MÉXICO, D.F: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que hasta el momento los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos no han restablecido contacto con los consejeros electorales. Se ha buscado al “contacto” para cumplir con el compromiso de establecer un segundo encuentro, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta, dijo. Añadió: “El compromiso había sido volver a encontrarnos, fue una petición de ellos, (pero) no hemos tenido éxito en contactar al interlocutor que se nos planteó por parte de ellos. No hemos tenido respuesta después de que se entregó el 7 de abril la carta (a los padres), digamos, atendiendo a la petición que nos formularon”. Entrevistado al concluir el foro “La emigración en el debate político de Estados Unidos. Implicaciones en México”, Córdova resaltó que no se ha pactado nada “y no sé si se vaya a realizar otro encuentro. Insisto, habíamos quedado de contactarnos para programar un segundo encuentro y no hemos podido contactarnos”. Antes de que la carta fuera enviada a los padres de los 43 estudiantes, el representante del PRD en el INE, Pablo Gómez, pidió que se quitara la expresión: “No podemos desconocer que en México votar es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos y no una obligación impuesta por el Estado”. Argumentó que la carta iba firmada por todos los consejeros y se trataba de una opinión en contra del uso de la vía electoral, pero el Consejo General rechazó la petición. “Aquí sí les pido por favor que retiren esa expresión. Es una petición, porque el artículo 36 de nuestra Constitución dice que son obligaciones del ciudadano en su fracción III votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley. Hay mucha presión y en los medios mucha propaganda contra votar. Insistir en que no se trata de una obligación, aunque no haya una ley que imponga sanción, podría haberla, y sería plenamente constitucional, porque el Congreso no ha querido hacerlo”, subrayó Gómez. Lorenzo Córdova intervino: “Lo que yo he sostenido es que las elecciones per se no van a resolver los grandes problemas nacionales que aquejan al país, como la pobreza, la desigualdad, la impunidad derivada de la precaria rendición de cuentas, la inseguridad y el déficit de cultura democrática, sino que son una vía para instaurar los poderes democráticos del país, que son los responsables de generar las políticas públicas que van a resolver esos problemas o que deberían resolver esos problemas. Pero las elecciones per se no van a resolver el problema de los programas a los que he hecho referencia”. El consejero presidente destacó que no pretendía entrar a un debate sobre si se debe o no votar, pero los consejeros –agregó– sí quisieron responder a los padres de manera técnica “como una manera de ser transparentes y respetuosos”. En su oportunidad, la consejera Pamela San Martín calificó la petición de Gómez como fuera de contexto, porque respondieron, dijo, a una realidad que se está viviendo a partir de voces de los padres que se cuestionan si quieren o no elecciones en Guerrero. A su vez, el consejero Arturo Sánchez manifestó que el resultado de este diálogo “es que pudimos platicar, y sabiendo que pensamos en algunos aspectos diferentes, tenemos dos posiciones claras, que no se interprete que este debate generado aquí cambie en lo más mínimo el ánimo que presentamos para platicar con personas que han sufrido quizá uno de los dolores más grandes que puede sentir un ser humano: la desaparición de uno de sus hijos”. Luego el perredista les pidió que reconocieran su error al escribir en la carta que votar no es obligatorio,
“Lo que yo digo y lo que yo le aconsejo a Lorenzo no lo admite él ni ahora ni nunca, y yo lo que les pido a ustedes no es que se arrepientan de haber hecho algo, sino que admitan que la frase aislada de que votar no es una obligación impuesta por el Estado, es algo inexacto que choca con el texto constitucional, y se puede decir: correcto, es un error y ya. Pero no, son unos rollos impresionantes que no tienen nada que ver”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El dictamen aprobado hoy en comisiones unidas del Senado no tiene cambios respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados. Se discutirá en Pleno el próximo martes.
Las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado aprobaron por mayoría la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. De inmediato, el dictamen fue turnado al pleno del Senado en la sesión de este jueves y se le dispensó la primera lectura, por lo que será sometido a debate y a su eventual aprobación el martes próximo. El presidente de la Mesa Directiva en funciones, José Rosas Aispuro Torres, solicitó autorización al pleno para omitir la primera lectura del dictamen de 134 cuartillas, que no tiene cambios respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados. Lo que contempla el dictamen:
Se otorgan mayores facultades a la ASF, ya que se elimina el principio de anualidad, es decir podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que manejen recursos federales.
Se permite que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice a los órganos autónomos y al mismo tiempo habrá informes de carácter individual.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Se podrán imponer sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, mismas que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y la obligación de reparar los daños al erario.
El decreto aprobado indica que la modificación al Artículo 114 es para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.
Los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les puede seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) será designado por el presidente y ratificado por el Senado.
Durante el debate en comisiones, senadores del PAN y del PRD argumentaron que si bien tiene avances la minuta avalada en San Lázaro y ratificada este día por los senadores, en el futuro será necesario establecer una legislación secundaria. Ello, precisaron, para cubrir los vacíos y omisiones en temas como el Artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero de servidores públicos de todos los niveles. Recordaron que existe un acuerdo entre las dos cámaras para no hacer cambio alguno a la minuta que creará el Sistema Nacional Anticorrupción, pero exigieron que en la exposición de motivos se incluyan los temas puntuales que serán motivo de una legislación secundaria. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, indicó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se establece un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos y mecanismos de prevención de hechos de corrupción. Además, se crea el servicio profesional para el control interno de la gestión pública; se dan facultades de los órganos del sistema y su coordinación, y se establece una sinergia con otros ámbitos de la función pública. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, expuso que con esa reforma se crea una nueva estructura que tendrá que ser cohesionada con la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), incluso la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a través del Consejo de la Judicatura Federal, en el combate a la corrupción. En dicha estructura participará también el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ciudadanos y el IFAI. De esta reforma se podrían derivar entre 10 o 12 leyes generales para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, abundó el legislador del PRI. A su vez, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, expuso que quedan pendientes en esta reforma temas como eliminación del fuero a todos los servidores públicos, incluido en Presidente de la República. Asimismo, la incorporación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su opinión dos instituciones clave del sistema hacendario. Establecer en la reforma el conflicto de interés de funcionarios, publicidad de declaraciones patrimoniales, Servicio Civil de Carrera, responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción, eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas, entre otros, puntualizó. En febrero de este año, los diputados aprobaron el dictamen para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (el cual hoy los senadores aprobaron en comisiones y la próxima semana se discutirá en el Pleno). Durante esa discusión, ¿qué NO aprobaron? Mira:
Que no tengan tiempo de prescripción los actos graves de corrupción, ya que esta reforma precisa que serán siete años.
