Hoy inician las campañas en el Distrito Federal, un proceso que marcará el comienzo de la disputa por la candidatura presidencial entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera.
El encontronazo de los últimos días entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera no es fortuito.
Aunque el PAN y el PRI figuran como segunda y tercera fuerza en la capital, respectivamente, la batalla electoral -que arranca hoy termina el 3 de junio- será fundamentalmente entre el PRD y Morena.
El Distrito Federal representa el trampolín político y económico más importante del país para quien tiene la mira puesta en la presidencia de la República para el 2018.
AMLO y Mancera lo saben.
Además, está en disputa la segunda entidad con mayor número de votantes en el país, después del Estado de México, que para este año tiene un presupuesto estimado de más de 167 mil millones de pesos.
Y aunque en las elecciones intermedias de este próximo 7 junio no renovará la jefatura delegacional, si están en juego las 16 delegaciones políticas -que juntas acaparan casi 30 mil millones del presupuesto de este año- además de las diputaciones locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El que más espacios y territorios gane, más posibilidades tiene de abrirse camino y concretar sus aspiraciones rumbo a Los Pinos.
López Obrador, quien vivió su época dorada como político cuando gobernó a la capital del país del 2000 al 2006, sabe que en su tercer intento en busca de la presidencia de la República, la Ciudad de México -por sus votos y recursos- es clave.
Por eso su gira por las delegaciones. Por eso, su discurso y el ataque contra Mancera.
AMLO tiene claro que el reto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es arrebatarle los espacios que más pueda al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual históricamente ha tenido el “voto duro” en la capital del país.
Morena, peligro real para el PRD en el DF
Es innegable que, en el Distrito Federal, miles de adultos mayores asocian la ayuda mensual que les da el gobierno con Andrés Manuel López Obrador.
“Ya tengo la tarjeta de López Obrador”, dicen quienes gozan del apoyo social que inició en el 2001 el exjefe de Gobierno.
El programa como Pensión Alimentaria se hizo en beneficio de adultos mayores de 70 años en adelante.
Esta pensión inició como un plan que dependía de la Secretaria de Salud capitalina con un padrón de beneficiados de 250 mil personas a quienes se les entregaba un apoyo económico de 600 pesos al mes. El programa destinó una inversión inicial de 224 millones 938 mil pesos.
Sin embargo, muchos de esos beneficiados siguen asociando a López Obrador dentro del PRD, y esa confusión no conviene en tiempos electorales.
Es por eso que durante sus recorridos por la capital, AMLO tiene que recalcar una y otra vez que hay que apoyar a Morena y sus candidatos.
Sabedor del arraigo que tiene en la gente su pasado perredista, el tabasqueño emprendió una gira por las delegaciones que ambiciona en el Distrito Federal, en la que lanzó sus dardos contra Mancera, luego de que su nombre sonara como posible candidato del PRD para las elecciones presidenciales de 2018.
“Si Mancera se quiere ir con un partido corrupto como el PRD, está en su derecho”, dijo Andrés Manuel.
El actual jefe de gobierno moderó sus declaraciones.
En respuesta a los señalamientos de López Obrador y de Martí Batres Guadarrama, representante nacional de Morena, Mancera solo dijo que en la ciudad se da un piso parejo para todos.
“El Gobierno de la Ciudad de México no apoya a candidatos ni a partidos, a ninguno. Por eso no soy militante de ningún partido. La función del gobierno de la Ciudad de México es dar garantía de legalidad, generar un piso parejo, y así lo estamos demostrando.
“Estamos empezando por casa, es decir, el gobierno central está empezando por sus propios funcionarios dando las instrucciones y por supuesto demostrando que vamos a actuar”, expresó. No se clavó en la guerra mediática que inició el tabasqueño.
Morena a la alza
Encuestas realizadas por El Financiero-Parametría para las elecciones del próximo 7 de junio del 2015, muestran al PRD con 26 por ciento de preferencia efectiva entre los capitalinos para la elección de diputados federales, seguido por Morena, que con 18 por ciento, es la segunda fuerza en la capital del país.
El rechazo de los capitalinos al PRI queda en evidencia en las encuestas, en las que ocupa el cuarto lugar con solo el 15 por ciento de aceptación en el electorado. El PAN está por encima, con un 17 por ciento.
PRD contra el ‘efecto AMLO’
El PRD tiene claro que el Distrito Federal es el bastión más grande de su partido en todo el país.
Por eso, están dispuestos a no ceder nada a Andrés Manuel López Obrador, aunque reconocen los beneficios que le trajo al partido.
“López Obrador logró apuntalar al PRD en la Ciudad de México, por la creación de grandes obras como distribuidores viales que mejoraron significativamente la rapidez de tránsito vehicular, apoyo económico a adultos mayores y a madres solteras, la creación de una nueva universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y varios planteles de educación media superior, la remodelación del centro histórico, la primera línea de metrobús, la construcción de viviendas de interés social, que lo convirtieron en un gobernante que rápidamente se ganó el apoyo de la ciudadanía”, detalla el partido del sol azteca en su página oficial.
Sin embargo, esos fueron otros tiempos. Ahora, el PRD busca su propio capital político y evitar el “efecto AMLO”.
En 1997, El PRD arrasó en la capital. Mantuvo la mayoría en las 16 delegaciones y también ostentó el mayor número de diputados locales. Sin embargo, en el 2000 palideció ante el “efecto Fox”.
Las elecciones capitalinas coincidieron con el proceso federal a partir del cual, Vicente Fox no solo se impuso en las urnas federales, sino que también impactó en los resultados del Distrito Federal.
El “efecto Fox” modificó el tablero y la conformación de la segunda Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde el PAN obtuvo 14 diputados por mayoría relativa, mientras que en las delegaciones capitalinas se quedó con cinco que ganó la Alianza por el Cambio que integró el PAN junto con el Verde Ecologista de México.
Hoy el partido del sol azteca mantiene la gran mayoría en delegaciones y diputados locales y no quiere sorpresas.
Por eso, hay delegaciones en las que preparó estrategia especial para dar batalla a López Obrador.
>> Cuauhtémoc
En esta delegación, que se ubica en el corazón de la Ciudad de México, los focos rojos están encendidos desde hace tiempo.
El PRD pronostica una elección álgida en ese territorio debido a que Morena puso a un fuerte candidato a pelear.
Se trata del exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien tendrá como rival a José Luis Muñoz Soria.
Soria ya gobernó en la delegación Cuauhtémoc.
Monreal ya recibió algunos golpes por adelantado, como la información que revela las propiedades de su esposa en Zacatecas, Jalisco y el Distrito Federal.
En respuesta, el zacatecano y Morena se han quejado ante el Gobierno del Distrito Federal del reparto de despensas por parte de la delegación y de que no les quieren prestar espacios públicos para sus eventos.
>> Tlalpan
Los actuales gobernantes de esta delegación protagonizaron escándalos de corrupción que pusieron alerta a los ciudadanos.
Sin embargo, aun no se sabe cuál será el nivel de impacto en la votación contra el PRD y a favor de Morena, quien lleva como abanderada a Claudia Sheinbaum, la exsecretaria del Medio Ambiente de Andrés Manuel López Obrador.
Delegaciones clave en el Distrito Federal
Cuauhtémoc
> 531,831
Población total
> 408,955
Habitantes de 16 años y más en (2010)
> 508,849
Población estimada al 2030
> 2,111,394,923
Presupuesto 2012
> 28,703
Delitos 2011
Coyoacán
> 620,416
Población total
> 475,118
Habitantes de 16 años y más en (2010)
> 544,336
Población estimada al 2030
> 1,500,333,793
Presupuesto 2012
> 12,553
Delitos 2011
Gustavo A. Madero
> 1,185,772
Población total
> 894,549
Habitantes de 16 años y más en (2010)
> 933,193
Población estimada al 2030
> 2,679,728,068
Presupuesto 2012
> 21 ,116
Delitos 2011
Iztapalapa
> 1,815,786
Población total
> 1,311,253
Habitantes de 16 años y más en (2010)
> 1,830,395
Población estimada al 2030
> 3,130,113,060
Presupuesto 2012
> 7,747
Delitos 2011
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
lunes, 20 de abril de 2015
El erario paga caprichos beisboleros
Al menos siete equipos profesionales de beisbol son patrocinados por gobiernos estatales: Tigres de Cancún, Olmecas de Tabasco, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz, Saraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes y Broncos de Reynosa. Mediante esquemas poco transparentes y caprichosos, los mandatarios en turno emplean políticamente a los clubes, y los empresarios se dejan usar a cambio de millones de pesos en efectivo, exenciones fiscales y subsidios. Uno de los casos más notorios es el del priista Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, quien en un solo año entregó a distintos clubes 80 millones de pesos que sacó de la “caja chica”.
CANCÚN, QR: En diciembre del año pasado, el gobernador Roberto Borge Angulo viajó a San Diego, California, donde asistió a la asamblea de presidentes de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Ahí gestionó, personalmente, que a partir del próximo año se le otorgue una plaza a la ciudad de Chetumal en el circuito veraniego. De aprobarse la solicitud, Quintana Roo contaría con dos equipos profesionales.
El empresario chetumaleño Víctor Dogre fue quien realizó la presentación oficial del proyecto el 8 de diciembre, pero Borge –que ya desde 2007 sostiene con recursos del erario a la oncena de Tigres– lo respaldó en todo momento y prometió más recursos estatales para convencer a los presidentes de que no faltará financiamiento.
Cuando se supondría que el mandatario priista tendría que estar atendiendo las necesidades de la entidad, se dio el lujo de viajar a Estados Unidos no sólo para participar en la asamblea de la LMB –que se realizó en el marco del Winter Meetings, es decir, la reunión invernal anual donde directivos de los 30 equipos de las Grandes Ligas y sus afiliados en Ligas Menores realizan transacciones con miras a la temporada venidera–, sino que también se entrevistó con los exligamayoristas Jerry Royster y Greg Vaughn, quienes fueron contratados por los Tigres como manager y coach de bateo, respectivamente, para la campaña 2015.
“El gobernador siempre está involucrado con el equipo. Hizo un espacio en su agenda para ir a San Diego a conocer a Jerry y platicar con él un rato. Allá presentamos a Greg Vaughn y, como Jerry es su amigo, lo citamos y el gobernador los invitó a comer a los dos. Para todo lo de beisbol, él (Borge) se da sus tiempos, pero no tiene nada que ver en la contratación de jugadores, managers ni coaches. Yo no lo consulto para nada. Que quede claro: quien toma las decisiones en Tigres se llama Carlos Peralta Quintero”, aclara Cuauhtémoc Rodríguez Meza, presidente ejecutivo del equipo felino.
El actual gobernador es un fanático del beisbol que tampoco duda en usar el erario para patrocinar otros deportes profesionales: el futbol con el Atlante, ahora en la Liga de Ascenso, y el basquetbol con los Pioneros de Cancún, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En estas tres disciplinas, según la Cuenta Pública revisada en octubre de 2012, gastó 80 millones de pesos en un solo ejercicio fiscal.
–¿Cuánto dinero aporta el gobierno para la operación de los Tigres? –se le pregunta a Cuauhtémoc Rodríguez.
–Esa cantidad no se la puedo decir. Es algo muy confidencial. No queremos meternos en problemas con nadie. El gobierno nos apoya exactamente con una cantidad, pero no se la puedo decir. Usted sabe que la mayoría de los deportes profesionales, no sólo el beisbol, en la mayoría de los estados tienen subsidio del gobierno porque es la única manera como puede funcionar el deporte profesional. (…) Esas cantidades las deben decir los gobiernos, no los equipos. Nosotros no podemos dar esa información.
En la LMB, prácticamente la mitad de los 16 clubes que la integran reciben subsidios, apoyos o prerrogativas de parte de los gobiernos estatales.
La distancia obligada
El presidente de los Diablos Rojos del México, Roberto Mansur, reprueba que se utilice dinero público para financiar equipos de beisbol, pues considera que deben ser los empresarios quienes inviertan sus propios recursos.
“Yo no creo que sea correcto que los equipos estén financiados por los gobiernos estatales porque el dinero se necesita para otras cosas. Los empresarios deben apostar por el beisbol, no los gobiernos. Desgraciadamente el deporte y la política se mezclan por intereses. A un político le interesa no perder votantes y, cuando un gobernador quiere ser la figura, mete mano a la caja chica y ayuda a un equipo. En Saltillo está el gobierno, en Aguascalientes también, en Veracruz, Campeche… La cosa funciona así, el gobierno les dice: ‘Apóyame en el beisbol y yo te doy esta obra o este beneficio’”, explica.
–¿Cómo ven esta situación en la asamblea de presidentes? ¿Usted les ha dicho algo? –se le inquiere.
–Sí, que digan la verdad. Nos llegan con cuentos rancheros. Creen que nos chupamos el dedo. Dicen que son los dueños. Bueno, está bien, pero yo sé que el dinero te lo da el gobierno. En el beisbol pasa lo mismo que en el futbol: los equipos tienen subsidios. O no les cobran los impuestos por asistencia al estadio o les pagan el alumbrado. Hay una serie de beneficios.
–Dice usted que sacan el dinero de la caja chica, es decir, ¿ni siquiera es transparente el origen de los recursos?
