La farándula y la política nunca han sido una buena combinación, pero es lo que tenemos. La farándula se metió en Los Pinos y asistimos al show de las frivolidades, mientras el país está sumido en una crisis económica, política y de derechos humanos. La escena es aparentemente normal: una actriz mexicana famosa de compras en un lujoso centro comercial de Beverly Hills. Pero aquí hay un pero. Resulta que esa actriz es, nada menos que, la Primera Dama de un país con 70 millones de pobres, 28 millones de los cuales, son pobres alimenticios, es decir, gente que no tiene ni para comer El acto de ir de compras a tiendas caras se vuelve ofensivo porque la Primera Dama no es solamente una actriz famosa, sino la presidenta honoraria del DIF Nacional, una funcionaria que dirige un ente público. Todo indica que la señora Rivera sigue viviendo en la negación. Según ella no es funcionaria, pero su puesto en el DIF, la obliga incluso a presentar declaración patrimonial, algo que nos debe a los mexicanos, en especial de los años 2012 y 2013, cuando supuestamente tenía 130 millones que, dice, le pagó Televisa por la excelencia de sus importantes servicios. Si la señora se quiere ir de compras a todo lujo que se vaya como una ciudadana más, pero el problema es que utiliza el Estado Mayor Presidencial, sus escoltas y vehículos, por tanto, está gastando los recursos de los mexicanos, por tanto, insisto, es una funcionaria más y tiene que responder. ¿Quién pagó las compras de La Gaviota, sus hijas e hijastras? Por lo pronto, ya salió un valiente a dar la cara. No, no es Peña Nieto. Se trata del papá de las hijas de Angélica Rivera, el productor de telenovelas José Alberto “El Güero Castro”: “No ofendan a mis hijas, el que vivan con su mamá no significa que ella las mantenga yo trabajo para mantenerlas y cuidarlas #NoSeConfundan”. El Güero Castro, tiene razón, La Gaviota no mantiene a sus hijas, en parte su manutención corre a cargo del erario público. ¿O acaso el Gúero Castro paga los escoltas que las cuidan y las camionetotas con chofer que usan para trasladarse? Ahora bien, si verdaderamente el Güero Castro quiere que aceptemos como definitiva su aseveración. Qué él y su ex esposa transparenten los gastos de las tres muchachas. Vamos haciendo cuentas. Que nos diga a cuánto asciende la pensión que les da a pesar de ser mayores de edad. Sería interesante saber cuánto gasta Sofía al mes o saber a cuánto asciende su pensión individual porque mientras andaba de compras exhibió un bolsito de la marca francesa Céline que cuesta la friolera cantidad de 2 mil 200 dólares, más de 30 mil pesos. Y además se probó vestidos de 20 mil dólares en una exclusiva tienda de trajes de graduación Bagdley Mischka, según reportó Telemundo. Necesitamos información financiera para entender como está chica podría comprarse un vestido de 300 mil pesos. La discreción no es una cualidad de Angélica Rivera ni de sus hijas que exhiben de manera ostentosa sus frivolidades. Evidentemente la importancia que le dan a su imagen y vestimenta es prioritaria, a pesar de que el país, bajo el régimen de Enrique Peña Nieto, se empobrece a pasos agigantados. Las hijas de Peña Nieto no son diferentes. Sería muy interesante saber a cuánto ascienden los gastos de estas seis mujeres — Angélica, sus tres hijas y sus dos hijastras— todas, forman parte del séquito presidencial. Todas visitaron tiendas como Dolce & Gabbana, Versace Collection, Tiffany o Lord of Optic y para finalizar su jornada de compras se fueron a cenar al restaurante Fogo de Chao donde el costo por persona es de 61 dólares. La opacidad solo sirve a la especulación. Si la familia Peña-Rivera quiere detener las criticas exacerbadas generadas por su costoso nivel de vida, necesita transparentar sus gastos. Mientras la señora Rivera no presente su declaración patrimonial, seguiremos sin saber si el costo de sus lujosos gustos y el de sus hijas e hijastras lo paga ella con sus magníficos ahorros producto de su trabajo con Televisa, o lo pagamos todos los mexicanos. Para empezar, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez debe dejar de proteger la información concerniente al pago de impuestos declarados por Angélica Rivera desde el 2010. De esta manera, se confirmará o descubriremos las mentiras de la Primera Dama quien declaró públicamente que fue ella quien compró su famosa Casa Blanca. La mejor manera de combatir la corrupción es transparentando las declaraciones del gabinete presidencial, incluida, la Primera Dama. El artículo 108 de la Constitución Federal obliga a la señora Rivera a transparentar sus ingresos y egresos. De lo contrario, Angélica Rivera deberá ser inhabilitada y destituida de su cargo como presidenta del DIF. De esta manera, si cometió el delito de enriquecimiento ilícito, ser llevada a juicio. El artículo 224 del Código Penal Federal nos ofrece la posibilidad de enjuiciar a un servidor público, cuando este, no ha acreditado de manera fehaciente el súbito aumento de su patrimonio o su poder adquisitivo.
