A empresas noruegas, primeros permisos para buscar hidrocarburos

México, DF. Cuatro empresas noruegas son las primeras en obtener la autorización para realizar estudios geológicos y sísmicos de diversas áreas susceptibles de contener hidrocarburos en territorio mexicano y comercializar por cuenta propia información exclusiva durante un periodo de 12 años, la cual pasará después a ser propiedad de la Nación.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ente regulador de la industria petrolera en México, otorgó la autorización a las compañías de origen noruego Dolphin Geophysical, Petroleum Geo-Services ( PGS), Spectrum ASA y TGS AP Invesments AS.

Antes de la Reforma Energética los estudios sísmicos y geológicos en materia petrolera los hacían las empresas internacionales especializadas por cuenta y orden de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo ahora estas y otras empresas podrán vender su información de manera directa a los nuevos participantes en la industria petrolera.

Estas son las primeras autorizaciones en la historia que se entregan a empresas especializadas en la investigación sobre superficies del terreno o del mar que permitan estimar a la industria petrolera la posible existencia de hidrocarburos dentro de una área.

La nueva regulación establece que las empresas autorizadas en realizar estos estudios, con la más avanzada tecnología, puedan comercializar la información de forma exclusiva por un periodo de 12 años.

Durante la décima sesión extraordinaria del pleno de los comisionados, encabezados por el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, se dio a conocer el primer paquete de empresas interesadas en vender la información sísmica y geológica de última generación a la industria petrolera.


Actualmente hay 26 empresas especializadas que iniciaron sus trámites para conseguir su autorización, entre ellasCGGVerita Services, Dolphin Geophysical, Dowell Schlumberger, EMGS Sea Bed Logging, Fugro Chance, Fugro Survey México,Geokinetics de México,Geoprocesados, GX Technology Corporation, Multiclient Geophysical ASA, Nopec Geophysical Company, P.G.S. Data Processing, P.G.S. Geophysical AS, Seabird Seismic México, Seismic Enterprises México, Spectrum ASA, TDI-Brooks International y TGS AP Invesments AS.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.

Se reúne comisión sobre caso Tlatlaya con funcionarios del Edomex

México, DF. La comisión especial que investiga los homicidios de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, estado de México, se reúne con el secretario de gobierno de esa entidad, José Manzur, quien expuso que los fallecidos fueron originarios del estado de Guerrero, y la administración de Eruviel Ávila mantiene la disposición a aclarar e investigar a fondo dicho suceso.

Los legisladores de ese grupo de trabajo describieron ante Manzur y el procurador de Justicia mexiquense actos de tortura y encubrimiento en Tlatlaya. También describieron omisiones sobre feminicidios ocurridos en tal demarcación.

José Manzur insistió en que la administración de Eruviel Ávila mantiene la investigación sobre las demandas de los diputados. Al responderle a la diputada Elena Tapia, quien reclamó que el gobernador haya “felicitado al Ejército Mexicano por la acción contra 22 presuntos delincuentes”, el funcionario aclaró que Ávila felicitó, sí, pero por el rescate de tres mujeres que habrían sido secuestradas.

El encuentro continúa, con una serie de preguntas por parte de los integrantes de la comisión entorno a cómo la autoridad mexiquense enfrenta el incremento de feminicidios en la entidad.


También dicho grupo de trabajo votará por la tarde el informe que elaboró sobre los hechos acaecidos en Tlatlaya.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO/ ENRIQUE MÉNDEZ

Candidata del PRI al gobierno de Sonora usa avión de empresario al que ayudó con contratos

MÉXICO, D.F: Claudia Pavlovich, candidata del PRI al gobierno de Sonora, utiliza el avión privado de un constructor al que favoreció con contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En abril de 2014, la senadora priista le pidió al delegado de la SCT en Sonora, Javier Hernández, modificar bases de una licitación para favorecer a Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto- a San Luis Río Colorado.

El periódico Reforma obtuvo copia de documentos y grabaciones de las llamadas telefónicas que evidencian la operación de Pavlovich a favor del constructor.

En dichas bases de licitación, se pide a las empresas comprobar contratos sostenidos en el lustro anterior a la licitación por 200 millones de pesos. En una de las conversaciones, la candidata del PRI se queja de que ninguna empresa sonorense puede cumplir con dicho requisito.

Cita el diario:

“Pavlovich habló inmediatamente por teléfono con Raúl Murrieta, subsecretario de la SCT, quien se ofreció a cambiar las bases.

“’Dile (a Javier Hernández) que mi pluma es su pluma, que me diga dónde firmo para poder ser incluyente con ellos… vamos a ver cómo lo cuadramos, ¿sale?’, propuso Murrieta.

“Y las constructoras sonorenses ganaron los contratos”.


Pavlovich viajó el pasado 8 de abril en el avión Cessna N233JH, utilizado por Fraijo, para un mitin de campaña. Y el 29 de julio uso la misma aeronave para viajar a Las Vegas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El TEPJF revoca acuerdo del INE que ordenaba a Dish pagar a televisoras por spots

MÉXICO, D.F: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena a la empresa Dish pagar a las compañías Televisa y Televisión Azteca por la retransmisión de propaganda electoral.

El INE deberá emitir un nuevo acuerdo sobre el pago pautado para Dish a las televisoras. El TEPJF argumenta que el INE no tomó en consideración la propuesta de Dish para tomar una señal de una entidad sin elecciones.

Por lo anterior, el INE tendrá un plazo de 24 horas para emitir un nuevo acuerdo en el que tome en consideración las propuestas de la cadena Dish.

Previamente, el INE había ordenado a Dish pagar 7.7 millones de pesos a Televisa y Televisión Azteca por la retransmisión de pautas electorales incluidas en las cadenas de transmisión abierta.


La resolución fue emitida por la magistrada María del Carmen Alanís y fue votada con seis posiciones a favor y una en contra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo México exporta a Perú… huelgas, muertos, contaminación y corrupción

Grupo México tiene una historia negra: entre otros casos, es famoso por el desastre de la mina Pasta de Conchos en 2006 y por la reciente contaminación del río Sonora. Sus prácticas se extienden hasta Perú, donde enfrenta acusaciones de vertido de arsénico, polución del aire y de maniobrar para eludir la justicia. Ahora, el consorcio propiedad de Germán Larrea insiste en abrir una nueva mina, aunque ese proyecto ya desató una gran movilización social, implicó un sospechoso amago de cancelación, provocó que una región se fuera a la huelga y dejó tres muertos.

