MÉXICO, D.F: El programa “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker y producido por Televisa, publicó ayer por la noche un nuevo video de un encuentro entre Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, y el capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”. En el video, el capo en reiteradas ocasiones le pide a Rodrigo Vallejo mandarle mensajes a su padre: “Pero dile a tu papá que le conviene traer a Chucho Reyna”, “Yo le mando un video a tu papá con mucho respeto. Si tú tienes la confianza dile por favor que se lo diga”, “Dile a tu papá y es serio que si quiere saber de algún culero que no lo ubique que me den el número de teléfono para que vayan por él y así”.
En el video también aparece una mujer que presumiblemente es Patricia Mora Vallejo, esposa de Fausto Vallejo. En la conversación, Rodrigo Vallejo expone a “La Tuta” que tiene pleno acceso a la información del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando de Michoacán, mediante el cual espió a una persona de nombre Rafael Villaseñor. Vallejo le reclama a “La Tuta” porque emisarios de “Los Caballeros Templarios” se pusieron en contacto con Fausto, su hermano menor. “Regla de oro, no se metan con mi hermano”, le recuerda Vallejo; el capo responde: “Yo te pido una disculpa, eso no va a volver a suceder”. Por su parte, “La Tuta” se queja de que supuestamente Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, les debe cinco millones de pesos por la liberación de su pariente Alfonso Reyes Hinojosa: “Se comprometió Luisa María Calderón, ¡hija de su puta madre!, a pagar” (sic). A su vez, Rodrigo Vallejo pide a “La Tuta” interceder debido a que Naela Reyes, sobrina de Luisa María Calderón, y una amiga suya a quien identifica como su exnovia, han estado filtrando información contra la familia Vallejo. “La Tuta” se compromete: “Ni pedo a las dos me las ejecuto” (sic). Al final del video, sicarios de “La Tuta” le enseñan a Rodrigo Vallejo una técnica para guardar su pistola.
El pasado once de abril, Rodrigo Vallejo fue liberado del Centro de Readaptación Social de Almoloya, después de difundirse videos y fotografías de sus reuniones con “La Tuta”. El hijo del exgobernador de Michoacán pagó una fianza de siete mil pesos.
MÉXICO, D.F: Alfredo Castillo Cervantes no tiene empacho en decir que es amigo del presidente Enrique Peña Nieto. También lo son sus primos Humberto Castillejos Cervantes, responsable de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade, clave para la aprobación de la reforma energética y quien hoy busca ser magistrado de la Suprema Corte. En enero de 2014 Castillo llegó a Michoacán como comisionado nacional de Seguridad y estuvo ahí un año. Hoy está al frente de un organismo deportivo, un ámbito en el que incursiona por primer vez. Castillo llegó a “coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano”, pero en realidad se comportó como “virrey” –señalan sus críticos– y actuaba por encima del gobernador y del Congreso local. Lo mismo formuló y ejecutó políticas para la prevención de delitos que acciones encaminadas a la reconstrucción de tejido social y al fortalecimiento de las instituciones; también dispuso, ordenó y coordinó acciones de apoyo de fuerza pública federal; solicitó el auxilio de las Fuerzas Armadas; recibió a los delegados, comisionados y representantes del Ejecutivo federal asentados en la entidad. Tenía facultades incluso para solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los miembros de organismos federales en Michoacán y para celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales y municipales. Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para “servicios personales” y el resto para “gastos de operación”, según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la región de Tierra Caliente, convirtiéndolas en Fuerzas Rurales adscritas a la Secretaria de Seguridad Pública local…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
APATZINGÁN, MICH: Miembros de las Fuerzas Rurales sobrevivientes de la matanza del 6 de enero en Apatzingán, quienes fueron detenidos y posteriormente liberados por órdenes del juez Jorge Wong Aceituno, denuncian que se ha emprendido una campaña de acoso y persecución en su contra. De los que fueron puestos en libertad, 25 formaban parte del grupo de la Fuerza Rural G-250, creado por Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, para capturar en la sierra al líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta. Uno de los sobrevivientes de la matanza y exintegrante del G-250 afirma en entrevista que luego de la liberación ordenada por el juez Wong el pasado 14 de enero se desató una “cacería de brujas” contra ellos, pues, dice, “los federales estaban en busca de nosotros, de los sobrevivientes y de los liberados”. Asegura que policías federales han acudido a viviendas de varios exintegrantes del grupo. Llegan “reventando puertas”, realizan detenciones sin órdenes de aprehensión y decomisan las armas que éstos habían registrado como parte de la Fuerza Rural…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LAURA CASTELLANOS.
Evangelina Hernández Duarte, cercana al jefe de Gobierno, impugna la decisión del IEDF, que le negó el registro de su candidatura a una diputación local alegando que fue vocera del instituto.
