La familia Moreno Rivera ya ha gobernado la delegación Venustiano Carranza, de manera directa con Julio César, luego a través de sus aliados políticos. Ahora el hermano menor, Israel, busca mantener el linaje en la jefatura.
Si la estrategia no falla, Israel Moreno Rivera será el próximo jefe delegacional en Venustiano Carranza por el PRD. Así lo planeó su hermano, Julio César, quien lleva años ostentando el poder en aquella demarcación en cuya nómina abundan y cobran los de apellido Moreno. Ya está listo todo el andamiaje para que Israel, el menor, ocupe la silla que hace años dejó su poderoso hermano mayor. El hoy diputado federal, Julio César Moreno, actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ganó la batalla interna del perredismo para colar a Israel hasta la candidatura. Israel sigue a Julio, le sirve, lo ayuda a mantener el poder y subir el próximo peldaño amarrillo del objetivo trazado. Atrás quedaron las historias sobre aquel tímido joven que auxiliaba en diversas labores en la redacción de un periódico de Bucareli. Dejó aquel camino cuando Julio César arribó por primera vez a Venustiano Carranza como jefe delegacional en el 2006 al ganar las elecciones por el PRD. Entonces se jaló a Israel a la política, primero con encargos menores como atender a los grupos vulnerables de la juventud en Álvaro Obregón, y dos años más tarde de lleno en su equipo cercano de Jurídico y Gobierno. De semblante amigable, servicial, Israel goza hoy de los privilegios del apellido Moreno y de las escaleras familiares que el PRD permite y con las que sus líderes se apoderan en grupo de territorios, instancias de gobierno y delegaciones. Mientras más se fortalecía Julio César al interior de la poderosa corriente de “Los Chuchos”, que hoy domina al PRD, más crecía Israel. Siempre presentes Ahí en Venustiano Carranza crecieron política y económicamente, relatan quienes han vivido de cerca el poder de los hermanos Moreno Rivera, fundamentalmente el de Julio. En ese periodo 2006-2009, Julio César gobernó Venustiano Carranza, y mientras enseñaba y fortalecía a su hermano menor, reforzaba alianzas con otros actores, como Manuel Ballesteros López (actual delegado en la demarcación y quien fue su director de Jurídico). Otro de los perredistas con los que se fogueó Israel fue con Alejandro Piña, a quien su hermano nombró como responsable de Participación Ciudadana. Fueron sus verdaderos “pininos” con las tribus y teje y maneje de la política local. De 2009 al 2012, el joven Alejandro Piña heredó el poder de Julio César al convertirse en el jefe delegacional que aseguró la continuidad de los Moreno. Y luego, como parte de ese poder hereditario, le tocó el turno a Juan Manuel Ballesteros disfrutar de esas mieles de poder en la demarcación. Sin olvidarse nunca de cómo llego y del compromiso de mantener en la nómina a los Moreno. La nómina delegacional es reflejo de aquellos compromisos, pues fue posible ver aparecer una y otra vez a los Moreno, a los Ballesteros y hasta a los López (segundo apellido de Manuel Ballesteros) en cargos administrativos: Directora general de Desarrollo Delegacional, Araceli Moreno Rivera; taquimecanógrafa, Carolina Moreno Rivera; administrador operativo, Cutberto Humberto Ballesteros Ortiz; administrativo técnico operacional; Jesús Ballesteros López. Director general de jurídico y gobierno, Maximino López Aguirre; líder de coordinador de Proyecto “A”, Rosa María López Solís, aparecieron en el listado de base y confianza del personal de Manuel Ballesteros, quien hoy busca una diputación por el PRD. Por esas alianzas, los Moreno subsisten y hoy le toca el turno a Israel de gobernar Venustiano Carranza. La meta: Procuraduría del DF Si Israel Moreno gana en Venustiano Carranza, Julio César avanza en consolidar su sueño: la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el hoy diputado federal quiere ser procurador. En todos los cargos que ha ocupado, el hermano mayor de los Moreno Rivera, desde que fue diputado local por primera vez en la tercera legislatura (2003-2006), ha impulsado una agenda de justicia con miras a cumplir el sueño de ser procurador del Distrito Federal. Como diputado local, se lee en su historial, fue pionero en la realización de reformas al nuevo código penal para el Distrito Federal, a partir del cual se castiga con mayor rigor el delito de secuestro en la capital. Luego, en su segunda ronda como diputado al terminar su gobierno en Venustiano Carranza, en el año 2009 presidió la Comisión de Administración y Justicia. Esta vez, dictaminó varias iniciativas importantes como la Ley de Extinción de Dominio que aplicó el gobierno de Marcelo Ebrard. Además de reformas en materia jurídica al secuestro exprés, pornografía infantil, protección de la infancia, sustracción de menores, usurpación de identidad, pederastia, feminicidio y fraude, entre otras.
Historias y verdades en torno al apellido Moreno Rivera y sus representantes más tangibles dentro del PRD: los hermanos Julio César e Israel. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Paso a paso Maude Versini parece ir ganando la batalla legal contra su exesposo, Arturo Montiel. El episodio más reciente fue una plática que ambos sostuvieron a principios de este mes, donde cada uno cedió algo. Ahora la mujer podrá llevar a Francia a sus hijos durante las vacaciones, al tiempo que retiró la demanda que tenía en riesgo internacional de captura al exmandatario mexiquense. A este inicio de solución pudo haber contribuido una exigencia de la CIDH a México para que en 20 días demostrara que ha tomado medidas para proteger a esos menores que están en el centro del pleito.