LIMAÇ: El presidente ejecutivo de la compañía Southern Copper Corporation (SCC), el mexicano Óscar González Rocha, había confiado a algunos amigos que esperaba celebrar su cumpleaños 77, el pasado viernes 10, con la solución del conflicto entre la empresa que dirige y los agricultores de la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa.

González no pudo cumplir su deseo. El 23 de marzo los pobladores de Islay que rechazan el proyecto cuprífero Tía María –la mayor inversión en Perú de SCC, cuyo propietario es Grupo México, de Germán Larrea– iniciaron una huelga indefinida.

Dueña de las minas de Cuajone y Toquepala y de una refinería en Ilo, en el sur peruano, la compañía mexicana anunció en 2007 que destinaría mil 500 millones de dólares (22 mil 630 millones de pesos) para extraer 120 mil toneladas de cobre anuales de Tía María, en el Valle del Tambo, una de las zonas agrícolas más ricas de Arequipa.

Después de ocho años, periodo en el que ocurrieron choques violentos que dejaron tres pobladores muertos y una veintena de heridos de bala, Southern no ha conseguido convencer a los pobladores de los beneficios que supuestamente traerá el proyecto.

Así que, en lugar de festejar, el presidente ejecutivo de SCC enfrenta una escalada del conflicto. Lo que comenzó como una protesta provincial en Islay puede devenir un movimiento de rechazo generalizado por todo el sur del país, además de Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran las inversiones de Grupo México.

“No hay nada que negociar con Southern. La empresa minera no puede explotar el proyecto Tía María a costa de nuestra agricultura y de nuestras vidas. El pueblo del Valle del Tambo se ha manifestado con claridad. No quiere a la Southern. La vida de nuestros hijos no es negociable”, declara a Proceso el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valdivia, en cuya jurisdicción está ubicado el proyecto cuprífero.

En la reciente elección de presidentes municipales realizada el pasado 5 de octubre en Islay y en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia, ubicados en el área de impacto del desarrollo de Tía María, ganaron los candidatos que se comprometieron a impedir los trabajos de Southern. Valdivia es uno de ellos.

“Soy agricultor. Cultivo arroz, papa, ajo, cebolla. He sido elegido por una población que no desea la explotación minera en el Valle del Tambo. Por eso 90% de la población no quiere a la Southern”, dice.

Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los directivos de Southern es que la construcción del tajo abierto empleará, al menos, a 3 mil trabajadores que podrían obtener una ganancia de 100 soles (33.3 dólares) diarios, contra los 30 soles (10 dólares) que obtiene un peón del campo.

“No se trata sólo de dinero”, alega Valdivia: “Por dinero no vas a convencer al agricultor para que acepte el ingreso de una minera que va a matar sus cultivos”.

Chantaje

Probablemente el fortalecimiento de la protesta contra Tía María –y la posibilidad de perder una inversión de mil 500 millones de dólares– motivó a los directivos de Southern Copper Corporation a protagonizar un episodio que aún no se esclarece.

El pasado 27 de marzo, a las 10 de la mañana –mientras en Islay se registraban escaramuzas entre policías y pobladores que bloqueaban la estratégica carretera Panamericana Sur– en Lima, el gerente de Relaciones Institucionales de la Southern, Julio Morriberón Rosas, soltó una declaración explosiva: la compañía abandonaba Tía María.

Con un papel en la mano, Morriberón leyó lo que parecía ser un comunicado de la compañía. Southern dejaba Tía María, explicó, porque el gobierno del presidente Ollanta Humala no pudo resolver el conflicto social y porque “terroristas antimineros” dirigían las manifestaciones.

“Nos es imposible seguir adelante”, leyó el funcionario de la SCC en Radioprogramas del Perú, una radioemisora nacional de mucha influencia: “Después de evaluar la total politización en el Valle (del Tambo) y la falta de decisión de las autoridades competentes, estoy aquí para anunciar la cancelación del proyecto Tía María y el retiro total de nuestra inversión en la región Arequipa”.

En seguida, Morriberón atacó al gobierno: “Esta cancelación se da por dos razones: primera, la arremetida total de un nuevo terrorismo antiminero llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. Y, segunda, la parálisis del Estado en su rol de promotor de la inversión”.

Los periodistas que escucharon el bombazo noticioso estaban tan sorprendidos por la declaración que le preguntaron al empresario si ésa era la opinión de las máximas autoridades de la compañía, en alusión directa al presidente ejecutivo, González Rocha. “Bueno, a partir de lo que he conversado con la alta dirección de la empresa, es la (opinión) que se va a oficializar ante los órganos pertinentes”, dijo.

Así, el ejecutivo difundió la resolución de su consorcio justo cuando el gobierno de Humala buscaba entenderse con los inconformes –lo que implicó trasladar a la zona de conflicto a los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, e Interior, así como promover la intervención del alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pocas horas después, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, declaró que había conversado con Óscar González Rocha, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos: “Llamé al señor González y le manifesté mi extrañeza por lo dicho por el señor Morriberón, y él también se extrañó, igual que yo. Me pidió las disculpas del caso y me ofreció hacer las rectificaciones correspondientes en las próximas horas”.

Y efectivamente, en torno a las tres de la tarde, Southern publicó un comunicado en el que negó la cancelación de Tía María y precisó que lo expresado por Morriberón “no recoge la voluntad de la compañía”.

En el medio minero es conocido que González Rocha maneja la SCC con firmeza, por lo que resultaba incongruente que un funcionario de la categoría de Morriberón comunicase un acuerdo de tal calado en nombre de la firma. Sin embargo, Morriberón continúa en su puesto, y eso desató las especulaciones en el mundillo empresarial.

Esta revista pidió a González responder preguntas sobre el incidente y sobre el futuro del desarrollo, pero éste prefirió no hacer comentarios.

Para Julio Rojas Julca, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de buscar una salida a las tensiones por Tía María, el amago de cancelación fue inoportuno y contraproducente.

“Un anuncio de ese calibre no lo hace un funcionario cualquiera sin autorización del presidente ejecutivo de la compañía. Creemos que intentaron buscar una forma de presión, pero se dieron cuenta de que se les pasó la mano y rectificaron. Lo cierto es que el anuncio reactivó a los grupos sociales opuestos a Tía María que habían cesado sus protestas y aceptado participar en una Mesa por el Desarrollo, promovida por el gobierno, para resolver sus reclamos. Hemos tenido que comenzar todo de nuevo”, explica en entrevista.

Guión trágico

Rojas Julca se dice particularmente mortificado por la expresión que Morriberón utilizó para referirse a los pobladores que rechazan la explotación de cobre: “terroristas antimineros”. Según el Código Penal peruano, el delito de terrorismo es penado, en función del grado de participación, con un mínimo de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua.