De está manera, la señora Rivera, sus hijas e hijastras podrán contestar la simple pregunta de la canción de Chico Che: ¿Quién pompó? FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-04-2015/33628.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown develó un nuevo informe en el que concluye que los niños migrantes detenidos en México están siendo detenidos arbitrariamente lo que conlleva a que violen sus derechos humanos básicos, además de que la duración en los centros detenciones son excesivas y las condiciones no son óptimas con el fin de que no soliciten asilo. De acuerdo con el documento cuya copia posee el portal estadounidense Mother Jones, los menores de edad se encuentran hacinados, en un lugar muy caliente, donde la comida es “terrible” y la “situación es peligrosa porque nos pusieron junto con las maras [pandillas centroamericanas]“, tal como le confesó una adolescente de 15 años de edad recluido en un centro de detención migratorio a los investigadores de la Universidad. La nota del portal firmada por Edwin Ríos, indica que el estudio fue publicado este lunes, y que la investigación llegó a la conclusión de que las autoridades de inmigración mexicanas no han logrado detectar adecuadamente las necesidades de protección internacional de los niños y no se les informa sobre su derecho a solicitar asilo. “Por desgracia, la realidad para la mayoría de los niños migrantes detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas se caracteriza por la violación en lugar de la protección de sus derechos humanos”, concluye el informe. El grupo de investigadores de Georgetown entrevistó a 65 niños que viajaron solos o acompañados. En algunos casos se habló con sus padres, funcionarios públicos, trabajadores de ayuda humanitaria y pobladores en la ciudad fronteriza mexicana de Tapachula y en Ciudad de Guatemala. El reciente aumento de las pandillas y la violencia de género, junto con las dificultades económicas en sus países, ha llevado a los niños y a sus familias a huir del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por el Salvador, Guatemala, y Honduras. Aunque el número de niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a 68 mil 541 en el año fiscal 2014, se estima que de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aprehendió sólo a 37 mil menores migrantes en el año fiscal 2015. Mother Jones consultó a algunos expertos que afirmaron que la disminución puede atribuirse a intensificación de la detención en México, agravando un sistema ya viciado de detención de inmigrantes. La investigación encontró además que los niños migrantes en la estación de Tapachula están recluidos por “períodos largos e impredecibles”, esto a pesar de que la ley mexicana requiere que los menores no acompañados sean transferidos inmediatamente a refugios locales. De los 6 mil 718 niños detenidos en el centro de detención Siglo XXI de Tapachula durante el año 2013, mil 121 de los menores se celebraron allí entre 15 días y 300 días. Sólo 422, o 6 por ciento, fueron colocados en refugios locales. Un psicólogo que trabajó con los niños migrantes en un refugio de la ciudad, dijo que su detención prolongada resalta la preocupación que se tiene sobre la solicitud de protección internacional. “Son muy pocos [los niños que solicitan asilo]“, dijo el especialista a los investigadores de Georgetown. “Lo que les asusta es la perspectiva de ser detenido durante tres meses”. Las malas condiciones en el centro de detención Siglo XXI también disuade a los niños migrantes en busca de asilo. Una vez que las familias son detenidas, los miembros están separados por la edad y muchos detenidos informaron a Mother Jones que inclusive algunas pandillas de las que habían huido los habían seguido hasta ese lugar. Los investigadores de la Universidad estadounidense también observaron que los funcionarios de inmigración mexicanos -que están legalmente obligados a evaluar a los niños de asilo y otras formas de alivio de la deportación- no informaron a los menores que tenían derecho a la protección internacional. Ninguno de los niños que el equipo de investigación de Georgetown entrevistó en el centro de detención del Siglo XXI fue informado por los oficiales de protección de menores u otros funcionarios de inmigración sobre el derecho a solicitar asilo. Además, pocos de los inmigrantes que solicitaron protección internacional en México la recibieron, según informó la Comisión para la Atención de los Refugiados.
De los mil 165 casos resueltos entre enero y septiembre de 2014, sólo 247 fueron reconocidos, a pesar de que la Comisión recibió 17 por ciento más de las solicitudes de asilo en los primeros ocho meses de 2014 que en todo el 2013. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1311608.
OAXACA, Oax: El director de la radio comunitaria “Sentimiento de la Voz del Pueblo” 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, fue asesinado esta tarde en el barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas sobre el camino real de San Pedro el Alto, en esa comunidad de la región mixteca, sin embargo, el subprocurador regional Víctor Fernando Ruiz Méndez no adelantó el móvil del crimen, aunque refirió que no se descarta ninguna línea de investigación. De acuerdo con los primeros datos, el arma utilizada para el crimen es 9 milímetros y el comunicador presenta dos impactos, uno en la mano izquierda y otro en le pecho. Martínez Raymundo, de 46 años, sufrió el atentado saliendo de su estación radiofónica al ser interceptado en su vehículo. El 17 de julio de 2013 también fue asesinado Alberto López Bello, reportero de la sección policiaca del diario “El Imparcial”. Y el 11 de agosto pasado fue asesinado Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario “El Buen Tono de Veracruz”, en el municipio de San José Cosolapa. La Procuraduría de Oaxaca confirmó que alrededor de las 16:00 horas, en la avenida El Nacimiento frente al número 23 de la colonia Santa Fe de la unidad habitacional Constancia, perteneciente al municipio de San José Cosolapa, fue ejecutado el reportero. El diario “El Buen Tono” reconoció que Rojas Hernández era su colaborador y además condenó el crimen de su corresponsal. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que, entre 2013 y 2014, abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas.