–El único club que está legalmente constituido por el gobierno es Olmecas de Tabasco. El equipo tiene un presupuesto y se sabe todo lo que paga el erario. En Cancún, por ejemplo, no sabemos cuánto paga la administración pública ni exactamente qué paga. Y si uno habla se echa al gobernador de enemigo. Se enoja el señor. (…)
“Ahorita no es negocio tener un equipo porque por ahí de 1990 o 1992 el beisbol sufrió un cambio radical por distintas razones. Por ejemplo, algunos directivos, como los Ley (los hermanos Juan Manuel y Álvaro, exdueños de Saraperos de Saltillo) usaban a sus empresas (supermercados Ley) como un medio para conseguir patrocinios. Empezaron a gastar demasiado y entonces buscaron apoyos gubernamentales para que no les costara mantener a sus novenas.”
El peso cae en los contribuyentes
La figura de Borge es la más visible entre los gobernadores que financian equipos profesionales de beisbol con dinero público. También están los casos de Olmecas de Tabasco, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz, Saraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes y Broncos de Reynosa.
En el caso del mandatario quintanarroense se le ve más cerca de los Tigres que a su propio dueño, el empresario Carlos Peralta. Borge es quien siempre lanza la primera bola en los juegos inaugurales o importantes. Es el primero en aparecer en el terreno de juego, ha brincado al lado de los peloteros cuando han sido campeones, y se va de gira cuando la novena califica a los playoffs, como ocurrió en la temporada 2013, cuando los felinos se impusieron en la serie final a los Sultanes de Monterrey.
En uno de los palcos del estadio de los Sultanes, Borge disfrutó de los juegos de los Tigres al lado de Peralta y de Raúl Salinas de Gortari. Estos tres personajes ya habían estado juntos en agosto de 2012 en el estadio de los Rojos del Águila de Veracruz, cuando este equipo enfrentó a los bengalíes en la final de la zona sur de la LMB.
En 2014, también durante la final de zona, en su palco de lujo del estadio Beto Ávila (Cancún), Borge presenció los choques de Tigres ante Pericos de Puebla, en compañía de Peralta y Salinas de Gortari.
El exdiputado del PAN Baltazar Tuyub Castillo dice en entrevista que durante la XII Legislatura de Quintana Roo, cuando fungió como vocal de la Comisión del Deporte, durante la revisión de la Cuenta Pública detectaron un gasto de 80 millones de pesos que salieron del capítulo 4000, es decir, la partida de “transferencias y apoyos diversos”, que fueron ejercidos por la Comisión para la Juventud y Deporte del estado (Cojudeq).
Para aclarar en qué se gastó ese dinero, los integrantes de la Comisión del Deporte citaron a comparecer al entonces titular de la Cojudeq, Normando Medina, quien explicó que el dinero se invirtió en el deporte profesional.
“Este capítulo viene siendo la caja chica, porque es facultad del gobernador ejercer a discreción esos recursos. Le puede transferir dinero a quien quiera. El director del Deporte nos dijo que se le destinaban entre 18 y 20 millones de pesos al equipo de beisbol, y que al Atlante, cuando estaba en Primera División, se le daban entre 28 a 32 millones.”
Tuyub Castillo detalla que, de acuerdo con la legislación vigente, la Cojudeq debe utilizar los recursos para fomentar el deporte amateur, no los profesionales. Un grupo de diputados, incluso en tribuna, reclamaron a Borge el uso indebido del presupuesto, pero los señalamientos fueron ignorados por la mayoría priista en el Congreso.
“El Órgano Superior de Fiscalización emite un dictamen, pero como el PRI tiene mayoría absoluta, en el Congreso le aprueban la Cuenta Pública a Borge y no hay nada que hacer. Lo mismo pasó con el endeudamiento del estado, que 95% del presupuesto anual está hipotecado porque la deuda pública es superior a los 20 mil millones de pesos. Aquí no pasa nada porque Quintana Roo es un virreinato, donde lo que diga el virrey sucede. Los poderes Legislativo y Judicial son sumisos al Ejecutivo.
“Por eso el gobernador gastó 2 millones de pesos para poner un elevador en el estadio de beisbol, que lo lleve a su palco. Carlos Peralta es uno de los hombres más ricos de México –es dueño de IUSA– y es absurdo que el gobierno estatal le financie el equipo, cuando debería ser al revés. El hecho es que existe ese fondo, y si hay 500 millones de pesos, el gobernador se los puede gastar como quiera: en el Teletón, en el Atlante o en los Tigres, porque hay un libertinaje total en el manejo de las finanzas”, cuestiona el panista.
En 2013, Borge derrochó más de 3 millones de pesos en construir un palco VIP en el estadio Beto Ávila. Se instalaron butacas de piel, pantallas de televisión, aire acondicionado, servicio de bar y el elevador.
En un año concluirá el mandato de Borge. Por esa razón, la mayoría de los presidentes de la LMB se pronuncian por no apoyar el proyecto de que Chetumal se convierta en una nueva plaza beisbolera. Si el nuevo gobernador no está interesado en ese deporte pondría en riesgo al equipo.
Ayuda sistemática
Roberto Mansur, por su parte, dice que no sabe qué arreglo hizo Alfredo Harp Helú con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, para construir el nuevo estadio de los Diablos en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, pero reconoce que si no se hace en un terreno del gobierno sería imposible contar con ese inmueble.
“¿Cuántos años estuvimos llorando por un terreno? El gobierno lo pondrá porque, si no, no hay dónde construir el estadio. No sé cuál es el arreglo con Harp, pero aunque los Diablos jugarán ahí, el inmueble se donará a la ciudad. Además, remodelará varios estadios en distintos puntos del DF.”
Los hermanos Juan José y Erick Arellano compraron en 2014 Leones de Yucatán. Son un par de empresarios mazatlecos que, aseguran, adquirieron el club debido a su gusto por el beisbol. “No es negocio”, aseveran, porque los gastos de operación son muy elevados.
Su hermano mayor explica que durante más de seis meses estuvieron bajo la lupa de la Liga, que fiscalizó sus estados de cuenta bancarios, sus finanzas personales, las de su consorcio –que incluye gasolineras, la arrendadora de autos Álamo, constructoras, productoras de concreto y una fábrica de uniformes deportivos, entre otras compañías–, declaraciones de impuestos y una exhaustiva revisión de su solvencia moral y económica hasta que les abrieron la puerta.
Ya con el equipo en sus manos tuvieron que negociar el uso del estadio Kukulcán y la remodelación del mismo con el gobierno estatal. Según sus estimaciones, hasta ahora han realizado una coinversión de 12 millones de pesos, que se utilizaron para cambiar e instalar butacas, remodelar el club house local, construir un vestidor para los ampayers, instalar una pantalla gigante y, de su bolsa, pagaron la remodelación de su palco familiar.
“Cada plaza es diferente porque, por ejemplo, en Tijuana y Monterrey casi regalan los boletos para entrar, porque en esos lugares la ganancia está en la cantidad de cerveza que venden. En Yucatán el número de habitantes es muchísimo menor. Sí, nos prestan el estadio y hay un subsidio a la luz, pero nuestras entradas son de 4 mil 500 personas, cuando el estadio es para 12 mil. Sacamos dinero para seguir invirtiendo, no para hacernos ricos. En el beisbol quien crea que invierte para ganar dinero está equivocado. Dependemos de los patrocinadores, de lo que podamos recaudar”, asevera Juan José Arellano.
Los hermanos ya solicitaron a la LMB la autorización para que en la temporada 2016, ya sea mediante la expansión de la Liga a 18 equipos o la adquisición de uno de los clubes que ya existen, puedan tener un equipo en Mazatlán para que en esta ciudad haya beisbol profesional durante todo el año.
“Queremos llevar beisbol en el verano a esa plaza con Marineros de Mazatlán. Estamos a la espera de que la Liga nos diga sí o no. También ya solicitamos a Venados –que juegan en invierno en la Liga Mexicana del Pacífico– que nos presten el estadio Teodoro Mariscal. En cuestión de dos meses se resolverá”, adelanta Erick Arellano.
“Si no nos prestan el estadio, nosotros vamos a construirlo”, expresa Juan José. “Puede ser una coinversión con el gobierno de Sinaloa. Nosotros tenemos constructoras y concreteras, podemos aportar para hacerlo. Nos ha ido muy bien, porque comenzamos a trabajar desde muy chicos. Amamos el beisbol y queremos regresar un poco de lo que tenemos a través del deporte”.
Para la presente campaña, el coahuilense Gerardo Benavides Pape, presidente de Grupo Industrial Monclova (GIMSA), adquirió a Pericos de Puebla, que durante el gobierno de Mario Marín operó con recursos estatales.
Además de este equipo, Sultanes de Monterrey, de José Maiz, trabaja sin subsidios gubernamentales, lo mismo que Toros de Tijuana (Alberto Uribe), Delfines de Ciudad del Carmen (Virgilio Ruiz), Acereros de Monclova (Altos Hornos de México) y Vaqueros de la Laguna, de Ricardo Martínez Bringas (Soriana).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.
CANCÚN, QR: En diciembre del año pasado, el gobernador Roberto Borge Angulo viajó a San Diego, California, donde asistió a la asamblea de presidentes de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Ahí gestionó, personalmente, que a partir del próximo año se le otorgue una plaza a la ciudad de Chetumal en el circuito veraniego. De aprobarse la solicitud, Quintana Roo contaría con dos equipos profesionales.
El empresario chetumaleño Víctor Dogre fue quien realizó la presentación oficial del proyecto el 8 de diciembre, pero Borge –que ya desde 2007 sostiene con recursos del erario a la oncena de Tigres– lo respaldó en todo momento y prometió más recursos estatales para convencer a los presidentes de que no faltará financiamiento.
Cuando se supondría que el mandatario priista tendría que estar atendiendo las necesidades de la entidad, se dio el lujo de viajar a Estados Unidos no sólo para participar en la asamblea de la LMB –que se realizó en el marco del Winter Meetings, es decir, la reunión invernal anual donde directivos de los 30 equipos de las Grandes Ligas y sus afiliados en Ligas Menores realizan transacciones con miras a la temporada venidera–, sino que también se entrevistó con los exligamayoristas Jerry Royster y Greg Vaughn, quienes fueron contratados por los Tigres como manager y coach de bateo, respectivamente, para la campaña 2015.
“El gobernador siempre está involucrado con el equipo. Hizo un espacio en su agenda para ir a San Diego a conocer a Jerry y platicar con él un rato. Allá presentamos a Greg Vaughn y, como Jerry es su amigo, lo citamos y el gobernador los invitó a comer a los dos. Para todo lo de beisbol, él (Borge) se da sus tiempos, pero no tiene nada que ver en la contratación de jugadores, managers ni coaches. Yo no lo consulto para nada. Que quede claro: quien toma las decisiones en Tigres se llama Carlos Peralta Quintero”, aclara Cuauhtémoc Rodríguez Meza, presidente ejecutivo del equipo felino.
El actual gobernador es un fanático del beisbol que tampoco duda en usar el erario para patrocinar otros deportes profesionales: el futbol con el Atlante, ahora en la Liga de Ascenso, y el basquetbol con los Pioneros de Cancún, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En estas tres disciplinas, según la Cuenta Pública revisada en octubre de 2012, gastó 80 millones de pesos en un solo ejercicio fiscal.
–¿Cuánto dinero aporta el gobierno para la operación de los Tigres? –se le pregunta a Cuauhtémoc Rodríguez.
–Esa cantidad no se la puedo decir. Es algo muy confidencial. No queremos meternos en problemas con nadie. El gobierno nos apoya exactamente con una cantidad, pero no se la puedo decir. Usted sabe que la mayoría de los deportes profesionales, no sólo el beisbol, en la mayoría de los estados tienen subsidio del gobierno porque es la única manera como puede funcionar el deporte profesional. (…) Esas cantidades las deben decir los gobiernos, no los equipos. Nosotros no podemos dar esa información.
En la LMB, prácticamente la mitad de los 16 clubes que la integran reciben subsidios, apoyos o prerrogativas de parte de los gobiernos estatales.
La distancia obligada
El presidente de los Diablos Rojos del México, Roberto Mansur, reprueba que se utilice dinero público para financiar equipos de beisbol, pues considera que deben ser los empresarios quienes inviertan sus propios recursos.
“Yo no creo que sea correcto que los equipos estén financiados por los gobiernos estatales porque el dinero se necesita para otras cosas. Los empresarios deben apostar por el beisbol, no los gobiernos. Desgraciadamente el deporte y la política se mezclan por intereses. A un político le interesa no perder votantes y, cuando un gobernador quiere ser la figura, mete mano a la caja chica y ayuda a un equipo. En Saltillo está el gobierno, en Aguascalientes también, en Veracruz, Campeche… La cosa funciona así, el gobierno les dice: ‘Apóyame en el beisbol y yo te doy esta obra o este beneficio’”, explica.
–¿Cómo ven esta situación en la asamblea de presidentes? ¿Usted les ha dicho algo? –se le inquiere.
–Sí, que digan la verdad. Nos llegan con cuentos rancheros. Creen que nos chupamos el dedo. Dicen que son los dueños. Bueno, está bien, pero yo sé que el dinero te lo da el gobierno. En el beisbol pasa lo mismo que en el futbol: los equipos tienen subsidios. O no les cobran los impuestos por asistencia al estadio o les pagan el alumbrado. Hay una serie de beneficios.
–Dice usted que sacan el dinero de la caja chica, es decir, ¿ni siquiera es transparente el origen de los recursos?
