MÉXICO, D.F: En medio de recriminaciones entre los propios diputados y acusaciones de falta de rigor y sanciones a todos los responsables, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dio por terminada la investigación sobre la cadena de fallas que originó el cierre parcial de la Línea 12 del Metro desde hace 13 meses. Este jueves, en la última sesión ordinaria previa al inicio de las campañas electorales en el DF, la Comisión Investigadora presidida por el diputado de Nueva Alianza Jorge Gaviño, presentó ante el pleno su informe final. Como se adelantó desde ayer en los medios de comunicación, el informe concluyó que en la obra hubo “importantes fallas de concepción y planeación del proyecto” y que la reducción del presupuesto para su realización “impactó gravemente en su desarrollo al reducir el alcance de la obra”. Con mayoría de votos, los legisladores turnaron al Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF, la Contraloría General y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, –señalado como responsable del mantenimiento de la línea–, el informe final de su investigación, aunque sin nombres de los responsables de las fallas. Los diputados dieron carpetazo al asunto, pese a que aún no concluyen los trabajos de rehabilitación de la línea, están pendientes auditorías en la Contraloría General y denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF, además de que el gobierno capitalino mantiene litigios con el consorcio constructor ICA-Carso- Alstom por el cobro de la fianza por los vicios ocultos de la obra. El diputado Adrián Michel Espino, integrante de la Comisión Especial –e identificado con el grupo político del exjefe de gobierno, Marcelo Ebard–, votó en contra de la aprobación del informe bajo el argumento de que es un documento “impreciso e incompleto” que “alienta la serie de falacias” sobre la obra. “No podemos avalar un informe incompleto, que se enfoca en observaciones administrativas que ya fueron solventadas prácticamente al 100% y que, por el contrario, deja fuera aspectos tan importantes como el deficiente o nulo mantenimiento que tuvo la Línea 12 por espacio de casi seis meses. Eso, y no los temas administrativos, aunado a una incorrecta operación, fue lo que provocó las fallas y el posterior cierre parcial de la línea,” afirmó. Se trata, acusó, de un documento que se presenta en el arranque del proceso electoral y está lleno de imprecisiones e interpretaciones que no demuestran irregularidades de carácter legal o administrativo que violan los ordenamientos legales. Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Movimiento Ciudadano, quien hace unas semanas renunció como integrante de la Comisión Especial por acusarla de parcial y no objetiva–, aseguró que el informe omite la responsabilidad en el mantenimiento y operación de la Línea 12 del Metro. Dijo que no se puede acreditar que el cierre se hizo con rigurosidad y apegado a un dictamen o estudio serio. Por el contrario, agregó que se ha demostrado que “el asunto del desgaste ondulatorio era perfectamente manejable y que no era necesario cerrar parcialmente la línea”. Y de plano, asestó: “El diputado Jorge Gaviño se entregó a Joel Ortega y emitió el informe según los intereses políticos del director del Metro sin que éste represente la pluralidad de ideas y argumentos vertidos por la Comisión”. El legislador del PAN, Héctor Saúl Téllez, respaldó el documento de la Comisión Especial, elogió el trabajo “muy respetuoso, un trabajo profesional, un trabajo que derivó en más de 32 reuniones, un trabajo que llevó más de 109 horas de trabajo. Creo que ha culminado en muchas aseveraciones, en muchos puntos que Acción Nacional comparte plenamente”. Fernando Espino Arévalo, del PRI, aseguró que “evidentemente” la principal falla en este proyecto fue la falta de coordinación entre las empresas constructoras de la Línea 12 –ICA, Carso, Alstom— y la empresa que suministró los trenes para la misma –CAF–.
“Cada quien se fue por su lado, cada quien hizo lo que quiso, los constructores, sin proyecto ejecutivo, sin consultar a los que saben, se fueron por la libre y modificaron el trazo de la misma no una vez, sino en varias ocasiones”, remató. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Las multas a los partidos por los gastos de precampaña de sus candidatos a diputados federales, fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), ascienden a un millón 982 mil 776 pesos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo la mayor multa por 26 faltas con un total acumulado de un millón 521 mil 941 pesos. El Revolucionario Institucional y Morena tuvieron cuatro faltas, por lo que cada uno será sancionado con 2 mil 804 pesos. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reportó al INE que no hizo erogaciones por gastos de precampañas, y por tanto reportó en “ceros”, pese a su onerosa y masiva propaganda que le ha generado multas por más de 180 millones de pesos por violar la ley electoral y reincidir en las faltas, impuestas por ese organismo y ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Otro partido que reportó en “ceros” fue Encuentro Social. Ayer, en su sesión extraordinaria, el Consejo General del INE sancionó al PRD con 723 mil pesos, debido a que sus candidatos Víctor Aguirre Alcaide y Beatriz Mojica –aspirante oficial a gobernadora en Guerrero–, presentaron informes de gastos de precampaña “en ceros”, cuando sí tuvieron actividades públicas para posicionarse ante la ciudadanía. Regresando con las sanciones, el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá una por 59 mil 374 pesos. A Movimiento Ciudadano le cancelarán el registro de seis precandidatos, y por las 22 faltas cometidas será multado con 21 mil 520 pesos. El Partido del Trabajo será multado con 18 mil 506 pesos, ya que cometió nueve faltas y se registró una queja por un gasto no comprobable. Nueva Alianza, por tres faltas, será sancionado con 21 mil 520 pesos. Y al Humanista se le cancelará el registro de siete precandidatos que no reportaron gastos, tener inconsistencias en los registros de tales personas y cometer ocho faltas por lo que deberá pagar 167 mil 188 pesos. En un comunicado, el PRI se jactó de haber obtenido la menor sanción porque ubican al partido en la legalidad, “como el instituto político que se ha preparado para esta contienda electoral observando escrupulosamente las nuevas reglas”.
