TOLUCA, Edomex: La violencia que permea en la entidad cobró la vida de ocho personas en las últimas 24 horas en tres municipios mexiquenses: Ecatepec, Atizapán y Axapusco.
En Ecatepec, a las 6:00 horas de este miércoles una mujer de unos 30 años quien no ha sido identificada, murió luego de un disparo en la frente, cuando se encontraba en la Cerrada Margaritas esquina con Benito Juárez, en la colonia Hank González.
Unos 15 minutos después un joven de 27 años fue asesinado cuando un grupo de delincuentes trató de despojarlo de su automóvil Seat Ibiza, en donde se transportaba en compañía de su novia sobre la calle Zacatepec y Penachos, colonia La Florida, de esa demarcación.
La madrugada del martes otro joven fue asesinado con dos disparos de arma de fuego en la cabeza; su cuerpo fue localizado en la calle Ferrocarril del Risco y Cristóbal Colón, a un costado de las vías del tren en la colonia San Miguel Xalostoc, Ecatepec.
En tanto, en Atizapán, los cuerpos de tres personas (una pareja, cada uno con alrededor de 30 años, y un menor de edad) fueron localizados en la cajuela de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la colonia Ejidos de San Miguel Chalma.
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre le presencia de un vehículo Sentra rojo con placas de circulación MNM7520 estacionado en la calle Flor de Durazno, al que le notaban manchas de sangre en los asientos. Cuando las autoridades acudieron al lugar, encontraron los cuerpos en la cajuela.
Mientras, en un terreno de siembra de la comunidad de Xala, a unos 15 metros de la carretera México-Cd. Sahagún, a la altura del kilómetro 16+800, y a 14 metros de las vías del Ferrocarril, en el municipio de Axapusco, otra pareja fue hallada sin vida.
Cuando peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) levantaron los cuerpos, encontraron que presentaban golpes contusos en la cabeza.
Estos asesinatos violentos se suman a otros cinco registrados en lo que va de esta semana en la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: CORRESPONSALÍA.
miércoles, 15 de abril de 2015
La STPS y el INE firman convenio para evitar uso de programas con fines electorales
MÉXICO, D.F: El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Alfonso Navarrete Prida y Lorenzo Córdova, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración para evitar que funcionarios públicos usen programas en beneficio de trabajadores con fines electorales.
En un acto en el que estuvieron presentes los consejeros del INE (excepto Arturo Sánchez) y funcionarios de la STPS, entre ellos el oficial mayor Manuel Cadena y el subsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, Córdova indicó que esos programas no serán interrumpidos, pero se capacitará al personal de la dependencia para que se abstenga de desviar el sentido para el que fueron creados.
El objetivo, dijo, “es garantizar la imparcialidad de la elección de 2014”.
El consejero presidente del INE también lamentó el nivel de agresión entre los representantes de partidos políticos en este proceso de campañas electorales, e hizo un llamado para confrontar ideas en lugar de recurrir a las descalificaciones.
Córdova aprovechó el acto para anunciar que la próxima semana dará inicio el ciclo de difusión de foros para partidos políticos y candidatos independientes.
En su oportunidad, Navarrete Prida resaltó el trabajo del INE porque, dijo, lo hace con eficacia, pese a los comentarios de especialistas y exconsejeros sobre la crisis de credibilidad de la institución.
La idea es coadyuvar con el INE en este proceso debido a que, sostuvo, es el más grande y complejo de la historia del país, y deseó que se lleve a cabo con equidad y transparencia.
“Tenemos en el INE a las principales fuentes de certidumbre. Tiene una enorme credibilidad la institución y no sería así sin compromiso con los partidos. Las elecciones importan mucho, por eso estamos aquí hoy, para dejar constancia del compromiso que los servidores públicos estamos asumiendo en el proceso electoral que se desarrolla a nivel federal y en 17 entidades, porque de discursos estamos llenos”, subrayó.
El funcionario federal indicó que la dependencia a su cargo está dispuesta a colaborar porque está a la derecha de los trabajadores, salvaguardando sus intereses, y para que su voto sea libre y secreto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA/ LUCIANO CAMPOS GARZA.
En un acto en el que estuvieron presentes los consejeros del INE (excepto Arturo Sánchez) y funcionarios de la STPS, entre ellos el oficial mayor Manuel Cadena y el subsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, Córdova indicó que esos programas no serán interrumpidos, pero se capacitará al personal de la dependencia para que se abstenga de desviar el sentido para el que fueron creados.
El objetivo, dijo, “es garantizar la imparcialidad de la elección de 2014”.
El consejero presidente del INE también lamentó el nivel de agresión entre los representantes de partidos políticos en este proceso de campañas electorales, e hizo un llamado para confrontar ideas en lugar de recurrir a las descalificaciones.
Córdova aprovechó el acto para anunciar que la próxima semana dará inicio el ciclo de difusión de foros para partidos políticos y candidatos independientes.
En su oportunidad, Navarrete Prida resaltó el trabajo del INE porque, dijo, lo hace con eficacia, pese a los comentarios de especialistas y exconsejeros sobre la crisis de credibilidad de la institución.
La idea es coadyuvar con el INE en este proceso debido a que, sostuvo, es el más grande y complejo de la historia del país, y deseó que se lleve a cabo con equidad y transparencia.
“Tenemos en el INE a las principales fuentes de certidumbre. Tiene una enorme credibilidad la institución y no sería así sin compromiso con los partidos. Las elecciones importan mucho, por eso estamos aquí hoy, para dejar constancia del compromiso que los servidores públicos estamos asumiendo en el proceso electoral que se desarrolla a nivel federal y en 17 entidades, porque de discursos estamos llenos”, subrayó.
El funcionario federal indicó que la dependencia a su cargo está dispuesta a colaborar porque está a la derecha de los trabajadores, salvaguardando sus intereses, y para que su voto sea libre y secreto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA/ LUCIANO CAMPOS GARZA.
Gobernador de Jalisco pide a su padre que solicite licencia y no se meta en las elecciones
El gobernador de Jalisco tomó la decisión luego de que su imagen se vio afectada por unas grabaciones en las que su padre asegura que el PRI tiene el apoyo de su hijo para las próximas elecciones.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que pidió a su padre, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Leonel Sandoval, solicitar licencia a su cargo y alejarse de las elecciones, luego que el diario Reforma reveló grabaciones en las que se escucha al magistrado asegurar que el PRI tiene de su lado al Tribunal Electoral para ganar estos comicios.
“En el ámbito de lo personal he hablado con él y le he pedido que en estos momentos se retire de cualquier situación o acto proselitista, uno, y dos que también pida licencia para que se puedan esclarecer todos estos hechos y demos certeza y certidumbre a quienes van a participar en esta elección”, dijo el gobernador en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula.
Sandoval indicó que tomó esa decisión porque, asegura, su imagen se ha visto afectada. “En el tema profesional y como encargado del Ejecutivo no ha tenido ni una sola injerencia en esto y al menos en el tema político él ha hecho una carrera que he sido yo también muy respetuoso, pero donde se empieza a ver afectada una imagen, he tomado una decisión de pedirle que a la brevedad solicite licencia y se separe de cualquier tipo de campaña que venga a ensuciar el proceso”, insistió.
El gobernador de Jalisco agregó que siempre ha sido respetuoso del proceso electoral, por lo que ha convocado a mesas de trabajo con todos los involucrados con el fin de garantizar una elección limpia.
El diario Reforma publicó el lunes 13 de abril que el padre del gobernador de Jalisco ha participado en reuniones de campaña del Partido Revolucionario Institucional, en las que asegura que para ganar a los comicios del próximo 7 de junio el PRI tiene de su lado al Tribunal Electoral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que pidió a su padre, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Leonel Sandoval, solicitar licencia a su cargo y alejarse de las elecciones, luego que el diario Reforma reveló grabaciones en las que se escucha al magistrado asegurar que el PRI tiene de su lado al Tribunal Electoral para ganar estos comicios.
“En el ámbito de lo personal he hablado con él y le he pedido que en estos momentos se retire de cualquier situación o acto proselitista, uno, y dos que también pida licencia para que se puedan esclarecer todos estos hechos y demos certeza y certidumbre a quienes van a participar en esta elección”, dijo el gobernador en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula.
Sandoval indicó que tomó esa decisión porque, asegura, su imagen se ha visto afectada. “En el tema profesional y como encargado del Ejecutivo no ha tenido ni una sola injerencia en esto y al menos en el tema político él ha hecho una carrera que he sido yo también muy respetuoso, pero donde se empieza a ver afectada una imagen, he tomado una decisión de pedirle que a la brevedad solicite licencia y se separe de cualquier tipo de campaña que venga a ensuciar el proceso”, insistió.
El gobernador de Jalisco agregó que siempre ha sido respetuoso del proceso electoral, por lo que ha convocado a mesas de trabajo con todos los involucrados con el fin de garantizar una elección limpia.
El diario Reforma publicó el lunes 13 de abril que el padre del gobernador de Jalisco ha participado en reuniones de campaña del Partido Revolucionario Institucional, en las que asegura que para ganar a los comicios del próximo 7 de junio el PRI tiene de su lado al Tribunal Electoral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Línea 12 presenta fallas de concepción y planeación, indica el informe final de la Asamblea
El informe que se presentará este jueves 16 de abril en la Asamblea Legislativa del DF establece que hubo falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y las constructoras de la Línea 12, la baja injustificada en los costos de construcción y el uso de material inapropiado.
La Línea 12 del Metro presenta “importantes fallas de concepción y planeación del proyecto”, así como de supervisión y control de calidad, indica el informe final que se presentará este jueves 16 de abril ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Entre las fallas que enlista el informe destaca que hubo falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y las constructoras de la Línea Dorada, la baja injustificada en los costos de construcción y el uso de material inapropiado.
El documento señala que se redujo “el presupuesto de obra mediante un esquema no previsto en la ley, ‘Racionalización’, que afectó no solamente el derecho de otros licitantes, sino que impactó gravemente el desarrollo del proyecto al reducir el alcance de la obra”.
“El diseño del sistema de vías no correspondió a los esfuerzos a que iba a ser sometido, considerando el número de curvas con radios menores a 400 mts, ni al tonelaje anual que circularía sobre los rieles”, indica en el informe
Para elaborar el informe de 125 páginas, los legisladores contaron con el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transporte y de las secretarías de Obras y de Finanzas, del Servicio de Transporte Colectivo Metro, de la Consejería Jurídica y del Proyecto Metro.
Al presentar el informe, Jorge Gaviño, presidente de la Comisión Investigadora, dijo que el reporte incluye aspectos como que en la Línea 12 se modificaron la ingeniería básica, el proyecto constructivo y el trazo de ruta.
En el apartado de las recomendaciones, el informe destaca que es fundamental que para realizar proyectos similares se cuente con un proyecto ejecutivo, se elabore un manual preventivo, correctivo y predictivo, así como evitar los contratos en moneda extranjera, conformar un gabinete de rehabilitación para darle seguimiento a los trabajos de reparación, entre otros.