–El único club que está legalmente constituido por el gobierno es Olmecas de Tabasco. El equipo tiene un presupuesto y se sabe todo lo que paga el erario. En Cancún, por ejemplo, no sabemos cuánto paga la administración pública ni exactamente qué paga. Y si uno habla se echa al gobernador de enemigo. Se enoja el señor. (…)
“Ahorita no es negocio tener un equipo porque por ahí de 1990 o 1992 el beisbol sufrió un cambio radical por distintas razones. Por ejemplo, algunos directivos, como los Ley (los hermanos Juan Manuel y Álvaro, exdueños de Saraperos de Saltillo) usaban a sus empresas (supermercados Ley) como un medio para conseguir patrocinios. Empezaron a gastar demasiado y entonces buscaron apoyos gubernamentales para que no les costara mantener a sus novenas.”
El peso cae en los contribuyentes
La figura de Borge es la más visible entre los gobernadores que financian equipos profesionales de beisbol con dinero público. También están los casos de Olmecas de Tabasco, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz, Saraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes y Broncos de Reynosa.
En el caso del mandatario quintanarroense se le ve más cerca de los Tigres que a su propio dueño, el empresario Carlos Peralta. Borge es quien siempre lanza la primera bola en los juegos inaugurales o importantes. Es el primero en aparecer en el terreno de juego, ha brincado al lado de los peloteros cuando han sido campeones, y se va de gira cuando la novena califica a los playoffs, como ocurrió en la temporada 2013, cuando los felinos se impusieron en la serie final a los Sultanes de Monterrey.
En uno de los palcos del estadio de los Sultanes, Borge disfrutó de los juegos de los Tigres al lado de Peralta y de Raúl Salinas de Gortari. Estos tres personajes ya habían estado juntos en agosto de 2012 en el estadio de los Rojos del Águila de Veracruz, cuando este equipo enfrentó a los bengalíes en la final de la zona sur de la LMB.
En 2014, también durante la final de zona, en su palco de lujo del estadio Beto Ávila (Cancún), Borge presenció los choques de Tigres ante Pericos de Puebla, en compañía de Peralta y Salinas de Gortari.
El exdiputado del PAN Baltazar Tuyub Castillo dice en entrevista que durante la XII Legislatura de Quintana Roo, cuando fungió como vocal de la Comisión del Deporte, durante la revisión de la Cuenta Pública detectaron un gasto de 80 millones de pesos que salieron del capítulo 4000, es decir, la partida de “transferencias y apoyos diversos”, que fueron ejercidos por la Comisión para la Juventud y Deporte del estado (Cojudeq).
Para aclarar en qué se gastó ese dinero, los integrantes de la Comisión del Deporte citaron a comparecer al entonces titular de la Cojudeq, Normando Medina, quien explicó que el dinero se invirtió en el deporte profesional.
“Este capítulo viene siendo la caja chica, porque es facultad del gobernador ejercer a discreción esos recursos. Le puede transferir dinero a quien quiera. El director del Deporte nos dijo que se le destinaban entre 18 y 20 millones de pesos al equipo de beisbol, y que al Atlante, cuando estaba en Primera División, se le daban entre 28 a 32 millones.”
Tuyub Castillo detalla que, de acuerdo con la legislación vigente, la Cojudeq debe utilizar los recursos para fomentar el deporte amateur, no los profesionales. Un grupo de diputados, incluso en tribuna, reclamaron a Borge el uso indebido del presupuesto, pero los señalamientos fueron ignorados por la mayoría priista en el Congreso.
“El Órgano Superior de Fiscalización emite un dictamen, pero como el PRI tiene mayoría absoluta, en el Congreso le aprueban la Cuenta Pública a Borge y no hay nada que hacer. Lo mismo pasó con el endeudamiento del estado, que 95% del presupuesto anual está hipotecado porque la deuda pública es superior a los 20 mil millones de pesos. Aquí no pasa nada porque Quintana Roo es un virreinato, donde lo que diga el virrey sucede. Los poderes Legislativo y Judicial son sumisos al Ejecutivo.
“Por eso el gobernador gastó 2 millones de pesos para poner un elevador en el estadio de beisbol, que lo lleve a su palco. Carlos Peralta es uno de los hombres más ricos de México –es dueño de IUSA– y es absurdo que el gobierno estatal le financie el equipo, cuando debería ser al revés. El hecho es que existe ese fondo, y si hay 500 millones de pesos, el gobernador se los puede gastar como quiera: en el Teletón, en el Atlante o en los Tigres, porque hay un libertinaje total en el manejo de las finanzas”, cuestiona el panista.
En 2013, Borge derrochó más de 3 millones de pesos en construir un palco VIP en el estadio Beto Ávila. Se instalaron butacas de piel, pantallas de televisión, aire acondicionado, servicio de bar y el elevador.
En un año concluirá el mandato de Borge. Por esa razón, la mayoría de los presidentes de la LMB se pronuncian por no apoyar el proyecto de que Chetumal se convierta en una nueva plaza beisbolera. Si el nuevo gobernador no está interesado en ese deporte pondría en riesgo al equipo.
Ayuda sistemática
Roberto Mansur, por su parte, dice que no sabe qué arreglo hizo Alfredo Harp Helú con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, para construir el nuevo estadio de los Diablos en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, pero reconoce que si no se hace en un terreno del gobierno sería imposible contar con ese inmueble.
“¿Cuántos años estuvimos llorando por un terreno? El gobierno lo pondrá porque, si no, no hay dónde construir el estadio. No sé cuál es el arreglo con Harp, pero aunque los Diablos jugarán ahí, el inmueble se donará a la ciudad. Además, remodelará varios estadios en distintos puntos del DF.”
Los hermanos Juan José y Erick Arellano compraron en 2014 Leones de Yucatán. Son un par de empresarios mazatlecos que, aseguran, adquirieron el club debido a su gusto por el beisbol. “No es negocio”, aseveran, porque los gastos de operación son muy elevados.
Su hermano mayor explica que durante más de seis meses estuvieron bajo la lupa de la Liga, que fiscalizó sus estados de cuenta bancarios, sus finanzas personales, las de su consorcio –que incluye gasolineras, la arrendadora de autos Álamo, constructoras, productoras de concreto y una fábrica de uniformes deportivos, entre otras compañías–, declaraciones de impuestos y una exhaustiva revisión de su solvencia moral y económica hasta que les abrieron la puerta.
Ya con el equipo en sus manos tuvieron que negociar el uso del estadio Kukulcán y la remodelación del mismo con el gobierno estatal. Según sus estimaciones, hasta ahora han realizado una coinversión de 12 millones de pesos, que se utilizaron para cambiar e instalar butacas, remodelar el club house local, construir un vestidor para los ampayers, instalar una pantalla gigante y, de su bolsa, pagaron la remodelación de su palco familiar.
“Cada plaza es diferente porque, por ejemplo, en Tijuana y Monterrey casi regalan los boletos para entrar, porque en esos lugares la ganancia está en la cantidad de cerveza que venden. En Yucatán el número de habitantes es muchísimo menor. Sí, nos prestan el estadio y hay un subsidio a la luz, pero nuestras entradas son de 4 mil 500 personas, cuando el estadio es para 12 mil. Sacamos dinero para seguir invirtiendo, no para hacernos ricos. En el beisbol quien crea que invierte para ganar dinero está equivocado. Dependemos de los patrocinadores, de lo que podamos recaudar”, asevera Juan José Arellano.
Los hermanos ya solicitaron a la LMB la autorización para que en la temporada 2016, ya sea mediante la expansión de la Liga a 18 equipos o la adquisición de uno de los clubes que ya existen, puedan tener un equipo en Mazatlán para que en esta ciudad haya beisbol profesional durante todo el año.
“Queremos llevar beisbol en el verano a esa plaza con Marineros de Mazatlán. Estamos a la espera de que la Liga nos diga sí o no. También ya solicitamos a Venados –que juegan en invierno en la Liga Mexicana del Pacífico– que nos presten el estadio Teodoro Mariscal. En cuestión de dos meses se resolverá”, adelanta Erick Arellano.
“Si no nos prestan el estadio, nosotros vamos a construirlo”, expresa Juan José. “Puede ser una coinversión con el gobierno de Sinaloa. Nosotros tenemos constructoras y concreteras, podemos aportar para hacerlo. Nos ha ido muy bien, porque comenzamos a trabajar desde muy chicos. Amamos el beisbol y queremos regresar un poco de lo que tenemos a través del deporte”.
Para la presente campaña, el coahuilense Gerardo Benavides Pape, presidente de Grupo Industrial Monclova (GIMSA), adquirió a Pericos de Puebla, que durante el gobierno de Mario Marín operó con recursos estatales.
Además de este equipo, Sultanes de Monterrey, de José Maiz, trabaja sin subsidios gubernamentales, lo mismo que Toros de Tijuana (Alberto Uribe), Delfines de Ciudad del Carmen (Virgilio Ruiz), Acereros de Monclova (Altos Hornos de México) y Vaqueros de la Laguna, de Ricardo Martínez Bringas (Soriana).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BEATRIZ PEREYRA.
Funcionarios ladrones… El juego que todos jugamos
MÉXICO, D.F: El juego que todos jugamos hoy en México se llama Funcionarios Ladrones contra Ciudadanos Ingenuos. Para jugarlo, ambos bandos deben empezar por olvidar un par de cosas. Deben fingir que no saben que los funcionarios no están vigilados sistemáticamente por alguna institución, digamos la policía, y fingir que el país alguna vez fue distinto y en ese país fantástico del pasado los funcionarios no robaban. Aceptada esta ceguera voluntaria por ambas partes, los jugadores podemos pasar al juego propiamente dicho y gozar de sus enormes emociones.
El funcionario empieza el juego robando.
Roba 300 millones de dólares del erario como Arturo Montiel o finge una compra-venta cuando está tomando una gratificación por un acto ilícito, como el presidente Peña Nieto o el secretario Videgaray, o usa helicópteros del Estado para citas familiares, como el entonces director de Conagua, David Korenfeld, o en lugar de levantar una multa a alguien que se pasó una luz roja le cobra un soborno, como mi amigo Rodrigo El Policía de la Condesa, o como una examiga funcionaria grava los recursos estatales que gasta con 14% para ella, o etcétera y etcétera.
La emoción ha iniciado. El ladrón se siente feliz con su ganancia y con su privilegio, que lo levanta sobre cualquier otro ciudadano cinco centímetros, o 5 mil millones de pesos, según sea su hurto. En cada intercambio con un congénere, disfruta su superioridad secreta. Piensa: Soy el gran Pillo, soy Steve Jobs del Hurto (aunque por desgracia sin inventos).
Acá puede acabarse el juego, y de hecho en general acá termina. El funcionario se va a gastar su robo y en la vejez les explica a sus nietos que ha sido un genio de la función pública.
Pero hete acá que a veces alguien descubre al ladrón.
Un vecino lo fotografía abordando el helicóptero estatal con toda su familia, una periodista y su equipo videan las casas mal habidas, el Policía Ladrón de La Condesa recibe en lugar de un billete el flashazo de un ciudadano que publica en Twitter el robo.
Ahora sí empiezan las emociones enormes, dignas de un partido de futbol México contra Estados Unidos.
Los jugadores se multiplican por millones: ha entrado al juego el pueblo mexicano, más otros porristas menores. El pueblo se acuerda de golpe de que las cosas idealmente debieran ser distintas. Usa palabras altisonantes y nobles. El Bien Común. La Patria. El Porvenir. La Justicia. Ya me cansé. Todos somos Buenos. Indignado, el pueblo grita a coro. Tuitea. Vilipendia. Saca banderolas. Su ganancia es la rabia compartida, la sensación de pertenencia: soy parte del pueblo herido y robado, soy muchos más aparte de mí mismo.
Y lo dicho, entran al juego otros personajes menores. Por ejemplo, los esquiroles. Tienen un nombre peor, pero me da pena escribirlo.
Son los que toman la defensa de lo indefendible. Publican artículos que empiezan así: “Pregunté quién era el Funcionario Ladrón y todos me informaron que era un señor muy simpático, que usa shorts lindísimos, y quiere a sus hijos”. O escribe confesiones de cercanía al Funcionario Delincuente: “Ayer en la cena le pregunté cómo se sentía de ser multimillonariamente odiado y me dijo que era él quien odiaba al puto pueblo mexicano y que su familia ya vivía en California, como castigo al pueblo mexicano”. Es decir, el esquirol saca su manita de limosnero para que el Funcionario en su Desgracia lo reconozca con alguna dádiva. Esa es su ganancia, amén del odio del pueblo. (Vaya, si uno no puede ser universalmente amado, puede intentar ser universalmente odiado.)
Y entonces salen en la cancha del bando del pueblo los apocalípticos. Exigen la renuncia del presidente. Exigen una nueva Constitución. Exigen un nuevo código genético nacional. Exigen que la Virgen baje y nos bendiga. Su ganancia es saber que saben cuál es la Solución de Todo, aunque sea eternamente inaccesible.
Lo que sigue es el clímax oscuro del juego: una muerte social. Alguien es tumbado del tablero de juego. Alguien ve su nombre hundido en el fango. Alguien camina en un sambenito mientras le tiran piedras. Alguien pierde miserablemente.
A veces se tumba al periodista o al ciudadano que reveló el crimen del Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Matar al Mensajero. A veces, sobre todo si es un alfil menor, se asesina socialmente al Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Uno Menos entre Cien Mil Que Ahí Siguen.