En plena batalla electoral y cuando todos están en campaña, Evangelina Hernández Duarte, una de las incondicionales del equipo del jefe de Gobierno, impugnó la decisión del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que la dejó sin registro para candidata a diputada local. Negarle el registro a esta aspirante vinculada con el primer círculo del GDF fue a todas luces un golpe bajo que se operó desde el IEDF en contra de Miguel Ángel Mancera. Algunos de los que fueron protagonistas de este episodio que ocurrió la madrugada del sábado, veinticuatro horas antes del arranque de campañas, cuentan que el expediente de Evangelina Hernández Duarte, candidata del PRD a diputada local por el distrito 26, fue solicitado de forma urgente por el presidente del IEDF, Mario Velásquez, para su directa revisión. En una maniobra política que apenas duró unas cuantas horas, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, sufrió un golpe bajo cuando el IEDF anunció que la candidatura de Evangelina, considerada una de sus “adelitas”, era improcedente. Con poco margen para maniobrar políticamente, pues faltaban 24 horas aproximadamente para el arranque de campañas en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno y el PRD capitalino tuvieron que acatar momentáneamente la decisión. Evangelina, una de las colaboradoras de todas las confianzas de Mancera, había desbancado en el Distrito XXVI a uno de los operadores de Héctor Serrano. La decisión del IEDF fue tardía, pero con la contundencia de bajar de la contienda a Hernández Duarte, quien fue vocera del Instituto y a quien conocen bien cada uno de los consejeros que votaron (cuatro a favor y dos en contra) para que se le negara el registro. El pretexto: su pasado en órgano electoral De acuerdo con el razonamiento de la mayoría que le negó el registro, la candidata del PRD incumple con la fracción II del artículo 294 del Código Electoral del DF, el cual dispone que para ocupar un cargo de elección popular, no se debe haber tenido cargo de dirección en los órganos electorales, a menos que se hubiera separado del mismo cinco años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. Fuentes consultadas refieren que la maniobra fue planeada. Fue un golpe bajo para el jefe de Gobierno. La Dirección de Asociaciones Políticas del IEDF fue la que elaboró todos los dictámenes de candidatos, excepto el de Evangelina, cuyo caso fue solicitado expresamente por la Secretaría Ejecutiva que orgánicamente depende del magistrado presidente, Mario Velázquez. La madrugada del sábado que se votó el dictamen, el presidente del IEDF no tuvo el valor de votar y convenientemente se excusó de conocer el asunto, al haber sostenido una relación laboral con Evangelina Hernández cuando fungió como su vocera. La excusa “es un compromiso de ética y de responsabilidad”, según informó el IEDF de la decisión de su presidente. La estrategia a seguir Pase lo que pase, durante la primera semana de campaña, la exvocera del IEDF quedó fuera. Ayer presentó denuncia ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), en donde acusa al IEDF de violar los tiempos para emitir el registro de candidaturas. La defensa de Evangelina Hernández puntualiza que los artículos 298 y 300 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece que, luego de que se cierra el plazo para registro de candidaturas a diputados local, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente o candidato independiente, para que dentro de las 72 horas siguientes subsane los requisitos omitidos, o en el caso de los partidos, sustituya la candidatura. En el caso que compete a Hernández Duarte, el registro de candidato a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el proceso inició el 10 de marzo, el último día fue el 20. El IEDF contó con tres días para revisar su expediente y luego 72 horas más para que el PRD subsanara requisitos, para el día 27 de marzo tuvo que emitir una lista preliminar para el registro de candidatos procedentes. Sin embargo no fue así, el IEDF bajó a Evangelina Hernández la noche del sábado, primeras horas del domingo, a escasas 24 horas de que iniciara su campaña. La impugnación Pero más allá de la jugada de último minuto que reventó a una de las incondicionales del jefe de Gobierno se pretende debatir el argumento central por el que se votó en contra de concederle el registro. En ese sentido, la defensa para la candidatura alega que la Unidad Técnica de Comunicación Social, de la que Evangelina era la responsable, no puede equipararse ni forma parte de la Comisiones del IEDF. Y que desde ese cargo, Hernández Duarte no votó (como el caso de los consejeros) ni tomó decisiones de los procesos electorales. De acuerdo con lo que establece la norma, para ser diputado a la Asamblea local se requiere: no ser consejero presidente, consejero electoral, director ejecutivo o persona profesional directivo del IEDF ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. El cargo de titular de una Unidad Técnica del Instituto Electoral no está previsto en alguna de las prohibiciones previstas ya que no se trata de un cargo del personal profesional directivo de dicho instituto.
Con base en este razonamiento, el titular de una unidad técnica del IEDF (como es el caso) sí puede ocupar el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa local. En razón de que los cargos de dirección de personal administrativo de los órganos electorales no están comprendidos dentro de las restricciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Como sea, la maniobra en contra de la exvocera se consumó. La impugnación a la negativa de registro se presentó ante el Tribunal Electoral del DF (TEDF), y en caso de estar inconformes con su resolución pueden promover ante el Poder Judicial de la Federación. Si la resolución resultara favorable, la incondicional del jefe de Gobierno entraría tarde a la contienda que los demás candidatos iniciaron el lunes.
El golpe fue bajo y le pegó directo a Mancera… ¿de dónde provino? FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Abogado de las agrupaciones de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acusa al director de la terminal aérea de tejer una red de protección para Taxis Excelencia.
Organizaciones de empresas de taxis acusaron ayer a Alexander Argudín, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de operar en contubernio con el PRD capitalino. Humberto Gallardo Moreno, representante legal de organizaciones de taxistas que operan en el aeropuerto capitalino, aseguró que Argudín teje una red de protección con líderes perredistas para que continúe la operación ilegal de la empresa Taxis Excelencia en el AICM. El abogado señaló a Valentín González Bautista y al candidato del PRD a jefe delegacional de la Venustiano Carranza, Israel Moreno, como los perredistas identificados con el director. “A cambio, según nuestras fuentes que son absolutamente confiables, Argudín se comprometió a entregar al PRD-DF los permisos adicionales que corresponden a las agrupaciones de taxistas que firmaron el convenio de octubre de 2014”, detalló Gallardo Moreno. Permisos pendientes Líderes de taxistas se presentaron el lunes en la dirección del aeropuerto capitalino para reclamarle al titular el incumplimiento en la entrega de concesiones para operar taxis en el AICM. Los taxistas están inconformes con la dirección por la operación de la empresa Taxis Excelencia, que da servicio sin permiso de la SCT y con un adeudo de más de 180 millones de pesos. El año pasado los grupos de taxistas que reclaman la operación de Taxis Excelencia celebraron un convenio con las autoridades de la terminal aérea para que este reconozca la solicitud de 175 nuevos permisos. Sin embargo, Argudín ha hecho caso omiso a la petición de regularizar los permisos a pesar de que los taxistas ya han hecho los trámites correspondientes y las agrupaciones han incluso comprado los vehículos para comenzar operaciones. “Y a pesar de que la SCT turnó el expediente al aeropuerto también desde febrero, es la hora que Argudín no se ha dignado atender el asunto”, aseveró Gallardo. El defensor de los transportistas agregó que el funcionario tiene un expediente negro.