PARÍS: Maude Versini no canta victoria. Después de tres años de batallar judicialmente contra su exesposo, Arturo Montiel, para recuperar la custodia de sus hijos, sólo logró arrancarle al exgobernador del Estado de México la posibilidad de verlos siete semanas al año. “Ese acuerdo me inspira sentimientos encontrados”, confiesa Versini en entrevista. “Por un lado es una felicidad absoluta saber que podré convivir con mis hijos serenamente, en el lugar de mi y de su elección, después de tanto tiempo de incomunicación y de encuentros bajo vigilancia y exclusivamente en México. Por otro lado debo reconocer que no luché todos estos años para verlos tan poco… “Me tranquiliza, sin embargo, tener la certeza de que ese acuerdo es sólo una etapa. No dudo que mis hijos manifiesten pronto su deseo de volver a vivir conmigo en Francia.” Después de un breve silencio agrega: “Los ocho días que acabo de pasar con ellos fueron determinantes. Por primera vez pude explicarles claramente mi versión de los hechos. Me escucharon y me creyeron. Entendieron que se trataba de una disputa entre adultos. Mi hija me pidió disculpas y empezamos a reanudar todos una relación fuerte”…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2006 de la revista Proceso, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANNE MARIE MERGIER
MÉXICO, D.F: El pasado lunes 13 se dio a conocer la iniciativa de un grupo de activistas sociales, legisladores y artistas, conocida como “Ciudadanos por la Revocación de Mandato”, para demandar que en los comicios federales del próximo 7 de junio los electores también puedan pronunciarse a favor o en contra de la permanencia de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. La iniciativa, apenas el germen de un movimiento social que puede llegar a captar simpatías, representa otro duro golpe para la imagen de Peña Nieto. De las demandas de “Fuera Peña” que se escucharon en las marchas de octubre y noviembre de 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al hashtag #QueSeVaya, divulgado desde ayer, lo que existe es el hartazgo, enojo y decepción de un sector social por el retorno del PRI a Los Pinos. La revocación de mandato de Peña Nieto no es posible, hasta ahora, por la vía legal. Fue una de las figuras de la democracia directa que no fue incorporada ni discutida ampliamente durante la reforma política reciente. De hecho, sólo se aceptó la consulta popular con candados y condicionantes tan grandes que la hacen prácticamente imposible, tal como se vio en el caso de la reforma energética. Sin embargo, revive una demanda que va más allá de la personalización de Peña Nieto y se inscribe en la severa crisis del sistema de partidos y de la inacabada (o traicionada) transición a la democracia en México. La revocación de mandato es una figura satanizada por muchos políticos y politólogos y, al mismo tiempo, defendida por activistas ciudadanos que perciben el agotamiento de las clásicas figuras de la democracia representativa. En esencia, la revocación de mandato es el procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire su periodo. Puede ser lo mismo un presidente de la República que un gobernador, un alcalde o un legislador o un juez. Es decir, la revocación de mandato puede abarcar los tres niveles de gobierno (municipal, estatal o federal) y los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). No es lo mismo que el juicio político o el impeachment, porque la revocación de mandato se decide en las urnas y no requiere un proceso judicial previo o un desafuero legislativo, según sea el caso. El verdadero diablo de la revocación de mandato está en los detalles. Hay legislaciones muy permisivas o muy cerradas que hacen prácticamente imposible el ejercicio de esta figura. En Venezuela, por ejemplo, para que la revocación sea válida debe registrarse un número de electores igual o mayor al número que eligió al funcionario y debe existir un mínimo de 25% de participación de los electores. En Colombia, el número de votos por la revocación de un servidor público debe ser mínimo de 60% de quienes participen. Sus defensores señalan que la mera existencia de la revocación de mandato es un elemento de vigilancia e interés ciudadano frente a los políticos. Si se combina con la consulta popular, el referéndum y otras figuras de democracia directa, ayudan a reforzar las instituciones democráticas. Los detractores (en México son muchos y muy poderosos) consideran que la revocación de mandato es un proceso disruptivo, polarizador y altamente divisible de la sociedad. Además, se le considera costoso y con un alto riesgo de ser manipulado por liderazgos personalizados o caudillistas. A pesar del temor de la clase política frente a este tema, existen varias iniciativas de reforma constitucional presentadas ante el Congreso que no han sido dictaminadas. Una de esas iniciativas fue presentada el 25 de septiembre de 2014 por más de 166 mil ciudadanos ante el Senado de la República, encabezada por Héctor Cuen Ojeda, María del Rosario Sánchez y Robespierre Lizárraga, dirigentes del Partido Sinaloense, una iniciativa surgida al margen del clásico bipartidismo de Sinaloa. La propuesta incluye incorporar la segunda vuelta electoral constitucional y propone reformar el artículo 41 constitucional para que en un apartado B se establezca la figura de la revocación de mandato para el presidente de la República, los senadores, diputados federales y funcionarios designados por los poderes Ejecutivo y Judicial. Para los estados se propone modificar el artículo 116, a fin de que cada entidad federativa defina los alcances y procedimientos de la figura de revocación de mandato para gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, jefe de Gobierno y delegados capitalinos. En la iniciativa del Partido Sinaloense se define así la revocación de mandato: “Es una forma de consulta popular mediante la cual la mayoría absoluta de los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, pueden recusar el nombramiento de autoridades elegidas en los procesos electorales, federales, o bien la designación hecha por los poderes Ejecutivo y Judicial, conforme a las siguientes bases: “1. Tratándose de funcionarios elegidos constitucionalmente que pretendan reelegirse en su puesto, se someterán a este escrutinio popular. “2. Los servidores públicos, elegidos popularmente, podrán ser recusados en cualquier tiempo de su mandato, siempre que tengan más de una tercera parte de asumido el cargo”.
Esta es tan sólo una primera definición. El movimiento Ciudadanos por la Revocación de Mandato tendrá dos tareas muy importantes frente a su propuesta: lograr un número significativo de firmas y encauzar un debate necesario y urgente en estos momentos sobre la conveniencia o no de la permanencia de Peña en el poder presidencial. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
CHIHUAHUA, Chih: La organización Judicial Watch alertó que una célula del Estado Islámico (ISIS) opera en la colonia Anapra, al oeste de Juárez y a unos ocho kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos. “ISIS está operando un campo a pocos kilómetros de El Paso, Texas”, indica la organización que cita fuentes del Ejército mexicano y un inspector de la Policía Federal (PF). Además, la ONG advierte que otra célula de ISIS, asentada al oeste de Ciudad Juárez, en Puerto Palomas, vuelca sus actividades a las ciudades de Nuevo México de Colón y Deming para facilitar el acceso a Estados Unidos. “Durante el transcurso de una operación conjunta la semana pasada, el Ejército Mexicano y agentes del orden federal descubrieron documentos en árabe y urdu, así como ‘planes’ contra el Fort Bliss –la instalación militar en expansión que alberga una división blindada” del Ejército estadunidense–, detalla el informe de la organización con sede en Washington. También, añade, localizaron alfombras de oración musulmanas que fueron aseguradas con los documentos mencionados, durante la operación. “Fuentes policiales y de inteligencia informan que el área alrededor de Anapra está dominado por Vicente Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez), La Línea (brazo armado del cártel) y Barrio Azteca (una banda formada originalmente en las cárceles de El Paso)”, asegura Judicial Watch. Y advierte que el control del cártel en la zona de Anapra lo convierten en “un entorno operativo extremadamente peligroso y hostil para el Ejército mexicano y las operaciones de la Policía Federal”. En su portal digital, la organización detalla que “coyotes” que participan en el tráfico de personas –y que trabajan para Cartel de Juárez – ayudan a mover a los terroristas de ISIS por el desierto y por la frontera entre Santa Teresa y Sunland Park, Nuevo México. “Al este de El Paso y Ciudad Juárez, el cártel respaldado por ‘coyotes’ también está contrabandeando terroristas de ISIS a través de la porosa frontera entre Alcalá y Fort Hancock, Texas. Estas áreas específicas fueron objeto de explotación por parte de ISIS por su poco personal de fuerzas policiales municipales y de distrito”, abunda el reporte. Asimismo señala que en esas zonas se prevé el contrabando de drogas a gran escala sin control, lo que ya está en curso. “Fuentes de inteligencia mexicanas informan que ISIS tiene la intención de explotar los ferrocarriles y las instalaciones aeroportuarias en las cercanías de Santa Teresa, Nuevo México (Estados Unidos un puerto de entrada). “Las fuentes también dicen que ISIS tiene ‘spotters’ (observadores), ubicados en las montañas del este de Potrillo de Nuevo México (en su mayoría gestionados por el Bureau of Land Management) para ayudar con las operaciones de cruce de fronteras terroristas”, alerta Judicial Watch. El organismo afirma que ISIS realiza reconocimientos en las universidades regionales, en el White Sands Missile Range, un campo de cohetes del ejército de Estados Unidos de casi ocho mil 300 kilómetros cuadrados, en partes de cinco condados del sur de Nuevo México; en instalaciones del gobierno en Alamogordo, Nuevo México, y en las instalaciones de energía eléctrica cerca de Anapra y Chaparral, Nuevo México.