El pueblo es infeliz en el primer caso y muy feliz en el segundo caso. Los esquiroles van a cobrar su limosna en las dependencias pertinentes y tuercen cínicos la boca cuando en la calle los plebeyos los insultan. Los apocalípticos guardan sus ambiciones de bondad absoluta en un cajón y vacacionan una semana. No más que una semana, porque a la semana se reinicia el juego con un recambio del personaje principal. ¡Otro Funcionario Ladrón descubierto!
Como en todo juego, hay una sola forma de suspender nuevos partidos: negarse a jugar otra vez. En el caso de Funcionarios Ladrones contra Ciudadanos Ingenuos, la suspensión ocurriría si los ciudadanos se niegan a la afasia inicial que les pide el juego y recordaran que el juego sólo es posible porque el país no tiene un sistema de justicia.
Por un momento imaginémoslo. Los ciudadanos se reúnen ya no para la indignación solamente, sino para exigir un Sistema de Justicia. Interrumpen a los funcionarios cuando hablan de otras cosas. Piden un juicio para cada funcionario suspendido en que se publiquen los pormenores del robo y el ladrón resarza al país, o se le exonere, si eso es lo justo. Por ejemplo, se pone al señor Korenfeld a juicio no sólo por el uso indebido de un helicóptero, sino por la sospecha bien fundada de truquear medidores de agua, preparar licitaciones de valores inflados y tratar de hacer pasar por el congreso una Ley de Agua que lo hubiese vuelto a él multimillonario mientras hubiera llevado a la desesperación a millones de mexicanos.
En tanto no nos atrevamos a pedir un Sistema de Justicia, gritemos en la plaza:
¡Tumben a Korenfeld! ¡Libertad al helicóptero mal usado!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SABINA BERMAN (ANÁLISIS).
El funcionario empieza el juego robando.
Roba 300 millones de dólares del erario como Arturo Montiel o finge una compra-venta cuando está tomando una gratificación por un acto ilícito, como el presidente Peña Nieto o el secretario Videgaray, o usa helicópteros del Estado para citas familiares, como el entonces director de Conagua, David Korenfeld, o en lugar de levantar una multa a alguien que se pasó una luz roja le cobra un soborno, como mi amigo Rodrigo El Policía de la Condesa, o como una examiga funcionaria grava los recursos estatales que gasta con 14% para ella, o etcétera y etcétera.
La emoción ha iniciado. El ladrón se siente feliz con su ganancia y con su privilegio, que lo levanta sobre cualquier otro ciudadano cinco centímetros, o 5 mil millones de pesos, según sea su hurto. En cada intercambio con un congénere, disfruta su superioridad secreta. Piensa: Soy el gran Pillo, soy Steve Jobs del Hurto (aunque por desgracia sin inventos).
Acá puede acabarse el juego, y de hecho en general acá termina. El funcionario se va a gastar su robo y en la vejez les explica a sus nietos que ha sido un genio de la función pública.
Pero hete acá que a veces alguien descubre al ladrón.
Un vecino lo fotografía abordando el helicóptero estatal con toda su familia, una periodista y su equipo videan las casas mal habidas, el Policía Ladrón de La Condesa recibe en lugar de un billete el flashazo de un ciudadano que publica en Twitter el robo.
Ahora sí empiezan las emociones enormes, dignas de un partido de futbol México contra Estados Unidos.
Los jugadores se multiplican por millones: ha entrado al juego el pueblo mexicano, más otros porristas menores. El pueblo se acuerda de golpe de que las cosas idealmente debieran ser distintas. Usa palabras altisonantes y nobles. El Bien Común. La Patria. El Porvenir. La Justicia. Ya me cansé. Todos somos Buenos. Indignado, el pueblo grita a coro. Tuitea. Vilipendia. Saca banderolas. Su ganancia es la rabia compartida, la sensación de pertenencia: soy parte del pueblo herido y robado, soy muchos más aparte de mí mismo.
Y lo dicho, entran al juego otros personajes menores. Por ejemplo, los esquiroles. Tienen un nombre peor, pero me da pena escribirlo.
Son los que toman la defensa de lo indefendible. Publican artículos que empiezan así: “Pregunté quién era el Funcionario Ladrón y todos me informaron que era un señor muy simpático, que usa shorts lindísimos, y quiere a sus hijos”. O escribe confesiones de cercanía al Funcionario Delincuente: “Ayer en la cena le pregunté cómo se sentía de ser multimillonariamente odiado y me dijo que era él quien odiaba al puto pueblo mexicano y que su familia ya vivía en California, como castigo al pueblo mexicano”. Es decir, el esquirol saca su manita de limosnero para que el Funcionario en su Desgracia lo reconozca con alguna dádiva. Esa es su ganancia, amén del odio del pueblo. (Vaya, si uno no puede ser universalmente amado, puede intentar ser universalmente odiado.)
Y entonces salen en la cancha del bando del pueblo los apocalípticos. Exigen la renuncia del presidente. Exigen una nueva Constitución. Exigen un nuevo código genético nacional. Exigen que la Virgen baje y nos bendiga. Su ganancia es saber que saben cuál es la Solución de Todo, aunque sea eternamente inaccesible.
Lo que sigue es el clímax oscuro del juego: una muerte social. Alguien es tumbado del tablero de juego. Alguien ve su nombre hundido en el fango. Alguien camina en un sambenito mientras le tiran piedras. Alguien pierde miserablemente.
A veces se tumba al periodista o al ciudadano que reveló el crimen del Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Matar al Mensajero. A veces, sobre todo si es un alfil menor, se asesina socialmente al Funcionario Ladrón. A este resultado se llama Uno Menos entre Cien Mil Que Ahí Siguen.
El pueblo es infeliz en el primer caso y muy feliz en el segundo caso. Los esquiroles van a cobrar su limosna en las dependencias pertinentes y tuercen cínicos la boca cuando en la calle los plebeyos los insultan. Los apocalípticos guardan sus ambiciones de bondad absoluta en un cajón y vacacionan una semana. No más que una semana, porque a la semana se reinicia el juego con un recambio del personaje principal. ¡Otro Funcionario Ladrón descubierto!
Como en todo juego, hay una sola forma de suspender nuevos partidos: negarse a jugar otra vez. En el caso de Funcionarios Ladrones contra Ciudadanos Ingenuos, la suspensión ocurriría si los ciudadanos se niegan a la afasia inicial que les pide el juego y recordaran que el juego sólo es posible porque el país no tiene un sistema de justicia.
Por un momento imaginémoslo. Los ciudadanos se reúnen ya no para la indignación solamente, sino para exigir un Sistema de Justicia. Interrumpen a los funcionarios cuando hablan de otras cosas. Piden un juicio para cada funcionario suspendido en que se publiquen los pormenores del robo y el ladrón resarza al país, o se le exonere, si eso es lo justo. Por ejemplo, se pone al señor Korenfeld a juicio no sólo por el uso indebido de un helicóptero, sino por la sospecha bien fundada de truquear medidores de agua, preparar licitaciones de valores inflados y tratar de hacer pasar por el congreso una Ley de Agua que lo hubiese vuelto a él multimillonario mientras hubiera llevado a la desesperación a millones de mexicanos.
En tanto no nos atrevamos a pedir un Sistema de Justicia, gritemos en la plaza:
¡Tumben a Korenfeld! ¡Libertad al helicóptero mal usado!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SABINA BERMAN (ANÁLISIS).
Dólar inicia la semana en $15.70
MÉXICO, D.F: El dólar se vende esta mañana en $15.70, diez centavos por arriba del cierre del viernes.
Mientras tanto, el dólar se compra en $15.10.
Aparte, el euro se vende en $16.74 y se compra en $16.35; por separado, la libra se vende en $23.23 y se compra en $22.69, de acuerdo con Banamex.
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus previsiones de crecimiento económico para México: de 3.2% para 2015 y de 3.5% para 2016.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mientras tanto, el dólar se compra en $15.10.
Aparte, el euro se vende en $16.74 y se compra en $16.35; por separado, la libra se vende en $23.23 y se compra en $22.69, de acuerdo con Banamex.
La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus previsiones de crecimiento económico para México: de 3.2% para 2015 y de 3.5% para 2016.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La otra caída petrolera
La mayor parte de la cobertura en el desplome de los precios petroleros ha culpado al aumento en la oferta de crudo, pero expertos opinan que la caída estructural de la demanda también debe ser considerada.
El desplome de más de 50 por ciento que los precios petroleros experimentan desde mediados del año pasado ha sido atribuido principalmente al fuerte aumento en la producción global de crudo, el cual es un factor cíclico.
Pero expertos opinan que la reducción que la demanda petrolera ha vivido en la última década también es una parte importante de la historia, y que es poco probable que esta tendencia cambie en el futuro.
Esto se debe a que a pesar de la existencia de factores cíclicos en la caída de la demanda, como lo es el menor crecimiento económico global posterior a la crisis del 2008, también existen factores estructurales más difíciles de cambiar.
Quizá el mayor factor dentro de esto es el creciente uso de vehículos con un consumo más eficiente de combustible y el desarrollo cada vez más veloz de vehículos eléctricos que son más atractivos para los consumidores.
El consumo petrolero de Estados Unidos es utilizado como barómetro global debido a que este país es por mucho el mayor consumidor de crudo del mundo.
A un nivel de más de 19 millones de barriles diarios, el consumo estadounidense es casi el doble que el de China, el segundo mayor consumidor, y representa más del 20 por ciento del consumo global.
Datos del Departamento de Energía estadounidense muestran que el consumo de derivados de crudo en el país se han mantenido por debajo del pico de 21 millones de barriles diarios que tocó en el 2004, cayendo aún mientras el país continúa recuperándose de la crisis económica del 2008.
Bloomberg reporta que Michael Liebreich, fundador de la empresa de investigación energética Bloomberg New Energy Finance (BNEF), explicó recientemente que parte de esta caída se debe a avances tecnológicos que han incrementado la eficiencia en el consumo de combustibles a nivel global y reducido el costo de la energía renovable.
Esta transición no se encuentra limitada a los países desarrollados, ya que aunque los países emergentes tradicionalmente representan el mayor impulso al consumo global de petróleo y otros energéticos, algunos de ellos también son líderes en la inversión en energía renovable.
El mayor ejemplo de esto es China, que no sólo fue el mayor inversionista en estas tecnología en 2014 sino también el país con el mayor crecimiento en este rubro.
Futuro eléctrico
Estos cambios debilitan el vínculo entre el uso vehicular y el consumo petrolero. En el caso del consumo vehicular de combustibles, en Estados Unidos esta mejora en la eficiencia fue de más de 20 por ciento en los últimos 15 años.
Y una nueva tendencia podría acelerar estos cambios aún más. El futuro vehicular, a decir de los expertos, será eléctrico.
El año pasado, las ventas globales de vehículos eléctricos rebasaron las 288 mil unidades. Y mientras que esto sigue representando sólo 0.5 por ciento de las ventas totales de la industria automotriz, también representa un nivel de ventas cinco veces mayor que el que se registró en el 2011.
Esto tiene sentido al considerar que este tipo de vehículos es cada vez más accesible. El precio de las baterías que los impulsan cayó 60 por ciento entre el 2010 y el año pasado, y BNEF prevé que esta tendencia continuará al mismo ritmo.
De esta forma, el precio de estos automóviles se igualaría al de los que usan gasolina dentro de la próxima década, volviéndolos más atractivos fuera de los mercados desarrollados.
Mejores baterías
Los expertos concuerdan en que uno de los costos que tiene que descender para que el uso de energía renovable se vuelva más amplio es el de las baterías, que actualmente se encuentra en un nivel de 400 dólares por kilowatt-hora generado (el doble del que se estima como necesario).
Es por esto que inversionistas multimillonarios como Elon Musk, Nick Pritzker y Bill Gates han invertido más de 5 mil millones de dólares en la última década para desarrollar mejores baterías que reemplacen las de níquel-cadmio y de iones de litio en uso actualmente.
La revista Bloomberg Markets reporta que estos inversionistas están apostando que las nuevas baterías en desarrollo revolucionarán la industria global de baterías, valuada en 50 mil millones de dólares.
Estas nuevas formas de almacenar energía podrían dar energía limpia a vehículos y hogares, además de hacer las redes eléctricas más limpias al reemplazar generadores y reducir la necesidad de crear más plantas generadoras que usen combustibles fósiles.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ROLANDO HINOJOSA.
El desplome de más de 50 por ciento que los precios petroleros experimentan desde mediados del año pasado ha sido atribuido principalmente al fuerte aumento en la producción global de crudo, el cual es un factor cíclico.
Pero expertos opinan que la reducción que la demanda petrolera ha vivido en la última década también es una parte importante de la historia, y que es poco probable que esta tendencia cambie en el futuro.
Esto se debe a que a pesar de la existencia de factores cíclicos en la caída de la demanda, como lo es el menor crecimiento económico global posterior a la crisis del 2008, también existen factores estructurales más difíciles de cambiar.
Quizá el mayor factor dentro de esto es el creciente uso de vehículos con un consumo más eficiente de combustible y el desarrollo cada vez más veloz de vehículos eléctricos que son más atractivos para los consumidores.
El consumo petrolero de Estados Unidos es utilizado como barómetro global debido a que este país es por mucho el mayor consumidor de crudo del mundo.
A un nivel de más de 19 millones de barriles diarios, el consumo estadounidense es casi el doble que el de China, el segundo mayor consumidor, y representa más del 20 por ciento del consumo global.
Datos del Departamento de Energía estadounidense muestran que el consumo de derivados de crudo en el país se han mantenido por debajo del pico de 21 millones de barriles diarios que tocó en el 2004, cayendo aún mientras el país continúa recuperándose de la crisis económica del 2008.