“En el año de 1992 Argudín fue supuestamente cesado de su cargo como Coordinador de Transportación Terrestre del AICM, porque se apropió indebidamente de algunos permisos que fueron vendidos al mejor postor, y todo para financiar los gastos de su boda con la sobrina del entonces presidente Carlos Salinas”, argumentó Gallardo Moreno. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: HIDALGO NEIRA.
MÉXICO, D.F: Tres especialistas en transparencia consultadas por este semanario coinciden en un punto: la necesidad de investigar el posible conflicto de interés en el que pudo haber incurrido el secretario de Gobernación. “El que haya rentado no lo exime de un posible conflicto de interés”, explica Jaqueline Peschard. Para saberlo, dice, deberían contrastarse los contratos de arrendamiento con los precios de mercado. “Si a partir de la relación con el contratista se las dieron más baratas (las rentas), sí podría (haber conflicto de interés)”. Para Lourdes Morales, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la fórmula que se ha venido repitiendo en este sexenio –contratistas federales de obra que facilitan viviendas a los gobernantes– podría “perfectamente” encajar en la definición de conflicto de interés. “Merecería una investigación más profunda. En el tema de obras y de la relación sector público-sector privado habría que afinar los mecanismos de seguimiento y de las operaciones que se hacen con funcionarios para evitar conflictos de interés. “Hay una duda fundada (en el caso de Osorio). Todo esto se podría despejar si da más información. Así se clarificaría si hay conflicto de interés o no. Creo que es un caso grave, como la Casa Blanca es un caso grave y las explicaciones que han dado son muy deficientes. Aquí estamos hablando de una noción básica de rendición de cuentas que no tenemos”, puntualiza Morales. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señala que entre otras cosas el conflicto de interés se puede configurar cuando las acciones de los funcionarios están ligadas a un interés personal secundario.
Fragmento de las entrevistas que se publican en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES/SANTIAGO IGARTUA.
XALAPA, Ver: El presidente Enrique Peña Nieto admitió hoy aquí que hay “algunas zonas el país” donde la delincuencia mantiene un velo de violencia y amenaza a la sociedad, y por ello “el Estado mexicano ha venido sumando fuerzas para reducir la violencia y crear mejores condiciones de convivencia”. Pese a admitir esa realidad, Peña Nieto también se ufanó de que en el país se ha “detenido” o “abatido” a 93 de los 122 delincuentes más peligrosos de la nación en lo que va de su sexenio. Este martes, Peña Nieto asistió acompañado de su esposa, la exactriz Angélica Rivera, a la toma de jura de bandera de los cadetes de la escuela naval de Antón Lizardo. Al acto desarrollado en el municipio de Alvarado también acudieron los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y del Estado de México, Eruviel Ávila, así como parte del gabinete federal. En su mensaje, Peña Nieto aseguró que hay “ejemplos contundentes” y “resultados positivos” de golpes a las estructuras del crimen organizado; sin embargo, sobre la reciente publicación de los ataques de policías federales a civiles en Apatzingán, Michoacán en enero pasado y publicados por Proceso esta semana en su edición 2007, el priista evitó alusión directa alguna. Por el contrario, el Ejecutivo federal presumió que en el primer trimestre del año en curso disminuyó en 24% el número de secuestros en el país, mientras que las averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos lograron reducirse a 27%, comparativos hechos con el primer trimestre de su gobierno en el 2012. No obstante, Peña Nieto admitió que hay “algunas zonas el país” donde la delincuencia mantiene un velo de violencia y amenaza a la sociedad, y por ello “el Estado mexicano ha venido sumando fuerzas para reducir la violencia y crear mejores condiciones de convivencia”. Enseguida, hizo un llamado a las fuerzas armadas y navales a no “bajar la guardia” en el combate a la delincuencia organizada: “Vamos por la ruta correcta, en la protección de nuestro país”, festinó. La visita exprés de Peña Nieto a Veracruz sólo incluyó la jura de bandera de los cadetes navales y el acto protocolario alusivo al 101 aniversario de la Heroica Defensa de Veracruz, y en la misma escuela se hizo entrega de un “simulador” marino y aéreo para el combate a la delincuencia.
Del gabinete legal y ampliado asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón, así como los secretarios de Educación, Emilio Chuayffet; Hacienda, Luis Videgaray, y Gobernación, Miguel ángel Osorio Chong. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Los coordinadores del PRI y del Partido Verde en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón y Carlos Puente, respectivamente, presentaron una iniciativa de ley para reformar el artículo 73 fracción XXI de la Constitución, para “fortalecer el orden jurídico en materia de desaparición forzada de personas y tortura”. La iniciativa plantea tipificar en el artículo constitucional este delito y sus sanciones en los órdenes federal y local. Además, busca regular la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada de personas, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas. La iniciativa del PRI y el Verde propone crear un Sistema Nacional de Búsqueda, con protocolos diferenciados para los distintos casos de personas no localizadas, incluyendo las desapariciones forzadas. En materia de tortura se busca facultar al Congreso para que emita una ley general que permita armonizar la legislación federal y local de ese delito. Hasta ahora el PRI y el Verde habían minimizado el impacto de los casos de desapariciones forzadas denunciados por decenas de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeros, a raíz de los casos de Tlatlaya, en el Estado de México, y en especial el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la presentación de la iniciativa, Gamboa Patrón afirmó que la propuesta “responde a la convocatoria del presidente Enrique Peña Nieto, quien en noviembre de 2014 hizo un llamado para que se realicen las acciones conducentes para fortalecer y poner al día los instrumentos jurídicos y legislativos tendientes a fortalecer la protección de los derechos humanos”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los reos en las cárceles del DF es la falta de acceso a un abogado. Para remontar ese abandono, actualmente, 171 presos cursan la carrera de leyes dentro de esas prisiones. Algunos ya se han convertido en abogados de sus compañeros de celda.
