La fiscalización es el reto del INE este 2015. Para este proceso electoral, un candidato, en campaña o incluso ya electo, podría perder su registro si rebasa el tope de gastos.
Con su nuevo esquema de rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta al que quizá sea uno de los más grandes retos de su historia; por primera vez y casi de forma inmediata, quienes violen la ley electoral no podrán participar en la contienda. Con un sistema de fiscalización inédito en el mundo, la autoridad electoral puso el acento en la rendición de cuentas para los comicios de este año. La presentación de resultados casi en tiempo real, permitirá al INE descalificar de inmediato a los candidatos que incumplan con sus obligaciones de dar información a las autoridades o rebasen los topes de campaña. Con su nuevo sistema de fiscalización, el INE vigila cada gasto que realizan los aspirantes para diputados federales y cada una de las 17 entidades donde habrá procesos locales. Ahora, por primera vez en la historia, un candidato o candidato electo podría perder su registro si rebasa el tope de campaña u omite entregar información sobre sus gastos. Las nuevas reglas de fiscalización surgieron a raíz de las denuncias que se presentaron en el proceso electoral del 2012 sobre el supuesto uso excesivo de recursos en las contiendas; la reforma electoral del 2014 incluyó nuevas disposiciones de fiscalización. En ellas, se dio la facultad al Consejo General del INE para revisar todos los gastos hechos por los aspirantes. Esa actividad estaba reservada antaño para la Unidad de Fiscalización del Instituto. Ahora, ésta solo actúa como coadyuvante técnico. Información en tiempo real Para poder revisar los gastos de campaña de los más de 20 mil candidatos que compiten por un puesto de elección popular en el 2015, el INE convocó a una licitación para crear un programa informático que permitiera registrar cada uno de los movimientos de los aspirantes. El proceso tomó una ronda de dos licitaciones, pero las empresas que obtuvieron el contrato no cumplieron con la creación del sistema de información para el INE, por lo que les fue rescindido el convenio. En pocas semanas, el instituto tuvo que desarrollar el programa informático y la aplicación para que los candidatos pudieran enviar su información en tiempo real. Para ello, pidió colaboración a académicos de la UNAM para su desarrollo. A través de él, los candidatos deben ingresar cada día sus ingresos y egresos y la forma en que invierten el dinero establecido para su campaña. Esto permite al INE verificar en un periodo corto de tiempo si los aspirantes incumplen con la ley y sancionar a quienes rebasen los topes de campaña, como ocurría hasta el proceso electoral pasado. De acuerdo con el “Mecanismo Electrónico para la Contabilidad en Línea y la Fiscalización Oportuna” del INE, los candidatos deben entregar un informe semanal de sus gastos y registrar en línea el uso de recursos que se encuentran catalogados por la autoridad electoral. Además, deben capturar cada una de las facturas emitidas por sus proveedores y adjuntar una evidencia gráfica sobre cada uno de los gastos. Sumado al sistema automatizado de fiscalización, el INE cuenta con verificadores que acuden a los actos de campaña de los candidatos y llevan un seguimiento pormenorizado de los recursos utilizados por los aspirantes a un cargo de elección popular. “(La) captura de ingresos y gastos no reportados permitirá al auditor la captura, en una cédula resumen por candidato, de los ingresos o gastos que no fueron reportados por los partidos o asociaciones y que derivado de las actividades de auditoría se identificaron, sumando a los reportados a efectos de aplicar las validaciones de topes correspondientes”, indica el documento. Arturo Sánchez, consejero electoral del INE y miembro de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que la autoridad electoral ha estado pendiente de todo el proceso, y pone lupa a cada uno de los gastos. “En las precampañas de toda la República hemos hecho monitoreos, un seguimiento, hemos hecho todo tipo de investigaciones que nos permiten incluso sancionar a los precandidatos que han cometido alguna falta importante”, comentó. Las primeras sanciones a los precandidatos ya fueron emitidas por el INE. Perder la candidatura por faltar a la ley Esta semana, la autoridad electoral quitó el registro de 366 precandidatos del PRD que incumplieron con la presentación de sus informes de precampaña. Lo mismo podría ocurrir con un candidato que gane la elección. Si rebasa el tope de campaña en un 5%, si no presenta los informes correspondientes o falsea información respecto a sus gastos, un candidato ganador podría perder el puesto de sufragio popular para el que fue electo y se deberá llamar a una votación extraordinaria. “Vamos a hacer una revisión día tras día de los ingresos y egresos de todos los candidatos; va a ser un trabajo complejo, difícil, pero para eso ya tenemos un sistema automatizado (…) y nosotros vamos a ir fiscalizando esos recursos conforme va avanzando la campaña. “Por eso nos vamos a dar cuenta rápido si se violaron los topes de gastos de campañas o si no están reportando cosas que nuestro moniteadores están viendo en las campañas al aire, ya sea en espectaculares, en bardas pintadas, en la compra de pendones para colgar en las calles, en fin”, advirtió Sánchez.
Para Francisco Guerrero, académico de la Universidad Anáhuac y exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el sistema de fiscalización pone al INE en uno de los retos más importantes de su historia, pues es un experimento no solo a nivel nacional, sino en el mundo. “Imaginemos la relevancia que tiene que el INE pueda quitarle a un partido un triunfo electoral por un tema de rebase de topes de campaña. Eso no ha existido nunca. En la elección del 2012, hubo varios candidatos a diputados y senadores que rebasaron los topes de campaña y aun así se quedaron en el cargo. Esto desaparece con la nueva ley. “Es positivo que eso exista, pero también debe haber garantías de certeza, de conocimiento técnico, y de que los propios partidos políticos adecuen sus equipos de campaña para que den un seguimiento diario”, comentó Guerrero. Otro aspecto del sistema de fiscalización es que las sanciones sobre el mal manejo de los recursos de campaña recaerán también en los secretarios de finanzas de los partidos políticos. “Los secretarios de finanzas de los partidos políticos son responsables solidarios de las violaciones que puedan llevar a cabo los partidos. Entonces esto implica una presión mayor a los equipos de los candidatos. “Y, además, normalmente los candidatos nacionales son más ordenados que los candidatos a nivel estatal o municipal, quienes tienden con frecuencia a ser descuidados, lo que ahora costará a los partidos millones de pesos en multas”, expuso Guerrero.