Bloomberg reporta que Michael Liebreich, fundador de la empresa de investigación energética Bloomberg New Energy Finance (BNEF), explicó recientemente que parte de esta caída se debe a avances tecnológicos que han incrementado la eficiencia en el consumo de combustibles a nivel global y reducido el costo de la energía renovable.
Esta transición no se encuentra limitada a los países desarrollados, ya que aunque los países emergentes tradicionalmente representan el mayor impulso al consumo global de petróleo y otros energéticos, algunos de ellos también son líderes en la inversión en energía renovable.
El mayor ejemplo de esto es China, que no sólo fue el mayor inversionista en estas tecnología en 2014 sino también el país con el mayor crecimiento en este rubro.
Futuro eléctrico
Estos cambios debilitan el vínculo entre el uso vehicular y el consumo petrolero. En el caso del consumo vehicular de combustibles, en Estados Unidos esta mejora en la eficiencia fue de más de 20 por ciento en los últimos 15 años.
Y una nueva tendencia podría acelerar estos cambios aún más. El futuro vehicular, a decir de los expertos, será eléctrico.
El año pasado, las ventas globales de vehículos eléctricos rebasaron las 288 mil unidades. Y mientras que esto sigue representando sólo 0.5 por ciento de las ventas totales de la industria automotriz, también representa un nivel de ventas cinco veces mayor que el que se registró en el 2011.
Esto tiene sentido al considerar que este tipo de vehículos es cada vez más accesible. El precio de las baterías que los impulsan cayó 60 por ciento entre el 2010 y el año pasado, y BNEF prevé que esta tendencia continuará al mismo ritmo.
De esta forma, el precio de estos automóviles se igualaría al de los que usan gasolina dentro de la próxima década, volviéndolos más atractivos fuera de los mercados desarrollados.
Mejores baterías
Los expertos concuerdan en que uno de los costos que tiene que descender para que el uso de energía renovable se vuelva más amplio es el de las baterías, que actualmente se encuentra en un nivel de 400 dólares por kilowatt-hora generado (el doble del que se estima como necesario).
Es por esto que inversionistas multimillonarios como Elon Musk, Nick Pritzker y Bill Gates han invertido más de 5 mil millones de dólares en la última década para desarrollar mejores baterías que reemplacen las de níquel-cadmio y de iones de litio en uso actualmente.
La revista Bloomberg Markets reporta que estos inversionistas están apostando que las nuevas baterías en desarrollo revolucionarán la industria global de baterías, valuada en 50 mil millones de dólares.
Estas nuevas formas de almacenar energía podrían dar energía limpia a vehículos y hogares, además de hacer las redes eléctricas más limpias al reemplazar generadores y reducir la necesidad de crear más plantas generadoras que usen combustibles fósiles.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ROLANDO HINOJOSA.
México es el segundo país más impune del mundo según el IGI
México ocupa el segundo lugar con mayor impunidad en la primera edición del Índice Global de Impunidad presentado hoy en la Cuidad de México por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
El índice de impunidad global, es el primer trabajo académico internacional que mide este fenómeno multidimensional a partir de la información que recibe la ONU de todos sus miembros.
En esta ocasión, se midieron solamente 59 países debido a que contaron con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Luis Ernesto Derbez el rector del campus cholulteca, explicó que el índice estima una proporción promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes a nivel global, mientras que México cuenta sólo con 4 entre 100 mil.
“Esto nos permite afirmar que el problema de la corrupción y la impunidad en México no es cultural sino estructural, pues no hay suficientes recursos humanos para atender las demandas de justicia”, expresó el ex canciller.
El estudio será presentado a las autoridades de todos los países estudiados y en octubre se hará público un estudio similar en cada entidad federativa de México.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA.
El índice de impunidad global, es el primer trabajo académico internacional que mide este fenómeno multidimensional a partir de la información que recibe la ONU de todos sus miembros.
En esta ocasión, se midieron solamente 59 países debido a que contaron con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Luis Ernesto Derbez el rector del campus cholulteca, explicó que el índice estima una proporción promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes a nivel global, mientras que México cuenta sólo con 4 entre 100 mil.
“Esto nos permite afirmar que el problema de la corrupción y la impunidad en México no es cultural sino estructural, pues no hay suficientes recursos humanos para atender las demandas de justicia”, expresó el ex canciller.
El estudio será presentado a las autoridades de todos los países estudiados y en octubre se hará público un estudio similar en cada entidad federativa de México.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA.
Insisten en que el INE cancele registro al PVEM
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado a cancelar el registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar sistemáticamente la ley.
En su análisis semanal publicado en el periódico Reforma, el académico Jesús Silva-Herzog Márquez apunta:
“La ilegalidad del Partido Verde no es chisme sembrado por sus adversarios. La frecuencia de sus trampas no es rumor en la plaza pública. Han sido los órganos electorales los que han señalado y castigado las constantes transgresiones de ese partido. Las resoluciones del Instituto Electoral han sido ratificadas por la autoridad judicial. Ambos órganos han castigado a ese negocio reiteradamente por infracciones. ¿Puede negarse que han sido violaciones graves por alterar las condiciones de la competencia? ¿Puede negarse que el incumplimiento de la ley no solamente ha sido frecuente sino el corazón mismo de su estrategia política?
“Creo que el Instituto Nacional Electoral tiene el deber de iniciar el proceso para cancelar el registro de este partido. No hacerlo es desestimar las consecuencias de su propia actuación. Ignorar sus decisiones. Son los órganos electorales los que han tomado registro del abuso constante y profundo de ese partido. La ley ordena al Instituto Nacional Electoral a discutir con seriedad si estas ilegalidades deben considerarse graves y sistemáticas”.
El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México difiere de las voces que han postulado que el PVEM sólo puede perder el registro si no obtiene el mínimo de votos exigido por la ley:
“He escuchado un argumento preocupante. Solamente a los electores corresponde sacarlos de la competencia. Solamente en el más extremo de los casos se justificaría que la autoridad electoral resolviera la cancelación del registro de un partido político. Verlo de esa manera es considerar que la ley es un adorno que debe contemplarse detrás de un vidrio y usarse solamente en caso de incendio”.
La semana pasada, el PAN, PRD y Morena exigieron la cancelación del registro del PVEM, que acumula once multas por 195 millones de pesos vinculadas a violaciones a la ley electoral, entre las que se encuentran difusión de spots ilegales, reparto de boletos para el cine y de paquetes de útiles escolares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En su análisis semanal publicado en el periódico Reforma, el académico Jesús Silva-Herzog Márquez apunta:
“La ilegalidad del Partido Verde no es chisme sembrado por sus adversarios. La frecuencia de sus trampas no es rumor en la plaza pública. Han sido los órganos electorales los que han señalado y castigado las constantes transgresiones de ese partido. Las resoluciones del Instituto Electoral han sido ratificadas por la autoridad judicial. Ambos órganos han castigado a ese negocio reiteradamente por infracciones. ¿Puede negarse que han sido violaciones graves por alterar las condiciones de la competencia? ¿Puede negarse que el incumplimiento de la ley no solamente ha sido frecuente sino el corazón mismo de su estrategia política?
“Creo que el Instituto Nacional Electoral tiene el deber de iniciar el proceso para cancelar el registro de este partido. No hacerlo es desestimar las consecuencias de su propia actuación. Ignorar sus decisiones. Son los órganos electorales los que han tomado registro del abuso constante y profundo de ese partido. La ley ordena al Instituto Nacional Electoral a discutir con seriedad si estas ilegalidades deben considerarse graves y sistemáticas”.
El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México difiere de las voces que han postulado que el PVEM sólo puede perder el registro si no obtiene el mínimo de votos exigido por la ley:
“He escuchado un argumento preocupante. Solamente a los electores corresponde sacarlos de la competencia. Solamente en el más extremo de los casos se justificaría que la autoridad electoral resolviera la cancelación del registro de un partido político. Verlo de esa manera es considerar que la ley es un adorno que debe contemplarse detrás de un vidrio y usarse solamente en caso de incendio”.
La semana pasada, el PAN, PRD y Morena exigieron la cancelación del registro del PVEM, que acumula once multas por 195 millones de pesos vinculadas a violaciones a la ley electoral, entre las que se encuentran difusión de spots ilegales, reparto de boletos para el cine y de paquetes de útiles escolares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Unión Ciudadana de Chihuahua conforma observatorio; seguirá denuncia contra Duarte
CHIHUAHUA, Chih: Este sábado se conformó un observatorio del movimiento Unión Ciudadana de periodistas, académicos y políticos externos al estado de Chihuahua, con el fin de dar seguimiento a la denuncia penal que enfrenta el gobernador César Horacio Duarte Jáquez por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de sus atribuciones como servidor público.
El grupo está conformado por el periodista y escritor Ricardo Raphael; la investigadora Clara Jusidman; la académica Teresa Lanzagorta; el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa; la directora editorial adjunta de Newsweek, Adriana Amezcua; los políticos Gerardo Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Rufo, Carlos Heredia, Alejandro Madrazo y Denisse Dresser.
La denuncia a la que darán seguimiento, para comenzar, es la que interpuso el abogado y activista Jaime García Chávez contra Duarte, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el origen de 65 millones de pesos con los que creó un fideicomiso para invertirlos en un banco en vías de creación, al que fondearon con recursos públicos con más de 80 mil millones de pesos.
Debido a que la PGR no les ha permitido ver el expediente, interpusieron un amparo y el pasado 14 de abril, juez Sexto de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal otorgó la suspensión del amparo para que tengan acceso al expediente, según el expediente242/2015.
Luego de la presentación del observatorio ante medios de comunicación en Chihuahua, los primeros seis acompañaron a Unión Ciudadana en la Marcha del Silencio, para exigir un alto a la corrupción. La marcha, en la que participaron alrededor de 800 personas de diferentes municipios, fue encabezada además por líderes panistas y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ricardo Raphael dijo que en Chihuahua y en el resto del país crece una gran intolerancia social frente al secuestro de las instituciones por élites gobernantes corruptas y destacó que ciudadanos de esta entidad han optado por la vía jurídica para abatir la corrupción y la impunidad, por lo que darán seguimiento y aprenderán con lo que suceda, para aplicarlo en otros estados donde la ciudadanía está decidida a no permitir más abusos de los gobernantes.
“Lo que pasa en Chihuahua pasa en diferentes niveles, en otras partes del país. Esa intolerancia no se ha traducido en participación social para poner un alto. Hay miedo para oponerse por las consecuencias que pueda haber, tanto personales como de grupo”, detalló Ricardo Raphael.
Refirió que Unión Ciudadana inspira para derrocar los impedimentos, porque han actuado por la vía legal o jurídica, con documentos fuertes presentados ante la autoridad federal, lo que resulta emblemático para obligar a modificar esas instituciones poner al país en la ruta de la democracia.
En esta entidad, dijo, hay una larga tradición de movilización ciudadana que ha transformado realidades y donde ha sonado la alarma antes que en el resto del país, como sucedió en la Revolución Mexicana, en 1986 y en otros momentos históricos.
Se pronunció por entender lo que sucede en Chihuahua para entender lo que pasa en el resto del país.
“Los movimientos masivos quitan el miedo y colocan el miedo en las autoridades (…) optamos por construir una red de testigos sociales para observar el trabajo de Unión Ciudadana y que esa red sirva para expresiones similares. Seguiremos paso a paso el ejercicio de participación en las calles y el curso legal de la demanda”, refirió.
Al concluir la marcha, indicó que se animaron a concretar el observatorio y ser testigos del movimiento, luego de la represión que sufrieron los participantes de Unión Ciudadana el 28 de febrero pasado, donde provocadores enviados por el gobierno estatal y municipal agredieron y lesionaron a varios integrantes del movimiento.
El exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, aplaudió el proceso de los chihuahuenses que han salido a la calles a demandar respeto a sus libertades, porque hay signos preocupantes en el país.
Figueroa indicó que en México se vive una regresión por el autoritarismo, de ahí la importancia de que los ciudadanos defiendan sus derechos y libertades, para no permitir más impunidad y corrupción, para apropiarse de los espacios públicos y de sus propios derechos”.
Por su parte, la investigadora Clara Jusidman destacó que ha trabajado varios años con organizaciones civiles de Chihuahua y Ciudad Juárez, conformadas por ciudadanos muy diversos por sus posiciones ideológicos, pero con calidad y preocupación por su entorno cercano.
Jusidman advirtió sobre la necesidad de reconstruir al gobierno, que éste sea empático con las necesidades de la gente porque actualmente hay control de los poderes y también de los órganos autónomos, que se supone que fueron creados para ser un contrapeso.
“Ese es parte del botín que se están distribuyendo, por eso necesitamos comenzar por algún lado y Chihuahua puede ser un extraordinario ejemplo para quienes están hartos de abusos de poder, del cinismo, de la impunidad y de la corrupción, y si logramos tener éxito, habrá oportunidad de enfrentar a las instituciones para que realmente prevalezca un estado de derecho”, agregó.
Para lograrlo, es necesario no sólo movilizarse sino utilizar los instrumentos jurídicos, “también en otros estados están hartos del abuso de virreyes gobernadores”, señaló Clara Jusidman.
Para Gerardo Fernández Noroña, la denuncia de García Chávez desnudó al gobernador, a quien llamó “el gobernador desnudo. Él piensa que trae los ropajes más elegantes, cuando en realidad los de la corrupción, de la prepotencia, de la ilegalidad y de la impunidad y eso el país no lo quiere no lo quiere más”.