Además de una alerta temprana, en 2014, para que las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas, con el fin de proteger su libertad de expresión y, mediante éste, el derecho de acceso a la información del resto de la sociedad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Ante la próxima llegada de la caravana migrante al Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) yAmnistía Internacional (AI) demandaron a los gobiernos federal y de Oaxaca implementar medidas cautelares para proteger y preservar los derechos humanos de los participantes de este movimiento. AI hizo además un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cese la criminalización contra los migrantes y brinde las condiciones de seguridad del albergue Hermanos en el Camino, así como para los más de 400 indocumentados y defensores que participan en la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”. Luego de una queja presentada ante la CNDH en días pasados, dicho organismo demandó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec en esa misma entidad, adoptar medidas para respetar los derechos de los migrantes. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que con esta solicitud se busca “que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes participan en la caravana, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración y atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Después de participar en el seminario “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, organizado por el Senado de la República, el ombudsman nacional destacó en entrevista que la solicitud de medidas precautorias lleva énfasis en la preservación de los derechos de los menores que participan en la caravana, debido a su vulnerabilidad. La Comisión estará atenta, dijo, como desde el pasado 25 de marzo, a que se respeten los derechos humanos de los migrantes que enfrentan diversas vejaciones y condiciones difíciles en México. González Pérez reiteró la necesidad de visibilizar la problemática de los migrantes en México. Luego llamó a las autoridades migratorias a entender el “contexto adverso” del fenómeno migratorio y a emprender acciones para su atención. Durante su participación en el seminario, el presidente de la CNDH aseguró que “la dignidad de la persona no sólo debe ser límite a la actividad de los poderes públicos, sino punto de partida del trabajo institucional y de autoridades, así como del quehacer diario de quienes habitamos este país” Enfatizó que los derechos fundamentales deben convertirse en eje principal del diseño y operación de las políticas públicas que establezca el Estado. Añadió que en el campo de los derechos humanos persisten muchas asignaturas pendientes, como “la necesidad de generar un nuevo paradigma o cambio cultural entre todos los mexicanos, basado en el respeto y aplicación cotidiana de los derechos fundamentales”. Caravana partirá de Ciudad Ixtepec Amnistía Internacional indicó que la caravana migrante saldrá este miércoles 15 a las 7:00 horas de Ciudad Ixtepec rumbo a la capital del país; se trata, acotó, de una acción civil de resistencia pacífica, la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización de todas las personas migrantes. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, reiteró que “Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos, no sólo de los migrantes, sino también de los defensores humanos, de las personas que viven vulnerables”. En rueda de prensa subrayó que “¡Ya basta! No podemos vivir con un rostro policiaco, encarcelamiento y hostigamiento, además de tortura, vivimos en una situación de emergencia”, puntualizó. Amnistía expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores, debido al dispositivo de seguridad desplegado por el Instituto Nacional de Migración (INM) e integrantes de la Policía Federal (PF), quienes bloquean las actividades de la caravana. Además, consideró que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes, aparte de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a indocumentados. Añadió que el dispositivo de seguridad es también inconstitucional, puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11, que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte. AI enfatizó que la forma en que se realizó el operativo ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado frente a esta población, quienes tienen el derecho a medidas adicionales de protección y a ser atendidas conforme sus circunstancias individuales. Detalló que posiblemente más de un centenar de integrantes de la caravana pueden ser solicitantes de asilo, y de éstos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Las autoridades, consideró Amnistía, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la asistencia institucional a los que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se informó que los organizadores de la caravana presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso. Mientras, Solalinde resaltó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación que se hace al principio pro-persona incluido en la Carta Magna, el cual prevé que México y sus funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas vulnerables y en tránsito, como son los migrantes. Solalinde Guerra reiteró que se vive una situación de emergencia con los migrantes centroamericanos como consecuencia del Plan Frontera Sur, puesto en marcha por el gobierno federal.
Y acusó al INM de ser el “brazo ejecutor” de la administración de Peña Nieto, debido a que las políticas públicas en materia de derechos humanos que ha implementado el actual gobierno mexicano no han funcionado; al contrario, son reflejo de la violación permanente de esas garantías. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN/PEDRIO MATÍAS.
MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los normalistas desaparecidos, urgió al Senado de la República a aprobar una reforma constitucional que haga posible legislar sobre desaparición forzada en México. Ante el próximo cierre de sesiones del Congreso de la Unión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos segunda, en la que recomiendan materializar una reforma constitucional que otorgue facultades al Poder Legislativo federal para que legisle en esa materia. Hasta ahora los congresos de 22 entidades federativas han legislado y tipificado la desaparición forzada, delito de lesa humanidad que no ha sido abordado por los estados de Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De ahí la propuesta de los especialistas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para emitir una ley general sobre desaparición forzada, que después deberá ser emulada por los congresos locales. Con el mandato para hacer recomendaciones encaminadas no sólo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el GIEI planteó en la misiva, enviada ayer, que “si esta reforma no se aprueba en el mes de abril de 2015, deberá ser un nuevo Congreso el que en el futuro articule esta medida”. De concretarse la iniciativa “se estaría contribuyendo de manera decidida para que en el transcurso de este año, durante el siguiente periodo de sesiones, se apruebe la referida ley sobre la desaparición”, precisaron los expertos en un comunicado de prensa difundido este martes. Alejando Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristáin y Francisco Cox urgieron a los legisladores a aportar herramientas jurídicas ante problemas graves como la desaparición forzada. “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición”, apuntaron. Recordaron que la petición cumple con los lineamientos del mandato del GIEI, que fue creado en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH. Las líneas de trabajo incluyen observaciones en materia de búsqueda , investigación, atención a las víctimas del caso Ayotzinapa y propuestas de políticas públicas frente a la desaparición forzada para México. Por otro lado, una coalición de 120 organizaciones de la sociedad civil presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 19 la prohibición de desaparición forzada o perpetrada por personas particulares sin la autorización de agentes del Estado. De igual manera, demandó modificar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión legisle en esta materia de derechos humanos en leyes generales reconocidas por la Constitución y en los tratados internacionales. A nombre de las más de 100 organizaciones hablaron Juan Carlos Gutiérrez y padres y madres de desaparecidos como María Guadalupe Fernández Martínez, de Fundec Coahuila; Valentina Peralta, del Movimiento por la Paz, y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “La impostergable necesidad de contar con una Ley General de Desaparición de Personas se eslabona a otras leyes generales que también son necesarias, como la Ley sobre la Tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanas y degradantes”, destacó Valentina Peralta. Luis Tapia dijo que es momento que el Congreso “reaccione con voluntad política adecuada frente a las graves violaciones a los derechos humanos que aquejan al país”. Las senadoras Gabriela Cuevas, del PAN, Angélica de la Peña, del PRD, y los senadores Omar Fayad, del PRI, así como Alejandro Encinas, recibieron la iniciativa y se comprometieron a incluirla en la dictaminación de otras propuestas pendientes. Encinas afirmó que le daban el aval a esta iniciativa, mientras De la Peña señaló que existe un mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, “estamos obligados a atender las recomendaciones del examen periódico universal”. Fayad, del PRI, destacó que “aquí está la voluntad política y ha habido senadores y senadoras que han trabajado en ello”.
Añadió: “Creo que el caso de Iguala ha despertado en México y en los mexicanos la necesidad de construir una legislación para que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, para que tenga la respuesta necesaria”, abundó el senador priista. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL Y GLORIA LETICIA DÍAZ
Un grupo que nace ante la crisis de gobernabilidad, corrupción, impunidad y de derechos humanos por la que atraviesa el país, exige que el próximo 7 de junio se vote para que Enrique Peña Nieto deje de ser Presidente de México, y así demostrar de manera “clara y contundente” el rechazo a su gobierno y a la clase política que hoy gobierna.
La campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, presentada ayer en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, e impulsada por ciudadanos, estudiantes, así como por los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), y Layda Sansores San Román, también del PT, además de artistas como Daniel Giménez Cacho y activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra, nace a poco más de dos años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.
“La actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno”, detallaron los convocantes de esta iniciativa.
La campaña busca llamar a un referéndum revocatorio de la Presidencia actual, y con ello “conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del Gobierno federal”. Lo anterior, como consecuencia de la corrupción política, la cual coinciden los integrantes de la iniciativa, “navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”. Muestra de ello, detallaron, son los escándalos “de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa [Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado], las del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong], del Secretario de Hacienda y Crédito Público [Luis Videgaray Caso] y el Consejero Jurídico del Presidente [Aurelio Nuño Mayer]“. Pero no es sólo eso, agregaron los convocantes, también están las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, lo que da “cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual Gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno”. Explicaron que la imagen del Ejecutivo Federal “no sólo va a pique”, sino que él mismo ha fracturado de manera absoluta su investidura “por la corrupción que lo enloda”. Aunado al clima de corrupción, expusieron, están los efectos de las políticas públicas del Gobierno de Peña Nieto y de las reformas estructurales que “sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria”. Precisaron que los resultados fueron reformas alejadas del interés nacional y de la población. “De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del Gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva Reforma Fiscal que aumentó impuestos y ni así el Gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos”, detallaron. Lo anterior, agregaron, es un fracaso que se ha visto expresado en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, además de los aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al “deterioro brutal” de las condiciones de trabajo. El “rostro más dramático” de la actual administración es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de seis meses, que calificaron como un crimen de Estado que “sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento”. Recordaron también que Iguala no fue un hecho aislado, le precedieron los fusilamientos de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos castrenses, como parte de un clima de represión que se vive en el país. “Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos”, agregaron. Esa inseguridad y violencia da como resultado “una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional”. Los ciudadanos que se sumaron a esta convocatoria buscan, a través del referéndum ciudadano, “que se muestre de manera clara y contundente el repudio al Gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Durante el pronunciamiento, se trasmitió un mensaje del activista Alejandro Solalinde, quien aseguró que en el país se vive una crisis inédita y que el mejor camino no es la violencia sino la participación ciudadana.