Que al presidente también se le pudiera juzgar por delitos comunes y graves de corrupción.
Que en el caso de de funcionarios públicos se presente no sólo la declaración patrimonial y de conflicto de interés sino la declaración de impuestos.
Se desechó la propuesta para incluir otro artículo transitorio en el que se exigiera al Congreso legislar lo más pronto posible las leyes secundarias que normarían a la reforma constitucional.
De 1993 a 2005 se asesinaron a 379 mujeres en Ciudad Juárez; en el mismo periodo se asesinó 10 veces más mujeres en el Estado de México.
“¡Suficiente, ni una chica más!” Es el grito de quienes lamentan la muerte de Diana Angélica Castañeda Fuentes y muchas otras jóvenes que han desaparecido en el Estado de México, relata un artículo del diario británico The Guardian que habla sobre la situación de inseguridad que se vive en la entidad.
“1.258 niñas y mujeres fueron reportadas desaparecidos en el Estado de México en 2011 y 2012 – de las cuales el 53% tenía entre 10 y 17 años”, indica la publicación. “’Edomex’ es el motor de la modernización de la Ciudad de México: una aglomeración urbana en expansión de zonas industriales y dormitorios anónimos que se envuelve alrededor de la capital”, continúa. De acuerdo con el texto, no hay una explicación concreta para la ola de violencia en contra de las mujeres. Mientras que la evidencia muestra que se involucran temas como redes de prostitución y violencia de género, hay otras conjeturas.
“También podemos plantear la hipótesis de la violencia está relacionada con los propietarios de grandes empresas, políticos corruptos y el crimen organizado… pero realmente no sabemos ya que no existen investigaciones. La impunidad en Edomex es brutal”, se asegura. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Denuncian el uso uso de recursos públicos para favorecer a la campaña del candidato del PRI a Guadalajara.
Representantes del partido Movimiento Ciudadano, acudieron este día ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para presentar una denuncia contra el magistrado Leonel Sandoval quien también es padre del actual gobernador de Jalisco. La denuncia fue presentada por Salvador Caro, Augusto Valencia y Gustavo Flores quienes dijeron que esperan que la instancia atraiga la investigación y sancione a los responsables. Este martes, el Partido Encuentro Social presentó una denuncia penal en contra del padre del gobernador. El diario El Informador publicó que la demanda se realiza unos días después que Sandoval, quien es también magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, fue captado realizando actos proselitistas a favor del PRI. Caro afirmó que Sandoval convocaba a la ilegalidad por presunto uso de recursos humanos y financieros en favor del candidato del PRI al Ayuntamiento tapatío, Ricardo Villanueva. “Denunciamos el uso de recursos públicos para favorecer a la campaña del candidato del PRI a Guadalajara“, dijo Caro.
Añadió que “no basta que con la renuncia el magistrado Sandoval, sino que exista un castigo verdadero”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, afirma el funcionario del PRD.
Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno. La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta. La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas. Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.
Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: PABLO GÓMEZ.
"Aislada, una estadística es el más hermoso poema y torturados los números dicen cualquier cosa...", escribe el ex director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Fascinado por leer cifras en los discursos que le escriben, el presidente Peña Nieto nos invita a reconocer los avances de su gobierno y a valorar las condiciones que disfrutamos. En ocasiones va más lejos, como lo hizo al decir “que a veces pareciera que no queremos o nos negamos a registrar las buenas noticias. Estamos frente a ellas y no las vemos”. Ese día estaba optimista por el anuncio de una millonaria inversión para el sector turístico. Peña Nieto citó datos según los cuales México se encuentra ya entre los primeros diez destinos turísticos del mundo y emplea en forma directa a 3 millones de mexicanos y de forma indirecta a 5 millones más. El director de un importante diario sobre temas financieros una vez me dijo: “ante la falta de mayor información, el anuncio de nueva inversión extranjera para mí es una ‘buena noticia’. Claro, existe la posibilidad y la alta probabilidad de que con mayor análisis resulte no serlo”. Los datos del presidente carecen de contexto. Aislada, una estadística es el más hermoso poema y torturados los números dicen cualquier cosa. Si fuera cierto que México es el décimo lugar en recibir visitantes ¿es ese el único dato para entender lo que sucede con el sector y su importancia económica? Por principio, nuestro avance se debe a comparaciones con paises como Hong Kong (que tiene una superficie de 1,102 km2 y una población de alrededor de 7 millones de habitantes) o Ucrania, un país en pleno conflicto bélico. Con apenas un poco de más análisis, la buena noticia quizá no lo es tanto. En 2013, de acuerdo al barómetro de turismo, México recibió 24.2 millones de visitantes. Con esa cifra ocupó el lugar 15 en el ranking mundial. Pero, teniendo en cuenta las divisas por turismo, el mismo ranking colocó a México en el lugar 23. Ahora, si consideramos el gasto en turismo internacional, nuestro desempeño es más pobre. Ese mismo año ocupamos el lugar 29. Dicho en buen cristiano, otros países hacen mucho más dinero que nosotros, con menos visitantes. Digo, por lo menos para tenerlo en cuenta. Pero hay más. Unos días después del llamado del presidente Peña Nieto al optimismo turísitico, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a 21 estados de México, señalando que “el crimen y la violencia son problemas serios y pueden ocurrir en cualquier parte, incluyendo homicidio, tiroteos, secuestros, robo de auto, y robo a mano armada”. A pesar de que dos terceras partes del territorio