Judicial Watch, Inc., según su sitio web, es “una fundación educativa conservadora, no partidista, que promueve la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el gobierno, la política y la ley” en Estados Unidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
La fiscalización es el reto del INE este 2015. Para este proceso electoral, un candidato, en campaña o incluso ya electo, podría perder su registro si rebasa el tope de gastos.
Con su nuevo esquema de rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta al que quizá sea uno de los más grandes retos de su historia; por primera vez y casi de forma inmediata, quienes violen la ley electoral no podrán participar en la contienda. Con un sistema de fiscalización inédito en el mundo, la autoridad electoral puso el acento en la rendición de cuentas para los comicios de este año. La presentación de resultados casi en tiempo real, permitirá al INE descalificar de inmediato a los candidatos que incumplan con sus obligaciones de dar información a las autoridades o rebasen los topes de campaña. Con su nuevo sistema de fiscalización, el INE vigila cada gasto que realizan los aspirantes para diputados federales y cada una de las 17 entidades donde habrá procesos locales. Ahora, por primera vez en la historia, un candidato o candidato electo podría perder su registro si rebasa el tope de campaña u omite entregar información sobre sus gastos. Las nuevas reglas de fiscalización surgieron a raíz de las denuncias que se presentaron en el proceso electoral del 2012 sobre el supuesto uso excesivo de recursos en las contiendas; la reforma electoral del 2014 incluyó nuevas disposiciones de fiscalización. En ellas, se dio la facultad al Consejo General del INE para revisar todos los gastos hechos por los aspirantes. Esa actividad estaba reservada antaño para la Unidad de Fiscalización del Instituto. Ahora, ésta solo actúa como coadyuvante técnico. Información en tiempo real Para poder revisar los gastos de campaña de los más de 20 mil candidatos que compiten por un puesto de elección popular en el 2015, el INE convocó a una licitación para crear un programa informático que permitiera registrar cada uno de los movimientos de los aspirantes. El proceso tomó una ronda de dos licitaciones, pero las empresas que obtuvieron el contrato no cumplieron con la creación del sistema de información para el INE, por lo que les fue rescindido el convenio. En pocas semanas, el instituto tuvo que desarrollar el programa informático y la aplicación para que los candidatos pudieran enviar su información en tiempo real. Para ello, pidió colaboración a académicos de la UNAM para su desarrollo. A través de él, los candidatos deben ingresar cada día sus ingresos y egresos y la forma en que invierten el dinero establecido para su campaña. Esto permite al INE verificar en un periodo corto de tiempo si los aspirantes incumplen con la ley y sancionar a quienes rebasen los topes de campaña, como ocurría hasta el proceso electoral pasado. De acuerdo con el “Mecanismo Electrónico para la Contabilidad en Línea y la Fiscalización Oportuna” del INE, los candidatos deben entregar un informe semanal de sus gastos y registrar en línea el uso de recursos que se encuentran catalogados por la autoridad electoral. Además, deben capturar cada una de las facturas emitidas por sus proveedores y adjuntar una evidencia gráfica sobre cada uno de los gastos. Sumado al sistema automatizado de fiscalización, el INE cuenta con verificadores que acuden a los actos de campaña de los candidatos y llevan un seguimiento pormenorizado de los recursos utilizados por los aspirantes a un cargo de elección popular. “(La) captura de ingresos y gastos no reportados permitirá al auditor la captura, en una cédula resumen por candidato, de los ingresos o gastos que no fueron reportados por los partidos o asociaciones y que derivado de las actividades de auditoría se identificaron, sumando a los reportados a efectos de aplicar las validaciones de topes correspondientes”, indica el documento. Arturo Sánchez, consejero electoral del INE y miembro de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que la autoridad electoral ha estado pendiente de todo el proceso, y pone lupa a cada uno de los gastos. “En las precampañas de toda la República hemos hecho monitoreos, un seguimiento, hemos hecho todo tipo de investigaciones que nos permiten incluso sancionar a los precandidatos que han cometido alguna falta importante”, comentó. Las primeras sanciones a los precandidatos ya fueron emitidas por el INE. Perder la candidatura por faltar a la ley Esta semana, la autoridad electoral quitó el registro de 366 precandidatos del PRD que incumplieron con la presentación de sus informes de precampaña. Lo mismo podría ocurrir con un candidato que gane la elección. Si rebasa el tope de campaña en un 5%, si no presenta los informes correspondientes o falsea información respecto a sus gastos, un candidato ganador podría perder el puesto de sufragio popular para el que fue electo y se deberá llamar a una votación extraordinaria. “Vamos a hacer una revisión día tras día de los ingresos y egresos de todos los candidatos; va a ser un trabajo complejo, difícil, pero para eso ya tenemos un sistema automatizado (…) y nosotros vamos a ir fiscalizando esos recursos conforme va avanzando la campaña. “Por eso nos vamos a dar cuenta rápido si se violaron los topes de gastos de campañas o si no están reportando cosas que nuestro moniteadores están viendo en las campañas al aire, ya sea en espectaculares, en bardas pintadas, en la compra de pendones para colgar en las calles, en fin”, advirtió Sánchez.