LA CAMPAÑA La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del Jefe del Ejecutivo federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual deberá ser depositada en medio de las boletas electorales en las urnas.
Los impulsores de la misma informaron que las hojas de revocación de mandato que sean depositadas por los votantes en las urnas el próximo 7 de julio, sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su Gobierno.
“De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”, explicaron.
Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo. “Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República”, precisaron.
Detallaron que quienes formen parte de la campaña pueden acudir a votar en los próximos comicios federales, y al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introducir en ésta la “revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República”. El votante, dijeron, llevará a la urna la siguiente hoja: El voto es secreto y la inclusión de esta revocación del mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional. “Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas”, manifestaron los organizadores. Precisaron que la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral.
“Al final de la jornada electoral -además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía- aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral”, indicaron.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó el hashtag #PRImeroTuBienestar para promocionar el Movimiento PRI.MX, un organismo del PRI que pretende generar la participación social y la interacción permanente en redes sociales. Sin embargo, cibernautas revirtieron el sentido positivo y resaltaron denuncias de corrupción por parte de la clase política.
La usuaria @Maquiavelita escribió: “Mexicano, ¿qué sientes al ver que el PRI se burla de tu miseria con su hashtag #PRImeroTuBienestar?” y colocó dos fotografías donde se ven las fotos de la casa blanca, propiedad de Angélica Rivera. Mientras que la cuenta de @MovPRIMXOficial promueve el hashtag afirmando que “#PRImeroTuBienestar es que tengas seguridad social. @PRI_Nacional”
También da retuit a cuentas de militantes o de otras áreas del partido que promueven el hashtag con un video que habla de algunos logros de las reformas energéticas como la disminución de los costos en la luz o la eliminación de la tarifa de las llamadas de larga distancia.
A pesar de los mensajes de los priistas los usuarios resaltan frases y acciones de corrupción: desorden publico (@teactiva) “#PRImeroTuBienestar #nomamen pinches priistas el bienestar se lo llevan ustedes q tienen relojes d a 2 millones y pueden ir de compras a EU”. Luis RG @luisrg01 “#PRImeroTuBienestar Políticos corruptos tranceros ratas ‘El que no tranza no avanza’ ‘El pri roba y deja roba ‘” algún compa @lovetroniks “#PRImeroTuBienestar pues ni con despensas, tarjetas o dinero en efectivo. mmta con peñabots y hashtags menos. Hasta sale contraproducente!!” javier perez @javisperez22 “Una mentada decir #PRImeroTuBienestar a estudiantes del 68, Ayotzinapa, Atenco, Acteal, y para todos los millones de pobres de este país.” Informador Global @InformerGlobal “Cuando el @PRI_Nacional dice #PRImeroTuBienestar se refiere al bienestar de @LVidegaray @osoriochong @CCQ_PRI y todos los corruptos príistas”
CHILPANCINGO, Gro: Pablo Segura Valladares, hermano de Pedro Segura, un próspero ganadero de la zona norte señalado por sus presuntos nexos con el narco, renunció al derecho de acceder al cargo y funciones de diputado de la LX legislatura local. Segura Valladares es suplente del diputado local y exalcalde perredista de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo, quien solicitó licencia al cargo para buscar regresar a la alcaldía de ese municipio de la convulsionada zona norte de la entidad, que actualmente administra el cantante de ‘narcocorridos’, Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur. En la sesión de pleno de este martes se dio lectura a un oficio enviado por Segura Valladares a la Oficialía Mayor, donde se informó de forma escueta que decidió, sin explicar el motivo, no ocupar la curul que dejó vacante Arellano Sotelo. Pablo Segura Valladares es militante del PRD y miembro de la corriente política Nueva Izquierda que en la entidad encabeza el diputado federal con licencia Sebastián de la Rosa Peláez, conocido por ser de los principales impulsores de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y actualmente preso por sus nexos con el narco y el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras que Pedro Segura es un conocido ganadero propietario del rancho 4 Potrillos de Los Sauces, localizado en el municipio de Teloloapan, y señalado por el gobierno federal como presunto operador financiero de la organización criminal denominada La Familia, que tiene sus bastión en la zona norte de la entidad y el sur del Estado de México. En el reportaje “Guerrero: contagio narco de las autoridades”, que Proceso difundió en octubre de 2012, se hace referencia a la forma en que los líderes de las “tribus” perredistas se hicieron de posiciones en la convulsionada zona norte al amparo y protección del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En noviembre de 2010, Aguirre arrancó su campaña por la gubernatura en Teloloapan y, en ese tiempo, según reconoció él mismo ante la prensa, fue invitado a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras, y patrocinada por Santana Ríos Bahena, el primero empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, y el segundo conocido productor de melón; ambos señalados por sus presuntos nexos con el narco, de acuerdo con informes oficiales consultados por el semanario. El encuentro fue promovido por un grupo de políticos perredistas que triangularon posiciones en la zona norte para mantener sus cotos de poder. El grupo aglutinado en las corrientes Nueva Izquierda y Grupo Guerrero lo encabeza Sebastián de la Rosa, David Jiménez Rumbo y Evodio Velázquez, así como el exalcalde de Teloloapan y actual diputado federal perredista Marino Miranda, quien dejó como sucesor a su amigo, el exdiputado local Ignacio Valladares; éste a su vez designó como su suplente a Rogelio Lagunas, hermano de Bernardo Lagunas.
