miércoles, 15 de abril de 2015

Impugna MVS recurso otorgado por juez para negociar con Aristegui

México, DF. Grupo MVS interpuso este miércoles un recurso de queja para impugnar la suspensión de amparo que el martes pasado concedió el juez federal Fernando Silva a la periodista Carmen Aristegui para el efecto de que la empresa de telecomunicaciones negocie la posible reinstalación del espacio que tenía la comunicadora en la frecuencia modulada de radio 102.5, informaron a La Jornada fuentes del Poder Judicial Federal.

El recurso será turnado en las próximas horas a un tribunal de circuito, superior jerárquico del juez Silva, mismo que tendrá un plazo de 48 horas para resolver si confirma, modifica o revoca el sentido de la esa suspensión, con la posibilidad de que se ordene desechar la demanda de amparo de Aristegui, elaborada por el abogado civilista Javier Quijano.

En paralelo, este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) difundió una tarjeta informativa elaborada por el juez Fernando Silva (hijo del ministro Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en la que detalló los alcances de la suspensión de amparo que protege los derechos humanos de Aristegui.

Según el comunicado, el juez Silva resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la periodista, “porque su pretensión goza de apariencia de buen derecho, por las razones siguientes:

“1. El juzgador advirtió que la terminación del contrato por parte de MVS Radio se justificó exclusivamente en facultades contractuales de derecho privado, sin tener en consideración que se está en presencia, por un lado, de la concesión de un bien y servicio público del Estado y por otro de un ámbito de relevancia social (periodismo crítico).

“2. El Juez expresó que en la fase cautelar, en forma provisional, carece de apariencia de buen derecho la decisión de una empresa que suponga que está facultada para disponer en forma imponderada de la estabilidad y de los servicios de una periodista como la quejosa, bajo razones exclusivamente contractuales de derecho privado, en atención a que la desconsideración de los derechos fundamentales y del interés público de ese tipo de decisiones pone en riesgo el artículo 7 constitucional, que prohíbe la censura y el control directo e incluso indirecto, de la libertad de difundir opiniones, información e ideas.

“Por ello el juzgador expresó que la suspensión de los actos reclamados fomenta y garantiza el orden público y el interés social dada la relevancia del periodismo crítico para la libertad de expresión y la información pública en una sociedad democrática.

“3. Asimismo, indicó que la restricción de MVS Radio a la periodista podría generar daños de imposible reparación, tomando en cuenta que la restricción a la libertad de expresión y difusión que impera sobre la quejosa se va consumando de momento a momento para ella y la sociedad en forma irreversible ante la pérdida del momento histórico presente por causa del acto reclamado y el transcurso del tiempo.

“Por estos motivos, el juzgador determinó conceder la suspensión de los efectos y consecuencias del aviso de terminación reclamado, en el sentido siguiente: I. Dado que la restricción a la periodista se realizó en ausencia de aviso/audiencia previa, la suspensión se concede para el efecto de que MVS Radio lleve a cabo un acuerdo, o mediación, o diálogo a fin de que las partes.

“II. Por lo que se refiere a la solicitud de la suspensión para el efecto de que la quejosa continúe en la transmisión de Noticias MVS Primera Emisión, se concede la medida cautelar exclusivamente para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en el entendido que el diálogo que deberán llevar a cabo las partes será realizado en las instalaciones de MVS Noticias, con la persona que hayan designado las partes en sus convenios modificatorios (Javier Corral Jurado o José Woldenberg Karakowsky).

“III. Finalmente, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que se dejen de aplicar de inmediato los “Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas” respecto de la quejosa, puesto que se advierte preliminarmente que se ponen en riesgo lo estipulado en el contrato y además sus efectos pueden generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión”, indicó el CJF.

De no llegar a un acuerdo consensuado por ambas partes antes de la celebración de la audiencia incidental, el juzgador realizará un pronunciamiento cautelar integral con respecto a la suspensión definitiva solicitada respecto a la continuación de la transmisión del noticiero radiofónico, añade la suspensión del juez Silva.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

Comunicado del Consejo de la Judicatura Federal sobre el caso Aristegui-MVS

Concede la suspensión provisional solicitada por la periodista, "porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho", señala.

El Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa esta mañana, en la que informa que “el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa María del Carmen Aristegui Flores, porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho…”.


Comunicado:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En los últimos 8 años, 2014 ‘rompe récord’ de denuncias por lavado de dinero

En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero.

En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero, el mayor número registrado en los últimos ocho años, lo que ubica a México como “vulnerable” en la incidencia de dicho delito.

Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109).

Mientras en 2013 hubo 75 mil 468 operaciones “inusuales”, en 2014 aumentó a 114 mil casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero no todas derivan en investigaciones, aunque las denuncias vayan en aumento.


En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por la Unidad de Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. Esto representa un aumento de 65% con respecto a 2006, cuando se registraron 53 denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando hubo 25.

Estos números ubican a México como uno de los países “en riesgo” medio para realizar lavado de dinero en su territorio, a la par de España e Italia, según la clasificación del Instituto Basilea (Basel Institute on Governance).

Dicha categoría se obtiene al promediar 14 indicadores sobre la transparencia en las instituciones públicas, percepción sobre corrupción, la capacidad de supervisión de los organismos que regulan el sistema financiero, y la eficiencia del sistema judicial. Solo Finlandia y Estonia son consideradas por el Instituto Basilea como de “bajo riesgo” y de América Latina, solo Chile y Perú están entre las 20 naciones mejor protegidas contra el lavado de dinero a escala mundial.


Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

A través de este delito, la delincuencia organizada “ha disfrazado sus ganancias ilegales en perjuicio del sistema financiero, la economía y el tejido social”, refiere el estudio.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “entre 1993 y el 2008, las actividades ilegales en México generaron recursos potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes en promedio anual a 1.6% del PIB”. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009.

De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI por el autor del estudio, Juan Pablo Aguirre Quezada, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos mil 224 probables responsables por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita,  2006 a 2014.

Esto significa que se triplicó el número de presuntos responsables de lavado de dinero. Mientras en 2006 hubo 83 acusados, en  2014 sumaron 240; sin embargo, las consignaciones no han aumentado igual y en promedio, menos de 100 personas por año han sido juzgadas por dicho delito, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).


El 2012, durante la transición entre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el año con el mayor número de acusados de lavado de dinero, al sumar 415 y la PGR consignó a 128 de ellos. En 2013 y 2014 ha caído la cifra de acusaciones, pero aún es mayor que lo registrado en 2006.

