Jaime Rodríguez confirma que uno de sus hermanos fue detenido en el 2010 por el Ejército con un rifle AK-47, una pistola escuadra y 100 mil pesos, pero asegura que fue absuelto porque demostró que las armas no eran suyas.
Jaime Rodríguez aceptó ayer que su hermano fue detenido por el Ejército hace cinco años por portación ilegal de armas, pero el candidato independiente a la gubernatura aseguró que fue absuelto de ese delito. “El Bronco” sostuvo –sin mostrar documento alguno- que su hermano Adex Caleb Rodríguez Calderón fue exonerado tras ser detenido en el 2010 en un retén militar con un rifle AK-47, una pistola Beretta .9 mm y la cantidad de 100 mil pesos en efectivo. “Lo que sí te digo es que mi hermano estuvo detenido tres días”, señaló Rodríguez Calderón. “El mismo juez determina la absolución porque mi hermano demostró que él no traía ninguna arma en su poder. El vehículo no era de él ni las armas”. -¿Tu metes las manos por tu hermano?, se le preguntó al candidato. “Yo no meto las manos por nadie. Ni por mis hijos ni por nadie. Yo no tengo la certeza ni la seguridad de nadie. Yo meto las manos por mí. “Yo no meteré las manos por ninguno de mis familiares en ninguna ocasión”. El día de ayer Reporte Indigo publicó que los postulados de justicia y legalidad que presume en campaña “El Bronco” estaban en entredicho por la detención que hizo el Ejército de un hermano por violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. La información está sustentada en la averiguación previa AP/PGR/COAH/SALT-IV/21/D/2010, que la PGR abrió en contra del familiar de “El Bronco” y de la cual este medio tiene una copia. Entrevistado ayer por este periódico, Rodríguez Calderón confirmó que su hermano Adex Caleb, de 55 años de edad, opera electoralmente en su campaña. “Mi hermano me ayuda en la campaña con algunas cosas. Básicamente con las cosas que tiene que ver con el sur del Estado y los amigos nuestros que siempre han estado con nosotros”, detalló. “El Bronco” intentó respaldar la versión de los hechos ocurridos en el 2010 que rindió su hermano en su declaración ante la PGR, pero el dicho del candidato se contradijo con lo que en su momento declaró su hermano ante el MP. “Yo conozco a mi hermano y sé que es un hombre que no tiene armas ni nada”, aseguró Rodríguez Calderón. -Los 100 mil pesos eran de Camerino (Solís) o de tu hermano?, se le preguntó al candidato. “Eran de Camerino. Él tiene una empresa que se dedica a hacer topografía. Mi hermano no traía ningún peso”. Pero en la declaración rendida por el hermano de Jaime Rodríguez, este admitió que los 100 mil pesos asegurados por el Ejército le pertenecían y que eran para comprar refacciones para tractores que tiene en un rancho de su propiedad. De acuerdo con Jaime, fue el amigo de su hermano, Camerino Solís –también detenido con Adex Caleb- quien le habló a un amigo que tiene una empresa de seguridad privada para que los auxiliara cuando una de las llantas del vehículo en el que viajaban se ponchó. “Él no tuvo nada que ver. La camioneta se la prestaron. El amigo de Camerino se la prestó. Él iba de raid pues”, explicó Jaime Rodríguez. Pero de acuerdo a la declaración que rindió Camerino Solís ante la PGR, fue el hermano de Jaime quien se comunicó con un amigo suyo - dueño de una empresa de seguridad privada- para que lo apoyaran con una llanta de refacción. También Camerino Solís identifica en su declaración al hermano de Jaime como dueño de los 100 mil pesos que el Ejército aseguró junto con la AK-47, la Beretta y los cartuchos. “El señor Adex Caleb Rodríguez tuvo una fuerte discusión con los soldados que nos detuvieron, quien al revisarlo físicamente solamente le encontraron que el señor Rodríguez traía consigo dinero y al parecer le pidieron una parte de él para dejarnos ir”, declaró Solís. Reclama publicación de artículo contra su hermano Sin que se le haya preguntado su versión, el candidato a la gubernatura registrado de manera independiente reclamó en su entrevista a Reporte Indigo por la publicación del artículo relacionado con su hermano. “Se me hace mala leche de ustedes, porque me pudiste haber hablado, pudiste haberme preguntado y te hubiera dicho las razones”. Rodríguez Calderón dejó entrever que la divulgación de este caso, ocurrido hace cinco años que involucra a su hermano, se debe a razones políticas por su campaña a la gubernatura. “Tengo conocimiento que el gobierno está buscando en todas las agencias del Ministerio Público para ver si yo tengo un proceso pendiente o algo que se me haya denunciado o demandado en mi vida. “Ya está asustado el gobierno, el sistema, por lo que estamos avanzando”. Hasta ayer al cierre de la edición el equipo de campaña de Jaime Rodríguez no había enviado –como ofreció “El Bronco” en la entrevista - el documento donde la autoridad se supone absuelve al hermano del candidato por el delito de portación ilegal de armas. Las contradicciones de Jaime > ‘El Bronco’ aseguró ayer que los 100 mil pesos que el Ejército le aseguró en el 2010 a Adex Caleb Rodríguez Calderón, junto con las armas, no era dinero de su hermano. Adex Caleb, hermano de Jaime, declaró ante el Ministerio Público que los 100 mil pesos asegurados eran suyos y que los utilizaría para comprar refacciones para los tractores que tiene en su rancho. > Jaime sostuvo ayer que fue el acompañante de su hermano, Camerino Soís, quien le habló a un amigo, dueño de una empresa de seguridad privada, para que lo auxiliara en la carretera cuando se ponchó la llanta de su vehículo.
En la declaración que rindió, Camerino Solís aseguró que el hermano de Jaime fue quien se comunicó con un amigo -dueño de una empresa de seguridad privada- para que lo ayudara. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Aunque ejidatarios denunciaron desde marzo a una mina por la contaminación del arroyo Milpillas, la Profepa apenas comenzó a investigar.
Luego de que habitantes del ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Santa Cruz, Sonora, denunciaron a fines de marzo a la mina subterránea La Pareña, perteneciente al Grupo Peñoles, por presuntamente contaminar el arroyo Milpillas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció ayer que investigará el sitio. La dependencia informó que lo anterior es con el fin de determinar si pudiera deberse a la descargas de aguas residuales de la mina La Parreña, por lo que se llevó a cabo un recorrido de inspección por un tramo de 1.8 kilómetros de ese afluente. Esa acción se lleva a cabo luego de una serie de denuncias populares que advierten sobre la presencia de manchas de color azul turquesa, lo que se presume es causado por sulfato de cobre que se impregnó en las piedras del río. De acuerdo con estudios preliminares que practicaron funcionarios de la Profepa, las mediciones de pH arrojaron que los niveles están dentro de lo permisible según la Norma Oficial Mexicana 001 de Semarnat con 7.8, cuando lo máximo permitido es nueve. El dictamen de dicha investigación continúa aún en proceso. Acaban con flora y fauna El pasado 30 de marzo, el diario El Universal informó que los ejidatarios advirtieron que la mina está acabando con la flora y fauna de esa región por bombear, desde hace dos años, inmensas cantidades de sulfatos y otros metales tóxicos en el arroyo.