También señaló que presentaron 234 informes sin irregularidades sustantivas, por lo que es el partido “con mejor rendición de cuentas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presume en estas elecciones como un “compromiso cumplido”, ha dejado a los circos sin animales, efectivamente. Y a los animales, sin hogar. El Partido Verde no previó a dónde irían a parar estos ejemplares, muchos de ellos especies exóticas y con requerimientos especiales. Pero el diario británico Daily Mail –en una nota de Alasdair Baverstock– dice a hoy dónde: a los zoológicos privados de los narcotraficantes mexicanos, que “los compran por precios ridículos”. “Los propietarios de circos mexicanos se están viendo obligados a vender a sus animales exóticos a los ricos jefes del narcotráfico, todo esto tras la prohibición legal que impulsó el Partido Verde”, dice el diario británico Daily Mail en un despacho publicado hoy. El medio europeo entrevistó a Armando Cedeño, el dueño de un circo con sede en la Ciudad de México, quien asegura que está ofreciendo siete tigres siberianos y otros grandes felinos “al mejor postor”. Dijo que incluso vendería sus animales exóticos a jefes de cárteles de drogas, si esto “es necesario” y el precio es “justo”.
Cedeño asegura que cada tigre lo está vendiendo en más de 100 mil pesos mexicanos.
El propietario del circo Cedeño Bros critica la Ley que impulsó el Partido Verde a nivel nacional, diciendo que la misma es “ridícula”. Con dicha Ley, el Gobierno mexicano prohibió que los circos tuvieran animales desde diciembre del 2014, señala el Mail. El Verde se atribuye haber impulsado las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, para “así prohibir el uso de cualquier tipo de animal, ya sea silvestre o doméstico, en espectáculos circenses”.
Los cirqueros, además de ambientalistas y animalistas acusan a ese partido de haber impulsado una ley que dejó sin hogar a miles de animales porque sólo se consideró el impacto político y no el destino de los animales, muchos de ellos especies exóticas o en peligro de extinción.
El Verde promociona en su página web que “el 9 de diciembre, el Senado de la República votó a favor de un circo sin animales en nuestro país y dos días después la Cámara de Diputados ratificó esta decisión de prohibir el uso de animales silvestres en los espectáculos circenses, con lo cual México ya cuenta con una ley en esta materia. La ley aprobada por el Congreso estipula que los circos presentarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posean”.
“Estas bases de datos se pondrán a disposición de los zoológicos del país para que éstos estén en posibilidades de seleccionar a los ejemplares que sean susceptibles de ser integrados a sus colecciones. Aquellos que no sean seleccionados por zoológicos, podrán ser entregados a Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre”, afirma ese partido, expulsado desde hace años de las coaliciones internacionales de partidos verdes.
Sin embargo, al parecer no todos los animales van a parar a zoológicos ni a centros de conservación e investigación. Como lo apunta la nota firmada por Alasdair Baverstock, son los miembros de los cárteles del narcotráfico los que tienen la capacidad económica para comprar y mantener a estos animales exóticos, pues para ellos, poseer a estas fieras es “un símbolo de estatus”. LOS NARCOS Y EL ESTATUS Los “Señores” de la droga son famosos por acumular objetos raros y exóticos, entre los que los leones y los tigres son muy apreciados, dice el Mail, recordando que Serafín Zambada -hijo de Ismael “El Mayo” Zambada- y Alfredo Guzmán -hijo del preso Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”- hicieron alarde de su riqueza y de sus exóticas mascotas en redes sociales como Facebook y Twitter. Cachorros de leones y guepardos son los favoritos de los capos del narcotráfico, mismos que son considerados un símbolo de estatus desde que se estrenó la película de Scarface en 1983 y es protagonizada por el actor estadounidense Al Pacino. Y sólo ellos, con su gran capacidad económica pueden mantener animales como los tigres, cuyo sustento cuesta unos 10 mil pesos a la semana, dice Cedeño. El diario británico también recuerda que la Policía de México descubrió más de 200 animales, incluyendo leones, pavos reales y avestruces, en el rancho de Jesús Zambada, alías “El Rey”, después de su arresto en 2008.
El año pasado, las autoridades encontraron en la mansión del otro jefe del Cártel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, una colección de dos panteras negras, ocho leones y otros grandes felinos, que incluían un tigre blanco extremadamente raro.
“Ahorita hay gente que está ofreciendo 10 mil pesos por un tigre. Algunos particulares. ‘Si no tienes dónde poner tu tigre yo te lo compro por 10 mil pesos’”: Cirquero a Daily Mail.
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES Armando Cedeño, quien también es el Presidente de la Asociación Mexicana de Propietarios de Circo, le dijo al Mail sobre sus animales: “Si no los podemos alimentar, vamos a tener que ponerlos a dormir. No tenemos otra opción”.