De igual manera, el exalcalde de General Canuto A. Neri y actual diputado local con licencia, Roger Arellano Sotelo, prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a su jefe de la policía e intérprete de ‘narcocorridos’ Eleuterio Aranda, El Solitario del Sur. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de documentos utilizados por personas cercanas a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para visitarlo en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México. El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social identificó el uso de documentación apócrifa por parte de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, preso desde enero de 2014. La CNS dio a conocer que derivado de los estrictos controles para el ingreso y la identificación de las visitas a los centros penitenciarios federales, así como por los rigurosos protocolos de vigilancia que se mantienen en torno de las actividades de los internos, personal del órgano desconcentrado identificó el uso de documentación oficial que no correspondería con la verdadera identidad de los visitantes. En días pasados Guzmán Loera sostuvo una audiencia con una mujer, quien para su admisión se identificó con una credencial del Instituto Federal Electoral y además exhibió un acta de nacimiento. Su ingreso al penal se dio en el Área de Prácticas Judiciales, a donde acudió junto con el defensor particular del interno, supuestamente para llevar a cabo una audiencia informativa. Al realizar los cruces de información correspondientes con las distintas bases de datos, se identificó que la defensa de Guzmán Loera ingresó de manera irregular a terceros vinculados con el capo. “Es importante señalar que a la fecha el penal de máxima seguridad No. 1 El Altiplano cuenta con equipo de identificación biométrica, el cual permite tener un mejor registro tanto del personal de los Centros como de las personas externas que ingresan a dicha institución penitenciaria”, destaca el CNS en un comunicado.
Ante estos hechos, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentará ante la PGR la denuncia correspondiente para que se deslinden las responsabilidades a las que haya lugar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, advirtió que los recientes escándalos relacionados con las propiedades del presidente Enrique Peña Nieto y de su círculo cercano “pueden ir mucho más allá de su propio prestigio”. Después de presentar la plataforma “Candidato Transparente” en el hotel Four Points en la colonia Roma, el doctor en Gobierno por la London School of Economics y maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, dijo a Apro: “Tenemos una crisis de confianza y de credibilidad y estos dos elementos son bastiones para que funcione una sociedad y también para que una democracia pueda tener futuro, para que la economía tenga dinamismo. Cualquier proceso de transacción económica es un acto de confianza, cualquier acto de decisión de inversión es un acto de credibilidad, de fe”.
En los últimos meses se han dado a conocer en diversos medios de comunicación casos de conflicto de interés y derroche de recursos por parte de funcionarios de primer orden, como el caso de Peña Nieto y la llamada “Casa Blanca”; las propiedades del secretario de Hacienda, Luis Videgaray en Malinalco; y recientemente, las casas de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y del subsecretario de esa dependencia, Luis Enrique Miranda, investigación publicada en el semanario Proceso edición 2006, que circula en esta semana. Juan Pardinas sentenció que “las implicaciones y los costos de esta crisis pueden ir mucho más allá que simplemente del prestigio de los funcionarios involucrados”. El también politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisó que los costos trascienden al terreno económico, ahuyentando inversiones ante la ausencia de un Estado de Derecho. Al cuestionarle sobre el impacto que esta crisis de credibilidad en el gobierno tendrá en las reformas, el especialista consideró: “Podríamos hacer 20 reformas estructurales, pero si no damos certidumbre, credibilidad, una certeza de que el Estado de Derecho funciona, no vamos a poder aprovechar la magnitud y la potencia de las reformas estructurales”. Remató: “La principal reforma estructural que puede enfrentar México es la de respeto a la ley, y para respetarla, como obligación y como ejemplo, los primeros que deben hacerlo son los funcionarios públicos, su gabinete, los gobernadores… Y lo que estamos viendo es que las transgresiones empiezan desde los liderazgos políticos”. “Candidato Transparente” El IMCO y representantes de organizaciones civiles presentaron la plataforma “Candidato Transparente”, la cual busca que cada candidato a un puesto público difunda su declaración patrimonial o carta de compromiso, además de su declaración de intereses y declaración fiscal. “Lo que queremos hacer con esta iniciativa de la sociedad civil, es poner un ladrillo en el proceso de la construcción de la confianza pública. Posiblemente nos va a tomar una generación, pero por un lado hay que empezar. Este tipo de iniciativas debe ser una obligación legal y no la sociedad civil la que esté presionando”, dijo el director del IMCO a esta agencia. A la presentación de la plataforma asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani; el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón; el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; así como la académica y colaboradora de Proceso, Denisse Dresser. De acuerdo con el IMCO, la declaración patrimonial de los funcionarios servirá para conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. “Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares”, precisó. En el caso de la declaración de intereses, permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. La información permite evitar que en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para los individuos involucrados. Por último, el especialista consideró que con la declaración fiscal se corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo. Hasta este 14 de abril, sólo 16 aspirantes a un cargo de elección popular se han inscrito a la plataforma de un total de mil 518 candidatos. De esos 16, ocho son del PAN, dos de la coalición PRI-PVEM, uno del PRI, otro de la coalición PRI-PVEM-Panal, uno de la coalición del PRD-PT-Panal, uno de Morena, uno más de Movimiento Ciudadano y finalmente, una candidatura ciudadana. En términos de puestos a los que aspiran: sólo un candidato a gobernar un estado se adhirió a la plataforma, mientras que hay ocho aspirantes a alcaldías o delegaciones y siete candidatos a diputados federales.
