56 personas fueron señaladas por su presunta responsabilidad en los hechos y tras las exequias de las víctimas mortales, el 27 de diciembre Mora y 26 de sus hombres decidieron entregarse. Cuatro días después, el 30 de diciembre El Americano y nueve de sus hombres hicieron lo propio.

Sin embargo, quedaron 19 órdenes de aprehensión sin cumplimentarse por parte del grupo de El Americano, quien argumentó que el resto de los involucrados se quedó en su poblado a cuidar de los habitantes.

El 9 de marzo pasado salieron libres Hipólito Mora y su grupo, y El Americano y sus seguidores abandonaron la cárcel al día siguiente, luego de que la Séptima Sala Penal del Poder Judicial del Estado ordenara revocar el auto de formal prisión por falta de pruebas contra los inculpados.

El 11 de marzo, el procurador michoacano José Martín Godoy Castro informó que no apelaría la decisión del juez y dio por cerrado el caso.


Este lunes, 13 de los integrantes del grupo de El Americano que habían estado huyendo de la justicia se entregaron e ingresaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres, para rendir su declaración preparatoria y esperar a que el juez resuelva su situación jurídica. Se espera que su caso sea resuelto de la misma forma que el de los otros exautodefensas liberados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Convocan a referéndum para exigir la renuncia de Peña Nieto

MÉXICO, D.F: Un grupo de líderes sociales convocó a participar en un referéndum para pedir la revocación de mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

Mediante la campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, los convocantes piden al electorado exigir la separación de Peña Nieto el próximo 7 de junio, día en que se celebran comicios para renovar la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como alcaldías y algunas gubernaturas.

Los líderes sociales argumentan que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por la corrupción, la fractura política y la incompetencia.

En conferencia de prensa esta mañana, los convocantes explicaron que la intención es que el Instituto Nacional Electoral contabilice las peticiones como un incidente electoral.


Entre los miembros de dicha campaña se encuentran el actor Daniel Giménez Cacho, los senadores Javier Corral, Manuel Bartlett y Layda Sansores; el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra y el exdiputado Gerardo Fernández Noroña.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Cuánto y en qué gastan los congresos estatales? Sólo 2 de cada 10 lo informa

Los 34 congresos mexicanos incumplen “la gran mayoría” de los principios considerados como estándar mínimo para poder ser considerado un Parlamento Abierto.

En el país apenas 2 de cada 10 congresos estatales y federales informa sobre el ejercicio de sus presupuestos, sólo 16% promueve disposiciones para evitar o inhibir el conflicto de interés y apenas 39% de los legisladores publican el registro de su asistencia y votaciones en las sesiones, revela el Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México.
Los 34 congresos del país incumplen “la gran mayoría” de los principios considerados como estándar mínimo para poder ser considerado un Parlamento Abierto, según la evaluación de las 12 organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto en México (APA), entre las que se encuentran Arena Ciudadana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Visión Legislativa y Transparencia Mexicana.

Entre las acciones poco transparentes y las más importantes está el informar de manera detallada sobre el monto y uso del presupuesto, pero solo 23.5% cumple; mientras que 39% publica el desempeño legislativo individual, medido a través de las asistencias y votaciones en sesiones del pleno y comisiones.

De acuerdo con el estudio, estos aspectos son considerados como “de primera generación en materia de transparencia legislativa, y sin embargo muestran un muy bajo nivel de cumplimiento”.

El diagnóstico concluye que “cuando variables tan básicos no son cubiertos por la gran mayoría de las instituciones legislativas, no se puede esperar que cumplan con otros principios que son recientes en el debate nacional”.

Para la investigación se establecieron 10 principios y a partir de ahí evaluaron el cumplimiento de los 32 Congresos estatales y las Cámaras de Diputados y Senadores. Estos son:

Derecho a la Información
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Información Parlamentaria
Información Presupuestal y Administrativa
Información sobre Legisladores y Servidores Públicos
Información Histórica
Datos Abiertos y no propietarios
Accesibilidad y Difusión
Conflictos de Interés
Legislan a favor de Gobierno Abierto.
De estos puntos se desprenden 95 variables, analizadas principalmente en las páginas web de cada institución legislativa y el marco jurídico. Así se determinó el grado de cumplimiento de cada uno.