Un tigre se come un mínimo de tres pollos al día, pero esto podría costearse con el dinero de la venta de entradas, mismo que ahora no se genera, dice el cirquero, pero sí lo hará un político o un narco, asegura. Armando Cedeño agregó: “Los zoológicos no pueden pagar el mantenimiento de los animales, porque cuestan mucho mantenerlos. Los beneficios van a caer y los tigres no estarán produciendo. Se tendrán que ir”. En la actualidad, México cuenta con 199 circos registrados; muchos en lugares fijos, otros recorren el país ofreciendo espectáculos. COMPRA Y VENTA DE ANIMALES Cedeño asegura que con la prohibición de poseer animales está casi “fuera del negocio” del circo, y que por lo mismo ha intentado vender a sus animales exóticos. El cirquero asegura que ya ha recibido ofertas de clientes privados y de intermediarios para sus tigres. “Hemos tenido estos animales desde su nacimiento y ahora no se nos permite mantenerlos, pero esto no es problema para un criminal al que las autoridades buscan”, le dijo Armando Cedeño al Mail. El cirquero dijo temer por los miles de animales que ahora no podrán trabajar en un circo, o que no podrán ser reubicados, pues estos “terminarán muertos”, pues no tienen a dónde ir. La otra opción, dijo Cedeño, es que encuentren otros propietarios que cubran las costosas facturas de alimentación y atención que los animales necesitan. El Mail hace un recuento de lo que ha sucedido con la Ley General de Vida Silvestre, misma que entró en vigor en diciembre pasado y que “endureció” la prohibición sobre la tenencia de animales. El Partido Verde asegura en su momento en el Congreso que “el uso de animales en los circos no proporciona ningún valor educativo para el espectador”, y los animales exhibidos en circos sólo realizan los actos “por temor a lo que pueda pasar si no lo hacen”. Aprobada la “polémica” Ley, el Gobierno mexicano aseguró a los propietarios de circos que se encontraría un espacio adecuado a los animales, recuerda el diario británico. Pero no se pusieron restricciones a los propietarios de circos que venden sus animales a clientes privados.
“Ellos están a la venta al mejor postor”, dijo Cedeño al diario. “Y si eso significa vender a alguien que esté involucrado en actividades ilegales, entonces que así sea”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-04-2015/1315222.
Con la exhumación de un cuerpo más en el paraje La Joya, al poniente de Iguala, por peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) y familiares del comité Los Otros Desaparecidos, el número de cuerpos recuperados llegó a 75 desde el 23 de noviembre. Entre 2014 y lo que va del presente año, en esta zona de la ciudad ubicada a menos de 10 kilómetros del centro y en un paso obligado a colonias muy pobladas como la Villa de Guadalupe, Chapultepec y Loma del Zapatero, la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) han exhumado 95 cuerpos. La exhumación más reciente fue el martes en el paraje La Joya. El cuerpo presentaba el sello característico del crimen organizado como la gran mayoría de los cuerpos recuperados en esta zona, tenía los pies y las manos atadas, y cubiertos los ojos. También era un cuerpo de mucho tiempo y las características de la ropa ya no se apreciaban con claridad por el deterioro. El sábado, una comisión de familiares que nuevamente salió a buscar probables fosas ubicó más puntos con la probabilidad de contener restos inhumados, que sumado a los ya marcados con anterioridad, alcanza unas 15 posibles fosas clandestinas en el paraje La Joya, por lo que se cree que el número de cuerpos recuperados puede seguir incrementándose.
La Joya es el paraje en la falda del cerro Gordo en el que el más cuerpos han sido exhumados por la PGR y la FGE, el camino de terracería para llegar a este paraje es el mismo que se ocupa para llegar a La Laguna y Monte Hored.
En abril, la Fiscalía del estado exhumó nueve cuerpos de fosas del paraje La Joya y en mayo recuperó 19 osamentas humanas en el paraje Monte Hored. En octubre, un mes después de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR exhumó ocho cuerpos más de La Joya. El 23 de noviembre, con el inicio de las búsquedas del recién formado comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el paraje La Laguna fueron exhumados 21 cuerpos y en La Joya, con la recuperación del martes se habían contabilizado 38 cuerpos, en total, 95 cuerpos recuperados en esta zona, 75 de ellos a partir de noviembre con la aparición del comité Los Otros Desaparecidos.
Según información proporcionada por familiares, la búsqueda de probables fosas se ha extendido a cerros de Huitzuco por iniciativa personal de algunos familiares de desaparecidos, esto ante reportes anónimos de la ubicación de unos 16 cuerpos que fueron inhumados en entierros clandestinos en ese municipio. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN/ ALEJANDRO GUERRERO. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-04-2015/1314627.
MÉXICO, D.F: El excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo, es el nuevo director de la Conade. La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó remover a Jesús Mena -dos meses después del fallecimiento de Mario Vázquez Raña- quien asumió la dirección del deporte nacional en diciembre de 2012. El rumor de la llegada de Castillo a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se desató desde principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el exprocurador del Estado de México le pidió al presidente que lo designara en ese cargo. Sin embargo, por recomendación de Mario Vázquez Raña, dueño de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Peña Nieto se decantó por el exclavadista Jesús Mena y Alfredo Castillo fue nombrado director de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor). Proceso publicó en febrero pasado que Alfredo Castillo Cervantes, llevaba años levantando la mano para que el jefe del Ejecutivo lo considerara para la dirección de la Conade. Alfredo Castillo ha practicado tenis durante toda su vida. Su esposa, Daniela Torres Sandoval, también. Es cuñado de la tenista en retiro Melissa Torres Sandoval, quien es directora general adjunta en la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación. La única experiencia que Alfredo Castillo tiene en materia de deportes es la práctica recreativa del tenis. Además, los últimos tres años –con excepción del tiempo que fue Comisionado- publicó semanalmente una columna en el diario deportivo La Afición donde lo mismo analizaba las jugadas que mandan en el terreno de juego los head coach de los equipos de la NFL, que la manera como se conducen los integrantes de la Selección mexicana de futbol. Antes, cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, Alfredo Castillo sustituyó como procurador general a Alberto Bazbaz para “resolver” el caso de la desaparición de la niña Paulette, quien después de varios días apareció muerta oculta en los pies de su propia cama. La carrera de Alfredo Castillo siempre ha sido al lado de Peña Nieto. Jesús Mena se convierte en el segundo director de la Conade que no cumple con el periodo de seis años. El primero fue el futbolista Carlos Hermosillo quien duró poco más de dos años en el cargo y, al igual que Mena ahora, fue sustituido por un político, Bernardo de la Garza, quien, al igual que Castillo, era amigo personal del presidente en turno (Felipe Calderón).