son riesgosas, el informe reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas para proteger a los visitantes. Entonces, los polos turísticos como una realidad aparte. Ajena. No nuestra. Para que nos visiten, aunque a nosotros nos maten. No es muy distinta la simpleza con la que el Presidente usó recientemente datos en la entrega del Premio Nacional de Comunicación. Ese día dijo: La libre manifestación de ideas es una conquista social irrenunciable que hoy forma parte de la normalidad democrática. Déjenme poner en contexto el número de medios que tenemos en México: Se publican cerca de 600 periódicos y circulan más de 650 revistas. Hay más de dos mil 500 emisoras de radio y televisión ¿Conquista social? México es uno de los países con mayor concentración mediática en América Latina. En cifras redondas, hoy mismo, Televisa y Televisión Azteca ocupan 60% de todas las frecuencias asignadas y en uso para televisión en México y 95% de las concesiones para televisión comercial. En cuanto a radio, el 75% de las frecuencias de radios comerciales pertenece a 14 familias y apenas hay reconocidas 20 radios comunitarias permisionadas, mientras en otros países se cuentan por cientos (Colombia) o miles (Canadá). Mientras el Presidente celebra sus cifras aisladas, una resolución del IFETEL declaró la preponderancia de Televisa en el mercado de televisión por cable y un grupo empresarial abandonó el proceso de adjudicación de una cadena de televisión abierta sin mayor explicación, lo que tendrá altos costos en términos de pluralidad informativa y sigue afectando los derechos de las audiencias. ¿Libre manifestación de ideas? Prestigiosas organizaciones internacionales y nacionales como Article 19, WAN, Reporteros Sin Fronteras o Fundar han señalado que la autocensura flota en las salas de redacción de periódicos y revistas y que los gobiernos representan el control, por la vía de los ingresos, de muchos medios. ¿Normalidad democrática? Los ataques violentos a la prensa nos colocan en comparaciones con países en guerra. Tenemos 105 periodistas muertos en 15 años. El gobierno de Peña Nieto ha pedido al Instituto Nacional Electoral que retire un spot en el que se le crítica, por considerar que se le calmunia. Tan sólo hace dos días, un tribunal reconoció que el despido de la periodista Carmen Aristegui puede implicar graves afectaciones a la libertad de expresión.
Y como estos podríamos hacer variados ejercicios. Por supuesto el tema no es si las personas tienen el legítimo derecho a pensar de la realidad lo que se les venga en gana. Eso es una obviedad. Creo que la ecuación es a la inversa. Lo que sucede es que el Presidente tiene a la realidad quebrándose frente a él, pero no lo quiere ver. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: MIGUEL PULIDO.
México, DF. El informe final de actividades del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, encargado de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, resuelve que en el citado caso “se está en presencia de uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”. Los integrantes del grupo de trabajo aprobaron el contenido del informe con cuatro votos a favor y dos en contra, señalando que a través de un acuerdo amplio que plantee medidas legislativas reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica para ser sustituidas por diversos cuerpos civiles, de acuerdo a metas y objetivos claramente definidos en la política integral de seguridad. En sus resoluciones la comisión manifiesta la necesidad imprescindible de que la Secretaría de Defensa Nacional esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al control estricto de sus actos por parte de sus superiores, al cumplimiento de los protocolos sobre la interacción con civiles, al cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos de la escena de los hechos y de los cuerpos. Se considera que la Sedena debe aclarar la jerarquía de mando interna –y la relación con las autoridades civiles– durante los acontecimientos del caso Tlatlaya.
El documento, que será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, considera de “suma importancia que la PGR dé a conocer públicamente con apego a lo establecido en la ley los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militantes bajo custodio o de otras personas con probable responsabilidad. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: Enrique Méndez y Roberto Garduño.
La candidata del PRI al gobierno de Sonora dijo que el constructor no recibió contratos por los que ella cabildeó cuando era diputada.
En unos audios revelados por el diario Reforma se escucha a la candidata al gobierno de Sonora por el PRI, Claudia Pavlovich, pedir un avioneta a un constructor que supuestamente ganó contratos gracias a su cabildeo cuando era diputada. AUDIOS De acuerdo con el diario mexicano, Pavlovich intercedió por las empresas encabezadas por el empresario sonorense Samuel Fraijo –ganador de la polémica obra del Acueducto Independencia, de Hermosillo– para otorgarles contratos de obras carreteras. El fue, además, quien le prestó una avioneta para viajar a Las Vegas. Este jueves 16 de abril, Pavlovich dijo a Denise Maerker, de Grupo Fórmula, que la avioneta no fue prestada, sino rentada por alrededor de 30 mil pesos. “Ese empresario me renta la avioneta como se la renta a mucha gente aquí, son avionetas, no aviones; y él no ganó ninguno de los concursos por los que yo estuve peleando para que los sonorenses ganaran, es mi obligación pelear por generar empleos en Sonora”, explicó esta tarde.
Además, dijo que consideraba que la publicación de esta información es un “ataque político”. “Las grabaciones de las que hemos sido objetos de espionaje telefónico y la presión que hemos vivido los sonorenses durante todo este tiempo, es por parte del Gobierno”, agregó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN
El periodista sostiene que el director de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, "convenció a los Vargas-Chao-MVS de utilizar la crisis para disfrazar la censura".