A principios de marzo pasado, el secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández, dijo que el proyecto que contempla reabrir le Línea 12 del Metro sigue en pie y se cumplirá a tiempo, en noviembre próximo.
El 2 de abril pasado el jefe Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que las obras de rehabilitación de la Línea 12 del Metro —que desde hace más de un año mantiene cerradas 11 de sus 20 estaciones— tienen un avance de 25%.
El informe íntegro:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Línea 12 del Metro presenta “importantes fallas de concepción y planeación del proyecto”, así como de supervisión y control de calidad, indica el informe final que se presentará este jueves 16 de abril ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Entre las fallas que enlista el informe destaca que hubo falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y las constructoras de la Línea Dorada, la baja injustificada en los costos de construcción y el uso de material inapropiado.
El documento señala que se redujo “el presupuesto de obra mediante un esquema no previsto en la ley, ‘Racionalización’, que afectó no solamente el derecho de otros licitantes, sino que impactó gravemente el desarrollo del proyecto al reducir el alcance de la obra”.
“El diseño del sistema de vías no correspondió a los esfuerzos a que iba a ser sometido, considerando el número de curvas con radios menores a 400 mts, ni al tonelaje anual que circularía sobre los rieles”, indica en el informe
Para elaborar el informe de 125 páginas, los legisladores contaron con el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transporte y de las secretarías de Obras y de Finanzas, del Servicio de Transporte Colectivo Metro, de la Consejería Jurídica y del Proyecto Metro.
Al presentar el informe, Jorge Gaviño, presidente de la Comisión Investigadora, dijo que el reporte incluye aspectos como que en la Línea 12 se modificaron la ingeniería básica, el proyecto constructivo y el trazo de ruta.
En el apartado de las recomendaciones, el informe destaca que es fundamental que para realizar proyectos similares se cuente con un proyecto ejecutivo, se elabore un manual preventivo, correctivo y predictivo, así como evitar los contratos en moneda extranjera, conformar un gabinete de rehabilitación para darle seguimiento a los trabajos de reparación, entre otros.
A principios de marzo pasado, el secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández, dijo que el proyecto que contempla reabrir le Línea 12 del Metro sigue en pie y se cumplirá a tiempo, en noviembre próximo.
El 2 de abril pasado el jefe Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que las obras de rehabilitación de la Línea 12 del Metro —que desde hace más de un año mantiene cerradas 11 de sus 20 estaciones— tienen un avance de 25%.
El informe íntegro:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno de EPN es “torpe” y “represor”: Solalinde
OAXACA, Oax: El gobierno de Enrique Peña Nieto no respeta a nadie ni tiene piedad a los migrantes, por eso “lo único que nosotros podemos hacer es encomendarnos a la voluntad de Dios”, señaló el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra al encabezar el “Viacrucis Fronteras Aliadas”, que esta mañana salió del albergue “Hermanos en el Camino” localizado en Ixtepec.
Luego de seis días de permanecer varada en ese lugar, la caravana partió rumbo a Juchitán, pero tuvo que hacer un alto obligado en El Espinal, porque el Instituto Nacional de Migración (UNM) y la Policía Federal (PF) movieron su operativo a esa comunidad del Istmo de Tehuantepec para interceptar a los migrantes y deportarlos.
En dicho operativo participan 18 patrullas de la PF y nueve unidades del INM que “nos están esperando, por eso preferimos esperar en la iglesia de El Espinal, comer algo y decidir la estrategia a seguir”, apuntó el sacerdote.
Este gobierno “torpe y represor no respetó las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni el acompañamiento de Amnistía Internacional y Brigadas de Paz Internacional. Les valió todo”, agregó.
Y preguntó: ¿Qué podemos esperar si este gobierno no le hace caso al Papa y si la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es regañada y desautorizada o castigada? ¿Qué esperamos nosotros, más que la voluntad de Dios?”.
Insistió en que el despliegue policial es una torpeza, lo mismo que las amenazas contra los transportistas a quienes acusaron de polleros para que desistieran de llevar a los migrantes a la ciudad de México. “Y su cobardía va mas allá al enviarnos tantos policías armados como si fuéramos delincuentes o terroristas”, dijo.
Entonces “vamos a ver qué hacemos, porque esta pobre gente no se puede quedar aquí varada. Hay unas 300 personas, son 17 niños y siete menores no acompañados, así como 38 mujeres. Los demás son hombres, en su mayoría jóvenes, que no quieren ser repatriados porque temen ser asesinados por la violencia que impera en Honduras y El Salvador”, apuntó Solalinde.
México, destacó, no tiene piedad de ellos y no tiene una respuesta humanitaria. No hay una interpretación del principio pro persona, y el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, “es implacable al decir que la ley es la ley y no respeta ni los derechos humanos”.
Finalmente el padre Solalinde hizo su propia lectura del mensaje que, dijo, ha querido mandar el presidente de la República: “Despliegan toda su fuerza porque hay dos personas criticas y muy directas en el cuestionamiento de este gobierno: Andrés Manuel (López Obrador) y yo. Entonces, pensaran que si le pegamos a Solalinde, los demás se van a mantener agachados, van a tener miedo y nos van a respetar, y a eso le llamo un estado autoritario”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Luego de seis días de permanecer varada en ese lugar, la caravana partió rumbo a Juchitán, pero tuvo que hacer un alto obligado en El Espinal, porque el Instituto Nacional de Migración (UNM) y la Policía Federal (PF) movieron su operativo a esa comunidad del Istmo de Tehuantepec para interceptar a los migrantes y deportarlos.
En dicho operativo participan 18 patrullas de la PF y nueve unidades del INM que “nos están esperando, por eso preferimos esperar en la iglesia de El Espinal, comer algo y decidir la estrategia a seguir”, apuntó el sacerdote.
Este gobierno “torpe y represor no respetó las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni el acompañamiento de Amnistía Internacional y Brigadas de Paz Internacional. Les valió todo”, agregó.
Y preguntó: ¿Qué podemos esperar si este gobierno no le hace caso al Papa y si la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es regañada y desautorizada o castigada? ¿Qué esperamos nosotros, más que la voluntad de Dios?”.
Insistió en que el despliegue policial es una torpeza, lo mismo que las amenazas contra los transportistas a quienes acusaron de polleros para que desistieran de llevar a los migrantes a la ciudad de México. “Y su cobardía va mas allá al enviarnos tantos policías armados como si fuéramos delincuentes o terroristas”, dijo.
Entonces “vamos a ver qué hacemos, porque esta pobre gente no se puede quedar aquí varada. Hay unas 300 personas, son 17 niños y siete menores no acompañados, así como 38 mujeres. Los demás son hombres, en su mayoría jóvenes, que no quieren ser repatriados porque temen ser asesinados por la violencia que impera en Honduras y El Salvador”, apuntó Solalinde.
México, destacó, no tiene piedad de ellos y no tiene una respuesta humanitaria. No hay una interpretación del principio pro persona, y el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, “es implacable al decir que la ley es la ley y no respeta ni los derechos humanos”.
Finalmente el padre Solalinde hizo su propia lectura del mensaje que, dijo, ha querido mandar el presidente de la República: “Despliegan toda su fuerza porque hay dos personas criticas y muy directas en el cuestionamiento de este gobierno: Andrés Manuel (López Obrador) y yo. Entonces, pensaran que si le pegamos a Solalinde, los demás se van a mantener agachados, van a tener miedo y nos van a respetar, y a eso le llamo un estado autoritario”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Rectifica Navarrete: PRD definirá candidato presidencial después de elecciones
MÉXICO, D.F: El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, precisó que este instituto político definirá a su candidato presidencial cuando terminen las elecciones intermedias.
En un mensaje, Navarrete puntualizó que el PRD comenzará a acercarse a sus principales activos para analizar quién podrá representar a este instituto político en las elecciones de 2018.
El fin de semana pasado, Carlos Navarrete adelantó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sería el candidato presidencial del PRD.
En respuesta, Miguel Ángel Mancera acotó: “Yo quisiera señalar de manera clara que agradezco cualquier referencia a este destape que hizo Carlos Navarrete, muchas gracias, pero por supuesto que reitero, la única tarea que tengo en este momento es con la ciudad de México, mi compromiso total esta con la ciudadanía de esta capital, es un trabajo muy intenso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En un mensaje, Navarrete puntualizó que el PRD comenzará a acercarse a sus principales activos para analizar quién podrá representar a este instituto político en las elecciones de 2018.
El fin de semana pasado, Carlos Navarrete adelantó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sería el candidato presidencial del PRD.
En respuesta, Miguel Ángel Mancera acotó: “Yo quisiera señalar de manera clara que agradezco cualquier referencia a este destape que hizo Carlos Navarrete, muchas gracias, pero por supuesto que reitero, la única tarea que tengo en este momento es con la ciudad de México, mi compromiso total esta con la ciudadanía de esta capital, es un trabajo muy intenso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Exigen ONG a Graco declare alerta de género por violencia feminicida
MÉXICO, D.F: Organizaciones civiles denunciaron la “falta de voluntad política” e “indolencia” del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para atender las recomendaciones contra la violencia feminicida que ha cobrado 633 víctimas en los últimos 15 años.
En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, condenaron que el gobernador morelense desatendiera 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo para evaluar la pertinencia de emitir una Alerta de Violencia de Género.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, reconoció que pese a que está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta ahora no se ha emitido la Alerta de Violencia de Género, debido a “las complicidades del gobierno federal con los gobiernos estatales; hay una actitud negligente y burocrática” que se refleja en el caso específico de Morelos
También recordó que a solicitud de su organización ante el gobierno federal y estatal, el año pasado se conformó un Grupo de Trabajo integrado por académicos nacionales y de Morelos, así como personal de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, y de los institutos de la mujer a nivel nacional y estatal; grupo que entregó 15 recomendaciones al gobierno de Graco Ramírez para aplicarlas antes del 18 de marzo, y rendir un informe de su implementación el 25 de ese mes.
Al hacer la solicitud, la CIDHM presentó 530 feminicidos documentados del 2000 a junio de 2013, cifra a la que se sumaron 103 casos a febrero pasado.
Paloma Estrada, coordinadora de investigación de la CIDHM, consideró que el efecto inmediato de la falta de aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es el incremento de feminicidios en la entidad.
De acuerdo con el seguimiento del feminicidio en Morelos, Estrada informó que las víctimas oscilan entre bebés con horas de nacidas hasta ancianas de 93 años; que los casos han ocurrido en 31 de los 33 municipios de la entidad, por lo que “no se trata de un problema focalizado sino generalizado”.
Paloma Estrada resaltó que en cuanto a la impartición de justicia, en los seis últimos meses se han emitido sólo dos sentencias, una por 20 años y otra por 13, cuando la penalidad es de entre 40 y 70 años de prisión.