¿Por qué México es vulnerable al lavado de dinero?

 Con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2012 podría esperarse un combate más efectivo al lavado de dinero debido a que obliga a investigar y perseguir dichos delitos así como desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos.

Sin embargo, no ha tenido efectos inmediatos, e incluso hay un hueco en materia de la penalización, por lo que las sanciones “puede ser una fortaleza para el combate al blanqueo de capitales”.

La investigación del Senado refiere que “existen algunas debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades ilícitas”. Ejemplo de ello es el reporte sobre el lavado de dinero realizado por el Senado norteamericano, donde vincula a la filial mexicana del banco HSBC con lavado de dinero de diferentes cárteles de la droga por un monto de siete mil millones de dólares entre 2007 y 2008.

Otro problema es el “tránsito hormiga”, es decir, lavadores que realizan operaciones sin rebasar las líneas divisorias para la declaración fiscal. Esto quiere decir que “parte de la solución al lavado de dinero tiene que ver con el control de los servicios financieros, así como el rastreo de origen y destino del efectivo”.


A través de transacciones por internet se realizan operaciones para el lavado de dinero. Un ejemplo es el llamado Bitcoin, que carece de emisión física y respaldo de algún banco central de una nación, lo que ha “generado un vacío en las regulaciones. Esto puede significar que el uso de monedas virtuales sea aprovechado por lavadores de dinero del siglo 21, según refiere la investigación “Lavado de dinero una mirada a las monedas virtuales”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Con el arsenal del narcotráfico decomisado en 10 años se podría armar a la PF y a la Armada

El armamento arrebatado al crimen organizado sería suficiente para equipar una fuerza equivalente a la Armada y la Policía Federal juntas; los cartuchos decomisados permitirían a cada arma realizar al menos 105 tiros.


En los últimos 10 años el Ejército ha decomisado casi 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego incluidos fusiles de asalto creados para la guerra, pese a que en México la venta de armamento convencional no está legalmente permitida y que, al menos en el papel, vivimos en “tiempos de paz” desde hace más de medio siglo.

La cantidad de armas de fuego decomisadas, en promedio 40 todos los días, alcanzarían para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior a la de la Armada y la Policía Federal… juntas. Además, los cartuchos asegurados son suficientes para que cada pistola o rifle hiciera al menos 105 tiros.

Los aseguramientos se han realizado dentro de la campaña permanente del Ejército en contra el crimen organizado y si bien hay casos de grandes arsenales descubiertos en bodegas o guaridas clandestinas, muchas armas también han sido decomisadas en automóviles, en manos de sujetos aislados o en escenarios de algún hecho violento.

En diciembre pasado, en su “Informe sobre la Prevención de la Violencia 2014”, Naciones Unidas reveló que en México, contrario a lo que dicen las cifras más conservadoras, 7 de cada 10 personas son asesinadas con armas de fuego, lo que ubica a nuestro país en la posición número 12 con la mayor proporción de homicidios de este tipo, y en el mismo nivel de naciones como Kuwait y Brasil.

La información sobre los decomisos de armamento realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revela además el incremento en el poder de fuego de la delincuencia, pues ha subido el porcentaje de las armas largas descubiertas por encima de las armas cortas como pistolas.


Dicho empoderamiento bélico también queda de manifiesto en la cifra de granadas decomisadas a los criminales con un incremento de más de mil 400 por ciento en una década, aun y cuando la cifra de 2014 fue un descenso importante respecto a los años anteriores.

El ejército del hampa

En poco más de diez años, de enero del 2005 a febrero de este año, el Ejército mexicano ha decomisado 147 mil 041 armas de fuego que estaban en poder de la delincuencia organizada o de civiles no autorizados para tenerlas, lo que significa un promedio de casi 40 armas aseguradas… cada 24 horas.

Para ponerlo en proporción, con todo ese armamento se podría equipar un “ejército” que superaría más de 2 a 1 al total de efectivos que tiene la Armada de México (60 mil marinos aproximadamente) o la Policía Federal (45 mil efectivos aproximadamente) por separado, o que por lo menos equivaldría al 60 por ciento de todos los elementos operativos que tiene actualmente el Ejército mexicano.

La cifra de armas aseguradas anualmente registró un incremento exponencial hasta alcanzar un límite en el 2011, año en que el Ejército le arrebató casi 32 mil 500 armas de fuego a los criminales, diez mil más que todas las que se habían asegurado del 2005 al 2008.

Fue a partir 2012, último año del sexenio pasado, cuando comenzó un descenso sostenido en el arsenal asegurado por el Ejército hasta regresar a niveles similares a los del 2007.

En lo que parece no haber vuelta atrás es en el empoderamiento de los delincuentes. Hasta el 2008 la proporción entre armas cortas y largas estaba relativamente equilibrada pero en los años siguientes se incrementó la brecha aun y cuando el número total de arsenal decomisado ha disminuido.

Según los datos de la Defensa Nacional, en los últimos cinco años más del 60 por ciento de todo lo asegurado corresponde a armas largas, es decir escopetas, rifles, fusiles automáticos y semi automáticos, armas tipo francotirador, ametralladoras, lanzagranadas, entre otros.

Hay casos en donde los golpes de las fuerzas armadas han sido mayúsculos. Por ejemplo, el 7 de noviembre del 2008 efectivos del Ejército Mexicano intervinieron una bodega del Cártel del Golfo en Reynosa Tamaulipas, en donde se descubrieron 278 armas largas, 126 armas cortas, más de medio millón de cartuchos, y casi 300 granadas.

Descubrir los arsenales no siempre es sencillo. El 3 de junio del 2011 por ejemplo, los soldados decomisaron 171 armas de fuego y casi cien mil cartuchos de Los Zetas, los cuales estaban escondidos en un almacén subterráneo de un terreno donde al parecer no había nada, en el ejido Las Salinas, Coahuila. El hallazgo se consiguió gracias a una denuncia anónima.

Pero más allá de los grandes operativos, la mayoría de las armas de fuego han sido descubiertas en acciones cotidianas de menor escala como detenciones de delincuentes o revisiones de vehículos. También es común el decomiso de armamento tras enfrentamientos en calles como los que ocurren en Tamaulipas.