“No se puede tildar de ‘terroristas antimineros’ a personas que legítimamente se oponen a la extracción minera, como los agricultores, quienes temen que sus cultivos resulten afectados por el tajo abierto. Expresiones de ese tipo de ninguna manera contribuyen a resolver el conflicto”, apunta.

Cuando el funcionario de la Southern habló de la “inacción del gobierno” de Humala, repitió un guión empleado por la empresa durante la segunda administración de Alan García.

En 2009, en el distrito de Cocachacra, los pobladores participaron en una consulta sobre la presencia de Southern, en la que 93.4% votó contra el plan. Sin embargo, la compañía consideró que el resultado no era vinculante.

El gobierno de García –caracterizado por flexibilizar las leyes para promover la inversión extranjera, en particular en el ámbito minero, y por reprimir la protesta de los manifestantes– decidió apoyar a Southern no obstante que era notoria la oposición de los agricultores, quienes advertían de la contaminación del agua y de la destrucción de sus cultivos.

El empeño del régimen tuvo un resultado trágico. El 4 de abril de 2011, Andrés Taipe (22 años), y el 7 de abril siguiente, Aurelio Huarcapoma (50 años) y Néstor Cerezo (31 años) fallecieron por balazos que recibieron cuando participaban en manifestaciones contra Tía María, en Islay.

El 8 de abril de aquel año –al día siguiente de la muerte de los dos últimos hombres– el gobierno de García rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Southern había presentado, porque no cumplía con los estándares requeridos.

No importó. Bajo la férrea conducción de González Rocha, SCC insistió. El 18 de septiembre de 2013, durante un foro de empresarios mineros, González informó que Grupo México tenía prevista una inversión de 3 mil 600 millones de dólares. De esa cantidad, 38.8% correspondía a Tía María y lo demás se repartía entre sus minas Cuajone y Toquepala y la refinería de Ilo.

El 4 de agosto de 2014, el presidente ejecutivo de Southern recibió la buena noticia de que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el EIA de Tía María. En lugar de usar el agua de la zona, la minera debería instalar un centro de desalinización de agua de mar y dirigirla al área de extracción del cobre durante 18 años.

El anuncio no cambió la opinión de los alcaldes, agricultores y pobladores de Islay. El exsacerdote Marco Arana Zegarra –líder de la organización de izquierda Tierra y Libertad, y señalado por el gobierno de Humala, los gremios de empresarios mineros y por la SCC como “extremista antiminero”– cuestionó que el Ejecutivo diera luz verde al EIA.

“Southern tiene una larga trayectoria de violaciones medioambientales y ha sido sancionada en varias ocasiones por el Estado peruano. En estos momentos su presidente ejecutivo enfrenta un juicio por contaminación. El gobierno le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, pero eso no representa una licencia social. El pueblo no quiere el proyecto Tía María porque conoce de la trayectoria de Southern. Con o sin EIA, la población rechaza a la compañía minera por sus prácticas contaminantes”, explica a este semanario.

SCC manifestó que no deseaba hacer comentarios al respecto.

Violaciones ambientales

De acuerdo con la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre 2012 y 2014 Southern recibió 10 sanciones firmes por violaciones ecológicas, como no haber impedido la contaminación de restos de concentrado de cobre sobre suelo natural, no haber acatado las recomendaciones de supervisión y gestión ambiental y haber sobrepasado los límites respecto de la disposición de residuos sólidos, entre otras.

Por este tipo de daños González Rocha enfrenta a la justicia. El 15 de enero de este año, la fiscal especializada en Materia Ambiental Ángela Marroquín, basándose en un estudio técnico gubernamental, acusó a Southern de que su refinería de cobre instalada en Ilo (en la región sureña de Moquegua) contaminaba el aire y vertía arsénico al Océano Pacífico, por lo que pidió dos años de cárcel para González.

El juez de la provincia de Ilo, Erly Alejo Cruz, fijó el 3 de febrero como fecha de inicio del proceso, pero el día de la audiencia, la defensa del mexicano comunicó que un juez constitucional de Lima, Ricardo Chang, había emitido pocos días antes, el 27 de enero, medidas cautelares para postergar el juicio. Así que no se ventiló el caso. Lo que busca la minera, asientan sus detractores, es que prescriba el delito atribuido a su presidente.

“Southern es una empresa acostumbrada a este tipo de maniobras para que jueces, fiscales y distintas autoridades, como la Policía Nacional, no la toquen y se coloquen de su lado. Goza de una impresionante impunidad derivada del uso del poder y del dinero. Es eso lo que rechazan los pueblos y las autoridades de Islay. Y a nosotros nos acusan de terroristas antimineros”, abunda Arana.

El miércoles 8, el presidente Humala apoyó abiertamente a la compañía y fustigó a los manifestantes: “(Southern) hizo las cosas bien, y así es como se deben hacer. Nosotros estamos tendiendo los canales de diálogo, esperemos que esto se solucione pronto”.

Y dirigiéndose a organizaciones como el Frente de Defensa del Valle del Tambo y la Junta de Usuarios de Agua del Tambo, que encabezan las protestas, señaló: “No se puede permitir que amedrenten a autoridades y a la gente que no piensa igual que ellos”.


Al cierre de esta edición (jueves 9) corría la versión de que Humala viajaría a Islay para reunirse con los alcaldes inconformes de Islay. El edil del distrito de Cocachacra, Helard Valdivia, adelanta: “Humala no tiene que convencer a los alcaldes. A quienes tiene que convencer es a los pobladores. Y no creo que lo consiga”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁNGEL PÉREZ.

Tribunal Electoral del DF pide investigar a Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz pretende contender por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional, pero podría ser investigada por haber anticipado actos de campaña.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) pidió al IEDF inicie un procedimiento de investigación para integrar un expediente y determinar si Xóchitl Gálvez Ruiz realizó actos anticipados de campaña.

Al resolver en torno al juicio promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra Gálvez Ruiz y el PAN por el acuerdo de la Comisión de Asociaciones Políticas del órgano electoral capitalino en el que ésta desechó la queja interpuesta por el propio PRI, el TEDF decidió devolver el caso.

Lo anterior para que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) inicie un procedimiento de investigación e integrar un expediente sobre el asunto.

A partir de dicha documentación, se deberá determinar si Xóchitl Gálvez, quien pretende contender por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo como abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) en las próximas elecciones, realizó actos anticipados de campaña.

Por otro lado, el IEDF confirmó la elección de Beatriz Garza Monroy como candidata para la delegación Magdalena Contreras, postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que la impugnación presentada en su contra resultó infundada.

