MÉXICO, D.F: Cerca de 80 migrantes, participantes del Viacrucis que culminó el pasado domingo, instalaron hoy un plantón en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Ciudad de México, con el fin de exigir la liberación de 30 de sus compañeros, 24 de ellos detenidos anoche en Querétaro y seis más este martes en Guanajuato.
Los indocumentados denuncian la ilegalidad de las detenciones, ya que todos los integrantes del Viacrucis son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); además de que obtuvieron un amparo por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Oaxaca, los cuales los protegen ante cualquier acto de detención o deportación.
El amparo, otorgado el jueves 16 por el juez Anastasio Ochoa Pacheco, plantea que “los (249) quejosos no sean privados de su libertad, expulsados o deportados a su país de origen, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutora”.
Al día siguiente, el INM emitió un boletín en el que aseveró que “por instrucciones” del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, la institución migratoria “está brindando las condiciones que permitan el libre tránsito de quienes, con independencia de su estatus migratorio, acompañan la caravana que encabeza el sacerdote Alejandro Solalinde, en su recorrido hacia el Distrito Federal”.
De los 30 detenidos, “algunos han presentado su amparo pero todos saben que fueron parte de un abuso de autoridad”, aseveró en entrevista con Apro el director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, al precisar que las autoridades argumentaron que los migrantes no traían consigo el amparo original.
Informó que ocho de los detenidos de anoche –trasladados a la estación migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa– se pusieron en huelga de hambre y que muchos de los que acudieron al INM hoy iniciarán una iniciativa similar en solidaridad si las autoridades se niegan en liberar a sus compañeros.
Los seis detenidos en Guanajuato se encontraban por la tarde en autobuses, rumbo a la estación de Las Agujas.
“La única razón por la que se quedaron muchos (en la Ciudad de México) es porque están lastimados”, añadió el activista y se dijo preocupado por los demás integrantes del Viacrucis, ya que las garantías del INM son “como la lotería”, denunció.
Añadió que 50 de los migrantes que se quedaron en el DF empezaron sus trámites para pedir el estatuto de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya que “su integridad física está en peligro en sus países”.
La CNDH otorgó el amparo a los 249 integrantes del Viacrucis a raíz de los actos de violencia que sufrieron el pasado miércoles por parte de policías federales en las cercanías de Juchitán, en Oaxaca, de donde iban a abordar autobuses rumbo a la Ciudad de México.
El pasado domingo Solalinde, líder de la caravana, entregó el documento a la CNDH. El religioso aseveró entonces que los migrantes estaban “protegidos” contra las autoridades migratorias mexicanas.
Hoy, frente del edificio del INM, los indocumentados –quienes se protegían del duro sol en la sombra y traían en sus manos copias del amparo– habían instalado mantas en piso y paredes. Una de ellas advertía: “Aquí nos quedamos, no nos detendremos. Al ritmo de paz caminaremos”.
Dialogo sobre migrantes, “hasta que Segob cambie su actitud”: Solalinde
El fundador del Albergue “Hermanos en el Camino”, Alejandro Solalinde Guerra, advirtió que mientras el gobierno federal no renuncie a su “línea dura” y siga con su espíritu policiaco de represión, atropellos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes, prefiere no dialogar porque “todo es una simulación”.
“No voy a ir a ningún diálogo mientras no haya un cambio de actitud por parte de Gobernación, no voy a prestarme a una mesa donde se tomen la foto, haya simulación y digan: ‘ya estuvo el padre Solalinde y ya nos arreglamos o ya vamos hablar de derechos humanos’ porque es una simulación”.
Lo que observa, dijo, es que no hay disposición del gobierno federal y lo único que pueden esperar los migrantes es más represión, atropellos, agresión y un espíritu policiaco que se reflejó con la detención de 30 migrantes que participaron en el “Viacrucis Fronteras Aliadas” y ahora están asegurados en la Estación Migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa.
El sacerdote católico relató que los migrantes centroamericanos fueron asegurados en Querétaro por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a pesar de tener medidas cautelares y un amparo otorgado por un juez federal para transitar con libertad en el país.
Sin embargo, acusó, “el delegado en Querétaro y las personas del INM no hicieron caso, tuvimos que intervenir con apoyo de la CNDH, y desde anoche fueron trasladados a Las Agujas, en Iztapalapa”, donde hoy exigieron su liberación.
También, dijo, van a continuar con las 78 denuncias penales que se interpusieron en contra de la Policía Federal (PF) y migración, particularmente contra el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, y su coordinador general de delegados, Segismundo Doguin Garay. Asimismo se dará seguimiento a las 138 quejas que presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Solalinde Guerra aclaró: “No me he cerrado al diálogo, el interlocutor fue Omar de la Torre. Nos vimos en un restaurante y empezamos a trabajar cerca de dos horas y esperaba que fuera a cambiar, pero no.
“Miguel Ángel Osorio Chong no piensa renunciar a la línea dura ni al programa de la Frontera Sur, que en realidad es un plan de contención” acusó el sacerdote.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y PEDRO MATÍAS.
martes, 21 de abril de 2015
Frena el INE ‘spot’ panista contra Claudia Pavlovich
MÉXICO, D.F: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender el promocional del PAN denominado “Honestidad C”, vinculado al proceso electoral en Sonora.
En sesión extraordinaria, los consejeros unieron criterios en el sentido de que el mensaje contraviene la ley electoral y genera –a la vez– una ventaja indebida ante sus oponentes en esa entidad.
De igual forma, por mayoría de votos se determinó que dicho spot difunde “elementos calumniosos” en perjuicio de la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
La comisión también fijó un plazo al PAN, que no podrá exceder las seis horas, a partir de la notificación, para que sustituya estos materiales, se abstenga de solicitar la programación de propaganda con contenido semejante y presente pruebas a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE sobre el cumplimiento de este acuerdo.
De igual forma, los consejeros establecieron un plazo de 24 horas –contadas a partir de la notificación legal– para que las concesionarias de radio y televisión cancelen dichos spots, e hicieron un llamado a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que coadyuve en el acatamiento de estas medidas cautelares.
Durante la sesión, Paloma San Martín y Adriana Favela tuvieron un desencuentro debido a que la segunda acusó a la primera, así como a otros consejeros, de votar a favor o en contra de suspender spots dependiendo del partido involucrado, señalamiento que los aludidos consideraron “ofensivo”.
El consejero Ciro Murayama estableció que esta era la primera vez que algún miembro del Consejo General opinaba de esa manera en una sesión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
En sesión extraordinaria, los consejeros unieron criterios en el sentido de que el mensaje contraviene la ley electoral y genera –a la vez– una ventaja indebida ante sus oponentes en esa entidad.
De igual forma, por mayoría de votos se determinó que dicho spot difunde “elementos calumniosos” en perjuicio de la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
La comisión también fijó un plazo al PAN, que no podrá exceder las seis horas, a partir de la notificación, para que sustituya estos materiales, se abstenga de solicitar la programación de propaganda con contenido semejante y presente pruebas a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE sobre el cumplimiento de este acuerdo.
De igual forma, los consejeros establecieron un plazo de 24 horas –contadas a partir de la notificación legal– para que las concesionarias de radio y televisión cancelen dichos spots, e hicieron un llamado a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que coadyuve en el acatamiento de estas medidas cautelares.
Durante la sesión, Paloma San Martín y Adriana Favela tuvieron un desencuentro debido a que la segunda acusó a la primera, así como a otros consejeros, de votar a favor o en contra de suspender spots dependiendo del partido involucrado, señalamiento que los aludidos consideraron “ofensivo”.
El consejero Ciro Murayama estableció que esta era la primera vez que algún miembro del Consejo General opinaba de esa manera en una sesión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Alfredo Castillo, de Pep Guardiola a Nazar Haro
MÉXICO, D.F: Algo tiene o sabe del peñismo el actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, para librar todos los expedientes negros que ha dejado a lo largo de su meteórica y fallida carrera burocrática, porque nunca ha rendido cuentas de sus errores, escándalos, presuntos delitos y complicidades en sus distintos cargos.
De oscuro subprocurador mexiquense pasó a titular de la Procuraduría del mismo estado porque “operó” la increíble y ofensiva historia de la niña Paulette, que alcanzó dimensiones de escándalo internacional.
Como titular de la Procuraduría mexiquense cometió errores que permitieron la “fuga” de algunos capos y el incremento de la disputa entre los tres cárteles del crimen organizado que operan en ese territorio, justo en la zona donde se produjo la ejecución de 22 personas en Tlatlaya.
A pesar de eso, Castillo fue llamado por su amigo Enrique Peña Nieto, recién presidente electo, para ser subprocurador de la República, bajo las órdenes de Jesús Murillo Karam, quien nunca confió en él.
Castillo aspiró a suceder a Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la república (PGR). Era un secreto a voces que Alfredo Castillo no respetaba al exgobernador de Hidalgo y tenía una idea distinta de la manera de dirigir la PGR.
Peña Nieto le encargó directamente a Castillo asuntos tan delicados como los accidentes del edifico B de la Torre de Pemex (enero de 2013) que, según su investigación, fue resultado de una “acumulación de gases”, o preparar el expediente para detener a la maestra Elba Esther Gordillo, antigua aliada del peñismo (febrero de 2013).
Castillo no pudo suceder a Murillo Karam, pero fue colocado por Peña Nieto al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, para apagar el fuego del escándalo provocado por la hija de Humberto Benítez Treviño en el caso conocido como #LadyProfeco en las redes sociales.
El paso efímero de Castillo en la Profeco también dejó huella. No pocas empresas se quejaron de la compulsión punitiva y un tanto discrecional del jugador de tenis y compañero de Peña Nieto en campos de golf.
Frente a la crisis en Michoacán, generada por el avance de los grupos de autodefensa encabezados por el doctor Mireles, Peña Nieto decidió enviar en enero de 2014 como comisionado o “virrey” a su amigo Alfredo Castillo con el triple desafío de salvar el gobierno priista en esta entidad, frenar a los incontrolables grupos de autodefensa y desmantelar a los Caballeros Templarios.
Desde el inicio de su misión, Castillo dejó en claro que era capaz de todo con tal de controlar, cooptar o intimidar a los grupos de autodefensas que no se sometieran a la disciplina presidencial.
Frívolo, Castillo se comparó el 17 de enero de 2014 con el exfutbolista y exdirector técnico catalán Pep Guardiola. Afirmó que su papel como comisionado de Michoacán sería similar a la de un buen director técnico de futbol y no a la de un astro goleador como el argentino Lionel Messi.
Su inconsciente dejó entrever lo que realmente haría en Michoacán: corromper y “abrir la chequera” para fragmentar a la sociedad, a los grupos de autodefensa y a las fuerzas de seguridad.
El Bayern Munich –dirigido por Guardiola– “es muy buen equipo. Además, te abren la chequera para poder contratar a los jugadores que necesites para construir este equipo y tienes la posibilidad de que todos los equipos afiliados manden a sus mejores jugadores”, declaró.
“Como una selección, podemos operar con lo mejor del Ejército, lo mejor de la Marina, lo mejor de la Policía Federal, lo mejor de la Procuraduría local, lo mejor de la secretaría local, lo mejor de la delegación de la PGR, lo mejor de la Seido. Si tienes esa ventaja, que se da muy pocas veces, entonces es obvio que tenemos todas las herramientas y condiciones para, en este caso, ganar”, abundó Castillo.
Un año después, la masacre ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, reveló que el “Pep Guardiola” de Peña Nieto se había convertido, en realidad, en una mala réplica de un sanguinario operador, a la usanza del policía Miguel Nazar Haro, cerebro de la Brigada Blanca que operó en los años de guerra sucia de Guerrero.