Mucho parque… y granadas

“Si tuviéramos parque ustedes no estarían aquí”, es la frase histórica que pronunció el General Anaya al General Twigss durante la intervención estadunidense en México del siglo XIX, para explicar que no habían podido frenar la invasión por falta de municiones y no de armas. Esto es algo que los delincuentes en México parecen tener muy presente.

De acuerdo con la estadística oficial, en la última década se han decomisado casi 15 millones 800 mil municiones de distintos calibres, desde balas pequeñas calibre .22 hasta las calibre 7.62 que usan los “Cuernos de Chivo” o las calibre .50 de los fusiles antimaterial Barret.

Dejando de lado los calibres y sin contar los cargadores encontrados, la cantidad de municiones aseguradas es suficiente para que cada arma decomisada realizara en promedio por lo menos 105 tiros.

Por otro lado, los aseguramientos de granadas también evidencian el incremento de la fuerza bélica de las organizaciones criminales. Los datos oficiales disponibles arrojan que del 2006 al 2014 se han asegurado 12 mil 857 artefactos explosivos de este tipo en el país, lo que equivale a por lo menos tres todos los días.

Al igual que ocurre con las armas de fuego, los decomisos de granadas se incrementaron año con año hasta llegar a casi tres mil artefactos en el 2011. A partir de ahí inició un descenso en los aseguramientos que ha continuado en la administración el presidente Enrique Peña Nieto.

La delincuencia no ha tenido reparos en utilizar estos artefactos en contra de diversos blancos, desde los civiles que asistían a la ceremonia del grito de la Independencia en Morelia en 2008, pasando por las usadas en contra de un convoy de militares en Guachinango Jalisco el año pasado, hasta las utilizadas en este 2015 contra instalaciones de una televisora en Matamoros, Tamaulipas.

Cuernos de chivo… chinos

La venta de armamento de grueso calibre en México está totalmente prohibida, pero eso no es obstáculo para el tráfico y comercialización de armas de alto poder en el mercado negro, como lo evidencian el tipo de armas decomisadas.

De acuerdo con datos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la Procuraduría General de la República (PGR), el 60 por ciento de las armas largas aseguradas son el calibre 7.62 x 39 milímetros y similares, que corresponden a una bala alargada y de alta letalidad; son las que utilizan los rifles AK-47 conocidos como Cuerno de chivo.

El AK-47 es de origen ruso, sin embargo, actualmente hay 14 países que fabrican modelos similares o copias de estas armas, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Armas Bajo Control. En México, han llegado varios de esos fusiles foráneos.

Por ejemplo, según los datos de la Sedena en 2011 uno de cada seis “Cuernos de Chivo” es de la marca NORINCO, fabricante de origen chino que comercializa tecnología armamentística a nivel internacional, y que ha sido acusada entre otras cosas de vender misiles a países como Corea del Norte e Irán.

El “AK-47 chino” ofrece las mismas prestaciones que su hermano ruso pero a un precio menor ya que por ejemplo, sus modelos carecen del material cromado de en la zona del cañón y el gas.

No se trata del único fusil diseñado para la guerra asegurado a los criminales en México. Solo por citar dos ejemplos más, entre lo decomisado figuran fusiles de asalto M-16 usados por el Ejército de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, o la escopeta Mossberg 500 calibre 12 utilizadas en operaciones como la denominada Tormenta del Desierto en Irak.


Las investigaciones realizadas sobre el origen del armamento, con el apoyo del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)ha permitido establecer que el 75 por ciento de las armas decomisadas provienen de armerías de los Estados Unidos y son traficadas a través de la frontera norte de nuestro país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/04/el-arsenal-de-la-delincuencia-en-mexico-casi-150-mil-armas-y-13-mil-granadas-en-10-anos/.

La vida de los jornaleros mexicanos: reciben 100 pesos por trabajar más de 15 horas al día

Mientras continúa la huelga de jornaleros en el Valle de San Quintín, organizaciones civiles y académicos denuncian que el problema de abuso y violación a derechos laborales se extiende a todo el país con más de dos millones de afectados.

Francisca, una mujer indígena del municipio de Tlapa en Guerrero, contó al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que cada año viaja a Mazatlán, Sinaloa, y soporta abusos, hambre, sed y jornadas de trabajo de más de 15 horas porque en su comunidad simplemente no hay “nada mejor”.

El Centro y la Red de Jornaleros Agrícolas denuncian que como lo relata Francisca, los jornaleros agrícolas del país, al no tener otra alternativa, aceptan un trabajo poco remunerado, viven en condiciones de hacinamiento y son víctimas de abusos y violaciones sin que haya una autoridad que intervenga para evitarlo.

Según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009, en el país existen dos millones que laboran en 18 estados: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

La Red asegura que los abusos y malas condiciones laborales de los campos agrícolas y fincas de esas entidades es una constante, aunque es hasta ahora, tras la huelga de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en Baja California, -en la que los trabajadores exigen desde el 17 de marzo sueldos justos y prestaciones como seguridad social y aguinaldo- que el tema está llamando la atención de la ciudadanía.

Tomando en cuenta la investigación que organizaciones civiles y académicos han hecho en los campos agrícolas de México,  Animal Político te presenta 16 datos sobre la explotación laboral de la que son víctimas los jornaleros agrícolas del país.
  1. Los salarios de los jornaleros agrícolas en México oscila entre los 65 y 110 pesos al día por jornadas superiores a 15 horas. El salario mínimo en el país es de 68-70 pesos por una jornada de 8 horas.
  2. Los jornaleros del Valle de San Quintín que están en huelga desde el 17 de marzo empezaron exigiendo un pago diario de 300 pesos, ahora dicen que aceptarán 200, pero los empresarios sólo están dispuestos a aumentar 16.5 pesos más por jornada.
  3. Un jornalero agrícola sólo tiene trabajo por periodos de 4 a 8 meses. Recibe su salario al concluir el periodo, aunque la mayoría se queda sin nada porque debe “endeudarse” en las tiendas de raya para obtener -a precios hasta cinco veces superiores- productos básicos que no recibe en los campos agrícolas.
  4. Persiste la práctica de contratación de núcleos familiares o comunitarios. Los jornaleros involucran a toda la familia para aumentar el ingreso por hogar. Esto provoca que el 40% de los trabajadores de un campo sean niños.
  5. Cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan su comunidad de origen para emigrar con sus familiares para ser jornaleros, según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del gobierno federal.
  6. El 42% de los niños jornaleros agrícolas presentan algún tipo de desnutrición.
  7. Del 2007 a la fecha se ha documentado la muerte de 41 niños en campos agrícolas por accidentes de trabajo, atropellos, picadura de insecto, desnutrición o falta de atención médica.
  8. El 40% de las mujeres indígenas que son jornaleras agrícolas reciben un salario menor al de sus compañeros, sin que haya una justificación para ello.
  9. El 34.7% de las mujeres jornaleras han sido víctimas de humillaciones durante su jornada laboral, según el Instituto Nacional de las Mujeres.
  10. Entre el 30 y 40% de los jornaleros agrícolas del país comen sólo dos o menos veces al día.
  11. El acceso a la vivienda digna es “nulo” en los campos de cultivo. En el Altiplano Potosino más de 90% de los campos no cuentan con viviendas habitables y la mitad carecen de baños.
  12. El 60% de los jornaleros agrícolas son indígenas provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
  13. El 81% de los jornaleros no concluyeron la educación secundaria.
  14. El 90% de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo.
  15. El 80% de los jornaleros no cuenta con prestaciones laborales y sociales y no pueden acudir a un médico en caso de accidente.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 50% de los accidentes de trabajo ocurren en campos agrícolas. Ser jornalero agrícola es considerada una de las labores más riesgosas a nivel internacional. A nivel mundial, cada año mueren 70 mil jornaleros sólo por plaguicidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Redes sociales: el otro poder electoral