Para Francisco Guerrero, académico de la Universidad Anáhuac y exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el sistema de fiscalización pone al INE en uno de los retos más importantes de su historia, pues es un experimento no solo a nivel nacional, sino en el mundo. “Imaginemos la relevancia que tiene que el INE pueda quitarle a un partido un triunfo electoral por un tema de rebase de topes de campaña. Eso no ha existido nunca. En la elección del 2012, hubo varios candidatos a diputados y senadores que rebasaron los topes de campaña y aun así se quedaron en el cargo. Esto desaparece con la nueva ley. “Es positivo que eso exista, pero también debe haber garantías de certeza, de conocimiento técnico, y de que los propios partidos políticos adecuen sus equipos de campaña para que den un seguimiento diario”, comentó Guerrero. Otro aspecto del sistema de fiscalización es que las sanciones sobre el mal manejo de los recursos de campaña recaerán también en los secretarios de finanzas de los partidos políticos. “Los secretarios de finanzas de los partidos políticos son responsables solidarios de las violaciones que puedan llevar a cabo los partidos. Entonces esto implica una presión mayor a los equipos de los candidatos. “Y, además, normalmente los candidatos nacionales son más ordenados que los candidatos a nivel estatal o municipal, quienes tienden con frecuencia a ser descuidados, lo que ahora costará a los partidos millones de pesos en multas”, expuso Guerrero.
Para el catedrático, el sistema de fiscalización del INE está todavía en una fase experimental y deberá mejorarse. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Informes del Cisen en Michoacán destacan que desde hace un año el cártel Jalisco Nueva Generación pelea el control del estado; esta semana ingresó a la entidad registrándose ya cuatro enfrentamientos.
Mientras el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, lidia con lo que podría ser el escándalo de su administración -al darse a conocer que en su breve gestión ha utilizado más de mil 200 millones de pesos de Banobras para reestructurar la deuda- su estado retorna a los baños de sangre. De acuerdo a datos manejados al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en diversos puntos del estado obedece al posicionamiento del cártel Jalisco Nueva Generación que está disputando el territorio de Michoacán, tanto a las células huérfanas del cártel de Los Templarios, como a los grupos de autodefensa. El violento regreso del terror a Michoacán se ha registrado con mayor insistencia en los municipios de la zona limítrofe con Jalisco, dice un informe al que tuvo acceso Reporte Indigo, donde en las últimas 48 horas se han registrado al menos cuatro enfrentamientos. El choque de la células del cártel de Jalisco con los grupos de autodefensa ocurrió apenas la noche del pasado lunes, cuando un comando de al menos 50 hombres ingresó al municipio de Sahuayo, en la zona limítrofe de Michoacán, atacando un puesto de autodefensas y policías estatales que estaban al cuidado de la seguridad de esa localidad. En el choque tres autodefensas fueron muertos, y al menos cuatro de los sicarios también perdieron la vida. Frente a este panorama, el gobierno estatal no ha reconocido el retorno de la violencia ni la disputa del territorio michoacano por parte de las células del crimen organizado. El gobernador apenas acaba de regresar de un viaje que hizo a Europa, a donde asegura fue por invitación de la UNICEF, pero no expuso el problema de los niños huérfanos de la guerra que persiste en todo el estado. ‘La Tuta’, la última contención De acuerdo a informes de agentes de campo del Cisen en Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación había estado peleando el control del estado desde hace casi un año, apenas fue abatido Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”. La ubicación y ejecución del entonces líder de Los Templarios sería obra indirecta del cártel en Jalisco, cuyos sicarios ubicaron a “El Chayo” mientras se desplazaba por las montañas de Arteaga, revelando luego su posición a las Fuerzas Federales, ante quienes –oficialmente- cayó abatido en un enfrentamiento. A partir de ese momento, el cártel encabezado por Nemesio Oseguera decidió ir por el control de todo el estado, pero encontró la resistencia de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, quien se autonombró líder de Los Templarios. La confrontación entre las células leales a “La Tuta”, y las células del cártel de Jalisco fue lo que elevó la ola de violencia que se vivió en Michoacán el año pasado. Tras la captura de “La Tuta”, sus leales mantienen la lucha contra el grupo de Jalisco, el que se estima que ha entrado a la entidad con al menos cinco células de sicarios por cada uno de los municipios en disputa. La tercera hermandad De la alianza de las células que fueron de Los Caballeros Templarios y de las células del cártel Jalisco Nueva Generación –explica el informe del Cisen- resulta el nuevo grupo dedicado al trasiego de drogas, que se autonombra como la Tercera Hermandad, el cual depende de la estructura de Nemesio Oseguera. Tercera Hermandad, dijo un funcionario del Cisen, ha iniciado un periodo de reclutamiento de todos los grupos armados en Michoacán, que lo mismo pueden ser los extemplarios que policías. Promete cártel ‘limpiar’ violencia Indigo Staff Como lo hiciera en su momento Servando Gómez Martínez, los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación han utilizado videos colgados en Youtube para lanzar avisos sobre sus actividades. Uno de esos materiales circula en la red y en él señalan a la población de Guerrero y Michoacán que ellos se encargarán de limpiar la ola de violencia. En la grabación, que dura poco más de cuatro minutos, aparecen varios hombres vestidos con ropa negra, encapuchados y fuertemente armados, algunos de ellos se encuentran sentados en una mesa simulando una conferencia de prensa. Uno de los hombres afirma que el pueblo está harto de tantas injusticias que se viven diariamente, y afirma que Los Caballeros Templarios ya no son narcotraficantes. “(Son) una bola de bandidos que abusan de la gente inocente, son una plaga maligna que a diario matan a inocentes para robarles lo poco que ganan para el sustento de su familia. Puesto que ellos se dedican al secuestro, extorsión, cobro de cuota, a robar las tierras al campesino y lo más bajo que hacen es violar a mujeres indefensas. “Ustedes Caballeros Templarios son una bola de mugrosos bandidos junto con sus líderes, la ciudadanía merece tranquilidad y nosotros. Los guerreros del cártel de Jalisco Nueva Generación venimos a dársela, y terminar con éstas lacras que han invadido la tranquilidad de la ciudadanía de Guerrero y Michoacán”, dice el hombre encapuchado en la grabación. Aseguran que ellos se dedican al narcotráfico y no a robar, ni a secuestrar como lo hacen Los Templarios. “Pero les aseguramos que nosotros vamos a acabar con ellos y con sus líderes”. En el video también aseguran que el Gobierno no ha podido dar con Nazario Moreno, “El Chayo”, quien “se hace pasar por muerto, pero en realidad no está muerto”. “En este comunicado decimos que nosotros estamos en contra del secuestro, extorsiones, de las violaciones de mujeres y de matar gente inocente, ya basta de tanta maldad de parte de éstas lacras que son Los Caballeros Templarios. Atentamente Los Guerreros del Cártel de Jalisco Nueva Generación”, indica el desconocido.