Para el catedrático, el sistema de fiscalización del INE está todavía en una fase experimental y deberá mejorarse. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Informes del Cisen en Michoacán destacan que desde hace un año el cártel Jalisco Nueva Generación pelea el control del estado; esta semana ingresó a la entidad registrándose ya cuatro enfrentamientos.
Mientras el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, lidia con lo que podría ser el escándalo de su administración -al darse a conocer que en su breve gestión ha utilizado más de mil 200 millones de pesos de Banobras para reestructurar la deuda- su estado retorna a los baños de sangre. De acuerdo a datos manejados al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en diversos puntos del estado obedece al posicionamiento del cártel Jalisco Nueva Generación que está disputando el territorio de Michoacán, tanto a las células huérfanas del cártel de Los Templarios, como a los grupos de autodefensa. El violento regreso del terror a Michoacán se ha registrado con mayor insistencia en los municipios de la zona limítrofe con Jalisco, dice un informe al que tuvo acceso Reporte Indigo, donde en las últimas 48 horas se han registrado al menos cuatro enfrentamientos. El choque de la células del cártel de Jalisco con los grupos de autodefensa ocurrió apenas la noche del pasado lunes, cuando un comando de al menos 50 hombres ingresó al municipio de Sahuayo, en la zona limítrofe de Michoacán, atacando un puesto de autodefensas y policías estatales que estaban al cuidado de la seguridad de esa localidad. En el choque tres autodefensas fueron muertos, y al menos cuatro de los sicarios también perdieron la vida. Frente a este panorama, el gobierno estatal no ha reconocido el retorno de la violencia ni la disputa del territorio michoacano por parte de las células del crimen organizado. El gobernador apenas acaba de regresar de un viaje que hizo a Europa, a donde asegura fue por invitación de la UNICEF, pero no expuso el problema de los niños huérfanos de la guerra que persiste en todo el estado. ‘La Tuta’, la última contención De acuerdo a informes de agentes de campo del Cisen en Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación había estado peleando el control del estado desde hace casi un año, apenas fue abatido Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”. La ubicación y ejecución del entonces líder de Los Templarios sería obra indirecta del cártel en Jalisco, cuyos sicarios ubicaron a “El Chayo” mientras se desplazaba por las montañas de Arteaga, revelando luego su posición a las Fuerzas Federales, ante quienes –oficialmente- cayó abatido en un enfrentamiento. A partir de ese momento, el cártel encabezado por Nemesio Oseguera decidió ir por el control de todo el estado, pero encontró la resistencia de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, quien se autonombró líder de Los Templarios. La confrontación entre las células leales a “La Tuta”, y las células del cártel de Jalisco fue lo que elevó la ola de violencia que se vivió en Michoacán el año pasado. Tras la captura de “La Tuta”, sus leales mantienen la lucha contra el grupo de Jalisco, el que se estima que ha entrado a la entidad con al menos cinco células de sicarios por cada uno de los municipios en disputa. La tercera hermandad De la alianza de las células que fueron de Los Caballeros Templarios y de las células del cártel Jalisco Nueva Generación –explica el informe del Cisen- resulta el nuevo grupo dedicado al trasiego de drogas, que se autonombra como la Tercera Hermandad, el cual depende de la estructura de Nemesio Oseguera. Tercera Hermandad, dijo un funcionario del Cisen, ha iniciado un periodo de reclutamiento de todos los grupos armados en Michoacán, que lo mismo pueden ser los extemplarios que policías. Promete cártel ‘limpiar’ violencia Indigo Staff Como lo hiciera en su momento Servando Gómez Martínez, los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación han utilizado videos colgados en Youtube para lanzar avisos sobre sus actividades. Uno de esos materiales circula en la red y en él señalan a la población de Guerrero y Michoacán que ellos se encargarán de limpiar la ola de violencia. En la grabación, que dura poco más de cuatro minutos, aparecen varios hombres vestidos con ropa negra, encapuchados y fuertemente armados, algunos de ellos se encuentran sentados en una mesa simulando una conferencia de prensa. Uno de los hombres afirma que el pueblo está harto de tantas injusticias que se viven diariamente, y afirma que Los Caballeros Templarios ya no son narcotraficantes. “(Son) una bola de bandidos que abusan de la gente inocente, son una plaga maligna que a diario matan a inocentes para robarles lo poco que ganan para el sustento de su familia. Puesto que ellos se dedican al secuestro, extorsión, cobro de cuota, a robar las tierras al campesino y lo más bajo que hacen es violar a mujeres indefensas. “Ustedes Caballeros Templarios son una bola de mugrosos bandidos junto con sus líderes, la ciudadanía merece tranquilidad y nosotros. Los guerreros del cártel de Jalisco Nueva Generación venimos a dársela, y terminar con éstas lacras que han invadido la tranquilidad de la ciudadanía de Guerrero y Michoacán”, dice el hombre encapuchado en la grabación. Aseguran que ellos se dedican al narcotráfico y no a robar, ni a secuestrar como lo hacen Los Templarios. “Pero les aseguramos que nosotros vamos a acabar con ellos y con sus líderes”. En el video también aseguran que el Gobierno no ha podido dar con Nazario Moreno, “El Chayo”, quien “se hace pasar por muerto, pero en realidad no está muerto”. “En este comunicado decimos que nosotros estamos en contra del secuestro, extorsiones, de las violaciones de mujeres y de matar gente inocente, ya basta de tanta maldad de parte de éstas lacras que son Los Caballeros Templarios. Atentamente Los Guerreros del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, indica el desconocido.