En estos comicios en Guadalajara, expertos señalan que las redes sociales deben ser vigiladas pues son un espacio con vacíos legales, el cual ya es utilizado para la promoción y el ataque entre contrincantes.

Las redes sociales tomarán mayor relevancia en el terreno electoral de este año. 

Desde el periodo de precampañas, a finales de diciembre de 2014, los distintos contendientes locales dieron marcha a la maquinaria promocional que esta plataforma les brinda.

“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, subraya la cuarta investigación de Q Medios, el observatorio electoral del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

El estudio ‘El Poder de la Red’, publicado en marzo pasado, da cuenta de la importancia de las redes sociales para fines electorales, y los vacíos legales que existen en ellas, en un contexto electoral por la presidencia municipal de Guadalajara.

No obstante la dimensión que para estas elecciones intermedias se abre con estas herramientas tecnológicas, la reciente reforma político-electoral no las incluye en los artículos que describen la propaganda en las campañas.

Incluso los propios consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han destacado la importancia y necesidad de poner especial énfasis en la disputa política que se dará en las redes sociales y en Internet en general.

“Desde mi punto de vista, en esta reforma debió ya haberse incluido o introducido esa actividad”, expresó el pasado 26 de agosto del 2014 la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, al periódico El Universal.

“Las campañas electorales, al menos una parte, se llevará a cabo en Internet”, da cuenta la investigación actual del ITESO, al mismo tiempo que destaca la importancia de las plataformas digitales para la comunicación política contemporánea.

El documento resalta la importancia del análisis sobre el vacío legal existente, ya que las redes sociales quedaron fuera de la reglamentación electoral salvo en los casos de fiscalización de los recursos.

“Ninguna de las disposiciones normativas (…) aluden a los procesos de comunicación a través de Internet o de las redes sociales virtuales, no se reglamenta su uso o contenidos, aunque sí está contemplado que los partidos políticos den cuenta de recurso (dinero) que invierten en la publicidad (propaganda) en Internet”, recalca Q ITESO en el informe.

De igual forma expresa que de acuerdo con medios locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sólo podrá sancionar a los candidatos, si se demuestra que producen mensajes en Internet que buscan perjudicar a otro candidato.

Guadalajara bajo la lupa

El informe piloto de Q ITESO sobre las redes sociales enfoca principalmente la contienda para Guadalajara. 

De acuerdo con su resumen ejecutivo, la primera fase tuvo como objetivo describir los rasgos más importantes de las estructuras de comunicación política en Internet en la capital tapatía.

El mayor hallazgo y principal obstáculo con el que Q ITESO se topó fue con la poca precisión en torno a la infraestructura tecnológico: datos acerca de usuarios, teléfonos móviles, tabletas o computadoras.

La poca información existente sobre estas estructuras permitió determinar que la red cibernética de Guadalajara está en desarrollo al no proporcionar acceso suficiente para su población.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado hay 941 mil 739 hogares que cuentan con una computadora, es decir, el 46.1 por ciento de la población.

Los datos de la encuesta 2015 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos señalan que 45 por ciento de los habitantes de la capital tapatía dijeron tener al menos una computadora en su hogar.

Mientras que los datos de conexión no distan mucho de las anteriores cifras, pues según el Inegi, 865 mil 507 hogares en Jalisco cuentan con conexión a Internet, hay otro millón 176 mil hogares que no la tiene.

Para el caso de Guadalajara, Jalisco Cómo Vamos apunta que el 56 por ciento de los habitantes dijo tener acceso a Internet en su propio hogar.

Destaca que 44 por ciento de la población no cuenta con conexión a la red desde sus hogares, pues de acuerdo con el informe esto representa que un numero cercano a la mitad de la población no podrá seguir las campañas electorales desde su hogar y a través de internet.

“La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet”, expresó en su columna radial de este lunes el experto en comunicación y coordinador del informe, Juan Larrosa Fuentes. 

Uso de redes

El análisis de Q ITESO sólo se concentra en las dos redes sociales virtuales más importantes de Internet, Facebook y Twitter. 

Ante ese escenario, según datos de la empresa experta en publicidad IAB México, a nivel nacional 85 por ciento de los usuarios de Internet utiliza ambas redes: del porcentaje, un 96 por ciento lo hace desde Facebook, 56 por ciento desde Twitter y 54 por ciento en Google plus. 

Para el caso de la entidad, según datos del Inegi recopilados por Q ITESO, de los usuarios que hacen uso de Internet 64 por ciento dijo utilizarlo para obtener información, 39.6 para usar las redes sociales, 36.7 para “apoyar la educación”, 36.3 para el entretenimiento, 1.5 para operaciones bancarias en línea y sólo el uno por ciento para la interacción usuario-gobierno.


En Guadalajara, según Jalisco Cómo Vamos, 46 por ciento de los habitantes dice utilizar internet por diversión.

En el caso de las redes sociales, a 29 por ciento le gusta compartir información por medio de éstas, y 13 por ciento indicó que Facebook y Twitter eran los medios por los cuales se entera del acontecer local y nacional.

“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, sentencia el informe del ITESO en sus conclusiones.