Hasta ahora, Mena ha tenido la peor gestión de un director de Conade. No cumplió con ninguno de los tres ejes fundamentales que planteó al inicio de su administración: profesionalizar a las federaciones deportivas, realizar un censo de infraestructura y ejecutar el Ponte al 100, el programa con el cual se pretenden reducir los índices de sobrepeso y obesidad e la población; además de que, en casa, México perdió los Juegos Centroamericanos ante Cuba. FUENTE: PROCESO. AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.
MÉXICO, D.F: “Somos un gobierno verde”, aseveró hoy el presidente Enrique Peña Nieto, aunque de inmediato aclaró que no lo decía por el carácter partidario sino por las políticas públicas ambientales que implementa su administración. En una gira de trabajo por la comunidad de San Felipe, Baja California, Peña Nieto puso en marcha un programa de protección a la vaquita marina. Ahí, expuso una serie de medidas que se implementan en el Alto Golfo de California. El jefe del ejecutivo anunció una nueva delimitación de protección ambiental en la zona a cargo de la Marina Armada de México, un programa de compensación económica para pescadores, el reforzamiento de la inspección y vigilancia y la modernización de la actividad pesquera.
“México es de los países que asume su pleno compromiso y responsabilidad con el medio ambiente global y hemos asumido distintas medidas, diferentes acciones, políticas públicas específicas y leyes, ordenamientos legales, que están orientados, precisamente, a dejar en claro y acreditar el compromiso que México tiene para preservar el medio ambiente global”, dijo Peña Nieto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que hasta el momento los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos no han restablecido contacto con los consejeros electorales. Se ha buscado al “contacto” para cumplir con el compromiso de establecer un segundo encuentro, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta, dijo. Añadió: “El compromiso había sido volver a encontrarnos, fue una petición de ellos, (pero) no hemos tenido éxito en contactar al interlocutor que se nos planteó por parte de ellos. No hemos tenido respuesta después de que se entregó el 7 de abril la carta (a los padres), digamos, atendiendo a la petición que nos formularon”. Entrevistado al concluir el foro “La emigración en el debate político de Estados Unidos. Implicaciones en México”, Córdova resaltó que no se ha pactado nada “y no sé si se vaya a realizar otro encuentro. Insisto, habíamos quedado de contactarnos para programar un segundo encuentro y no hemos podido contactarnos”. Antes de que la carta fuera enviada a los padres de los 43 estudiantes, el representante del PRD en el INE, Pablo Gómez, pidió que se quitara la expresión: “No podemos desconocer que en México votar es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos y no una obligación impuesta por el Estado”. Argumentó que la carta iba firmada por todos los consejeros y se trataba de una opinión en contra del uso de la vía electoral, pero el Consejo General rechazó la petición. “Aquí sí les pido por favor que retiren esa expresión. Es una petición, porque el artículo 36 de nuestra Constitución dice que son obligaciones del ciudadano en su fracción III votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley. Hay mucha presión y en los medios mucha propaganda contra votar. Insistir en que no se trata de una obligación, aunque no haya una ley que imponga sanción, podría haberla, y sería plenamente constitucional, porque el Congreso no ha querido hacerlo”, subrayó Gómez. Lorenzo Córdova intervino: “Lo que yo he sostenido es que las elecciones per se no van a resolver los grandes problemas nacionales que aquejan al país, como la pobreza, la desigualdad, la impunidad derivada de la precaria rendición de cuentas, la inseguridad y el déficit de cultura democrática, sino que son una vía para instaurar los poderes democráticos del país, que son los responsables de generar las políticas públicas que van a resolver esos problemas o que deberían resolver esos problemas. Pero las elecciones per se no van a resolver el problema de los programas a los que he hecho referencia”. El consejero presidente destacó que no pretendía entrar a un debate sobre si se debe o no votar, pero los consejeros –agregó– sí quisieron responder a los padres de manera técnica “como una manera de ser transparentes y respetuosos”. En su oportunidad, la consejera Pamela San Martín calificó la petición de Gómez como fuera de contexto, porque respondieron, dijo, a una realidad que se está viviendo a partir de voces de los padres que se cuestionan si quieren o no elecciones en Guerrero. A su vez, el consejero Arturo Sánchez manifestó que el resultado de este diálogo “es que pudimos platicar, y sabiendo que pensamos en algunos aspectos diferentes, tenemos dos posiciones claras, que no se interprete que este debate generado aquí cambie en lo más mínimo el ánimo que presentamos para platicar con personas que han sufrido quizá uno de los dolores más grandes que puede sentir un ser humano: la desaparición de uno de sus hijos”. Luego el perredista les pidió que reconocieran su error al escribir en la carta que votar no es obligatorio,
“Lo que yo digo y lo que yo le aconsejo a Lorenzo no lo admite él ni ahora ni nunca, y yo lo que les pido a ustedes no es que se arrepientan de haber hecho algo, sino que admitan que la frase aislada de que votar no es una obligación impuesta por el Estado, es algo inexacto que choca con el texto constitucional, y se puede decir: correcto, es un error y ya. Pero no, son unos rollos impresionantes que no tienen nada que ver”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El dictamen aprobado hoy en comisiones unidas del Senado no tiene cambios respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados. Se discutirá en Pleno el próximo martes.