El reportaje publicado esta semana por Laura Castellanos en Proceso, así como el video que respalda estos testimonios –divulgados también por Aristegui on line y Univisión–, confirman que Alfredo Castillo consintió y protegió masacres y delitos de lesa humanidad.
Castillo envileció a los autodefensas y creó un sospechoso grupo conocido como G-250, similar a las Brigadas Blancas, con permiso para delinquir.
En medio de estos testimonios, Castillo vuelve a demostrar su talante frívolo y a menospreciar la tragedia de ese día en Apatzingán.
En entrevista con Milenio TV, en un programa de deportes, afirmó este martes 21 que los videos y testimonios difundidos por Proceso están “distorsionados, sacados de contexto”.
“Te lo digo como perito en la materia: entre testimonios anónimos y gente con nombre y apellido que da una declaración y que está validada (dentro de una investigación oficial), te puedo decir que nos quedamos con lo que en su momento está”, afirmó Castillo.
En su cuarto cargo en el gabinete peñista en menos de tres años –ahora como titular de la Conade–, Alfredo Castillo prefiere resguardarse en el colchón presidencial para no ser investigado ni llamado a declarar como posible responsable de la masacre de Apatzingán, conocida ya en las redes sociales con el hashtag #FueronLosFederales.
La gran diferencia es que el admirador de Pep Guardiola ya no tiene el beneficio de la duda, sino un cúmulo de agravios y denuncias en Michoacán que lo asemejan a Nazar Haro.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
¿Por qué hay impunidad en México? Cada año un juez recibe 500 casos nuevos
Mientras que el promedio mundial es de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, en México sólo hay cuatro.
México ocupa el segundo sitio a escala mundial, entre 59 naciones que fueron medidas y comparadas, de los países con el mayor índice de impunidad. Su principal problema: tiene policías de sobra para detener personas sospechosas, pero faltan jueces que se encarguen de procesar los casos.
En promedio, por cada juez se abren casi 500 expedientes nuevos al año.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, presentado por primera vez por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) en alianza con otras organizaciones, en nuestro país hay apenas cuatro jueces por cada 100 mil habitantes.
Para ponerlo en proporción, Croacia -que es el país con menor impunidad- tiene 45 jueces por 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 17 jueces por cien mil habitantes.
“No se trata de si el juez es bueno o malo o no quiere resolver los casos, simplemente se trata de jueces que están totalmente abrumados y son incapaces de procesar todos esos asuntos” dijo el economista Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad.
El “lado bueno” en el tema de impunidad, según el estudio presentado, es que México es uno de 59 países a escala mundial que cuenta con datos de calidad y actualizados que permiten comparar su nivel de impartición de justicia. Hay otras 134 naciones, entre ellas países emergentes como Brasil o Sudáfrica, donde no hay información suficiente disponible.
Lo malo es que de los 59 países analizados México es el segundo peor solo debajo de Filipinas y por encima de Colombia.
Para hacer esta medición la UDLAP utilizó un método estadístico a partir de 14 variables relacionadas con los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos de los distintos países. Se promediaron los resultados y se estableció un índice del 0 al 100. Una calificación alta es igual a mayores condiciones de impunidad.
Países con más impunidad
El no tan largo brazo de la ley
Según el Índice Global de Impunidad 2015 México tiene un promedio de 355 policías por cada cien mil habitantes, cantidad por encima del promedio internacional que es de 332 agentes de seguridad. Pero la detención de una persona es apenas el primer paso para hacer justicia.
Las sentencias que determinan si una persona realmente es culpable o no las dictan los jueces y es ahí donde México tiene un serio déficit.
El estudio de la UDLAP no abunda en mayores datos, pero una revisión realizada por Animal Político del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja que en el país hay cuatro mil 171 jueces y magistrados del fuero común (sin contar los federales) de las distintas ramas: penal, civil, familiar y mercantil.-
Si se toma en cuenta que en 2013 se abrieron poco más de dos millones 43 mil juicios, esto arroja una proporción de 490 nuevos casos por cada juez en un año, eso sin contar los que ya estaban en curso o pendientes.
Derbez dijo que hay una clara deficiencia estructural e institucional en donde simplemente es imposible que una persona que está al frente de un juzgado pueda hacerse responsable de ese número de casos.
Siguiendo con los datos del INEGI, el estado de México, el Distrito Federal y Veracruz son las entidades federativas que tienen el mayor número de jueces mientras que Tlaxcala, Colima y Baja California Sur son los que menos. En promedio 6 de cada 10 jueces son hombres y apenas el 5% es menor de 35 años de edad.
Estados con más y menos jueces
Por otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-2013 en México había en el año 2012 un total de 383 jueces federales y 646 magistrados de tribunales colegiados, que son los que se encargan de los procesos relacionados con amparos o delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. En comparación con un año antes, se trató de diez jueces y once magistrados menos.
Los pocos jueces con que cuenta México contribuyen a que haya muchas personas encerradas en prisión pero pocas realmente sentenciadas. El análisis de la Universidad de las Américas establece que el 46% de las personas en las cárceles no están sentenciadas y en consecuencia no se sabe si son culpables o inocentes.
Respecto a los índices de impunidad detallados por estado, lo analistas de la Universidad anunciaron que en octubre de este año se dará a conocer el Índice de Impunidad México basado también en datos estadísticos precisos y no en percepciones.
América y Asia, paraísos de impunidad
El Índice Global de Impunidad 2015 evidencia que 14 de los 15 países con los mayores índices de impunidad se encuentran en América y Asia. Ni Estados Unidos se salva, pues tiene un índice de 56.4, lo que lo ubica por encima de países como Ucrania, Mongolia o Bosnia.
Esto demuestra, según el estudio, que la riqueza de los países y sus altas capacidades económicas de producción no necesariamente son un factor determinante para que haya más o menos impunidad.
En cambio, un bajo índice de desarrollo humano, combinado con desigualdad y corrupción, sí son factores comunes en los países con los mayores grados de impunidad como lo son Filipinas, México, Colombia y Turquía.
El otro lado de la moneda es Europa. A ese continente pertenecen los 23 países con el menor índice de impunidad de los que se pudieron analizar. Solo hasta la posición 24 se ubica Canadá. España, única nación europea de habla hispana, es el país del viejo continente con el mayor índice de impunidad, en la posición 17.
Un aspecto negativo más es el de la opacidad en los datos. Hay 134 países que no pudieron ser analizados ni comparados y entre esos se encuentran 95, la mayoría africanos, que no contaban información en ninguna de las 14 variables que se analizaron.
Pero también está el caso de potencias emergentes como Australia, Brasil, Venezuela, China, India, Indonesia o Sudáfrica que no cuentan con datos suficientes sobre el desempeño de sus sistemas de seguridad y justicia. Según Derbez, esta ausencia de datos en países que tienen la estructura para tenerlos podría arrojar un intento premeditado de no transparentar la situación en la que se encuentran.
México, en cambio, es uno de los once países que cuentan con la información estadística más completa relacionada con asuntos de seguridad aun cuando los resultados no son positivos.
En cuanto al número de agencias del Ministerio Público, dato que no se incluyó en el índice Global, los analistas explicaron que no hay un parámetro adecuado para establecer si las que hay son pocas o no, pero consideraron prioritario que a escala internacional se trabaje en este sentido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
México ocupa el segundo sitio a escala mundial, entre 59 naciones que fueron medidas y comparadas, de los países con el mayor índice de impunidad. Su principal problema: tiene policías de sobra para detener personas sospechosas, pero faltan jueces que se encarguen de procesar los casos.
En promedio, por cada juez se abren casi 500 expedientes nuevos al año.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, presentado por primera vez por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) en alianza con otras organizaciones, en nuestro país hay apenas cuatro jueces por cada 100 mil habitantes.
Para ponerlo en proporción, Croacia -que es el país con menor impunidad- tiene 45 jueces por 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 17 jueces por cien mil habitantes.
“No se trata de si el juez es bueno o malo o no quiere resolver los casos, simplemente se trata de jueces que están totalmente abrumados y son incapaces de procesar todos esos asuntos” dijo el economista Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad.
El “lado bueno” en el tema de impunidad, según el estudio presentado, es que México es uno de 59 países a escala mundial que cuenta con datos de calidad y actualizados que permiten comparar su nivel de impartición de justicia. Hay otras 134 naciones, entre ellas países emergentes como Brasil o Sudáfrica, donde no hay información suficiente disponible.
Lo malo es que de los 59 países analizados México es el segundo peor solo debajo de Filipinas y por encima de Colombia.
Para hacer esta medición la UDLAP utilizó un método estadístico a partir de 14 variables relacionadas con los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos de los distintos países. Se promediaron los resultados y se estableció un índice del 0 al 100. Una calificación alta es igual a mayores condiciones de impunidad.
Países con más impunidad
El no tan largo brazo de la ley
Según el Índice Global de Impunidad 2015 México tiene un promedio de 355 policías por cada cien mil habitantes, cantidad por encima del promedio internacional que es de 332 agentes de seguridad. Pero la detención de una persona es apenas el primer paso para hacer justicia.
Las sentencias que determinan si una persona realmente es culpable o no las dictan los jueces y es ahí donde México tiene un serio déficit.
El estudio de la UDLAP no abunda en mayores datos, pero una revisión realizada por Animal Político del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja que en el país hay cuatro mil 171 jueces y magistrados del fuero común (sin contar los federales) de las distintas ramas: penal, civil, familiar y mercantil.-
Si se toma en cuenta que en 2013 se abrieron poco más de dos millones 43 mil juicios, esto arroja una proporción de 490 nuevos casos por cada juez en un año, eso sin contar los que ya estaban en curso o pendientes.
Derbez dijo que hay una clara deficiencia estructural e institucional en donde simplemente es imposible que una persona que está al frente de un juzgado pueda hacerse responsable de ese número de casos.
Siguiendo con los datos del INEGI, el estado de México, el Distrito Federal y Veracruz son las entidades federativas que tienen el mayor número de jueces mientras que Tlaxcala, Colima y Baja California Sur son los que menos. En promedio 6 de cada 10 jueces son hombres y apenas el 5% es menor de 35 años de edad.
Estados con más y menos jueces
Por otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-2013 en México había en el año 2012 un total de 383 jueces federales y 646 magistrados de tribunales colegiados, que son los que se encargan de los procesos relacionados con amparos o delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. En comparación con un año antes, se trató de diez jueces y once magistrados menos.
Los pocos jueces con que cuenta México contribuyen a que haya muchas personas encerradas en prisión pero pocas realmente sentenciadas. El análisis de la Universidad de las Américas establece que el 46% de las personas en las cárceles no están sentenciadas y en consecuencia no se sabe si son culpables o inocentes.
Respecto a los índices de impunidad detallados por estado, lo analistas de la Universidad anunciaron que en octubre de este año se dará a conocer el Índice de Impunidad México basado también en datos estadísticos precisos y no en percepciones.
América y Asia, paraísos de impunidad
El Índice Global de Impunidad 2015 evidencia que 14 de los 15 países con los mayores índices de impunidad se encuentran en América y Asia. Ni Estados Unidos se salva, pues tiene un índice de 56.4, lo que lo ubica por encima de países como Ucrania, Mongolia o Bosnia.
Esto demuestra, según el estudio, que la riqueza de los países y sus altas capacidades económicas de producción no necesariamente son un factor determinante para que haya más o menos impunidad.
En cambio, un bajo índice de desarrollo humano, combinado con desigualdad y corrupción, sí son factores comunes en los países con los mayores grados de impunidad como lo son Filipinas, México, Colombia y Turquía.
El otro lado de la moneda es Europa. A ese continente pertenecen los 23 países con el menor índice de impunidad de los que se pudieron analizar. Solo hasta la posición 24 se ubica Canadá. España, única nación europea de habla hispana, es el país del viejo continente con el mayor índice de impunidad, en la posición 17.