Un resquicio de libertad se filtra en el férreo sistema carcelario mexicano. Uno de los principales problemas de los reos en las cárceles en el país es la falta de acceso a un abogado honesto. Pero esa situación está cambiando, pues ahora -a la par de sus condenas- decenas de reclusos realizan estudios universitarios para titularse como litigantes y llevar no solo sus procesos penales, sino los de otros internos que no tienen la posibilidad de proveerse un defensor particular. Los primeros reos abogados de México son el resultado del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal (PESCER). Este modelo de readaptación social fue planteado por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y actualmente se encuentra en observación con miras a ser aplicado por otros sistemas carcelarios de América Latina. A la fecha, son 171 personas privadas de su libertad, entre hombres y mujeres que asisten a clases universitarias en reclusión, con la intención de obtener un título y una cédula profesional en las carreras de derecho, ciencias políticas y literatura. El 98 por ciento de los internos de 10 centros penitenciarios de la Ciudad de México, han preferido la carrera de abogacía. De acuerdo a la directora del PESCER de la UACM, Alejandra Díaz, 22 internos ya han inscrito trabajos recepcionales para alcanzar el título de licenciados, la mayoría de ellos en derecho. En algunos casos, los reos que dentro de prisión han podido concluir la carrera de abogado -igual que los más de 160 estudiantes presos que aún están en proceso de recibirse- se han convertido en los abogados de sus compañeros internos que no cuentan con la posibilidad de llevar una defensa particular o no son atendidos eficientemente por el sistema de defensoría pública. Muchos de los presos que ahora son abogados no cobra por sus servicios de orientación y litigio. Se estima que en promedio anual, cada uno de los litigantes en prisión además de llevar sus procesos penales atienden entre 200 y 250 asuntos de sus compañeros, los que principalmente tienen que ver con amparos y apelaciones. Presos y solidiarios Durante su estancia en la cárcel de Santa Martha Acatitla, Cristina Gamero atendió más de 300 casos de sus compañeras. Cristina ahora está en libertad y es la abogada que más asuntos llevó desde la reclusión. Sin cobrar un solo centavo por sus asesorías y servicios, liberó a algunas de sus compañeras por la vía del amparo además de facilitarles la vida a otras reclusas mediante escritos dirigidos al sistema penitenciario del DF. Desde que Ismael Ricardo Aguilar Sánchez se tituló, en junio del 2012, cuando sustentó su tesis “Reformas violatorias a las garantías del Constituyente del 17 y del Estado de Derecho”, no han faltado en las prisiones del Distrito Federal los abogados presos que en medio de las carencias naturales de la cárcel buscan la forma de ayudar gratuitamente a sus compañeros. Esos que entre tanta pobreza no pueden ni costear los gastos “para copias” que les solicitan algunos litigantes privados y públicos. La población carcelaria en el Distrito Federal asciende a 43 mil personas, de las que al menos unas 11 mil realizan estudios que van desde la alfabetización hasta cursar la educación primaria y secundaria. Casi el 43 por ciento de las y los internos están inscritos en algún curso de capacitación para el trabajo. La historia de Cristina Apenas escuchó que los pasos de la custodia se alejaron por el pasillo, Cristina pegó un salto de su cama. Como un gato nocturno se deslizó hasta la reja. Atisbó desde su celda que la ronda cumpliera su rutina. Lo último que quería eran testigos. Con la boca amarga y el corazón acelerado dio dos vueltas en su espacio. En el aire flotaba el siseo del súpito sueño de las otras internas. Ella estaba resuelta a terminar con su vida. Como si sus manos se movieran solas, Cristina miró cuando tomó un vaso de la pequeña alacena que compartía. Vertió una porción de cloro y otra de limpiador de pino. Agregó dos cucharadas de insecticida y sin pensarlo lo bebió de un trago. El dolor fue inmediato y demoledor. El estomago se contrajo y lo último que recuerda fue el grito agudo, ahogándose en la noche de la cárcel de Santa Martha. Cuando despertó, 24 horas después, en la torre médica de Tepepan, Cristina estaba confundida. El sabor a Cloro y Pinol aun hacían que se arqueara. El dolor en el estómago era intenso, pero más le dolía la angustia de saberse presa. Le dolió mucho más saberse viva. Con los ojos cegados por las lágrimas y el medicamento, sintió una presencia a su lado. No quiso voltear a ver quién se tomó la molestia de tocarle la frente y limpiarle las lágrimas de sus ojos cerrados. Escuchó la voz grave y firme. Le dijo “mija”, como solidariamente se llaman entre sí las internas en Santa Martha. Aquella voz le habló a Cristina de la valentía de vivir, de la responsabilidad de ser mujer, de la importancia de asumir la desgracia para convertirla en servicio a los demás. La maestra Elba Esther Gordillo, enfundada en su bata de interna, con su característico pelo teñido, fue la luz que la hizo entender la importancia de la vida. Le habló del estudio.