La activista explicó que de acuerdo con la normatividad, “el Grupo de Trabajo tiene que rendir un reporte sobre lo informado por el gobierno estatal, y determinar si procede la Alerta de Violencia de Género, en tanto que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la tiene que emitir oficialmente, para lo que no hay un tiempo establecido para decir si acepta o no, si hace modificaciones a la resolución del Grupo de Trabajo, y éste tendría que dar una posición pública al respecto”.
Ambas defensoras denunciaron que a la fecha no han recibido el informe gubernamental ni el último del Grupo de Trabajo, a pesar de que la CIDHM es la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género.
Juliana Quintanilla consideró que persiste una “violencia institucional”, reflejada en la resistencia “sistemática” por parte del gobierno federal para reconocer la violencia feminicida, lo que se traduce en una postura “indiferente e indolente”, en tanto que las entidades federativas tienen el “un temor a ser el primer estado en atender la violencia feminicida”.
Fernando Ríos, de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), apuntó que así como el gobierno federal ha rechazado las recomendaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada y el informe del relator sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, hay una tendencia a negar la violencia feminicida.
“Hay una insistencia en negar la realidad; en vez de reconocer el problema, se ignora y se es negligente en proponer respuesta. Al no reconocer el problema, no se reconoce el dolor que se suscita en las víctimas, en sus familiares, hijos, sus madres por lo que la impunidad prevalece en este contexto generalizado de violencias que se pretende ignorar por parte del gobierno federal”, concluyó Ríos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, condenaron que el gobernador morelense desatendiera 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo para evaluar la pertinencia de emitir una Alerta de Violencia de Género.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, reconoció que pese a que está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta ahora no se ha emitido la Alerta de Violencia de Género, debido a “las complicidades del gobierno federal con los gobiernos estatales; hay una actitud negligente y burocrática” que se refleja en el caso específico de Morelos
También recordó que a solicitud de su organización ante el gobierno federal y estatal, el año pasado se conformó un Grupo de Trabajo integrado por académicos nacionales y de Morelos, así como personal de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, y de los institutos de la mujer a nivel nacional y estatal; grupo que entregó 15 recomendaciones al gobierno de Graco Ramírez para aplicarlas antes del 18 de marzo, y rendir un informe de su implementación el 25 de ese mes.
Al hacer la solicitud, la CIDHM presentó 530 feminicidos documentados del 2000 a junio de 2013, cifra a la que se sumaron 103 casos a febrero pasado.
Paloma Estrada, coordinadora de investigación de la CIDHM, consideró que el efecto inmediato de la falta de aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es el incremento de feminicidios en la entidad.
De acuerdo con el seguimiento del feminicidio en Morelos, Estrada informó que las víctimas oscilan entre bebés con horas de nacidas hasta ancianas de 93 años; que los casos han ocurrido en 31 de los 33 municipios de la entidad, por lo que “no se trata de un problema focalizado sino generalizado”.
Paloma Estrada resaltó que en cuanto a la impartición de justicia, en los seis últimos meses se han emitido sólo dos sentencias, una por 20 años y otra por 13, cuando la penalidad es de entre 40 y 70 años de prisión.
La activista explicó que de acuerdo con la normatividad, “el Grupo de Trabajo tiene que rendir un reporte sobre lo informado por el gobierno estatal, y determinar si procede la Alerta de Violencia de Género, en tanto que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la tiene que emitir oficialmente, para lo que no hay un tiempo establecido para decir si acepta o no, si hace modificaciones a la resolución del Grupo de Trabajo, y éste tendría que dar una posición pública al respecto”.
Ambas defensoras denunciaron que a la fecha no han recibido el informe gubernamental ni el último del Grupo de Trabajo, a pesar de que la CIDHM es la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género.
Juliana Quintanilla consideró que persiste una “violencia institucional”, reflejada en la resistencia “sistemática” por parte del gobierno federal para reconocer la violencia feminicida, lo que se traduce en una postura “indiferente e indolente”, en tanto que las entidades federativas tienen el “un temor a ser el primer estado en atender la violencia feminicida”.
Fernando Ríos, de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), apuntó que así como el gobierno federal ha rechazado las recomendaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada y el informe del relator sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, hay una tendencia a negar la violencia feminicida.
“Hay una insistencia en negar la realidad; en vez de reconocer el problema, se ignora y se es negligente en proponer respuesta. Al no reconocer el problema, no se reconoce el dolor que se suscita en las víctimas, en sus familiares, hijos, sus madres por lo que la impunidad prevalece en este contexto generalizado de violencias que se pretende ignorar por parte del gobierno federal”, concluyó Ríos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
PRD busca evitar otro Abarca: pedirá a PGR investigar a sus candidatos de Guerrero
Los dirigentes del partido se reunirán con la procuradora Arely Gómez.
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero solicitará a la titular de la PGR, Arely Gómez, investigar a sus candidatos y candidatas en la entidad con el objetivo de verificar si tienen posibles vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo, y el delegado del partido en la entidad, José Guadalupe Acosta Naranjo, informaron lo anterior y dijeron que esa medida y el encuentro con la procuradora Arely Gómez fueron avalados por el consejo estatal perredista.
En rueda de prensa, Acosta Naranjo precisó que el objetivo es evitar posibles nexos de algún aspirante del PRD con el crimen organizado, para que no haya casos como el del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El delegado especial del PRD en Guerrero anunció que junto con Cesáreo Guzmán sostendrán una reunión privada con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para entregarle los nombres de los aspirantes perredistas en la entidad.
Cesáreo Guzmán y Naranjo Acosta asistieron a la rueda de prensa que ofreció la candidata del PRD y el PT al gobierno del estado de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, en la sede nacional perredista en esta capital, para informar de lo realizado durante su primer mes de campaña electoral.
Desde noviembre de 2014, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD informó que sometería a todos sus candidatos para el proceso electoral de 2015 a “mecanismos rigurosos de revisión” para verificar si tienen posibles nexos con el narcotráfico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero solicitará a la titular de la PGR, Arely Gómez, investigar a sus candidatos y candidatas en la entidad con el objetivo de verificar si tienen posibles vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo, y el delegado del partido en la entidad, José Guadalupe Acosta Naranjo, informaron lo anterior y dijeron que esa medida y el encuentro con la procuradora Arely Gómez fueron avalados por el consejo estatal perredista.
En rueda de prensa, Acosta Naranjo precisó que el objetivo es evitar posibles nexos de algún aspirante del PRD con el crimen organizado, para que no haya casos como el del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El delegado especial del PRD en Guerrero anunció que junto con Cesáreo Guzmán sostendrán una reunión privada con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para entregarle los nombres de los aspirantes perredistas en la entidad.
Cesáreo Guzmán y Naranjo Acosta asistieron a la rueda de prensa que ofreció la candidata del PRD y el PT al gobierno del estado de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, en la sede nacional perredista en esta capital, para informar de lo realizado durante su primer mes de campaña electoral.
Desde noviembre de 2014, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD informó que sometería a todos sus candidatos para el proceso electoral de 2015 a “mecanismos rigurosos de revisión” para verificar si tienen posibles nexos con el narcotráfico.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Estudiantes de FES Zaragoza-UNAM denuncian cobro de cuotas ilegales; diálogo con comunidad es nulo
(14 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ocupar laboratorios de enfermería o de medicina en la Facultad de Estudios Superiores unidad Zaragoza de la UNAM tiene un costo de 200 pesos que deben ser pagados al inicio de clases, de extraviar la credencial, los estudiantes deberán pagar 60 pesos la primer reposición, 120 pesos la segunda ocasión o 240 para una tercera.
Pero los pagos no se detienen. De retrasarse en la entrega de libros, los estudiantes de Zaragoza deben de pagar cinco pesos por cada día que se demoren, contrario a otras facultades de la máxima casa de estudios como Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, o la FES Acatlán, donde la multa es de un peso por día.
Los universitarios de la unidad Zaragoza ya planean tomar acciones al respecto, el próximo 22 de abril, discutirán un plan de acción “para echara trás estas cuotas ilegales”, declaró Axel Meléndez, estudiante de la carrera de Psicología en este plantel.
Las autoridades se encuentran enteradas de esta demanda; “el semestre pasado instalamos un diálogo público con la terna que quería ocupar el puesto a director -quedó el mismo director que teníamos- y en ese momento les hicimos llegar nuestras demandas. Han pasado casi 5 meses de que se instaló la actual administración y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta”, señaló Meléndez.
Ante las demandas estudiantiles, el director del plantel, Víctor Manuel Mendoza, “lo único que dijo es que ‘es una gran responsabilidad el incorporar estas propuestas’, ‘el que muchas de ellas están en camino’, que ‘mucho de ello se está haciendo’, pero hasta el momento no se han visto resultados”, indicó el estudiante.
Para Meléndez esta situación no es nueva, desde la administración pasada, “el diálogo con los estudiantes ha sido casi nulo y por lo tanto no ha existido un canal de comunicación abierto y amplio, incluso cuando algún estudiante requiere algún tipo de diálogo con él la cita se la dan para tres meses después”.
La demanda del cese a cobros extraordinarios, se sumará a otras pendientes en el campus Zaragoza, que va desde el mejoramiento de clínicas y laboratorios, la revisión y mejoramiento de los planes de estudios, entre otras.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ALINA ROSAS DUARTE.
Pero los pagos no se detienen. De retrasarse en la entrega de libros, los estudiantes de Zaragoza deben de pagar cinco pesos por cada día que se demoren, contrario a otras facultades de la máxima casa de estudios como Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, o la FES Acatlán, donde la multa es de un peso por día.
Los universitarios de la unidad Zaragoza ya planean tomar acciones al respecto, el próximo 22 de abril, discutirán un plan de acción “para echara trás estas cuotas ilegales”, declaró Axel Meléndez, estudiante de la carrera de Psicología en este plantel.
Las autoridades se encuentran enteradas de esta demanda; “el semestre pasado instalamos un diálogo público con la terna que quería ocupar el puesto a director -quedó el mismo director que teníamos- y en ese momento les hicimos llegar nuestras demandas. Han pasado casi 5 meses de que se instaló la actual administración y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta”, señaló Meléndez.
Ante las demandas estudiantiles, el director del plantel, Víctor Manuel Mendoza, “lo único que dijo es que ‘es una gran responsabilidad el incorporar estas propuestas’, ‘el que muchas de ellas están en camino’, que ‘mucho de ello se está haciendo’, pero hasta el momento no se han visto resultados”, indicó el estudiante.
Para Meléndez esta situación no es nueva, desde la administración pasada, “el diálogo con los estudiantes ha sido casi nulo y por lo tanto no ha existido un canal de comunicación abierto y amplio, incluso cuando algún estudiante requiere algún tipo de diálogo con él la cita se la dan para tres meses después”.