Un aspecto negativo más es el de la opacidad en los datos. Hay 134 países que no pudieron ser analizados ni comparados y entre esos se encuentran 95, la mayoría africanos, que no contaban información en ninguna de las 14 variables que se analizaron.
Pero también está el caso de potencias emergentes como Australia, Brasil, Venezuela, China, India, Indonesia o Sudáfrica que no cuentan con datos suficientes sobre el desempeño de sus sistemas de seguridad y justicia. Según Derbez, esta ausencia de datos en países que tienen la estructura para tenerlos podría arrojar un intento premeditado de no transparentar la situación en la que se encuentran.
México, en cambio, es uno de los once países que cuentan con la información estadística más completa relacionada con asuntos de seguridad aun cuando los resultados no son positivos.
En cuanto al número de agencias del Ministerio Público, dato que no se incluyó en el índice Global, los analistas explicaron que no hay un parámetro adecuado para establecer si las que hay son pocas o no, pero consideraron prioritario que a escala internacional se trabaje en este sentido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aguirre dice que pedirá renovación de licencia; no regresará a gobernar Guerrero
El gobernador con licencia de Guerrero dijo que no se ha involucrado en el proceso electoral y agregó que no será pretexto para la confrontación en ese estado.
El gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que en los próximos días le presentará al Congreso estatal una nueva solicitud para que le renueven la licencia hasta el final de su mandato, lo que significa que no regresará a gobernar el estado.
“No me he involucrado ni lo haré en el proceso electoral, lo primero es la paz y la estabilidad de Guerrero. Jamás seré pretexto para la confrontación en mi estado”, le dijo Ángel Aguirre al periodista Carlos Puig, de Milenio.
Las declaraciones del gobernador con licencia ocurren tres días antes de que concluya el plazo para que presente otra solicitud o regrese a su cargo .
La mañana de este martes 21 de abril, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, había asegurado que la decisión de que Ángel Aguirre regrese a su cargo dependerá del Congreso Estatal.
En rueda de prensa, Navarrete dijo que a más tardar este viernes 24 de abril, Ángel Aguirre Rivera deberá entregar al Congreso estatal un comunicado donde anuncie si volverá a asumir la gubernatura de la entidad, o solicitará otra licencia para seguir separado del cargo por los meses que le quedan formalmente como mandatario.
Sin embargo, el líder perredista consideró que bajo el gobernador interino Rogelio Ortega, el estado de Guerrero “empezó a tomar el camino de la estabilidad y la normalidad política”.
Aseguró que la dirigencia del partido no ha tenido contacto con el mandatario con licencia, que hasta el momento ignora cuál será su decisión pero está en comunicación con los diputados locales perredistas y “evalúa los posibles escenarios” que se pueden derivar de este caso.
Insistió en que antes de votar el posible regreso de Aguirre al cargo, la bancada del PRD debe valorar que actualmente en dicha entidad federativa, bajo el mando de un gobernador interino, “hay una recuperación de la normalidad” política, económica y social.
En octubre de 2014, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Heladio Aguirre solicitó y obtuvo licencia al Congreso guerrerense para separarse del cargo de gobernador, con el fin de facilitar las investigaciones sobre el caso Iguala, pero el permiso vencerá el viernes 24 de abril.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que en los próximos días le presentará al Congreso estatal una nueva solicitud para que le renueven la licencia hasta el final de su mandato, lo que significa que no regresará a gobernar el estado.
“No me he involucrado ni lo haré en el proceso electoral, lo primero es la paz y la estabilidad de Guerrero. Jamás seré pretexto para la confrontación en mi estado”, le dijo Ángel Aguirre al periodista Carlos Puig, de Milenio.
Las declaraciones del gobernador con licencia ocurren tres días antes de que concluya el plazo para que presente otra solicitud o regrese a su cargo .
La mañana de este martes 21 de abril, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, había asegurado que la decisión de que Ángel Aguirre regrese a su cargo dependerá del Congreso Estatal.
En rueda de prensa, Navarrete dijo que a más tardar este viernes 24 de abril, Ángel Aguirre Rivera deberá entregar al Congreso estatal un comunicado donde anuncie si volverá a asumir la gubernatura de la entidad, o solicitará otra licencia para seguir separado del cargo por los meses que le quedan formalmente como mandatario.
Sin embargo, el líder perredista consideró que bajo el gobernador interino Rogelio Ortega, el estado de Guerrero “empezó a tomar el camino de la estabilidad y la normalidad política”.
Aseguró que la dirigencia del partido no ha tenido contacto con el mandatario con licencia, que hasta el momento ignora cuál será su decisión pero está en comunicación con los diputados locales perredistas y “evalúa los posibles escenarios” que se pueden derivar de este caso.
Insistió en que antes de votar el posible regreso de Aguirre al cargo, la bancada del PRD debe valorar que actualmente en dicha entidad federativa, bajo el mando de un gobernador interino, “hay una recuperación de la normalidad” política, económica y social.
En octubre de 2014, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Heladio Aguirre solicitó y obtuvo licencia al Congreso guerrerense para separarse del cargo de gobernador, con el fin de facilitar las investigaciones sobre el caso Iguala, pero el permiso vencerá el viernes 24 de abril.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ordena la CNDH acelerar investigación por masacre en Apatzingán
MÉXICO, D.F: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ordenó acelerar las investigaciones que realiza el organismo en torno a los hechos ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán.
La instrucción del ombudsman nacional se da luego de que el semanario Proceso, el portal de la periodista Carmen Aristegui y la cadena de noticias Univisión difundieron un reportaje que acredita que policías federales asesinaron a mansalva a civiles desarmados, lo que obligó al gobierno federal a anunciar una investigación sobre si la Policía Federal (PF) cometió asesinatos o violaciones a los derechos humanos contra civiles en Apatzingán.
Al participar en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, González Pérez afirmó que los hechos demandan “una investigación exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación.
El mandato constitucional de la CNDH y el compromiso del organismo con la sociedad, subrayó, demandan el esclarecimiento total de estos hechos.
“No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones”, dijo, pero “la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”, señaló el ombudsman.
Durante su exposición ante senadores, González Pérez indicó que México requiere leyes con contenidos “técnicamente pertinentes” y actualizados, así como políticas públicas que den vigencia real y utilidad práctica a los derechos fundamentales como herramientas esenciales contra la impunidad.
Detrás de cada violación a derechos fundamentales subyacen condiciones, situaciones y prácticas que –más allá del resultado que tengan las investigaciones específicas de cada caso–, demandan ser atendidas para prevenir su repetición, dijo.
“La prevención es la mejor protección que tenemos en contra de las violaciones a derechos humanos. Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables será equivalente a que el hecho violatorio, simplemente, no se hubiese producido”, subrayó.
El ombudsman sostuvo que las prácticas que deben ser erradicadas son: la tortura; ejecución extrajudicial; desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos y degradantes; trata de personas; discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres.
También deben erradicarse las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; corrupción e impunidad; migración; desatención a los pueblos indígenas; explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes; maltrato y exclusión de personas con discapacidad; desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras, dijo.
En el encuentro que se llevó a cabo en el marco de la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, González Pérez planteó que a través de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se dé continuidad al trámite de las iniciativas realizadas al respecto, como lo formuló por escrito en días pasados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La instrucción del ombudsman nacional se da luego de que el semanario Proceso, el portal de la periodista Carmen Aristegui y la cadena de noticias Univisión difundieron un reportaje que acredita que policías federales asesinaron a mansalva a civiles desarmados, lo que obligó al gobierno federal a anunciar una investigación sobre si la Policía Federal (PF) cometió asesinatos o violaciones a los derechos humanos contra civiles en Apatzingán.
Al participar en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, González Pérez afirmó que los hechos demandan “una investigación exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación.
El mandato constitucional de la CNDH y el compromiso del organismo con la sociedad, subrayó, demandan el esclarecimiento total de estos hechos.
“No podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones”, dijo, pero “la gravedad de las imputaciones que se formulan demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad, a efecto de que las conclusiones a las que se llegue estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes de queja”, señaló el ombudsman.
Durante su exposición ante senadores, González Pérez indicó que México requiere leyes con contenidos “técnicamente pertinentes” y actualizados, así como políticas públicas que den vigencia real y utilidad práctica a los derechos fundamentales como herramientas esenciales contra la impunidad.
Detrás de cada violación a derechos fundamentales subyacen condiciones, situaciones y prácticas que –más allá del resultado que tengan las investigaciones específicas de cada caso–, demandan ser atendidas para prevenir su repetición, dijo.
“La prevención es la mejor protección que tenemos en contra de las violaciones a derechos humanos. Ninguna reparación del daño a las víctimas o castigo a los responsables será equivalente a que el hecho violatorio, simplemente, no se hubiese producido”, subrayó.
El ombudsman sostuvo que las prácticas que deben ser erradicadas son: la tortura; ejecución extrajudicial; desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos y degradantes; trata de personas; discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres.
También deben erradicarse las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; corrupción e impunidad; migración; desatención a los pueblos indígenas; explotación y abuso de niñas, niños y adolescentes; maltrato y exclusión de personas con discapacidad; desatención a las víctimas y la precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras, dijo.
En el encuentro que se llevó a cabo en el marco de la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, González Pérez planteó que a través de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se dé continuidad al trámite de las iniciativas realizadas al respecto, como lo formuló por escrito en días pasados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se manifiestan en San Lázaro contra “Ley Ficrea”
MÉXICO, D.F: La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que se discute en la Cámara de Diputados motivó que usuarios de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) bloquearan los accesos a San Lázaro, debido a que la legislación en ciernes prevé su desaparición.
Durante horas, los beneficiados de esas instituciones de crédito portaron mantas y cartulinas mediante las cuales reclamaban a los diputados federales “legislar junto al pueblo, no contra el pueblo”, o su rechazo a un cambio jurídico en dichas entidades como salida al fraude cometido por los socios de Ficrea.
El jueves de la semana pasada, los diputados aprobaron en comisiones la llamada “ley Ficrea” para regular esas cajas de ahorro, y entre los cambios destaca la desaparición de las Sofincos, es decir, las sociedades mediante los cuales la gente de escasos recursos tiene acceso a los servicios de ahorro, crédito y vivienda.
La nueva legislación también prevé que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), que hoy están obligadas a pagar un seguro de 133 mil pesos o 25 mil unidades de inversión, en caso de quiebra, deberán entregar una “cuota” al Fondo de Protección a los Ahorradores, de acuerdo con el número de socios o créditos que hayan otorgado.
La nueva ley surge a partir del fraude que el gobierno federal detectó en Ficrea y cuyo dueño, Rafael Antonio Olvera Amescua, se encuentra no sólo prófugo sino que además ayudó a gobiernos estatales, como los de Oaxaca, del priista Ulises Ruiz, y de Coahuila, con Humberto Moreira, a utilizar dinero de las participaciones federales para fondear, mediante toda una red de empresas, adquisiciones de bienes en desuso.
En otras palabras, para que los entonces gobernadores se respaldaran en una pequeña institución de crédito y poder así saquear las participaciones federales.
Luego de ello el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, optó por clausurar Ficrea en lugar de intervenirla, lo que generó el malestar de los usuarios, sobre todo de aquellos que contaban con más de un millón de pesos ahorrados.
Como una medida de regulación, el gobierno y los diputados federales decidieron modificar la ley afectando no sólo casas crediticias, como Ficrea, sino además a las Sofincos.
Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, las Sofipos han sido develadas como sociedades mediante las cuales se han cometido fraudes o hay presunto lavado de dinero.