En otras palabras, la voluntad política es escasa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
Hoy fue publicado un video en la plataforma YouTube en el cual se exhiben la gran cantidad de viajes turísticos alrededor del mundo que han realizado Sofía y Cristina Madero, las dos hijas de Gustavo Enrique Madero Muñoz actual Presidente del Partido Acción Nacional (PAN). El usuario Cambiemos de Rumbo dice presentar su “primera entrega” de varias, en donde expondrá “la corrupción y la doble moral del PAN”.
Dice además, en la descripción del video, que los viajes de las hijas del líder panista son “exóticos” y que Gustavo Madero se los regala para mantenerlas lejos, “mientras se apropia del PAN y contamina su interior con prácticas corruptas como los ‘moches’”.
“¿Conoces a Sofía y a Cristina? ¿no? Ellas son las hijas de Gustavo Madero, Dirigente Nacional del PAN. ¿Sabes qué hacen con su tiempo libre? ¿A qué se dedican? ¿En qué gastan su dinero? o más bien el dinero que les da su ‘papi’, de los ‘moches’ que recibe o de nuestros impuestos”, comienza el video con una voz en off.
“Estos son los viajes exóticos a los que dedican su vida estas niñas y donde el derroche de dinero no para, así como lo presumen en sus redes sociales”, para después hacer un listado de todos los lugares que el usuario documentó, han visitado Cristina y Sofía Madero durante el lapso de tres años:
Julio del 2011: Nueva York.
Octubre del 2011: Austin, Texas.
Diciembre del 2011: Los Ángeles, California.
Diciembre del 2011: Australia.
Mayo del 2012: Ghana, África.
Mayo del 2012: Melbourne, Australia.
Junio del 2012: San Antonio, Texas.
Julio a Septiembre del 2012: India, Nepal, Tibet.
De Enero a Junio del 2013: Shanghai, Beijing, Macau, Hong Kong, Singapur, Filipinas, Camboya y Tailandia.
Noviembre del 2013: Lima, Perú.
Diciembre del 2013: Montreal, Canadá.
Verano del 2014: Houston, Texas.
Septiembre del 2014: San Francisco y Los Ángeles, California.
El video finaliza con un cálculo de cuánto se han gastado las hijas del líder panista en estos viajes, considerando tan sólo aviones y hospedaje.
Tomando en cuenta las fechas y lugares publicados por Cristina y Sofía Madero en sus redes sociales, así como los precios de aviones y hospedaje publicados en sitios como Despegar.com y Expedia, estos ‘viajecitos’ suman por lo menos 6 millones 897 mil 500 pesos. Esto sin incluir ‘shopping’, ‘peda’ y souvenirs para las ‘amiguis’.
El usuario Cambiemos de Rumbo también cuestiona de dónde sale el dinero que gastan las hijas de Gustavo Madero en sus costosos viajes.
Ellas son las hijas de Madero, unas hijas de su madre y de su padre que salen muy caras. ¿De dónde sacas dinero para mantener a tus hijas Gustavo Madero?
“No niego que, como en toda comunidad humana, en la nuestra lleguemos a presentar actos de corrupción o comportamientos individuales licenciosos, pero los panistas siempre hemos luchado y seguiremos luchando por combatirlos y por demostrar que el PAN es una realidad distinta”, dijo Madero en septiembre del 2014, después de que el presidente Enrique Peña Nieto declarara que la corrupción en México es un “tema cultural”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1312564.