En el juicio promovido contra el nombramiento de Laura Ivonne Zapata Martínez como presidenta en funciones de la Comisión de Justicia del PRI, se declaró infundado, ya que el TEDF observó que Zapata Martínez sí cumplió con los requisitos solicitados para dicho cargo.

El juicio contra la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, para impugnar la designación de Higinio Chávez García como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa, por el 40 Distrito Electoral local, se declaró infundado, por lo que la candidatura fue confirmada.

Respecto al juicio promovido contra la designación de Leticia Quezada Contreras como candidata del PRD a diputada a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional del TEPJF, el pleno resolvió confirmar su designación como candidata propietaria.


En cuanto a la sentencia dictada por la Sala Regional del TEPJF, en la que determinó revocar la sentencia del TEDF relativa a la multa que éste había impuesto a Miguel Ángel Salazar, candidato del PRI en Cuajimalpa, el TEDF, en acatamiento a dicha ejecutoria, redujo la multa a 20 mil 187 pesos, que deberán ser pagados en un plazo de 15 días.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

Sin cambios, alista Senado aprobación de ley anticorrupción

MÉXICO, D.F: El coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, así como los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, y de Anticorrupción, Pablo Escobar, coincidieron en que la Cámara alta aprobará este jueves en comisiones, sin cambios, la minuta de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Encinas admitió que sólo dos temas no estarán incluidos en la reforma: “El asunto del fuero presidencial y la obligación de no hacer pública la declaración patrimonial y de interés”.

A su vez, Escobar indicó que legisladores de PAN y PRD querían hacer cambios a la minuta, pero decidieron no hacerlo después de que distintos especialistas urgieron al Senado a aprobar “en sus términos” esta minuta proveniente de San Lázaro.

Entre los promotores de esta nueva ley están el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien instó al Senado a aprobar la minuta y así tener estos cambios que “darán frutos en dos años”.

“Va a salir anticorrupción el próximo jueves, en primera lectura, y el martes (21 de abril) lo estaremos aprobando en el pleno”, afirmó Gamboa Patrón en declaraciones en rueda de prensa.


El coordinador priista indicó que habrá “una sesión larga” en comisiones, “pero la gran mayoría de las senadoras y senadores de todos los partidos quieren que salga tal y como vino de la Cámara de Diputados”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

The Guardian evidencia “epidemia” de feminicidios en el Estado de México

MÉXICO, D.F: El periódico inglés The Guardian publicó un reportaje en el que evidencia “la epidemia” de feminicidios en el Estado de México y la omisión de las autoridades gubernamentales para resolver los casos.

Entre 2011 y 2012, un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios. De ese total, recuerda el diario inglés, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.

“Muchos de sus cuerpos mutilados fueron dejados exhibido en lugares públicos, como carreteras, parques y centros comerciales – un acto que criminólogos y académicas feministas dicen que está asociado a los crímenes de odio de género”, cita el periódico.

The Guardian recuerda que, entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.

En contraste, compara el periódico inglés, el Estado de México ha sido impulsado como motor de la modernización del país, asentamiento de zonas industriales.

Sólo un 5 por ciento de los casos de feminicidio son resueltos con éxito por las autoridades, mientras que el resto permanece impune.

“Todavía no hay una base de datos nacional de ADN en México, por lo que miles de cuerpos no identificados están enterrados en fosas comunes”, cita el diario.


El periódico recalca que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila no quiso ofrecer una explicación oficial sobre la crisis de feminicidios que sufre la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

COMUNICADO | Recorre Europa brigada de Ayotzinapa (México) por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos

Recorre Europa brigada de Ayotzinapa (México) por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos

– Informan que la exigencia de presentación con vida se mantiene pese a insistencia del Estado mexicano de dar por concluida la búsqueda y la investigación.

– Llaman a la comunidad Europea a mantener observación internacional frente a actos de represión contra el movimiento social que exige la presentación con vida de los normalistas.

– Solicitan apoyo para construir garantías reales de no repetición, de respeto y acceso pleno a sus derechos humanos.

La Otra Europa, a 16 de abril de 2015.- Una comisión de la Normal de Ayotzinapa (México) recorrerá Europa entre el 16 de abril y el 19 de mayo para informar a la comunidad europea sobre la continuidad de la lucha de padres y madres de familia por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, a pesar de que el Estado mexicano ha insistido en que los estudiantes normalistas fueron calcinados sin tener evidencias que lo comprueben.

La brigada conformada por un padre de familia, un estudiante y un defensor de derechos humanos recorrerá trece países del continente europeo para sostener reuniones con comunidades estudiantiles, colectivos, organizaciones sociales y sindicalistas a las que llamarán a mantener la observación internacional sobre México frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en ese país, y para exigir que se detengan los actos de represión cometidos por el gobierno mexicano contra los estudiantes, padres y madres de familia de los 43 normalistas, y el movimiento social que exige la presentación con vida de los desparecidos.

Con marchas, mítines frente a embajadas y consulados mexicanos, ponencias en universidades y encuentros con las comunidades organizadas, la brigada de Ayotzinapa compartirá lo que ha significado siete meses de lucha y organización frente a la desaparición forzada de los 43 estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

Entre los objetivos de la brigada a Europa está respaldar la exigencia de los padres y madres de familia de que se habrán líneas de investigación sobre la responsabilidad del ejercito mexicano y la policía federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como resaltar la responsabilidad internacional de los gobiernos europeos en las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes normalistas, ya que han firmado convenios de colaboración con México en materia de seguridad y comercio, lo que ha implicado la venta de armas y capacitación a la policía y el ejercito mexicano, a pesar de que en México se siguen violentando los derechos humanos.

Así mismo, la brigada pedirá apoyo a la sociedad civil europea para fortalecer el proceso organizativo de la normal de Ayotzinapa y lograr construir garantías reales de no repetición, una de las demandas centrales después de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, justicia para los estudiantes asesinados y reparación para los heridos. “Buscamos garantías reales de no repetición, y estás las tenemos que construir entre nosotros mismos, con los pueblos y comunidades, junto a las organizaciones sociales y colectivos; estas garantías no se las podemos a pedir a las mismas instituciones gubernamentales de donde provienen las violaciones de derechos humanos”, aseguró Omar García, integrante del Comité estudiantil de Ayotzinapa, previo al inicio del recorrido.