Fragmento de la columna del periodista Álvaro Cepeda Neri, publicada originalmente en la revista Contralínea Empresarios y funcionarios temen que Mexicoleaks abra lo que falta de la “Caja de Pandora” de la corrupción No fue el uso de la marca MVS en la organización Mexicoleaks lo que desencadenó los ataques en desplegados a toda plana y, después, el despido de los reporteros Irving Huerta y Daniel Lizárraga; y ante la defensa de Carmen Aristegui de su equipo de periodismo de investigación, la terminación de la relación laboral de la misma Aristegui. Bastaba con suprimir de Mexicoleaks las iniciales de la empresa de la familia Vargas. Pero el recién nombrado director general de Comunicación Social de la Presidencia de Enrique Peña, dueño de una cadena de restaurantes de comida japonesa, Eduardo Sánchez, aprovechó el conflicto para llevar a cabo la venganza de Angélica Rivera, Luis Videgaray y el mismo Enrique Peña Nieto, exhibidos por los bienes inmuebles que simularon comprar al empresario favorito del peñismo: Juan Armando Hinojosa Cantú-Grupo Higa. Sánchez convenció a los Vargas-Chao-MVS de utilizar la crisis para disfrazar la censura a las libertades de obtener y dar información veraz y contrastada con un asunto “entre particulares”, de acuerdo con la explicación no pedida del boletín de la Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Osorio, la mano pública con guanteconciliatorio de la mano negra de Aurelio Nuño-Los Pinos. Funcionarios, políticos y empresarios que han hecho de sus relaciones un botín, se sumaron a la presión para a toda costa y al precio que fuera (ellos asumirían el costo para apoyar a MVS), echar a la calle al programa radiofónico de noticias, investigaciones periodísticas, entrevistas y crítica, porque si con esto se apuntalaba Mexicoleaks, las elites políticas-administrativas y sus cómplices empresariales estarían más en la mira de las denuncias sobre corrupción.
Sacar el programa de Aristegui y cerrarle otras opciones en los medios de comunicación abiertos fue y es el objetivo del peñismo, con el fin de –al menos– disminuir, y si es posible cancelar, el proyecto Mexicoleaks, que ha puesto en alerta máxima a banqueros, patrones, militares, policías, funcionarios, jueces, magistrados, ministros, sindicatos, partidos políticos, etcétera, pues si logra establecerse, éste puede ser el destapacaños de la corrupción privada y pública que abortaría los despojos que han devastado a la nación, desacreditado a las instituciones y mermado su credibilidad (…). COLUMNA INTEGRA. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/CONTRALINEA AUTOR: CEPEDA NERI.
Con la Ley General de Transparencia, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia.
El dictamen de la Ley General de Transparencia fue aprobado en lo general y lo particular por los diputados con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, por lo que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación. Según los legisladores, quienes aprobaron el dictamen exactamente igual a como lo pasaron los senadores, esta ley “establece los principios y reglas para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad”. Diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena presentaron 36 reservas a diversos artículos del dictamen, pero ninguna fue aprobada. Con esta ley, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia. Lo que contempla la ley: * Obliga a todos los órganos autónomos, dependencias, sindicatos y partidos políticos a rendir cuentas y transparentar toda la información relativa a los recursos públicos que manejan. *Los senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones. Son sujetos obligados a esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Asimismo, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. *Será imposible reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. *Establecimiento de sanciones a servidores públicos cuando declaren “con dolo o negligencia” la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño. Se establecen multas hasta de mil 500 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de que se trate a quien se niegue a hacer pública la información solicitada. *Se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país. *Transparenta las condonaciones fiscales. *Mantiene el principio de presunción de existencia de la información. *Prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos, sindicatos, partidos y sujetos obligados. En tanto no entren en vigor los lineamientos que obligan a subir la información a dicha plataforma, lo cual no podrá exceder de un año, los sujetos obligados deben publicar toda la información en sus respectivas páginas de Internet. La Plataforma Nacional de Transparencia deberá contar al menos con cuatro sistemas de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Entre los temas que deberán incluir los sujetos obligados en esa plataforma electrónica, figuran directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, confianza y por honorarios. Las preocupaciones de organizaciones civiles y legisladores El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, dijo que “la ley en materia de transparencia resulta inoperante ya que controla políticamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y deja de lado su autonomía“. Ricardo Luévano, de la organización Artículo 19, escribió que “es absurdo que en casos de violaciones graves a derechos humanos no se haya regulado con especial énfasis la forma en la que el pleno del IFAI debe determinar si se abre o no información ante tan preocupante posibilidad.” Una de las preocupaciones del Colectivo por la Transparencia va de la mano con lo expresado por Luévano, que no hay claridad sobre lo que el IFAI hará para determinar qué información no se puede reservar. Además, dice que, según el dictamen, transparentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales realmente no será una obligación para los funcionarios, sino que queda sujeta a su voluntad.
Sobre el lo que es el interés público y la seguridad nacional, esto es lo que el diputado panista Carlos Angulo pidió al PRI:
Dictamen completo. “El acceso a la información pública es un derecho, no una concesión” El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el priista Abel Octavio Salgado Peña, expuso que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. También dijo que la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado, al fundamentar el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República, al iniciar su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Con este documento, abundó, “se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano, al acceso a la información, desde la reforma constitucional de 1977, sin pasar por alto los importantes cambios de 2007, 2013 y febrero de 2014″. El representante del PRI, expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los órganos garantes de este derecho. Subrayó que ésta es una oportunidad para empoderar a la ciudadanía a través de esta ley.
Precisó que todo acto legislativo es perfectible y que, de ser necesario, en otro momento se podrían realizar las correcciones pertinentes, a efecto de pulir la ley.
Salgado Peña resaltó que se termina con cualquier privilegio de personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, al ampliar el catálogo de los sujetos obligados.
“El derecho a la información pública no es ninguna concesión, es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta, y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política”, aseveró. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
El PVEM acumula 90 millones de pesos en multas y en seis meses podría estar obligado a liquidar otros 95, situación que para el vocero del partido no procede pues rebasa la porción que debería ser cobrada de la prerrogativa partidista.