En los días siguientes la maestra Elba Esther no soltó a Cristina. La asumió como su encomienda personal y la llenó de valor. Las palabras de la exdirigente del SNTE le calaron hondo. Cristina asumió la mirada materna y todo el cariño que emanaba de aquellas manos a veces temblorosas de Elba Esther. Cristina salió de la Torre Medica de Tepepan y se reincorporó a su estudio de abogada. Su maestría en Administración le sirvió para entender el derecho mercantil. Se afianzó como una de las mejores litigantes de Santa Martha, llegó a tener 300 casos por resolver. En su celda hacían fila sus compañeras a las que nunca les cobró un peso por los amparos y recursos que interpuso. La libertad la alcanzó aun antes de concluir la carrera en derecho. Terminó de estudiar afuera de la prisión, dejó la administración y hoy se dedica en cuerpo y alma a la defensa de las mujeres encarceladas. La maestra Elba Esther le motivo, fue su ángel en el mundo oscuro de la cárcel. La bendice en voz baja y se seca los ojos llorosos que le deja la entrevista. Las oscuras cárceles federales En ninguno de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) del país existe un programa de formación académica para los internos. Para cumplir con tratados internacionales, en las cárceles federales se simula un programa escolar que, en la mayoría de los casos, se imparte en módulos de 15 minutos cada 30 días. Al interior de los Ceferesos se aparenta la impartición de clases de alfabetización, primaria y secundaria, pero no tienen validez oficial, son cursos intramuros que no se llevan con regularidad, que tardan en reanudarse hasta 8 meses y sin ningún tipo de continuidad. Los reos de las cárceles federales -que en su mayoría están acusados de delitos graves, en donde resaltan la delincuencia organizada, el secuestro y el narcotráfico- no tienen la opción de cursar una carrera profesional dentro de la prisión. A los internos de los Ceferesos que por la vía del amparo logran acceder a la educación a distancia, se les pone como principal traba el impedimento para el acceso de libros para sus estudios, supeditando la presencia de los textos académicos al interior de las celdas, tema que es tratado como un asunto de seguridad interna. La disyuntiva de la legalidad Frente al proceso de formación de profesionistas –principalmente abogados al interior de las cárceles del Distrito Federal- se ha abierto el debate entre defensores de los derechos humanos y penalistas. Unos, abogan por el derecho a la educación de los internos, los otros, ponen sobre la mesa las normas de seguridad penitenciaria, donde la ley resulta ambigua. La Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal establece en su artículo 34 que “Todo sentenciado tendrá derecho a la educación, para lo cual la Subsecretaría Penitenciaria desarrollará, con las autoridades competentes, los programas de estudio correspondientes a los niveles básico, medio, medio superior y superior, mismos que tendrán validez oficial.” Por otra parte, la misma ley en su artículo 28 describe que “Los procesados y sentenciados tendrán derecho a desempeñar un trabajo con una remuneración económica (…) para ello, las autoridades tienen obligación de proveer fuentes de empleo en los Centros de Reclusión. Sin embargo, establece que queda prohibido que un interno trabaje para otro. Esta ambigüedad hace que en la mayoría de las cárceles la relación defendido-abogado deba mantenerse en secreto a fin de que ninguna de las partes sea sancionada por la autoridad penitenciaria. Pese a esa condición, casi tres docenas de abogados reos prestan sus servicios a sus compañeros en diversos centros penitenciarios, quienes con la ayuda de familiares hacen la entrega de escritos ante los juzgados, y en casi el 90 por ciento resultan favorables para los demandantes de la protección de la justicia. En los últimos dos años, al menos 560 internos han sido beneficiados en los juzgados locales y federales por amparos que salieron del interior de las celdas de las cárceles del Distrito Federal; 38 reos han sido liberados directamente por sus compañeros de celdas que decidieron asumir la su defensa en forma solidaria. Cambian castigos por bibliotecas El sistema penitenciario del Distrito Federal ha humanizado sus medidas de tratamiento para los internos, reconocen algunos presos. Cada vez son menos los casos en donde la segregación es la respuesta de las instituciones carcelarias a las faltas de obediencia de los reos. En el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el Consejo Técnico Interdisciplinario ha optado por no segregar más a los presos infractores ante las faltas de algunos internos. El temible apando –las celdas de aislamiento- se ha suplido por periodos de lectura a los que se obliga a los internos sancionados. Se documentan algunos casos en donde en caso de riñas, los reos recibieron como sentencia disciplinaria la lectura de un libro por cada 5 días de aislamiento que le correspondería. A otros presos, candidatos a la segregación, se les obliga a un periodo de servicio a la comunidad interna en el área de las bibliotecas o como asistentes del personal que labora en la impartición de clases de nivel universitario. La mayoría de los “castigados” en las bibliotecas solicitan seguir en servicio de lectura a los otros reos. La cara amable de la cárcel La rigurosidad de la cárcel en el Distrito Federal se ha visto más humana desde la institución del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social, reconocen algunos internos que han visto la evolución de ese programa que ya cumple 10 años de operación.
Y es que a la fecha, se atiende a 14 grupos de internos, a los que se les imparten 63 cursos universitarios con el apoyo de 46 profesores externos, todos acreditados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución que también realiza 4 talleres de difusión cultural. Solo en lo que va de este año, el PESCER ha registrado a 13 estudiantes que están por concluir con su trabajo social para iniciar el proceso de titulación, además de que se han sumado a las aulas intraceldas otros 7 estudiantes que aspiran a ser abogados. Los graduados Nuevos abogados > Melitón Montiel Juncal > José de Jesús Ramírez Pedraza > Luis Edgar Arrona Escoto Se graduarán en un mes > Roberto Zamarrón Atilano > Ángel Núñez Bahena
A tres días de que venciera su licencia, Ángel Aguirre aclaró ayer que solicitará una extensión y no se reintegrará a la gubernatura.