En disputa Entre los municipios que el cártel Jalisco Nueva Generación está contemplado como plazas para asentarse, se encuentran: > La Piedad > Zamora > Sahuayo > Yurécuaro > Vista Hermosa > Los Reyes > Uruapan > Tepalcatepec > Aguililla > Apatzingán
> Buenavista Tomatlán FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Mientras el gobierno mexicano premió hoy a empresarios por las donaciones hechas a albergues de migrantes, en Oaxaca mantuvo el cerco para evitar que la Caravana “Viacrucis sin fronteras” emprenda su rumbo a la Ciudad de México. Este martes, el canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, entregó reconocimientos a nueve empresarios y a la fundación de BBVA Bancomer por las donaciones realizadas a albergues de migrantes ubicados en la frontera sur del país. Según la Cancillería, los hombres de negocios entregaron bienes como colchones, ropa o alimentos para “atender las necesidades básicas de los migrantes”, particularmente de niños y adolescentes en su tránsito desde América Central. De acuerdo con la página de internet de la Fundación BBVA Bancomer, los empresarios entregaron víveres y material al albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, mismo que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde. Sin embargo, al tiempo que Meade entregaba sus premios a los actores privados, el operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal oaxaqueña permanecía en las salidas de las carreteras que atraviesan Ixtepec. Desplegados desde el pasado jueves, los agentes tienen la misión de detener a los migrantes centroamericanos quienes saldrían del albergue para continuar el camino de la caravana “Via crucis sin fronteras”, la cual arrancó el pasado 24 de marzo en la frontera con Guatemala y debía salir rumbo al Distrito Federal el pasado jueves. La madrugada de ese día, los activistas e integrantes del albergue ya habían contratado el servicio de autobuses que los llevaría, junto con más de 200 migrantes, hasta la capital del país para sostener encuentros sociales, cuando se percataron que unidades de la policía estatal y del INM habían instalado su dispositivo. Peor aún, de acuerdo con el padre Solalinde, funcionarios federales amenazaron a los choferes de autobuses con detenerlos por el delito de tráfico de personas si dejaban subir a migrantes indocumentados en sus unidades. La organización Amnistía Internacional condenó ayer el operativo migratorio que contaba con entre cinco y seis camiones del INM y alrededor de 260 elementos de la Policía Federal. Lo calificó de “ilegal” por violar la ley de migración, criminalizar a la población migrante y no respectar su derecho a la movilidad. En respuesta, el INM aseveró que sus acciones están “apegadas a ley y a su aplicación”. Precisó que “el dispositivo de seguridad que mantiene el INM con la Policía Federal en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para llevar a cabo operaciones de control y verificación (…) es para salvaguardar la integridad de los extranjeros”. Agregó que los retenes se encuentran a “más de 10 kilómetros” del albergue y que sus agentes “no poseen ningún tipo de arma”.
Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los gobiernos federal y de Oaxaca a otorgar medidas cautelares para respectar los derechos humanos de “quienes participan en la caravana”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: A casi tres años del asesinato de su hijo Edgardo Hernández Corzo, a manos del exdiputado y excandidato a alcalde del PRI en Villaflores, Ulises Grajales Niño, don Hilario Hernández Santiago, de 73 años, persiste en su reclamo de justicia, pues pese a que al presunto homicida pasaría 50 años en prisión, éste no estuvo recluido más de 10 meses. El 11 de junio de 2012, Ulises Grajales, entonces candidato del PRI y el Partido Orgullo Chiapas (hoy Chiapas Unidos) –fundado por el gobernador Juan Sabines–, y su chofer y guardaespaldas Alfonso López Moreno persiguieron, alcanzaron y asesinaron a tiros a Edgardo Hernández Moreno, un brigadista del PAN a quien supuestamente sorprendieron retirando propaganda electoral priista. “No tienen derecho a la libertad bajo caución, por lo que enfrentará un proceso en reclusión y podría alcanzar penas de 25 hasta 50 años de prisión”, destacaban los titulares de los diarios en esa época sobre las declaraciones del actual procurador Raciel López Salazar, quien abrió la averiguación previa 182/CE39/2012, iniciada por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, en los primeros meses de 2013 Grajales Niño ya estaba libre gracias a la intervención de sus padrinos políticos: la diputada federal del PRI, Arely Madrid, y el entonces legislador local del PVEM José Angel Córdova, exasesor de Sabines, así como del actual líder estatal del PRI, Roberto Albores. Pese a que la PGJE dio a conocer que había llevado a cabo “diversas diligencias en materia de criminalística forense y recabó la declaración de diferentes testigos, quienes señalaron de manera directa a Grajales Niño de participar en el homicidio”, éste quedó libre en menos de un año. Para 2013, el priista Ulises Grajales se movía con un bajo perfil haciendo proselitismo en las comunidades de Villaflores junto a su esposa Erika Yaroily Hernández Salazar. En marzo de 2014 fue recapturado pero liberado tres meses después, y reapareció públicamente en agosto del mismo año cuando subió a su red social de Facebook su foto con el líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz. A la familia de Edgardo le indignó el “cinismo” del retorno de Ulises Grajales a las actividades políticas partidarias. Don Hilario advierte que “el responsable del asesinato de mi hijo fue Grajales Niño, el mismo que le dio un disparo en la cabeza y que lo privó de la vida”. En el panteón del ejido Cristóbal Obregón, donde el septuagenario limpia la tumba de su hijo Edgardo, señala que otra vez el homicida de su hijo busca ser alcalde de Villaflores, candidatura que le fue cancelada en 2012 por el crimen que cometió en plena campaña. Aclara que sigue vigente la averiguación previa 182/CE39/2012 ante el fiscal del Ministerio Público, Gamaliel Ortega Leep, en la mesa de tramite 4 adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio. En marzo del año pasado el priista fue arrestado nuevamente, pero acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada, traslado de vehículos robados y encubrimiento, como resultado de otra averiguación previa que data de 2010. Don Hilario destaca que hace unos meses envió un documento al gobernador Manuel Velasco para que no se le dé carpetazo al caso del asesinato de su hijo.