El uso de Datos Abiertos, referente a publicación de la asistencia y sentido de las votaciones de los legisladores, fue la de menor cumplimiento, con apenas 0.3% de los parlamentos; mientras que el Derecho a la Información fue el de mayor cumplimiento, con 81.8%, referente al congreso como sujeto obligado en la ley de acceso a la información correspondiente.

El principio de Conflicto de Intereses tiene un grado de cumplimiento “muy bajo” con apenas 16%, una mala señal si se considera que los parlamentos en países democráticos han desarrollado desde hace décadas disposiciones para evitar o inhibir el conflicto de interés, afirma el estudio. Entre los incumplimientos está la publicación de una base de datos de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de manera estructurada y descargable en formato abierto de los legisladores.

Las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión son las que obtuvieron mayor cumplimiento en términos generales, aunque no llegan al 60%. Aunque se podría pensar que el presupuesto es una ventaja, en realidad no es determinante. “El dinero no explica el compromiso por atender los principios de Parlamento Abierto y eso es una buena noticia, porque una vez más apunta a que la base se encuentra en la decisión política de los legisladores”, dice el estudio.


El diagnóstico será presentado este lunes 13 de abril y pretende contribuir a la mejora de las prácticas parlamentarias y puedan servir como referencia para concretar proyectos de acción para conseguir un Parlamento Abierto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Sandra Luz fue asesinada por buscar a su hijo desaparecido… y su homicida confeso salió libre

Sandra Luz, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en el lugar donde fue citada por una persona que supuestamente le daría información sobre su hijo.

Argumentando falta de pruebas, el pasado 13 de marzo, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa dejó en libertad a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, homicida confeso de Sandra Luz Hernández, activista asesinada en 2014, luego de dos años de buscar a su hijo, Edgar García, un joven raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa.

Sandra Luz, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en el cruce de las calles Constitución y 30 de Septiembre de la capital sinaloense, Culiacán, por un sujeto con el rostro cubierto que le disparó en 15 ocasiones con una pistola .9 milímetros, para luego darse a la fuga en una camioneta.

El asesinato ocurrió a plena luz del día, en el punto en el que Sandra Luz había sido citada por una persona desconocida que, telefónicamente, le había prometido revelar el paradero de su hijo.

Ocho días después, el 20 de mayo de 2014, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa capturó a Jesús Fernando Valenzuela, quien en su primera declaración ministerial reconoció haber cometido el homicidio, y admitió también que el crimen fue cometido porque Sandra Luz lo “presionaba” para que revelara el destino de su hijo Edgar.

En esa misma declaración, además, el detenido indicó a las autoridades el lugar en donde había ocultado el arma con la que cometió el asesinato, así como la camisa con la que se cubrió y el vehículo con el que huyó.

Tal como informó entonces la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, luego de recuperar estas evidencias, tanto el detenido, como la camisa y el vehículo fueron reconocidos por personas que presenciaron el homicidio, mientras que el arma que Jesús Fernando Valenzuela entregó también fue examinada, y se comprobó que era la misma pistola con la que Sandra Luz fue acribillada.

Estas evidencias, sin embargo, fueron desechadas por el juez Noveno Penal de Culiacán, Sergio Valdez Meza, y el pasado 13 de marzo ordenó liberar a Jesús Fernando Valenzuela.

–¿Qué argumentos utilizó el juez Valdez Meza, para liberar al presunto homicida? –se pregunta a Cristian, hijo de Sandra Luz y hermano de Edgar.

–El juez lo liberó por falta de pruebas, así dijo, que no se logró acreditar la responsabilidad penal del imputado, pero hay muchas pruebas en contra de esta persona: él confesó el homicidio, dijo dónde estaba el arma y luego se comprobó que esa arma era la misma pistola con la que dispararon a mi mamá, incluso hay testigos del asesinato que lo identifican, en fin, no se explica realmente la supuesta falta de pruebas en la que se basó el juez para liberarlo.