Y advierte que los candidatos a los cargos de elección popular en Guadalajara podrán utilizar el Internet ‘como mejor les convenga’ al no estar reguladas estas plataformas digitales.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.

Candidatos bajo amenaza

Buscar un cargo de elección popular en algunas regiones del país se ha convertido en un acto casi suicida. Diversos candidatos que se han postulado para los próximos comicios han sido atacados, amenazados o extorsionados. Algunos, incluso, han renunciado a sus aspiraciones.

“Hola Beto vas a valer madres”.

Ese fue el mensaje que Alberto Merlo Martínez encontró pegado en la puerta de su casa.

El estudiante de Ciencias Políticas se encontraba haciendo las gestiones para convertirse en candidato independiente por la diputación federal del Distrito VI de Puebla.

Habían sido semanas de acoso, por eso no le dio importancia a la nueva amenaza.

Entró a su casa, su cuartel político, a hacer sus actividades junto con otras compañeras de campaña. 

Era 11 de marzo. Minutos después, tocaron a la puerta y una mujer preguntó si le podían brindar asesoría jurídica. Cuando abrió, tres hombres armados entraron por la fuerza a su domicilio. 

“Fue como en una película de sicarios; arrodillado y apuntándome por atrás. Me ataron de manos y de pies con cinta canela y después de haber hecho una casa un desastre, se fueron”, relató el joven de 23 años.

Tras los hechos,  Alberto presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia estatal y aseguró que eso no frenaría su intención de llegar a San Lázaro.

Esta historia se une a la de varios candidatos que, apenas iniciada la campaña, ya han recibido amenazas.

No es un caso aislado.

En distintos lugares del país, aspirantes a cargos de elección popular o miembros de sus equipos han hecho públicas las intimidaciones de las que han sido objeto. 

Ante este fenómeno, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo ha actuado como intermediario en las peticiones de seguridad que han realizado los candidatos.

La Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de evaluar cuáles son los candidatos que requieren seguridad, ha reconocido que no se tiene capacidad para cuidar a todos los aspirantes.

“Nosotros no podemos darles seguridad a todos los candidatos postulados en el país. Sí lo vamos a hacer en algunos estados y en lo que se refiere a candidatos a gobernador”, indicó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin protocolos

Durante el proceso electoral del 2009, cuando México vivía uno de los picos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la violencia contra los candidatos a un puesto de elección popular escaló.

¿Intimidación o extorsión?

Las agresiones que han sufrido los candidatos a un puesto de elección popular en diferentes partes del país buscan, en algunos casos, intimidarlos y obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.

En otros, se trata de agresiones para intentar extorsionarlos y obtener algo del dinero de las prerrogativas que los aspirantes obtienen para el desarrollo de sus campañas políticas.

Cuando los sujetos armados entraron a la casa del candidato independiente Alberto Merlo Martínez, en Puebla, no se llevaron nada ni lanzaron una sola palabra de amenaza. 

No hubo necesidad, los hechos hablaron por sí mismos. Encañonado en el piso de su casa no necesitó escuchar nada más. 

Los sujetos se dedicaron a destruir el mobiliario: rompieron closets, cajones, y puertas.

“Estas personas aparentemente venían buscando algo, pero no dijeron qué. Me dijeron algo de un supuesto dinero, pero yo no tenía idea de qué me hablaban”, narró Alberto.

Ese hecho fue la culminación de una campaña de acoso en su contra, que comenzó un mes antes, cuando anunció su intención de ser candidato independiente.

“Desde el 16 de febrero, que yo doy rueda de prensa, anunciando que ya cumplí con el requisito de las firmas y de todo lo demás y solicité mi registro como candidato independiente, es cuando se desata una ola de violencia contra mi persona y que ya trastoca mi entorno personal.

“Gente vigilando mi domicilio, mi línea intervenida, la de mi madre, la de mi novia, las de mi gente cercana. Personas que nos siguen, tanto a pie como en carro, que las tenemos identificadas”, afirmó el candidato.

Alberto denunció los hechos al ministerio público y los notificó a la Junta Distrital del INE.

Fue Armando Betancourt, presidente de la Junta Distrital número VI, quien solicitó el apoyo de las autoridades para darle protección al candidato independiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla contestó en un oficio que estaba imposibilitada para darle protección a Alberto Merlo Martínez.

“Nos vemos reducidos de elementos policiales así como de unidades oficiales”, dijo la autoridad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla respondió con otro oficio en el que aseguran que espera la orden de un superior jerárquico para brindar protección al candidato. Esa orden no ha llegado.

Para Alberto, la agresión en su contra tiene un trasfondo político; aunque no se atreve a hablar sobre sus sospechas de quién es el autor intelectual.

Agresiones generalizadas

Luego de las agresiones sufridas algunos  aspirantes en las elecciones han abandonado la contienda.

Apenas ayer, un nuevo ataque contra una candidato se registró en Sonora,

La víctima fue la aspirante a la gubernatura por el PRI por la Claudia Pavlovich Arellano.

La casa de campaña de la candidata fue atacada con canicas. La agresión dejó  15 hoyos en los cristales del área de Gestión Social.

“Encontraron pedacería como canicas, como catotas”, dijo a Reforma la secretaria General del PRI e integrante de la campaña de Pavlovich, Natalia Rivera Grijalva.

En Morelos, el propio fiscal del Estado, Rodrigo Dorantes, reconoció que se han registrado 10 casos de ilícitos cometidos contra candidatos a un cargo de elección popular, personas cercanas a ellos o instalaciones de partidos políticos.


En esa entidad, seis candidatos a diversos cargos renunciaron a su aspiración tras recibir llamadas telefónicas donde se les extorsionó y los amenazaron de muerte.

Los aspirantes del PAN en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala y Tlalquitenango recibieron llamadas de personas pertenecientes a grupos del crimen organizado, quienes les indicaron que deben “bajarse” de la contienda porque ellos ya tienen a sus candidatos.

Gabriela Pérez Cano, candidata del PAN a una diputación federal por el distrito 5 de esa entidad ha sido atacada dos veces.

El 29 de enero un comando armado irrumpió en su domicilio de forma violenta . La primera vez no se encontraba en su casa y los hombres entraron y amagaron a su hijo, menor de edad. 

Al volver, encontró a su hijo todavía amarrado y con un recado: “Dile a tu mamá que deje la candidatura. Este es el primer aviso”.

El segundo avisó llegó el 24 de marzo, cuando nuevamente entraron a su domicilio, pero esta vez lo hicieron de noche mientras ella se encontraba durmiendo.