Sin embargo, advierte que el crimen de su vástago y la libertad de sus ejecutores sólo confirman que hasta ahora campea la impunidad y la justicia nunca llega para las familias que carecen de las influencias que presume el priista Grajales Niño. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: Pablo Gómez, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), criticó a Enrique Peña Nieto por promover la censura del ‘spot’ del PAN sobre el presuntamente oneroso viaje presidencial a Londres. Esta mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar del aire el promocional “Londres-gasolina”. En el mensaje se criticaba a Peña Nieto por invitar a 200 personas a su gira por el Reino Unido. “Se trata de la crítica de un partido a un presidente, lo cual debe ser respetado como los demás”, indicó.
“Es una aberración que se esté convirtiendo el actual proceso electoral, las campañas de los partidos, en una cárcel de las ideas”, denunció. Luego pidió a Peña Nieto defenderse con argumentos, no con censura. No obstante, consideró que el PAN no tiene autoridad moral para criticar al PRI, debido a que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón actuaban de la misma manera durante sus giras. “En lugar de pedir la censura, el presidente debió haber hecho una aclaración. Si hay algo que deba negar, que lo niegue, pero que no pida que se censure la libertad de difundir ideas equivocadas o no”, acotó. Luego acusó al INE de convertirse en la “nueva Inquisición” contra la libertad de expresión.
La Consejería Jurídica del gobierno federal pidió al INE que retirara el anuncio denominado “Londres-gasolina”, en cuya parte relacionada con el Ejecutivo federal se pregunta a dos jóvenes: “¿Qué opinan de que el presidente llevó a 200 invitados en su viaje a Londres?”, y una chica responde: “Yo diría que es una chingadera”. Luego una voz en ‘off’ acota: “Acabemos con la corrupción”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La farándula y la política nunca han sido una buena combinación, pero es lo que tenemos. La farándula se metió en Los Pinos y asistimos al show de las frivolidades, mientras el país está sumido en una crisis económica, política y de derechos humanos. La escena es aparentemente normal: una actriz mexicana famosa de compras en un lujoso centro comercial de Beverly Hills. Pero aquí hay un pero. Resulta que esa actriz es, nada menos que, la Primera Dama de un país con 70 millones de pobres, 28 millones de los cuales, son pobres alimenticios, es decir, gente que no tiene ni para comer El acto de ir de compras a tiendas caras se vuelve ofensivo porque la Primera Dama no es solamente una actriz famosa, sino la presidenta honoraria del DIF Nacional, una funcionaria que dirige un ente público. Todo indica que la señora Rivera sigue viviendo en la negación. Según ella no es funcionaria, pero su puesto en el DIF, la obliga incluso a presentar declaración patrimonial, algo que nos debe a los mexicanos, en especial de los años 2012 y 2013, cuando supuestamente tenía 130 millones que, dice, le pagó Televisa por la excelencia de sus importantes servicios. Si la señora se quiere ir de compras a todo lujo que se vaya como una ciudadana más, pero el problema es que utiliza el Estado Mayor Presidencial, sus escoltas y vehículos, por tanto, está gastando los recursos de los mexicanos, por tanto, insisto, es una funcionaria más y tiene que responder. ¿Quién pagó las compras de La Gaviota, sus hijas e hijastras? Por lo pronto, ya salió un valiente a dar la cara. No, no es Peña Nieto. Se trata del papá de las hijas de Angélica Rivera, el productor de telenovelas José Alberto “El Güero Castro”: “No ofendan a mis hijas, el que vivan con su mamá no significa que ella las mantenga yo trabajo para mantenerlas y cuidarlas #NoSeConfundan”. El Güero Castro, tiene razón, La Gaviota no mantiene a sus hijas, en parte su manutención corre a cargo del erario público. ¿O acaso el Gúero Castro paga los escoltas que las cuidan y las camionetotas con chofer que usan para trasladarse? Ahora bien, si verdaderamente el Güero Castro quiere que aceptemos como definitiva su aseveración. Qué él y su ex esposa transparenten los gastos de las tres muchachas. Vamos haciendo cuentas. Que nos diga a cuánto asciende la pensión que les da a pesar de ser mayores de edad. Sería interesante saber cuánto gasta Sofía al mes o saber a cuánto asciende su pensión individual porque mientras andaba de compras exhibió un bolsito de la marca francesa Céline que cuesta la friolera cantidad de 2 mil 200 dólares, más de 30 mil pesos. Y además se probó vestidos de 20 mil dólares en una exclusiva tienda de trajes de graduación Bagdley Mischka, según reportó Telemundo. Necesitamos información financiera para entender como está chica podría comprarse un vestido de 300 mil pesos. La discreción no es una cualidad de Angélica Rivera ni de sus hijas que exhiben de manera ostentosa sus frivolidades. Evidentemente la importancia que le dan a su imagen y vestimenta es prioritaria, a pesar de que el país, bajo el régimen de Enrique Peña Nieto, se empobrece a pasos agigantados. Las hijas de Peña Nieto no son diferentes. Sería muy interesante saber a cuánto ascienden los gastos de estas seis mujeres — Angélica, sus tres hijas y sus dos hijastras— todas, forman parte del séquito presidencial. Todas visitaron tiendas como Dolce & Gabbana, Versace Collection, Tiffany o Lord of Optic y para finalizar su jornada de compras se fueron a cenar al restaurante Fogo de Chao donde el costo por persona es de 61 dólares. La opacidad solo sirve a la especulación. Si la familia Peña-Rivera quiere detener las criticas exacerbadas generadas por su costoso nivel de vida, necesita transparentar sus gastos. Mientras la señora Rivera no presente su declaración patrimonial, seguiremos sin saber si el costo de sus lujosos gustos y el de sus hijas e hijastras lo paga ella con sus magníficos ahorros producto de su trabajo con Televisa, o lo pagamos todos los mexicanos. Para empezar, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez debe dejar de proteger la información concerniente al pago de impuestos declarados por Angélica Rivera desde el 2010. De esta manera, se confirmará o descubriremos las mentiras de la Primera Dama quien declaró públicamente que fue ella quien compró su famosa Casa Blanca. La mejor manera de combatir la corrupción es transparentando las declaraciones del gabinete presidencial, incluida, la Primera Dama. El artículo 108 de la Constitución Federal obliga a la señora Rivera a transparentar sus ingresos y egresos. De lo contrario, Angélica Rivera deberá ser inhabilitada y destituida de su cargo como presidenta del DIF. De esta manera, si cometió el delito de enriquecimiento ilícito, ser llevada a juicio. El artículo 224 del Código Penal Federal nos ofrece la posibilidad de enjuiciar a un servidor público, cuando este, no ha acreditado de manera fehaciente el súbito aumento de su patrimonio o su poder adquisitivo.