Los organizadores del Viacrucis Migrante, una procesión de centroamericanos que busca llegar hasta Ciudad de México, anunciaron hoy que presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde dijo a dpa que decidió aplazar hasta mañana la salida de la caravana con 290 migrantes, que iba a intentar hoy nuevamente partir desde el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, en el estado sureño de Oaxaca. “Hemos pedido un amparo colectivo para protegernos del Estado mexicano y presentado una queja por abuso de autoridad y atropellos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si para mañana no está el amparo, vamos a salir de todos modos”, aseguró. La semana pasada se canceló la salida desde Ixtepec por un operativo policial y de migración que se montó en la zona con la advertencia de que sólo se permitiría el paso a personas con sus documentos migratorios en regla, situación en la que no están los migrantes. “Este Viacrucis siempre lo hemos hecho pero es la primera vez que el gobierno se pone así”, dijo Solalinde. “Tengo 20 años trabajando en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y jamás había visto una ciudad sitiada de esta manera, han puesto varios retenes”. Los migrantes, que iniciaron el Viacrucis el 24 de marzo en la frontera de México y Guatemala, realizan desde hace varios años este recorrido para hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a Estados Unidos y sufren en México toda clase de abusos. Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Nacional de Migración ha desplegado un amplio operativo alrededor de Ixtepec y ha advertido que se permitirá el tránsito de las personas “siempre y cuando tengan el permiso de estancia legal”, lo cual no es el caso de los migrantes que participan el Viacrucis. AI EXIGE CESAR CRIMINALIZACIÓN Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores debido al dispositivo de seguridad del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la policía federal que bloquea las actividades de la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”. La organización manifestó en un comunicado que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino “criminaliza a las personas migrantes además de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se encuentren personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a las y los migrantes”. El Albergue ofrece asistencia humanitaria integral a las personas migrantes desde 2007, siendo reconocido el Padre Alejandro Solalinde como un gran defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, recordó la organización. La razón detrás de prohibir las verificaciones en lugares en donde se trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes es, por un lado el reconocer que las personas migrantes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad y que las organizaciones y personas que los apoyan realizan una tarea fundamental a favor de los derechos humanos, y, por otro, reconocer el trabajo de los defensores y defensoras de las personas migrantes y permitirles hacer su trabajo sin trabas ni intimidaciones. Por lo que la medida adoptada por INM obstaculiza el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos. Además señaló que el dispositivo de seguridad es “inconstitucional” puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11 que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte. AI enfatizó que la forma en que se realizó el dispositivo de seguridad ”ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado”. Al menos 100 miembros del Viacrucis pueden ser solicitantes de asilo, y de estos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en cuanto a las personas que se encuentran dentro del Albergue Hermanos en el Camino y garantizar que durante el procedimiento previsto articulo 20 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Por lo cual Amnistía consideró que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar asistencia institucional a los solicitantes que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad. Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades y a las instancias correspondientes para asegurar que las condiciones de seguridad del albergue y que las personas migrantes sean respetadas durante el recorrido de la caravana hacia la Ciudad de México este 15 de abril a las 7:00 AM. Está acción decidida por las personas migrantes y sus defensores tienen que ser considerada una “acción civil de resistencia pacífica” la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización y de libre tránsito de todas las personas migrantes. CNDH PIDE PROTEGER CARAVANA La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para proteger las garantías de las personas que participan en la llamada caravana migrante, luego de que organizaciones presentaron una queja. La solicitud de la CNDH está dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la presidencia municipal de Ixtepec, Oaxaca. El organismo solicitó particularmente medidas para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que participan en esta caravana de migrantes y organizaciones civiles. Entrevistado al término de un seminario sobre la Constitución, organizado por el Senado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de visibilizar los problemas que sufren los migrantes en México. Asimismo, pidió a las autoridades entender el contexto adverso que enfrentan los migrantes y emprender acciones para su atención.
También proteger a la población migrante, recordó, es la obligación de un Estado democrático, que demanda respeto total a la dignidad de las personas independientemente de su estatus migratorio. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1312301.
HERMOSILLO, Son: El secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 250 millones de pesos, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Además se inició el proceso administrativo 614/10 ante la Contraloría General del Estado (CGE) por la supuesta contratación de 108 “aviadores” al servicio del Sindicato Federal Sección 43 que dirige Mario Villalobos García. El cirujano Carlos González Méndez explicó que la denuncia 51/15 interpuesta ante la PGR se fundamentó en la retención de casi el 50% del salario de cuatro mil 800 trabajadores adscritos al sector salud sonorense. Evidenció que el gobierno del estado incumplió de 2010 a la fecha con la homologación de salarios acordada con la federación, por lo que el personal de salud en la entidad sólo percibe la mitad del sueldo que por ley debe recibir. “En este desvío de recursos y contratación de aviadores deben estar involucrados subsecretarios, directores y personal de recursos humanos porque el secretario Campillo no pudo haberlo hecho solo”, acusó Gonzáles Méndez. En relación con la asignación de 108 plazas para comisionados sindicales con goce de sueldo, o “aviadores”, dijo que constituye un tráfico de influencias porque evidencia la relación entre el sindicato y la secretaría a fin de evadir investigaciones locales y federales.
“Con estas denuncias queremos que se les remunere lo que le corresponde a cada trabajador porque estas irregularidades les ha trastornado la vida y sobre todo que no haya impunidad”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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