Las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado aprobaron por mayoría la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. De inmediato, el dictamen fue turnado al pleno del Senado en la sesión de este jueves y se le dispensó la primera lectura, por lo que será sometido a debate y a su eventual aprobación el martes próximo. El presidente de la Mesa Directiva en funciones, José Rosas Aispuro Torres, solicitó autorización al pleno para omitir la primera lectura del dictamen de 134 cuartillas, que no tiene cambios respecto a lo aprobado en la Cámara de Diputados. Lo que contempla el dictamen:
Se otorgan mayores facultades a la ASF, ya que se elimina el principio de anualidad, es decir podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que manejen recursos federales.
Se permite que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice a los órganos autónomos y al mismo tiempo habrá informes de carácter individual.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Se podrán imponer sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, mismas que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y la obligación de reparar los daños al erario.
El decreto aprobado indica que la modificación al Artículo 114 es para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.
Los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les puede seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) será designado por el presidente y ratificado por el Senado.
Durante el debate en comisiones, senadores del PAN y del PRD argumentaron que si bien tiene avances la minuta avalada en San Lázaro y ratificada este día por los senadores, en el futuro será necesario establecer una legislación secundaria. Ello, precisaron, para cubrir los vacíos y omisiones en temas como el Artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero de servidores públicos de todos los niveles. Recordaron que existe un acuerdo entre las dos cámaras para no hacer cambio alguno a la minuta que creará el Sistema Nacional Anticorrupción, pero exigieron que en la exposición de motivos se incluyan los temas puntuales que serán motivo de una legislación secundaria. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, indicó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se establece un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos y mecanismos de prevención de hechos de corrupción. Además, se crea el servicio profesional para el control interno de la gestión pública; se dan facultades de los órganos del sistema y su coordinación, y se establece una sinergia con otros ámbitos de la función pública. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, expuso que con esa reforma se crea una nueva estructura que tendrá que ser cohesionada con la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), incluso la Suprema Corte de Justicia (SCJN), a través del Consejo de la Judicatura Federal, en el combate a la corrupción. En dicha estructura participará también el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ciudadanos y el IFAI. De esta reforma se podrían derivar entre 10 o 12 leyes generales para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, abundó el legislador del PRI. A su vez, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, expuso que quedan pendientes en esta reforma temas como eliminación del fuero a todos los servidores públicos, incluido en Presidente de la República. Asimismo, la incorporación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su opinión dos instituciones clave del sistema hacendario. Establecer en la reforma el conflicto de interés de funcionarios, publicidad de declaraciones patrimoniales, Servicio Civil de Carrera, responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción, eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas, entre otros, puntualizó. En febrero de este año, los diputados aprobaron el dictamen para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (el cual hoy los senadores aprobaron en comisiones y la próxima semana se discutirá en el Pleno). Durante esa discusión, ¿qué NO aprobaron? Mira:
Que no tengan tiempo de prescripción los actos graves de corrupción, ya que esta reforma precisa que serán siete años.
Que al presidente también se le pudiera juzgar por delitos comunes y graves de corrupción.
Que en el caso de de funcionarios públicos se presente no sólo la declaración patrimonial y de conflicto de interés sino la declaración de impuestos.
Se desechó la propuesta para incluir otro artículo transitorio en el que se exigiera al Congreso legislar lo más pronto posible las leyes secundarias que normarían a la reforma constitucional.
De 1993 a 2005 se asesinaron a 379 mujeres en Ciudad Juárez; en el mismo periodo se asesinó 10 veces más mujeres en el Estado de México.
“¡Suficiente, ni una chica más!” Es el grito de quienes lamentan la muerte de Diana Angélica Castañeda Fuentes y muchas otras jóvenes que han desaparecido en el Estado de México, relata un artículo del diario británico The Guardian que habla sobre la situación de inseguridad que se vive en la entidad.
“1.258 niñas y mujeres fueron reportadas desaparecidos en el Estado de México en 2011 y 2012 – de las cuales el 53% tenía entre 10 y 17 años”, indica la publicación. “’Edomex’ es el motor de la modernización de la Ciudad de México: una aglomeración urbana en expansión de zonas industriales y dormitorios anónimos que se envuelve alrededor de la capital”, continúa. De acuerdo con el texto, no hay una explicación concreta para la ola de violencia en contra de las mujeres. Mientras que la evidencia muestra que se involucran temas como redes de prostitución y violencia de género, hay otras conjeturas.
“También podemos plantear la hipótesis de la violencia está relacionada con los propietarios de grandes empresas, políticos corruptos y el crimen organizado… pero realmente no sabemos ya que no existen investigaciones. La impunidad en Edomex es brutal”, se asegura. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Denuncian el uso uso de recursos públicos para favorecer a la campaña del candidato del PRI a Guadalajara.
Representantes del partido Movimiento Ciudadano, acudieron este día ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para presentar una denuncia contra el magistrado Leonel Sandoval quien también es padre del actual gobernador de Jalisco. La denuncia fue presentada por Salvador Caro, Augusto Valencia y Gustavo Flores quienes dijeron que esperan que la instancia atraiga la investigación y sancione a los responsables. Este martes, el Partido Encuentro Social presentó una denuncia penal en contra del padre del gobernador. El diario El Informador publicó que la demanda se realiza unos días después que Sandoval, quien es también magistrado del Tribunal de Justicia del Estado, fue captado realizando actos proselitistas a favor del PRI. Caro afirmó que Sandoval convocaba a la ilegalidad por presunto uso de recursos humanos y financieros en favor del candidato del PRI al Ayuntamiento tapatío, Ricardo Villanueva. “Denunciamos el uso de recursos públicos para favorecer a la campaña del candidato del PRI a Guadalajara“, dijo Caro.