Tres hombres fueron directamente a la recámara de la candidata, la encañonaron y repitieron la amenaza: o deja la candidatura o sufriría una peor consecuencia.

Pérez Cano decidió seguir adelante, pero antes sacó a sus hijos de la entidad.

Veracruz es otro de los estados donde se han registrado varios casos de amenazas contra candidatos.

Uno de ellos es Juan Carlos Charleston, candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito 11 de Veracruz, quien a principios de mes comenzó a recibir llamadas de extorsión.

Medios locales de la entidad publicaron que Charleston recibió llamadas de alguien identificado como Pedro Torres Z, quien le dijo que “tenían que ponerse de acuerdo” para que le entregara dinero. Incluso, le dio un número de cuenta en Banorte donde debía depositar el efectivo.

Charleston respondió que las autoridades electorales aún no le entregaban los recursos para la campaña. Decidió no contestar más llamadas ni mensajes. Siguieron llegando por decenas.

En ese mismo distrito de Veracruz se documentaron también otros dos casos de agresiones contra aspirantes que decidieron abandonar la contienda.

Uno es el de Armando Rotter, exprecandidato del Partido del Trabajo, en cuya casa buscaban irrumpir cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.

Tres hombres armados entraron al garaje de la casa y la mujer decidió no bajarse del auto y más bien salir a toda velocidad de la casa y dar aviso a la policía. Rotter decidió retirarse de la contienda.

El otro caso fue el de Gersain Hidalgo, quien era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito.

Una mañana, al llegar a la sede distrital de Nueva Alianza, Hidalgo se encontró con una leyenda pintada en la fachada del inmueble: 

“La diputación o tu familia, tú eliges”. Hidalgo decidió renunciar a sus aspiraciones políticas.

Otro caso registrado en Veracruz fue el de Liliana Castro, candidata a diputada federal por Morena, a quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.

Eran las 3:00 de la madrugada cuando sujetos aventaron bombas caseras y prendieron fuego al domicilio. Dentro, la candidata y su familia se encontraban durmiendo. Lograron salir ilesos, pero la casa se incendió totalmente.

En Michoacán, la candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María “Cocoa” Calderón, denunció que candidatos de su partido han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.

Sin protocolos establecidos

La semana pasada, los líderes nacionales de los partidos políticos se reunieron con Miguel Ángel   secretario de Gobernación, para tratar el tema de la seguridad de sus candidatos en todo el país.

En esa reunión, el encargado de la política interna del país afirmó que se crearía una “ventanilla única” para que los presidentes de los partidos enviaran las solicitudes de seguridad para sus candidatos.

Esta instrucción, dada apenas esta semana y ya con varias denuncias de candidatos amenazados, denota que no existe en México un protocolo establecido sobre cómo deben reaccionar los candidatos y las autoridades frente a una amenaza o un hecho directo contra ellos.

Gerardo Maldonado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coautor del estudio “Elecciones, Violencia y Estructura Social”, señaló que no hay protocolos para actuar en caso de una amenaza y esto ocurre, muchas veces, porque el Estado está rebasado y no puede cubrir todas las necesidades de seguridad.

“Un protocolo así tiene muchas complicaciones porque se debe definir a quién cuidar, a los que ya han sido amenazados o a los que, por las circunstancias del propio municipio, podrían ser también amenazados; y además de sebe definir con qué criterios hacerlo.

“El Estado tendría que establecer estos protocolos con criterios muy precisos”, apuntó Maldonado.

Cuando se trata de amenazas perpretradas por grupos delincuenciales, sostuvo el investigador, se trata también de un intento de hacerse de una posición que tiene la capacidad de gestionar o manejar recursos públicos y no solo económicos.

“Más que el control sobre los propios recursos, es sobre las capacidades que tienen estos individuos para ejercer estos recursos; es decir, los gobernantes. Y recursos no solo económicos, sino de vigilancia, de control de impunidad, corrupción”, expuso.

Maldonado señaló que en las comunidades donde sus candidatos son amenazados, es común que baje el índice de participación ciudadana, por lo que las autoridades deben hacer lo posible por dar certeza de seguridad a los votantes.


En diferentes estados del país se han presentado casos de intimidación contra candidatos a puestos de elección popular

> Gabriela Pérez Cano
La candidata del PAN a una diputación federal por el distrito V en Morelos, ha sufrido dos ataques en su domicilio.

> Armando Rotter
El ahora exprecandidato del Partido del Trabajo, Armando Rotter, dejó la candidatura luego de que intentaran entrar a su casa cuando su esposa salía a dejar a sus hijos a la escuela.

> Juan Carlos Charleston
El candidato del Partido Humanista a una diputación federal por el distrito XI de Veracruz comenzó a recibir llamadas de extorsión desde principios de mes.

> Liliana Castro
Candidata a diputada federal por Morena,  en Veracruz, quien apenas este lunes le incendiaron su casa, ubicada en el municipio de Acayucan.

> Gersain Hidalgo
Era precandidato de Nueva Alianza a la diputación federal por ese distrito, pero una mañana, al llegar a la sede distrital se encontró con un mensaje que lo obligó a renunciar a sus aspiraciones políticas.

> Luisa María Calderón

Denunció que candidatos de su partido en Michoacán han sido amenazados en municipios de la región de Tierra Caliente, como La Huacana o Tacambaro.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Función Pública debe indagar el caso Osorio Chong: reporteros de Proceso

MÉXICO, D.F: Al acudir como invitados al noticiero nocturno de Carmen Aristegui en la cadena televisiva de CNN, los reporteros de la revista Proceso, Santiago Igartúa y Jesusa Cervantes, aseveraron que el tema de las mansiones en Las Lomas, donde aún reside el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, “necesita una investigación” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para determinar si hubo o no conflicto de intereses.

A raíz de una investigación de varios meses, los dos periodistas publicaron en la edición 2006 del semanario, actualmente en circulación, el reportaje que reveló el posible conflicto de intereses en que incurrió el titular de Segob.

Incluso, los comunicadores reiteraron que desde junio de 2011 el funcionario federal habitó en dos residencias cuyos dueños legales eran empresas de Carlos Aniano Sosa Velasco, proveedor “consentido” de Osorio Chong cuando el priista gobernó Hidalgo y quien después obtendría contratos millonarios en obras tras la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

“Tenemos a un encargado de la Función Pública que no ha hecho su indagación y le están llegando otras casas”, apuntó Cervantes, en referencia a la investigación en manos del titular de la SFP, Virgilio Andrade, sobre un probable conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, aledaña a las que “renta” Osorio Chong.