Pese a que que existían especulaciones de que Ángel Aguirre Rivero, gobernador con licencia de Guerrero, regresaría a su puesto, ayer quedó confirmado que no volverá. El líder del PRD, Carlos Navarrete, dijo por medio de un comunicado que Aguirre Rivero volverá a solicitar licencia y no regresará a encabezar el Gobierno de Guerrero. Esto después de haber pedido licencia ante la crisis suscitada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala el pasado septiembre. “Será el Congreso de Guerrero quien resuelva el tema respecto a quien mantiene la titularidad del ejecutivo del estado”, declaró el perredista por medio de Twitter. Y es que tras solicitar y obtener licencia en octubre de 2014, Aguirre se separó del cargo de gobernador del estado con el fin de facilitar las investigaciones sobre el caso Iguala; sin embargo, el permiso tiene como vencimiento este 24 de abril. Rogelio Ortega asumió entonces el rol de gobernador interino de Guerrero. No meterá mano En días recientes, Ortega había insinuado que, según su información, Aguirre tenía intención de retomar el cargo al vencer su licencia este viernes. Poco después, el gobernador interino dijo que tal vez la intención de Aguirre era la de nombrar al senador Sofío Ramírez como secretario de Gobierno, para luego volver a pedir licencia. No obstante, ayer el mismo Aguirre desmintió dichas palabras.
“No me he involucrado, ni lo haré en el proceso electoral. Lo primero es la paz y estabilidad de Guerrero”, le dijo Aguirre a Milenio. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: El grupo financiero Banamex revisó hoy a la baja su pronóstico de crecimiento económico para 2015 a 2.8%, desde el 3% de su última estimación. El hecho se agrava si se considera que a finales del año pasado Banamex estimaba que la economía mexicana crecería este año en 3.4%. Entre las razones que lo llevaron a modificar su previsión está un débil desempeño de la actividad económica, producto de una desaceleración de las exportaciones manufactureras, pues en el último trimestre de 2014 crecieron a un ritmo de 9.7% real anual, mientras que en los dos primeros meses de este año sólo lo hicieron a un promedio de 4.6%. No obstante, en su análisis difundido este martes, señala que ese desempeño se vio compensado en parte por un mejor comportamiento del mercado interno, en el que particularmente las ventas al menudeo crecieron 2.1% en enero, que es el mejor registro en los 13 meses previos. En su revisión a la baja de sus pronósticos de crecimiento para este año, los analistas de Banamex consideraron también el hecho de que en Estados Unidos el crecimiento se desaceleró en el primer trimestre de 2015, debido a las duras condiciones ambientales que obligaron a un mayor uso de equipo eléctrico y gas. Explican que el simple hecho de que el actual estimado de crecimiento del PIB en Estados Unidos –de 1.5%–, “implica una revisión sustancial a la baja del crecimiento del PIB de México, desde el 3.1% anterior hasta 2.8%”. Por ello, afirman, “estas son, por supuesto, revisiones que, por el hecho de que 80% de las exportaciones de México se destinan hacia Estados Unidos, no pueden ser ignoradas en nuestro escenario base”. Pero no sólo Banamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento económico de México. Lo hicieron también la mayoría de las instituciones financieras que incluye en su encuesta quincenal de expectativas, en la que consulta a 24 firmas sus previsiones. Y los datos hablan de una continua baja en las estimaciones de crecimiento del PIB para este año. En la última Encuesta Banamex de Expectativas, que así la denominan oficialmente, el consenso apostaba a un crecimiento del PIB de 3.4%. Al inicio de este año, en la primera encuestas ya lo habían bajado a 3.38%, una baja marginal. Pero luego de siete encuestas más el consenso estima que la economía mexicana crecerá este año sólo 2.83%, tres décimas más que el propio Banamex, según difundió este martes.
Para comparar, el rango establecido por la Secretaría de Hacienda se mantiene en un optimista 3.2% a 4.2%, que contrasta con el rango último del Banco de México, de 2.5% a 3.5% para 2015. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
MÉXICO, D.F: Jaime Eduardo Quevedo Gastélum, El Niño de Oro, presunto líder de una banda de secuestradores y sobrino de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, fue capturado hoy, confirmó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Sinaloa. El procurador del estado, Marco Antonio Higuera Bernal, informó que el sobrino de Amado Carrillo fue capturado en Culiacán, Sinaloa, y que es hijo de Rodolfo Carrillo pero usaba los apellidos de su mamá para pasar desapercibido.
En conferencia de prensa, el funcionario relató que la banda de secuestradores que lideraba El Niño de Oro mataba a sus víctimas aunque cobraran el rescate. Sólo una persona fue liberada tras cobrar el rescate y sólo porque se trataba del abuelo del jefe de la célula criminal, sin embargo el que fue a pagar el rescate fue asesinado. Según la PGJ, Quevedo Gastélum es considerado un hombre sanguinario y junto con él fueron detenidos sus escoltas: Miguel Ángel Castillo Carrillo –también familiar de los Carrillo Fuentes– y Nelson Quintero González. Los tres fueron detenidos el lunes pasado, junto con otros cuatro que no han sido identificados, tras una balacera en Culiacán que dejó dos muertos. El lunes, alrededor de las 15:00 horas, elementos de la Policía Ministerial y presuntos delincuentes se enfrentaron durante dos horas en la colonia San Carlos, en Culiacán. El tiroteo dejó un saldo de tres muertos y siete detenidos, entre ellos Quevedo Gastélum. Los ministeriales intentaban rescatar al empresario Ernesto Valdez, quien había sido secuestrado, sin embargo fue asesinado por sus captores. El procurador negó que haya sido un operativo fallido y detalló que los secuestradores adquirieron equipo de comunicación en Tepic y Guadalajara para realizar sus operaciones ilícitas.