Se pronunció por que Duarte no sólo se vaya del cargo sino que enfrente la cárcel, por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. “Hoy a los ciudadanos se les trata como delincuentes y los delincuentes gobiernan al país (…) Aquí se está dando una aportación valiosísima con la tarea de recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo”.
La académica María Teresa Lanzagorta destacó la importancia del movimiento y la dramática situación que se vive en Chihuahua, por lo que confirmó que serán testigos para ver lo que está sucediendo y para aprender de la experiencia con el fin de aplicarla en otras partes del país.
El activista Jaime García Chávez dio los detalles de la denuncia, en la que evidencian un evidente conflicto de intereses del gobernador y del secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien era director de Unión Progreso, la institución crediticia que impulsó para constituirla en banco y a la vez, era tesorero del estado de Chihuahua.
Víctor Quintana Silveyra, dirigente estatal de Morena, aclaró que no se puede dividir los señalamientos de los negocios del gobernador que han crecido, del mal gobierno, porque el desvío de recursos y la deuda púbica de más de 45 mil millones de pesos, afecta los servicios a la ciudadanía, como el caso del sector salud, principalmente.
Al preguntar por los señalamientos que el gobernador hizo contra Javier Corral en el Senado de la República y que se han hecho en otros foros, sobre participantes de Unión Ciudadana, como el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, Ricardo Rapahel reprobó que un gobernador utilice la tribuna más alta de la Nación para atreverse a denunciar sin pruebas.
Y sobre los medios de comunicación precisó: “que hagan su chamba, si no se pueden probar lo que se denuncia, que no hagan eco de esos señalamientos”.
Jaime García Chávez conminó a quienes hacen señalamientos contra ellos a que presenten denuncias, porque al constituir Unión Ciudadana, saben a lo que se exponen.
El senador Javier Corral indicó que la apuesta de Unión Ciudadana es una apuesta por el Estado de Derecho, por las instituciones aunque sean “maltrechas”.
Durante la tarde, encabezaron la marcha Jaime García Chávez, los observadores y testigos, Víctor Quintana Silveyra, Pablo Cuarón, Francisco Barrio y Javier Corral Jurado, entre otros.
En silencio, se pararon frente a los medios de comunicación más representativos, El Heraldo y El Diario de Chihuahua, para expresar su inconformidad contra la censura que hay en el estado.
Jóvenes que participaron, pintaron frases en estaciones del sistema de transporte y en las instalaciones de la PGR, en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre pasado, y por otras causas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
El grupo está conformado por el periodista y escritor Ricardo Raphael; la investigadora Clara Jusidman; la académica Teresa Lanzagorta; el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa; la directora editorial adjunta de Newsweek, Adriana Amezcua; los políticos Gerardo Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Rufo, Carlos Heredia, Alejandro Madrazo y Denisse Dresser.
La denuncia a la que darán seguimiento, para comenzar, es la que interpuso el abogado y activista Jaime García Chávez contra Duarte, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el origen de 65 millones de pesos con los que creó un fideicomiso para invertirlos en un banco en vías de creación, al que fondearon con recursos públicos con más de 80 mil millones de pesos.
Debido a que la PGR no les ha permitido ver el expediente, interpusieron un amparo y el pasado 14 de abril, juez Sexto de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal otorgó la suspensión del amparo para que tengan acceso al expediente, según el expediente242/2015.
Luego de la presentación del observatorio ante medios de comunicación en Chihuahua, los primeros seis acompañaron a Unión Ciudadana en la Marcha del Silencio, para exigir un alto a la corrupción. La marcha, en la que participaron alrededor de 800 personas de diferentes municipios, fue encabezada además por líderes panistas y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ricardo Raphael dijo que en Chihuahua y en el resto del país crece una gran intolerancia social frente al secuestro de las instituciones por élites gobernantes corruptas y destacó que ciudadanos de esta entidad han optado por la vía jurídica para abatir la corrupción y la impunidad, por lo que darán seguimiento y aprenderán con lo que suceda, para aplicarlo en otros estados donde la ciudadanía está decidida a no permitir más abusos de los gobernantes.
“Lo que pasa en Chihuahua pasa en diferentes niveles, en otras partes del país. Esa intolerancia no se ha traducido en participación social para poner un alto. Hay miedo para oponerse por las consecuencias que pueda haber, tanto personales como de grupo”, detalló Ricardo Raphael.
Refirió que Unión Ciudadana inspira para derrocar los impedimentos, porque han actuado por la vía legal o jurídica, con documentos fuertes presentados ante la autoridad federal, lo que resulta emblemático para obligar a modificar esas instituciones poner al país en la ruta de la democracia.
En esta entidad, dijo, hay una larga tradición de movilización ciudadana que ha transformado realidades y donde ha sonado la alarma antes que en el resto del país, como sucedió en la Revolución Mexicana, en 1986 y en otros momentos históricos.
Se pronunció por entender lo que sucede en Chihuahua para entender lo que pasa en el resto del país.
“Los movimientos masivos quitan el miedo y colocan el miedo en las autoridades (…) optamos por construir una red de testigos sociales para observar el trabajo de Unión Ciudadana y que esa red sirva para expresiones similares. Seguiremos paso a paso el ejercicio de participación en las calles y el curso legal de la demanda”, refirió.
Al concluir la marcha, indicó que se animaron a concretar el observatorio y ser testigos del movimiento, luego de la represión que sufrieron los participantes de Unión Ciudadana el 28 de febrero pasado, donde provocadores enviados por el gobierno estatal y municipal agredieron y lesionaron a varios integrantes del movimiento.
El exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, aplaudió el proceso de los chihuahuenses que han salido a la calles a demandar respeto a sus libertades, porque hay signos preocupantes en el país.
Figueroa indicó que en México se vive una regresión por el autoritarismo, de ahí la importancia de que los ciudadanos defiendan sus derechos y libertades, para no permitir más impunidad y corrupción, para apropiarse de los espacios públicos y de sus propios derechos”.
Por su parte, la investigadora Clara Jusidman destacó que ha trabajado varios años con organizaciones civiles de Chihuahua y Ciudad Juárez, conformadas por ciudadanos muy diversos por sus posiciones ideológicos, pero con calidad y preocupación por su entorno cercano.
Jusidman advirtió sobre la necesidad de reconstruir al gobierno, que éste sea empático con las necesidades de la gente porque actualmente hay control de los poderes y también de los órganos autónomos, que se supone que fueron creados para ser un contrapeso.
“Ese es parte del botín que se están distribuyendo, por eso necesitamos comenzar por algún lado y Chihuahua puede ser un extraordinario ejemplo para quienes están hartos de abusos de poder, del cinismo, de la impunidad y de la corrupción, y si logramos tener éxito, habrá oportunidad de enfrentar a las instituciones para que realmente prevalezca un estado de derecho”, agregó.
Para lograrlo, es necesario no sólo movilizarse sino utilizar los instrumentos jurídicos, “también en otros estados están hartos del abuso de virreyes gobernadores”, señaló Clara Jusidman.
Para Gerardo Fernández Noroña, la denuncia de García Chávez desnudó al gobernador, a quien llamó “el gobernador desnudo. Él piensa que trae los ropajes más elegantes, cuando en realidad los de la corrupción, de la prepotencia, de la ilegalidad y de la impunidad y eso el país no lo quiere no lo quiere más”.
Se pronunció por que Duarte no sólo se vaya del cargo sino que enfrente la cárcel, por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. “Hoy a los ciudadanos se les trata como delincuentes y los delincuentes gobiernan al país (…) Aquí se está dando una aportación valiosísima con la tarea de recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo”.
La académica María Teresa Lanzagorta destacó la importancia del movimiento y la dramática situación que se vive en Chihuahua, por lo que confirmó que serán testigos para ver lo que está sucediendo y para aprender de la experiencia con el fin de aplicarla en otras partes del país.
El activista Jaime García Chávez dio los detalles de la denuncia, en la que evidencian un evidente conflicto de intereses del gobernador y del secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien era director de Unión Progreso, la institución crediticia que impulsó para constituirla en banco y a la vez, era tesorero del estado de Chihuahua.
Víctor Quintana Silveyra, dirigente estatal de Morena, aclaró que no se puede dividir los señalamientos de los negocios del gobernador que han crecido, del mal gobierno, porque el desvío de recursos y la deuda púbica de más de 45 mil millones de pesos, afecta los servicios a la ciudadanía, como el caso del sector salud, principalmente.
Al preguntar por los señalamientos que el gobernador hizo contra Javier Corral en el Senado de la República y que se han hecho en otros foros, sobre participantes de Unión Ciudadana, como el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, Ricardo Rapahel reprobó que un gobernador utilice la tribuna más alta de la Nación para atreverse a denunciar sin pruebas.
Y sobre los medios de comunicación precisó: “que hagan su chamba, si no se pueden probar lo que se denuncia, que no hagan eco de esos señalamientos”.
Jaime García Chávez conminó a quienes hacen señalamientos contra ellos a que presenten denuncias, porque al constituir Unión Ciudadana, saben a lo que se exponen.
El senador Javier Corral indicó que la apuesta de Unión Ciudadana es una apuesta por el Estado de Derecho, por las instituciones aunque sean “maltrechas”.
Durante la tarde, encabezaron la marcha Jaime García Chávez, los observadores y testigos, Víctor Quintana Silveyra, Pablo Cuarón, Francisco Barrio y Javier Corral Jurado, entre otros.
En silencio, se pararon frente a los medios de comunicación más representativos, El Heraldo y El Diario de Chihuahua, para expresar su inconformidad contra la censura que hay en el estado.
Jóvenes que participaron, pintaron frases en estaciones del sistema de transporte y en las instalaciones de la PGR, en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre pasado, y por otras causas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
“El Chuyín”, implicado en ataque con coche-bomba en Juárez: Rubido
MÉXICO, D.F: La captura de Jesús Salas Aguayo, líder del Cártel de Juárez, identificado por las autoridades como el responsable de que Ciudad Juárez se convirtiera en una de las urbes más violentas del país, fue confirmada por el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido.
También se le atribuye la generación de violencia en el Valle de Juárez y en la zona serrana del suroeste del estado de Chihuahua conocida como el Triángulo Dorado.
Salas Aguayo, conocido como El Chuyín, también estuvo involucrado en el atentado en contra de elementos de la Policía Federal con la explosión del coche-bomba en julio de 2010, en Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida dos elementos policiacos, un médico y un paramédico.
Según Monte Alejandro Rubido, el detenido es responsable de las operaciones de droga, homicidio, secuestro, tráfico de armas para el Cártel de Juárez.
El funcionario explicó que Salas Aguayo comenzó a tener presencia dentro de la organización cuando Vicente Carillo, entonces líder del Cártel de Juárez, lo hizo responsable de las actividades en Ciudad Juárez, lo que además lo llevó a tener presencia en los municipios de Villa Ahumada, Buenaventura y Galeana.
En octubre del año pasado, tras la captura de Carrillo Fuentes así como de su socio, David Aarón Espinoza Haro, Salas Aguayo asumió el mando de la organización.
El gobierno federal le adjudica el trasiego de drogas a Estados Unidos, con enlaces que recibían la droga en El Paso, Texas. El gobierno estadunidense lo señaló como presunto responsable del asesinato del testigo protegido José Daniel González Galeana, ocurrido en 2009 en El Paso.
Salas Aguayo también se vio involucrado en el asesinato de 15 personas en el bar Colorado en 2012.
Además, es una de las personas más buscadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En México está relacionado con cuatro averiguaciones previas.
Es también uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República y con su detención, suman 99 las capturas de objetivos prioritarios.
Salas fue detenido el pasado viernes, tras investigaciones realizadas por el gobierno, las cuales determinaron que el detenido se refugiaba en el municipio de Ahumada, Chihuahua, por lo que se implementó un operativo para capturarlo junto con un escolta.
Durante el operativo una persona murió. Se aseguraron vehículos, dinero, equipos de radio comunicación, así como mariguana, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de determinar su situación jurídica.
Salas Aguayo rinde su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
También se le atribuye la generación de violencia en el Valle de Juárez y en la zona serrana del suroeste del estado de Chihuahua conocida como el Triángulo Dorado.
Salas Aguayo, conocido como El Chuyín, también estuvo involucrado en el atentado en contra de elementos de la Policía Federal con la explosión del coche-bomba en julio de 2010, en Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida dos elementos policiacos, un médico y un paramédico.
Según Monte Alejandro Rubido, el detenido es responsable de las operaciones de droga, homicidio, secuestro, tráfico de armas para el Cártel de Juárez.
El funcionario explicó que Salas Aguayo comenzó a tener presencia dentro de la organización cuando Vicente Carillo, entonces líder del Cártel de Juárez, lo hizo responsable de las actividades en Ciudad Juárez, lo que además lo llevó a tener presencia en los municipios de Villa Ahumada, Buenaventura y Galeana.
En octubre del año pasado, tras la captura de Carrillo Fuentes así como de su socio, David Aarón Espinoza Haro, Salas Aguayo asumió el mando de la organización.
El gobierno federal le adjudica el trasiego de drogas a Estados Unidos, con enlaces que recibían la droga en El Paso, Texas. El gobierno estadunidense lo señaló como presunto responsable del asesinato del testigo protegido José Daniel González Galeana, ocurrido en 2009 en El Paso.
Salas Aguayo también se vio involucrado en el asesinato de 15 personas en el bar Colorado en 2012.