Igartúa recordó que a pesar de haber obtenido contratos millonarios durante la gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo y ahora con Peña Nieto en Los Pinos, las empresas de Sosa Velasco “no tienen siquiera una página de Internet; tienen oficinas diminutas que las anuncian en cartulinas escritas a mano. En el teléfono niegan que son lo que son, o lo reconocen y se arrepienten. Son muy irregulares”.

Dos de estas firmas, Construcciones Sky Universal y MNM MKDO Inmobiliario, fueron precisamente las empresas que “alquilaron” las casas a Osorio Chong, según la investigación de ambos reporteros.

“Son recursos públicos los que están en duda”, sostuvo Cervantes, al recordar que tanto Osorio Chong como su esposa, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), Laura Ibernia Vargas Carrillo, son funcionarios públicos, y aunque la pareja hubiese pagado una renta, sus sueldos “no les hubieran alcanzado para ello”, insistió.

La carta, “desvío de atención”

“La carta desvía el tema de fondo del reportaje, se exonera de que haya un conflicto” de intereses, deploró Igartúa, al subrayar que la estrategia de Osorio Chong consistió en decir “ésa no es mía, y carpetazo”.

Con lo anterior, el periodista se refería a la misiva que el secretario de Gobernación envió el domingo anterior al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en la que reconoció que vivió en las mansiones mencionadas, pero reiteró que los inmuebles no eran de su propiedad. No obstante, el funcionario omitió mencionar el tema del conflicto de interés e incluso insinuó que el reportaje era falso.

“No hay una sola palabra falsa en este reportaje”, planteó Igartúa, al precisar que en ninguna parte de su trabajo los periodistas aseveraron que Osorio Chong era propietario de las casas. “Lo único que decimos es que vivió en la casa de Manzanos entre junio de 2011 y junio de 2014, y en Paseo de Las Lomas desde julio de 2014”, puntualizó.

Lo que sí afirmaron, basándose en el Registro de la Propiedad del Distrito Federal, fue que la esposa de Osorio Chong dio aviso de la compraventa de la casa de Manzanos el 29 de mayo de 2014, motivo por el incluso que pidió un crédito hipotecario. El dueño oficial del inmueble en ese momento era la empresa MNM MKDO.

El equipo de investigación de Carmen Aristegui sacó a la luz el posible conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca presidencial, entre Peña Nieto y el empresario Juan José Hinojosa Cantú.

La investigación de la Casa Blanca y la que realizó Proceso sobre las casas de Osorio Chong –y del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava–, pusieron de relieve un mismo ‘modus operandi’: las casas se ubican en la misma zona lujosa, fueron compradas o rentadas a empresarios “consentidos” por el régimen a nombre de las esposas de los altos funcionarios.


Aristegui resaltó que, al preparar el programa, su equipo se comunicó con la Secretaría de Gobernación para obtener una declaración de su titular, pero que éste no la concedió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Grupo Radio Centro: El consorcio que dio el esquinazo

Desde el 2 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto incluyó a las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta en el Pacto por México, la licitación fue de más a menos. Y cuando se supo que las dos empresas interesadas –Cadena Tres y Grupo Radio Centro– estaban prestas a pagar, surgieron las dudas, sobre todo porque la empresa de Francisco Aguirre tendría que erogar 3 mil 52 millones de pesos, 69% más que Cadena Tres y casi cuatro veces más que el valor mínimo de referencia. Aguirre dejó que se agotara el plazo para liquidar esa suma y al final simplemente no pagó. Fue “una aventura temeraria”, comenta el especialista Ramiro Tovar.

MÉXICO, D.F: La primera licitación de dos cadenas de televisión digital abierta en la historia de México –primera prueba de fuego también para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organizador de una subasta para medios electrónicos– terminó en una “aventura temeraria”.

¿El motivo? Grupo Radio Centro incumplió con el pago de su oferta: 3 mil 52 millones de pesos, para quedarse con la cuarta cadena con 123 frecuencias, lo cual también puso en duda la capacidad del organismo regulador para analizar la viabilidad financiera de uno de los dos únicos finalistas en esta puja; la otra fue Cadena Tres, de Olegario Vázquez Aldir.

Grupo Radio Centro, presidido por Francisco Aguirre, esperó hasta el último día del plazo, el viernes 10, para difundir un escueto comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores en el cual informó que la empresa “no efectuó el pago derivado de la licitación de la licencia de televisión abierta; por lo tanto, cubrirá la garantía de seriedad otorgada para dicho proceso mediante operaciones de liquidez previamente contempladas”.

El consorcio radiofónico prefirió perder 415 millones de pesos que pagar los 3 mil 52 millones de su propia oferta que, a decir de especialistas consultados por Proceso, resultó “artificiosa” y “una simulación”…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2006 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL)

Osorio Chong es pobre: “depa” de 12 metros cuadrados

MÉXICO, D.F: El patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados. ¿Doce metros cuadrados? Sí: Es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo.

Lo más probable es que la superficie de ese “departamento” sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de tres por cuatro metros –el tamaño de una recamarita– o que miente.

Y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de Las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011 –que demuestran que lo suyo no es la austeridad–, es más lo segundo que lo primero.

El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe: Mansión a todo lujo en Las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor su contratista consentido como gobernador.

En efecto, los Osorio Chong habitaron, desde 2011, una residencia de mil 379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción.

A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa, en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad que exhiben los reporteros, que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte.

Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto-Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en sólo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal.

Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició, con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario.

La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario.

Recuerda que, en abril de 2010, Proceso “pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna” y luego, en mayo de 2012, “publicó otro artículo calumniando a mi familia, sin prueba alguna”, y ahora, dice, “me señala como propietario de dos viviendas”.
Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del priismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados, en las Lomas de Chapultepec.

Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la mansión de Bosques de las Lomas, de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, que “vendió” mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda…


El asunto da para más, aunque oficialmente Osorio Chong es dueño de sólo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)

Campaña en crisis

El candidato panista a la gubernatura de Nuevo León, Felipe Cantú, se mueve entre los optimistas de su equipo que aseguran que va repuntando en su elección, y los que ya hablan de la necesidad de pactar con Jaime ‘El Bronco’ Rodríguez.