El primer caso se presentó en 2014 mediante la llamada Caja de Ahorro Libertad ubicada en Querétaro, misma que se vio involucrada en el fraude cometido por Amado Yáñez –dueño de la contratista de Pemex, Oceanografía– y otro de sus socios, Martín Díaz Álvarez, éste último prófugo al igual que el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
Se espera que este miércoles se apruebe por el pleno la nueva legislación para regular las sociedades financieras dirigidas a usuarios de escasos recursos, aunque presentando un adendum o añadido que excluya la desaparición de las Sofincos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Durante horas, los beneficiados de esas instituciones de crédito portaron mantas y cartulinas mediante las cuales reclamaban a los diputados federales “legislar junto al pueblo, no contra el pueblo”, o su rechazo a un cambio jurídico en dichas entidades como salida al fraude cometido por los socios de Ficrea.
El jueves de la semana pasada, los diputados aprobaron en comisiones la llamada “ley Ficrea” para regular esas cajas de ahorro, y entre los cambios destaca la desaparición de las Sofincos, es decir, las sociedades mediante los cuales la gente de escasos recursos tiene acceso a los servicios de ahorro, crédito y vivienda.
La nueva legislación también prevé que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), que hoy están obligadas a pagar un seguro de 133 mil pesos o 25 mil unidades de inversión, en caso de quiebra, deberán entregar una “cuota” al Fondo de Protección a los Ahorradores, de acuerdo con el número de socios o créditos que hayan otorgado.
La nueva ley surge a partir del fraude que el gobierno federal detectó en Ficrea y cuyo dueño, Rafael Antonio Olvera Amescua, se encuentra no sólo prófugo sino que además ayudó a gobiernos estatales, como los de Oaxaca, del priista Ulises Ruiz, y de Coahuila, con Humberto Moreira, a utilizar dinero de las participaciones federales para fondear, mediante toda una red de empresas, adquisiciones de bienes en desuso.
En otras palabras, para que los entonces gobernadores se respaldaran en una pequeña institución de crédito y poder así saquear las participaciones federales.
Luego de ello el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, optó por clausurar Ficrea en lugar de intervenirla, lo que generó el malestar de los usuarios, sobre todo de aquellos que contaban con más de un millón de pesos ahorrados.
Como una medida de regulación, el gobierno y los diputados federales decidieron modificar la ley afectando no sólo casas crediticias, como Ficrea, sino además a las Sofincos.
Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, las Sofipos han sido develadas como sociedades mediante las cuales se han cometido fraudes o hay presunto lavado de dinero.
El primer caso se presentó en 2014 mediante la llamada Caja de Ahorro Libertad ubicada en Querétaro, misma que se vio involucrada en el fraude cometido por Amado Yáñez –dueño de la contratista de Pemex, Oceanografía– y otro de sus socios, Martín Díaz Álvarez, éste último prófugo al igual que el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.
Se espera que este miércoles se apruebe por el pleno la nueva legislación para regular las sociedades financieras dirigidas a usuarios de escasos recursos, aunque presentando un adendum o añadido que excluya la desaparición de las Sofincos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Favoreció Pavlovich con ‘gestiones’ a tres constructoras de Sonora
HERMOSILLO, Son: La senadora con licencia y candidata de la coalición PRI, PVEM y Panal a la gubernatura, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, benefició con “gestiones” a tres compañías constructoras sonorenses para lograr contratos carreteros por el orden de 350 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el apoderado legal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Adolfo Jorge Harispuru, detalló que los esfuerzos realizados en mayo y junio de 2014 –y evidenciados la semana pasada en Reforma– se tradujeron en contratos millonarios para Compañía Constructora Más, de Navojoa, así como para Gluyas Construcciones y Tecnoasfaltos y Terracerías, estas dos últimas de Hermosillo.
“Quiero dejarle muy en claro que Samuel Fraijo no fue quien encabezó la gestiones, sino yo y lo hice ante la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con Javier Armenta, entonces fui yo quien firmó a nombre de la CMIC y sus agremiados”, enfatizó.
Además, aclaró que de las 10 licitaciones publicadas para convertir en autopista la carretera México 15, de Estación Don a Nogales, sólo en tres de ellas se tuvieron resultados favorables, debido a que los empresarios locales se enfrentaron a 60 “feroces” compañías nacionales.
Sin embargo, en las grabaciones difundidas el pasado jueves se destaca que Pavlovich “gestionó” ante el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta, la modificación del capital social de 200 a 100 millones de pesos, a fin de favorecer a Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto-San Luis Río Colorado.
En atención a la “gestión” de la aspirante priista al gobierno estatal, Fraijo “prestó” a la entonces senadora la avioneta Cessna N233JH para realizar compras en Las Vegas, y el miércoles 8, ya como candidata, le “rentó” la aeronave para trasladarla a un acto de campaña organizado en San Luis Río Colorado.
Desde entonces, la abanderada priista y el empresario han caído en una serie de imprecisiones para justificar su relación político-financiera, y por ello el Comité Ejecutivo Nacional del PAN interpuso una demanda penal ante la PGR contra Pavlovich por los delitos de tráfico de influencia y ejercicio indebido de funciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
En conferencia de prensa, el apoderado legal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Adolfo Jorge Harispuru, detalló que los esfuerzos realizados en mayo y junio de 2014 –y evidenciados la semana pasada en Reforma– se tradujeron en contratos millonarios para Compañía Constructora Más, de Navojoa, así como para Gluyas Construcciones y Tecnoasfaltos y Terracerías, estas dos últimas de Hermosillo.
“Quiero dejarle muy en claro que Samuel Fraijo no fue quien encabezó la gestiones, sino yo y lo hice ante la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con Javier Armenta, entonces fui yo quien firmó a nombre de la CMIC y sus agremiados”, enfatizó.
Además, aclaró que de las 10 licitaciones publicadas para convertir en autopista la carretera México 15, de Estación Don a Nogales, sólo en tres de ellas se tuvieron resultados favorables, debido a que los empresarios locales se enfrentaron a 60 “feroces” compañías nacionales.
Sin embargo, en las grabaciones difundidas el pasado jueves se destaca que Pavlovich “gestionó” ante el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta, la modificación del capital social de 200 a 100 millones de pesos, a fin de favorecer a Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto-San Luis Río Colorado.
En atención a la “gestión” de la aspirante priista al gobierno estatal, Fraijo “prestó” a la entonces senadora la avioneta Cessna N233JH para realizar compras en Las Vegas, y el miércoles 8, ya como candidata, le “rentó” la aeronave para trasladarla a un acto de campaña organizado en San Luis Río Colorado.
Desde entonces, la abanderada priista y el empresario han caído en una serie de imprecisiones para justificar su relación político-financiera, y por ello el Comité Ejecutivo Nacional del PAN interpuso una demanda penal ante la PGR contra Pavlovich por los delitos de tráfico de influencia y ejercicio indebido de funciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Aprueba el Senado en lo general el Sistema Nacional Anticorrupción
México, DF. El Senado de la República aprobó, sin cambios, en lo general, la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma constitucional para combatir y sancionar “uno de los males endémicos del país”, pero que deja pendientes importantes, como eliminar el fuero del presidente de la República y de los demás servidores públicos.
En tribuna, los presidentes de tres de las comisiones dictaminadoras, los priístas Cristina Díaz y Enrique Burgos, así como el senador del PVEM, Pablo Escudero, resaltaron que se sientan las bases para frenar la corrupción, al “dar dientes”, vía mayores facultades, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que podrá fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos y sancionar las faltas administrativas graves.
Se fortalece también, expresaron, al Tribunal de Justicia Administrativa.
En contraparte, senadores del PAN, PRD y PT advirtieron que, aunque se trata de un paso importante para castigar a los funcionarios que se enriquecen con los recursos que son de todos los mexicanos, hay vacíos en la reforma que deberán cubrirse a la brevedad o de lo contrario ese Sistema Nacional Anticorrupción será inviable.
El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reforma el artículo 108 Constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos, “en lugar de inmunidad, permite la impunidad” del ejecutivo federal y los demás funcionarios.
El senador del PAN, Javier Corral, resaltó que el haber dejado sin tocar el artículo 108 responde a “un pacto de impunidad entre sectores”, toda vez que “la corrupción navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política”. Recalcó que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no penal.
Igualmente, el también senador del PAN, Ernesto Cordero, recalcó que la corrupción en México es un cáncer y el remedio que se da en la reforma “es una aspirina”, porque no sólo el Presidente de la República queda fuera. No se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales, ni los llamados “moches” de legisladores que se benefician con la gestión de recursos presupuestales. Queda fuera también el seguimiento de los recursos millonarios asignados al Congreso.
Los panistas presentaron reservas, a fin de incluir esos temas, entre ellas al 108 Constitucional, a fin de que el ejecutivo federal sea juzgado no sólo por tradición a la patria, sino también por conflicto de interés, cohecho y otros actos de corrupción.
A su vez, el perredista, Armando Ríos Piter, señaló que tal como se aprobó la minuta, el fuero impide que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, un monumento a la corrupción”, similar al de la “Colina del Perro” del entonces presidente José López Portillo.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Peña Nieto y ayer se aprobó con tres años de retraso “para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de interés en que ha incurrido su administración”. Se trata, insistió, de “un regalo” para el Presidente de la República en pleno proceso electoral del próximo 7 de junio.
La también legisladora del PRI, Graciela Ortíz, pidió “no ver la paja en el ojo ajeno” y advirtió que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.
Durante la discusión se mencionaron en tribuna diversas cifras sobre el impacto de la corrupción. El senador Encinas recalcó que el costo para la economía es enorme, ya que en diez años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción, que han provocado además, que la inversión extranjera disminuyera al 50 por ciento, según datos de la ASF.
Lamentó que la corrupción se haya convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también en una forma en que a la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.
La priísta Cristina Díaz, resaltó: “Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ocupe en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el índice global de impunidad 2015”.
La reforma se aprobó en lo general con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, luego de seis horas de discusión, ya que hubo cerca de 30 oradores, una buena parte de ellos, que repitieron una y otra vez lo expresado ya por sus antecesores.
Falta la aprobación en lo particular de ese Sistema Nacional Anticorrupción, hay 35 reservas, por lo que la discusión podría prolongarse por varias horas más.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VÍCTOR BALLINAS.
En tribuna, los presidentes de tres de las comisiones dictaminadoras, los priístas Cristina Díaz y Enrique Burgos, así como el senador del PVEM, Pablo Escudero, resaltaron que se sientan las bases para frenar la corrupción, al “dar dientes”, vía mayores facultades, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que podrá fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos y sancionar las faltas administrativas graves.
Se fortalece también, expresaron, al Tribunal de Justicia Administrativa.
En contraparte, senadores del PAN, PRD y PT advirtieron que, aunque se trata de un paso importante para castigar a los funcionarios que se enriquecen con los recursos que son de todos los mexicanos, hay vacíos en la reforma que deberán cubrirse a la brevedad o de lo contrario ese Sistema Nacional Anticorrupción será inviable.
El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reforma el artículo 108 Constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos, “en lugar de inmunidad, permite la impunidad” del ejecutivo federal y los demás funcionarios.
El senador del PAN, Javier Corral, resaltó que el haber dejado sin tocar el artículo 108 responde a “un pacto de impunidad entre sectores”, toda vez que “la corrupción navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política”. Recalcó que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no penal.
Igualmente, el también senador del PAN, Ernesto Cordero, recalcó que la corrupción en México es un cáncer y el remedio que se da en la reforma “es una aspirina”, porque no sólo el Presidente de la República queda fuera. No se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales, ni los llamados “moches” de legisladores que se benefician con la gestión de recursos presupuestales. Queda fuera también el seguimiento de los recursos millonarios asignados al Congreso.
Los panistas presentaron reservas, a fin de incluir esos temas, entre ellas al 108 Constitucional, a fin de que el ejecutivo federal sea juzgado no sólo por tradición a la patria, sino también por conflicto de interés, cohecho y otros actos de corrupción.