La demanda del cese a cobros extraordinarios, se sumará a otras pendientes en el campus Zaragoza, que va desde el mejoramiento de clínicas y laboratorios, la revisión y mejoramiento de los planes de estudios, entre otras.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ALINA ROSAS DUARTE.
En busca de oro, minera explora ilegalmente zona sagrada de los Seris
HERMOSILLO, Son: Integrantes de la etnia Comca’ac denunciaron la intromisión ilegal en territorio sagrado de la mina de oro La Peineta, S.A. de C.V.
Los defensores de la Nación Seri señalaron que la empresa que opera con recursos de inversionistas sonorenses se introdujo con engaños en noviembre del año pasado y sin permiso de las autoridades tradicionales.
Efraín Leonel, originario de la etnia, detalló que unos representantes de la mina solicitaron a varios miembros de la tribu sus credenciales de elector para interponer un recurso de amparo que les permitiera realizar exploraciones en la sierra La Peineta, a unos 171 kilómetros al noroeste de Hermosillo.
“Con trampa, como es una costumbre de los mineros del país, le dijeron a una familia Comca’ac que se iban a hacer ricos de la noche a la mañana, que harían mucho bien a la comunidad”, lamentó.
De noviembre a la fecha, mina La Peineta ha extraído del territorio sagrado 300 toneladas de tierras, devastado al menos 31 kilómetros lineales de la reserva indígena y afectado el entorno natural del venado bura y el borrego cimarrón, especie sujeta a “protección especial” por la Semarnat.
La zona de actividad minera se ubica frente a la punta norte de la Isla del Tiburón –la más extensa en México– y paralela a El Canal del Infiernillo, donde conviven las más variadas especies marinas de todo el Océano Pacífico.
Gabriela Molina, integrante de la etnia Comca’ac, indicó que este proyecto minero que tiene como objetivo extraer oro, plata y cobre, afecta a más de mil 500 residentes de la tribu.
“Hasta el momento la empresa no cuenta con ningún Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que expide Semarnat; no existe un cambio de uso de suelo otorgado por el municipio de Hermosillo; y en sí, el proyecto La Peineta legalmente no existe, pero sí en la realidad donde realiza labores de exploración”, puntualizó.
Durante la conferencia de prensa, el representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para Sonora, Jorge Tadeo Vargas, dijo que la extracción de metales preciosos en la entidad perjudica directamente a más de 75 mil habitantes.
“Los daños a personas se concentran en Mulatos, al sureste sonorense; en Nacozari y Cananea, al noreste de la entidad”, precisó.
Las afectaciones, añadió, van desde el desplazamiento territorial hasta los daños a la salud.
Por último, Vargas mencionó que la Red ya cuenta con los nombres de los inversionistas sonorenses que participan en mina La Peineta pero por seguridad de los denunciantes no se revelarán hasta contar con el respaldo legal de las autoridades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Los defensores de la Nación Seri señalaron que la empresa que opera con recursos de inversionistas sonorenses se introdujo con engaños en noviembre del año pasado y sin permiso de las autoridades tradicionales.
Efraín Leonel, originario de la etnia, detalló que unos representantes de la mina solicitaron a varios miembros de la tribu sus credenciales de elector para interponer un recurso de amparo que les permitiera realizar exploraciones en la sierra La Peineta, a unos 171 kilómetros al noroeste de Hermosillo.
“Con trampa, como es una costumbre de los mineros del país, le dijeron a una familia Comca’ac que se iban a hacer ricos de la noche a la mañana, que harían mucho bien a la comunidad”, lamentó.
De noviembre a la fecha, mina La Peineta ha extraído del territorio sagrado 300 toneladas de tierras, devastado al menos 31 kilómetros lineales de la reserva indígena y afectado el entorno natural del venado bura y el borrego cimarrón, especie sujeta a “protección especial” por la Semarnat.
La zona de actividad minera se ubica frente a la punta norte de la Isla del Tiburón –la más extensa en México– y paralela a El Canal del Infiernillo, donde conviven las más variadas especies marinas de todo el Océano Pacífico.
Gabriela Molina, integrante de la etnia Comca’ac, indicó que este proyecto minero que tiene como objetivo extraer oro, plata y cobre, afecta a más de mil 500 residentes de la tribu.
“Hasta el momento la empresa no cuenta con ningún Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que expide Semarnat; no existe un cambio de uso de suelo otorgado por el municipio de Hermosillo; y en sí, el proyecto La Peineta legalmente no existe, pero sí en la realidad donde realiza labores de exploración”, puntualizó.
Durante la conferencia de prensa, el representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) para Sonora, Jorge Tadeo Vargas, dijo que la extracción de metales preciosos en la entidad perjudica directamente a más de 75 mil habitantes.
“Los daños a personas se concentran en Mulatos, al sureste sonorense; en Nacozari y Cananea, al noreste de la entidad”, precisó.
Las afectaciones, añadió, van desde el desplazamiento territorial hasta los daños a la salud.
Por último, Vargas mencionó que la Red ya cuenta con los nombres de los inversionistas sonorenses que participan en mina La Peineta pero por seguridad de los denunciantes no se revelarán hasta contar con el respaldo legal de las autoridades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Tras su liberación, muestran fotos de hijo de Vallejo armado durante reunión con “La Tuta”
MÉXICO, D.F: Este día fueron difundidas nuevas imágenes de la reunión que sostuvo Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y el capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.
En las fotografías se puede observar a Fausto Vallejo portando una pistola calzada al cinturón, mientras los escoltas del capo le ensañan una técnica para guardarla.
“Los dictámenes periciales de este video, a los que tuve acceso, describen que Rodrigo Vallejo Mora entra muy cómodamente a lo que aparenta ser un inmueble abandonado adaptado como sala de juntas, con sillas y mesas”, relata el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de reportero”, publicada por el periódico El Universal.
Las nuevas imágenes de la reunión se exhiben cuatro días después de que Rodrigo Vallejo saliera del penal de Santiaguito en Almoloya, Estado de México, tras pagar una fianza de siete mil pesos.
En junio del año pasado fue difundido un video en el que Rodrigo Vallejo se reunía con “La Tuta”. En consecuencia, el hijo del exmandatario fue consignado ante el juez por el delito de encubrimiento y se recluido en el Centro Preventivo de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México.
Después de su liberación, la Procuraduría General de la República apeló la libertad bajo caución de Rodrigo Vallejo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En las fotografías se puede observar a Fausto Vallejo portando una pistola calzada al cinturón, mientras los escoltas del capo le ensañan una técnica para guardarla.
“Los dictámenes periciales de este video, a los que tuve acceso, describen que Rodrigo Vallejo Mora entra muy cómodamente a lo que aparenta ser un inmueble abandonado adaptado como sala de juntas, con sillas y mesas”, relata el periodista Carlos Loret de Mola en su columna “Historias de reportero”, publicada por el periódico El Universal.
Las nuevas imágenes de la reunión se exhiben cuatro días después de que Rodrigo Vallejo saliera del penal de Santiaguito en Almoloya, Estado de México, tras pagar una fianza de siete mil pesos.
En junio del año pasado fue difundido un video en el que Rodrigo Vallejo se reunía con “La Tuta”. En consecuencia, el hijo del exmandatario fue consignado ante el juez por el delito de encubrimiento y se recluido en el Centro Preventivo de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México.
Después de su liberación, la Procuraduría General de la República apeló la libertad bajo caución de Rodrigo Vallejo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tras batalla jurídica, decidirán sobre legalidad del maíz transgénico en México
MÉXICO, D.F: A raíz de una batalla jurídica que libran desde hace más de 21 meses una asociación civil y empresas productoras de transgénicos –junto con dependencias del gobierno federal– la justicia mexicana iniciará pronto el juicio “de fondo” en el que determinará si la siembra y comercialización de las semillas de maíz transgénico es legal o no en el país.
Lo anterior, luego de que el caso transitara por 17 tribunales –incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, ya que abarcó 22 amparos los cuales, a su vez, generaron 117 impugnaciones por parte de los litigantes –96 de ellas interpuestas por las agroindustrias y las dependencias federales– de acuerdo con información que proporcionó hoy la Demanda Colectiva Maíz.
Asimismo, en las próximas semanas un juez valorará si mantiene o suspende la medida precautoria adoptada en septiembre de 2013. Esta medida precautoria impide a las empresas productoras de transgénicos –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México– sembrar o comercializar sus semillas de maíz.
La agrupación Colectiva A.C. inició en julio de 2013 una demanda colectiva –una figura jurídica de reciente creación– contra las productoras de transgénicos y el gobierno federal en la que solicitaron la anulación definitiva de la entrega de permisos comerciales de siembra de maíz transgénico por el riesgo que representaría para el grano nativo.
Desde esta fecha, las agroindustrias desplegaron un amplio arsenal jurídico para desechar la demanda y derrumbar la medida precautoria. Los abogados de Monsanto intentaron incluso suspender a un juez quien había decidido mantener la suspensión de la siembra durante el tiempo del proceso judicial.
“Las empresas promovieron siete solicitudes para desechar la demanda, una revocación, cuatro recursos de inconformidad, luego tres amparos, después una recusación contra el juez, luego otro amparo, tres incidentes de suspensión, dos quejas y cuatro recursos de revisión, luego seis nuevos amparos, siete quejas nuevas y una solicitud de aclaración a la SCJN”, recordó René Sánchez Galindo, representante del Colectivo, al precisar: “Todo esto lo ganamos”.
En entrevista con Apro, observó que las empresas y el gobierno “han atacado la medida precautoria por cuestiones de forma, han retrasado el juicio para tirar la medida precautoria y sembrar” y advirtió que “una vez sembrado el maíz transgénico no hay paso atrás”.
El próximo lunes, adelantó, las empresas y el gobierno contestarán a la demanda y esta respuesta fijará el juicio. Posteriormente vendrán la etapa de conciliación y la presentación de pruebas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Lo anterior, luego de que el caso transitara por 17 tribunales –incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, ya que abarcó 22 amparos los cuales, a su vez, generaron 117 impugnaciones por parte de los litigantes –96 de ellas interpuestas por las agroindustrias y las dependencias federales– de acuerdo con información que proporcionó hoy la Demanda Colectiva Maíz.
Asimismo, en las próximas semanas un juez valorará si mantiene o suspende la medida precautoria adoptada en septiembre de 2013. Esta medida precautoria impide a las empresas productoras de transgénicos –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México– sembrar o comercializar sus semillas de maíz.
La agrupación Colectiva A.C. inició en julio de 2013 una demanda colectiva –una figura jurídica de reciente creación– contra las productoras de transgénicos y el gobierno federal en la que solicitaron la anulación definitiva de la entrega de permisos comerciales de siembra de maíz transgénico por el riesgo que representaría para el grano nativo.