En ese mismo sentido comentó, “en esta ocasión nuestros interlocutores en Europa son las organizaciones sociales y de derechos humanos, los colectivos, los medios libres o como se llamen, la sociedad civil organizada, venimos a darles las gracias por todo su apoyo, y a insistir en que es necesario que como comunidades y sociedades de abajo, nos sigamos organizando para transformar de una vez por todos este sistema de poder y corrupción construido sobre el despojo, el desprecio, la explotación y la represión contra nuestros pueblos, tenemos que hacerlo juntxs, desde nuestros lugares de origen, coordinados y organizados, porque así como los poderosos han globalizado el despojo, nosotros tenemos el deber sagrado de globalizar la resistencia, la digna rabia y la alegre rebeldía.”

FUENTE: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS TLACHINOLLAN.

Exige Morena sanción al Verde por rebasar topes de precampaña

MÉXICO, D.F: El representante del partido Morena ante el INE, Horacio Duarte, reclamó al Consejo General que la Comisión de Fiscalización no incluyera, en el dictamen sancionador de la sesión extraordinaria de este miércoles, las múltiples irregularidades cometidas  por el PVEM en todo el periodo previo a las precampañas y durante éstas.

“Es claro, y ya lo definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Verde violentó la equidad de la contienda electoral introduciendo la ilegalidad en la propaganda usada desde el año pasado para posicionarse”, fustigó Duarte.

“Nos parece que lo correcto es que todo el gasto que se utilizó durante la precampaña por el Partido Verde, en toda su propaganda ilegal, debió haber sido considerado en este informe, y eso nos debiera llevar al tema de que el Partido Verde rebasó por cualquier forma, en cualquier forma de cuantificación, los topes de precampaña y, evidentemente lo que debió haber sucedo es que ni siquiera debieron haber tenido registro los candidatos del Verde”, sentenció.

El PVEM, abundó Duarte, “ha envenenado el proceso electoral” en materia de comunicación política y recursos, y por lo tanto en informes de precampaña, pero en este análisis el representante de Morena consideró que hay una gran omisión por la autoridad electoral.

“Lo correcto es que toda la campaña ilegal, que ha sido demostrada, que es ilegal absolutamente en los últimos meses por el Partido Verde, debiera estar cuantificada en estos informes, en este dictamen consolidado, y por lo tanto el Partido Verde debiera sufrir una sanción que, desde nuestro punto de vista, hubiera llevado a no registrar a los candidatos de ese partido”, alertó.

Luego se dijo sorprendido por el debate que suscitó una multa a candidatos independientes y para diputados federales en cuatro entidades.

Al respecto, el consejero Arturo Sánchez señaló que el hecho de que el Verde se haya promovido en temporada que no era electoral, significa la realización de una campaña genérica que independientemente de las sanciones reportadas, deberá el INE presentar el informe correspondiente.

“Seguramente en los gastos ordinarios del partido y demás, se investigará el origen y destino de los recursos invertidos y, en consecuencia, si están justificados dentro de los límites de ley y demás, estarán siguiendo el mismo procedimiento que debe seguir, si hay alguna falta, pues se sancionará con esa falta, pero es importante distinguir el tipo de propaganda que se está buscando seguir en este tipo de informe, que es los gastos exclusivos de precandidatos para buscar las candidaturas”, acotó.

Destacó que el caso del Verde no es el único no registrado en este dictamen, porque otros partidos decidieron en sus estatutos otros métodos de selección de candidatos. Se refirió a la cancelación de registros de tres precandidatos del Partido Humanista por no presentar sus informes de gastos de campaña, actuación que el INE reiterará durante las siete sesiones destinadas a revisar los informes de los precandidatos.

Al respecto, el representante del Humanista ante el INE, Alberto Marcos Carrillo Armenta, calificó como excesiva la sanción de cancelar el registro a tres candidatos a diputados federales.

En el reporte se mencionó que para las precampañas de los 300 distritos para elegir a 500 candidatos a diputados por la vía de mayoría relativa y plurinominal se erogaron 148 mil 701 pesos. Dijo que entregaron todos los informes a tiempo, menos esos tres, y apeló a la sensibilidad de los consejeros, pero ello no le funcionó.

En respuesta, el consejero presidente Lorenzo Córdova rechazó que estén siendo omisos respecto al Verde; dijo que falta evaluar la legalidad de su comportamiento determinada por parte de la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización.

“El punto es que en este informe no se está considerando que forma parte de gastos de precampaña, lo que no obvia que estos gastos no tendrían la licitud, en su caso tendrá que determinarse en el contexto jurídico que corresponde, ya sea en los informes ordinarios, ya sea en los procedimientos de queja que se están desahogando por la Unidad Técnica de Fiscalización”, atajó.

La denuncia de Duarte irritó al representante del Partido Verde, Jorge Herrera Martínez, quien arremetió contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Sorprende que como siempre los que forman el séquito del Pejelagarto vengan aquí a hablar de la paja en el ojo ajeno y no de la viga en el propio, porque bueno ya es público y notorio que Andrés López, perdedor dos veces de la elección presidencial, anda en precampaña diciendo que va a ser el candidato a la Presidencia en el 2018”, atizó.

Y comenzaron los dimes y diretes. Herrera buscó justificar, respecto de su propaganda política: “Sin duda, como siempre, la intención de mi partido es tener una estrategia política y tener qué ofrecer a la gente, no falacias de que el 100 por ciento de aspirantes a la UNAM van a entrar, pues yo no sé en dónde, porque ni físicamente caben.

“Las propuestas de mi partido hoy están sub judice muchas de ellas y bueno, veremos qué se resuelve tanto por la Unidad de Fiscalización como por la instancia jurisdiccional; pero, bueno, nosotros hicimos un proceso interno apegado a la ley, a nuestros estatutos y hoy no tenemos ninguna multa porque no engañamos; no tuvimos, obviamente, las tómbolas pejelagartianas, esos métodos no los usamos nosotros pero hoy no estamos multados”, criticó.

En respuesta, Duarte dijo que no se referiría “al odio y rencor” que le tiene Herrera a López Obrador, aunque “esa campaña de decirle señor López como insulto ya pasó de moda”. No les molesta, añadió, “lo del Peje”, porque es al Verde a quien le molesta la talla moral de Andrés Manuel.

El representante del PRI, José Carlos Ramírez Marín, consideró que por los cambios en los criterios para sancionar, su partido será el que no tenga multas en este proceso electoral.

“Hay cosas raras en la campaña. Algunos mencionan al Verde, pero hay un candidato que ya es candidato. Así se ha autonombrado, que lleva más de 250 mil spots, arrogándose todo el derecho de ser el único que sale 250 mil veces en la televisión”, indicó refiriéndose a López Obrador.

Pablo Gómez, representante del PRD, entro al quite y afirmó que los spots del Verde eran parte de una campaña electoral anticipada, lo toda ella ilegal.