También refirió que tras el operativo decomisaron a los presuntos delincuentes un rifle con aditamento lanzagranadas conocido como Barret, dos pistolas 9 milímetros y otras dos calibre .45. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Si bien la semana pasada, el Banco Mundial (BM) pidió a los mexicanos “paciencia” mientras dan frutos las “reformas estructurales”, hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advirtió que “tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad”. Y esa realidad no es favorable para la economía mexicana. Desplome de los precios del petróleo y, por lo tanto, menores ingresos en los siguientes años, ya que una tercera parte de las finanzas públicas del país dependen de los recursos obtenidos a través de ese combustible, que se abarató de manera abrupta y se produce cada día menos. Videgaray lo dijo así al inaugurar el The Real Estate Show, evento de vivienda celebrado en el Centro Banamex: “Los mexicanos tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad. Si de preservar la estabilidad de la economía se trata, tenemos que reaccionar ante este fenómeno, ante este evento, con responsabilidad y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria, sino algo de características permanentes, y por lo tanto reaccionar como se reacciona ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos”. El segundo motivo de preocupación para el encargado de la política fiscal del país es la volatilidad en los mercados financieros ante la inminente alza de las tasas de interés en Estados Unidos. El funcionario insistió en que “no sabemos exactamente cuándo y cómo ocurrirá, existe un gran debate entre los analistas y la prensa especializada, pero es indudable que existirá un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, con las consecuencias que eso implica para las economías emergentes. “Al elevarse las tasas de interés en Estados Unidos, es de anticiparse que ocurra cierta reversión en los flujos de capital hacia los países emergentes y México no puede sustraerse de esa realidad”. Además, el titular de la SHCP precisó que el hecho de que sea solamente Estados Unidos el que está por modificar su política monetaria, mientras se espera una expansión prolongada de la política monetaria en Europa y en Japón, provoca una apreciación notable del dólar estadunidense frente a todas las monedas. Las “fortalezas especiales” Videgaray Caso aprovechó la ocasión para presumir que “a México se le distingue como una economía que tiene mejor preparación para enfrentar la tempestad y que tienen mejores perspectivas de crecimiento”. Eso sí, aclaró que ello no significa que México no sentirá los efectos de la volatilidad y la reversión de flujos de capitales fuera de los países emergentes, quiere decir que, comparados con otras economías emergentes, “sin lugar a dudas tenemos fortalezas especiales”. Y las enumeró: Tipo de cambio flexible desde hace 20 años. Nivel de déficit de la cuenta corriente, apenas superior a 2% del PIB, cuando otros países, como en Colombia o Brasil, tienen niveles cercanos a 4%. Instrumentos para proveer la liquidez a los mercados en los momentos más desfavorables como lo son las reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional. También mencionó que México cubre las necesidades de financiamiento externo para todo el año 2015 y tiene la confianza de los inversionistas al emitir deuda… No dejó de lado el contrato de las coberturas petroleras y los números de otras variables macroeconómicas que indican “el buen paso de la economía mexicana”.
Lo cierto es que a más de dos años de iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el objetivo de crecer a tasas superiores a 5%, gracias a las reformas, se va esfumando ante esta “nueva realidad” económica. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
El Senado aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que entre otras cosas otorga mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el uso de los recursos públicos prácticamente en tiempo real.
En plena temporada electoral y en medio de múltiples acusaciones de corrupción de todos contra todos, el Congreso de la Unión concluyó con la aprobación de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que pretende marcar el inicio de una nueva forma de combatir este delito en México. El nuevo sistema institucional permitirá la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción y responsabilidades de quienes los cometan o inciten. Ayer, el Senado dio la aprobación al Sistema que nació en la Cámara de Diputados; esto, aunque la oposición pretendía hacerle cambios para que todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, fueran sujetos de este nuevo Sistema. “Es un sistema de excepción, en donde el presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley, lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad”, criticó el senador Alejandro Encinas. Sin embargo, el PAN y el PRD desistieron de los cambios con tal de que la parte medular del Sistema fuera aprobada y enviada a los congresos estatales. A cambio, ingresaron una iniciativa para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, incluido el primer mandatario, para que no haya privilegios de ninguna clase. Esta iniciativa está radicada en las comisiones del Senado. Todos parejos En el nuevo SNA se establece un nuevo esquema de sanciones a quienes estén implicados en actos de corrupción y se incluye a los particulares que participen en ellos. Ahora, no solo los servidores públicos podrán ser sancionados si cometen un acto de corrupción, sino también se podrá castigar a particulares. Si un particular participa en una falta administrativa grave, se le podrán aplicar sanciones económicas; inhabilitarlo para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y con el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública “o a los entes públicos federales, locales o municipales”. La investigación será realizada por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control; y serán castigados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos en los estados. Se incorpora, además, la extinción de dominio en los casos que se demuestre que hubo enriquecimiento ilícito. Se aumentó el plazo de prescripción de delitos de corrupción; pasó de tres a siete años. Además, los servidores públicos deben presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, aunque no tienen obligación de hacerlas públicas. Fiscalizar recursos de los estados La Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedará con mayores facultades para investigar actos de corrupción, realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos estatales. El punto que detuvo durante semanas la votación del SNA fue la revisión que la Auditoría podría realizar a dinero ejercido por los estados. En el paso de la iniciativa por San Lázaro, diputados revelaron que varios gobernadores cabildearon para que esta revisión no pudiera hacerse pues, consideraban, atentaba contra el federalismo y la autonomía de cada entidad. Sin embargo, los legisladores de oposición se opusieron a esta posibilidad y las entidades deberán rendir cuentas sobre esos recursos. Ahora, la ASF podrá fiscalizar recursos locales que provengan de deuda contraída por los estados, pero que esté garantizada por la Federación. Además, podrá fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. La ASF podrá ahora realizar auditorías al ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal en curso, siempre que sea promovido por denuncias, para sancionar posibles actos irregulares. Además, la Auditoría podrá imponer sanciones a los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno y a los particulares cuando detecte irregularidades. La conformación del nuevo Sistema El peso más importante del nuevo SNA estará en un Comité Coordinador, que será el encargado de establecer los lineamientos de prevención y combate a la corrupción. En un principio, el PRI impulsaba que este Comité estuviera encabezado por el Presidente de la República y los titulares de los poderes de la Unión y otros funcionarios. Esto, sin embargo, fue descartado por la oposición, quienes presionaron para que no se propiciara que éstos fueran juez y parte en el combate a la corrupción. Ahora, el Comité Coordinador estará conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Anticorrupción; la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estarán además el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); el Consejo de la Judicatura Federal; y un representante del Comité de Participación Ciudadana –que se conformará con ciudadanos que destaquen por su trabajo a favor de la transparencia-. Este Comité Coordinador será el encargado de diseñar y promover las políticas de fiscalización y control de recursos públicos, además de aquellas para la prevención y disuasión de la corrupción. El Comité va a establecer las bases de coordinación con todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno y con los sistemas anticorrupción locales, que se deberán instalar en cada uno de los 32 estados del país.