Añadió que “no basta que con la renuncia el magistrado Sandoval, sino que exista un castigo verdadero”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, afirma el funcionario del PRD.
Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno. La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta. La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas. Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.
Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: PABLO GÓMEZ.
"Aislada, una estadística es el más hermoso poema y torturados los números dicen cualquier cosa...", escribe el ex director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Fascinado por leer cifras en los discursos que le escriben, el presidente Peña Nieto nos invita a reconocer los avances de su gobierno y a valorar las condiciones que disfrutamos. En ocasiones va más lejos, como lo hizo al decir “que a veces pareciera que no queremos o nos negamos a registrar las buenas noticias. Estamos frente a ellas y no las vemos”. Ese día estaba optimista por el anuncio de una millonaria inversión para el sector turístico. Peña Nieto citó datos según los cuales México se encuentra ya entre los primeros diez destinos turísticos del mundo y emplea en forma directa a 3 millones de mexicanos y de forma indirecta a 5 millones más. El director de un importante diario sobre temas financieros una vez me dijo: “ante la falta de mayor información, el anuncio de nueva inversión extranjera para mí es una ‘buena noticia’. Claro, existe la posibilidad y la alta probabilidad de que con mayor análisis resulte no serlo”. Los datos del presidente carecen de contexto. Aislada, una estadística es el más hermoso poema y torturados los números dicen cualquier cosa. Si fuera cierto que México es el décimo lugar en recibir visitantes ¿es ese el único dato para entender lo que sucede con el sector y su importancia económica? Por principio, nuestro avance se debe a comparaciones con paises como Hong Kong (que tiene una superficie de 1,102 km2 y una población de alrededor de 7 millones de habitantes) o Ucrania, un país en pleno conflicto bélico. Con apenas un poco de más análisis, la buena noticia quizá no lo es tanto. En 2013, de acuerdo al barómetro de turismo, México recibió 24.2 millones de visitantes. Con esa cifra ocupó el lugar 15 en el ranking mundial. Pero, teniendo en cuenta las divisas por turismo, el mismo ranking colocó a México en el lugar 23. Ahora, si consideramos el gasto en turismo internacional, nuestro desempeño es más pobre. Ese mismo año ocupamos el lugar 29. Dicho en buen cristiano, otros países hacen mucho más dinero que nosotros, con menos visitantes. Digo, por lo menos para tenerlo en cuenta. Pero hay más. Unos días después del llamado del presidente Peña Nieto al optimismo turísitico, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a 21 estados de México, señalando que “el crimen y la violencia son problemas serios y pueden ocurrir en cualquier parte, incluyendo homicidio, tiroteos, secuestros, robo de auto, y robo a mano armada”. A pesar de que dos terceras partes del territorio son riesgosas, el informe reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas para proteger a los visitantes. Entonces, los polos turísticos como una realidad aparte. Ajena. No nuestra. Para que nos visiten, aunque a nosotros nos maten. No es muy distinta la simpleza con la que el Presidente usó recientemente datos en la entrega del Premio Nacional de Comunicación. Ese día dijo: La libre manifestación de ideas es una conquista social irrenunciable que hoy forma parte de la normalidad democrática. Déjenme poner en contexto el número de medios que tenemos en México: Se publican cerca de 600 periódicos y circulan más de 650 revistas. Hay más de dos mil 500 emisoras de radio y televisión ¿Conquista social? México es uno de los países con mayor concentración mediática en América Latina. En cifras redondas, hoy mismo, Televisa y Televisión Azteca ocupan 60% de todas las frecuencias asignadas y en uso para televisión en México y 95% de las concesiones para televisión comercial. En cuanto a radio, el 75% de las frecuencias de radios comerciales pertenece a 14 familias y apenas hay reconocidas 20 radios comunitarias permisionadas, mientras en otros países se cuentan por cientos (Colombia) o miles (Canadá). Mientras el Presidente celebra sus cifras aisladas, una resolución del IFETEL declaró la preponderancia de Televisa en el mercado de televisión por cable y un grupo empresarial abandonó el proceso de adjudicación de una cadena de televisión abierta sin mayor explicación, lo que tendrá altos costos en términos de pluralidad informativa y sigue afectando los derechos de las audiencias. ¿Libre manifestación de ideas? Prestigiosas organizaciones internacionales y nacionales como Article 19, WAN, Reporteros Sin Fronteras o Fundar han señalado que la autocensura flota en las salas de redacción de periódicos y revistas y que los gobiernos representan el control, por la vía de los ingresos, de muchos medios. ¿Normalidad democrática? Los ataques violentos a la prensa nos colocan en comparaciones con países en guerra. Tenemos 105 periodistas muertos en 15 años. El gobierno de Peña Nieto ha pedido al Instituto Nacional Electoral que retire un spot en el que se le crítica, por considerar que se le calmunia. Tan sólo hace dos días, un tribunal reconoció que el despido de la periodista Carmen Aristegui puede implicar graves afectaciones a la libertad de expresión.
Y como estos podríamos hacer variados ejercicios. Por supuesto el tema no es si las personas tienen el legítimo derecho a pensar de la realidad lo que se les venga en gana. Eso es una obviedad. Creo que la ecuación es a la inversa. Lo que sucede es que el Presidente tiene a la realidad quebrándose frente a él, pero no lo quiere ver. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: MIGUEL PULIDO.