“El problema es que el Verde hizo cerca de 400 mil spots ilegales. Creo que los de López Obrador pueden ser malos y feos, según lo que se quiera, pero son legales”, argumentó.

Luego recriminó que el Verde ha acumulado 187 millones de pesos en multas, más lo que se acumule.

“No, no hizo precampaña porque tampoco es un partido político. Es el fraude más grande que ha habido en esta materia en un sistema de partidos en el país, en la historia, y es el fraude de todos los que se ostentan como partidos ecologistas en el mundo y el único partido que lleva ese nombre y que es repudiado por la totalidad de todos los partidos ecologistas en el mundo, de todas las tendencias. Ninguno tiene relación con esa rémora”, acusó.

Enseguida, Duarte criticó a Ramírez Marín por manejar un discurso “anti-López Obrador, porque les molesta su presencia, igual que al Verde y al presidente nacional del PRD”. Y enfiló su argumentación en ele sentido de que Morena es la oposición del régimen de corrupción que representa Enrique Peña Nieto y por eso lo atacan.


Poco después Herrera, del PVEM, pidió la palabra para denostar al “decrépito y en extinción partido PRD, yo creo que…”, y en ese instante fue interrumpido por el consejero Córdova, quien pidió a los oradores se ciñeran al orden del día.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Reprobados

Según estudio del Banco Mundial, la educación en México va en retroceso, las causas: su esquema de descentralización y las limitadas habilidades de los directores de los planteles.

En México los estándares de calidad de la educación están en retroceso y el principal freno es su incipiente esquema de descentralización que se agudiza aún más por las pocas habilidades de liderazgo de los directores de escuela.

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (BM) los bajos resultados del Programa Escuelas de Calidad, que está vigente en el país desde 2001, se están revirtiendo.

Al presentar un informe preliminar de la Gestión Escolar en México, el BM estableció que el promedio de calificación que se alcanza es de 2.3 -en una escala del 1 al 5- por debajo de países como Costa Rica o naciones europeas.

En su informe, el BM indicó que la problemática en México radica en que los directores de escuela no han sido capacitados para fijar metas de rendimiento educativo, planeación y motivación para el personal docente a su cargo.


Ante ello, el representante del BM informó que esta institución y la SEP iniciarán un esquema de evaluación de la gestión escolar a partir del mes de agosto en una prueba piloto que se aplicará en cinco entidades de la república mexicana.

FUETNE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Piden ONG abatir la impunidad para fortalecer el estado de derecho

Las ONG exigieron que el Estado mexicano implemente las recomendaciones estructurales del grupo de expertos designado por la CIDH para el caso Ayotzinapa.

México, DF. El fortalecimiento del estado de derecho sólo será posible abatiendo la impunidad, que permite y fomenta la actual crisis de graves violaciones a derechos humanos, advirtieron organizaciones civiles durante el encuentro previo al Diálogo de Alto Nivel Sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y el gobierno de México.

"Es por ello que urgimos a las autoridades a garantizar la adecuada tipificación de las graves violaciones a derechos humanos, y la realización de investigaciones efectivas que desemboquen en la sanción penal y administrativa de las personas responsables", advirtieron en la sesión matutina de este jueves en el ex Convento de la Santa Cruz, en Tlatelolco. Reunidos con el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo y Director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, las ONG señalaron que estarán atentas "a que en el próximo diálogo se compartan los avances de esta recomendación mediante indicadores medibles y verificables".

Exigieron que el Estado mexicano "implemente plenamente las recomendaciones estructurales que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, para poner fin a las desapariciones forzadas". Y recomendaron al gobierno mexicano "crear, en el transcurso de 2015, un mecanismo transnacional de búsqueda inmediata y con vida de personas desaparecidas, en consulta con familiares de personas desaparecidas y sus representantes. Este y otros mecanismos para prevenir, investigar y erradicar graves violaciones a derechos humanos en México deben replicar la buena práctica ejemplificada por el GIEI, incorporando la participación permanente de expertos y expertas independientes en los temas relevantes".

Pidieron también a la Unión Europea "apoyar la creación de este tipo de mecanismos y seguir y fortalecer sus acciones en apoyo a personas defensoras de derechos humanos quienes luchan en contra de las graves violaciones a derechos humanos".

Asimismo, recomendaron que los Estados de la UE y México implementen integralmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que la UE "incluya como un punto central en su nuevo Plan de Acción sobre los Derechos Humanos y Democracia 2015-2020 puntos concretos en torno a la lucha contra la impunidad por los crímenes contemplados en el Derecho Internacional, y que los gobiernos de ambas regiones den prioridad a esta lucha teniendo como eje el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación", entre otros.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: CIRO PÉREZ SILVA.

Aprobaciones al vapor

En la recta final del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión discutirá los temas más polémicos que estuvieron en su mesa durante los últimos meses, mientras que en otros continúa el jaloneo.

Este jueves, el Senado de la República aprobará la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; en tanto que la Cámara de Diputados dará el visto bueno a la nueva Ley General de Transparencia.

Las dos aprobaciones son altamente rentables para los partidos en medio de las campañas electorales que se desarrollan en estas semanas.

Ambas aprobaciones fueron condicionadas por su contraparte, por lo que ambas se realizarán de forma paralela.

Sin embargo, los congresistas aún no logran un acuerdo sobre la iniciativa sobre seguridad y justicia que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, y que en ese entonces era considerada la prioridad para este periodo de sesiones.

Al no lograr el apoyo de todas las fuerzas políticas, los parlamentarios trabajan en una serie de modificaciones para cambiar el sentido inicial de la iniciativa y lograr aprobar al menos una parte antes de que concluya el periodo de sesiones, este 30 de abril.

Transparencia y Anticorrupción, al pleno

Aunque en un principio la oposición intentó modificar algunos aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción, al final los legisladores decidieron aprobarlo en los términos que envió la Cámara de Diputados para no poner en peligro su votación.

Los senadores tanto del PAN como del PRD intentaron modificar la minuta para incluir aspectos como que el presidente de la República quede incluido en el Sistema.

Los coordinadores parlamentarios decidieron no modificar la minuta y, ahora, estos cambios deberán ser tratados por separado o, al menos, plasmar la intención de los legisladores en la argumentación de la minuta.

Armando Ríos Piter, senador del PRD, ha sido uno de los principales críticos del Sistema Anticorrupción y fue él quien presentó una iniciativa para eliminar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República.

“Decidí no calificarlo como Sistema Nacional Anticorrupción, porque después de sendos análisis y después de escuchar varias posiciones, estoy convencido de que no es un Sistema Nacional Anticorrupción. Es un sistema que busca una mejor coordinación de las instituciones que buscan luchar contra la corrupción. 