Cabe destacar que, el pasado 24 de marzo, 10 días después de la liberación, el procurador de justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, aseguró que esta sentencia absolutoria se había logrado mediante tráfico de influencias, ya que el abogado de Jesús Fernando Valenzuela es cuñado de un ministro del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Se trata, dijo entonces, de “un abogado milagroso que tiene la característica de ser cuñado de un magistrado”, en referencia al magistrado José Manuel Sánchez Osuna.

En conferencia de prensa, el procurador estatal aseguró que no sólo en el caso del homicidio de Sandra Luz, sino en otros casos de secuestro, este abogado “ha tenido la benevolencia de los jueces”, quienes han absuelto a sus defendidos.

Sin embargo, denunció el hijo de Sandra Luz, “esta denuncia la hizo ante la prensa, pero luego ya no presentó ninguna denuncia concreta por tráfico de influencias en contra del juez, del abogado o del magistrado del que es cuñado. Todo quedó en palabras”.

La única acción concreta por parte de la Procuraduría, detalló Cristian, fue impugnar la resolución del juez, pero nada más…

Responsabilidad oficial

El pasado 6 de abril, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa concedió una reunión a la familia de Sandra Luz, la cual demandaba un informe no sólo sobre la estrategia que emprendería este organismo ante la liberación de Jesús Fernando Valenzuela, sino también para que les informaran sobre los avances en la búsqueda de Edgar, el hijo de Sandra Luz desaparecido desde 2012.

La reunión, explicó Cristian, se realizó fuera de Sinaloa, y se logró gracias a la intermediación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación federal.

Ante los representantes de estas instituciones, narra Cristian, el subprocurador estatal de Justicia, Martín Robles, “me echó todo un cuento: que si la nueva forma de impartir justicia en Sinaloa, que si los nuevos perros que están entrenando, que si el nuevo lugar que están construyendo en donde van a poder identificar osamentas, en fin, me soltó un rollote, y cuando yo le pregunté en concreto qué avances había sobre la búsqueda de mi hermano, el subprocurador ya no pudo contestar. Sólo me dijo que me iba a enviar una ficha informativa, y han pasado seis días desde entonces (esta entrevista fue realizada el domingo 12 de abril) y no me ha mandado nada.

–Sobre la liberación de Valenzuela, ¿qué te informó el subprocurador estatal?

–Cuando detuvieron a este sujeto, el procurador dijo que se trataba de una investigación plenamente fortalecida y plenamente aclarada. Pero ahí están los hechos, no era así, y dejaron libre al presunto homicida, y ante esto, el subprocurador sólo dijo que desde el día en que salió ellos empezaron a buscar la manera de volverlo a procesar, y lo que quieren ellos es volverlo a meter a la cárcel porque me aseguran que es culpable.

–A partir de lo que han investigado las autoridades, y ustedes como familiares, ¿tienes alguna hipótesis sobre la razón de que desaparecieran a tu hermano, y de que asesinaran a tu mamá?

–Sí –responde Cristian–. Todo esto empezó cuando asesinaron a un amigo de mi hermano, y él señaló a un grupo delictivo como responsable de ese homicidio, es una célula del Cártel de Sinaloa, por hacer esa denuncia desaparecieron a mi hermano… Y luego, mi mamá se puso a investigar, y ella averiguó los nombres de los responsables, y los lugares donde vivían, y todo eso se lo notificó a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, les dio nombres, apodos, ranchos, pero no hicieron nada, nunca los detuvieron, ni siquiera les pidieron una declaración. No los llamaron a declarar ni siquiera luego de que mi mamá fue asesinada, a pesar de que el imputado está emparentado con esas personas que mi mamá había denunciado; el asesino tiene incluso sus mismos apellidos y viene del mismo rancho, pero las autoridades estatales no han procedido contra este grupo criminal.


Por esta razón, concluyó, la familia de Sandra Luz y de Edgar solicitaron a la PGR atraer la investigación, ya que “tememos de las autoridades estatales, porque todo el tiempo han actuado protegiendo a estos tipos, jamás ha habido apoyo para con nosotros. La cosa está complicada…”

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.