A su vez, el perredista, Armando Ríos Piter, señaló que tal como se aprobó la minuta, el fuero impide que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, un monumento a la corrupción”, similar al de la “Colina del Perro” del entonces presidente José López Portillo.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Peña Nieto y ayer se aprobó con tres años de retraso “para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de interés en que ha incurrido su administración”. Se trata, insistió, de “un regalo” para el Presidente de la República en pleno proceso electoral del próximo 7 de junio.
La también legisladora del PRI, Graciela Ortíz, pidió “no ver la paja en el ojo ajeno” y advirtió que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.
Durante la discusión se mencionaron en tribuna diversas cifras sobre el impacto de la corrupción. El senador Encinas recalcó que el costo para la economía es enorme, ya que en diez años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de corrupción, que han provocado además, que la inversión extranjera disminuyera al 50 por ciento, según datos de la ASF.
Lamentó que la corrupción se haya convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también en una forma en que a la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.
La priísta Cristina Díaz, resaltó: “Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ocupe en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el índice global de impunidad 2015”.
La reforma se aprobó en lo general con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, luego de seis horas de discusión, ya que hubo cerca de 30 oradores, una buena parte de ellos, que repitieron una y otra vez lo expresado ya por sus antecesores.
Falta la aprobación en lo particular de ese Sistema Nacional Anticorrupción, hay 35 reservas, por lo que la discusión podría prolongarse por varias horas más.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VÍCTOR BALLINAS.
Tv Azteca reporta pérdidas netas por 676 mdp en primer trimestre de 2015
México, DF. Televisión Azteca dio a conocer en su reporte financiero del primer trimestre de 2015 tuvo pérdidas netas por 676 millones de pesos debido a diversos factores como el tipo de cambio, incremento en costos, gastos y menores ventas de publicidad.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego detalló en el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que entre enero y marzo de 2015 realizó ventas por 2 mil 545 millones de pesos, mientras que sus costos y gastos se ubicaron en 2 mil 164 millones de pesos.
Puntualizó que la utilidad de operación antes de depreciación y amortización (EBITDA) durante el periodo tuvo una caída de 28 por ciento al ubicarse en 382 millones de pesos. “El cambio significativo de EBITDA fue un incremento de 294 millones de pesos en el costo financiero, derivado principalmente de mayor pérdida cambiaria”.
Informó que las ventas domésticas de publicidad durante el periodo fueron de 2 mil 117 millones de pesos, cien mil pesos menos que en el periodo comparable.
TV Azteca informó que los costos y gastos totales del trimestre crecieron 7 por ciento debido a que se incrementaron 10 por ciento los costos de producción, programación, transmisión y por servicios de telecomunicaciones para ubicarse en mil 781 millones de pesos.
“El incremento en costos se deriva principalmente de las operaciones de la compañía en Colombia, que incluyen rentas pagadas por torres de transmisión y espacios para operar nodos de telecomunicaciones, así como el mantenimiento y operación de la red.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADAS.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego detalló en el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que entre enero y marzo de 2015 realizó ventas por 2 mil 545 millones de pesos, mientras que sus costos y gastos se ubicaron en 2 mil 164 millones de pesos.
Puntualizó que la utilidad de operación antes de depreciación y amortización (EBITDA) durante el periodo tuvo una caída de 28 por ciento al ubicarse en 382 millones de pesos. “El cambio significativo de EBITDA fue un incremento de 294 millones de pesos en el costo financiero, derivado principalmente de mayor pérdida cambiaria”.
Informó que las ventas domésticas de publicidad durante el periodo fueron de 2 mil 117 millones de pesos, cien mil pesos menos que en el periodo comparable.
TV Azteca informó que los costos y gastos totales del trimestre crecieron 7 por ciento debido a que se incrementaron 10 por ciento los costos de producción, programación, transmisión y por servicios de telecomunicaciones para ubicarse en mil 781 millones de pesos.
“El incremento en costos se deriva principalmente de las operaciones de la compañía en Colombia, que incluyen rentas pagadas por torres de transmisión y espacios para operar nodos de telecomunicaciones, así como el mantenimiento y operación de la red.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADAS.
Ordena juez reunión Aristegui-MVS, este viernes (Documento)
"El 20 de abril de 2015, MVS Radio indicó que la quejosa María del Carmen Aristegui Flores y el señor José Woldenberg Karakowsky podrán acudir a las instalaciones de la concesionaria a las 12:00 horas del día 24 de abril de 2015 a fin de llevar a cabo la reunión entre las partes (quejosa y la concesionaria)".
El viernes 24 de abril, a las 12:00 horas, deben reunirse los representantes de la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui, con la presencia de un árbitro, ordenó un juez federal, en busca de una conciliación entre ambas partes.
Sin embargo, MVS promovió este lunes un recurso de queja para que se impugne la suspensión que dictó el juez Fernando Silva García, y de la que derivó la orden para que se realice la reunión. En cambio, la comunicadora y también directora de este sitio de noticias, aceptó la reunión y se lo informó al juez.
La queja de MVS -para que no se concrete la reunión- se turnó el lunes a un tribunal colegiado de circuito, que cuenta con 48 horas para sentenciar, por lo que existe la posibilidad de que la revocación de la orden de negociar se empate con lo fijado por el juez Silva. Y con ello, no se daría la reunión entre ambas partes.
La orden del juez establece: “Se fijan las 12 horas del 24 de abril de 2015 para que las partes y el mediador se presenten en el inmueble indicado (MVS) y se lleve a cabo el acuerdo o mediación o diálogo a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas“.
“Asimismo se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que se constituya en el citado inmueble en la hora y fecha señaladas y dé fe del acceso al inmueble a la quejosa y el mediador, así como de la celebración de la reunión correspondiente, debiendo levantar el acta”, precisa.
Por acuerdos previos, el árbitro mediador sería el ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y el lugar establecido son las oficinas de MVS, ubicadas en Mariano Escobedo, Ciudad de México.
El juez advirtió que en la audiencia posterior, programada para el 27 de abril, valoraría reanudar el noticiero de Carmen Aristegui en MVS, de acuerdo con la “colaboración” de ambas partes.
Nota informativa emitida este martes por el Consejo de la Judicatura Federal:
Nota Informativa 48 21-Abril-2015 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El viernes 24 de abril, a las 12:00 horas, deben reunirse los representantes de la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui, con la presencia de un árbitro, ordenó un juez federal, en busca de una conciliación entre ambas partes.
Sin embargo, MVS promovió este lunes un recurso de queja para que se impugne la suspensión que dictó el juez Fernando Silva García, y de la que derivó la orden para que se realice la reunión. En cambio, la comunicadora y también directora de este sitio de noticias, aceptó la reunión y se lo informó al juez.
La queja de MVS -para que no se concrete la reunión- se turnó el lunes a un tribunal colegiado de circuito, que cuenta con 48 horas para sentenciar, por lo que existe la posibilidad de que la revocación de la orden de negociar se empate con lo fijado por el juez Silva. Y con ello, no se daría la reunión entre ambas partes.
La orden del juez establece: “Se fijan las 12 horas del 24 de abril de 2015 para que las partes y el mediador se presenten en el inmueble indicado (MVS) y se lleve a cabo el acuerdo o mediación o diálogo a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto a las diferencias suscitadas“.
“Asimismo se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que se constituya en el citado inmueble en la hora y fecha señaladas y dé fe del acceso al inmueble a la quejosa y el mediador, así como de la celebración de la reunión correspondiente, debiendo levantar el acta”, precisa.
Por acuerdos previos, el árbitro mediador sería el ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, y el lugar establecido son las oficinas de MVS, ubicadas en Mariano Escobedo, Ciudad de México.
El juez advirtió que en la audiencia posterior, programada para el 27 de abril, valoraría reanudar el noticiero de Carmen Aristegui en MVS, de acuerdo con la “colaboración” de ambas partes.
Nota informativa emitida este martes por el Consejo de la Judicatura Federal:
Nota Informativa 48 21-Abril-2015 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La masacre en Apatzingán apunta a un crimen de lesa humanidad: Laura Castellanos
El Estado ha buscado criminalizar a las víctimas, pero lo importante es cómo actúan agentes del Estado contra civiles y eso se tiene que investigar, estamos hablando de Tlatlaya, Ayotzinapa y este caso, en el que han actuado fuerzas federales, dijo la periodista.
En Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero lo que sucedió fueron dos masacres cometidas por Policías Federales, una a las dos y media de la mañana y una a las 7:45 de la mañana. La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado; la versión de las víctimas es que hubo ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, explicó la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje “Fueron los Federales”.
En entrevista para Aristegui CNN, explicó que “en el Palacio Municipal de Apatzingán, había un plantón por un grupo de fuerzas rurales, es decir, autodefensas legalizadas que habían sido registradas, que trabajaban para el gobierno y que la mayoría formaban parte de un grupo que se llamó G250”.
“Lo que hicieron fue buscar a ‘LaTuta’ en la sierra durante ocho meses. Este grupo fue creado por el ex comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y fue disuelto por el mismo Castillo el 15 de diciembre, entonces ellos pusieron ese plantón, para exigir que se desarticulara el cártel y que se detuviera la oleada de incursiones de los ‘templarios’”, precisó.
Recordó que “ellos tenían tomado el Palacio, no pedían que se les reintegrara, pedían que se frenara el espiral de incursiones por parte de los ‘templarios’, (pues) argumentaban que ahora la gente iba estar totalmente vulnerable”.
“Y decían que durante el trabajo que estuvieron haciendo en la Sierra, las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance en las comunidades que se decía que se movía ‘La Tuta’”, añadió.
Distintos testimonios se preguntaban: “¿cómo era posible que el mismo gobierno estaba impidiendo la búsqueda y captura de ‘La Tuta’?”
Para realizar su investigación, “realicé alrededor de 44 entrevistas y estas se hicieron con una diversidades de actores, en distintos lugares, momentos, con gente que no se conocía entre sí”, dijo Laura.
“Entrevisté a familiares, a testigos circunstanciales, entrevisté a personal del hospital y del Servicio Médico Forense (Semefo), y todas estas entrevistas a lo que apuntan, es efectivamente a que Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, también tuve documentos que prueban”.
Y hay “seis actas de defunción, pero tres prueban que los cadáveres de tres personas fueron llevados a tres lugares distintos, tres ciudades distintas de Apatzingán, no hubo ningún cadáver ese día en le Semefo local. Se los llevaron a lugares de dos a tres horas de distancia”.
Detalló que “un acta prueba que uno se llevó a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia, como si de esta manera se evitara que en un sólo lugar se concentrara todo el número de cadáveres para que no se supiera el saldo real y el daño que provocaron descargas con balas expansivas, detonadas a cortas distancias, según lo observó personal del Hospital Ponce” .
Respecto a los muertos, señaló que tenían “boquetes muy grandes y algo importante es que los médicos, enfermeras, personas del hospital que realizan distintas funciones, lo que observaron es que las heridas presentaban lo que llamas tatuaje, es decir, una quemadura en la piel, y eso sólo sucede cuando el disparo se hace una distancia entre 10 y 20 centímetros”.
“Pienso que en este caso, estas dos masacres en Apatzingán, a diferencia de otros actos de represión por parte del Estado, cuenta con un número excepcional de video y de gráficas de cómo procedieron los Policías Federales, y da mayor respaldo al testimonio de los entrevistados”, abundó.
“Las entrevistas se realizaron con 13 de los 44 liberados, en condiciones muy difíciles porque prácticamente la gente está a salto de mata, aunque el juez los exoneró de los delitos, ya han recibido amenazas y hostigamiento, y aseguran que son perseguidos. Las entrevistas que se hicieron a pie de carretera se tenían que detener, porque les avisaban con radio que iba un convoy de Federales, y se tenían que esconder”, reveló.