“Me preocupa mucho, además de todo, que el sistema salga en un momento político, donde todos los partidos, incluyendo el mío –o si quieren empiezo por el mío- van a decir: ya estamos resolviendo el tema, ya hay un sistema nacional y entonces la espotización del asunto va a estar al orden del día”, criticó Ríos Piter.

Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados con la Ley General de Transparencia.

Los coordinadores parlamentarios de la Cámara baja decidieron no hacer modificaciones a la minuta enviada por el Senado para garantizar que el voto se llevará a cabo en el pleno.

Con esta nueva Ley, la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad u órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán hacerla pública.

Lo mismo ocurre con los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

Los partidos de oposición criticaron que, en el caso del Congreso de la Unión, la rendición de cuentas llegue hasta la siguiente Legislatura, pues en la ley se estableció un periodo de seis meses para su entrada en vigor.

Cambios a la iniciativa ‘urgente’ del Ejecutivo

Cuando fue enviada al Senado, la iniciativa en materia de seguridad y justicia que envió el presidente Enrique Peña Nieto fue clasificada como una prioridad para el periodo de sesiones que casi concluye.

Los coordinadores parlamentarios del PRI en ambas Cámaras recibieron la instrucción de utilizar sus mejores técnicas de negociación para cabildear el asunto con las otras fuerzas políticas.

La propuesta de crear un mando único policial no cayó muy bien a los partidos de oposición; mucho menos la idea de intervenir los municipios en los que se tuviera una sospecha de infiltración del crimen organizado.

El PRI tuvo que ceder y ahora busca modificar la iniciativa presidencial para matizar la forma en que ambos mecanismos pueden ser aprobados, aunque sea en parte.

En el caso de la desaparición de las corporaciones municipales de policía, propuesta del Presidente, los senadores plantean que pueda mantenerse una “policía de proximidad”.

Este cuerpo policiaco sería el encargado de las labores cercanas a los ciudadanos: apoyar en disputas vecinales, tareas de tránsito u otras donde la presencia de una policía estatal, que usa armas de grueso calibre, sería desproporcionada.

El acuerdo indica que se aprobará la realización de análisis por municipio y se determine así el tipo de policía que es necesaria para su funcionamiento; además de evaluar a las corporaciones.

El PRI impulsa que la decisión de intervenir un municipio no recaiga únicamente en el Senado o el Ejecutivo, sino que se involucre a los congresos estatales en la decisión de remover a las autoridades municipales.

“Con esto damos por terminado el argumento de que se violenta el federalismo; al involucrar a los congresos locales se garantiza el respeto a cada una de las entidades”, comentó Omar Fayad, senador del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública.


La propuesta presidencial deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Órganos electorales no garantizan comicios limpios: AMLO

MÉXICO, D.F: El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) garantizan que las elecciones del próximo 7 de junio sean “limpias” y mucho menos en el Estado de México donde el organismo electoral está en manos del gobernador Eruviel Ávila.

En entrevista por los municipios mexiquenses de Ecatepec y Naucalpan, indicó que la estrategia de Morena es denunciar a quienes compran votos porque las autoridades electorales “se hacen de la vista gorda”, debido a que están al servicio “de la mafia en el poder”.

En un evento proselitista en Santa Clara, el tabasqueño consideró que la forma como se puede frenar la compra de votos en la entidad es denunciar el lucro con la pobreza y orientar a la ciudadanía a no vender su libertad ni su dignidad.

“Hay que decirle a la gente que los quieren comprar, que no lo permitan, que vender el voto es vender la libertad, la dignidad, es vender el futuro de los hijos. (Hay que decirles) que hay que agarrar lo que les den y que el voto es libre y secreto y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que no vendan su voto porque si no va seguir la misma corrupción, va a seguir el mismo empobrecimiento de la gente”, expresó.

Luego recordó a quienes han gobernado tierra mexiquense, en los años recientes: Emilio Chuayffet, Arturo Montiel, Enrique Peña, Alfredo del Mazo, Eruviel Ávila, quienes integran, “la banda de delincuentes más temible del Estado de México”.

En ese grupo también incluyó a l presidente municipal de Ecatepec, Pablo Bedolla López.

En la conferencia colectiva, en Naucalpan, López Obrador, mencionó que Morena quiere llevar a cabo la cuarta transformación del país, por la vía pacífica, sin violencia, y confió en que se puede hacer con la decisión de  terminar con la corrupción que impera en México.

En el evento estuvieron los cinco candidatos a diputados federales en Ecatepec por Morena.

López Obrador dijo que “Morena no es un partido palero, no está al servicio de la mafia del poder. Hay muchos partidos, hay 10 y la verdad sólo hay dos el PRI-AN y sus partidos satélites y Morena nada más, la única oposición que hay a este régimen corrupto es Morena”, subrayó.


Este jueves 16,  López Obrador estará en Teotihuacán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, municipios del Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Jornaleros de Baja California piden ayuda a diputados

MÉXICO, D.F: Un grupo de 13 jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, se reunió este miércoles con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para hacerle diversas peticiones, entre ellas mejores salarios para el sector y el cumplimiento de prestaciones de ley.

Los jornaleros solicitaron la intervención de los legisladores para establecer una mesa de negociación en la que participen productores, trabajadores y autoridades del gobierno federal y estatal, con el fin de resolver la problemática que generó un paro de labores en aquella región desde el pasado 17 de marzo.

Los representantes de los 90 mil jornaleros subrayaron que entre sus demandas principales resalta la solicitud de un salario justo de 200 pesos diarios.

Justino Herrera Martínez, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJS), comentó que hay un rancho, “Los Molinos”, que sí ha demostrado que se puede pagar ese monto a cada uno de los trabajadores, y agregó que ese es un ejemplo que deberían seguir otros productores.

Además pidió el apoyo de los diputados para evitar que se sigan violando los derechos laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín, y demandó la mediación de la Jucopo para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se evite el cumplimiento de las órdenes de aprehensión que hay en contra de los líderes de los jornaleros del Valle de San Quintín, promovidas por el gobierno estatal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que autoridades del gobierno federal viajarán el próximo viernes 24 a Baja California, para buscar una solución a las demandas laborales de los jornaleros agrícolas.

A la reunión de la Jucopo con los jornaleros agrícolas asistieron, además de Beltrones Rivera, los diputados Miguel Alonso Raya y Abraham Correa Acevedo, del PRD; así como Manuel Añorve Baños y Ricardo Medina Fierro, del PRI.