México, DF. El informe final de actividades del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, encargado de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, resuelve que en el citado caso “se está en presencia de uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”. Los integrantes del grupo de trabajo aprobaron el contenido del informe con cuatro votos a favor y dos en contra, señalando que a través de un acuerdo amplio que plantee medidas legislativas reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad púbica para ser sustituidas por diversos cuerpos civiles, de acuerdo a metas y objetivos claramente definidos en la política integral de seguridad. En sus resoluciones la comisión manifiesta la necesidad imprescindible de que la Secretaría de Defensa Nacional esclarezca las fallas en la actuación de sus elementos relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al control estricto de sus actos por parte de sus superiores, al cumplimiento de los protocolos sobre la interacción con civiles, al cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos de la escena de los hechos y de los cuerpos. Se considera que la Sedena debe aclarar la jerarquía de mando interna –y la relación con las autoridades civiles– durante los acontecimientos del caso Tlatlaya.
El documento, que será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, considera de “suma importancia que la PGR dé a conocer públicamente con apego a lo establecido en la ley los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militantes bajo custodio o de otras personas con probable responsabilidad. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: Enrique Méndez y Roberto Garduño.
La candidata del PRI al gobierno de Sonora dijo que el constructor no recibió contratos por los que ella cabildeó cuando era diputada.
En unos audios revelados por el diario Reforma se escucha a la candidata al gobierno de Sonora por el PRI, Claudia Pavlovich, pedir un avioneta a un constructor que supuestamente ganó contratos gracias a su cabildeo cuando era diputada. AUDIOS De acuerdo con el diario mexicano, Pavlovich intercedió por las empresas encabezadas por el empresario sonorense Samuel Fraijo –ganador de la polémica obra del Acueducto Independencia, de Hermosillo– para otorgarles contratos de obras carreteras. El fue, además, quien le prestó una avioneta para viajar a Las Vegas. Este jueves 16 de abril, Pavlovich dijo a Denise Maerker, de Grupo Fórmula, que la avioneta no fue prestada, sino rentada por alrededor de 30 mil pesos. “Ese empresario me renta la avioneta como se la renta a mucha gente aquí, son avionetas, no aviones; y él no ganó ninguno de los concursos por los que yo estuve peleando para que los sonorenses ganaran, es mi obligación pelear por generar empleos en Sonora”, explicó esta tarde.
Además, dijo que consideraba que la publicación de esta información es un “ataque político”. “Las grabaciones de las que hemos sido objetos de espionaje telefónico y la presión que hemos vivido los sonorenses durante todo este tiempo, es por parte del Gobierno”, agregó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN
El periodista sostiene que el director de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, "convenció a los Vargas-Chao-MVS de utilizar la crisis para disfrazar la censura".
Fragmento de la columna del periodista Álvaro Cepeda Neri, publicada originalmente en la revista Contralínea Empresarios y funcionarios temen que Mexicoleaks abra lo que falta de la “Caja de Pandora” de la corrupción No fue el uso de la marca MVS en la organización Mexicoleaks lo que desencadenó los ataques en desplegados a toda plana y, después, el despido de los reporteros Irving Huerta y Daniel Lizárraga; y ante la defensa de Carmen Aristegui de su equipo de periodismo de investigación, la terminación de la relación laboral de la misma Aristegui. Bastaba con suprimir de Mexicoleaks las iniciales de la empresa de la familia Vargas. Pero el recién nombrado director general de Comunicación Social de la Presidencia de Enrique Peña, dueño de una cadena de restaurantes de comida japonesa, Eduardo Sánchez, aprovechó el conflicto para llevar a cabo la venganza de Angélica Rivera, Luis Videgaray y el mismo Enrique Peña Nieto, exhibidos por los bienes inmuebles que simularon comprar al empresario favorito del peñismo: Juan Armando Hinojosa Cantú-Grupo Higa. Sánchez convenció a los Vargas-Chao-MVS de utilizar la crisis para disfrazar la censura a las libertades de obtener y dar información veraz y contrastada con un asunto “entre particulares”, de acuerdo con la explicación no pedida del boletín de la Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Osorio, la mano pública con guanteconciliatorio de la mano negra de Aurelio Nuño-Los Pinos. Funcionarios, políticos y empresarios que han hecho de sus relaciones un botín, se sumaron a la presión para a toda costa y al precio que fuera (ellos asumirían el costo para apoyar a MVS), echar a la calle al programa radiofónico de noticias, investigaciones periodísticas, entrevistas y crítica, porque si con esto se apuntalaba Mexicoleaks, las elites políticas-administrativas y sus cómplices empresariales estarían más en la mira de las denuncias sobre corrupción.
Sacar el programa de Aristegui y cerrarle otras opciones en los medios de comunicación abiertos fue y es el objetivo del peñismo, con el fin de –al menos– disminuir, y si es posible cancelar, el proyecto Mexicoleaks, que ha puesto en alerta máxima a banqueros, patrones, militares, policías, funcionarios, jueces, magistrados, ministros, sindicatos, partidos políticos, etcétera, pues si logra establecerse, éste puede ser el destapacaños de la corrupción privada y pública que abortaría los despojos que han devastado a la nación, desacreditado a las instituciones y mermado su credibilidad (…). COLUMNA INTEGRA. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/CONTRALINEA AUTOR: CEPEDA NERI.
Con la Ley General de Transparencia, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia.