“Se están descargando altas concentraciones de cobre, tenemos alrededor de dos años que empezaron a desechar eso de la mina Milpillas, empezaron con poco, luego para que no nos quejáramos le daban vuelta a la arena, ahora eso ya no se puede esconder”, le dijo un ejidatario al diario. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la lista. Le siguen el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Los tres hombres más importantes del Ejecutivo federal son ejemplo de cómo desde el poder se atenta contra la gobernabilidad democrática. Las revelaciones periodísticas sobre la manera en que han conseguido sus millonarias casas de la mano de contratistas, van más allá del escándalo y la indignación. Muestran que en México, los hombres del poder público son los primeros en ir en contra del estado de derecho. En las democracias, el menor asomo de conflicto de interés es causa de la salida de funcionarios, renuncia de legisladores y caída de jueces. Aquí, el jefe de Estado, el responsable del gobierno y la seguridad interior y el encargado de las finanzas del país mostraron que eso es inconcebible en México. Peña, Videgaray y Osorio son, por ahora, quienes están cuestionados. Pero no hay que buscar mucho para encontrar ejemplos en el Congreso, en el Poder Judicial y en los feudos en que se han convertido los gobiernos estatales. Están en todo el aparato del Estado mexicano. Una de las características del estado de derecho es que los gobernantes, no sólo los ciudadanos, respeten las leyes. Acostumbrados a no rendir cuentas, los funcionarios mexicanos siguen usando el poder en beneficio personal y por ello están en permanente conflicto de interés, potencial o real. Si el Legislativo fuera tal, hace rato que estuviera investigando, y no simulando como ahora, la compra de la llamada Casa Blanca de las Lomas, según la versión oficial, por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera. En el centro está el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa; pero también Televisa que, según la misma versión oficial, “transfirió” la residencia a su actriz, que ahora cumple el papel de primera dama. El poder formal y el fáctico, entreverados. Con sus variantes, el esquema es el mismo con Videgaray y con Osorio, quienes además desde el primer día de este gobierno compiten no sólo por presencia en el gobierno, sino en sus aspiraciones presidenciales. Cuando un gobernante y sus principales funcionarios anteponen sus intereses al respeto de las leyes, el mensaje para el resto de la sociedad es que eso se puede hacer sin que haya consecuencias, como sucede en México. Cuando las hay, como la salida de David Korenfeld de Conagua por usar un helicóptero para viajes personales, es porque no hay alternativa. Pero si su jefe el presidente hubiera podido, lo habría dejado o cambiado de puesto. Sólo eso explica que no lo haya despedido, sino que a pesar del desgaste político, aguardara a que renunciara. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una organización no gubernamental internacional dedicada a medir el ambiente de negocios en el mundo, acaba de dar a conocer su Índice de Paz México 2015. Dice que más allá de las acciones gubernamentales contra la delincuencia, el buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción son de los pilares para superar el conflicto y la violencia en México. Apoyado en los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, que entre otros aspectos miden el estado de derecho respecto de la manera en que el gobierno se relaciona con los contratistas, el IEP muestra que en México la confianza en el gobierno está permanentemente a la baja.
Los Peña, los Osorio, los Videgaray abundan en México. Da lo mismo que sean del PRI, del PAN, el PRD, el Verde o en cuantas siglas se cobijen. El poder, financiado por los impuestos, está, impúdicamente, a su servicio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
TOLUCA, Edomex: Alfredo Martínez Gutiérrez, padre de Carlos Eduardo, un adolescente que fue asesinado tras su secuestro hace dos años en Toluca, pidió al gobernador Eruviel Ávila integrar a los asesinos de su hijo a la lista de los más buscados y ofrecer hasta 50 mil pesos por cualquier información que lleve a localizarlos, pues seis de los implicados siguen libres, mientras cuatro detenidos aún no han sido juzgados. Don Alfredo considera que la entidad padece un clima de impunidad, pues diez personas fueron cómplices del secuestro y asesinato de su hijo de 15 años, pero seis de los presuntos homicidas siguen libres. A la fecha, detalla, existen órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de Emiliano Victoria Hernández y Erick Rojas Lina. Peor aún, abunda, no se ha hecho nada en contra de la mujer que prestó su casa en San Mateo Atenco para tener en cautiverio al menor, ni contra las mujeres que lo alimentaban y cuidaban para que no pudiera escapar. “Hago un llamado al gobernador Eruviel Ávila Villegas para que incluya a esas seis personas, tres mujeres y tres hombres, en el Programa de Recompensas que anunció el lunes pasado, el cual, él dijo, tiene como objetivo cumplir las órdenes de aprehensión vigentes por el delito de secuestro”, reclama. También exige se garantice que haya “justicia plena para mi hijo Carlos Eduardo Martínez González, porque no puede haber justicia a medias. La justicia o es total, pronta y expedita, o no es justicia”, sentencia. También exige que los asesinos confesos, detenidos en el penal de Almoloya: Beatriz Alejandra Morales Sendo, Margarito Salas Reyes, Emiliano Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández, sean condenados a la brevedad. Martínez Gutiérrez señala que se ha removido en cuatro ocasiones al juez del caso, y detalla que los detenidos gozan de privilegios porque son visitados por sus familiares de manera cotidiana y están en áreas independientes al resto de la población carcelaria, “pese a la manera despiadada en la que le quitaron la vida a mi hijo, pues vivo lo arrojaron del puente vehicular de Ixtapan de la Sal”.