Además, “civiles que no tenían nada que ver, también fueron detenidos”, y “mujeres y niños fueron heridos”.
Incluso, “un grupo de mujeres llegaron a preguntar al hospital por niñas heridas que se habían llevado los Federales y que no sabían dónde estaban”.
Después de esta investigación, la periodista espera que “se investigue” porque “todo esto apunta a un crimen de lesa humanidad y ahí el Congreso estatal tiene obligación de investigar los hechos y que la cadena de responsabilidades sea bien investigada y que se detenga a los responsables”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero lo que sucedió fueron dos masacres cometidas por Policías Federales, una a las dos y media de la mañana y una a las 7:45 de la mañana. La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado; la versión de las víctimas es que hubo ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, explicó la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje “Fueron los Federales”.
En entrevista para Aristegui CNN, explicó que “en el Palacio Municipal de Apatzingán, había un plantón por un grupo de fuerzas rurales, es decir, autodefensas legalizadas que habían sido registradas, que trabajaban para el gobierno y que la mayoría formaban parte de un grupo que se llamó G250”.
“Lo que hicieron fue buscar a ‘LaTuta’ en la sierra durante ocho meses. Este grupo fue creado por el ex comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y fue disuelto por el mismo Castillo el 15 de diciembre, entonces ellos pusieron ese plantón, para exigir que se desarticulara el cártel y que se detuviera la oleada de incursiones de los ‘templarios’”, precisó.
Recordó que “ellos tenían tomado el Palacio, no pedían que se les reintegrara, pedían que se frenara el espiral de incursiones por parte de los ‘templarios’, (pues) argumentaban que ahora la gente iba estar totalmente vulnerable”.
“Y decían que durante el trabajo que estuvieron haciendo en la Sierra, las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance en las comunidades que se decía que se movía ‘La Tuta’”, añadió.
Distintos testimonios se preguntaban: “¿cómo era posible que el mismo gobierno estaba impidiendo la búsqueda y captura de ‘La Tuta’?”
Para realizar su investigación, “realicé alrededor de 44 entrevistas y estas se hicieron con una diversidades de actores, en distintos lugares, momentos, con gente que no se conocía entre sí”, dijo Laura.
“Entrevisté a familiares, a testigos circunstanciales, entrevisté a personal del hospital y del Servicio Médico Forense (Semefo), y todas estas entrevistas a lo que apuntan, es efectivamente a que Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, también tuve documentos que prueban”.
Y hay “seis actas de defunción, pero tres prueban que los cadáveres de tres personas fueron llevados a tres lugares distintos, tres ciudades distintas de Apatzingán, no hubo ningún cadáver ese día en le Semefo local. Se los llevaron a lugares de dos a tres horas de distancia”.
Detalló que “un acta prueba que uno se llevó a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia, como si de esta manera se evitara que en un sólo lugar se concentrara todo el número de cadáveres para que no se supiera el saldo real y el daño que provocaron descargas con balas expansivas, detonadas a cortas distancias, según lo observó personal del Hospital Ponce” .
Respecto a los muertos, señaló que tenían “boquetes muy grandes y algo importante es que los médicos, enfermeras, personas del hospital que realizan distintas funciones, lo que observaron es que las heridas presentaban lo que llamas tatuaje, es decir, una quemadura en la piel, y eso sólo sucede cuando el disparo se hace una distancia entre 10 y 20 centímetros”.
“Pienso que en este caso, estas dos masacres en Apatzingán, a diferencia de otros actos de represión por parte del Estado, cuenta con un número excepcional de video y de gráficas de cómo procedieron los Policías Federales, y da mayor respaldo al testimonio de los entrevistados”, abundó.
“Las entrevistas se realizaron con 13 de los 44 liberados, en condiciones muy difíciles porque prácticamente la gente está a salto de mata, aunque el juez los exoneró de los delitos, ya han recibido amenazas y hostigamiento, y aseguran que son perseguidos. Las entrevistas que se hicieron a pie de carretera se tenían que detener, porque les avisaban con radio que iba un convoy de Federales, y se tenían que esconder”, reveló.
Además, “civiles que no tenían nada que ver, también fueron detenidos”, y “mujeres y niños fueron heridos”.
Incluso, “un grupo de mujeres llegaron a preguntar al hospital por niñas heridas que se habían llevado los Federales y que no sabían dónde estaban”.
Después de esta investigación, la periodista espera que “se investigue” porque “todo esto apunta a un crimen de lesa humanidad y ahí el Congreso estatal tiene obligación de investigar los hechos y que la cadena de responsabilidades sea bien investigada y que se detenga a los responsables”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Alfredo Castillo niega y se deslinda de la masacre en Apatzingán
"Son mentiras, así, enfáticamente", dice. El funcionario se lanza contra la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje difundido el fin de semana en este sitio de noticias. Y rechaza que hayan sido 16 los muertos; reconoce 10 fallecidos, en una primera entrevista, y después dice que 11.
El ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, defendió la versión oficial sobre lo ocurrido el pasado 6 de enero en Apatzingán, criticó a la periodista que reveló una masacre contra civiles, y consideró que ”se quiere distorsionar los hechos”.
En entrevista para el programa Así las cosas, de W Radio, dijo estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.
El ahora director de la Conade negó que fueran 16 los civiles muertos, y sólo aceptó 10, aunque uno de ellos fue -según Castillo- por “atropellamiento”, según su “memoria histórica”. “Es lo que yo recuerdo”, afirmó. A las investigaciones, invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sumarse.
“Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.
Lee parte de la entrevista de esta mañana:
-¿Qué tendría usted que decir, después de esta investigación de Laura Castellanos, y después de que el secretario de Gobernación, apuntara que podría abrirse una nueva investigación y se podría investigar abuso policial?-, le preguntó la conductora del programa.
Mira, yo creo que el secretario de Gobernación, por supuesto, al momento de decir que se validen, por decirlo así, los hechos, porque en su momento fue la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán la que lleva esa investigación, por ser un delito del fuero común, no la atrae la PGR por lo que hace al tema de los homicidios, entonces, está haciendo la parte correcta.
Lo que yo te puedo decir es que al encabezar, o al estar junto con las autoridades locales, en el momento de que se investigaron los hechos, pues está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?’.
Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar.
Entonces, en ese sentido, vamos, con las personas que llevaron la investigación, que integraron la averiguación previa, yo he platicado con ellos porque ya no es mi responsabilidad…
-¿Eran Ministerios Públicos federales?
No. Hay que ver que hay dos hechos: el hecho de el evento… Lo del 6 de enero y te estoy hablando de que ya estamos en abril, lo del 6 de enero se divide en dos. Si ustedes recuerdan cuando se da el enfrentamiento en La Ruana, en aquel entonces entre Hipólito y El Americano, una de las determinaciones que se dan y que yo doy en conferencia de prensa es que Apatzingán, La Mira (Lázaro Cárdenas) y La Ruana van a estar bajo la responsabilidad, la seguridad, de la policía militar o de fuerzas federales. Que ya no va a haber Fuerza Rural, no va haber policía estatal, no va a haber ninguna otra instancia precisamente para que no hubiera este tipo de confusiones. En lo que es el Palacio de gobierno de Apatzingán, que hay que recordar que la fuerza de los templarios los últimos 10 años fue Apatzingán. ¿Qué llevó a esto? Que cuando se desmantela la estructura de los templarios, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control de Apatzingán, porque es el corazón de Tierra Caliente. Sin embargo, a diferencia de otros municipios en donde tú podías tener un arraigo de los últimos años, Apatzingán era 100 por ciento templario, por decirlo así, en cuanto al control que ellos ejercían.
Entonces, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control, porque es el corazón de Tierra Caliente. Se juntan en el estacionamiento de la presidencia municipal, en las afueras de la presidencia municipal y, en su momento, la zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición.
Primero, no es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40-50 personas.
Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas. Cuando estos hechos ocurren en la madrugada, ya como a las 8 de la mañana, 8:14, una cosa así, o 7 de la mañana, 7:45, yo ese día tuve dos entrevistas, que está documentado, una con Carlos Loret, en su programa, y después con Ciro Gómez en su programa de radio.
Y lógico, cuando tú estás en una entrevista, dejas tu teléfono, no lo tienes a la mano. Cuando yo termino la entrevista de Ciro, Ciro me pregunta: ¿oiga, qué sabes de nueve muertos en Apatzingán? Dije: bueno, no tengo ningún dato, ahorita pido la información. Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.
¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.
-La afirmación comisionado Castillo, ahora del deporte… de que había sido un fuego cruzado se dio pocas horas después, ¿ustedes continuaron una investigación sobre el asunto? El asunto es que la investigación de esta reportera tiene tres cosas graves que cuestiona: que dice que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?
Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración.
En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos.
En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante.
Más tarde, este martes, el comisionado Alfredo Castillo fue entrevistado por Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Radio Red, donde también fue cuestionado sobre la masacre en Apatzingán.
Castillo reconoció: “Yo estuve al frente de esa investigación y sin lugar a dudas, con toda la convicción te puedo decir que los hechos fueron como nosotros en su momento los dimos a conocer”.
Nuevamente, volvió a criticar la investigación periodística, porque los testigos no dieron su nombre, apellido y dirección.
“Hablan de masacres, de muertos, de desaparecidos. No hay una sola denuncia desde ese día, que yo haya tenido conocimiento durante el tiempo que yo estuve como comisionado, de gente que hubiera desaparecido en esos momentos, tampoco de gente que hubiera perdido… ¿dónde llevan los cuerpos? Bueno, tampoco hubo rastros de sangre…
-¿Cuántas personas fallecieron en esos hechos violentos del 6 de enero? Sé que hubo 2 enfrentamientos, pero ¿cuántos muertos hubo en total? -le preguntó Sarmiento.
“Te diría algo: no hubo dos enfrentamientos, el primer evento que habrá sido en la madrugada, entre dos y cuatro de la madrugada, hubo una persona fallecida y pericialmente esa persona fue por un atropellamiento… y el segundo es cuando se están llevando los vehículos al corralón y llegan camionetas a intentar rescatar los vehículos, y ahí se da no un enfrentamiento, sino se da lo que se llamaría la legítima defensa, por parte de fuerzas federales, y ahí fallecen hasta donde recuerdo, serán nueve personas las que fallecen en ese evento, en ese evento, o diez, una persona lesionada posteriormente fallece en el hospital…”.
Es decir, en la segunda entrevista, Castillo reconoció 11 muertos el pasado 6 de enero, mientras en la primero dijo que eran 10.
E insistió: “yo estoy muy tranquilo en el tema de la investigación”.
El reportaje de la periodista Laura Castellanos es con base en “gente que no da la cara” y es un “video totalmente editado”, sostuvo Castillo.
A la revista Proceso -que junto a este sitio y Univisión difundió el reportaje sobre la masacre-, la calificó como una “revista amarillista” que “le gusta poner adjetivos a la gente”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, defendió la versión oficial sobre lo ocurrido el pasado 6 de enero en Apatzingán, criticó a la periodista que reveló una masacre contra civiles, y consideró que ”se quiere distorsionar los hechos”.
En entrevista para el programa Así las cosas, de W Radio, dijo estar ”muy tranquilo”, “perfectamente tranquilo” de la investigación que anunció el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual haría la propia Policía Federal -involucrada en los hechos- y la PGR.
El ahora director de la Conade negó que fueran 16 los civiles muertos, y sólo aceptó 10, aunque uno de ellos fue -según Castillo- por “atropellamiento”, según su “memoria histórica”. “Es lo que yo recuerdo”, afirmó. A las investigaciones, invitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a sumarse.
“Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”, sostuvo.