Por actos irregulares relacionados con el actual proceso electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acumula al menos 90 millones de pesos en multas, cifra que los deja sin prerrogativas hasta septiembre, confirmó este 16 de abril su vocero, Arturo Escobar. “De forma equivocada la autoridad electoral decide quitarnos el 100% de la prerrogativa, cuando la ley es muy clara y establece que el máximo de aplicación de una sanción es del 50% de la prerrogativa”, dijo Escobar al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula. Escobar detalló que hay más expedientes pendientes con sanciones que acumularían otros 95 millones de pesos, a pesar de que la prerrogativa anual del partido es de 150 mdp. Por ello, el Verde presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, el también coordinador del los diputados del PVEM calificó de “ridículo” la solicitud de ciudadanos y partidos para quitarle el registro. “Es absolutamente ridículo pensar que a un partido porque hizo una campaña de difusión, de informar sus logros como hoy lo está haciendo el PRD, se le quiera quitar el registro. Ya fuimos sancionados por esa conducta, hoy estamos en otra etapa“, dijo Hasta este jueves 16 de abril, el portal de internet Change.org acumulaba 90 mil 562 a favor del retiro de registro del Partido Verde. Esta iniciativa es liderada la politóloga Denise Dresser, los activistas Carlos Brito y Martha Tagle, el investigador Sergio Aguayo, Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, para el vocero del Verde el objetivo del partido es convertirse en la tercera fuerza política del país tras las elecciones del próximo 7 de junio.
Desde marzo de este año, el partido Verde Ecologista de México acumula multas económicas de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial por “sobreexposición” a través de 239 mil 301 spots de radio y televisión difundidos en todo el país antes del arranque del proceso electoral y durante el desenvolvimiento del mismo, reparto de tarjetas de descuento y promociones, así como reparto de calendarios. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. Cuatro empresas noruegas son las primeras en obtener la autorización para realizar estudios geológicos y sísmicos de diversas áreas susceptibles de contener hidrocarburos en territorio mexicano y comercializar por cuenta propia información exclusiva durante un periodo de 12 años, la cual pasará después a ser propiedad de la Nación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ente regulador de la industria petrolera en México, otorgó la autorización a las compañías de origen noruego Dolphin Geophysical, Petroleum Geo-Services ( PGS), Spectrum ASA y TGS AP Invesments AS. Antes de la Reforma Energética los estudios sísmicos y geológicos en materia petrolera los hacían las empresas internacionales especializadas por cuenta y orden de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo ahora estas y otras empresas podrán vender su información de manera directa a los nuevos participantes en la industria petrolera. Estas son las primeras autorizaciones en la historia que se entregan a empresas especializadas en la investigación sobre superficies del terreno o del mar que permitan estimar a la industria petrolera la posible existencia de hidrocarburos dentro de una área. La nueva regulación establece que las empresas autorizadas en realizar estos estudios, con la más avanzada tecnología, puedan comercializar la información de forma exclusiva por un periodo de 12 años. Durante la décima sesión extraordinaria del pleno de los comisionados, encabezados por el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, se dio a conocer el primer paquete de empresas interesadas en vender la información sísmica y geológica de última generación a la industria petrolera.
Actualmente hay 26 empresas especializadas que iniciaron sus trámites para conseguir su autorización, entre ellasCGGVerita Services, Dolphin Geophysical, Dowell Schlumberger, EMGS Sea Bed Logging, Fugro Chance, Fugro Survey México,Geokinetics de México,Geoprocesados, GX Technology Corporation, Multiclient Geophysical ASA, Nopec Geophysical Company, P.G.S. Data Processing, P.G.S. Geophysical AS, Seabird Seismic México, Seismic Enterprises México, Spectrum ASA, TDI-Brooks International y TGS AP Invesments AS. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
México, DF. La comisión especial que investiga los homicidios de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, estado de México, se reúne con el secretario de gobierno de esa entidad, José Manzur, quien expuso que los fallecidos fueron originarios del estado de Guerrero, y la administración de Eruviel Ávila mantiene la disposición a aclarar e investigar a fondo dicho suceso. Los legisladores de ese grupo de trabajo describieron ante Manzur y el procurador de Justicia mexiquense actos de tortura y encubrimiento en Tlatlaya. También describieron omisiones sobre feminicidios ocurridos en tal demarcación. José Manzur insistió en que la administración de Eruviel Ávila mantiene la investigación sobre las demandas de los diputados. Al responderle a la diputada Elena Tapia, quien reclamó que el gobernador haya “felicitado al Ejército Mexicano por la acción contra 22 presuntos delincuentes”, el funcionario aclaró que Ávila felicitó, sí, pero por el rescate de tres mujeres que habrían sido secuestradas. El encuentro continúa, con una serie de preguntas por parte de los integrantes de la comisión entorno a cómo la autoridad mexiquense enfrenta el incremento de feminicidios en la entidad.
También dicho grupo de trabajo votará por la tarde el informe que elaboró sobre los hechos acaecidos en Tlatlaya. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ROBERTO GARDUÑO/ ENRIQUE MÉNDEZ
MÉXICO, D.F: Claudia Pavlovich, candidata del PRI al gobierno de Sonora, utiliza el avión privado de un constructor al que favoreció con contratos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En abril de 2014, la senadora priista le pidió al delegado de la SCT en Sonora, Javier Hernández, modificar bases de una licitación para favorecer a Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto- a San Luis Río Colorado. El periódico Reforma obtuvo copia de documentos y grabaciones de las llamadas telefónicas que evidencian la operación de Pavlovich a favor del constructor. En dichas bases de licitación, se pide a las empresas comprobar contratos sostenidos en el lustro anterior a la licitación por 200 millones de pesos. En una de las conversaciones, la candidata del PRI se queja de que ninguna empresa sonorense puede cumplir con dicho requisito. Cita el diario: “Pavlovich habló inmediatamente por teléfono con Raúl Murrieta, subsecretario de la SCT, quien se ofreció a cambiar las bases. “’Dile (a Javier Hernández) que mi pluma es su pluma, que me diga dónde firmo para poder ser incluyente con ellos… vamos a ver cómo lo cuadramos, ¿sale?’, propuso Murrieta. “Y las constructoras sonorenses ganaron los contratos”.