El padre de Carlos Eduardo también lamenta que sólo se hayan fincado responsabilidades administrativas al personal de la PGJEM y éste continúe laborando, pese a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) por el caso, debido a que el cuerpo de Carlos Eduardo permaneció en calidad de desconocido por seis meses en el Semefo de Tenancingo, resultado de la mala práctica de pruebas periciales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO/REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: Organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas plantearon hoy ante delegaciones de México y de la Unión Europea la necesidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto acepte las recomendaciones y las conclusiones de las instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y del relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez. “No sólo organizaciones, también relatores y expertos en la materia decimos que estamos viviendo una crisis de derechos humanos en México, particularmente en términos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado, libertad de expresión de periodistas y de defensores de las tierras y de los territorios”, señaló Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Los representantes de ONG leyeron ante los diplomáticos las conclusiones del seminario de la sociedad civil en el marco del Quinto Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos que sostuvieron ayer 29 organizaciones mexicanas y europeas, y llamaron a que “la UE y México se exijan mutuamente los mismos estándares de derechos humanos que reclaman a otros países”. “Que hayan permitido que representantes de organizaciones de la sociedad civil acudieran a este diálogo es una señal positiva”, estimó Guzmán. Durante el seminario que se llevó a cabo ayer las organizaciones discutieron de los temas de la vulnerabilidad de los migrantes, los refugiados y los desplazados, así como la situación de los niños y las violaciones a derechos humanos por parte de algunas empresas, los cuales tienen en común “la corrupción, la impunidad y la falta de mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y reparación”. Para poner fin a las desapariciones forzadas, las organizaciones urgieron hoy al gobierno mexicano a implementar todas las “recomendaciones estructurales” que emita el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Asimismo, llamaron a crear un mecanismo transnacional de búsqueda inmediata y con vida de personas desaparecidas. Las ONG también aseveraron ante los diplomáticos que en los últimos años algunas empresas, tanto mexicanas como europeas, han vulnerado en México muchos derechos, entre otros a la consulta y la libertad de asociación sindical, a través de sus métodos de “despojos, desplazamientos forzados, ruptura del tejido social, contaminación y sobreexplotación de recursos naturales”. Las empresas pudieron cometer las violaciones anteriores “con el respaldo de las autoridades y el cuerpo diplomático tanto en el país de origen como en el anfitrión”, advirtieron las organizaciones, las cuales llamaron a la UE y a México a elaborar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. “Recomendamos al gobierno mexicano que adopte un plan de acción nacional el próximo año (…) y que haya una acción de la sociedad civil, buscamos que las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas sean sancionadas”, aseveró Benjamín Cockelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Ante los diplomáticos mexicanos y europeos, las ONG recordaron que el gobierno mexicano endureció su política migratoria y cerró sus fronteras, lo que generó “violencia e inseguridad para las personas extranjeras en el territorio” en un entorno de “criminalización, discriminación, xenofobia y racismo”.
Por lo anterior, exigieron a los representantes políticos a comprometerse en abandonar “el enfoque de seguridad por el de protección a la vida y dignidad humana”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
La nueva ley de acceso a la información pública fue aprobada ayer en la Cámara Baja sin cambios. La medida permitirá que más funcionarios y organismos que manejen dinero público sean sujetos a escrutinio.
En medio de críticas por las deficiencias que contiene de origen, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el nuevo esquema, que entrará en vigor una vez que sea promulgado por el Ejecutivo, se aumentó el número de sujetos que deberán abrir su información a petición de los ciudadanos. “Se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. En atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, ahora, estarán sujetos a esta ley, a la par de las dependencias y entidades tradicionalmente obligadas”, señaló en tribuna Abel Octavio Salgado, presidente de la Comisión de Gobernación. Sin embargo, diputados de partidos de izquierda se opusieron al proyecto argumentando deficiencias que permitirán que en algunas áreas de gobierno siga imperando la opacidad. “En este dictamen se deja a las instancias, como la SEIDO, el Estado Mayor Presidencial, la Sedena, el Cisen, el Centro de Planeación de Análisis e Información para Combatir a la Delincuencia Organizada, que no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión en temas de seguridad nacional”, reclamó Zuleyma Huidobro, diputada por Movimiento Ciudadano. Los diputados de oposición pidieron que se eliminara un artículo transitorio en el que se establece que será hasta el último día de agosto cuando las nuevas disposiciones de transparencia entren en vigor para el Congreso de la Unión. “Pues las preguntas que van a hacer todos: ¿y qué esconden? ¿Por qué ahorita no pueden ser públicos? ¿Por qué ahorita no pueden ser transparentes? Ese transitorio de la confesión de parte a mí me parece vergonzoso y creo que lo deberíamos quitar”, expuso Fernando Belaunzarán, diputado del PAN. La nueva Ley de Transparencia fue aprobada sin cambios, tal como fue enviada del Senado. Anticorrupción… después En el Senado, en cambio, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue pospuesto hasta la próxima semana. Las comisiones que analizaron el tema expusieron las modificaciones que hubieran querido realizar a la minuta enviada por la Cámara de Diputados; sin embargo, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el Sistema se aprobará sin modificaciones. El único cambio que fue aprobado fue una adición a la exposición de motivos donde quedará establecido que se harán cambios legales para la eliminación del fuero de todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República; así como la obligación de hacer públicas las declaraciones de intereses y patrimoniales de los funcionarios. PUNTOS PRINCIPALES DE LA INICIATIVA: 1 Se creará el Sistema Nacional de Transparencia. 2 Se permitirá la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 3 Los ciudadanos podrán solicitar información sobre gastos relativos a contratos, concesiones, convocatorias, personas físicas o morales que reciban recursos públicos. 4 Se estableció la prueba de daño y la prueba de interés público en el que una dependencia debe argumentar la negativa a dar una información probando que es dañino para el país darla a conocer. 5 Se estableció también la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o, bien, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. LAS CRÍTICAS: > La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tendrá la facultad de interponer recursos ante la SCJN cuando se considere que la información solicitada pone en peligro la seguridad nacional.
> La información sobre la condonación de impuestos será entregada solamente hasta que un juez determine que no pone en peligro la estabilidad económica del país. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
La liberación de Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador con licencia, Fausto Vallejo, se ha convertido en el tema más espinoso para los partidos políticos. El PAN insiste en vincularlo con el crimen organizado, el PRI remarca que no afectará a su campaña, y el PRD calla.