Lee parte de la entrevista de esta mañana:
-¿Qué tendría usted que decir, después de esta investigación de Laura Castellanos, y después de que el secretario de Gobernación, apuntara que podría abrirse una nueva investigación y se podría investigar abuso policial?-, le preguntó la conductora del programa.
Mira, yo creo que el secretario de Gobernación, por supuesto, al momento de decir que se validen, por decirlo así, los hechos, porque en su momento fue la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán la que lleva esa investigación, por ser un delito del fuero común, no la atrae la PGR por lo que hace al tema de los homicidios, entonces, está haciendo la parte correcta.
Lo que yo te puedo decir es que al encabezar, o al estar junto con las autoridades locales, en el momento de que se investigaron los hechos, pues está muy bien para que se valide jurídicamente, no periodísticamente, jurídicamente, que las trayectorias, las pruebas de balística, las pruebas de levantamiento, las propias necropsias, las testimoniales dentro de la averiguación previa, porque es muy fácil taparle el rostro a la gente, y ni siquiera tiene la posibilidad el Ministerio Público de que lo interrogue y le diga: ‘¿usted qué hacía ahí?’, ‘¿usted por qué se encontraba a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana?’, o ‘¿por qué no se verificó si ustedes dicen que hubo gente masacrada -por poner un dato- la sangre que puede quedarse en el pavimento?’, ‘¿por qué no se levantó una denuncia en los primeros 24 horas sobre lo que había sucedido?’.
Prácticamente, hoy en este país, y como fluye la información, pensar que en las primeras 2, 3, 4 horas, no tengas a los padres de familia buscando a sus hijos que han sido desaparecidos, pues es un tema que ya no se puede dar.
Entonces, en ese sentido, vamos, con las personas que llevaron la investigación, que integraron la averiguación previa, yo he platicado con ellos porque ya no es mi responsabilidad…
-¿Eran Ministerios Públicos federales?
No. Hay que ver que hay dos hechos: el hecho de el evento… Lo del 6 de enero y te estoy hablando de que ya estamos en abril, lo del 6 de enero se divide en dos. Si ustedes recuerdan cuando se da el enfrentamiento en La Ruana, en aquel entonces entre Hipólito y El Americano, una de las determinaciones que se dan y que yo doy en conferencia de prensa es que Apatzingán, La Mira (Lázaro Cárdenas) y La Ruana van a estar bajo la responsabilidad, la seguridad, de la policía militar o de fuerzas federales. Que ya no va a haber Fuerza Rural, no va haber policía estatal, no va a haber ninguna otra instancia precisamente para que no hubiera este tipo de confusiones. En lo que es el Palacio de gobierno de Apatzingán, que hay que recordar que la fuerza de los templarios los últimos 10 años fue Apatzingán. ¿Qué llevó a esto? Que cuando se desmantela la estructura de los templarios, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control de Apatzingán, porque es el corazón de Tierra Caliente. Sin embargo, a diferencia de otros municipios en donde tú podías tener un arraigo de los últimos años, Apatzingán era 100 por ciento templario, por decirlo así, en cuanto al control que ellos ejercían.
Entonces, empieza a haber diferentes grupos que quieren tomar el control, porque es el corazón de Tierra Caliente. Se juntan en el estacionamiento de la presidencia municipal, en las afueras de la presidencia municipal y, en su momento, la zona militar nos avisa y nos dice que las personas que se encuentren armadas ahí, van a ser desarmadas y puestas a disposición.
Primero, no es un desalojo, van a ser detenidas las gentes que están armadas, porque no pueden estar armadas 40-50 personas.
Nos avisan de ese operativo que se iba a hacer entre la madrugada. La madruga puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana, etc. De esta situación es cuando se dan los 43 detenidos, 44 pero uno era menor de edad, entonces eran 43 personas. Cuando estos hechos ocurren en la madrugada, ya como a las 8 de la mañana, 8:14, una cosa así, o 7 de la mañana, 7:45, yo ese día tuve dos entrevistas, que está documentado, una con Carlos Loret, en su programa, y después con Ciro Gómez en su programa de radio.
Y lógico, cuando tú estás en una entrevista, dejas tu teléfono, no lo tienes a la mano. Cuando yo termino la entrevista de Ciro, Ciro me pregunta: ¿oiga, qué sabes de nueve muertos en Apatzingán? Dije: bueno, no tengo ningún dato, ahorita pido la información. Cuando yo pido la información me hablan de que cuando los vehículos asegurados con reporte de robo, en el primer evento de la madrugada de ese día, iban a ser llevados al corralón, ahí un número importante de camionetas, aproximadamente 20, intentan dar alcance o dan alcance a las fuerzas federales para recuperar, porque alguien les había dicho que ahí iban los detenidos. Entonces, cuando se da eso, los últimos federales… cuando ven venir a este número, se repliegan, ellos tienen la capacitación, ellos se van a puntos donde pueden defenderse y ellos empiezan a defenderse, en este caso de los disparos que empiezan a realizar estas personas.
¿Qué es lo que sucede? Que Policía Federal está capacitada para resguardarse, para hacer una posición en donde no caigan en fuego cruzado, pero la propia adrenalina de las otras personas, cuando se van metiendo, termina que hay tres camionetas, yo recuerdo, había una roja, una blanca y otra que no recuerdo el color, que ante los disparos y ante la presión, en las propias trayectorias se ve que los vehículos de ellos tienen disparos del lado del conductor, y del lado del copiloto, y no hay una sola evidencia física en donde pudiera estar gente de Policía Federal del otro lado, porque lo taparía la pared.
-La afirmación comisionado Castillo, ahora del deporte… de que había sido un fuego cruzado se dio pocas horas después, ¿ustedes continuaron una investigación sobre el asunto? El asunto es que la investigación de esta reportera tiene tres cosas graves que cuestiona: que dice que los testigos, los sobrevivientes, los detenidos, los heridos e incluso personal del hospital, incriminaron a la Policía Federal; dos, que estas personas estaban desarmadas; y tres, que se habrían usado balas expansivas, ¿qué podría usted decir a esto?
Que son mentiras, así, enfáticamente, porque primero, el director del hospital, dentro de la averiguación previa, está declarado (ante la MP) y el propio director del hospital ha dicho que han sacado de contexto su declaración.
En segundo lugar, yo creo que la periodista -y lo digo con mucho respeto-, no es perito en la materia para hacer pruebas de balística, ni de trayectoria ni de distancia, para poder decirte desde qué lugar se fueron a realizar los disparos.
En tercer lugar, no podemos nosotros tomar testimonios de gente que, tapada el rostro que, primero, no dice su nombre, su apellido, su ubicación, que dice qué estaba haciendo ahí, y que tenga testigos que validen que se encontraba ahí en el lugar de los hechos, en horas totalmente inapropiadas (3 de la mañana del 6 de enero) como para poder tener ese número tan importante.
Más tarde, este martes, el comisionado Alfredo Castillo fue entrevistado por Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Radio Red, donde también fue cuestionado sobre la masacre en Apatzingán.
Castillo reconoció: “Yo estuve al frente de esa investigación y sin lugar a dudas, con toda la convicción te puedo decir que los hechos fueron como nosotros en su momento los dimos a conocer”.
Nuevamente, volvió a criticar la investigación periodística, porque los testigos no dieron su nombre, apellido y dirección.
“Hablan de masacres, de muertos, de desaparecidos. No hay una sola denuncia desde ese día, que yo haya tenido conocimiento durante el tiempo que yo estuve como comisionado, de gente que hubiera desaparecido en esos momentos, tampoco de gente que hubiera perdido… ¿dónde llevan los cuerpos? Bueno, tampoco hubo rastros de sangre…
-¿Cuántas personas fallecieron en esos hechos violentos del 6 de enero? Sé que hubo 2 enfrentamientos, pero ¿cuántos muertos hubo en total? -le preguntó Sarmiento.
“Te diría algo: no hubo dos enfrentamientos, el primer evento que habrá sido en la madrugada, entre dos y cuatro de la madrugada, hubo una persona fallecida y pericialmente esa persona fue por un atropellamiento… y el segundo es cuando se están llevando los vehículos al corralón y llegan camionetas a intentar rescatar los vehículos, y ahí se da no un enfrentamiento, sino se da lo que se llamaría la legítima defensa, por parte de fuerzas federales, y ahí fallecen hasta donde recuerdo, serán nueve personas las que fallecen en ese evento, en ese evento, o diez, una persona lesionada posteriormente fallece en el hospital…”.
Es decir, en la segunda entrevista, Castillo reconoció 11 muertos el pasado 6 de enero, mientras en la primero dijo que eran 10.
E insistió: “yo estoy muy tranquilo en el tema de la investigación”.
El reportaje de la periodista Laura Castellanos es con base en “gente que no da la cara” y es un “video totalmente editado”, sostuvo Castillo.
A la revista Proceso -que junto a este sitio y Univisión difundió el reportaje sobre la masacre-, la calificó como una “revista amarillista” que “le gusta poner adjetivos a la gente”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un comando levanta a exjefe de prensa de Abarca
CHILPANCINGO. Gro: Un grupo de hombres armados se llevó por la fuerza a Heriberto Cabada González, exjefe de Prensa, Imagen y Logística del defenestrado exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez.
Abarca Velázquez actualmente se encuentra preso, igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por sus nexos con el narcotráfico y su responsabilidad en el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hecho se registró ayer cerca de las 18:00 horas en el centro de la ciudad de Iguala, indica un reporte oficial del gobierno estatal al que tuvo acceso Apro.
Hasta el momento, la información es escueta y sólo se reportó que el exfuncionario municipal habría sido “levantado por personas extrañas”.
Cabada González estuvo al frente de la dirección de Prensa, Imagen y Logística durante la administración del ex alcalde perredista.
Tras la detención de su jefe, Cabada fue dado de baja; se dedicaba a tomar fotos y vídeos en fiestas privadas, indicaron fuentes oficiales.
Hasta el momento se desconoce el paradero del exfuncionario municipal cercano al matrimonio Abarca Pineda, señalado por el gobierno federal como piezas clave en la estructura del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
A pesar de que la Policía Federal división Gendarmería asumió el control de la seguridad en Iguala, siguen ocurriendo ejecuciones y balaceras a plena luz del día, así como secuestro y desaparición de personas en este lugar estratégico en la geografía del narcotráfico de la zona Norte de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS.
Abarca Velázquez actualmente se encuentra preso, igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por sus nexos con el narcotráfico y su responsabilidad en el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hecho se registró ayer cerca de las 18:00 horas en el centro de la ciudad de Iguala, indica un reporte oficial del gobierno estatal al que tuvo acceso Apro.
Hasta el momento, la información es escueta y sólo se reportó que el exfuncionario municipal habría sido “levantado por personas extrañas”.
Cabada González estuvo al frente de la dirección de Prensa, Imagen y Logística durante la administración del ex alcalde perredista.
Tras la detención de su jefe, Cabada fue dado de baja; se dedicaba a tomar fotos y vídeos en fiestas privadas, indicaron fuentes oficiales.
Hasta el momento se desconoce el paradero del exfuncionario municipal cercano al matrimonio Abarca Pineda, señalado por el gobierno federal como piezas clave en la estructura del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
A pesar de que la Policía Federal división Gendarmería asumió el control de la seguridad en Iguala, siguen ocurriendo ejecuciones y balaceras a plena luz del día, así como secuestro y desaparición de personas en este lugar estratégico en la geografía del narcotráfico de la zona Norte de la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: EZEQUIEL FLORES CONTREERAS.
Pobladores recolectan gasolina derramada por “ordeña” en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab: A casi un mes del “pipazo” con saldo de 21 muertos hasta ahora, pobladores siguen sin medir el peligro y esta mañana se abalanzaron a recoger gasolina derramada por toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La empresa informó a las 14:00 horas que el derrame ocurrió en el poliducto Minatitlán-Villahermosa, en el cruce de la comunidad San Fernando del municipio de Huimanguillo y que personal especializado de Pemex lo había controlado.