Una de las limitaciones del Comité será que podrá emitir recomendaciones, pero no vinculantes, a aquellas autoridades que necesiten mejorar la prevención de faltas administrativas. Además del Comité Coordinador, el SNA instituye que cada uno de los entes públicos tendrán órganos internos de control que estarán encargados de investigar los actos de corrupción que ocurran en esas dependencias. En el nuevo SNA se especifica que se cambiará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de imponer las sanciones por hechos graves de corrupción, incluyendo el pago de indemnizaciones y sanciones económicas. El esquema del SNA dicta que en los estados deberán instituirse también tribunales paralelos para cumplir con estas funciones en las entidades. Al ser un cambio constitucional, el Senado enviará a los congresos estatales el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para su estudio y eventual aprobación.
Una vez que la mitad más uno de los congresos estatales apruebe el nuevo SNA, será enviado al Ejecutivo para su entrada en vigor. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Los legisladores aseguran que el tema de las facturas subvaluadas para la compra de licores requiere una actuación contundente por parte de las autoridades.
Diputados de oposición pidieron que se aplique la ley a quienes evaden el pago de impuestos a través de facturas subvaluadas de compra de licores. Aurora Aguilar Rodríguez, diputada por el PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda, sostuvo que el tema requiere una actuación contundente de las autoridades para evitar que haya impunidad. Reporte Indigo publicó el martes que empresas distribuidoras de vinos y licores en México importan bebidas con facturas subvaluadas, lo que les permite pagar menos impuestos. La legisladora expuso que, si bien no existe un precio de referencia para tasar la importación de bebidas alcohólicas –como sí existe para otras industrias, como la del calzado o la textil-, quien declare un valor inferior al real comete un delito. “Los importadores declaran bajo protesta de decir verdad; al declarar así y no tener un marco de referencia en términos comerciales, pues la autoridad tiene que aceptar la factura como la presenta el importador. “Pero el SAT tiene la facultad de revisión y supervisión y debe entrar a ver el tema. El importador que declara subvaluación en cualquier artículo, está cometiendo el delito de evasión fiscal y las empresas que están presentado esas facturas tienen que responder ante la autoridad mexicana”, expuso Aguilar. Con ello, dejan de llegar recursos a programas de prevención de alcoholismo que se financian a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). “El despacho aduanero está desde que se presenta la documentación para importar hasta que el producto entra a México legalmente. “En ese proceso de despacho se tienen que cobrar las cuotas compensatorias, los impuestos especiales cuando apliquen, el IVA, el arancel general y ahí, conforme al valor de la factura, se pagan los impuestos, entre ellos el IEPS, y es lamentable que esos recursos no lleguen para cumplir con programas tan importantes”, consideró Aguilar. La diputada panista apuntó que los empresarios que realizan estas prácticas ocasionan un daño al fisco y deben ser sancionados por ello “con todo el peso de la ley”. Herramientas legales Para Carlos García González, quien ha sido vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana y presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros, Tamaulipas, consideró que el SAT tiene todas las herramientas legales para frenar la subvaluación en las facturas. “En 2013 en el Congreso aprobamos reformas a Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación para otorgarle al SAT y a la Administración General de Aduanas, los instrumentos jurídicos para combatir de manera más agresiva la evasión del pago de los impuestos. “En la Ley Aduanera aprobamos la creación por Ley del sistema electrónico aduanero (SEA), por lo que todas las operaciones de comercio exterior se hacen de manera electrónica, así las autoridades aduaneras pueden llevar un rastreo casi en tiempo real y hacer sus revisiones de manera previa al despacho aduanero y posteriormente”, explicó. El Congreso también facultó a la Administración General de Aduanas para establecer un análisis de riesgo para detectar importaciones fraudulentas. García González apuntó que el SAT puede cancelar los certificados de sellos digitales para emitir facturas cuando detecte que se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, sanción que podría imponerse a quienes proporcionaron información falsa al fisco. ¿Falta de herramientas? Lilia Aguilar Gil, diputada por el PT y secretaria de la Comisión de Economía, afirmó que la declaración subvaluada de facturas afecta de forma directa a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lastima al país en todos los índices. “Tiene un impacto doble; por un lado, afecta directamente al PIB, pero por el otro se comete un fraude a la Ley Hacendaria con la evasión en el pago de impuestos. “Este caso solo es una muestra de muchísimos productos que están en la misma situación, que son importados ilegalmente al país, que son reportados de esta manera, y forman parte de la economía subterránea o, cuando menos, de una línea económica que no permite tener indicadores económicos adecuados”, dijo en entrevista. Aguilar sostuvo que la autoridad debe realizar una investigación más profunda para saber si algún funcionario del SAT contribuye a que se cometa este delito o si se trata simplemente de una falta de herramientas que no permitan verificar la veracidad de las declaraciones. En primera instancia, indicó la legisladora, son las empresas que cometen este fraude las que deben enfrentar a la justicia por cometer un delito que solo busca un beneficio económico sin importar el destino que se da a los recursos públicos que llegan a las arcas nacionales mediante la tributación. > Marean a 'Lolita'
Reporte Indigo reveló este martes que empresas distribuidoras de vinos y licores importan artículos con facturas subvaluadas, lo que permite pagar menos impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de los que realmente corresponden. FUENTE: PROCESO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