En el concierto de las campañas electorales de Michoacán, el asunto de la liberación de Rodrigo Vallejo Mora, al que se asocia con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, se ha convertido en el tema más incómodo para algunos de los tres principales candidatos a la gubernatura. La filtración de nuevas imágenes en donde se observa al que parece ser el hijo del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, en otra reunión con el jefe del cartel de los Caballeros Templarios, ha vuelto a agitar las aguas políticas en el estado de Michoacán, en donde los candidatos al gobierno estatal tratan a veces de desmarcarse y otras de “nadar de muertito”. Mientras que el Priista Ascención Orihuela Bárcenas considera que el tema de Rodrigo Vallejo no afectará a su campaña; la candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, insiste en señalar los nexos del crimen organizado con la clase priista que gobernó a Michoacán hasta hace unos meses. Por su parte Silvano Aureoles Conejo, el candidato del PRD, intenta mantenerse fuera del tema y rehúye externar su opinión en un silencio casi preocupante. Para el candidato de la izquierda, el tema de Rodrigo Vallejo es un asunto sobre el que no va a especular. Es un asunto de la ley, dice y se auto censura. Ni por equivocación acepta preguntas sobre el tema. El candidato Aureoles, vanidoso como es, solo quiere hablar de él y sus propuestas. Lo blindan sus servidores, no quiere echar abajo el pacto con Fausto Vallejo. El que intentó apagar con fuego el incendio que revivió la excarcelación del hijo de Fausto Vallejo fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, Fernando Moreno Peña, quien saltó a la palestra argumentando que el asunto no afectaba a la campaña del candidato priista, porque “los millones de mexicanos que vieron el video (de la reunión de “La Tuta” y Rodrigo Vallejo) no votan en Michoacán”. Para el representante del CEN del PRI en la entidad, el asunto de Rodrigo Vallejo ni siquiera es un asunto de partidos. Para Moreno, se trata de “una conducta personal” y asegura que las conductas personales no son trascedentes. Por eso, “el que lo sancionen o lo liberen, ni nos beneficia ni nos perjudica”, dijo el funcionario partidista, el mismo que días antes estuvo gestionando la inclusión de Fausto Vallejo Figueroa a la campaña de Asención Orihuela. El tema Rodrigo Vallejo ha pegado fuerte al interior del comité directivo estatal del PRI, en donde su presidente, Agustín Trujillo Iñiguez, ha ventilado en reuniones privadas la negativa de expulsar de las filas al aún gobernador de Michoacán con licencia médica, el que –aseguran sus defensores- no puede ser responsable por la conducta de su hijo. La expulsión de Fausto Vallejo del partido también ha sido negada por parte del delegado del CEN en la entidad. Fernando Moreno Peña ha sido claro al señalar que no se ha planteado la baja de Fausto Vallejo del listado partidista, aun cuando existen grupos al interior que ya han planteado esa posibilidad en repetidas ocasiones. El candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Asención Orihuela Bárcenas, el que hasta hace unos días buscaba con intensidad un acercamiento con Fausto Vallejo, a fin de que se sumara a la campaña y mandara el mentado “mensaje de unidad”, ha terminado por desistir de su intento. Al interior de su círculo de campaña acordó no sumar a Vallejo Figueroa, tras la filtración de las nuevas imágenes de Rodrigo Vallejo con “La Tuta”. Justicia selectiva La candidata panista al gobierno del estado, Luisa María Calderón Hinojosa, quien fue la primera en señalar en el 2011 las presuntas relaciones de Rodrigo Vallejo Mora con el crimen organizado, lamentó la liberación del hijo del gobernador con licencia. Para la senadora también con licencia, la liberación de Rodrigo Vallejo –sumado a la filtración de nuevas imágenes que apuntalan la integración de una nueva averiguación previa penal- han causado en los michoacanos un sentimiento de molestia, y la decepción con el sistema de justicia mexicano, el que la gente esperaba que actuara “sin miramientos, apegado a derecho”. En Michoacán se aplica una justicia selectiva, ha dicho en diversas ocasiones la candidata del PAN, en clara alusión al encarcelamiento de algunos funcionarios públicos, a los que se les ha procesado en base a un video que habla de una reunión sostenida con el jefe del cartel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez. A excepción de Rodrigo Vallejo Mora y del panista Francisco Girón del Toro –quien se reunió con “La Tuta” siendo candidato a diputado por Apatzingán en el 2011-, todos los que han aparecido en videos con el jefe del cartel de los Caballeros Templarios se encuentran recluidos en cárceles estatales y federales, pero todos con cargos judiciales graves, en donde el común es delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Azul salpicado de rojo Mientras la candidata del PAN, Luisa María Calderón, dice públicamente que la liberación de Rodrigo Vallejo Mora causó indignación y molestia entre la gente, un audio difundido en el portal de Changoonga.com revela que el Coordinador General Jurídico del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Marco Vinicio Aguilera Garibay, ayudó a su liberación. De acuerdo al audio en donde habla el abogado Evaristo Moreno Cruz, uno de los litigantes que defendieron a Rodrigo Vallejo Mora, el proceso penal lo tomó en sus manos el abogado Marco Vinicio Aguilera, que además de ser un hombre muy cercano a Fausto Vallejo Figueroa, actualmente es el coordinador jurídico del PAN en Michoacán.
Aguilera Garibay fue procurador de Justicia del estado en el periodo de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, cargo que dejó cuando llegó a Michoacán el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, y colocó en su lugar a José Martín Godoy Castro. Posteriormente Marco Vinicio suplió en la secretaría de Gobierno a Jesús Reyna García, cuando éste fue encarcelado. Como secretario de gobierno Marco Vinicio fue encargado del despacho de gobernador de Michoacán por 24 horas haciendo entrega al sustituto Salvador Jara Guerrero. El hoy coordinador jurídico del PAN en Michoacán asumió la defensa de Rodrigo Vallejo desde el primero momento en que el hijo del gobernador fue sujeto a proceso. De acuerdo a Evaristo Moreno Cruz, la defensa ante el juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales, del Primer Circuito, la encabezó el panista Marco Vinicio Aguilera Garibay y Jesús Miranda. El amparo que dejó en libertad a Rodrigo Vallejo Mora fue hecho y tramitado por el abogado Evaristo Moreno Cruz, quien dijo que “la defensa del licenciado (Jesús) Miranda y del licenciado Marco Vinicio Aguilera está viendo lo del proceso que se está llevando en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales del Primer Circuito”, por lo que estima, el panista no ha renunciado a la defensa. La liberación de Rodrigo Vallejo Mora fue criticada en su momento por el presidente del CDE del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien dijo que era lamentable y decepcionante dicha liberación, omitiendo que el autor de la libertad estaba a unos metros de distancia. El presidente del PAN dijo –inocentemente- que la liberación de Rodrigo Vallejo “genera molestia entre los michoacanos”. Implicados Ex funcionarios sujetos a proceso penal cuya prueba es un video con “La Tuta” en poder de la PGR: > Jesús Reyna García ex gobernador interino > José Trinidad Martínez Pasalagua ex diputado local > Uriel Chávez Mendoza ex alcalde de Apatzingán > Arquímedes Oseguera Solorio ex alcalde de Lázaro Cárdenas > Jesús Cruz Valencia ex alcalde de Aguililla > Dalia Santana Pineda ex alcalde de Huetamo > Salma Karrúm Cervantes
alcaldesa de Pátzcuaro FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: Amnistía Internacional lanzó una campaña por la liberación de Adrián Vázquez Lagunes, quien en 2012 fue sometido a 12 horas de tortura y acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de delitos contra la salud y portación de armamento.
