En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, además de Respuesta Alternativa, Voces Latinoamericanas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.
Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín (Baja California) que pugnan por un aumento salarial, inscripción al IMSS y cese al hostigamiento sexual, entre otras demandas, evidencia una realidad generalizada en 19 entidades a donde llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.
Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.
Luego de destacar que la cifra de trabajadores de las agroindustrias ascendió a 2 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009, los defensores acusaron que mientras se solapa la explotación laboral, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 destinó 338 mil millones de pesos para apoyar a los agroindustriales.
De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas, en tanto que las entidades expulsoras son las diez más pobres del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Ezequiel Montes, del FIOB, dijo que la movilización de jornaleros agrícolas en San Quintín es un “grito desesperado” ante las condiciones laborales y el abandono institucional.
Giovana Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, explicó que a partir de 2011 se detectó en Guanajuato a indígenas originarios de estados del sur del país, pero “no hay condiciones para recibir a las cientos de familias que llegan”.
Battaglia destacó que su organización ha detectado a menores de seis años trabajando en los campos, y tras una encuesta realizada por esa misma agrupación en torno de las condiciones de salud de los niños jornaleros, concluyeron que “42% sufren desnutrición crónica agudizada por la baja calidad de alimentación”. Además, dijo, en Guanajuato han muerto cinco menores hijos de jornaleros.
Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, resaltó que en San Luis Potosí operan 32 empresas agroindustriales que destinan 90% de su producción a la exportación, por lo que en los últimos dos años se ha incrementado la contratación de trabajadores originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.
Sobre el trabajo infantil, recordó que en julio de 2014 una camioneta con jornaleros se volcó y murieron dos niños “con signos de haber trabajado en los campos, al igual que otros dos que resultaron heridos”.
Hasta ahora, apuntó, “las autoridades no han encontrado el rancho que los contrató (…) estamos hablando de una posición oficial de omisión, complicidad e incapacidad”.
Margarita Nemecio, de Tlachinollan, sostuvo que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.
“Hasta ahora no ha habido justicia para las familias, ni nada que se le parezca a una indemnización”, apuntó, y reprobó que siendo un problema tan añejo, las autoridades federales se niegan a atender las irregularidades que engloban el fenómeno de la migración interna.
“No hay ningún tipo de supervisión ni sanción para los enganchadores que engañan a los trabajadores, no hay supervisión a los transportistas contratados por empresarios para llevar a jornaleros. Nosotros detectamos condiciones de hacinamiento, pero ningún camión fue revisado por la Policía Federal, ni se verificó que tuvieran sus documentos en regla”, precisó.
Entre las omisiones de las autoridades, Nemecio señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no verifica si las condiciones de trabajo son las adecuadas y “ni siquiera si hay reglamento para la seguridad del trabajador. Hemos detectado lineamientos para que los productos estén bien, pero no para garantizar la seguridad de los jornaleros”, subrayó.
Aldo Ledón, de Voces Latinoamericanas, informó sobre las condiciones de explotación en al menos 860 fincas en la región del Soconusco, Chiapas, donde laboran alrededor de 120 mil guatemaltecos, además de que –dijo– existe una cifra indeterminada de centroamericanos que laboran en condiciones irregulares.
La catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, Antonieta Barrón, lamentó que las condiciones para los trabajadores agrícolas vayan en detrimento, pese a que existen instituciones creadas para su atención desde la década de los noventa. “No hay voluntad política para modificar las condiciones de trabajo”, afirmó.
En la conferencia de prensa también estuvieron integrantes de una familia de indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, quienes denunciaron malos tratos de los contratistas, así como el incumplimiento e ineficiencia de programas sociales como el de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y el Seguro Popular, sin contar con la constante discriminación en los estados del norte del país.
Bajo condición del anonimato, la familia indígena relató que a pesar de que existen recursos para apoyar la movilidad de las familias a través del PAJA, “cuando nos dan la tarjeta y vamos al cajero nos dicen que no tiene fondos”.
De acuerdo con la normatividad del PAJA, una familia de jornaleros migrantes puede cobrar 800 pesos para apoyo de transporte cuando mucho en tres ocasiones, en un mismo periodo de cosecha.
También reclamaron que no cuentan con servicio médico y que a pesar de que tienen Seguro Popular, en las zonas de trabajo no les validan el servicio porque se dieron de alta en sus lugares de origen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