De está manera, la señora Rivera, sus hijas e hijastras podrán contestar la simple pregunta de la canción de Chico Che: ¿Quién pompó? FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-04-2015/33628.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown develó un nuevo informe en el que concluye que los niños migrantes detenidos en México están siendo detenidos arbitrariamente lo que conlleva a que violen sus derechos humanos básicos, además de que la duración en los centros detenciones son excesivas y las condiciones no son óptimas con el fin de que no soliciten asilo. De acuerdo con el documento cuya copia posee el portal estadounidense Mother Jones, los menores de edad se encuentran hacinados, en un lugar muy caliente, donde la comida es “terrible” y la “situación es peligrosa porque nos pusieron junto con las maras [pandillas centroamericanas]“, tal como le confesó una adolescente de 15 años de edad recluido en un centro de detención migratorio a los investigadores de la Universidad. La nota del portal firmada por Edwin Ríos, indica que el estudio fue publicado este lunes, y que la investigación llegó a la conclusión de que las autoridades de inmigración mexicanas no han logrado detectar adecuadamente las necesidades de protección internacional de los niños y no se les informa sobre su derecho a solicitar asilo. “Por desgracia, la realidad para la mayoría de los niños migrantes detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas se caracteriza por la violación en lugar de la protección de sus derechos humanos”, concluye el informe. El grupo de investigadores de Georgetown entrevistó a 65 niños que viajaron solos o acompañados. En algunos casos se habló con sus padres, funcionarios públicos, trabajadores de ayuda humanitaria y pobladores en la ciudad fronteriza mexicana de Tapachula y en Ciudad de Guatemala. El reciente aumento de las pandillas y la violencia de género, junto con las dificultades económicas en sus países, ha llevado a los niños y a sus familias a huir del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por el Salvador, Guatemala, y Honduras. Aunque el número de niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a 68 mil 541 en el año fiscal 2014, se estima que de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aprehendió sólo a 37 mil menores migrantes en el año fiscal 2015. Mother Jones consultó a algunos expertos que afirmaron que la disminución puede atribuirse a intensificación de la detención en México, agravando un sistema ya viciado de detención de inmigrantes. La investigación encontró además que los niños migrantes en la estación de Tapachula están recluidos por “períodos largos e impredecibles”, esto a pesar de que la ley mexicana requiere que los menores no acompañados sean transferidos inmediatamente a refugios locales. De los 6 mil 718 niños detenidos en el centro de detención Siglo XXI de Tapachula durante el año 2013, mil 121 de los menores se celebraron allí entre 15 días y 300 días. Sólo 422, o 6 por ciento, fueron colocados en refugios locales. Un psicólogo que trabajó con los niños migrantes en un refugio de la ciudad, dijo que su detención prolongada resalta la preocupación que se tiene sobre la solicitud de protección internacional. “Son muy pocos [los niños que solicitan asilo]“, dijo el especialista a los investigadores de Georgetown. “Lo que les asusta es la perspectiva de ser detenido durante tres meses”. Las malas condiciones en el centro de detención Siglo XXI también disuade a los niños migrantes en busca de asilo. Una vez que las familias son detenidas, los miembros están separados por la edad y muchos detenidos informaron a Mother Jones que inclusive algunas pandillas de las que habían huido los habían seguido hasta ese lugar. Los investigadores de la Universidad estadounidense también observaron que los funcionarios de inmigración mexicanos -que están legalmente obligados a evaluar a los niños de asilo y otras formas de alivio de la deportación- no informaron a los menores que tenían derecho a la protección internacional. Ninguno de los niños que el equipo de investigación de Georgetown entrevistó en el centro de detención del Siglo XXI fue informado por los oficiales de protección de menores u otros funcionarios de inmigración sobre el derecho a solicitar asilo. Además, pocos de los inmigrantes que solicitaron protección internacional en México la recibieron, según informó la Comisión para la Atención de los Refugiados.
De los mil 165 casos resueltos entre enero y septiembre de 2014, sólo 247 fueron reconocidos, a pesar de que la Comisión recibió 17 por ciento más de las solicitudes de asilo en los primeros ocho meses de 2014 que en todo el 2013. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1311608.
OAXACA, Oax: El director de la radio comunitaria “Sentimiento de la Voz del Pueblo” 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, fue asesinado esta tarde en el barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas sobre el camino real de San Pedro el Alto, en esa comunidad de la región mixteca, sin embargo, el subprocurador regional Víctor Fernando Ruiz Méndez no adelantó el móvil del crimen, aunque refirió que no se descarta ninguna línea de investigación. De acuerdo con los primeros datos, el arma utilizada para el crimen es 9 milímetros y el comunicador presenta dos impactos, uno en la mano izquierda y otro en le pecho. Martínez Raymundo, de 46 años, sufrió el atentado saliendo de su estación radiofónica al ser interceptado en su vehículo. El 17 de julio de 2013 también fue asesinado Alberto López Bello, reportero de la sección policiaca del diario “El Imparcial”. Y el 11 de agosto pasado fue asesinado Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario “El Buen Tono de Veracruz”, en el municipio de San José Cosolapa. La Procuraduría de Oaxaca confirmó que alrededor de las 16:00 horas, en la avenida El Nacimiento frente al número 23 de la colonia Santa Fe de la unidad habitacional Constancia, perteneciente al municipio de San José Cosolapa, fue ejecutado el reportero. El diario “El Buen Tono” reconoció que Rojas Hernández era su colaborador y además condenó el crimen de su corresponsal. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que, entre 2013 y 2014, abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas.