Madeleine Penman, investigadora de la organización internacional para México, explicó que a partir de la consignación de tres policías estatales como responsables de la tortura sufrida por Vázquez Lagunes, “iniciamos una campaña internacional entre nuestros agremiados para pedir a la PGR el desistimiento de los cargos”.
Entrevistada por Apro, Penman detalló que el caso de Adrián Vázquez es “emblemático de la tortura utilizada por corporaciones policiacas y fuerzas armadas para incriminar a personas en crímenes graves”. Apuntó que es uno de los pocos casos en los que las víctimas han recurrido a la denuncia penal contra los perpetradores. “Lo que sabemos es que la misma noche en que la policía detuvo a Adrián, varias personas fueron detenidas y muchas mostraban huellas de golpes, lo que habla de la gravedad del problema en México”, agregó. La investigadora recordó que persisten casi “dos mil averiguaciones previas en la PGR por tortura, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) levantó más de siete mil quejas el año pasado, lo que habla de que la situación es realmente grave”. Vázquez Lagunes fue detenido por efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en 2012, mientras circulaba por calles de Tijuana, Baja California. Los agentes lo sometieron a golpes severos, intentos de asfixia y amenazas durante 12 horas. “Adrián nunca confesó –apuntó Penman–, lo que hay es una fabricación de pruebas, la presentación de armas y droga y la declaración de los policías que lo detuvieron que dicen que Adrián dijo que era El Macho Prieto, un jefe del narcotráfico”, perteneciente al cártel de Sinaloa, quien días más tarde murió en un enfrentamiento en Puerto Peñasco, Sonora. Pese a que hay evidencias de que quien se hacía llamar El Macho Prieto, Gonzalo Inzunza Iriarte, fue muerto e identificado, Vázquez Lagunes continua en el penal del Hongo, en Tecate, Baja California. La investigadora de AI, aseguró que contra las escasas pruebas que inculpan a Vázquez Lagunes, hay “unas 15 pruebas de las irregularidades en el caso, desde la consignación sin orden de aprehensión, irregularidades en la bitácora de los políticas, deficiente atención médica y de estudio de integridad física por parte de los médicos legistas del estado y de la PGR, que dicen que Adrián está bien y a las 24 horas colapsa y se va ocho días al hospital”. Ante el cúmulo de irregularidades, AI consideró que “la PGR tiene los suficientes elementos para desistirse de la acción penal y dejar en libertad a Adrián”. Sandra Esquer, abogada de Vázquez Lagunes, destacó que este caso es el primero en Baja California en que se consigna a presuntos torturadores, luego de 21 años, en que se tipificó el delito en la entidad. Esquer, quien desde 2008 ha representado a cerca de 50 personas detenidas y torturadas por distintas corporaciones policiales y de las fuerzas armadas en Baja California, resaltó que el caso de Vázquez Lagunes fue ampliamente documentado por el relator de la Tortura de la ONU, Juan Méndez. Por las torturas, Vázquez Lagunes sufrió daños severos en el brazo, pulmón y vejiga “que lo dejaron incapacitado de por vida”, agregó. Para la abogada, “el caso de Vázquez Lagunes es una prueba de que, al menos en Baja California, persiste un largo historial de tortura. Es fácil hacer la afirmación de que la tortura no es generalizada desde un escritorio, pero cuando hablas con los detenidos te das cuenta de que la gran mayoría fue sometido a tormentos y que la utilizan las propias autoridades como medida necesaria para detener personas, o como ellos dicen, delincuentes”. Esquer explicó que siendo el primer caso en que se consigna a torturadores y en que autoridades locales realizan el primer Protocolo de Estambul para confirmar la tortura, “sería un gran avance que fuera el primero en que la PGR se desistiera de la acción penal por esos motivos y pusiera a Adrián en libertad”.
La abogada añadió que de liberarse y concretarse las órdenes de aprehensión contra los tres presuntos torturadores, “el siguiente paso es el reconocimiento de inocencia y la reparación del daño, porque sufrió lesiones de por vida”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
TOLUCA, Edomex: El general de brigada de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León, intervino para que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) demorara su arribo a Tlatlaya por alrededor de seis horas, el pasado 30 de junio, tras la presunta masacre de 22 civiles en la comunidad de San Pedro Limón. José Manzur, secretario general de Gobierno mexiquense, reveló ante los diputados federales de la Comisión de Derechos Humanos que, debido a la posibilidad de encontrarse con sujetos armados del crimen organizado, en el trayecto de Toluca a Tlatlaya se retrasó el despliegue de personal de la PGJEM. “Me volví a comunicar con el general –José Luis Sánchez León– y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro”, indicó. Con base en los primeros reportes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estimó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del 30 de junio. Durante la reunión de trabajo del funcionario mexiquense con diputados federales de esta comisión, también precisó que las 22 víctimas y los sobrevivientes, en su mayoría, son oriundos del estado de Guerrero. Manzur Quiroga insistió en que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema están siendo atendidas y ofreció que la ley se aplicará en contra de quienes resulten responsables de las omisiones y hechos que se les atribuyen. Luego recordó que el Estado de México integró un Fideicomiso de Atención a las Víctimas, al que podrán acceder las tres mujeres sobrevivientes, torturadas y agredidas sexualmente por personal de la PGJEM, conforme a las investigaciones de la CNDH. Los servidores públicos involucrados en la procuración de justicia mexiquense, afirmó, están siendo capacitados en materia de derechos humanos. La CNDH consideró que en estos hechos y los subsecuentes autoridades judiciales del Estado de México manipularon la escena del crimen, obstaculizaron la investigación y violentaron las garantías individuales de tres víctimas que fueron detenidas, entre otras anomalías. Por la noche, el gobierno mexiquense difundió un comunicado en el que busca puntualizar las expresiones de Manssur Quiroga. Según el boletín, “el desplazamiento del equipo de agentes, secretarios y peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México se dio de manera inmediata, luego de que se conocieran los hechos ocurridos en Tlatlaya”. No obstante, acota, el equipo de la PGJEM llegó al lugar de los hechos “cuando las condiciones de seguridad, tiempo y lugar nos lo permitieron”. Cabe destacar, justifica, “que los hechos ocurrieron en un lugar lejano, situado en los límites con el estado de Guerrero, en una comunidad de difícil acceso, por lo que el traslado nos llevó algunas horas y además hubo la necesidad de esperar a que hubiera las condiciones suficientes de seguridad para garantizar la integridad física de nuestros elementos”.