En disputa Entre los municipios que el cártel Jalisco Nueva Generación está contemplado como plazas para asentarse, se encuentran: > La Piedad > Zamora > Sahuayo > Yurécuaro > Vista Hermosa > Los Reyes > Uruapan > Tepalcatepec > Aguililla > Apatzingán
> Buenavista Tomatlán FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Mientras el gobierno mexicano premió hoy a empresarios por las donaciones hechas a albergues de migrantes, en Oaxaca mantuvo el cerco para evitar que la Caravana “Viacrucis sin fronteras” emprenda su rumbo a la Ciudad de México. Este martes, el canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, entregó reconocimientos a nueve empresarios y a la fundación de BBVA Bancomer por las donaciones realizadas a albergues de migrantes ubicados en la frontera sur del país. Según la Cancillería, los hombres de negocios entregaron bienes como colchones, ropa o alimentos para “atender las necesidades básicas de los migrantes”, particularmente de niños y adolescentes en su tránsito desde América Central. De acuerdo con la página de internet de la Fundación BBVA Bancomer, los empresarios entregaron víveres y material al albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, mismo que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde. Sin embargo, al tiempo que Meade entregaba sus premios a los actores privados, el operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal oaxaqueña permanecía en las salidas de las carreteras que atraviesan Ixtepec. Desplegados desde el pasado jueves, los agentes tienen la misión de detener a los migrantes centroamericanos quienes saldrían del albergue para continuar el camino de la caravana “Via crucis sin fronteras”, la cual arrancó el pasado 24 de marzo en la frontera con Guatemala y debía salir rumbo al Distrito Federal el pasado jueves. La madrugada de ese día, los activistas e integrantes del albergue ya habían contratado el servicio de autobuses que los llevaría, junto con más de 200 migrantes, hasta la capital del país para sostener encuentros sociales, cuando se percataron que unidades de la policía estatal y del INM habían instalado su dispositivo. Peor aún, de acuerdo con el padre Solalinde, funcionarios federales amenazaron a los choferes de autobuses con detenerlos por el delito de tráfico de personas si dejaban subir a migrantes indocumentados en sus unidades. La organización Amnistía Internacional condenó ayer el operativo migratorio que contaba con entre cinco y seis camiones del INM y alrededor de 260 elementos de la Policía Federal. Lo calificó de “ilegal” por violar la ley de migración, criminalizar a la población migrante y no respectar su derecho a la movilidad. En respuesta, el INM aseveró que sus acciones están “apegadas a ley y a su aplicación”. Precisó que “el dispositivo de seguridad que mantiene el INM con la Policía Federal en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para llevar a cabo operaciones de control y verificación (…) es para salvaguardar la integridad de los extranjeros”. Agregó que los retenes se encuentran a “más de 10 kilómetros” del albergue y que sus agentes “no poseen ningún tipo de arma”.
Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los gobiernos federal y de Oaxaca a otorgar medidas cautelares para respectar los derechos humanos de “quienes participan en la caravana”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: A casi tres años del asesinato de su hijo Edgardo Hernández Corzo, a manos del exdiputado y excandidato a alcalde del PRI en Villaflores, Ulises Grajales Niño, don Hilario Hernández Santiago, de 73 años, persiste en su reclamo de justicia, pues pese a que al presunto homicida pasaría 50 años en prisión, éste no estuvo recluido más de 10 meses. El 11 de junio de 2012, Ulises Grajales, entonces candidato del PRI y el Partido Orgullo Chiapas (hoy Chiapas Unidos) –fundado por el gobernador Juan Sabines–, y su chofer y guardaespaldas Alfonso López Moreno persiguieron, alcanzaron y asesinaron a tiros a Edgardo Hernández Moreno, un brigadista del PAN a quien supuestamente sorprendieron retirando propaganda electoral priista. “No tienen derecho a la libertad bajo caución, por lo que enfrentará un proceso en reclusión y podría alcanzar penas de 25 hasta 50 años de prisión”, destacaban los titulares de los diarios en esa época sobre las declaraciones del actual procurador Raciel López Salazar, quien abrió la averiguación previa 182/CE39/2012, iniciada por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, en los primeros meses de 2013 Grajales Niño ya estaba libre gracias a la intervención de sus padrinos políticos: la diputada federal del PRI, Arely Madrid, y el entonces legislador local del PVEM José Angel Córdova, exasesor de Sabines, así como del actual líder estatal del PRI, Roberto Albores. Pese a que la PGJE dio a conocer que había llevado a cabo “diversas diligencias en materia de criminalística forense y recabó la declaración de diferentes testigos, quienes señalaron de manera directa a Grajales Niño de participar en el homicidio”, éste quedó libre en menos de un año. Para 2013, el priista Ulises Grajales se movía con un bajo perfil haciendo proselitismo en las comunidades de Villaflores junto a su esposa Erika Yaroily Hernández Salazar. En marzo de 2014 fue recapturado pero liberado tres meses después, y reapareció públicamente en agosto del mismo año cuando subió a su red social de Facebook su foto con el líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz. A la familia de Edgardo le indignó el “cinismo” del retorno de Ulises Grajales a las actividades políticas partidarias. Don Hilario advierte que “el responsable del asesinato de mi hijo fue Grajales Niño, el mismo que le dio un disparo en la cabeza y que lo privó de la vida”. En el panteón del ejido Cristóbal Obregón, donde el septuagenario limpia la tumba de su hijo Edgardo, señala que otra vez el homicida de su hijo busca ser alcalde de Villaflores, candidatura que le fue cancelada en 2012 por el crimen que cometió en plena campaña. Aclara que sigue vigente la averiguación previa 182/CE39/2012 ante el fiscal del Ministerio Público, Gamaliel Ortega Leep, en la mesa de tramite 4 adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio. En marzo del año pasado el priista fue arrestado nuevamente, pero acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada, traslado de vehículos robados y encubrimiento, como resultado de otra averiguación previa que data de 2010. Don Hilario destaca que hace unos meses envió un documento al gobernador Manuel Velasco para que no se le dé carpetazo al caso del asesinato de su hijo.