Además de una alerta temprana, en 2014, para que las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas, con el fin de proteger su libertad de expresión y, mediante éste, el derecho de acceso a la información del resto de la sociedad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Ante la próxima llegada de la caravana migrante al Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) yAmnistía Internacional (AI) demandaron a los gobiernos federal y de Oaxaca implementar medidas cautelares para proteger y preservar los derechos humanos de los participantes de este movimiento. AI hizo además un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cese la criminalización contra los migrantes y brinde las condiciones de seguridad del albergue Hermanos en el Camino, así como para los más de 400 indocumentados y defensores que participan en la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”. Luego de una queja presentada ante la CNDH en días pasados, dicho organismo demandó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec en esa misma entidad, adoptar medidas para respetar los derechos de los migrantes. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que con esta solicitud se busca “que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes participan en la caravana, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración y atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Después de participar en el seminario “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, organizado por el Senado de la República, el ombudsman nacional destacó en entrevista que la solicitud de medidas precautorias lleva énfasis en la preservación de los derechos de los menores que participan en la caravana, debido a su vulnerabilidad. La Comisión estará atenta, dijo, como desde el pasado 25 de marzo, a que se respeten los derechos humanos de los migrantes que enfrentan diversas vejaciones y condiciones difíciles en México. González Pérez reiteró la necesidad de visibilizar la problemática de los migrantes en México. Luego llamó a las autoridades migratorias a entender el “contexto adverso” del fenómeno migratorio y a emprender acciones para su atención. Durante su participación en el seminario, el presidente de la CNDH aseguró que “la dignidad de la persona no sólo debe ser límite a la actividad de los poderes públicos, sino punto de partida del trabajo institucional y de autoridades, así como del quehacer diario de quienes habitamos este país” Enfatizó que los derechos fundamentales deben convertirse en eje principal del diseño y operación de las políticas públicas que establezca el Estado. Añadió que en el campo de los derechos humanos persisten muchas asignaturas pendientes, como “la necesidad de generar un nuevo paradigma o cambio cultural entre todos los mexicanos, basado en el respeto y aplicación cotidiana de los derechos fundamentales”. Caravana partirá de Ciudad Ixtepec Amnistía Internacional indicó que la caravana migrante saldrá este miércoles 15 a las 7:00 horas de Ciudad Ixtepec rumbo a la capital del país; se trata, acotó, de una acción civil de resistencia pacífica, la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización de todas las personas migrantes. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, reiteró que “Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos, no sólo de los migrantes, sino también de los defensores humanos, de las personas que viven vulnerables”. En rueda de prensa subrayó que “¡Ya basta! No podemos vivir con un rostro policiaco, encarcelamiento y hostigamiento, además de tortura, vivimos en una situación de emergencia”, puntualizó. Amnistía expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores, debido al dispositivo de seguridad desplegado por el Instituto Nacional de Migración (INM) e integrantes de la Policía Federal (PF), quienes bloquean las actividades de la caravana. Además, consideró que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes, aparte de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a indocumentados. Añadió que el dispositivo de seguridad es también inconstitucional, puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11, que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte. AI enfatizó que la forma en que se realizó el operativo ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado frente a esta población, quienes tienen el derecho a medidas adicionales de protección y a ser atendidas conforme sus circunstancias individuales. Detalló que posiblemente más de un centenar de integrantes de la caravana pueden ser solicitantes de asilo, y de éstos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Las autoridades, consideró Amnistía, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la asistencia institucional a los que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se informó que los organizadores de la caravana presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso. Mientras, Solalinde resaltó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación que se hace al principio pro-persona incluido en la Carta Magna, el cual prevé que México y sus funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas vulnerables y en tránsito, como son los migrantes. Solalinde Guerra reiteró que se vive una situación de emergencia con los migrantes centroamericanos como consecuencia del Plan Frontera Sur, puesto en marcha por el gobierno federal.
Y acusó al INM de ser el “brazo ejecutor” de la administración de Peña Nieto, debido a que las políticas públicas en materia de derechos humanos que ha implementado el actual gobierno mexicano no han funcionado; al contrario, son reflejo de la violación permanente de esas garantías. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN/PEDRIO MATÍAS.
MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los normalistas desaparecidos, urgió al Senado de la República a aprobar una reforma constitucional que haga posible legislar sobre desaparición forzada en México. Ante el próximo cierre de sesiones del Congreso de la Unión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos segunda, en la que recomiendan materializar una reforma constitucional que otorgue facultades al Poder Legislativo federal para que legisle en esa materia. Hasta ahora los congresos de 22 entidades federativas han legislado y tipificado la desaparición forzada, delito de lesa humanidad que no ha sido abordado por los estados de Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De ahí la propuesta de los especialistas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para emitir una ley general sobre desaparición forzada, que después deberá ser emulada por los congresos locales. Con el mandato para hacer recomendaciones encaminadas no sólo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el GIEI planteó en la misiva, enviada ayer, que “si esta reforma no se aprueba en el mes de abril de 2015, deberá ser un nuevo Congreso el que en el futuro articule esta medida”. De concretarse la iniciativa “se estaría contribuyendo de manera decidida para que en el transcurso de este año, durante el siguiente periodo de sesiones, se apruebe la referida ley sobre la desaparición”, precisaron los expertos en un comunicado de prensa difundido este martes. Alejando Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristáin y Francisco Cox urgieron a los legisladores a aportar herramientas jurídicas ante problemas graves como la desaparición forzada. “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición”, apuntaron. Recordaron que la petición cumple con los lineamientos del mandato del GIEI, que fue creado en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH. Las líneas de trabajo incluyen observaciones en materia de búsqueda , investigación, atención a las víctimas del caso Ayotzinapa y propuestas de políticas públicas frente a la desaparición forzada para México. Por otro lado, una coalición de 120 organizaciones de la sociedad civil presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 19 la prohibición de desaparición forzada o perpetrada por personas particulares sin la autorización de agentes del Estado. De igual manera, demandó modificar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión legisle en esta materia de derechos humanos en leyes generales reconocidas por la Constitución y en los tratados internacionales. A nombre de las más de 100 organizaciones hablaron Juan Carlos Gutiérrez y padres y madres de desaparecidos como María Guadalupe Fernández Martínez, de Fundec Coahuila; Valentina Peralta, del Movimiento por la Paz, y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “La impostergable necesidad de contar con una Ley General de Desaparición de Personas se eslabona a otras leyes generales que también son necesarias, como la Ley sobre la Tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanas y degradantes”, destacó Valentina Peralta. Luis Tapia dijo que es momento que el Congreso “reaccione con voluntad política adecuada frente a las graves violaciones a los derechos humanos que aquejan al país”. Las senadoras Gabriela Cuevas, del PAN, Angélica de la Peña, del PRD, y los senadores Omar Fayad, del PRI, así como Alejandro Encinas, recibieron la iniciativa y se comprometieron a incluirla en la dictaminación de otras propuestas pendientes. Encinas afirmó que le daban el aval a esta iniciativa, mientras De la Peña señaló que existe un mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, “estamos obligados a atender las recomendaciones del examen periódico universal”. Fayad, del PRI, destacó que “aquí está la voluntad política y ha habido senadores y senadoras que han trabajado en ello”.
Añadió: “Creo que el caso de Iguala ha despertado en México y en los mexicanos la necesidad de construir una legislación para que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, para que tenga la respuesta necesaria”, abundó el senador priista. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL Y GLORIA LETICIA DÍAZ
Un grupo que nace ante la crisis de gobernabilidad, corrupción, impunidad y de derechos humanos por la que atraviesa el país, exige que el próximo 7 de junio se vote para que Enrique Peña Nieto deje de ser Presidente de México, y así demostrar de manera “clara y contundente” el rechazo a su gobierno y a la clase política que hoy gobierna.
La campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, presentada ayer en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, e impulsada por ciudadanos, estudiantes, así como por los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), y Layda Sansores San Román, también del PT, además de artistas como Daniel Giménez Cacho y activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra, nace a poco más de dos años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.
“La actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno”, detallaron los convocantes de esta iniciativa.
La campaña busca llamar a un referéndum revocatorio de la Presidencia actual, y con ello “conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del Gobierno federal”. Lo anterior, como consecuencia de la corrupción política, la cual coinciden los integrantes de la iniciativa, “navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”. Muestra de ello, detallaron, son los escándalos “de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa [Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado], las del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong], del Secretario de Hacienda y Crédito Público [Luis Videgaray Caso] y el Consejero Jurídico del Presidente [Aurelio Nuño Mayer]“. Pero no es sólo eso, agregaron los convocantes, también están las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, lo que da “cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual Gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno”. Explicaron que la imagen del Ejecutivo Federal “no sólo va a pique”, sino que él mismo ha fracturado de manera absoluta su investidura “por la corrupción que lo enloda”. Aunado al clima de corrupción, expusieron, están los efectos de las políticas públicas del Gobierno de Peña Nieto y de las reformas estructurales que “sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria”. Precisaron que los resultados fueron reformas alejadas del interés nacional y de la población. “De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del Gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva Reforma Fiscal que aumentó impuestos y ni así el Gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos”, detallaron. Lo anterior, agregaron, es un fracaso que se ha visto expresado en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, además de los aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al “deterioro brutal” de las condiciones de trabajo. El “rostro más dramático” de la actual administración es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de seis meses, que calificaron como un crimen de Estado que “sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento”. Recordaron también que Iguala no fue un hecho aislado, le precedieron los fusilamientos de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos castrenses, como parte de un clima de represión que se vive en el país. “Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos”, agregaron. Esa inseguridad y violencia da como resultado “una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional”. Los ciudadanos que se sumaron a esta convocatoria buscan, a través del referéndum ciudadano, “que se muestre de manera clara y contundente el repudio al Gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Durante el pronunciamiento, se trasmitió un mensaje del activista Alejandro Solalinde, quien aseguró que en el país se vive una crisis inédita y que el mejor camino no es la violencia sino la participación ciudadana.
LA CAMPAÑA La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del Jefe del Ejecutivo federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual deberá ser depositada en medio de las boletas electorales en las urnas.
Los impulsores de la misma informaron que las hojas de revocación de mandato que sean depositadas por los votantes en las urnas el próximo 7 de julio, sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su Gobierno.
“De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”, explicaron.
Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo. “Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República”, precisaron.
Detallaron que quienes formen parte de la campaña pueden acudir a votar en los próximos comicios federales, y al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introducir en ésta la “revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República”. El votante, dijeron, llevará a la urna la siguiente hoja: El voto es secreto y la inclusión de esta revocación del mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional. “Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas”, manifestaron los organizadores. Precisaron que la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral.
“Al final de la jornada electoral -además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía- aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral”, indicaron.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó el hashtag #PRImeroTuBienestar para promocionar el Movimiento PRI.MX, un organismo del PRI que pretende generar la participación social y la interacción permanente en redes sociales. Sin embargo, cibernautas revirtieron el sentido positivo y resaltaron denuncias de corrupción por parte de la clase política.