Además, es una de las personas más buscadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En México está relacionado con cuatro averiguaciones previas.
Es también uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República y con su detención, suman 99 las capturas de objetivos prioritarios.
Salas fue detenido el pasado viernes, tras investigaciones realizadas por el gobierno, las cuales determinaron que el detenido se refugiaba en el municipio de Ahumada, Chihuahua, por lo que se implementó un operativo para capturarlo junto con un escolta.
Durante el operativo una persona murió. Se aseguraron vehículos, dinero, equipos de radio comunicación, así como mariguana, objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de determinar su situación jurídica.
Salas Aguayo rinde su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Rafael Moreno Valle y su gabinete presumen de maestrías no reconocidas por la SEP
Aunque presumen maestrías y posgrados, algunos de ellos realizados en el extranjero, lo cierto es que en el actual gabinete de Rafael Moreno Valle solo dos funcionarios: el contralor del estado, Malcolm Hemmer, y el secretario particular del mandatario panista, Heriberto Castillo Miranda, están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un grado superior a la licenciatura.
Ni siquiera el gobernador del estado, al que en actos públicos llaman “doctor”, ya que asegura contar con dos posgrados, uno por la Boston University School of Law, que le otorgó el título de “Juris Doctor”, y un segundo en Administración de Empresas en la Harvard University Extension School, tiene reconocimiento oficial de dichos posgrados por parte de la dependencia federal.
Lo único que la SEP reporta al buscar el nombre del mandatario poblano en el padrón del Registro Nacional de Profesionistas es la cédula con número 7731058, que por cierto le fue expedida recién en el año 2012; es decir, un año después de tomar posesión como gobernador, mediante la cual se reconocen sus estudios y la titulación correspondiente en la licenciatura en Economía y Ciencia Política por el Lycoming College de Pensilvania.
Pero ni huella en el sitio oficial del posgrado por el que es nombrado “doctor” en las ceremonias oficiales, como la del 15 de enero de 2014, cuando el gobernador rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso local, o cuando presidió la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y sus homólogos lo saludaban con el título no reconocido.
Una situación, la del mandatario y sus secretarios de gabinete, que podría configurar un delito, ya que de acuerdo con el código penal del estado, en su artículo 258 fracción II, se deberá imponer una pena de dos años de prisión y una multa de 10 a 100 días de salario mínimo al que “sin tener título legal se atribuya el carácter de profesional y ejerza actos propios de la profesión”.
Además, existen antecedentes jurídicos al respecto, como el emitido en la sentencia 493/2006, en la que se plantea, en el razonamiento jurídico que “para la consumación de este delito basta que el acusado se ostente como profesionista sin serlo, ofreciendo sus servicios a quienes depositan en él su confianza creyendo en la autenticidad de su profesión”.
Maestros sin cédula
De los 15 funcionarios que conforman el gabinete estatal poblano –donde por cierto se ignora la equidad de género, pues solo incluye a una mujer como secretaria de Estado–, siete aseguran en su síntesis curricular publicada en las páginas electrónicas gubernamentales contar con maestrías, es decir, casi la mitad.
Uno de ellos, Luis Banck Serrato, actual secretario de Infraestructura y Transporte, anuncia incluso haberse titulado en una institución extranjera, la Universidad de Georgetown.
Otro de ellos, Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública, asegura contar con dos maestrías, la primera en Derechos Humanos y Seguridad Pública, impartida por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), y financiada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la iniciativa Mérida, y de la cual, a decir de la propia institución, aun está en proceso de titulación la única generación egresada; y la segunda en Administración, impartida por la Universidad del Valle de México, de la que no se tiene más datos.
Pero en los dos casos la Secretaría de Educación Pública federal solamente reconoce estudios a nivel licenciatura: Banck Serrato en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Iberoamericana (folio 2258011), y Rosas Rosas en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (folio 1526173).
Y en el mismo caso, es decir que anuncian maestrías que la SEP no reconoce como concluidas y con número de cédula, están José Antonio Gali López, jefe de la oficina del gobernador; José Luis Soberanes Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y José Mario Márquez Amezcua, encargado de despacho de la Secretaría de Salud.
En ninguno de los tres casos la página web que hace público el Registro Nacional de Profesionistas y que alimenta la Dirección General de Profesiones (DGP), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), y que se “actualiza con la operación diaria de la DGP”, ofrece información sobre maestría alguna; solo se reportan licenciaturas.
Gali López en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (folio 5799684); Soberanes Reyes, en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) (folio 0222448); Márquez Amezcua, egresado de la facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara –y que ya ocupó cargos en la Secretaría de Salud de Jalisco.
Aunque el caso que más llama la atención es el de Antonio Argüelles Díaz González, quien tras su paso en la dirección del sistema Conalep, y quien carga consigo la fama de haber cruzado a nado el Canal de La Mancha, no aparecen sus registros de estudios concluidos en la página electrónica de referencia.
Así, de los siete funcionarios morenovallistas que presumen contar con estudios por encima de la licenciatura, solo dos están registrados formalmente en la SEP; Heriberto Castillo Miranda, quien concluyó la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana y cuya cédula le fue expedida el año pasado (folio 8660643), y Malcolm Hemmer, quien cuenta con dos maestrías, una otorgada por la Universidad de Sonora (folio 4057538) y la segunda otorgada por la Universidad Marista (folio 5237297), ambas en Administración.
“Dígame licenciado”
El resto del gabinete, es decir los siete funcionarios restantes, reconoce contar con licenciatura como grado académico demostrable –solo uno de ellos es egresado de una universidad pública poblana–, y todos ellos están registrados en la SEP con número de cédula y titulación de la carrera anunciada en su síntesis curricular:
Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, licenciado en Derecho por la UNAM (folio 2629536).
Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental (folio: 1099001).
Roberto Antonio Trauwitz, secretario de Turismo, licenciado en Economía por el Itesm (folio 2887843).
Héctor Antonio Alcudia Goya, director de Puebla Comunicaciones, licenciado en economía por el ITAM (folio 7019841).
Roberto Rivero Trewartha, actual secretario de Finanzas y Administración, licenciado en Relaciones Industriales en la Anáhuac Sur, recién en 2014 recibió su cédula profesional (folio 09071962), es decir que fue secretario de Salud y director del ISSSTEP sin haber concluido su proceso de titulación.
Cristina González Medina, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho (folio 6166270).
Rodrigo Riestra Piña, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (folio 5552972).
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: ERNESTO AROCHE.
Ni siquiera el gobernador del estado, al que en actos públicos llaman “doctor”, ya que asegura contar con dos posgrados, uno por la Boston University School of Law, que le otorgó el título de “Juris Doctor”, y un segundo en Administración de Empresas en la Harvard University Extension School, tiene reconocimiento oficial de dichos posgrados por parte de la dependencia federal.
Lo único que la SEP reporta al buscar el nombre del mandatario poblano en el padrón del Registro Nacional de Profesionistas es la cédula con número 7731058, que por cierto le fue expedida recién en el año 2012; es decir, un año después de tomar posesión como gobernador, mediante la cual se reconocen sus estudios y la titulación correspondiente en la licenciatura en Economía y Ciencia Política por el Lycoming College de Pensilvania.
Pero ni huella en el sitio oficial del posgrado por el que es nombrado “doctor” en las ceremonias oficiales, como la del 15 de enero de 2014, cuando el gobernador rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso local, o cuando presidió la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y sus homólogos lo saludaban con el título no reconocido.
Una situación, la del mandatario y sus secretarios de gabinete, que podría configurar un delito, ya que de acuerdo con el código penal del estado, en su artículo 258 fracción II, se deberá imponer una pena de dos años de prisión y una multa de 10 a 100 días de salario mínimo al que “sin tener título legal se atribuya el carácter de profesional y ejerza actos propios de la profesión”.
Además, existen antecedentes jurídicos al respecto, como el emitido en la sentencia 493/2006, en la que se plantea, en el razonamiento jurídico que “para la consumación de este delito basta que el acusado se ostente como profesionista sin serlo, ofreciendo sus servicios a quienes depositan en él su confianza creyendo en la autenticidad de su profesión”.
Maestros sin cédula
De los 15 funcionarios que conforman el gabinete estatal poblano –donde por cierto se ignora la equidad de género, pues solo incluye a una mujer como secretaria de Estado–, siete aseguran en su síntesis curricular publicada en las páginas electrónicas gubernamentales contar con maestrías, es decir, casi la mitad.
Uno de ellos, Luis Banck Serrato, actual secretario de Infraestructura y Transporte, anuncia incluso haberse titulado en una institución extranjera, la Universidad de Georgetown.
Otro de ellos, Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública, asegura contar con dos maestrías, la primera en Derechos Humanos y Seguridad Pública, impartida por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), y financiada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la iniciativa Mérida, y de la cual, a decir de la propia institución, aun está en proceso de titulación la única generación egresada; y la segunda en Administración, impartida por la Universidad del Valle de México, de la que no se tiene más datos.
Pero en los dos casos la Secretaría de Educación Pública federal solamente reconoce estudios a nivel licenciatura: Banck Serrato en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Iberoamericana (folio 2258011), y Rosas Rosas en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (folio 1526173).
Y en el mismo caso, es decir que anuncian maestrías que la SEP no reconoce como concluidas y con número de cédula, están José Antonio Gali López, jefe de la oficina del gobernador; José Luis Soberanes Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y José Mario Márquez Amezcua, encargado de despacho de la Secretaría de Salud.
En ninguno de los tres casos la página web que hace público el Registro Nacional de Profesionistas y que alimenta la Dirección General de Profesiones (DGP), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), y que se “actualiza con la operación diaria de la DGP”, ofrece información sobre maestría alguna; solo se reportan licenciaturas.
Gali López en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (folio 5799684); Soberanes Reyes, en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) (folio 0222448); Márquez Amezcua, egresado de la facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara –y que ya ocupó cargos en la Secretaría de Salud de Jalisco.
Aunque el caso que más llama la atención es el de Antonio Argüelles Díaz González, quien tras su paso en la dirección del sistema Conalep, y quien carga consigo la fama de haber cruzado a nado el Canal de La Mancha, no aparecen sus registros de estudios concluidos en la página electrónica de referencia.
Así, de los siete funcionarios morenovallistas que presumen contar con estudios por encima de la licenciatura, solo dos están registrados formalmente en la SEP; Heriberto Castillo Miranda, quien concluyó la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana y cuya cédula le fue expedida el año pasado (folio 8660643), y Malcolm Hemmer, quien cuenta con dos maestrías, una otorgada por la Universidad de Sonora (folio 4057538) y la segunda otorgada por la Universidad Marista (folio 5237297), ambas en Administración.
“Dígame licenciado”
El resto del gabinete, es decir los siete funcionarios restantes, reconoce contar con licenciatura como grado académico demostrable –solo uno de ellos es egresado de una universidad pública poblana–, y todos ellos están registrados en la SEP con número de cédula y titulación de la carrera anunciada en su síntesis curricular:
Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, licenciado en Derecho por la UNAM (folio 2629536).
Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental (folio: 1099001).
Roberto Antonio Trauwitz, secretario de Turismo, licenciado en Economía por el Itesm (folio 2887843).
Héctor Antonio Alcudia Goya, director de Puebla Comunicaciones, licenciado en economía por el ITAM (folio 7019841).
Roberto Rivero Trewartha, actual secretario de Finanzas y Administración, licenciado en Relaciones Industriales en la Anáhuac Sur, recién en 2014 recibió su cédula profesional (folio 09071962), es decir que fue secretario de Salud y director del ISSSTEP sin haber concluido su proceso de titulación.
Cristina González Medina, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho (folio 6166270).
Rodrigo Riestra Piña, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (folio 5552972).
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: ERNESTO AROCHE.
Inequidad independiente
Los candidatos que son invisibles para los partidos políticos se enfrentan a más obstáculos que los demás aspirantes.
Entre los miles de spots y actos de campaña que se realizan todos los días a lo largo y ancho del país, 22 candidatos independientes que buscan convertirse en diputados federales realizan actividades políticas en lo que califican como un ambiente de inequidad absoluta.
Entrevistados por Reporte Índigo, cuatro candidatos independientes coincidieron en que la ciudadanía ha aplaudido que no pertenezcan a ningún partido político, pero también en que las condiciones de la competencia electoral no representan un piso parejo para sus aspiraciones.
La dificultad para obtener el registro como candidatos, la falta de promoción de la nueva figura de las candidaturas independientes, el poco acceso a medios de comunicación y un esquema de fiscalización que consideran excesivo, sin algunos de los obstáculos que han tenido que enfrentar los aspirantes sin partido político.
A partir de la experiencia que han tenido en esta campaña política, los candidatos ciudadanos hablan de lo que cambiarían en el esquema de candidaturas independientes, con miras a que en la elección del 2018 la figura haya mejorado y permita una mayor participación de mujeres y hombres sin el cobijo de un partido político.
Los candidatos independientes coincidieron en que, al final del proceso electoral y sea cual sea el resultado, trabajarán en una propuesta para mejorar la figura de las candidaturas ciudadanas para que pueda tener una mejor instrumentación en el proceso electoral del 2018.
Manuel Clouthier: Trabas a lo "pendejo"
Manuel Clouthier, candidato independiente por el distrito 5 de Sinaloa, con cabecera en Culiacán, expuso que es limitado el acceso a recursos que sí pueden ser utilizados por los candidatos que pertenecen a un partido político.