El dictamen de la Ley General de Transparencia fue aprobado en lo general y lo particular por los diputados con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, por lo que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación. Según los legisladores, quienes aprobaron el dictamen exactamente igual a como lo pasaron los senadores, esta ley “establece los principios y reglas para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad”. Diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena presentaron 36 reservas a diversos artículos del dictamen, pero ninguna fue aprobada. Con esta ley, partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los utilizan; los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos; y se creará el Sistema Nacional de Transparencia. Lo que contempla la ley: * Obliga a todos los órganos autónomos, dependencias, sindicatos y partidos políticos a rendir cuentas y transparentar toda la información relativa a los recursos públicos que manejan. *Los senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones. Son sujetos obligados a esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Asimismo, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. *Será imposible reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. *Establecimiento de sanciones a servidores públicos cuando declaren “con dolo o negligencia” la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño. Se establecen multas hasta de mil 500 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de que se trate a quien se niegue a hacer pública la información solicitada. *Se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país. *Transparenta las condonaciones fiscales. *Mantiene el principio de presunción de existencia de la información. *Prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos, sindicatos, partidos y sujetos obligados. En tanto no entren en vigor los lineamientos que obligan a subir la información a dicha plataforma, lo cual no podrá exceder de un año, los sujetos obligados deben publicar toda la información en sus respectivas páginas de Internet. La Plataforma Nacional de Transparencia deberá contar al menos con cuatro sistemas de solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Entre los temas que deberán incluir los sujetos obligados en esa plataforma electrónica, figuran directorio de servidores públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, confianza y por honorarios. Las preocupaciones de organizaciones civiles y legisladores El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, dijo que “la ley en materia de transparencia resulta inoperante ya que controla políticamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y deja de lado su autonomía“. Ricardo Luévano, de la organización Artículo 19, escribió que “es absurdo que en casos de violaciones graves a derechos humanos no se haya regulado con especial énfasis la forma en la que el pleno del IFAI debe determinar si se abre o no información ante tan preocupante posibilidad.” Una de las preocupaciones del Colectivo por la Transparencia va de la mano con lo expresado por Luévano, que no hay claridad sobre lo que el IFAI hará para determinar qué información no se puede reservar. Además, dice que, según el dictamen, transparentar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales realmente no será una obligación para los funcionarios, sino que queda sujeta a su voluntad.
Sobre el lo que es el interés público y la seguridad nacional, esto es lo que el diputado panista Carlos Angulo pidió al PRI:
Dictamen completo. “El acceso a la información pública es un derecho, no una concesión” El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el priista Abel Octavio Salgado Peña, expuso que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abonará en la reivindicación de otros derechos y obligaciones, como la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. También dijo que la transparencia es un prerrequisito para el debate público informado, al fundamentar el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República, al iniciar su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Con este documento, abundó, “se está materializando el mayor avance con relación al derecho humano, al acceso a la información, desde la reforma constitucional de 1977, sin pasar por alto los importantes cambios de 2007, 2013 y febrero de 2014″. El representante del PRI, expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los órganos garantes de este derecho. Subrayó que ésta es una oportunidad para empoderar a la ciudadanía a través de esta ley.
Precisó que todo acto legislativo es perfectible y que, de ser necesario, en otro momento se podrían realizar las correcciones pertinentes, a efecto de pulir la ley.
Salgado Peña resaltó que se termina con cualquier privilegio de personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, al ampliar el catálogo de los sujetos obligados.
“El derecho a la información pública no es ninguna concesión, es una demanda ciudadana por años. Es de ellos, de los ciudadanos, esta propuesta, y por ello nadie tiene el derecho de usar la transparencia como bandera política”, aseveró. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
El PVEM acumula 90 millones de pesos en multas y en seis meses podría estar obligado a liquidar otros 95, situación que para el vocero del partido no procede pues rebasa la porción que debería ser cobrada de la prerrogativa partidista.
Por actos irregulares relacionados con el actual proceso electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acumula al menos 90 millones de pesos en multas, cifra que los deja sin prerrogativas hasta septiembre, confirmó este 16 de abril su vocero, Arturo Escobar. “De forma equivocada la autoridad electoral decide quitarnos el 100% de la prerrogativa, cuando la ley es muy clara y establece que el máximo de aplicación de una sanción es del 50% de la prerrogativa”, dijo Escobar al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula. Escobar detalló que hay más expedientes pendientes con sanciones que acumularían otros 95 millones de pesos, a pesar de que la prerrogativa anual del partido es de 150 mdp. Por ello, el Verde presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, el también coordinador del los diputados del PVEM calificó de “ridículo” la solicitud de ciudadanos y partidos para quitarle el registro. “Es absolutamente ridículo pensar que a un partido porque hizo una campaña de difusión, de informar sus logros como hoy lo está haciendo el PRD, se le quiera quitar el registro. Ya fuimos sancionados por esa conducta, hoy estamos en otra etapa“, dijo Hasta este jueves 16 de abril, el portal de internet Change.org acumulaba 90 mil 562 a favor del retiro de registro del Partido Verde. Esta iniciativa es liderada la politóloga Denise Dresser, los activistas Carlos Brito y Martha Tagle, el investigador Sergio Aguayo, Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, para el vocero del Verde el objetivo del partido es convertirse en la tercera fuerza política del país tras las elecciones del próximo 7 de junio.
Desde marzo de este año, el partido Verde Ecologista de México acumula multas económicas de parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial por “sobreexposición” a través de 239 mil 301 spots de radio y televisión difundidos en todo el país antes del arranque del proceso electoral y durante el desenvolvimiento del mismo, reparto de tarjetas de descuento y promociones, así como reparto de calendarios. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
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