Desde esta fecha, las agroindustrias desplegaron un amplio arsenal jurídico para desechar la demanda y derrumbar la medida precautoria. Los abogados de Monsanto intentaron incluso suspender a un juez quien había decidido mantener la suspensión de la siembra durante el tiempo del proceso judicial.
“Las empresas promovieron siete solicitudes para desechar la demanda, una revocación, cuatro recursos de inconformidad, luego tres amparos, después una recusación contra el juez, luego otro amparo, tres incidentes de suspensión, dos quejas y cuatro recursos de revisión, luego seis nuevos amparos, siete quejas nuevas y una solicitud de aclaración a la SCJN”, recordó René Sánchez Galindo, representante del Colectivo, al precisar: “Todo esto lo ganamos”.
En entrevista con Apro, observó que las empresas y el gobierno “han atacado la medida precautoria por cuestiones de forma, han retrasado el juicio para tirar la medida precautoria y sembrar” y advirtió que “una vez sembrado el maíz transgénico no hay paso atrás”.
El próximo lunes, adelantó, las empresas y el gobierno contestarán a la demanda y esta respuesta fijará el juicio. Posteriormente vendrán la etapa de conciliación y la presentación de pruebas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Impugna MVS recurso otorgado por juez para negociar con Aristegui
México, DF. Grupo MVS interpuso este miércoles un recurso de queja para impugnar la suspensión de amparo que el martes pasado concedió el juez federal Fernando Silva a la periodista Carmen Aristegui para el efecto de que la empresa de telecomunicaciones negocie la posible reinstalación del espacio que tenía la comunicadora en la frecuencia modulada de radio 102.5, informaron a La Jornada fuentes del Poder Judicial Federal.
El recurso será turnado en las próximas horas a un tribunal de circuito, superior jerárquico del juez Silva, mismo que tendrá un plazo de 48 horas para resolver si confirma, modifica o revoca el sentido de la esa suspensión, con la posibilidad de que se ordene desechar la demanda de amparo de Aristegui, elaborada por el abogado civilista Javier Quijano.
En paralelo, este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) difundió una tarjeta informativa elaborada por el juez Fernando Silva (hijo del ministro Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en la que detalló los alcances de la suspensión de amparo que protege los derechos humanos de Aristegui.
Según el comunicado, el juez Silva resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la periodista, “porque su pretensión goza de apariencia de buen derecho, por las razones siguientes:
“1. El juzgador advirtió que la terminación del contrato por parte de MVS Radio se justificó exclusivamente en facultades contractuales de derecho privado, sin tener en consideración que se está en presencia, por un lado, de la concesión de un bien y servicio público del Estado y por otro de un ámbito de relevancia social (periodismo crítico).
“2. El Juez expresó que en la fase cautelar, en forma provisional, carece de apariencia de buen derecho la decisión de una empresa que suponga que está facultada para disponer en forma imponderada de la estabilidad y de los servicios de una periodista como la quejosa, bajo razones exclusivamente contractuales de derecho privado, en atención a que la desconsideración de los derechos fundamentales y del interés público de ese tipo de decisiones pone en riesgo el artículo 7 constitucional, que prohíbe la censura y el control directo e incluso indirecto, de la libertad de difundir opiniones, información e ideas.
“Por ello el juzgador expresó que la suspensión de los actos reclamados fomenta y garantiza el orden público y el interés social dada la relevancia del periodismo crítico para la libertad de expresión y la información pública en una sociedad democrática.
“3. Asimismo, indicó que la restricción de MVS Radio a la periodista podría generar daños de imposible reparación, tomando en cuenta que la restricción a la libertad de expresión y difusión que impera sobre la quejosa se va consumando de momento a momento para ella y la sociedad en forma irreversible ante la pérdida del momento histórico presente por causa del acto reclamado y el transcurso del tiempo.
“Por estos motivos, el juzgador determinó conceder la suspensión de los efectos y consecuencias del aviso de terminación reclamado, en el sentido siguiente: I. Dado que la restricción a la periodista se realizó en ausencia de aviso/audiencia previa, la suspensión se concede para el efecto de que MVS Radio lleve a cabo un acuerdo, o mediación, o diálogo a fin de que las partes.
“II. Por lo que se refiere a la solicitud de la suspensión para el efecto de que la quejosa continúe en la transmisión de Noticias MVS Primera Emisión, se concede la medida cautelar exclusivamente para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en el entendido que el diálogo que deberán llevar a cabo las partes será realizado en las instalaciones de MVS Noticias, con la persona que hayan designado las partes en sus convenios modificatorios (Javier Corral Jurado o José Woldenberg Karakowsky).
“III. Finalmente, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que se dejen de aplicar de inmediato los “Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas” respecto de la quejosa, puesto que se advierte preliminarmente que se ponen en riesgo lo estipulado en el contrato y además sus efectos pueden generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión”, indicó el CJF.
De no llegar a un acuerdo consensuado por ambas partes antes de la celebración de la audiencia incidental, el juzgador realizará un pronunciamiento cautelar integral con respecto a la suspensión definitiva solicitada respecto a la continuación de la transmisión del noticiero radiofónico, añade la suspensión del juez Silva.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
Comunicado del Consejo de la Judicatura Federal sobre el caso Aristegui-MVS
Concede la suspensión provisional solicitada por la periodista, "porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho", señala.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa esta mañana, en la que informa que “el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa María del Carmen Aristegui Flores, porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho…”.
Comunicado:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa esta mañana, en la que informa que “el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, resolvió conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa María del Carmen Aristegui Flores, porque la pretensión de la periodista goza de apariencia de buen derecho…”.
Comunicado:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En los últimos 8 años, 2014 ‘rompe récord’ de denuncias por lavado de dinero
En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero.
En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero, el mayor número registrado en los últimos ocho años, lo que ubica a México como “vulnerable” en la incidencia de dicho delito.
Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109).
Mientras en 2013 hubo 75 mil 468 operaciones “inusuales”, en 2014 aumentó a 114 mil casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero no todas derivan en investigaciones, aunque las denuncias vayan en aumento.
En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por la Unidad de Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. Esto representa un aumento de 65% con respecto a 2006, cuando se registraron 53 denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando hubo 25.
Estos números ubican a México como uno de los países “en riesgo” medio para realizar lavado de dinero en su territorio, a la par de España e Italia, según la clasificación del Instituto Basilea (Basel Institute on Governance).
Dicha categoría se obtiene al promediar 14 indicadores sobre la transparencia en las instituciones públicas, percepción sobre corrupción, la capacidad de supervisión de los organismos que regulan el sistema financiero, y la eficiencia del sistema judicial. Solo Finlandia y Estonia son consideradas por el Instituto Basilea como de “bajo riesgo” y de América Latina, solo Chile y Perú están entre las 20 naciones mejor protegidas contra el lavado de dinero a escala mundial.
Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
A través de este delito, la delincuencia organizada “ha disfrazado sus ganancias ilegales en perjuicio del sistema financiero, la economía y el tejido social”, refiere el estudio.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “entre 1993 y el 2008, las actividades ilegales en México generaron recursos potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes en promedio anual a 1.6% del PIB”. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009.
De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI por el autor del estudio, Juan Pablo Aguirre Quezada, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos mil 224 probables responsables por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2006 a 2014.
Esto significa que se triplicó el número de presuntos responsables de lavado de dinero. Mientras en 2006 hubo 83 acusados, en 2014 sumaron 240; sin embargo, las consignaciones no han aumentado igual y en promedio, menos de 100 personas por año han sido juzgadas por dicho delito, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 2012, durante la transición entre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el año con el mayor número de acusados de lavado de dinero, al sumar 415 y la PGR consignó a 128 de ellos. En 2013 y 2014 ha caído la cifra de acusaciones, pero aún es mayor que lo registrado en 2006.
¿Por qué México es vulnerable al lavado de dinero?
Con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2012 podría esperarse un combate más efectivo al lavado de dinero debido a que obliga a investigar y perseguir dichos delitos así como desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos.
Sin embargo, no ha tenido efectos inmediatos, e incluso hay un hueco en materia de la penalización, por lo que las sanciones “puede ser una fortaleza para el combate al blanqueo de capitales”.
La investigación del Senado refiere que “existen algunas debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades ilícitas”. Ejemplo de ello es el reporte sobre el lavado de dinero realizado por el Senado norteamericano, donde vincula a la filial mexicana del banco HSBC con lavado de dinero de diferentes cárteles de la droga por un monto de siete mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Otro problema es el “tránsito hormiga”, es decir, lavadores que realizan operaciones sin rebasar las líneas divisorias para la declaración fiscal. Esto quiere decir que “parte de la solución al lavado de dinero tiene que ver con el control de los servicios financieros, así como el rastreo de origen y destino del efectivo”.
A través de transacciones por internet se realizan operaciones para el lavado de dinero. Un ejemplo es el llamado Bitcoin, que carece de emisión física y respaldo de algún banco central de una nación, lo que ha “generado un vacío en las regulaciones. Esto puede significar que el uso de monedas virtuales sea aprovechado por lavadores de dinero del siglo 21, según refiere la investigación “Lavado de dinero una mirada a las monedas virtuales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero, el mayor número registrado en los últimos ocho años, lo que ubica a México como “vulnerable” en la incidencia de dicho delito.
Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109).
Mientras en 2013 hubo 75 mil 468 operaciones “inusuales”, en 2014 aumentó a 114 mil casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero no todas derivan en investigaciones, aunque las denuncias vayan en aumento.
En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por la Unidad de Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. Esto representa un aumento de 65% con respecto a 2006, cuando se registraron 53 denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando hubo 25.
Estos números ubican a México como uno de los países “en riesgo” medio para realizar lavado de dinero en su territorio, a la par de España e Italia, según la clasificación del Instituto Basilea (Basel Institute on Governance).
Dicha categoría se obtiene al promediar 14 indicadores sobre la transparencia en las instituciones públicas, percepción sobre corrupción, la capacidad de supervisión de los organismos que regulan el sistema financiero, y la eficiencia del sistema judicial. Solo Finlandia y Estonia son consideradas por el Instituto Basilea como de “bajo riesgo” y de América Latina, solo Chile y Perú están entre las 20 naciones mejor protegidas contra el lavado de dinero a escala mundial.
Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
A través de este delito, la delincuencia organizada “ha disfrazado sus ganancias ilegales en perjuicio del sistema financiero, la economía y el tejido social”, refiere el estudio.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “entre 1993 y el 2008, las actividades ilegales en México generaron recursos potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes en promedio anual a 1.6% del PIB”. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009.
De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI por el autor del estudio, Juan Pablo Aguirre Quezada, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos mil 224 probables responsables por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2006 a 2014.
Esto significa que se triplicó el número de presuntos responsables de lavado de dinero. Mientras en 2006 hubo 83 acusados, en 2014 sumaron 240; sin embargo, las consignaciones no han aumentado igual y en promedio, menos de 100 personas por año han sido juzgadas por dicho delito, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 2012, durante la transición entre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el año con el mayor número de acusados de lavado de dinero, al sumar 415 y la PGR consignó a 128 de ellos. En 2013 y 2014 ha caído la cifra de acusaciones, pero aún es mayor que lo registrado en 2006.