Pavlovich viajó el pasado 8 de abril en el avión Cessna N233JH, utilizado por Fraijo, para un mitin de campaña. Y el 29 de julio uso la misma aeronave para viajar a Las Vegas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena a la empresa Dish pagar a las compañías Televisa y Televisión Azteca por la retransmisión de propaganda electoral. El INE deberá emitir un nuevo acuerdo sobre el pago pautado para Dish a las televisoras. El TEPJF argumenta que el INE no tomó en consideración la propuesta de Dish para tomar una señal de una entidad sin elecciones. Por lo anterior, el INE tendrá un plazo de 24 horas para emitir un nuevo acuerdo en el que tome en consideración las propuestas de la cadena Dish. Previamente, el INE había ordenado a Dish pagar 7.7 millones de pesos a Televisa y Televisión Azteca por la retransmisión de pautas electorales incluidas en las cadenas de transmisión abierta.
La resolución fue emitida por la magistrada María del Carmen Alanís y fue votada con seis posiciones a favor y una en contra. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Grupo México tiene una historia negra: entre otros casos, es famoso por el desastre de la mina Pasta de Conchos en 2006 y por la reciente contaminación del río Sonora. Sus prácticas se extienden hasta Perú, donde enfrenta acusaciones de vertido de arsénico, polución del aire y de maniobrar para eludir la justicia. Ahora, el consorcio propiedad de Germán Larrea insiste en abrir una nueva mina, aunque ese proyecto ya desató una gran movilización social, implicó un sospechoso amago de cancelación, provocó que una región se fuera a la huelga y dejó tres muertos.
LIMAÇ: El presidente ejecutivo de la compañía Southern Copper Corporation (SCC), el mexicano Óscar González Rocha, había confiado a algunos amigos que esperaba celebrar su cumpleaños 77, el pasado viernes 10, con la solución del conflicto entre la empresa que dirige y los agricultores de la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa. González no pudo cumplir su deseo. El 23 de marzo los pobladores de Islay que rechazan el proyecto cuprífero Tía María –la mayor inversión en Perú de SCC, cuyo propietario es Grupo México, de Germán Larrea– iniciaron una huelga indefinida. Dueña de las minas de Cuajone y Toquepala y de una refinería en Ilo, en el sur peruano, la compañía mexicana anunció en 2007 que destinaría mil 500 millones de dólares (22 mil 630 millones de pesos) para extraer 120 mil toneladas de cobre anuales de Tía María, en el Valle del Tambo, una de las zonas agrícolas más ricas de Arequipa. Después de ocho años, periodo en el que ocurrieron choques violentos que dejaron tres pobladores muertos y una veintena de heridos de bala, Southern no ha conseguido convencer a los pobladores de los beneficios que supuestamente traerá el proyecto. Así que, en lugar de festejar, el presidente ejecutivo de SCC enfrenta una escalada del conflicto. Lo que comenzó como una protesta provincial en Islay puede devenir un movimiento de rechazo generalizado por todo el sur del país, además de Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran las inversiones de Grupo México. “No hay nada que negociar con Southern. La empresa minera no puede explotar el proyecto Tía María a costa de nuestra agricultura y de nuestras vidas. El pueblo del Valle del Tambo se ha manifestado con claridad. No quiere a la Southern. La vida de nuestros hijos no es negociable”, declara a Proceso el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valdivia, en cuya jurisdicción está ubicado el proyecto cuprífero. En la reciente elección de presidentes municipales realizada el pasado 5 de octubre en Islay y en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia, ubicados en el área de impacto del desarrollo de Tía María, ganaron los candidatos que se comprometieron a impedir los trabajos de Southern. Valdivia es uno de ellos. “Soy agricultor. Cultivo arroz, papa, ajo, cebolla. He sido elegido por una población que no desea la explotación minera en el Valle del Tambo. Por eso 90% de la población no quiere a la Southern”, dice. Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los directivos de Southern es que la construcción del tajo abierto empleará, al menos, a 3 mil trabajadores que podrían obtener una ganancia de 100 soles (33.3 dólares) diarios, contra los 30 soles (10 dólares) que obtiene un peón del campo. “No se trata sólo de dinero”, alega Valdivia: “Por dinero no vas a convencer al agricultor para que acepte el ingreso de una minera que va a matar sus cultivos”. Chantaje Probablemente el fortalecimiento de la protesta contra Tía María –y la posibilidad de perder una inversión de mil 500 millones de dólares– motivó a los directivos de Southern Copper Corporation a protagonizar un episodio que aún no se esclarece. El pasado 27 de marzo, a las 10 de la mañana –mientras en Islay se registraban escaramuzas entre policías y pobladores que bloqueaban la estratégica carretera Panamericana Sur– en Lima, el gerente de Relaciones Institucionales de la Southern, Julio Morriberón Rosas, soltó una declaración explosiva: la compañía abandonaba Tía María. Con un papel en la mano, Morriberón leyó lo que parecía ser un comunicado de la compañía. Southern dejaba Tía María, explicó, porque el gobierno del presidente Ollanta Humala no pudo resolver el conflicto social y porque “terroristas antimineros” dirigían las manifestaciones. “Nos es imposible seguir adelante”, leyó el funcionario de la SCC en Radioprogramas del Perú, una radioemisora nacional de mucha influencia: “Después de evaluar la total politización en el Valle (del Tambo) y la falta de decisión de las autoridades competentes, estoy aquí para anunciar la cancelación del proyecto Tía María y el retiro total de nuestra inversión en la región Arequipa”. En seguida, Morriberón atacó al gobierno: “Esta cancelación se da por dos razones: primera, la arremetida total de un nuevo terrorismo antiminero llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. Y, segunda, la parálisis del Estado en su rol de promotor de la inversión”. Los periodistas que escucharon el bombazo noticioso estaban tan sorprendidos por la declaración que le preguntaron al empresario si ésa era la opinión de las máximas autoridades de la compañía, en