“Como medida preventiva, se suspendió el bombeo del ducto, a través de una unidad de presión y vacío; se trabaja en la recolección del producto, se llevan a cabo trabajos de eliminación del artefacto colocado ilícitamente y se realizará la limpieza del área afectada”, añadió.
Detalló que el sitio impactado es una zona baja inundable, sin población ni cultivos cercanos y que la gasolina que transportaba el ducto era producto no terminado aún para su consumo final.
Sin embargo, desde la mañana decenas de habitantes de San Fernando acudieron con cubetas y bidones para recoger la gasolina.
San Fernando se encuentra sobre la carretera federal Cárdenas- Coatzacoalcos, a unos 10 kilómetros de Palo Mulato, donde el pasado 26 de marzo volcó y explotó la pipa que enlutó a 21 familias tabasqueñas.
De esa tragedia aún se encuentran tres personas hospitalizadas en Villahermosa y tres menores en Galveston, Texas con graves quemaduras. De los más de 30 lesionados por esa tragedia, sólo cuatro han sido dados de alta.
Por su lado, el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (Sotop), Manuel Ordóñez Galán, acusó a Pemex de no respetar a Tabasco y ocultar información sobre derrames de hidrocarburo.
El funcionario citó como ejemplo el derrame sobre los ríos Teapa y Grijalva que la semana pasada dejó sin agua potable, durante dos días, a medio millón de habitantes de esta capital, por inmovilización de cinco plantas potabilizadoras.
Reprochó que la empresa sólo tuviera tres empleados deteniendo cordones para proteger las captaciones de las plantas potabilizadoras y cinco pipas para atender al medio millón de habitantes que dejó sin el vital líquido.
“Es absurdo, a nosotros como tabasqueños no nos están dando nuestro lugar, no están respetando, ya que este problema en cualquier otra parte de la República les hubiera costado lo que sabemos que les cuesta”, señaló Ordóñez Galán.
En reunión con empresarios, reveló que el gobernador Arturo Núñez hizo saber a funcionarios de Pemex que lo único que pide es que digan la verdad y se hagan responsables de los daños que provocan al estado y que se comprometía a solucionar cualquier conflicto que se presentara para el desarrollo de la empresa.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Castillo está obligado a responder sobre masacre en Apatzingán: Castellanos
A las fuentes de la periodista se les ha acosado, se les ha perseguido, revela la autora del reportaje.
La periodista Laura Castellanos defendió su investigación sobre la masacre ocurrida el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, la cual fue negada esta mañana por el ex comisionado para la seguridad Alfredo Castillo.
La reportera hizo diferentes preguntas al ex comisionado -las cuales hasta ahora no ha respondido- y consideró que “Castillo está obligado a responder y se debe investigar cadena de responsabilidades”, sostuvo la comunicadora.
En entrevista para Radio Red, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Castellanos detalló que tiene decenas de entrevistas, incluso con algunos de los 44 detenidos aquel día en Apatzingán; otros son testigos circunstanciales, como vecinos, transeúntes, comerciantes. Otros más son familiares de heridos. E incluso obtuvo testimonios de personal del Hospital General Ramón Ponce y del servicio médico forense.
“Todos estos testimonios a lo que apuntan es que a (policías) federales ejecutaron a civiles desarmados en 2 hechos distintos, la madrugada del 6 de enero en la plaza central de Apatzingán y a las 7:45 de la mañana en una avenida importante de Apatzingán ante los ojos de vecinos, de transeúntes, a la luz pública y utilizando ametralladoras M-60, entre otro armamento de alto poder”, señaló.
Lee la entrevista en Radio Red y el audio de la misma:
“Sé lo que ha estado diciendo el ex Comisionado y pienso que es muy importante que, por un lado, se comprendan las circunstancias en las que los testimonios fueron dados, en el anonimato para salvaguardar la integridad, después de la brutalidad y la impunidad con la que se actuó. Yo más bien quiero preguntarle a Alfredo Castillo sobre evidencias que yo estoy mostrando en el reportaje y a las que no ha dado respuesta. Por ejemplo: ¿por qué dos días después de su conferencia de prensa -el 12 d enero-, por qué el 14 de enero el juez Wong de Uruapan, liberó a 43 de 44 detenidos por falta de pruebas, por falta de elementos que los involucraran en la posesión de armas de fuego y en asociación delictuosa?
¿Por qué el juez los liberó y sólo uno quedó preso? Porque era un fuerza rural que estaba de guardia y acudió con su arma larga ante el llamado de la radiotransmisión de que estaban pidiendo apoyo y se le detuvo. También, yo le quiero preguntar a Castillo:¿por qué si dice que en el segundo hecho de sangre fue un enfrentamiento, una emboscada contra los federales, no hubo detenidos?, ¿por qué sólo hubo muertos? Y en ese segundo enfrentamiento lo que no ha dicho él, lo que no ha revelado, es que de los 8 muertos que él mencionó en su conferencia oficial, 3 de ellos eran mujeres, 2 eran una señora y una adolescente de 16 años y las otras víctimas era un adulto, pero los demás eran jóvenes menores de 20 años, algunos de 17 años ¿por qué no ha revelado el sexo y la edad de las víctimas?
Y otra pregunta que yo le quisiera hacer es que explique las evidencias que el personal del Hospital General Ramón Ponce me facilitó, que son fotografías donde se exponen heridas, boquetes de unos 10 centímetros de diámetro, que para el personal médico, son evidencia de que hubo ejecuciones, ¿por qué? porque tienen una quemadura de pólvora en la piel, a ese sello le llaman ‘tatuaje’, y para ellos es una evidencia de que los disparos se hicieron de 10 a 20 centímetros de distancia.
Y que también explique por qué al director del hospital, Carlos Torres Vega, se le impidió trasladar heridos graves al hospital civil de Morelia, y eso durante 7 horas lo impidieron y eso provocó la muerte de uno de los muchachos que estaban heridos y que tenían lesiones provocadas por arma expansiva que les destrozó el bazo, la pelvis y el recto.
Esas preguntas no las ha respondido él y sólo se ha centrado en descalificar diciendo que son testimonios dados en el anonimato.
Pienso -como tú bien dices Sergio en tu artículo de hoy ‘Matanza de Reyes‘- ésta, la masacre de Apatzingán se vincula a la de Tlatlaya y a la de Ayotzinapa.
Sí, yo también concuerdo contigo, que este es un hecho de enorme gravedad y que se tiene que investigar la cadena de responsabilidades tanto a nivel municipal, como estatal y federal, porque otro hecho importante también es -y eso también lo tiene que responder Castillo- por qué en el Semefo de Apatzingán no se llevó, no se trasladó ningún cadáver y tenemos evidencia de que por lo menos 3 fueron trasladados a ciudades distintas, a una distancia de 200 a 300 kilómetros; actas de defunción que señalan que 3 muchachos, menores de 20 años, que eran cortadores de limón, sus cuerpos fueron trasladados uno a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia ¿por qué Castillo no responde estas interrogantes?“.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La periodista Laura Castellanos defendió su investigación sobre la masacre ocurrida el pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, la cual fue negada esta mañana por el ex comisionado para la seguridad Alfredo Castillo.
La reportera hizo diferentes preguntas al ex comisionado -las cuales hasta ahora no ha respondido- y consideró que “Castillo está obligado a responder y se debe investigar cadena de responsabilidades”, sostuvo la comunicadora.
En entrevista para Radio Red, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Castellanos detalló que tiene decenas de entrevistas, incluso con algunos de los 44 detenidos aquel día en Apatzingán; otros son testigos circunstanciales, como vecinos, transeúntes, comerciantes. Otros más son familiares de heridos. E incluso obtuvo testimonios de personal del Hospital General Ramón Ponce y del servicio médico forense.
“Todos estos testimonios a lo que apuntan es que a (policías) federales ejecutaron a civiles desarmados en 2 hechos distintos, la madrugada del 6 de enero en la plaza central de Apatzingán y a las 7:45 de la mañana en una avenida importante de Apatzingán ante los ojos de vecinos, de transeúntes, a la luz pública y utilizando ametralladoras M-60, entre otro armamento de alto poder”, señaló.
Lee la entrevista en Radio Red y el audio de la misma:
“Sé lo que ha estado diciendo el ex Comisionado y pienso que es muy importante que, por un lado, se comprendan las circunstancias en las que los testimonios fueron dados, en el anonimato para salvaguardar la integridad, después de la brutalidad y la impunidad con la que se actuó. Yo más bien quiero preguntarle a Alfredo Castillo sobre evidencias que yo estoy mostrando en el reportaje y a las que no ha dado respuesta. Por ejemplo: ¿por qué dos días después de su conferencia de prensa -el 12 d enero-, por qué el 14 de enero el juez Wong de Uruapan, liberó a 43 de 44 detenidos por falta de pruebas, por falta de elementos que los involucraran en la posesión de armas de fuego y en asociación delictuosa?
¿Por qué el juez los liberó y sólo uno quedó preso? Porque era un fuerza rural que estaba de guardia y acudió con su arma larga ante el llamado de la radiotransmisión de que estaban pidiendo apoyo y se le detuvo. También, yo le quiero preguntar a Castillo:¿por qué si dice que en el segundo hecho de sangre fue un enfrentamiento, una emboscada contra los federales, no hubo detenidos?, ¿por qué sólo hubo muertos? Y en ese segundo enfrentamiento lo que no ha dicho él, lo que no ha revelado, es que de los 8 muertos que él mencionó en su conferencia oficial, 3 de ellos eran mujeres, 2 eran una señora y una adolescente de 16 años y las otras víctimas era un adulto, pero los demás eran jóvenes menores de 20 años, algunos de 17 años ¿por qué no ha revelado el sexo y la edad de las víctimas?
Y otra pregunta que yo le quisiera hacer es que explique las evidencias que el personal del Hospital General Ramón Ponce me facilitó, que son fotografías donde se exponen heridas, boquetes de unos 10 centímetros de diámetro, que para el personal médico, son evidencia de que hubo ejecuciones, ¿por qué? porque tienen una quemadura de pólvora en la piel, a ese sello le llaman ‘tatuaje’, y para ellos es una evidencia de que los disparos se hicieron de 10 a 20 centímetros de distancia.
Y que también explique por qué al director del hospital, Carlos Torres Vega, se le impidió trasladar heridos graves al hospital civil de Morelia, y eso durante 7 horas lo impidieron y eso provocó la muerte de uno de los muchachos que estaban heridos y que tenían lesiones provocadas por arma expansiva que les destrozó el bazo, la pelvis y el recto.
Esas preguntas no las ha respondido él y sólo se ha centrado en descalificar diciendo que son testimonios dados en el anonimato.
Pienso -como tú bien dices Sergio en tu artículo de hoy ‘Matanza de Reyes‘- ésta, la masacre de Apatzingán se vincula a la de Tlatlaya y a la de Ayotzinapa.
Sí, yo también concuerdo contigo, que este es un hecho de enorme gravedad y que se tiene que investigar la cadena de responsabilidades tanto a nivel municipal, como estatal y federal, porque otro hecho importante también es -y eso también lo tiene que responder Castillo- por qué en el Semefo de Apatzingán no se llevó, no se trasladó ningún cadáver y tenemos evidencia de que por lo menos 3 fueron trasladados a ciudades distintas, a una distancia de 200 a 300 kilómetros; actas de defunción que señalan que 3 muchachos, menores de 20 años, que eran cortadores de limón, sus cuerpos fueron trasladados uno a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia ¿por qué Castillo no responde estas interrogantes?“.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
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