El comunicado de prensa, que presuntamente rescata los comentarios del secretario general de Gobierno mexiquense, resalta que, “desde que se tomó conocimiento de los hechos, mantuvimos comunicación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien siempre manifestó su disposición y voluntad en las investigaciones del caso, además de actuar de manera profesional y oportuna”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: La Presidencia de la República confirmó esta tarde lo que alumnos de la Universidad Panamericana (UP) ventilaron en redes sociales desde temprano: que Enrique Peña Nieto visitará este viernes esa casa de estudios. El evento, anunciado en la agenda oficial como “Encuentro con la comunidad universitaria”, fue filtrado por alumnos de la UP desde esta tarde, cuando recibieron la instrucción de desalojar el campus de la colonia Mixcoac, de esta ciudad, a partir del mediodía y la suspensión de actividades laborales a partir de las 14:00 horas del viernes 17. En la agenda oficial difundida esta tarde por Los Pinos, el encuentro del mandatario con la comunidad universitaria está programado a las siete de la noche. Entre las cuentas más activas sobre el asunto, destacó en Facebook spotted: UP, donde se posteó el siguiente mensaje: “Compañeros: Ya sucedió en la Anáhuac. Evacuaron a todos y llevaron a jóvenes que se hicieron pasar por estudiantes y pondrán palabras en boca de todos nosotros. Van a imponer una opinión de EPN como la de la comunidad UP. “Nosotros pagamos por las clases y por estar aquí. Es injusto que nos quiten clases arbitrariamente y además nos saquen de nuestra universidad. La universidad somos nosotros, no los rectores. Debemos hacer algo, reaccionar ante esto. “Es el colmo lo que sucede, el presidente tiene que asistir a una escuela vacía para no confrontar la realidad. Nos están oprimiendo”. A continuación el mensaje llamaba a denunciar en redes sociales. En Twitter también hubo algunos comentarios respecto de la suspensión de clases. Peña Nieto es egresado de la UP. Organizadores del evento, consultados vía telefónica, explicaron que la razón es que el día de mañana, al campus Mixcoac, fueron invitados excompañeros del mandatario, exalumnos destacados, así como alumnos de campus foráneos, por lo que el acceso se restringió para los del Distrito Federal.
Peña Nieto fue invitado para el fin de ciclo escolar el verano pasado pero postergó su asistencia hasta ahora. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Acechados por la policía y bajo la advertencia de que serán deportados a sus países de origen, migrantes centroamericanos luchan desde hace 23 días para completar su viacrucis con la consigna de ‘no más sangre’
Para demostrar los abusos que comete el gobierno en contra de migrantes centroamericanos, el padre Alejandro Solalinde convirtió el tradicional Viacrucis de Semana Santa que realizan cada año los indocumentados en el sur del país, en una caravana hacia la Ciudad de México que podría llegar hasta la frontera con Estados Unidos. En los últimos días, la caravana hizo honor a su nombre y se convirtió en un verdadero suplicio para sus participantes por el asedio de autoridades para impedir su avance. Desde su arranque, en la frontera con Guatemala, han transcurrido 23 días. La última semana, sin embargo, ha sido la más difícil para los migrantes, que hoy se encuentran en el estado de Oaxaca. Aunque en un principio se pretendía llevar la caravana hasta la capital mexicana, ahora Solalinde ha expresado que probablemente avancen hasta la frontera norte del país. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha repetido en múltiples ocasiones que aquellos migrantes que no tengan en regla su documentación, serán detenidos y deportados a sus países de origen. Los migrantes de la caravana son acompañados por integrantes de Amnistía Internacional, la Brigada Internacional por la Paz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la integridad de los participantes en la caravana. Ahora, debido al asedio de la Policía Federal para tratar de impedir el paso a la caravana, los ojos del mundo han volteado a ver el paso de los migrantes por México. Larga travesía El Viacrucis del Migrante comenzó en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ahí, solo siete personas arrancaron la peregrinación cargando una cruz de madera y portando su petición en una gran manta: “No más sangre”. A pie y en vehículos, los migrantes avanzaron los casi 500 kilómetros que separan a Ciudad Hidalgo con Ixtepec, Oaxaca, el lugar donde se encuentra el albergue Hermanos en el Camino, dirigido por Solalinde. Poco a poco se fueron uniendo más personas a la peregrinación y, bajo temperaturas de hasta 40 grados, anduvieron la ruta que recorren los indocumentados centroamericanos que buscan quedarse en México o llegar hasta EU. El grupo de migrantes, que ya superaba los 200, fue recibido por Solalinde en su refugio y ahí se decidió que los acompañaría hasta la Ciudad de México, en un intento por mostrar la forma en que los migrantes son vejados por grupos del crimen organizado o las autoridades. Para el recorrido, Solalinde y su equipo gestionaron la renta de tres autobuses. Para el sacerdote, la caravana sería “la prueba de fuego” de cómo actúa el Gobierno frente a los indocumentados. Por su parte, el comisionado del INM, Ardelio Vargas, anunció que se detendría a quienes no tuvieran permiso para estar en el país. La intención del Instituto, señaló, era “garantizar la seguridad de las personas extranjeras que transitan por el territorio nacional” y que respetarán el libre tránsito de las personas sin importar su nacionalidad, “siempre y cuando tengan el permiso de estancia legal”. El sacerdote y su equipo solicitaron un amparo para que los migrantes que se encuentran en la caravana puedan circular libremente. El asunto no ha sido resuelto. Cerco policiaco A partir del 9 de abril, no solo el albergue de Solalinde, sino la comunidad de Ixtepec, fue rodeada por más de 200 elementos de la Policía Federal que revisaban cada uno de los vehículos que entraban o salían de la ciudad. Buscaban aprehender y deportar a los migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Cuba que caminarían con Solalinde. Además de los operativos y rondines, la Policía Federal instaló tres retenes con elementos armados y equipo antimotines, en las comunidades de Ixtepec, La Ventosa y Matías Romero. Su objetivo era impedirles el paso hacia la Ciudad de México. Amnistía Internacional descalificó la actuación de las autoridades. Ese 9 de abril, Solalinde dio a conocer que la empresa que rentaría los autobuses no les prestaría el servicio porque la autoridad los había amenazado de ser acusados del delito de trata de personas si transportaban a los migrantes. Así, Solalinde y sus migrantes decidieron permanecer en el albergue. Finalmente, el miércoles pasado, la caravana partió a pie rumbo a Juchitán, Oaxaca. En apoyo de los migrantes acudieron maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes esperaban un enfrentamiento con los policías. Los agentes ofrecieron algo de resistencia, pero al final los maestros lograron abrir el retén. Por la calle abierta pasó Solalinde y, detrás de él, decenas de migrantes con sus mochilas y sus sueños a cuestas. Hoy, la caravana de migrantes continuará su marcha hacia la Basílica de Guadalupe.