alusión directa al presidente ejecutivo, González Rocha. “Bueno, a partir de lo que he conversado con la alta dirección de la empresa, es la (opinión) que se va a oficializar ante los órganos pertinentes”, dijo. Así, el ejecutivo difundió la resolución de su consorcio justo cuando el gobierno de Humala buscaba entenderse con los inconformes –lo que implicó trasladar a la zona de conflicto a los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, e Interior, así como promover la intervención del alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pocas horas después, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, declaró que había conversado con Óscar González Rocha, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos: “Llamé al señor González y le manifesté mi extrañeza por lo dicho por el señor Morriberón, y él también se extrañó, igual que yo. Me pidió las disculpas del caso y me ofreció hacer las rectificaciones correspondientes en las próximas horas”. Y efectivamente, en torno a las tres de la tarde, Southern publicó un comunicado en el que negó la cancelación de Tía María y precisó que lo expresado por Morriberón “no recoge la voluntad de la compañía”. En el medio minero es conocido que González Rocha maneja la SCC con firmeza, por lo que resultaba incongruente que un funcionario de la categoría de Morriberón comunicase un acuerdo de tal calado en nombre de la firma. Sin embargo, Morriberón continúa en su puesto, y eso desató las especulaciones en el mundillo empresarial. Esta revista pidió a González responder preguntas sobre el incidente y sobre el futuro del desarrollo, pero éste prefirió no hacer comentarios. Para Julio Rojas Julca, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de buscar una salida a las tensiones por Tía María, el amago de cancelación fue inoportuno y contraproducente. “Un anuncio de ese calibre no lo hace un funcionario cualquiera sin autorización del presidente ejecutivo de la compañía. Creemos que intentaron buscar una forma de presión, pero se dieron cuenta de que se les pasó la mano y rectificaron. Lo cierto es que el anuncio reactivó a los grupos sociales opuestos a Tía María que habían cesado sus protestas y aceptado participar en una Mesa por el Desarrollo, promovida por el gobierno, para resolver sus reclamos. Hemos tenido que comenzar todo de nuevo”, explica en entrevista. Guión trágico Rojas Julca se dice particularmente mortificado por la expresión que Morriberón utilizó para referirse a los pobladores que rechazan la explotación de cobre: “terroristas antimineros”. Según el Código Penal peruano, el delito de terrorismo es penado, en función del grado de participación, con un mínimo de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua. “No se puede tildar de ‘terroristas antimineros’ a personas que legítimamente se oponen a la extracción minera, como los agricultores, quienes temen que sus cultivos resulten afectados por el tajo abierto. Expresiones de ese tipo de ninguna manera contribuyen a resolver el conflicto”, apunta. Cuando el funcionario de la Southern habló de la “inacción del gobierno” de Humala, repitió un guión empleado por la empresa durante la segunda administración de Alan García. En 2009, en el distrito de Cocachacra, los pobladores participaron en una consulta sobre la presencia de Southern, en la que 93.4% votó contra el plan. Sin embargo, la compañía consideró que el resultado no era vinculante. El gobierno de García –caracterizado por flexibilizar las leyes para promover la inversión extranjera, en particular en el ámbito minero, y por reprimir la protesta de los manifestantes– decidió apoyar a Southern no obstante que era notoria la oposición de los agricultores, quienes advertían de la contaminación del agua y de la destrucción de sus cultivos. El empeño del régimen tuvo un resultado trágico. El 4 de abril de 2011, Andrés Taipe (22 años), y el 7 de abril siguiente, Aurelio Huarcapoma (50 años) y Néstor Cerezo (31 años) fallecieron por balazos que recibieron cuando participaban en manifestaciones contra Tía María, en Islay. El 8 de abril de aquel año –al día siguiente de la muerte de los dos últimos hombres– el gobierno de García rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Southern había presentado, porque no cumplía con los estándares requeridos. No importó. Bajo la férrea conducción de González Rocha, SCC insistió. El 18 de septiembre de 2013, durante un foro de empresarios mineros, González informó que Grupo México tenía prevista una inversión de 3 mil 600 millones de dólares. De esa cantidad, 38.8% correspondía a Tía María y lo demás se repartía entre sus minas Cuajone y Toquepala y la refinería de Ilo. El 4 de agosto de 2014, el presidente ejecutivo de Southern recibió la buena noticia de que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el EIA de Tía María. En lugar de usar el agua de la zona, la minera debería instalar un centro de desalinización de agua de mar y dirigirla al área de extracción del cobre durante 18 años. El anuncio no cambió la opinión de los alcaldes, agricultores y pobladores de Islay. El exsacerdote Marco Arana Zegarra –líder de la organización de izquierda Tierra y Libertad, y señalado por el gobierno de Humala, los gremios de empresarios mineros y por la SCC como “extremista antiminero”– cuestionó que el Ejecutivo diera luz verde al EIA. “Southern tiene una larga trayectoria de violaciones medioambientales y ha sido sancionada en varias ocasiones por el Estado peruano. En estos momentos su presidente ejecutivo enfrenta un juicio por contaminación. El gobierno le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, pero eso no representa una licencia social. El pueblo no quiere el proyecto Tía María porque conoce de la trayectoria de Southern. Con o sin EIA, la población rechaza a la compañía minera por sus prácticas contaminantes”, explica a este semanario. SCC manifestó que no deseaba hacer comentarios al respecto. Violaciones ambientales De acuerdo con la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre 2012 y 2014 Southern recibió 10 sanciones firmes por violaciones ecológicas, como no haber impedido la contaminación de restos de concentrado de cobre sobre suelo natural, no haber acatado las recomendaciones de supervisión y gestión