El también coordinador del PRI les expresó el interés de la Cámara de Diputados de coadyuvar en la búsqueda de la solución a los diversos planteamientos.

Dijo que la respuesta del gobierno fue inmediata y que fue enterado de que el próximo viernes 24  el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, se trasladará a Baja California para que, con la participación de las autoridades locales, se busque y se dé una solución conjunta a la problemática que enfrentan los jornaleros del Valle de San Quintín.

Precisó que se solicitó al gobierno federal que a esa reunión también asistieran funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual permitiría dar una atención y respuesta integral.

Por su parte, Beltrones Rivera hizo un amplio reconocimiento al liderazgo que encabezan los representantes de los jornaleros, así como a las demandas de su movimiento.

“Por ello, el Congreso de la Unión ha atendido sus planteamientos y ha urgido al gobierno para que disponga lo necesario para escucharlos de viva voz en su lugar de origen”, añadió.

En rueda de prensa, acompañados por el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, los voceros oficiales de la AONEMJS, Justino Herrera Martínez, Bonifacio Martínez Cruz, Fidel Sánchez Gabriel y Joel Hernández explicaron su presencia en esta ciudad.

Dijeron que no regresarán al Valle de San Quintín sin respuestas favorables para sus compañeros agrícolas que exigen mejores salarios y prestaciones de ley para dar bienestar a sus familias mediante una buena alimentación y escuelas para sus hijos.

Sánchez Gabriel explicó que la propuesta inicial para el pago de la jornada de ocho horas fue de 300 pesos, más el pago de las cajas que pizcarán de fresa, moras y jitomate, pero la bajaron a 200 pesos por jornada de trabajo de ocho horas y prestaciones de seguridad social.

“Nosotros en la mesa de diálogo que inició el 18 de marzo, que duró más de ocho días, con la voluntad de trabajar y de continuar con el diálogo pacífico de los 300 pesos, dejamos como última propuesta 200 pesos sobre la mesa del diálogo para que lo considerara el Consejo Agrícola de Baja California.

“Nosotros hasta ahí es la última propuesta que pusimos sobre la mesa y queremos, pensamos y confiamos en que sí van a llegar esos 200 pesos a la mano de cada uno de los jornaleros agrícolas que trabajamos en el Valle de San Quintín, Baja California”, señaló.

El perredista Miguel Alonso Raya indicó que lo único que piden los trabajadores agrícolas es que se respete y se aplique la ley, y que se les pague un salario más o menos digno que les alcance para cubrir por lo menos una parte de la canasta básica.


“Pedir 200 pesos por ocho horas de trabajo, por una jornada completa en el día, están planteando un salario que desde mi punto de vista no es justo”. Sin embargo, dijo, “para ellos es un paso para poder ir recuperando e ir logrando poco a poco un salario que les permita comprar parte de lo básico y eso les permita comer mejor y que sus hijos vayan a la escuela”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionarios en la opacidad

Senadores, diputados y candidatos han minimizado el proyecto ‘Legislador Transparente’ que busca reconstruir la confianza ciudadana en los funcionarios públicos.

En México, hay 620 legisladores que abiertamente consideran poco importante el asunto de la transparencia.

Al menos así lo demuestra el poco interés que han mostrado en participar en la plataforma “Legislador Transparente”, creada en febrero de este año.

Tan solo 8 funcionarios -4 senadores y 4 diputados- han hecho pública su declaración patrimonial, comprobantes fiscales y un nuevo formato de declaración de intereses.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que es inaceptable el desaire que los funcionarios en el Congreso de la Unión han hecho “Legislador Transparente”.

Durante la reunión semanal de este organismo, Gutiérrez Candiani recalcó que la cúpula empresarial está preocupada por la frecuencia con la que se dan a conocer “despilfarros y ostentación que ofende a los mexicanos” en un contexto electoral y de debilidad económica.

“Prácticamente no hay semana en la que no salga a la luz algún nuevo suceso en el que miembros del sector político sean señalados lo mismo por usos patrimoniales de los recursos públicos, que por presuntos fraudes”, dijo el empresario.

A principios de febrero de este año, un grupo de diputados y senadores presentaron la plataforma “Legislador Transparente”, desarrollada en conjunto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Se invito a que, a través del portal www.legisladortransparente.mx., todo representante popular y servidor público se comprometiera a transparentar tres documentos: su declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante fiscal.

“Lo que queremos cambiar hoy aquí es la percepción fundamentada en hechos de que en México la política sirve para hacer dinero y el dinero sirve para hacer política”, dijo Juan Pardinas, director del IMCO el día de la presentación.

La intención de los creadores de este portal es permitir a la ciudadanía conocer -por primera ocasión- lo que verdaderamente ganan los legisladores, cuánto pagan de impuestos, con qué empresa tienen conexión, así como el nombre de los personajes políticos, empresariales y de la sociedad con los que se reúnen y el motivo de los encuentros.

Esta información, generalmente privada, la publicaron los senadores Zoé Robledo del PRD y Laura Rojas del PAN, así como los diputados Fernando Belaunzarán del PRD y Fernando Rodríguez Doval del PAN.

Pero desde la presentación de la campaña en el Senado de la República, la iniciativa estuvo desairada. Solo acudieron como espectadores el presidente de la Cámara, Miguel Barbosa, y el perredista Armando Ríos Piter.

También candidatos

La plataforma también es para que durante las campañas electorales, los candidatos a un puesto de elección popular transparenten sus bienes. 

Sin embargo, tampoco quienes aun no tienen un puesto han mostrado interés en el asunto. 

Solo uno de 62 candidatos a una gubernatura ha publicado sus tres declaraciones.

Fue el panista Francisco Domínguez, aspirante al gobierno de Querétaro.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, opinó que esto refleja la clase política que aspira a gobernar.

“(...) así de pequeño es el grupo dispuesto a abrirse al escrutinio ciudadano, entonces yo no hablaría de un fracaso (del proyecto) más bien hablaría de una fotografía de nuestra clase política, qué tan cerca está de la gente, qué tan dispuesta está a dar información a cambio de su voto”, señaló en una entrevista para CNNMéxico.

La iniciativa precisa en Internet que se “busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país. Queremos candidatos que antepongan los intereses de México a los suyos, una nueva clase política en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política”.

Bohórquez agregó que algunos de los que han manifestado su interés por la plataforma son Luisa María Calderón, candidata del PAN a la gubernatura de Michoacán y Claudia Pavlovich, aspirante del PRI al gobierno de Sonora.


Mientras que los candidatos a la administración de Nuevo León: Felipe Cantú, del PAN; Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano, y Jaime Rodríguez.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.