No darán a conocer la ruta de la caravana, con la esperanza de burlar la presencia de las autoridades. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Aunque ya renunció al PAN y solicitó ser reconocida como diputada independiente en el DF, Laura Ballesteros denuncia que el coordinador parlamentario panista la bloquea en su búsqueda de una jefatura delegacional, ahora con el Partido Verde.
¿Qué quiere Federico Döring?, cuestiona la exdiputada panista, Laura Ballesteros, al coordinador de la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a quien acusa de violencia laboral, boicot, gritos e intimidaciones. La hoy candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo habla fuerte de su excompañero de bancada, el exsenador cuyo nombre remite en automático al operador que ventiló los videoscándalos que exhibieron a René Bejarano y otros perredistas recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. “Ya ganó, estoy fuera del PAN, qué más quiere”, cuestiona luego de que en reiteradas ocasiones se le ha negado el trámite a partir del cual Federico Döring informa de manera oficial que ella no pertenece a la bancada azul y ante el pleno se da aviso que ella es ahora independiente. “Es Federico Döring”, acusa sin medias tintas y suelta detalles de una relación entre el coordinador y la diputado marcada por los golpes bajos, la violencia laboral, gritos y reclamos. La última vez que Laura Ballesteros habló con su coordinador fue por mayo del año pasado, aproximadamente, luego de que Federico Döring intentó responsabilizarla de haber organizado un show con stripper en el hotel Hilton de la Ciudad de México para impulsar la candidatura de Gustavo Madero en la capital. Cuando en realidad lo realizaron Olivia Garza de los Santos y Gabriela Salido, explica. De esa reunión, detalla, hay fotos e incluso videos en el que se ve a una de esas diputadas riendo a carcajadas y participando activamente en el show de aquél día, pero como se desató un escándalo buscaron a quién culpar. El encontronazo llegó hasta los gritos entre Ballesteros y Döring, quienes a partir de esas fechas se hablaban estrictamente lo necesario por sus deberes en la ALDF, casi nada. “La campaña de Gustavo Madero fue la gota que derramó el vaso, a grito pelado me reclamó porqué iba a gira con Gustavo si mis labores estaban en la ciudad, en la Asamblea, a pesar de que tenía tiempo que había ordenado congelar los puntos de acuerdo que proponía porque los demás panistas se quejaban de mi protagonismo”, relata. Desde ahí se evitaron, pero el fuego amigo y la guerra sucia continuaron. ‘Soy un error del sistema del PAN’ Ballesteros Mancilla es más que una diputada bonita. Fue Consejera Nacional del blanquiazul, asesora de Gustavo Madero y jefa de oficina de César Nava. Cuenta que se vinculó al partido como ciudadana sin tener que militar en ninguna de las “fraternidades” que asfixian al PAN en el Distrito Federal, y que hoy controlan el exdelegado en Benito Juárez, Jorge Romero, y el diputado Federico Döring. El propio Gustavo Madero fue quien la propuso para ocupar el lugar número tres de la lista de plurinominales en la Asamblea Legislativa, pues no querían que Mariana Gómez del Campo ganara peso o tuviera mayor representación en el recinto de Donceles. Madero, Döring, Romero y hasta José Luis Luege Tamargo acordaron, según recapitula, apoyarla en este sentido en una especie de frente común contra Gómez del Campo, que representaba a su vez la fuerza de la corriente de Felipe Calderón Hinojosa. Cuando la actual legislatura comenzó, la fracción panista era un auténtico coctel por la diversidad de intereses, con nombres como el propio Obdulio Ávila, Mariana Gómez y Jorge Romero. Después de Federico Döring, que se quedó con la coordinación, el dilema era la vicecoordinación, que al final de muchos jaloneos se la entregaron a Laura Ballesteros. “Yo le había dicho abiertamente que no me interesaba la vicecoordinación, que como grupo pidiera la Comisión de Transporte donde tenía la firme intención de impulsar el entonces proyecto de una Ley de Movilidad para el Distrito Federal. “Desde enero del 2013 comenzaron a llegarme los rumores de que mi coordinador había dado la instrucción de boicotearme. “En abril de ese año ya no podía subir puntos de acuerdo porque el resto de los compañeros se quejaban de mi activismo que interpretaban como protagonismo”, relata. Luego se enteró que el propio Federico Döring había realizado algunos acuerdos para que la Ley de Movilidad que ella impulsaba no avanzara. ¿Lo enfrentaste?, se le cuestiona a la expanista. “Él siempre lo negó, me contestaba simplemente que yo era una berrinchuda”, contesta. Pero la embestida contra Ballesteros no paró ahí. En septiembre del 2014, la diputada local se enteró por los medios de comunicación que Federico Döring la había removido del cargo de vicecoordinadora de la fracción parlamentaria. En aquella fecha, Döring hizo el anuncio a través de un comunicado en el que dio a conocer el nombramiento de Santiago Taboada Cortina para ocupar ese cargo y también el de la Comisión de Gobierno, en la que Ballesteros participaba. La decisión del coordinador dejó a Laura Ballesteros sin los recursos que le correspondían de las prerrogativas, lo que la obligó a despedir a su equipo de trabajo. Sobre esa decisión, el coordinador parlamentario del PAN detalló que Ballesteros cumplió con su cometido de concretar los acuerdos correspondientes en el tema de movilidad, y ahora los temas prioritarios serían seguridad y economía. “Siempre fue traicionero. Yo a mis enemigos de frente, no por la espalda, como él lo hizo durante más de dos años seguidos”, acusa.