ambiental y haber sobrepasado los límites respecto de la disposición de residuos sólidos, entre otras. Por este tipo de daños González Rocha enfrenta a la justicia. El 15 de enero de este año, la fiscal especializada en Materia Ambiental Ángela Marroquín, basándose en un estudio técnico gubernamental, acusó a Southern de que su refinería de cobre instalada en Ilo (en la región sureña de Moquegua) contaminaba el aire y vertía arsénico al Océano Pacífico, por lo que pidió dos años de cárcel para González. El juez de la provincia de Ilo, Erly Alejo Cruz, fijó el 3 de febrero como fecha de inicio del proceso, pero el día de la audiencia, la defensa del mexicano comunicó que un juez constitucional de Lima, Ricardo Chang, había emitido pocos días antes, el 27 de enero, medidas cautelares para postergar el juicio. Así que no se ventiló el caso. Lo que busca la minera, asientan sus detractores, es que prescriba el delito atribuido a su presidente. “Southern es una empresa acostumbrada a este tipo de maniobras para que jueces, fiscales y distintas autoridades, como la Policía Nacional, no la toquen y se coloquen de su lado. Goza de una impresionante impunidad derivada del uso del poder y del dinero. Es eso lo que rechazan los pueblos y las autoridades de Islay. Y a nosotros nos acusan de terroristas antimineros”, abunda Arana. El miércoles 8, el presidente Humala apoyó abiertamente a la compañía y fustigó a los manifestantes: “(Southern) hizo las cosas bien, y así es como se deben hacer. Nosotros estamos tendiendo los canales de diálogo, esperemos que esto se solucione pronto”. Y dirigiéndose a organizaciones como el Frente de Defensa del Valle del Tambo y la Junta de Usuarios de Agua del Tambo, que encabezan las protestas, señaló: “No se puede permitir que amedrenten a autoridades y a la gente que no piensa igual que ellos”.
Al cierre de esta edición (jueves 9) corría la versión de que Humala viajaría a Islay para reunirse con los alcaldes inconformes de Islay. El edil del distrito de Cocachacra, Helard Valdivia, adelanta: “Humala no tiene que convencer a los alcaldes. A quienes tiene que convencer es a los pobladores. Y no creo que lo consiga”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁNGEL PÉREZ.
Xóchitl Gálvez Ruiz pretende contender por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo por el Partido Acción Nacional, pero podría ser investigada por haber anticipado actos de campaña.
El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) pidió al IEDF inicie un procedimiento de investigación para integrar un expediente y determinar si Xóchitl Gálvez Ruiz realizó actos anticipados de campaña. Al resolver en torno al juicio promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra Gálvez Ruiz y el PAN por el acuerdo de la Comisión de Asociaciones Políticas del órgano electoral capitalino en el que ésta desechó la queja interpuesta por el propio PRI, el TEDF decidió devolver el caso. Lo anterior para que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) inicie un procedimiento de investigación e integrar un expediente sobre el asunto. A partir de dicha documentación, se deberá determinar si Xóchitl Gálvez, quien pretende contender por la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo como abanderada del Partido Acción Nacional (PAN) en las próximas elecciones, realizó actos anticipados de campaña. Por otro lado, el IEDF confirmó la elección de Beatriz Garza Monroy como candidata para la delegación Magdalena Contreras, postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que la impugnación presentada en su contra resultó infundada. En el juicio promovido contra el nombramiento de Laura Ivonne Zapata Martínez como presidenta en funciones de la Comisión de Justicia del PRI, se declaró infundado, ya que el TEDF observó que Zapata Martínez sí cumplió con los requisitos solicitados para dicho cargo. El juicio contra la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, para impugnar la designación de Higinio Chávez García como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa, por el 40 Distrito Electoral local, se declaró infundado, por lo que la candidatura fue confirmada. Respecto al juicio promovido contra la designación de Leticia Quezada Contreras como candidata del PRD a diputada a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional del TEPJF, el pleno resolvió confirmar su designación como candidata propietaria.
En cuanto a la sentencia dictada por la Sala Regional del TEPJF, en la que determinó revocar la sentencia del TEDF relativa a la multa que éste había impuesto a Miguel Ángel Salazar, candidato del PRI en Cuajimalpa, el TEDF, en acatamiento a dicha ejecutoria, redujo la multa a 20 mil 187 pesos, que deberán ser pagados en un plazo de 15 días. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
MÉXICO, D.F: El coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, así como los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, y de Anticorrupción, Pablo Escobar, coincidieron en que la Cámara alta aprobará este jueves en comisiones, sin cambios, la minuta de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Encinas admitió que sólo dos temas no estarán incluidos en la reforma: “El asunto del fuero presidencial y la obligación de no hacer pública la declaración patrimonial y de interés”. A su vez, Escobar indicó que legisladores de PAN y PRD querían hacer cambios a la minuta, pero decidieron no hacerlo después de que distintos especialistas urgieron al Senado a aprobar “en sus términos” esta minuta proveniente de San Lázaro. Entre los promotores de esta nueva ley están el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien instó al Senado a aprobar la minuta y así tener estos cambios que “darán frutos en dos años”. “Va a salir anticorrupción el próximo jueves, en primera lectura, y el martes (21 de abril) lo estaremos aprobando en el pleno”, afirmó Gamboa Patrón en declaraciones en rueda de prensa.
El coordinador priista indicó que habrá “una sesión larga” en comisiones, “pero la gran mayoría de las senadoras y senadores de todos los partidos quieren que salga tal y como vino de la Cámara de Diputados”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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