El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Felipe Cantú, vive un momento crítico en su campaña, quizás el más decisivo que le tocará enfrentar en este proceso electoral.

Hoy, a 50 días de la elección del 7 de junio, el candidato albiazul está en el dilema de hacerle caso a los que le aseguran al oído que va repuntando en la intención de voto.

O escuchar a los otros que dicen que su campaña está estancada y que requiere un golpe de timón rumbo a la jornada electoral.

En la burbuja en la que está inmerso Cantú su contrincante - la priista Ivonne Álvarez -va en caída libre, y la popularidad de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, está inflada. 

En el otro escenario, Felipe está cada vez más lejos de Ivonne Álvarez y está a punto de ser superado del segundo lugar por el expriista postulado como candidato independiente a la gubernatura.

En el PAN y en el equipo de campaña de Felipe hay algunas voces que han comenzado a hablar de negociar una posible alianza con “El Bronco”.

En el debate de hace una semana en el Tec de Monterrey Felipe no logró imponerse. En su estrategia de resaltar la ausencia de la priista Álvarez, perdió la oportunidad de exhibir a Rodríguez.

Fracturas al interior

El equipo de campaña de Cantú –que apenas estaba tomando vuelo- ya enfrenta las primeras fracturas por los enfrentamientos internos que se libran en el “war room” del panista.

En el equipo de Cantú se viven a diario pugnas internas. 

El proceso de acoplamiento entre los panistas que llegaron con el triunfo de Felipe y el grupo que siempre ha acompañado al exalcalde de Monterrey ha provocado tensiones y confrontaciones.

Esta semana trascendió la salida del diputado federal del PAN, Homero Niño de la Rivera, quien hace un mes apenas había sido nombrado como coordinador de comunicación del candidato albiazul.

Se hablan de diferencias entre Niño de la Rivera con Javier Prieto de la Fuente, coordinador del comité de campaña por el tema de incumplimientos en el tema de publicidad a medios de comunicación.

Javier Prieto no ha conseguido imponer su liderazgo en el equipo de Cantú.

Ha sido neutralizado por el bloque compuesto entre los amigos de Felipe, como son Jorge Ayala, David Rex y el otro grupo de panistas que se incorporó al proyecto una vez que fue designado candidato panista, como son Alfredo Rodríguez, Luis Susarrey y Baltazar Martínez.

Hoy hay panistas que hablan de la necesidad de cambiar al coordinador de campaña de Felipe y designar en lugar de Prieto a un estratega electoral, que maneje más operación electoral y menos relaciones públicas.

Prieto es un gran interlocutor con la IP regia, tiene conexiones importantes a nivel federal, pero en campañas electorales no tiene experiencia.

La designación de Javier Prieto como coordinador de campaña fue un intento de Felipe de marcar distancia de los líderes panistas que presionaban para designar al diputado local Alfredo Rodríguez.

Hoy “Fredy” está a cargo de la operación electoral de la campaña de Felipe, junto con el panista Baltazar Martínez encargado de la zona rural.

Pero el futuro político de los dos no depende de que gane o pierda Felipe: serán diputados federales por la vía plurinominal.

Gane o pierda Felipe ellos tienen asegurado un cargo.

Lo que dicen las encuestas

El equipo del panista ha exhibido falta de liderazgo, estrategia y operación en una campaña que no logra convencer a los nuevoleoneses.

En las encuestas que se publican en Nuevo León, Felipe luce estancado. No avanza.

Tras vencer a Margarita Arellanes se esperaba que Felipe creciera en la exposición y obviamente en la intención de voto. No ha sido así.

Jaime Rodríguez y su candidatura independiente ha conseguido fortalecerse a costa de Cantú y competirle por el voto antiPRI.

En las calles de Monterrey la propaganda de Felipe no se observa en la cantidad que tiene, por ejemplo, la priista Ivonne Álvarez.

Hay colonias, incluso, donde los anuncios de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, rebasan a los que tiene los vecinos del aspirante albiazul.

Algunos estrategas de Felipe están convencidos de que el candidato va reputando y que la percepción de que está siendo rebasado por “El Bronco”, es parte de la estrategia priista.

Según los panistas, el PRI intenta fortalecer a Rodríguez para que compita con Cantú por el voto tradicional antipriista.

Es decir: desde el búnker de Felipe, “El Bronco” está siendo inflado estratégicamente por los tricolores con la intención de mantener el empate.

Sin embargo, las últimas encuestas publicadas en la entidad hablan de un empate técnico en el segundo lugar entre Cantú y Rodríguez, quien ha tenido un crecimiento conforme a su conocimiento.

Falta cohesión

Felipe Cantú por la candidatura del PAN a la gubernatura.

Arellanes se ha mantenido al margen de la campaña de Cantú, como también lo ha hecho su equipo en el Municipio de Monterrey

Felipe no ha conseguido resolver el tema de la desunión que dejó en el PAN de Nuevo León la contienda interna. 

No ha logrado, por ejemplo, sumar a su campaña a la alcaldesa Margarita Arellanes, con quien compitió en la contienda interna por la candidatura panista a la gubernatura.

Arellanes se ha mantenido al margen de la campaña de Cantú, como también lo ha hecho su equipo del Municipio de Monterrey.

No hay cohesión entre las campañas de Cantú y las de los candidatos panistas que no lo apoyaron en la interna, como Iván Garza, candidato panista a la Alcaldía regia.


Con Felipe Cantú no están participando de lleno operadores panistas, como Zeferino Salgado, jefe del Grupo San Nicolás, quien está participando sólo a nivel municipal.

Esto a pesar de que Salgado –uno de los líderes de la cúpula albiazul- fue el que encabezó públicamente el retiro de apoyos panistas a la candidatura de la alcadesa de Monterrey, Margarita Arellanes, para otorgárselos a Cantú.

Son raras las veces que Salgado ha acudido al comité de campaña de Felipe, quien ha dejado todo el trabajo de estrategia en un grupo coordinado por Javier Prieto de la Fuente, exdirectivo de Cemex.

La campaña de Felipe ha sido afectada además por su falta de organización. 

Comenzó como una interna del PAN, fincada principalmente en la estructura panista de militantes que existe en Nuevo León y no dirigida hacia el exterior.

En la primera etapa casi todos los eventos fueron organizados por el Comité Directivo Estatal del PAN, que encabeza José Alfredo Pérez Bernal.


Felipe hace campaña entre panistas, pero la elección por la gubernatura en Nuevo León está a menos de 50 días.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.