Sin embargo, advierte que el crimen de su vástago y la libertad de sus ejecutores sólo confirman que hasta ahora campea la impunidad y la justicia nunca llega para las familias que carecen de las influencias que presume el priista Grajales Niño. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: Pablo Gómez, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), criticó a Enrique Peña Nieto por promover la censura del ‘spot’ del PAN sobre el presuntamente oneroso viaje presidencial a Londres. Esta mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar del aire el promocional “Londres-gasolina”. En el mensaje se criticaba a Peña Nieto por invitar a 200 personas a su gira por el Reino Unido. “Se trata de la crítica de un partido a un presidente, lo cual debe ser respetado como los demás”, indicó.
“Es una aberración que se esté convirtiendo el actual proceso electoral, las campañas de los partidos, en una cárcel de las ideas”, denunció. Luego pidió a Peña Nieto defenderse con argumentos, no con censura. No obstante, consideró que el PAN no tiene autoridad moral para criticar al PRI, debido a que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón actuaban de la misma manera durante sus giras. “En lugar de pedir la censura, el presidente debió haber hecho una aclaración. Si hay algo que deba negar, que lo niegue, pero que no pida que se censure la libertad de difundir ideas equivocadas o no”, acotó. Luego acusó al INE de convertirse en la “nueva Inquisición” contra la libertad de expresión.
La Consejería Jurídica del gobierno federal pidió al INE que retirara el anuncio denominado “Londres-gasolina”, en cuya parte relacionada con el Ejecutivo federal se pregunta a dos jóvenes: “¿Qué opinan de que el presidente llevó a 200 invitados en su viaje a Londres?”, y una chica responde: “Yo diría que es una chingadera”. Luego una voz en ‘off’ acota: “Acabemos con la corrupción”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La farándula y la política nunca han sido una buena combinación, pero es lo que tenemos. La farándula se metió en Los Pinos y asistimos al show de las frivolidades, mientras el país está sumido en una crisis económica, política y de derechos humanos. La escena es aparentemente normal: una actriz mexicana famosa de compras en un lujoso centro comercial de Beverly Hills. Pero aquí hay un pero. Resulta que esa actriz es, nada menos que, la Primera Dama de un país con 70 millones de pobres, 28 millones de los cuales, son pobres alimenticios, es decir, gente que no tiene ni para comer El acto de ir de compras a tiendas caras se vuelve ofensivo porque la Primera Dama no es solamente una actriz famosa, sino la presidenta honoraria del DIF Nacional, una funcionaria que dirige un ente público. Todo indica que la señora Rivera sigue viviendo en la negación. Según ella no es funcionaria, pero su puesto en el DIF, la obliga incluso a presentar declaración patrimonial, algo que nos debe a los mexicanos, en especial de los años 2012 y 2013, cuando supuestamente tenía 130 millones que, dice, le pagó Televisa por la excelencia de sus importantes servicios. Si la señora se quiere ir de compras a todo lujo que se vaya como una ciudadana más, pero el problema es que utiliza el Estado Mayor Presidencial, sus escoltas y vehículos, por tanto, está gastando los recursos de los mexicanos, por tanto, insisto, es una funcionaria más y tiene que responder. ¿Quién pagó las compras de La Gaviota, sus hijas e hijastras? Por lo pronto, ya salió un valiente a dar la cara. No, no es Peña Nieto. Se trata del papá de las hijas de Angélica Rivera, el productor de telenovelas José Alberto “El Güero Castro”: “No ofendan a mis hijas, el que vivan con su mamá no significa que ella las mantenga yo trabajo para mantenerlas y cuidarlas #NoSeConfundan”. El Güero Castro, tiene razón, La Gaviota no mantiene a sus hijas, en parte su manutención corre a cargo del erario público. ¿O acaso el Gúero Castro paga los escoltas que las cuidan y las camionetotas con chofer que usan para trasladarse? Ahora bien, si verdaderamente el Güero Castro quiere que aceptemos como definitiva su aseveración. Qué él y su ex esposa transparenten los gastos de las tres muchachas. Vamos haciendo cuentas. Que nos diga a cuánto asciende la pensión que les da a pesar de ser mayores de edad. Sería interesante saber cuánto gasta Sofía al mes o saber a cuánto asciende su pensión individual porque mientras andaba de compras exhibió un bolsito de la marca francesa Céline que cuesta la friolera cantidad de 2 mil 200 dólares, más de 30 mil pesos. Y además se probó vestidos de 20 mil dólares en una exclusiva tienda de trajes de graduación Bagdley Mischka, según reportó Telemundo. Necesitamos información financiera para entender como está chica podría comprarse un vestido de 300 mil pesos. La discreción no es una cualidad de Angélica Rivera ni de sus hijas que exhiben de manera ostentosa sus frivolidades. Evidentemente la importancia que le dan a su imagen y vestimenta es prioritaria, a pesar de que el país, bajo el régimen de Enrique Peña Nieto, se empobrece a pasos agigantados. Las hijas de Peña Nieto no son diferentes. Sería muy interesante saber a cuánto ascienden los gastos de estas seis mujeres — Angélica, sus tres hijas y sus dos hijastras— todas, forman parte del séquito presidencial. Todas visitaron tiendas como Dolce & Gabbana, Versace Collection, Tiffany o Lord of Optic y para finalizar su jornada de compras se fueron a cenar al restaurante Fogo de Chao donde el costo por persona es de 61 dólares. La opacidad solo sirve a la especulación. Si la familia Peña-Rivera quiere detener las criticas exacerbadas generadas por su costoso nivel de vida, necesita transparentar sus gastos. Mientras la señora Rivera no presente su declaración patrimonial, seguiremos sin saber si el costo de sus lujosos gustos y el de sus hijas e hijastras lo paga ella con sus magníficos ahorros producto de su trabajo con Televisa, o lo pagamos todos los mexicanos. Para empezar, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez debe dejar de proteger la información concerniente al pago de impuestos declarados por Angélica Rivera desde el 2010. De esta manera, se confirmará o descubriremos las mentiras de la Primera Dama quien declaró públicamente que fue ella quien compró su famosa Casa Blanca. La mejor manera de combatir la corrupción es transparentando las declaraciones del gabinete presidencial, incluida, la Primera Dama. El artículo 108 de la Constitución Federal obliga a la señora Rivera a transparentar sus ingresos y egresos. De lo contrario, Angélica Rivera deberá ser inhabilitada y destituida de su cargo como presidenta del DIF. De esta manera, si cometió el delito de enriquecimiento ilícito, ser llevada a juicio. El artículo 224 del Código Penal Federal nos ofrece la posibilidad de enjuiciar a un servidor público, cuando este, no ha acreditado de manera fehaciente el súbito aumento de su patrimonio o su poder adquisitivo.