¿Por qué México es vulnerable al lavado de dinero?
Con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2012 podría esperarse un combate más efectivo al lavado de dinero debido a que obliga a investigar y perseguir dichos delitos así como desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos.
Sin embargo, no ha tenido efectos inmediatos, e incluso hay un hueco en materia de la penalización, por lo que las sanciones “puede ser una fortaleza para el combate al blanqueo de capitales”.
La investigación del Senado refiere que “existen algunas debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades ilícitas”. Ejemplo de ello es el reporte sobre el lavado de dinero realizado por el Senado norteamericano, donde vincula a la filial mexicana del banco HSBC con lavado de dinero de diferentes cárteles de la droga por un monto de siete mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Otro problema es el “tránsito hormiga”, es decir, lavadores que realizan operaciones sin rebasar las líneas divisorias para la declaración fiscal. Esto quiere decir que “parte de la solución al lavado de dinero tiene que ver con el control de los servicios financieros, así como el rastreo de origen y destino del efectivo”.
A través de transacciones por internet se realizan operaciones para el lavado de dinero. Un ejemplo es el llamado Bitcoin, que carece de emisión física y respaldo de algún banco central de una nación, lo que ha “generado un vacío en las regulaciones. Esto puede significar que el uso de monedas virtuales sea aprovechado por lavadores de dinero del siglo 21, según refiere la investigación “Lavado de dinero una mirada a las monedas virtuales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Con el arsenal del narcotráfico decomisado en 10 años se podría armar a la PF y a la Armada
El armamento arrebatado al crimen organizado sería suficiente para equipar una fuerza equivalente a la Armada y la Policía Federal juntas; los cartuchos decomisados permitirían a cada arma realizar al menos 105 tiros.
En los últimos 10 años el Ejército ha decomisado casi 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego incluidos fusiles de asalto creados para la guerra, pese a que en México la venta de armamento convencional no está legalmente permitida y que, al menos en el papel, vivimos en “tiempos de paz” desde hace más de medio siglo.
La cantidad de armas de fuego decomisadas, en promedio 40 todos los días, alcanzarían para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior a la de la Armada y la Policía Federal… juntas. Además, los cartuchos asegurados son suficientes para que cada pistola o rifle hiciera al menos 105 tiros.
Los aseguramientos se han realizado dentro de la campaña permanente del Ejército en contra el crimen organizado y si bien hay casos de grandes arsenales descubiertos en bodegas o guaridas clandestinas, muchas armas también han sido decomisadas en automóviles, en manos de sujetos aislados o en escenarios de algún hecho violento.
En diciembre pasado, en su “Informe sobre la Prevención de la Violencia 2014”, Naciones Unidas reveló que en México, contrario a lo que dicen las cifras más conservadoras, 7 de cada 10 personas son asesinadas con armas de fuego, lo que ubica a nuestro país en la posición número 12 con la mayor proporción de homicidios de este tipo, y en el mismo nivel de naciones como Kuwait y Brasil.
La información sobre los decomisos de armamento realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revela además el incremento en el poder de fuego de la delincuencia, pues ha subido el porcentaje de las armas largas descubiertas por encima de las armas cortas como pistolas.
Dicho empoderamiento bélico también queda de manifiesto en la cifra de granadas decomisadas a los criminales con un incremento de más de mil 400 por ciento en una década, aun y cuando la cifra de 2014 fue un descenso importante respecto a los años anteriores.
El ejército del hampa
En poco más de diez años, de enero del 2005 a febrero de este año, el Ejército mexicano ha decomisado 147 mil 041 armas de fuego que estaban en poder de la delincuencia organizada o de civiles no autorizados para tenerlas, lo que significa un promedio de casi 40 armas aseguradas… cada 24 horas.
Para ponerlo en proporción, con todo ese armamento se podría equipar un “ejército” que superaría más de 2 a 1 al total de efectivos que tiene la Armada de México (60 mil marinos aproximadamente) o la Policía Federal (45 mil efectivos aproximadamente) por separado, o que por lo menos equivaldría al 60 por ciento de todos los elementos operativos que tiene actualmente el Ejército mexicano.
La cifra de armas aseguradas anualmente registró un incremento exponencial hasta alcanzar un límite en el 2011, año en que el Ejército le arrebató casi 32 mil 500 armas de fuego a los criminales, diez mil más que todas las que se habían asegurado del 2005 al 2008.
Fue a partir 2012, último año del sexenio pasado, cuando comenzó un descenso sostenido en el arsenal asegurado por el Ejército hasta regresar a niveles similares a los del 2007.
En lo que parece no haber vuelta atrás es en el empoderamiento de los delincuentes. Hasta el 2008 la proporción entre armas cortas y largas estaba relativamente equilibrada pero en los años siguientes se incrementó la brecha aun y cuando el número total de arsenal decomisado ha disminuido.
Según los datos de la Defensa Nacional, en los últimos cinco años más del 60 por ciento de todo lo asegurado corresponde a armas largas, es decir escopetas, rifles, fusiles automáticos y semi automáticos, armas tipo francotirador, ametralladoras, lanzagranadas, entre otros.
Hay casos en donde los golpes de las fuerzas armadas han sido mayúsculos. Por ejemplo, el 7 de noviembre del 2008 efectivos del Ejército Mexicano intervinieron una bodega del Cártel del Golfo en Reynosa Tamaulipas, en donde se descubrieron 278 armas largas, 126 armas cortas, más de medio millón de cartuchos, y casi 300 granadas.
Descubrir los arsenales no siempre es sencillo. El 3 de junio del 2011 por ejemplo, los soldados decomisaron 171 armas de fuego y casi cien mil cartuchos de Los Zetas, los cuales estaban escondidos en un almacén subterráneo de un terreno donde al parecer no había nada, en el ejido Las Salinas, Coahuila. El hallazgo se consiguió gracias a una denuncia anónima.
Pero más allá de los grandes operativos, la mayoría de las armas de fuego han sido descubiertas en acciones cotidianas de menor escala como detenciones de delincuentes o revisiones de vehículos. También es común el decomiso de armamento tras enfrentamientos en calles como los que ocurren en Tamaulipas.
Mucho parque… y granadas
“Si tuviéramos parque ustedes no estarían aquí”, es la frase histórica que pronunció el General Anaya al General Twigss durante la intervención estadunidense en México del siglo XIX, para explicar que no habían podido frenar la invasión por falta de municiones y no de armas. Esto es algo que los delincuentes en México parecen tener muy presente.
De acuerdo con la estadística oficial, en la última década se han decomisado casi 15 millones 800 mil municiones de distintos calibres, desde balas pequeñas calibre .22 hasta las calibre 7.62 que usan los “Cuernos de Chivo” o las calibre .50 de los fusiles antimaterial Barret.
Dejando de lado los calibres y sin contar los cargadores encontrados, la cantidad de municiones aseguradas es suficiente para que cada arma decomisada realizara en promedio por lo menos 105 tiros.
Por otro lado, los aseguramientos de granadas también evidencian el incremento de la fuerza bélica de las organizaciones criminales. Los datos oficiales disponibles arrojan que del 2006 al 2014 se han asegurado 12 mil 857 artefactos explosivos de este tipo en el país, lo que equivale a por lo menos tres todos los días.
Al igual que ocurre con las armas de fuego, los decomisos de granadas se incrementaron año con año hasta llegar a casi tres mil artefactos en el 2011. A partir de ahí inició un descenso en los aseguramientos que ha continuado en la administración el presidente Enrique Peña Nieto.
La delincuencia no ha tenido reparos en utilizar estos artefactos en contra de diversos blancos, desde los civiles que asistían a la ceremonia del grito de la Independencia en Morelia en 2008, pasando por las usadas en contra de un convoy de militares en Guachinango Jalisco el año pasado, hasta las utilizadas en este 2015 contra instalaciones de una televisora en Matamoros, Tamaulipas.
Cuernos de chivo… chinos
La venta de armamento de grueso calibre en México está totalmente prohibida, pero eso no es obstáculo para el tráfico y comercialización de armas de alto poder en el mercado negro, como lo evidencian el tipo de armas decomisadas.
De acuerdo con datos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la Procuraduría General de la República (PGR), el 60 por ciento de las armas largas aseguradas son el calibre 7.62 x 39 milímetros y similares, que corresponden a una bala alargada y de alta letalidad; son las que utilizan los rifles AK-47 conocidos como Cuerno de chivo.
El AK-47 es de origen ruso, sin embargo, actualmente hay 14 países que fabrican modelos similares o copias de estas armas, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Armas Bajo Control. En México, han llegado varios de esos fusiles foráneos.
Por ejemplo, según los datos de la Sedena en 2011 uno de cada seis “Cuernos de Chivo” es de la marca NORINCO, fabricante de origen chino que comercializa tecnología armamentística a nivel internacional, y que ha sido acusada entre otras cosas de vender misiles a países como Corea del Norte e Irán.
El “AK-47 chino” ofrece las mismas prestaciones que su hermano ruso pero a un precio menor ya que por ejemplo, sus modelos carecen del material cromado de en la zona del cañón y el gas.
No se trata del único fusil diseñado para la guerra asegurado a los criminales en México. Solo por citar dos ejemplos más, entre lo decomisado figuran fusiles de asalto M-16 usados por el Ejército de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, o la escopeta Mossberg 500 calibre 12 utilizadas en operaciones como la denominada Tormenta del Desierto en Irak.
Las investigaciones realizadas sobre el origen del armamento, con el apoyo del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)ha permitido establecer que el 75 por ciento de las armas decomisadas provienen de armerías de los Estados Unidos y son traficadas a través de la frontera norte de nuestro país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/04/el-arsenal-de-la-delincuencia-en-mexico-casi-150-mil-armas-y-13-mil-granadas-en-10-anos/.
En los últimos 10 años el Ejército ha decomisado casi 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego incluidos fusiles de asalto creados para la guerra, pese a que en México la venta de armamento convencional no está legalmente permitida y que, al menos en el papel, vivimos en “tiempos de paz” desde hace más de medio siglo.
La cantidad de armas de fuego decomisadas, en promedio 40 todos los días, alcanzarían para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior a la de la Armada y la Policía Federal… juntas. Además, los cartuchos asegurados son suficientes para que cada pistola o rifle hiciera al menos 105 tiros.
Los aseguramientos se han realizado dentro de la campaña permanente del Ejército en contra el crimen organizado y si bien hay casos de grandes arsenales descubiertos en bodegas o guaridas clandestinas, muchas armas también han sido decomisadas en automóviles, en manos de sujetos aislados o en escenarios de algún hecho violento.