Esta historia de abuso y violencia laboral no la hizo pública sino hasta ahora que el exsenador se empeña en no “liberarla”, a unas cuantas horas de que ella inicie la campaña para contender por la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. Desde el 18 de marzo, Ballesteros renunció al PAN y ha solicitado, de acuerdo con la norma y los tiempos establecidos, que se le dé el reconocimiento ante el pleno de diputada independiente, como lo señala el Reglamente de la ALDF. Pero su excoordinador no ha cumplido con la ley y a pesar de que su petición aparece en la orden del día de los diputados, se baja de la orden del día por razones desconocidas. “Es Döring, es él, omiso y traicionero como siempre”, concluye Ballesteros. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO, D.F: La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado interpuso hoy una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por un supuesto desvío de programas sociales en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas. “Se le está imputando a la secretaria de Sedesol que funcionarios a cargo de ella están desviando recursos públicos, están vendiendo alimentos que deben estar destinados para la gente más necesitada y de alguna manera está vinculada”, informó el senador Francisco García Cabeza de Vaca. “La operación electoral de Sedesol es tan evidente y tan amplia que es imposible que (Robles) le desconozca”, aseveró Fernando Herrera Ávila y rechazó “cualquier intervención del gobierno durante el proceso electoral”. Según el equipo de comunicación del senador Francisco García Cabeza de Vaca, la denuncia se basa en reportajes y videos que realizaron medios de comunicación tamaulipecos en la ciudad de Reynosa. El Mañana Televisión publicó un reportaje en el que aparece una camioneta blanca de la Sedesol con logotipos del programa SinHambre y PAL, estacionada frente a un pequeño restaurante. En el video se puede ver a personas que descargan paquetes de la camioneta y los llevan por la puerta trasera del local. En otro video que subió a internet La Tarde se observa a una mujer “de clase media” salir de las oficinas del centro de apoyo de beneficiarios del programa PAL con seis cajas de huevos, un paquete de varias bolsas de harina y un paquete de frascos de café y atún que cargó en la cajuela de su coche. Tras un recorrido por la vivienda de la mujer, la voz del narrador plantea: “ésta es una de las familias beneficiadas con programas del gobierno federal que están destinados para personas de escasos recursos”. El mismo medio de comunicación en línea subió otro video en el que se observa a dos mujeres que salen de la tienda Diconsa con despensas, supuestamente compradas por su tarjeta PAL SinHambre, que suben a la cajuela su Volkswagen Jetta. Tras un corte, las mismas mujeres aparecen saliendo de un supermercado Soriana Zona Dorada. “De nueva cuenta se constata que el apoyo es entregado a personas que no requieren de la ayuda y dejan de lado a los que de verdad necesitan el apoyo para combatir el hambre”, asevera el narrador. “Aquí no solamente estamos denunciando el hecho de desvío de recursos públicos, sino también el mal uso de los mismos”, planteó Cabeza de Vaca. Enfatizó que Edgar Melhem, exdelegado de Sedesol en el estado, ahora es candidato a diputado federal por el PRI. La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, por su parte, recordó que la semana pasada los panistas presentaron una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por el supuesto desvío de “más de 65 millones de pesos” en los programas sociales de Yucatán. Por la tarde, la Sedesol emitió un comunicado en el que refrendó que “habrá cero tolerancia para servidores públicos, partidos políticos o candidatos que utilicen o pretendan utilizar los programas sociales, sus beneficios, nombres y logotipos con fines electorales”.
Asimismo, planteó que colaborará “de manera transparente y oportuna” con las investigaciones abiertas a raíz de denuncias ciudadanas sobre posibles desvíos de programas sociales, en especial respecto a los programas de Liconsa, Diconsa, Estancias Infantiles, Empleo Temporal y Comedores Comunitarios. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, D.F: En medio de recriminaciones entre los propios diputados y acusaciones de falta de rigor y sanciones a todos los responsables, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dio por terminada la investigación sobre la cadena de fallas que originó el cierre parcial de la Línea 12 del Metro desde hace 13 meses. Este jueves, en la última sesión ordinaria previa al inicio de las campañas electorales en el DF, la Comisión Investigadora presidida por el diputado de Nueva Alianza Jorge Gaviño, presentó ante el pleno su informe final. Como se adelantó desde ayer en los medios de comunicación, el informe concluyó que en la obra hubo “importantes fallas de concepción y planeación del proyecto” y que la reducción del presupuesto para su realización “impactó gravemente en su desarrollo al reducir el alcance de la obra”. Con mayoría de votos, los legisladores turnaron al Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF, la Contraloría General y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, –señalado como responsable del mantenimiento de la línea–, el informe final de su investigación, aunque sin nombres de los responsables de las fallas. Los diputados dieron carpetazo al asunto, pese a que aún no concluyen los trabajos de rehabilitación de la línea, están pendientes auditorías en la Contraloría General y denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF, además de que el gobierno capitalino mantiene litigios con el consorcio constructor ICA-Carso- Alstom por el cobro de la fianza por los vicios ocultos de la obra. El diputado Adrián Michel Espino, integrante de la Comisión Especial –e identificado con el grupo político del exjefe de gobierno, Marcelo Ebard–, votó en contra de la aprobación del informe bajo el argumento de que es un documento “impreciso e incompleto” que “alienta la serie de falacias” sobre la obra. “No podemos avalar un informe incompleto, que se enfoca en observaciones administrativas que ya fueron solventadas prácticamente al 100% y que, por el contrario, deja fuera aspectos tan importantes como el deficiente o nulo mantenimiento que tuvo la Línea 12 por espacio de casi seis meses. Eso, y no los temas administrativos, aunado a una incorrecta operación, fue lo que provocó las fallas y el posterior cierre parcial de la línea,” afirmó. Se trata, acusó, de un documento que se presenta en el arranque del proceso electoral y está lleno de imprecisiones e interpretaciones que no demuestran irregularidades de carácter legal o administrativo que violan los ordenamientos legales. Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Movimiento Ciudadano, quien hace unas semanas renunció como integrante de la Comisión Especial por acusarla de parcial y no objetiva–, aseguró que el informe omite la responsabilidad en el mantenimiento y operación de la Línea 12 del Metro. Dijo que no se puede acreditar que el cierre se hizo con rigurosidad y apegado a un dictamen o estudio serio. Por el contrario, agregó que se ha demostrado que “el asunto del desgaste ondulatorio era perfectamente manejable y que no era necesario cerrar parcialmente la línea”. Y de plano, asestó: “El diputado Jorge Gaviño se entregó a Joel Ortega y emitió el informe según los intereses políticos del director del Metro sin que éste represente la pluralidad de ideas y argumentos vertidos por la Comisión”. El legislador del PAN, Héctor Saúl Téllez, respaldó el documento de la Comisión Especial, elogió el trabajo “muy respetuoso, un trabajo profesional, un trabajo que derivó en más de 32 reuniones, un trabajo que llevó más de 109 horas de trabajo. Creo que ha culminado en muchas aseveraciones, en muchos puntos que Acción Nacional comparte plenamente”. Fernando Espino Arévalo, del PRI, aseguró que “evidentemente” la principal falla en este proyecto fue la falta de coordinación entre las empresas constructoras de la Línea 12 –ICA, Carso, Alstom— y la empresa que suministró los trenes para la misma –CAF–.
“Cada quien se fue por su lado, cada quien hizo lo que quiso, los constructores, sin proyecto ejecutivo, sin consultar a los que saben, se fueron por la libre y modificaron el trazo de la misma no una vez, sino en varias ocasiones”, remató. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
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