“Los partidos le tienen miedo a los ciudadanos libres y por eso hicieron una ley, un tanto cuanto compleja, y sobre todo de carácter inequitativo.
“Se repartieron con la cuchara grande los tiempos de radio y televisión; ese es, quizá, uno de los elementos más injustos de la ley”, expuso en entrevista.
A 12 días de que comenzó la campaña política, Clouthier no ha podido transmitir un solo spot de radio o televisión porque todos han sido rechazados por la autoridad electoral por no cumplir con ciertas cuestiones técnicas, como ponerle una cortinilla de inicio al video, una pizarra con el conteo y otros requisitos.
“(El INE) como que tiene una grandísima necesidad de justificar su trabajo y entonces ponen trabas, literalmente, a lo pendejo”, criticó Clouthier.
El hoy candidato ciudadano fue diputado federal de 2009 a 2012 por el PAN.
En el 2012, Manuel Clouthier buscó registrarse como candidato ciudadano a la Presidencia de la República. El Instituto Federal Electoral (IFE) le negó el registro al no existir la figura de las candidaturas ciudadanas.
Clouthier tomó esa negativa como una falta a su derecho humano de participar en la vida política del país.
Ahora, su principal meta de llegar a la Cámara de Diputados, será realizar modificaciones legales para aumentar el acceso de los ciudadanos a candidaturas independientes.
Para mejorar el esquema de candidaturas independientes que está operando en el país, Clouthier señaló que la Ley debe obligar a que se eliminen las condiciones de inequidad y la discrecionalidad en el manejo de recursos materiales y mediáticos que puedan manejarse.
Además, propondría bajar el número de firmas requeridas para convertirse en candidato independiente y eliminaría la disposición de que las firmas solo puedan ser utilizadas una vez.
Alberto Merlo: Más difusión para evitar temor
Alberto Merlo Martínez, candidato independiente a la diputación federal por el distrito 6 de Puebla, con cabecera en la ciudad de Puebla, también se ha enfrentado a la inequidad en el acceso a los medios de comunicación.
“Uno no solicita una entrevista porque es un rubro que entra en los gastos de campaña, aunque no se pague nada, pero sí lo dejan a uno en desventaja y disparidad y más porque son espacios locales de mucha trascendencia y relevancia”, expuso en entrevista.
Ante la inequidad, Merlo ha optado por hacer su campaña a pie, casa por casa, en las colonias de su distrito, y utilizar las redes sociales como un método para darse a conocer entre los votantes.
“Nosotros al no tener la misma cantidad de presupuesto que un partido político, tenemos que privilegiar el trabajo en equipo. Me la paso todo el día, literal todo el día, caminando en las calles para ir conociendo a las personas que no pude conocer en el periodo del respaldo ciudadano, de las firmas”, explicó Merlo.
Merlo sostuvo que al INE le hizo falta darle más publicidad a la posibilidad de que los ciudadanos podían participar ahora como candidatos independientes no solo para que más personas participen, sino para que la ciudadanía no tuviera tanta desconfianza al momento de pedirle su firma de apoyo.
“La gente tiene esa desconfianza de por qué una persona totalmente desconocida viene a pedirme mi firma y, peor aún, por qué viene a pedirme mi credencial de elector. Es un tema muy delicado que toca fibras muy sensibles porque vivimos en un país donde siempre nos han dicho que la credencial no se le da a nadie”, comentó.
Jorge Rentería: Debe ser parejo
Para Jorge Prisciliano Rentería, candidato a diputado federal por el distrito 4 de Tamaulipas, con sede en Matamoros, el piso es todo, menos parejo.
Rentería consideró que uno de los principales dolores de cabeza de su candidatura ha sido el acceso a recursos, pues no ha sido igual para los candidatos que compiten bajo las siglas de partidos políticos, lo que le parece inequitativo.
En el caso de los spots, por ejemplo, las autoridades le han dicho que solo le corresponde transmitir unos cuantos, que se ven diluidos entre los cientos que se transmiten de partidos.
Y no es la única irregularidad: a Rentería le han mandado sus spots a estaciones de radio de otras ciudades de Tamaulipas que no corresponden a su distrito, por lo que resulta inútil su esfuerzo.
“Nos mandan a estaciones de radio de Tamaulipas que no están en nuestra zona. Por ejemplo, Madero y Laredo están pasando spots míos, y no hay señal, no se escuchan en Matamoros; ya hasta estamos pensando mal en ese sentido”, denunció Rentería.
El candidato afirmó que, aunque no ha recibido ninguna amenaza a su integridad, ya ha solicitado que se le brinde seguridad por las condiciones de inseguridad que privan en las carreteras de su estado. Sin embargo, no le ha sido proporcionada y él no puede pagarla con sus recursos.
En la fiscalización, sostuvo, las actividades de revisión se aplican a todos los candidatos. Sin embargo, en su caso, al no contar con un equipo de apoyo para realizar estas tareas, se complica llevarlas a cabo.
“La presión que tenemos es distinta porque vemos que el otro partido tiene 600 personas pagándoles 100 pesos diarios, que tienen muchas espectaculares, muchas playeras, y haciendo cálculos, no es pareja la situación (…) si fiscalizaran bien, el PAN ya hubiera perdido el registro”, argumentó.
Eliseo Rosales: Meses intensos
Eliseo Rosales, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 24 de la Ciudad de México, con cabecera en Coyoacán, señaló que la contienda ha sido totalmente inequitativa si se compara con la que llevan los candidatos cobijados por un partido político.
Una de las condiciones que los puso en un escenario de desventaja, comentó, fue la falta de acceso a tiempos de radio y televisión en tiempos de precampaña, cuando muchos aspirantes y partidos ya se anunciaban en estos medios.
“Nosotros tuvimos dos meses muy intensos, de mucho trabajo, para conseguir el registro. Y los candidatos que eligen los partidos llegan frescos a la última batalla”, lamentó.
Sin embargo, una de las satisfacciones que Rosales ha tenido en su campaña es constatar que los ciudadanos reciben con alegría a los independientes que están alejados de los partidos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Entre los miles de spots y actos de campaña que se realizan todos los días a lo largo y ancho del país, 22 candidatos independientes que buscan convertirse en diputados federales realizan actividades políticas en lo que califican como un ambiente de inequidad absoluta.
Entrevistados por Reporte Índigo, cuatro candidatos independientes coincidieron en que la ciudadanía ha aplaudido que no pertenezcan a ningún partido político, pero también en que las condiciones de la competencia electoral no representan un piso parejo para sus aspiraciones.
La dificultad para obtener el registro como candidatos, la falta de promoción de la nueva figura de las candidaturas independientes, el poco acceso a medios de comunicación y un esquema de fiscalización que consideran excesivo, sin algunos de los obstáculos que han tenido que enfrentar los aspirantes sin partido político.
A partir de la experiencia que han tenido en esta campaña política, los candidatos ciudadanos hablan de lo que cambiarían en el esquema de candidaturas independientes, con miras a que en la elección del 2018 la figura haya mejorado y permita una mayor participación de mujeres y hombres sin el cobijo de un partido político.
Los candidatos independientes coincidieron en que, al final del proceso electoral y sea cual sea el resultado, trabajarán en una propuesta para mejorar la figura de las candidaturas ciudadanas para que pueda tener una mejor instrumentación en el proceso electoral del 2018.
Manuel Clouthier: Trabas a lo "pendejo"
Manuel Clouthier, candidato independiente por el distrito 5 de Sinaloa, con cabecera en Culiacán, expuso que es limitado el acceso a recursos que sí pueden ser utilizados por los candidatos que pertenecen a un partido político.
“Los partidos le tienen miedo a los ciudadanos libres y por eso hicieron una ley, un tanto cuanto compleja, y sobre todo de carácter inequitativo.
“Se repartieron con la cuchara grande los tiempos de radio y televisión; ese es, quizá, uno de los elementos más injustos de la ley”, expuso en entrevista.
A 12 días de que comenzó la campaña política, Clouthier no ha podido transmitir un solo spot de radio o televisión porque todos han sido rechazados por la autoridad electoral por no cumplir con ciertas cuestiones técnicas, como ponerle una cortinilla de inicio al video, una pizarra con el conteo y otros requisitos.
“(El INE) como que tiene una grandísima necesidad de justificar su trabajo y entonces ponen trabas, literalmente, a lo pendejo”, criticó Clouthier.
El hoy candidato ciudadano fue diputado federal de 2009 a 2012 por el PAN.
En el 2012, Manuel Clouthier buscó registrarse como candidato ciudadano a la Presidencia de la República. El Instituto Federal Electoral (IFE) le negó el registro al no existir la figura de las candidaturas ciudadanas.
Clouthier tomó esa negativa como una falta a su derecho humano de participar en la vida política del país.
Ahora, su principal meta de llegar a la Cámara de Diputados, será realizar modificaciones legales para aumentar el acceso de los ciudadanos a candidaturas independientes.
Para mejorar el esquema de candidaturas independientes que está operando en el país, Clouthier señaló que la Ley debe obligar a que se eliminen las condiciones de inequidad y la discrecionalidad en el manejo de recursos materiales y mediáticos que puedan manejarse.
Además, propondría bajar el número de firmas requeridas para convertirse en candidato independiente y eliminaría la disposición de que las firmas solo puedan ser utilizadas una vez.
Alberto Merlo: Más difusión para evitar temor
Alberto Merlo Martínez, candidato independiente a la diputación federal por el distrito 6 de Puebla, con cabecera en la ciudad de Puebla, también se ha enfrentado a la inequidad en el acceso a los medios de comunicación.
“Uno no solicita una entrevista porque es un rubro que entra en los gastos de campaña, aunque no se pague nada, pero sí lo dejan a uno en desventaja y disparidad y más porque son espacios locales de mucha trascendencia y relevancia”, expuso en entrevista.
Ante la inequidad, Merlo ha optado por hacer su campaña a pie, casa por casa, en las colonias de su distrito, y utilizar las redes sociales como un método para darse a conocer entre los votantes.
“Nosotros al no tener la misma cantidad de presupuesto que un partido político, tenemos que privilegiar el trabajo en equipo. Me la paso todo el día, literal todo el día, caminando en las calles para ir conociendo a las personas que no pude conocer en el periodo del respaldo ciudadano, de las firmas”, explicó Merlo.
Merlo sostuvo que al INE le hizo falta darle más publicidad a la posibilidad de que los ciudadanos podían participar ahora como candidatos independientes no solo para que más personas participen, sino para que la ciudadanía no tuviera tanta desconfianza al momento de pedirle su firma de apoyo.
“La gente tiene esa desconfianza de por qué una persona totalmente desconocida viene a pedirme mi firma y, peor aún, por qué viene a pedirme mi credencial de elector. Es un tema muy delicado que toca fibras muy sensibles porque vivimos en un país donde siempre nos han dicho que la credencial no se le da a nadie”, comentó.
Jorge Rentería: Debe ser parejo
Para Jorge Prisciliano Rentería, candidato a diputado federal por el distrito 4 de Tamaulipas, con sede en Matamoros, el piso es todo, menos parejo.
Rentería consideró que uno de los principales dolores de cabeza de su candidatura ha sido el acceso a recursos, pues no ha sido igual para los candidatos que compiten bajo las siglas de partidos políticos, lo que le parece inequitativo.
En el caso de los spots, por ejemplo, las autoridades le han dicho que solo le corresponde transmitir unos cuantos, que se ven diluidos entre los cientos que se transmiten de partidos.
Y no es la única irregularidad: a Rentería le han mandado sus spots a estaciones de radio de otras ciudades de Tamaulipas que no corresponden a su distrito, por lo que resulta inútil su esfuerzo.
“Nos mandan a estaciones de radio de Tamaulipas que no están en nuestra zona. Por ejemplo, Madero y Laredo están pasando spots míos, y no hay señal, no se escuchan en Matamoros; ya hasta estamos pensando mal en ese sentido”, denunció Rentería.
El candidato afirmó que, aunque no ha recibido ninguna amenaza a su integridad, ya ha solicitado que se le brinde seguridad por las condiciones de inseguridad que privan en las carreteras de su estado. Sin embargo, no le ha sido proporcionada y él no puede pagarla con sus recursos.
En la fiscalización, sostuvo, las actividades de revisión se aplican a todos los candidatos. Sin embargo, en su caso, al no contar con un equipo de apoyo para realizar estas tareas, se complica llevarlas a cabo.
“La presión que tenemos es distinta porque vemos que el otro partido tiene 600 personas pagándoles 100 pesos diarios, que tienen muchas espectaculares, muchas playeras, y haciendo cálculos, no es pareja la situación (…) si fiscalizaran bien, el PAN ya hubiera perdido el registro”, argumentó.
Eliseo Rosales: Meses intensos
Eliseo Rosales, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 24 de la Ciudad de México, con cabecera en Coyoacán, señaló que la contienda ha sido totalmente inequitativa si se compara con la que llevan los candidatos cobijados por un partido político.
Una de las condiciones que los puso en un escenario de desventaja, comentó, fue la falta de acceso a tiempos de radio y televisión en tiempos de precampaña, cuando muchos aspirantes y partidos ya se anunciaban en estos medios.
“Nosotros tuvimos dos meses muy intensos, de mucho trabajo, para conseguir el registro. Y los candidatos que eligen los partidos llegan frescos a la última batalla”, lamentó.
Sin embargo, una de las satisfacciones que Rosales ha tenido en su campaña es constatar que los ciudadanos reciben con alegría a los independientes que están alejados de los partidos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
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