En diciembre pasado, en su “Informe sobre la Prevención de la Violencia 2014”, Naciones Unidas reveló que en México, contrario a lo que dicen las cifras más conservadoras, 7 de cada 10 personas son asesinadas con armas de fuego, lo que ubica a nuestro país en la posición número 12 con la mayor proporción de homicidios de este tipo, y en el mismo nivel de naciones como Kuwait y Brasil.
La información sobre los decomisos de armamento realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revela además el incremento en el poder de fuego de la delincuencia, pues ha subido el porcentaje de las armas largas descubiertas por encima de las armas cortas como pistolas.
Dicho empoderamiento bélico también queda de manifiesto en la cifra de granadas decomisadas a los criminales con un incremento de más de mil 400 por ciento en una década, aun y cuando la cifra de 2014 fue un descenso importante respecto a los años anteriores.
El ejército del hampa
En poco más de diez años, de enero del 2005 a febrero de este año, el Ejército mexicano ha decomisado 147 mil 041 armas de fuego que estaban en poder de la delincuencia organizada o de civiles no autorizados para tenerlas, lo que significa un promedio de casi 40 armas aseguradas… cada 24 horas.
Para ponerlo en proporción, con todo ese armamento se podría equipar un “ejército” que superaría más de 2 a 1 al total de efectivos que tiene la Armada de México (60 mil marinos aproximadamente) o la Policía Federal (45 mil efectivos aproximadamente) por separado, o que por lo menos equivaldría al 60 por ciento de todos los elementos operativos que tiene actualmente el Ejército mexicano.
La cifra de armas aseguradas anualmente registró un incremento exponencial hasta alcanzar un límite en el 2011, año en que el Ejército le arrebató casi 32 mil 500 armas de fuego a los criminales, diez mil más que todas las que se habían asegurado del 2005 al 2008.
Fue a partir 2012, último año del sexenio pasado, cuando comenzó un descenso sostenido en el arsenal asegurado por el Ejército hasta regresar a niveles similares a los del 2007.
En lo que parece no haber vuelta atrás es en el empoderamiento de los delincuentes. Hasta el 2008 la proporción entre armas cortas y largas estaba relativamente equilibrada pero en los años siguientes se incrementó la brecha aun y cuando el número total de arsenal decomisado ha disminuido.
Según los datos de la Defensa Nacional, en los últimos cinco años más del 60 por ciento de todo lo asegurado corresponde a armas largas, es decir escopetas, rifles, fusiles automáticos y semi automáticos, armas tipo francotirador, ametralladoras, lanzagranadas, entre otros.
Hay casos en donde los golpes de las fuerzas armadas han sido mayúsculos. Por ejemplo, el 7 de noviembre del 2008 efectivos del Ejército Mexicano intervinieron una bodega del Cártel del Golfo en Reynosa Tamaulipas, en donde se descubrieron 278 armas largas, 126 armas cortas, más de medio millón de cartuchos, y casi 300 granadas.
Descubrir los arsenales no siempre es sencillo. El 3 de junio del 2011 por ejemplo, los soldados decomisaron 171 armas de fuego y casi cien mil cartuchos de Los Zetas, los cuales estaban escondidos en un almacén subterráneo de un terreno donde al parecer no había nada, en el ejido Las Salinas, Coahuila. El hallazgo se consiguió gracias a una denuncia anónima.
Pero más allá de los grandes operativos, la mayoría de las armas de fuego han sido descubiertas en acciones cotidianas de menor escala como detenciones de delincuentes o revisiones de vehículos. También es común el decomiso de armamento tras enfrentamientos en calles como los que ocurren en Tamaulipas.
Mucho parque… y granadas
“Si tuviéramos parque ustedes no estarían aquí”, es la frase histórica que pronunció el General Anaya al General Twigss durante la intervención estadunidense en México del siglo XIX, para explicar que no habían podido frenar la invasión por falta de municiones y no de armas. Esto es algo que los delincuentes en México parecen tener muy presente.
De acuerdo con la estadística oficial, en la última década se han decomisado casi 15 millones 800 mil municiones de distintos calibres, desde balas pequeñas calibre .22 hasta las calibre 7.62 que usan los “Cuernos de Chivo” o las calibre .50 de los fusiles antimaterial Barret.
Dejando de lado los calibres y sin contar los cargadores encontrados, la cantidad de municiones aseguradas es suficiente para que cada arma decomisada realizara en promedio por lo menos 105 tiros.
Por otro lado, los aseguramientos de granadas también evidencian el incremento de la fuerza bélica de las organizaciones criminales. Los datos oficiales disponibles arrojan que del 2006 al 2014 se han asegurado 12 mil 857 artefactos explosivos de este tipo en el país, lo que equivale a por lo menos tres todos los días.
Al igual que ocurre con las armas de fuego, los decomisos de granadas se incrementaron año con año hasta llegar a casi tres mil artefactos en el 2011. A partir de ahí inició un descenso en los aseguramientos que ha continuado en la administración el presidente Enrique Peña Nieto.
La delincuencia no ha tenido reparos en utilizar estos artefactos en contra de diversos blancos, desde los civiles que asistían a la ceremonia del grito de la Independencia en Morelia en 2008, pasando por las usadas en contra de un convoy de militares en Guachinango Jalisco el año pasado, hasta las utilizadas en este 2015 contra instalaciones de una televisora en Matamoros, Tamaulipas.
Cuernos de chivo… chinos
La venta de armamento de grueso calibre en México está totalmente prohibida, pero eso no es obstáculo para el tráfico y comercialización de armas de alto poder en el mercado negro, como lo evidencian el tipo de armas decomisadas.
De acuerdo con datos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la Procuraduría General de la República (PGR), el 60 por ciento de las armas largas aseguradas son el calibre 7.62 x 39 milímetros y similares, que corresponden a una bala alargada y de alta letalidad; son las que utilizan los rifles AK-47 conocidos como Cuerno de chivo.
El AK-47 es de origen ruso, sin embargo, actualmente hay 14 países que fabrican modelos similares o copias de estas armas, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Armas Bajo Control. En México, han llegado varios de esos fusiles foráneos.
Por ejemplo, según los datos de la Sedena en 2011 uno de cada seis “Cuernos de Chivo” es de la marca NORINCO, fabricante de origen chino que comercializa tecnología armamentística a nivel internacional, y que ha sido acusada entre otras cosas de vender misiles a países como Corea del Norte e Irán.
El “AK-47 chino” ofrece las mismas prestaciones que su hermano ruso pero a un precio menor ya que por ejemplo, sus modelos carecen del material cromado de en la zona del cañón y el gas.
No se trata del único fusil diseñado para la guerra asegurado a los criminales en México. Solo por citar dos ejemplos más, entre lo decomisado figuran fusiles de asalto M-16 usados por el Ejército de Estados Unidos en conflictos como la guerra de Vietnam, o la escopeta Mossberg 500 calibre 12 utilizadas en operaciones como la denominada Tormenta del Desierto en Irak.
Las investigaciones realizadas sobre el origen del armamento, con el apoyo del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés)ha permitido establecer que el 75 por ciento de las armas decomisadas provienen de armerías de los Estados Unidos y son traficadas a través de la frontera norte de nuestro país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/04/el-arsenal-de-la-delincuencia-en-mexico-casi-150-mil-armas-y-13-mil-granadas-en-10-anos/.
La vida de los jornaleros mexicanos: reciben 100 pesos por trabajar más de 15 horas al día
Mientras continúa la huelga de jornaleros en el Valle de San Quintín, organizaciones civiles y académicos denuncian que el problema de abuso y violación a derechos laborales se extiende a todo el país con más de dos millones de afectados.
Francisca, una mujer indígena del municipio de Tlapa en Guerrero, contó al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que cada año viaja a Mazatlán, Sinaloa, y soporta abusos, hambre, sed y jornadas de trabajo de más de 15 horas porque en su comunidad simplemente no hay “nada mejor”.
El Centro y la Red de Jornaleros Agrícolas denuncian que como lo relata Francisca, los jornaleros agrícolas del país, al no tener otra alternativa, aceptan un trabajo poco remunerado, viven en condiciones de hacinamiento y son víctimas de abusos y violaciones sin que haya una autoridad que intervenga para evitarlo.
Según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009, en el país existen dos millones que laboran en 18 estados: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.
La Red asegura que los abusos y malas condiciones laborales de los campos agrícolas y fincas de esas entidades es una constante, aunque es hasta ahora, tras la huelga de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en Baja California, -en la que los trabajadores exigen desde el 17 de marzo sueldos justos y prestaciones como seguridad social y aguinaldo- que el tema está llamando la atención de la ciudadanía.
Tomando en cuenta la investigación que organizaciones civiles y académicos han hecho en los campos agrícolas de México, Animal Político te presenta 16 datos sobre la explotación laboral de la que son víctimas los jornaleros agrícolas del país.
- Los salarios de los jornaleros agrícolas en México oscila entre los 65 y 110 pesos al día por jornadas superiores a 15 horas. El salario mínimo en el país es de 68-70 pesos por una jornada de 8 horas.
- Los jornaleros del Valle de San Quintín que están en huelga desde el 17 de marzo empezaron exigiendo un pago diario de 300 pesos, ahora dicen que aceptarán 200, pero los empresarios sólo están dispuestos a aumentar 16.5 pesos más por jornada.
- Un jornalero agrícola sólo tiene trabajo por periodos de 4 a 8 meses. Recibe su salario al concluir el periodo, aunque la mayoría se queda sin nada porque debe “endeudarse” en las tiendas de raya para obtener -a precios hasta cinco veces superiores- productos básicos que no recibe en los campos agrícolas.
- Persiste la práctica de contratación de núcleos familiares o comunitarios. Los jornaleros involucran a toda la familia para aumentar el ingreso por hogar. Esto provoca que el 40% de los trabajadores de un campo sean niños.
- Cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan su comunidad de origen para emigrar con sus familiares para ser jornaleros, según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del gobierno federal.
- El 42% de los niños jornaleros agrícolas presentan algún tipo de desnutrición.
- Del 2007 a la fecha se ha documentado la muerte de 41 niños en campos agrícolas por accidentes de trabajo, atropellos, picadura de insecto, desnutrición o falta de atención médica.
- El 40% de las mujeres indígenas que son jornaleras agrícolas reciben un salario menor al de sus compañeros, sin que haya una justificación para ello.
- El 34.7% de las mujeres jornaleras han sido víctimas de humillaciones durante su jornada laboral, según el Instituto Nacional de las Mujeres.
- Entre el 30 y 40% de los jornaleros agrícolas del país comen sólo dos o menos veces al día.
- El acceso a la vivienda digna es “nulo” en los campos de cultivo. En el Altiplano Potosino más de 90% de los campos no cuentan con viviendas habitables y la mitad carecen de baños.
- El 60% de los jornaleros agrícolas son indígenas provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- El 81% de los jornaleros no concluyeron la educación secundaria.
- El 90% de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo.