De está manera, la señora Rivera, sus hijas e hijastras podrán contestar la simple pregunta de la canción de Chico Che: ¿Quién pompó? FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-04-2015/33628.
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown develó un nuevo informe en el que concluye que los niños migrantes detenidos en México están siendo detenidos arbitrariamente lo que conlleva a que violen sus derechos humanos básicos, además de que la duración en los centros detenciones son excesivas y las condiciones no son óptimas con el fin de que no soliciten asilo. De acuerdo con el documento cuya copia posee el portal estadounidense Mother Jones, los menores de edad se encuentran hacinados, en un lugar muy caliente, donde la comida es “terrible” y la “situación es peligrosa porque nos pusieron junto con las maras [pandillas centroamericanas]“, tal como le confesó una adolescente de 15 años de edad recluido en un centro de detención migratorio a los investigadores de la Universidad. La nota del portal firmada por Edwin Ríos, indica que el estudio fue publicado este lunes, y que la investigación llegó a la conclusión de que las autoridades de inmigración mexicanas no han logrado detectar adecuadamente las necesidades de protección internacional de los niños y no se les informa sobre su derecho a solicitar asilo. “Por desgracia, la realidad para la mayoría de los niños migrantes detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas se caracteriza por la violación en lugar de la protección de sus derechos humanos”, concluye el informe. El grupo de investigadores de Georgetown entrevistó a 65 niños que viajaron solos o acompañados. En algunos casos se habló con sus padres, funcionarios públicos, trabajadores de ayuda humanitaria y pobladores en la ciudad fronteriza mexicana de Tapachula y en Ciudad de Guatemala. El reciente aumento de las pandillas y la violencia de género, junto con las dificultades económicas en sus países, ha llevado a los niños y a sus familias a huir del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por el Salvador, Guatemala, y Honduras. Aunque el número de niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a 68 mil 541 en el año fiscal 2014, se estima que de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aprehendió sólo a 37 mil menores migrantes en el año fiscal 2015. Mother Jones consultó a algunos expertos que afirmaron que la disminución puede atribuirse a intensificación de la detención en México, agravando un sistema ya viciado de detención de inmigrantes. La investigación encontró además que los niños migrantes en la estación de Tapachula están recluidos por “períodos largos e impredecibles”, esto a pesar de que la ley mexicana requiere que los menores no acompañados sean transferidos inmediatamente a refugios locales. De los 6 mil 718 niños detenidos en el centro de detención Siglo XXI de Tapachula durante el año 2013, mil 121 de los menores se celebraron allí entre 15 días y 300 días. Sólo 422, o 6 por ciento, fueron colocados en refugios locales. Un psicólogo que trabajó con los niños migrantes en un refugio de la ciudad, dijo que su detención prolongada resalta la preocupación que se tiene sobre la solicitud de protección internacional. “Son muy pocos [los niños que solicitan asilo]“, dijo el especialista a los investigadores de Georgetown. “Lo que les asusta es la perspectiva de ser detenido durante tres meses”. Las malas condiciones en el centro de detención Siglo XXI también disuade a los niños migrantes en busca de asilo. Una vez que las familias son detenidas, los miembros están separados por la edad y muchos detenidos informaron a Mother Jones que inclusive algunas pandillas de las que habían huido los habían seguido hasta ese lugar. Los investigadores de la Universidad estadounidense también observaron que los funcionarios de inmigración mexicanos -que están legalmente obligados a evaluar a los niños de asilo y otras formas de alivio de la deportación- no informaron a los menores que tenían derecho a la protección internacional. Ninguno de los niños que el equipo de investigación de Georgetown entrevistó en el centro de detención del Siglo XXI fue informado por los oficiales de protección de menores u otros funcionarios de inmigración sobre el derecho a solicitar asilo. Además, pocos de los inmigrantes que solicitaron protección internacional en México la recibieron, según informó la Comisión para la Atención de los Refugiados.
De los mil 165 casos resueltos entre enero y septiembre de 2014, sólo 247 fueron reconocidos, a pesar de que la Comisión recibió 17 por ciento más de las solicitudes de asilo en los primeros ocho meses de 2014 que en todo el 2013. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2015/1311608.
OAXACA, Oax: El director de la radio comunitaria “Sentimiento de la Voz del Pueblo” 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, fue asesinado esta tarde en el barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas sobre el camino real de San Pedro el Alto, en esa comunidad de la región mixteca, sin embargo, el subprocurador regional Víctor Fernando Ruiz Méndez no adelantó el móvil del crimen, aunque refirió que no se descarta ninguna línea de investigación. De acuerdo con los primeros datos, el arma utilizada para el crimen es 9 milímetros y el comunicador presenta dos impactos, uno en la mano izquierda y otro en le pecho. Martínez Raymundo, de 46 años, sufrió el atentado saliendo de su estación radiofónica al ser interceptado en su vehículo. El 17 de julio de 2013 también fue asesinado Alberto López Bello, reportero de la sección policiaca del diario “El Imparcial”. Y el 11 de agosto pasado fue asesinado Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario “El Buen Tono de Veracruz”, en el municipio de San José Cosolapa. La Procuraduría de Oaxaca confirmó que alrededor de las 16:00 horas, en la avenida El Nacimiento frente al número 23 de la colonia Santa Fe de la unidad habitacional Constancia, perteneciente al municipio de San José Cosolapa, fue ejecutado el reportero. El diario “El Buen Tono” reconoció que Rojas Hernández era su colaborador y además condenó el crimen de su corresponsal. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que, entre 2013 y 2014, abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas.