La usuaria @Maquiavelita escribió: “Mexicano, ¿qué sientes al ver que el PRI se burla de tu miseria con su hashtag #PRImeroTuBienestar?” y colocó dos fotografías donde se ven las fotos de la casa blanca, propiedad de Angélica Rivera. Mientras que la cuenta de @MovPRIMXOficial promueve el hashtag afirmando que “#PRImeroTuBienestar es que tengas seguridad social. @PRI_Nacional”
También da retuit a cuentas de militantes o de otras áreas del partido que promueven el hashtag con un video que habla de algunos logros de las reformas energéticas como la disminución de los costos en la luz o la eliminación de la tarifa de las llamadas de larga distancia.
A pesar de los mensajes de los priistas los usuarios resaltan frases y acciones de corrupción: desorden publico (@teactiva) “#PRImeroTuBienestar #nomamen pinches priistas el bienestar se lo llevan ustedes q tienen relojes d a 2 millones y pueden ir de compras a EU”. Luis RG @luisrg01 “#PRImeroTuBienestar Políticos corruptos tranceros ratas ‘El que no tranza no avanza’ ‘El pri roba y deja roba ‘” algún compa @lovetroniks “#PRImeroTuBienestar pues ni con despensas, tarjetas o dinero en efectivo. mmta con peñabots y hashtags menos. Hasta sale contraproducente!!” javier perez @javisperez22 “Una mentada decir #PRImeroTuBienestar a estudiantes del 68, Ayotzinapa, Atenco, Acteal, y para todos los millones de pobres de este país.” Informador Global @InformerGlobal “Cuando el @PRI_Nacional dice #PRImeroTuBienestar se refiere al bienestar de @LVidegaray @osoriochong @CCQ_PRI y todos los corruptos príistas”
CHILPANCINGO, Gro: Pablo Segura Valladares, hermano de Pedro Segura, un próspero ganadero de la zona norte señalado por sus presuntos nexos con el narco, renunció al derecho de acceder al cargo y funciones de diputado de la LX legislatura local. Segura Valladares es suplente del diputado local y exalcalde perredista de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo, quien solicitó licencia al cargo para buscar regresar a la alcaldía de ese municipio de la convulsionada zona norte de la entidad, que actualmente administra el cantante de ‘narcocorridos’, Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur. En la sesión de pleno de este martes se dio lectura a un oficio enviado por Segura Valladares a la Oficialía Mayor, donde se informó de forma escueta que decidió, sin explicar el motivo, no ocupar la curul que dejó vacante Arellano Sotelo. Pablo Segura Valladares es militante del PRD y miembro de la corriente política Nueva Izquierda que en la entidad encabeza el diputado federal con licencia Sebastián de la Rosa Peláez, conocido por ser de los principales impulsores de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y actualmente preso por sus nexos con el narco y el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras que Pedro Segura es un conocido ganadero propietario del rancho 4 Potrillos de Los Sauces, localizado en el municipio de Teloloapan, y señalado por el gobierno federal como presunto operador financiero de la organización criminal denominada La Familia, que tiene sus bastión en la zona norte de la entidad y el sur del Estado de México. En el reportaje “Guerrero: contagio narco de las autoridades”, que Proceso difundió en octubre de 2012, se hace referencia a la forma en que los líderes de las “tribus” perredistas se hicieron de posiciones en la convulsionada zona norte al amparo y protección del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En noviembre de 2010, Aguirre arrancó su campaña por la gubernatura en Teloloapan y, en ese tiempo, según reconoció él mismo ante la prensa, fue invitado a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras, y patrocinada por Santana Ríos Bahena, el primero empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, y el segundo conocido productor de melón; ambos señalados por sus presuntos nexos con el narco, de acuerdo con informes oficiales consultados por el semanario. El encuentro fue promovido por un grupo de políticos perredistas que triangularon posiciones en la zona norte para mantener sus cotos de poder. El grupo aglutinado en las corrientes Nueva Izquierda y Grupo Guerrero lo encabeza Sebastián de la Rosa, David Jiménez Rumbo y Evodio Velázquez, así como el exalcalde de Teloloapan y actual diputado federal perredista Marino Miranda, quien dejó como sucesor a su amigo, el exdiputado local Ignacio Valladares; éste a su vez designó como su suplente a Rogelio Lagunas, hermano de Bernardo Lagunas.
De igual manera, el exalcalde de General Canuto A. Neri y actual diputado local con licencia, Roger Arellano Sotelo, prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a su jefe de la policía e intérprete de ‘narcocorridos’ Eleuterio Aranda, El Solitario del Sur. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de documentos utilizados por personas cercanas a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para visitarlo en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México. El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social identificó el uso de documentación apócrifa por parte de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, preso desde enero de 2014. La CNS dio a conocer que derivado de los estrictos controles para el ingreso y la identificación de las visitas a los centros penitenciarios federales, así como por los rigurosos protocolos de vigilancia que se mantienen en torno de las actividades de los internos, personal del órgano desconcentrado identificó el uso de documentación oficial que no correspondería con la verdadera identidad de los visitantes. En días pasados Guzmán Loera sostuvo una audiencia con una mujer, quien para su admisión se identificó con una credencial del Instituto Federal Electoral y además exhibió un acta de nacimiento. Su ingreso al penal se dio en el Área de Prácticas Judiciales, a donde acudió junto con el defensor particular del interno, supuestamente para llevar a cabo una audiencia informativa. Al realizar los cruces de información correspondientes con las distintas bases de datos, se identificó que la defensa de Guzmán Loera ingresó de manera irregular a terceros vinculados con el capo. “Es importante señalar que a la fecha el penal de máxima seguridad No. 1 El Altiplano cuenta con equipo de identificación biométrica, el cual permite tener un mejor registro tanto del personal de los Centros como de las personas externas que ingresan a dicha institución penitenciaria”, destaca el CNS en un comunicado.
Ante estos hechos, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentará ante la PGR la denuncia correspondiente para que se deslinden las responsabilidades a las que haya lugar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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