- El 80% de los jornaleros no cuenta con prestaciones laborales y sociales y no pueden acudir a un médico en caso de accidente.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 50% de los accidentes de trabajo ocurren en campos agrícolas. Ser jornalero agrícola es considerada una de las labores más riesgosas a nivel internacional. A nivel mundial, cada año mueren 70 mil jornaleros sólo por plaguicidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Redes sociales: el otro poder electoral
En estos comicios en Guadalajara, expertos señalan que las redes sociales deben ser vigiladas pues son un espacio con vacíos legales, el cual ya es utilizado para la promoción y el ataque entre contrincantes.
Las redes sociales tomarán mayor relevancia en el terreno electoral de este año.
Desde el periodo de precampañas, a finales de diciembre de 2014, los distintos contendientes locales dieron marcha a la maquinaria promocional que esta plataforma les brinda.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, subraya la cuarta investigación de Q Medios, el observatorio electoral del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El estudio ‘El Poder de la Red’, publicado en marzo pasado, da cuenta de la importancia de las redes sociales para fines electorales, y los vacíos legales que existen en ellas, en un contexto electoral por la presidencia municipal de Guadalajara.
No obstante la dimensión que para estas elecciones intermedias se abre con estas herramientas tecnológicas, la reciente reforma político-electoral no las incluye en los artículos que describen la propaganda en las campañas.
Incluso los propios consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han destacado la importancia y necesidad de poner especial énfasis en la disputa política que se dará en las redes sociales y en Internet en general.
“Desde mi punto de vista, en esta reforma debió ya haberse incluido o introducido esa actividad”, expresó el pasado 26 de agosto del 2014 la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, al periódico El Universal.
“Las campañas electorales, al menos una parte, se llevará a cabo en Internet”, da cuenta la investigación actual del ITESO, al mismo tiempo que destaca la importancia de las plataformas digitales para la comunicación política contemporánea.
El documento resalta la importancia del análisis sobre el vacío legal existente, ya que las redes sociales quedaron fuera de la reglamentación electoral salvo en los casos de fiscalización de los recursos.
“Ninguna de las disposiciones normativas (…) aluden a los procesos de comunicación a través de Internet o de las redes sociales virtuales, no se reglamenta su uso o contenidos, aunque sí está contemplado que los partidos políticos den cuenta de recurso (dinero) que invierten en la publicidad (propaganda) en Internet”, recalca Q ITESO en el informe.
De igual forma expresa que de acuerdo con medios locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sólo podrá sancionar a los candidatos, si se demuestra que producen mensajes en Internet que buscan perjudicar a otro candidato.
Guadalajara bajo la lupa
El informe piloto de Q ITESO sobre las redes sociales enfoca principalmente la contienda para Guadalajara.
De acuerdo con su resumen ejecutivo, la primera fase tuvo como objetivo describir los rasgos más importantes de las estructuras de comunicación política en Internet en la capital tapatía.
El mayor hallazgo y principal obstáculo con el que Q ITESO se topó fue con la poca precisión en torno a la infraestructura tecnológico: datos acerca de usuarios, teléfonos móviles, tabletas o computadoras.
La poca información existente sobre estas estructuras permitió determinar que la red cibernética de Guadalajara está en desarrollo al no proporcionar acceso suficiente para su población.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado hay 941 mil 739 hogares que cuentan con una computadora, es decir, el 46.1 por ciento de la población.
Los datos de la encuesta 2015 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos señalan que 45 por ciento de los habitantes de la capital tapatía dijeron tener al menos una computadora en su hogar.
Mientras que los datos de conexión no distan mucho de las anteriores cifras, pues según el Inegi, 865 mil 507 hogares en Jalisco cuentan con conexión a Internet, hay otro millón 176 mil hogares que no la tiene.
Para el caso de Guadalajara, Jalisco Cómo Vamos apunta que el 56 por ciento de los habitantes dijo tener acceso a Internet en su propio hogar.
Destaca que 44 por ciento de la población no cuenta con conexión a la red desde sus hogares, pues de acuerdo con el informe esto representa que un numero cercano a la mitad de la población no podrá seguir las campañas electorales desde su hogar y a través de internet.
“La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet”, expresó en su columna radial de este lunes el experto en comunicación y coordinador del informe, Juan Larrosa Fuentes.
Uso de redes
El análisis de Q ITESO sólo se concentra en las dos redes sociales virtuales más importantes de Internet, Facebook y Twitter.
Ante ese escenario, según datos de la empresa experta en publicidad IAB México, a nivel nacional 85 por ciento de los usuarios de Internet utiliza ambas redes: del porcentaje, un 96 por ciento lo hace desde Facebook, 56 por ciento desde Twitter y 54 por ciento en Google plus.
Para el caso de la entidad, según datos del Inegi recopilados por Q ITESO, de los usuarios que hacen uso de Internet 64 por ciento dijo utilizarlo para obtener información, 39.6 para usar las redes sociales, 36.7 para “apoyar la educación”, 36.3 para el entretenimiento, 1.5 para operaciones bancarias en línea y sólo el uno por ciento para la interacción usuario-gobierno.
En Guadalajara, según Jalisco Cómo Vamos, 46 por ciento de los habitantes dice utilizar internet por diversión.
En el caso de las redes sociales, a 29 por ciento le gusta compartir información por medio de éstas, y 13 por ciento indicó que Facebook y Twitter eran los medios por los cuales se entera del acontecer local y nacional.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, sentencia el informe del ITESO en sus conclusiones.
Y advierte que los candidatos a los cargos de elección popular en Guadalajara podrán utilizar el Internet ‘como mejor les convenga’ al no estar reguladas estas plataformas digitales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
Las redes sociales tomarán mayor relevancia en el terreno electoral de este año.
Desde el periodo de precampañas, a finales de diciembre de 2014, los distintos contendientes locales dieron marcha a la maquinaria promocional que esta plataforma les brinda.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, subraya la cuarta investigación de Q Medios, el observatorio electoral del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El estudio ‘El Poder de la Red’, publicado en marzo pasado, da cuenta de la importancia de las redes sociales para fines electorales, y los vacíos legales que existen en ellas, en un contexto electoral por la presidencia municipal de Guadalajara.
No obstante la dimensión que para estas elecciones intermedias se abre con estas herramientas tecnológicas, la reciente reforma político-electoral no las incluye en los artículos que describen la propaganda en las campañas.
Incluso los propios consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) han destacado la importancia y necesidad de poner especial énfasis en la disputa política que se dará en las redes sociales y en Internet en general.
“Desde mi punto de vista, en esta reforma debió ya haberse incluido o introducido esa actividad”, expresó el pasado 26 de agosto del 2014 la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, al periódico El Universal.
“Las campañas electorales, al menos una parte, se llevará a cabo en Internet”, da cuenta la investigación actual del ITESO, al mismo tiempo que destaca la importancia de las plataformas digitales para la comunicación política contemporánea.
El documento resalta la importancia del análisis sobre el vacío legal existente, ya que las redes sociales quedaron fuera de la reglamentación electoral salvo en los casos de fiscalización de los recursos.
“Ninguna de las disposiciones normativas (…) aluden a los procesos de comunicación a través de Internet o de las redes sociales virtuales, no se reglamenta su uso o contenidos, aunque sí está contemplado que los partidos políticos den cuenta de recurso (dinero) que invierten en la publicidad (propaganda) en Internet”, recalca Q ITESO en el informe.
De igual forma expresa que de acuerdo con medios locales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sólo podrá sancionar a los candidatos, si se demuestra que producen mensajes en Internet que buscan perjudicar a otro candidato.
Guadalajara bajo la lupa
El informe piloto de Q ITESO sobre las redes sociales enfoca principalmente la contienda para Guadalajara.
De acuerdo con su resumen ejecutivo, la primera fase tuvo como objetivo describir los rasgos más importantes de las estructuras de comunicación política en Internet en la capital tapatía.
El mayor hallazgo y principal obstáculo con el que Q ITESO se topó fue con la poca precisión en torno a la infraestructura tecnológico: datos acerca de usuarios, teléfonos móviles, tabletas o computadoras.
La poca información existente sobre estas estructuras permitió determinar que la red cibernética de Guadalajara está en desarrollo al no proporcionar acceso suficiente para su población.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el estado hay 941 mil 739 hogares que cuentan con una computadora, es decir, el 46.1 por ciento de la población.
Los datos de la encuesta 2015 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos señalan que 45 por ciento de los habitantes de la capital tapatía dijeron tener al menos una computadora en su hogar.
Mientras que los datos de conexión no distan mucho de las anteriores cifras, pues según el Inegi, 865 mil 507 hogares en Jalisco cuentan con conexión a Internet, hay otro millón 176 mil hogares que no la tiene.
Para el caso de Guadalajara, Jalisco Cómo Vamos apunta que el 56 por ciento de los habitantes dijo tener acceso a Internet en su propio hogar.
Destaca que 44 por ciento de la población no cuenta con conexión a la red desde sus hogares, pues de acuerdo con el informe esto representa que un numero cercano a la mitad de la población no podrá seguir las campañas electorales desde su hogar y a través de internet.
“La realidad dicta un panorama complejo. La brecha digital sigue siendo un impedimento para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en el sistema de comunicación política que ofrece Internet”, expresó en su columna radial de este lunes el experto en comunicación y coordinador del informe, Juan Larrosa Fuentes.
Uso de redes
El análisis de Q ITESO sólo se concentra en las dos redes sociales virtuales más importantes de Internet, Facebook y Twitter.
Ante ese escenario, según datos de la empresa experta en publicidad IAB México, a nivel nacional 85 por ciento de los usuarios de Internet utiliza ambas redes: del porcentaje, un 96 por ciento lo hace desde Facebook, 56 por ciento desde Twitter y 54 por ciento en Google plus.
Para el caso de la entidad, según datos del Inegi recopilados por Q ITESO, de los usuarios que hacen uso de Internet 64 por ciento dijo utilizarlo para obtener información, 39.6 para usar las redes sociales, 36.7 para “apoyar la educación”, 36.3 para el entretenimiento, 1.5 para operaciones bancarias en línea y sólo el uno por ciento para la interacción usuario-gobierno.
En Guadalajara, según Jalisco Cómo Vamos, 46 por ciento de los habitantes dice utilizar internet por diversión.
En el caso de las redes sociales, a 29 por ciento le gusta compartir información por medio de éstas, y 13 por ciento indicó que Facebook y Twitter eran los medios por los cuales se entera del acontecer local y nacional.
“Internet se ha convertido en uno de los espacios más relevantes para el desarrollo de estrategias de comunicación política durante el periodo de campañas electorales en los países democráticos”, sentencia el informe del ITESO en sus conclusiones.
Y advierte que los candidatos a los cargos de elección popular en Guadalajara podrán utilizar el Internet ‘como mejor les convenga’ al no estar reguladas estas plataformas digitales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
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