Además de una alerta temprana, en 2014, para que las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas, con el fin de proteger su libertad de expresión y, mediante éste, el derecho de acceso a la información del resto de la sociedad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Ante la próxima llegada de la caravana migrante al Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) yAmnistía Internacional (AI) demandaron a los gobiernos federal y de Oaxaca implementar medidas cautelares para proteger y preservar los derechos humanos de los participantes de este movimiento. AI hizo además un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cese la criminalización contra los migrantes y brinde las condiciones de seguridad del albergue Hermanos en el Camino, así como para los más de 400 indocumentados y defensores que participan en la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”. Luego de una queja presentada ante la CNDH en días pasados, dicho organismo demandó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec en esa misma entidad, adoptar medidas para respetar los derechos de los migrantes. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que con esta solicitud se busca “que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes participan en la caravana, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración y atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Después de participar en el seminario “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, organizado por el Senado de la República, el ombudsman nacional destacó en entrevista que la solicitud de medidas precautorias lleva énfasis en la preservación de los derechos de los menores que participan en la caravana, debido a su vulnerabilidad. La Comisión estará atenta, dijo, como desde el pasado 25 de marzo, a que se respeten los derechos humanos de los migrantes que enfrentan diversas vejaciones y condiciones difíciles en México. González Pérez reiteró la necesidad de visibilizar la problemática de los migrantes en México. Luego llamó a las autoridades migratorias a entender el “contexto adverso” del fenómeno migratorio y a emprender acciones para su atención. Durante su participación en el seminario, el presidente de la CNDH aseguró que “la dignidad de la persona no sólo debe ser límite a la actividad de los poderes públicos, sino punto de partida del trabajo institucional y de autoridades, así como del quehacer diario de quienes habitamos este país” Enfatizó que los derechos fundamentales deben convertirse en eje principal del diseño y operación de las políticas públicas que establezca el Estado. Añadió que en el campo de los derechos humanos persisten muchas asignaturas pendientes, como “la necesidad de generar un nuevo paradigma o cambio cultural entre todos los mexicanos, basado en el respeto y aplicación cotidiana de los derechos fundamentales”. Caravana partirá de Ciudad Ixtepec Amnistía Internacional indicó que la caravana migrante saldrá este miércoles 15 a las 7:00 horas de Ciudad Ixtepec rumbo a la capital del país; se trata, acotó, de una acción civil de resistencia pacífica, la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización de todas las personas migrantes. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, reiteró que “Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos, no sólo de los migrantes, sino también de los defensores humanos, de las personas que viven vulnerables”. En rueda de prensa subrayó que “¡Ya basta! No podemos vivir con un rostro policiaco, encarcelamiento y hostigamiento, además de tortura, vivimos en una situación de emergencia”, puntualizó. Amnistía expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores, debido al dispositivo de seguridad desplegado por el Instituto Nacional de Migración (INM) e integrantes de la Policía Federal (PF), quienes bloquean las actividades de la caravana. Además, consideró que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes, aparte de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a indocumentados. Añadió que el dispositivo de seguridad es también inconstitucional, puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11, que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte. AI enfatizó que la forma en que se realizó el operativo ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado frente a esta población, quienes tienen el derecho a medidas adicionales de protección y a ser atendidas conforme sus circunstancias individuales. Detalló que posiblemente más de un centenar de integrantes de la caravana pueden ser solicitantes de asilo, y de éstos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Las autoridades, consideró Amnistía, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la asistencia institucional a los que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se informó que los organizadores de la caravana presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso. Mientras, Solalinde resaltó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación que se hace al principio pro-persona incluido en la Carta Magna, el cual prevé que México y sus funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas vulnerables y en tránsito, como son los migrantes. Solalinde Guerra reiteró que se vive una situación de emergencia con los migrantes centroamericanos como consecuencia del Plan Frontera Sur, puesto en marcha por el gobierno federal.
Y acusó al INM de ser el “brazo ejecutor” de la administración de Peña Nieto, debido a que las políticas públicas en materia de derechos humanos que ha implementado el actual gobierno mexicano no han funcionado; al contrario, son reflejo de la violación permanente de esas garantías. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN/PEDRIO MATÍAS.
MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso de los normalistas desaparecidos, urgió al Senado de la República a aprobar una reforma constitucional que haga posible legislar sobre desaparición forzada en México. Ante el próximo cierre de sesiones del Congreso de la Unión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos segunda, en la que recomiendan materializar una reforma constitucional que otorgue facultades al Poder Legislativo federal para que legisle en esa materia. Hasta ahora los congresos de 22 entidades federativas han legislado y tipificado la desaparición forzada, delito de lesa humanidad que no ha sido abordado por los estados de Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De ahí la propuesta de los especialistas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para emitir una ley general sobre desaparición forzada, que después deberá ser emulada por los congresos locales. Con el mandato para hacer recomendaciones encaminadas no sólo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el GIEI planteó en la misiva, enviada ayer, que “si esta reforma no se aprueba en el mes de abril de 2015, deberá ser un nuevo Congreso el que en el futuro articule esta medida”. De concretarse la iniciativa “se estaría contribuyendo de manera decidida para que en el transcurso de este año, durante el siguiente periodo de sesiones, se apruebe la referida ley sobre la desaparición”, precisaron los expertos en un comunicado de prensa difundido este martes. Alejando Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristáin y Francisco Cox urgieron a los legisladores a aportar herramientas jurídicas ante problemas graves como la desaparición forzada. “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición”, apuntaron. Recordaron que la petición cumple con los lineamientos del mandato del GIEI, que fue creado en el marco del acuerdo entre México, los peticionarios del caso Ayotzinapa y la CIDH. Las líneas de trabajo incluyen observaciones en materia de búsqueda , investigación, atención a las víctimas del caso Ayotzinapa y propuestas de políticas públicas frente a la desaparición forzada para México. Por otro lado, una coalición de 120 organizaciones de la sociedad civil presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 19 la prohibición de desaparición forzada o perpetrada por personas particulares sin la autorización de agentes del Estado. De igual manera, demandó modificar el artículo 73 para que el Congreso de la Unión legisle en esta materia de derechos humanos en leyes generales reconocidas por la Constitución y en los tratados internacionales. A nombre de las más de 100 organizaciones hablaron Juan Carlos Gutiérrez y padres y madres de desaparecidos como María Guadalupe Fernández Martínez, de Fundec Coahuila; Valentina Peralta, del Movimiento por la Paz, y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “La impostergable necesidad de contar con una Ley General de Desaparición de Personas se eslabona a otras leyes generales que también son necesarias, como la Ley sobre la Tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanas y degradantes”, destacó Valentina Peralta. Luis Tapia dijo que es momento que el Congreso “reaccione con voluntad política adecuada frente a las graves violaciones a los derechos humanos que aquejan al país”. Las senadoras Gabriela Cuevas, del PAN, Angélica de la Peña, del PRD, y los senadores Omar Fayad, del PRI, así como Alejandro Encinas, recibieron la iniciativa y se comprometieron a incluirla en la dictaminación de otras propuestas pendientes. Encinas afirmó que le daban el aval a esta iniciativa, mientras De la Peña señaló que existe un mandato expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, “estamos obligados a atender las recomendaciones del examen periódico universal”. Fayad, del PRI, destacó que “aquí está la voluntad política y ha habido senadores y senadoras que han trabajado en ello”.
Añadió: “Creo que el caso de Iguala ha despertado en México y en los mexicanos la necesidad de construir una legislación para que no vuelva a ocurrir, y si vuelve a ocurrir, para que tenga la respuesta necesaria”, abundó el senador priista. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL Y GLORIA LETICIA DÍAZ
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